ACCESO A JUDICATURA: MITOS Y REALIDADES.

Al igual que el personaje del Coro en la célebre pieza teatral Enrique V, solicito de los amables lectores que hagan un ejercicio de imaginación. Contemplen a un ciudadano que se encuentra tendido en la mesa del quirófano para que le sea implantada una válvula en el corazón. Ahora imaginen que entra el cirujano y que, al ser preguntados sobre su experiencia, les informan que ha superado el examen del M.I.R. encontrándose entre los cien primeros, que ha efectuado la residencia en Oftalmología y que lleva veinte años como especialista en infecciones oculares siendo uno de los más reputados en la disciplina, y que, si bien carece de experiencia alguna en operaciones vasculares, ha efectuado un curso de un mes sobre la materia y la domina. A continuación, viene la pregunta clave: si usted, amable lector, tuviese vínculos familiares con el paciente tendido en la mesa del quirófano ¿permitirían que el citado doctor le realizase la operación, o, por el contrario, se negarían rotundamente a que no fuese sino un especialista del corazón quien efectuase la misma?

La situación anteriormente descrita es imposible que se de en la práctica, pero si trasladan el ejemplo al mundo judicial, la situación no sólo no es imposible, sino que ni tan siquiera es infrecuente. Y es que se hace mucho hincapié en la independencia judicial que, lógicamente, es presupuesto indispensable para la existencia de un estado de Derecho, pero no suele abordarse con la seriedad necesaria la otra cara de la moneda, es decir, la capacitación, que suele ventilarse con un par de vaguedades autocomplacientes en el sentido que los jueces y magistrados han superado una oposición que acredita su más que notable preparación. Bien. Abordemos tales cuestiones, dado que ambas están íntimamente relacionadas entre sí e inciden directamente sobre la cuestión de más relevancia. Porque, como bien indicó en su día Diego Íñiguez Hernández en su magistral trabajo El fracaso del autogobierno judicial, “la independencia judicial requiere unas condiciones estructurales y otras de ejercicio. Las estructurales son las relativas a la selección y formación de los jueces, su estatus -comprendidas la inamovilidad y la retribución suficiente- las relativas a la planta y la competencia. Las de ejercicio se refieren en parte a la independencia y en parte a la eficacia: no puede ser independiente un juez sujeto a una presión interna (odio o temor ideológico) o externa (una amenaza) implícita o explícita, directa o indirecta. Pero tampoco puede serlo un juez sobrecargado de trabajo que no cuente con los medios, el tiempo, la organización y los recursos humanos precisos.”

Primero.- Independencia judicial.

La independencia judicial implica que el juez no puede estar mediatizado por influencias externas de ningún tipo, ya sea política o mediática. Lógicamente, hay cuestiones a las que por muy perfecto que llegue a ser el sistema, éste no podrá evitar al afectar a la propia naturaleza o ánimo de cada juez. Pero la principal garantía de la independencia frente a los otros dos poderes radica, principalmente, en garantizar a cada juez no sólo la inamovilidad, sino que ninguna actividad o decisión de los otros dos poderes sea capaz de mediatizar la función jurisdiccional.

Lo anterior funciona perfectamente sobre el papel, que lo resiste todo, pero la realidad es infinitamente más compleja. Buena prueba de ello lo tenemos en el modo de selección de los jueces, donde cada país cuenta con sus propias especialidades, pero que fundamentalmente pueden reducirse a dos: el meritocrático y la elección, esta última dividida a su vez en directa (mediante sufragio universal) o indirecta (por los representantes políticos).

En realidad, todos los sistemas poseen sus ventajas y sus inconvenientes. En un reciente artículo titulado Should States reform their judicial selection process due to a polarized political era, que Demitri Kladis publicó en la John Marshall Law Review, el autor pasa revista a los tres grandes sistemas de selección de jueces, con la particularidad de que señala tanto las ventajas como las desventajas de cada uno

Primero.- Sistemas de acceso a judicatura.

1.1.- Sistemas de elección.

1.1.1.- El sistema de elección popular se instauró a nivel estatal en el primer tercio del siglo XIX, para garantizar la legitimación popular del juez. Así, las críticas existentes acerca de la falta de legitimación popular de los integrantes del poder judicial quedarían sin base al ser éstos elegidos directamente por el pueblo. La enorme desventaja es que desde el principio se entremezcló la política, dado que las dos formaciones políticas existentes presentaban sus propios candidatos a juez, con lo que la independencia judicial quedaba mediatizada.

1.1.2.- El sistema de elección popular sin mediación partidista de ningún tipo (implantada en los estados a finales del siglo XIX con la finalidad de evitar la intervención de los partidos políticos en el proceso electoral para la elección de jueces). La evidente ventaja consiste en la legitimación popular del juez que, teóricamente, se presenta libre de todo vínculo directo o indirecto con formación política alguna, pero en la práctica el sistema quiebra, como se ilustra en el artículo citado con dos ejemplos, donde en elecciones teóricamente no partidistas dos candidatos a jueces pudieron serlo precisamente al contar con el apoyo de uno de los dos partidos.

1.1.3.- El sistema meritocrático, consistente en valorar fundamentalmente la experiencia previa, los conocimientos e incluso características personales del candidato, como la templanza y la frialdad. Posee la enorme ventaja de primar el conocimiento y la experiencia técnica, lo que en principio garantizaría que el candidato electo está en condiciones de incorporarse plenamente al puesto sin necesidad de formación adicional alguna. Pero también posee desventajas, dado que el partidismo no se elimina, sino que se traslada a la comisión selectora.

1.2.- Sistema burocrático

El sistema burocrático basa el acceso a la carrera judicial en la superación de unas pruebas objetivas que garanticen el conocimiento necesario. Al igual que los distintos sistemas de selección, posee ventajas e inconvenientes. Las ventajas consisten, evidentemente, en acreditar una serie de conocimientos que habilitarían al candidato para el desempeño del puesto. Pero también poseen inconvenientes, ligados fundamentalmente al desarrollo del procedimiento de selección, lo que nos lleva al siguiente punto.

Segundo.- Carencias e insuficiencias del sistema español.

Las deficiencias del sistema español son inherentes al propio sistema de acceso ordinario a judicatura. De ordinario se suele indicar que los jueces han superado una oposición, lo cual es cierto e incuestionable, pero ello en modo alguno supone una garantía de preparación objetiva para el cargo.

2.1.- Desarrollo de las pruebas.

Si tomamos el Acuerdo de 18 de diciembre de 2020 de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podemos comprobar que el desarrollo de las pruebas no sé ha modernizado ni en el continente ni en el contenido.

2.1.1.- El temario y sus omisiones.

El temario para acceso a judicatura consiste en 325 temas, lo que en principio le convierte en una oposición de las más duras. Ahora bien, descendiendo un poco puede verse que, en cuanto al contenido material, el mismo permanece anclado en los esquemas decimonónicos. En efecto, más de las tres cuartas partes del temario (el 78% para ser exactos) se centra en derecho civil y penal, tanto sustantivo como procesal, pues al derecho privado corresponden 151 temas (93 de derecho sustantivo y 58 de procesal) y 103 a penal (64 sustantivo y 39 procesal). El 22% restante del temario se corresponde con Derecho Constitucional (27 temas), Derecho mercantil (16 temas) y Derecho Administrativo y laboral que en conjunto ocupan 28 temas (de los cuales 14 corresponde a la primera rama y los restantes 14 a la segunda).

De lo anterior se deduce que el diseño del temario está orientado a una persona que va a ejercitar su carrera fundamentalmente en los órdenes civil o penal.

2.1.2.- Desarrollo de las pruebas.

La oposición consiste en tres ejercicios. El primero es un cuestionario tipo test de 100 preguntas, de las cuales 10 corresponderán a la parte de Derecho Constitucional, 40 a Derecho Civil, 30 de Derecho Penal y 20 de Procesal (de las cuales, a su vez, 13 serán de procesal civil y 13 de procesal penal).

El segundo ejercicio consiste en exponer cinco temas extraídos a suerte, uno de Derecho Constitucional, dos de Derecho Civil y dos de Derecho Penal. El tercero es idéntico al segundo, con la particularidad que de los 5 temas 2 serán de Procesal Civil, 1 de Procesal Penal, 1 de Mercantil y 1 de Administrativo “o” Laboral.

2.2.- Insuficiencia del sistema de acceso.

De lo anterior puede extraerse lo siguiente:

2.2.1.- La simple y manida referencia a la superación de un proceso selectivo como prueba fehaciente de conocimientos del juez no es bastante con carácter general para acreditar conocimientos. La afirmación serviría para un magistrado del orden civil y penal, pero ni mucho menos para quien ocupe plaza en un tribunal del orden contencioso-administrativo o social.

En efecto, como hemos indicado, el temario está diseñado para desempeñar funciones en el orden civil y penal. El problema es que existen dos órganos jurisdiccionales muy importantes y nada desdeñables (el contencioso-administrativo y el social) por las que el temario pasa de puntillas. Porque dedicar 14 temas a Administrativo y 14 a Laboral y que, además, se excluyen entre sí (dado que el ejercicio de ambas ramas es alternativo, es decir, que quien opte por Administrativo no tiene que examinarse de laboral y viceversa) es una broma de mal gusto, dado que cualquier temario del Cuerpo Administrativo de cualquiera de las Administraciones públicas posee más temas de Derecho Público que el de oposiciones a judicatura.

El problema no sería tan grave si el juez permaneciese en los órdenes civil y penal. El problema es que quien supere el proceso selectivo a judicatura puede “saltar” de un orden a otro como las mariposas de flor en flor y sin límite alguno en el salto, y todo ello con el escaso (o incluso es posible que nulo) conocimiento en la materia. Piénsese en un opositor que haya decidido no estudiar los temas de derecho laboral (por optar por los de Administrativo) que supere el proceso selectivo y que termine en un juzgado de lo social.

Se argumentará que, con carácter previo, el juez realizará un curso de actualización y que, con el tiempo, terminará dominando la materia. Es aquí donde retomo el ejemplo con el que se abría la presente entrada. Pero, incluso aceptando que “con el tiempo” termine haciéndose con el juzgado, hasta el momento en que lo haga ¿Cuánto daño podrá hacer a lo largo de ese lapso temporal (que, por cierto, puede dilatarse sobremanera en ciertos casos)?

2.2.2.- La oposición fía todo no a la memoria, sino al memorismo, con el agravante que, en los ejercicios orales, la exposición se convierte en una especie de “juego de las siete y media”, y ello porque, como bien decía Don Mendo en el célebre astracán: “el no llegar da dolor / pues indica que mal tasas /y eres del otro deudor. / Mas ¡ay de ti si te pasas! / Si te pasas es peor”.

2.2.3.- No existe ninguna prueba de carácter práctico que permita acreditar si el opositor es capaz de aplicar esos conocimientos teóricos a la vida cotidiana.

Tercero.- Necesidad de modificaciones en el sistema

Es evidente que el sistema de acceso precisa inexcusablemente una reforma que se proyecte tanto sobre el temario como sobre el desarrollo de las pruebas. No se trata de prescindir del sistema de oposición, sino de actualizarlo para garantizar de forma más efectiva la capacitación profesional del juez

3.1.- Actualización del temario y acceso por órdenes jurisdiccionales.

En este punto, lo más lógico sería replantearse profundamente el temario para facilitar el acceso a órdenes jurisdiccionales. Una persona que desee alcanzar directamente un tribunal en el orden contencioso-administrativo o social no tiene por qué “tragarse” una pléyade de temas de civil y penal, así como una travesía en el desierto de un juzgado de primera instancia e instrucción.

Creo que deberían elaborarse cuatro temarios distintos (uno por cada orden jurisdiccional) de ahí que cada opositor pudiera presentarse al que deseara. Y, eso sí, abordar una materia con cierta profundidad. No es concebible que en el temario vigente un sector tan decisivo como es el financiero y tributario sea el gran ausente del temario a judicatura, y otro sector no menos importante como el urbanismo se ventila en un tema,

 Eso sí, una vez superado el proceso selectivo, el ya juez tendría la carrera profesional limitada al orden jurisdiccional al que ha optado y, si desea saltar a otro distinto, debería superar un nuevo proceso selectivo en el orden jurisdiccional concreto al que desee trasladarse.

3.2.- Priorizar los aspectos prácticos.

Sin prescindir en absoluto de la memoria, debería incidirse en los aspectos prácticos, para garantizar que el opositor sabe trasladar a un caso particular los conocimientos teóricos.

En efecto, la memoria es necesaria, pero en un mundo tan cambiante y voluble como el jurídico, donde cientos de miles de normas vegetan por la galaxia del ordenamiento, fiarlo todo a la memoria es tan temerario como inútil. Ningún juez o magistrado (cuando menos, uno que se precie) redacta sus sentencias de memoria y sin consultar la legislación o las bases de datos. No tiene sentido exigir de un opositor saberse de memoria todos los preceptos legales y reglamentarios.

Creo que con lo anterior se evitarían espectáculos como los que ofrece de vez en cuando el sistema español, donde magistrados que provienen de un juzgado de instrucción acceden a un juzgado de lo social o donde titulares de un juzgado de violencia doméstica llegan a otro contencioso, y hasta en la faz revelan su extrañeza cuando se les plantea el más mínimo óbice procesal en esas otras jurisdicciones para las cuales nadie, ni tan siquiera el temario de la oposición, les ha preparado.

Anuncio publicitario

5 comentarios en “ACCESO A JUDICATURA: MITOS Y REALIDADES.

  1. Federico

    Plenamente de acuerdo. Contaré una anécdota. Al inicio de mi carrera profesional, como abogado, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, escuche a una funcionaria cargada de trienios, siempre sirviendo en ese órgano, la siguiente contestación a una pregunta que le efectúe: ?quien es el nuevo magistrado? Contestación viene de lo civil, tendremos que enseñarle y cuando sepa algo seguro que pide cambio de destino, lo que se ventila aquí es muy difícil.

    Me gusta

    Responder
  2. abogadoinmediato

    Artículo claro e indiscutible. Hay bastante cosas que cambiar, pero el cambio en la formación de jueces es urgente. Yo no soy ningún lumbreras, sino un abogado normalito con mucho años en los foros y, en el día a día me he topado con jueces/zas con una formación teórica excelente, pero alejadísimos de la realidad judicial y de la calle. Por citar sólo un ejemplo, jueza de apoyo en juzgados de lo social, recién salida del horno, demandantes que trabajaban 12 a 14 horas días de lunes a lunes (contrato de trabajo por cuatro horas diarias de lunes a viernes), manejaban y mantenían el negocio, mientras el dueño se lo pasaba en República Dominicana, Mallorca, Canarias, etc., enviamos inspección de trabajo que comprueba todos esos extremos, el día de la vista SSª nos insta a llegar a un acuerdo (cuando ella no debe estar en conciliación sino el LAJ) «Señor letrado, mejor que alcance un acuerdo, porque por culpa de gente como sus clientes, se producen estas situaciones», mi respuesta fue, «con todo respeto SSª, menos mal que usted no es Juez de lo Penal, porque con ese criterio condenaría a la violada y no al violador», evidentemente se armó la de San Quintín

    Me gusta

    Responder
  3. Pingback: Nominaciones para los Premios Blogs de Oro Jurídico 2021 delaJusticia.com El rincón jurídico de José R. Chaves

  4. Pingback: Candidaturas nominadas para los Premios Blogs de Oro Jurídico 2021 – Globoversia

  5. Pingback: Varios blog de miembros #CIP, nominados para los Premios Blogs Jurídicos de Oro 2021 – CLUB DE INNOVADOR@S PÚBLICOS #CIP

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s