EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS JUECES BRITÁNICOS

Portrait of Lord Chief Justice John Campbell, 1st Baron Campbell. Vintage halftone etchings circa mid 19th century.

La judicatura inglesa siempre ha constituido un ejemplo a seguir, por el alto grado de independencia que desde tempranas fechas había alcanzado respecto a los otros dos poderes. De ahí que sea interesante echar un vistazo a la Guía del Comportamiento Judicial aprobada en marzo de 2018, que en realidad supone una actualización de la primera versión publicada en 2003. Se trata de un documento muy breve (veintitrés páginas, incluida la portada) y que no constituye per se una norma de derecho positivo, sino unas meras directrices que establecen la conducta que han de observar los jueces en su comportamiento profesional (e incluso, en ocasiones, personal). Por tanto, se está ante un código ético, instrumento ciertamente no desconocido en nuestro país pero que, a diferencia de lo ocurrido en suelo patrio (donde son sistemáticamente ignorados) en otros lares suelen gozar de un alto grado de cumplimiento. Esa naturaleza de mero código ético viene explicitada en las líneas iniciales debidas al Lord Chief Justice de Inglaterra y Gales donde, tras indicar que el documento en cuestión fue obra de un grupo de jueces, vincula el objetivo o propósito último de la guía con el principio ancilar de la judicatura inglesa:

“La intención de la guía no es fijar un código exhaustivo, sino ofrecer asistencia a los jueces en la clase de asuntos que pueden encontrarse y fijar los principios en base a los cuales pueden tomar sus propias decisiones y mantener la independencia judicial […] La independencia judicial, imparcialidad e integridad ofrece a los jueces una guía, no sólo respecto a cómo han de desarrollar sus funciones judiciales, sino también de cómo deben conducir sus vidas privadas desde el momento en que esta afecta a su papel judicial.”

En definitiva, la guía parte del viejo principio que identifica moral pública y moral privada, en tanto la conducta particular de un individuo que ejerza funciones judiciales ha de ser irreprochable.

Veamos qué cabe destacar de la guía:

Primero.- Ámbito de aplicación.

La misma extiende sus previsiones a jueces, magistrados, coroners (aunque aquí se suele traducir la expresión como “forenses”, se trata de funcionarios que ejercen funciones relativas a la investigación de los fallecimientos debidos a causas no naturales para tratar de esclarecerlas), pero también a jueces retirados. Respecto a estos últimos, la guía indica que: “un juez retirado puede continuar siendo para el público en general un representante de la judicatura. Los jueces retirados deben conducirse con prudencia y se les insta a que eviten toda actuación que pueda comprometer la reputación de la judicatura.”

Segundo.- Responsabilidad y ámbito disciplinario.

La guía parte del principio de que: “la responsabilidad para decidir lo apropiado o no de una conducta específica recae en el propio juez”, si bien en casos de dificultad “pueden buscar consejo de los superiores

La potestad disciplinaria en el ámbito del poder judicial recae en el Lord Canciller y en el Lord Chief Justice, que en esta materia cuentan con una organización de apoyo (la Oficina de Investigaciones de la Conducta Judicial -OICJ-) encargada de efectuar, como su propio nombre indica, las tareas concretas de investigación en el caso de que se sospeche que un juez efectúa conductas impropias o inadecuadas.

Tercero.- Principios básicos de la actuación judicial.

La guía establece tres “principios básicos que han de guiar la conducta judicial”. Esos principios son tres:

3.1.- Independencia judicial.

Nos encontramos ante el elemento esencial del sistema, de ahí que la Guía sea taxativa al respecto. Los tres párrafos dedicados a este principio son claros e ilustrativos:

“La independencia judicial es una piedra angular de nuestro sistema de gobierno en una sociedad democrática y la salvaguarda de la libertad y derechos de los ciudadanos bajo un estado de derecho. La judicatura, tanto individual como colectivamente, debe ser vista como independiente de los poderes legislativo y ejecutivo del estado.

Los jueces deben tener en mente que el principio de independencia judicial se extiende más allá de la tradicional separación de poderes y requiere que un juez sea, y sea visto, como independiente de todas las fuentes de poder o influencia en una sociedad, incluyendo los medios e intereses comerciales.

Los jueces deben ser inmunes a los efectos de la publicidad, ya sea favorable o desfavorable. Ello no implica, por supuesto, ser inmunes a la conciencia de los profundos efectos que las decisiones judiciales puedan tener no sólo en las vidas de las partes ante el tribunal, sino en algunos casos respecto a asuntos de gran importancia para el público.”

A la hora de describir el principio de “independencia judicial”, la Guía se aparta de formalismos al tomar como base el viejo aforismo que: “la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo.” Porque el lector, sin duda alguna, se habrá percatado que se exige no sólo que los jueces sean independientes, sino que “sean vistos” como tales.

3.2.- Imparcialidad.

Este principio afecta en cierta medida no sólo a la faceta pública del juez, sino que en cierta medida puede proyectarse sobre aspectos de su vida particular. De ahí que se estipule:

“Los jueces deben esforzarse por asegurar que su conducta, dentro y fuera del tribunal, mantiene e incrementa la confianza del público, la profesión jurídica y los litigantes respecto a su imparcialidad y la de la judicatura.

De ello resulta que los jueces deben, en la medida de lo razonable, evitar actividades extrajudiciales que puedan ocasionarles que deban abstenerse debido a una razonable apariencia de prejuicios o por un conflicto de intereses que surja respecto a dicha actividad.”

A la hora de concretar determinados asuntos que pueden suponer una pérdida de la imparcialidad, la guía incluye en su decimocuarta página el espinoso asunto de los jueces y la política. Es en este punto donde el sistema judicial inglés se separa radicalmente del español, dado que frente al sistema hispano que permite el camino de “ida y vuelta” de la justicia a la política y viceversa, el sistema británico parte de una estricta separación:

“Existe la prohibición legal de que los jueces ejerzan cualquier clase de actividad política o tengan vínculos con un partido político. Esta prohibición incluye el ejercer cargos políticos.

Los jueces deben evitar cualquier apariencia de vínculos políticos, por ejemplo, apareciendo en reuniones políticas, recaudación de fondos, contribución a partidos políticos o pronunciar discursos en encuentros políticos.

Además, los jueces no deben participar en demostraciones públicas que puedan asociarles con una determinada concepción política o causa, disminuya su autoridad como miembro de la judicatura o arrojar dudas sobre su independencia, creando una apariencia de prejuicio.

Cuando un familiar cercano del juez sea un político activo, el juez necesita tener en mente la posibilidad que, en algunos procedimientos, dicha actividad política pueda arrojar dudas acerca de la propia imparcialidad y alejamiento del proceso político y debe actuar en consecuencia”

Por tanto, a un juez no le es lícito aceptar un cargo político, porque ello implica de manera automática la pérdida de la condición de juez, que es ya irrecuperable. Es más, en la decimoquinta nota al pie, se citan dos normas legales de 1975 y nada menos que la Constitutional Reform Act de 2005, donde se incluye el siguiente párrafo: “Se espera del juez que traslade su renuncia al Lord Canciller en el caso de propuesta o elección como candidato al Parlamento británico, al escocés, a la Asamblea Galesa, a la Asamblea Norirlandesa o al Parlamento Europeo”.

En otras palabras, casos como los de Fernando Ledesma, Baltasar Garzón, Margarita Robles, José María Michavila, Margarita Mariscal de Gante, Fernando Grande Marlasca, Enrique López o Juan Carlos Campo serían inconcebibles, puesto que su simple propuesta como candidato a diputado implicaría irremediablemente la pérdida de condición de juez.

3.3.- Integridad.

La Guía entiende por tal la: “honestidad intelectual, el respeto y observancia de la ley, gestión prudente de asuntos financieros, diligencia y cuidado en el desempeño de funciones judiciales y discreción en las relaciones personales y actividades sociales.” En otras palabras, se trata de un principio que excede las funciones judiciales para proyectarse incluso sobre la esfera particular.

No obstante, confieso que hay una frase que describe cómo ha de ser el comportamiento de un juez que me ha llamado poderosamente la atención:

“El juez debe ser cortés, paciente, tolerante y puntual y debe respetar la dignidad de todos. Debe asegurar que nadie en el tribunal esté sujeto a cualquier clase de prejuicios o antipatías de cualquier clase”

Pues bien, trasladando esa caracterización a los jueces españoles, lo cierto es que el noventa y cinco por ciento son corteses y respetan la dignidad de todos, mientras que sólo el setenta por ciento son pacientes y tolerantes. Eso sí, respecto a la puntualidad, tan sólo al cinco por ciento puede con justicia describírseles con tal calificativo, si bien es cierto que la puntualidad no es precisamente una característica de la sociedad española. Y aun cuando son muy escasos los jueces que incumplan las reglas de la cortesía o la educación, por el contrario, son muy pocos los que se atienen a las normas de la puntualidad. Es cierto actualmente son los Secretarios Judiciales quienes manejan la agenda judicial y no pueden prever la duración de un asunto (aunque, por ejemplo, en la jurisdicción social persisten en la nefasta y nefanda costumbre de fijar los pleitos con cinco o diez minutos de diferencia sin que nadie les llame al orden), pero no es menos cierto que son bastante comunes las ocasiones en que, fijada una vista a las nueve y media, la sala de vistas no abre hasta como mínimo un cuarto de hora más tarde.

Por último, indicar que nada tiene que ver la capacidad y competencia del juez con la cortesía. Ni se es mejor juez por no ser cortés ni la educación implica necesariamente un despliegue de erudición. En cierta villa marinera situada al norte de la península hay un ejemplo concreto de que competencia y cortesía son dos líneas que, aunque debieran estar superpuestas, no siempre lo están. Cierto magistrado (que, tras un breve paréntesis en la Audiencia Provincial, regresó de forma sorprendente a un destino en primera instancia) es un verdadero ejemplo en la gestión de la función judicial y en atesorar conocimientos, pues siempre que acude a las vistas lleva los asuntos perfectamente estudiados y sus sentencias podrán ser compartidas o no, pero están siempre muy fundamentadas y razonadas. Ahora bien, en cuanto al trato a los profesionales y a las partes, sin poder decirse en propiedad que falta al respeto a los intervinientes, lo cierto es que (por utilizar una divertida expresión que el tristemente desaparecido crítico Juan Miguel Lamet dijo respecto del director Fritz Lang al comentar el film Secreto tras la puerta) “le falta sutileza”.

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