CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE REFORMA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS (I): VISIÓN GENERAL Y ESTRUCTURA.

El pasado día 15 de octubre de 2021, la Comisión para el estudio de la Reforma del Tribunal Supremo de los Estados Unidos inició ya el debate del borrador de sus conclusiones. La composición de dicho organismo fue bastante plural, con miembros de ambos partidos, y a lo largo de sus reuniones han intervenido diversos expertos en la materia. Ello se ha traducido en una diversidad de opiniones que se refleja en los borradores y que, en consecuencia, el contenido material de éstos haya tratado de reducirse a los aspectos donde existe un mínimo consenso en la materia.

El documento en cuestión se divide en cinco apartados:

1.- Punto de partida: Orígenes del debate sobre la reforma y fines de la Comisión.

2.- Composición y número de jueces del Tribunal.

3.- Duración del mandato.

4.- Papel del Tribunal en el sistema constitucional.

5.- Selección de asuntos y revisión: agenda, normas y prácticas.

En la presente bitácora, iremos abordando en los sucesivos días cada uno de esos apartados. Evidentemente, en esta primera entrada se abordará la primera de las cuestiones, es decir, los orígenes del debate sobre la reforma. El lector interesado puede acceder al documento en el presente enlace.

En realidad, casi todo el documento no es más que una apretada síntesis de la historia del Poder Judicial en los Estados Unidos. De sus treinta y ocho páginas, que en realidad son diez menos (dado que incluye una portadilla y nueve páginas de notas), quince analizan la regulación del poder judicial, si bien con una curiosa peculiaridad: se prescinde de los debates constituyentes que tuvieron lugar el verano de 1787 en Filadelfia (y cuyo fruto maduro resultó ser la propia Constitución) y sitúa los orígenes en el celebérrimo ensayo 78 de El Federalista, lo cual supone, por cierto, mutilar gran parte de los orígenes del Poder Judicial norteamericano, pues no cabe entender el mismo sin abordar el, no por breve, interesantísimo cruce de opiniones entre personas de tan elevado nivel intelectual como James Wilson, James Madison, Elbridge Gerry, Luther Martin o Roger Sherman.

Hay tres cuestiones que llaman la atención en el informe y que merecen destacarse, y no son otros que los dos últimos intentos de reforma del Tribunal Supremo, los dos, curiosamente, emanados del Partido Demócrata, aunque por razones distintas.

Primero.- El intento de reforma de 1937 lo protagonizó Franklin D. Roosevelt. La iniciativa se elaboró a espaldas del propio Partido Demócrata, al gestarse en el seno de la Casa Blanca y de la misma tan sólo estaban al tanto un reducidísimo núcleo de personas de confianza del presidente. Aun cuando oficialmente (no podía ser menos) se arguyeron motivos de eficacia y de modernización del Tribunal, lo cierto es que el objetivo último no era otro que lograr un cambio en la jurisprudencia mediante el sistema de adicionar nuevos jueces que, obviamente, designaría el inefable Roosevelt. Y es que el presidente no había digerido muy bien que el 27 de mayo de 1935, el Tribunal Supremo, en su sentencia Schechter Poultry Corp. v. The United States, declarase la National Industrial Recovery Act (una de las piezas claves del New Deal) nula por contraria a la Constitución federal. Y lo hiciese, además, de forma unánime.

Al referirse al intento protagonizado por Franklin D. Roosevelt en 1937 para aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo y permitirle efectuar nombramientos que reorientasen la jurisprudencia del Tribunal en un sentido favorable al ejecutivo, el informe efectúa dos afirmaciones, la segunda de las cuales es ciertamente digna de sumir al lector en preocupaciones:

“El Plan de Roosevelt no fue finalmente aprobado por el Congreso. Muchos -entonces y ahora- han criticado a Roosevelt por extralimitarse. Argumentaron que si el plan hubiese tenido éxito, habría “sentado un precedente del cual la institución del control de constitucionalidad nunca se hubiese repuesto.

Sin embargo, algo cambió en 1937. En la primavera, el Tribunal comenzó a validar partes importantes de la legislación del New Deal, pese a las alegaciones de que las leyes excedían de las competencias atribuidas al Congreso en virtud del Artículo I, en particular, la cláusula de comercio, impositiva y de gasto. Roosevelt no logró tener éxito a la hora de incrementar el número de miembros del Tribunal, pero tampoco hubo de abandonar su programa de New Deal. Tampoco hubo de emprender el esfuerzo de aprobar una enmienda constitucional para limitar las competencias del Tribunal, como algunos miembros de su Administración le urgieron. Los jueces pueden haber contemplado el plan como una amenaza y, en consecuencia, modificaron sus criterios, adoptando el principio de “salvarse por rectificarse.” Según esta tesis, “aunque el presidente perdió la batalla con el Tribunal, ganó la guerra”

Pero otra lectura de los acontecimientos de 1937 lleva a la conclusión opuesta: aunque se ganó la batalla, se perdió la guerra”

Ciertamente, sería muy triste pensar que, ante una amenaza del ejecutivo, los jueces reculasen, dado que el principio de división de poderes quedaría herido de muerte.

Segundo.- El segundo intento reciente de moficicación (último hasta la fecha) lo protagonizaron los demócratas sureños tras la revolución que supuso la sentencia Brown v. Board of Education of Topeka, que declaraba inconstitucional la segregación racial. A través de los legislativos de diversos estados (en manos, insistimos, de demócratas que se resistían a dar el paso de integración racial) se propuso introducir una serie de enmiendas algunas de las cuales pretendían dejar sin efecto el pronunciamiento a través de una modificación competencial (reservando a los estados la “única y exclusiva competencia sobre sistema de escuelas públicas”) mientras que otras se referían al poder judicial, entre las cuales destacaban hacer del Senado la última instancia judicial en asuntos relativos a las competencias de los estados o en asuntos donde un estado fuese parte (lo que implicaba conculcar el principio de división de poderes al atribuir funciones jurisdiccionales a un órgano legislativo), crear un “Tribunal de la Unión” (integrado por jueces de los tribunales supremos estatales) por encima del Tribunal Supremo a los efectos de conocer recursos contra las sentencias dictadas por éste en “derechos reservados a los estados o al pueblo por la Constitución” (lo que, en la práctica, se extendía a cualquier tipo de asuntos).

Tercero.- Es evidente que el clima de polarización política que en la actualidad existe en la sociedad estadounidense (y que no data de las elecciones de 2016, como se desea trasladar a la opinión pública, sino que se retrotrae a las de 2012) influye poderosamente. La Comisión no ahonda en las causas por las cuales la imagen del Tribunal Supremo ha decaído algo en estos últimos años (quizá porque, como constata, sobre el particular existe división entre sus miembros) sino que, para evitar todo tipo de lecturas interesadas, se limita a constatar el hecho sin apuntar a posibles responsabilidades.

Es meridianamente claro que ni Republicanos ni Demócratas están libres de culpa. Es cierto que, tras el fallecimiento de Antonin Scalia en febrero de 2016 (año electoral) el Senado se negó a tramitar la candidatura de Merrick Garland, auspiciada por Obama, con el argumento de que se estaba en año electoral. Ahora bien, razones de coherencia hubieran impuesto a los republicanos que cuando Ruth Bader Gisburn falleció en septiembre de 2020 (a menos de dos meses de los comicios presidenciales) se hubiese procedido de igual forma. En esa doble vara de medir está el origen de la actual comisión, puesto que gran parte de la opinión sostiene que la actual composición del Tribunal Supremo está viciada por dicha circunstancia. Lo más lógico y saludable hubiera sido tramitar la candidatura de Garland, aunque se hubiese rechazado finalmente la misma danto oportunidad así a Donald Trump de efectuar definitivamente el nombramiento, lo cual no hubiera suscitado tanta controversia. Ha de recordarse que el excesivamente mitificado Earl Warren dimitió como chief justice en 1968 precisamente con el objetivo de que fuese el presidente Johnson (en los últimos meses de su mandato presidencial) quien nombrase a su sucesor, para lo cual propuso a Abe Fortas, cuya candidatura fue tramitada sin problema por el Senado y se rechazó, lo cual hizo que, contra los deseos de Warren, fuese Richard Nixon quien nombrase al nuevo chief justice.

Ahora bien, esa falta de coherencia del Partido Republicano no justifica ni mucho menos la esperpéntica imagen (más circense que legislativa) ofrecida por los demócratas en el procedimiento de confirmación de Brett Kavanaugh, donde, por cierto, los medios de comunicación españoles hicieron gala de un sectarismo difícilmente superable (difundiendo a voz en grito informaciones sin contrastar y meros rumores y silenciando todos los informes y cartas -entre ellos de infinidad de mujeres- en favor del candidato) hasta el punto que la nada sospechosa Ruth Bader Gisburn reconoció en una entrevista que el trato que se estaba dando a Kavanaugh no era justo.

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