EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS PISA EL ACELERADOR Y SEÑALA PARA EL 1 DE NOVIEMBRE LA VISTA ORAL EN LOS ASUNTOS SOBRE LEYES RELATIVAS AL ABORTO.

Como tantas veces se ha indicado en la presente bitácora, uno de los asuntos más controvertidos en la sociedad en general y en la estadounidense en particular es la relativa al aborto. Si en España la situación se abordó a nivel legislativo, por el contrario, en los Estados Unidos la cuestión se zanjó a nivel jurisprudencial, donde rige la doctrina Roe v. Wade (1972) matizada por la ulterior Planned Parenthood v. Casey (1992), si bien matizadas por pronunciamientos jurisprudenciales ulteriores. Ambas sentencias periodifican la gestación, de tal forma que si el Estado puede lícitamente tipificar como delito la práctica de abortos durante el último trimestre de embarazo, por el contrario el poder público no puede impedir la práctica de los mismos en el primer trimestre, siendo así que entre ambos (es decir, en el segundo) es lícita cierta protección del nasciturus siempre que se justifique que se debe a motivos de salud de la

No obstante, los estados han aprobado recientemente normativas que, en principio, contravienen tal doctrina jurisprudencial, en cuanto proscriben, tipificando como delito, toda interrupción del embarazo desde el momento en que se produce “latido fetal”, algo que ocurre a las seis semanas de gestación. Además, se legitima a cualquier persona para que pueda hacer cumplir la ley, estableciendo, por tanto, un régimen de acción pública para acudir a los tribunales a los efectos de hacer cumplir las disposiciones legales.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó suspender cautelarmente las leyes descritas. No obstante, sí que aceleró notablemente la tramitación de las causas. Así, por ejemplo, en el asunto Whole Woman´s Health v. Jackson, se ha fijado la vista oral para el próximo día 1 de noviembre, lo cual es ciertamente expeditivo teniendo en cuenta que el escrito de solicitud de certiorari se presentó el 23 de septiembre del presente año. En este caso, la cuestión jurídica planteada no afecta directamente al tema del aborto, sino que es ligeramente distinta: “Si un estado puede evitar la revisión judicial de una ley que prohíbe el ejercicio de un derecho constitucional, delegando en el público en general la autoridad de hacer cumplir dicha prohibición a través de acciones civiles.” En otras palabras: se trata de verificar si la facultad de hacer cumplir las leyes, que en los modernos estados se deposita en el poder público, puede ser delegada no a particulares concretos, sino al pueblo en general, si bien no mediante la fuerza, sino otorgándole la legitimación activa en las acciones civiles.

En el segundo de los asuntos cuya vista oral está fijada para el 1 de noviembre, United States v. Texas,  el Tribunal Supremo ha sido aún más expeditivo que el anterior (si es que ello es posible), dado que el asunto tuvo entrada en dicho órgano jurisdiccional el día 18 de octubre de 2021 mediante la interposición del certiorari. En este caso, la cuestión jurídica planteada para su resolución es distinta y afecta a la legitimación activa de los propios Estados Unidos para solicitar la tutela cautelar, pues el asunto se planteó en los siguientes términos: “Si los Estados Unidos pueden solicitar y obtener en un tribunal federal remedio cautelar o declarativo frente a un estado, tribunales estatales, secretarios de tribunales estatales y otros cargos públicos estatales o particulares para prohibirles hacer cumplir la Texas Senate Bill 8 de Texas.” En otras palabras, en esta ocasión se trata de verificar dos cuestiones muy trascendentales, en primer lugar, la legitimación activa de los Estados Unidos para una acción concreta y, en segundo lugar, si los órganos judiciales federales pueden adoptar medidas cautelares activas frente a órganos no sólo legislativos o ejecutivos, sino incluso judiciales de los estados.

Conviene incidir en la rapidez del Tribunal Supremo en estos dos asuntos, puesto que, si bien rechazó adoptar cualquier tipo de medida cautelar, apretó el acelerador para agilizar los trámites y facilitar un pronunciamiento sobre el fondo, resolviendo las cuestiones planteadas ya con carácter definitivo, no simplemente cautelar. Es decir, que ha apretado el acelerador y puesto la quinta marcha de conducción para llegar a su destino final.

Contrástese la situación con lo acaecido en España, donde el Boletín Oficial del Estado del día 8 de julio de 2010 publicó la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad planteado frente a la Ley 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Recurso que, transcurridos ya once años, tres meses y diecinueve días, continúa durmiendo el sueño de los justos. Y es que en este caso no es que el máximo intérprete de la Constitución haya echado el freno, es que ni tan siquiera ha puesto en marcha el vehículo.

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