CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE REFORMA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS (II): NÚMERO DE JUECES DEL TRIBUNAL.

En un anterior post nos hacíamos eco de las conclusiones de la Comisión para el estudio de la Reforma del Tribunal Supremo, ciñéndonos a la primera parte del borrador elaborado, el relativo a los orígenes y el debate de la reforma. Hoy centraremos nuestro análisis en la segunda de las cuestiones, y la más controvertida: el incremento del número de jueces del Alto Tribunal.

Este apartado del borrador, que lleva por título “Integrantes y composición del Tribunal”, ocupa cuarenta y seis páginas, de las cuales treinta se corresponden al cuerpo del documento y las dieciséis restantes a notas (que, en vez de incorporarse a pie de página, se trasladan al final para hacer más ágil la lectura). Llama poderosamente la atención el cuidado con el que el informe, de manera harto sutil pero significativa, trata de desmarcarse de la tendencia de un sector del Partido Demócrata para incrementar el número de jueces, debido a que incluso entre los propios defensores de reformas procesales, se desaconseja la medida de aumentar la composición del más alto Tribunal.

En la primera parte, se focaliza en el origen del movimiento tendente a elevar el número de jueces del Tribunal Supremo, que surge en septiembre de 2020 cuando, por primera vez en sesenta años, quiebre la no sólo la mayoría “liberal” (término que en nuestro país, con las debidas cautelas, sería asimilable a “progresista”), sino que se altere el equilibrio interno en favor de una sólida mayoría conservadora, puesto que en anteriores ocasiones jueces nombrados por presidentes republicanos (casos de Earl Warren, William Brennan, Harry Blackmun, Lewis Powell, John Paul Stevens, Anthony Kennedy y David Souter) terminaron evolucionando en sentido liberal, algo que a la inversa tan sólo sucedió en una ocasión (la de Byron White). Tal situación se reconoce de forma descarnada en el informe cuando se afirma en la segunda página que “los acontecimientos que rodearon las tres últimas nominaciones al Tribunal Supremo han ocasionado una gran controversia y precipitado más amplias llamadas al aumento de jueces del Tribunal, en esta ocasión fundamentalmente por parte de algunos Demócratas”. El párrafo no sólo ilustra a la perfección el momento en el que surgen las voces en pro de un incremento de los jueces, sino que sutilmente añade un vocablo que trata de marcar distancias entre el Partido Demócrata y quienes defienden la citada pretensión, dado que la inclusión del término “algunos” (“some”) Demócratas implica que no toda la formación política comparte dicha tesis. El borrador de informe se ve incapaz de ocultar la motivación claramente política de la medida cuando afirma unos párrafos más adelante (en la página 7) que:

las llamadas a un incremento de jueces del Tribunal Supremo no han sido sólo producto de los controvertidos procesos de confirmación; han sido alimentados por el temor de los demócratas a que un Tribunal más conservador suponga una amenaza a la interpretación progresista de la Constitución en un amplio número de cuestiones, como las armas, derechos reproductivos, derechos LGTBQ, de sufragio, reforma sanitaria, cambio climático, y discriminación positiva. Este cambio en la jurisprudencia, afirman algunos críticos, no se ajusta a la visión del pueblo americano.”

A continuación, en otro epígrafe se hace un repaso histórico a la composición del Tribunal, desde los seis jueces iniciales (regulación de la Judiciary Act de 1789) a la estabilización en nueve miembros, composición que permanece incólume desde 1869, si bien durante un breve periodo de tiempo (entre 1863 y 1869) el supremo órgano judicial estadounidense llegó a contar con diez miembros. Como no podía ser menos, el informe se detiene en el Court-Packing Plan auspiciado por Roosevelt en 1937, al que no se ahorran críticas por su finalidad claramente política explicitada por una hipócrita frase de Roosevelt pronunciada, además, en una de sus famosas “charlas de la chimenea”, en concreto la del 9 de marzo de 1937: “Debemos actuar para salvar a la Constitución del Tribunal y al Tribunal de sí mismo.” A mayor abundamiento, el argumento de que incrementar el número de jueces implicaría mejorar la eficacia del Tribunal fue desautorizado por el chief justice Charles Evans Hughes en el informe remitido al Congreso y con un razonamiento inapelable: “un incremento del número de jueces perjudicaría la eficacia en tanto el Tribunal actuase como una unidad. Habría más jueces que escuchar, más jueces en las deliberaciones, más jueces para debatir, más jueces a quienes convencer y decidir. El actual número de jueces es lo suficientemente amplio en lo que afecta a la rápida, adecuada y eficiente gestión del trabajo en el Tribunal”.

Las últimas dieciocho páginas se detienen en las propuestas de incremento de jueces. No se trata de justificar la constitucionalidad de la medida en cuanto, como se indica acertadamente: “Desde el punto de vista legal, el Congreso posee amplios poderes para estructurar el Tribunal Supremo ampliando (o reduciendo) el número de jueces.” Lo que se trata de dilucidar es el impacto de la medida. En otras palabras, no es tanto analizar la cuestión de legalidad, sino la de mera oportunidad. Y aun cuando el informe se hace eco de los argumentos de quienes auspician la medida (incremento de la eficacia en la gestión), el propio informe afirma en el decisivo párrafo inicial de la decimoquinta página, que:

“Los riesgos de incrementar el número de jueces es considerable, incluyendo que ello socavaría el fin último que pretenden los defensores de la reforma, es decir, restaurar la legitimidad del tribunal. Encuestas recientes demuestran que una mayoría del publico no apoya dicho incremento. E incluso algunos de los defensores del aumento del número de miembros del Tribunal han reconocido durante las comparecencias públicas en la Comisión que la reforma (cuando menos si se aprueba en la siguiente legislatura y de una sola vez) sería vista por muchos como una maniobra partidista.”

Entre las propuestas que se efectúan se encuentran una reforma gradual (es decir, incrementando el número de jueces no de una sola vez, sino por tramos, permitiendo así que sean varios presidentes los que tengan la oportunidad de efectuar los nombramientos) que difuminaría toda intención política en la medida. Se proponen igualmente reformas de carácter estructural, como una rotación entre jueces y la división del Tribunal en secciones, si bien en este último caso los propios redactores del informe se ven obligados a reconocer que tal medida choca con el texto constitucional.

En definitiva, aunque no se llega a reconocer explícitamente, la conclusión a que se llega es que el aumento del número de jueces es lícito y aconsejable siempre y cuando ello se deba a necesidades imperativas del Tribunal, tales como un incremento sustancial del número de asuntos, la demora en la tramitación procesal o del plazo para dictar sentencias. Pero dichas circunstancias no concurren en la actualidad, por lo que el aumento no sólo evidencia, sino que las propias encuestar acreditan que la población estadounidense percibe la medida como estrictamente partidista.

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