WHOLE WOMAN´S HEALTH v. JACKSON: LEGITIMACIÓN PASIVA DE JUECES, SECRETARIOS, FISCALES Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS CON EL ABORTO AL FONDO.

Ayer viernes 10 de diciembre de 2021 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hacía pública su sentencia Whole Woman´s Health et. al v. Austin Reeve Jackson et al, que aun cuando afecta tangencialmente a la normativa aprobada por el estado de Texas con el objetivo de restringir la práctica de los abortos, en cuanto al fondo se limita a una simple cuestión procesal: verificar la legitimación pasiva de los demandados en la causa de instancia. Y esta resolución tiene dos características que la hacen destacar de otras: en primer lugar, que hay tres mayorías distintas (pues en unas cuestiones existe unanimidad, en otras una mayoría de ocho jueces con un único discrepante, y en otras de cinco contra cuatro) y, en segundo lugar, que existe un “ajuste de cuentas” de ocho de los integrantes del Tribunal Supremo frente a uno de los votos particulares.

Los medios de comunicación españoles, como siempre, suelen tocar de oídas en vez de leer la partitura y por ello inevitablemente lo hacen a destiempo. Sirva para ello ojear el titular que comparten (en sospechosa literalidad) el diario El Mundo y CNN Español, para quienes el Tribunal Supremo “deja en pie la ley del aborto de Texas”, pero permite denunciarla. Lo cierto es que jamás (y la sentencia lo dejó bien claro ya al inicio del apartado II de la sentencia, en concreto en la cuarta página, y en un perfecto y claro inglés) en la presente causa se abordó el fondo material del asunto, es decir, la constitucionalidad de la ley.

Conviene que los lectores de este blog tengan una información objetiva y, por tanto, tengan claros los antecedentes de hecho de la causa y cual era, en concreto, la cuestión sobre la que se debía pronunciar el Tribunal.

Primero.- Antecedentes de hecho y fases judiciales de instancia.

1.1.- Antecedentes fácticos

Aun cuando ya en un post anterior se expusieron con detalle las características de la norma estatal en la que tiene su origen directo la presente causa, resumimos brevemente la cuestión.

El estado de Texas aprobó en mayo del presente año la denominada Heartbeat Act (que podría traducirse como “Ley del Latido”) según la cual se proscribe, salvo las contadísimas excepciones que enumera el propio texto legal, la práctica de todo aborto desde el instante en que los médicos detecten latido fetal.

Ahora bien, el legislador estatal no delegó la ejecución de las leyes en las autoridades ejecutivas del estado ni en los attorneys, sino que dejó en manos de los simples particulares el inicio de los procesos tanto civiles como penales frente a las eventuales infracciones al texto legal.

1.2.- Varios demandantes, entre los cuales se encontraba Whole Woman´s Health (una clínica que practica abortos) interpusieron ante el juzgado federal de distrito una acción procesal que recibe la denominación jurídica de “pre-enforcement” frente a varias autoridades de muy distinta naturaleza, alegando que la ley era inconstitucional y que, por tanto, se abstuviesen de llevar a efecto las previsiones de la misma.

Los demandados eran los siguientes: un juez estatal (en concreto el del centésimo decimocuarto distrito judicial de Texas); la secretaria de dicho juzgado estatal, el attorney general de Texas; los directores ejecutivos de cuatro organismos administrativos estatales (la Junta Médica, la Junta de Enfermería, la Junta Farmacéutica y la Comisión de Salud y Servicios Humanos) y a un particular.

En su defensa ante el juzgado de distrito, los demandados solicitaron inadmitir a trámite el pleito y archivar sin más trámite el mismo (es decir, sin entrar en el fondo), alegando lo siguiente:

1.2.1.- En el caso de las autoridades estatales, se invocó la doctrina de la “inmunidad soberana” que les blindaría jurídicamente frente a cualquier acción judicial interpuesta ante órganos de la jurisdicción federal.

1.2.2.- En el caso del único particular, alegó una falta de legitimación “ad causam” sobre la base que los demandantes carecían de toda prueba objetiva frente a él, dado que no tenía intención alguna de llevar a efecto las facultades ejecutivas que la ley permitía a cualquier individuo (y así lo acreditó mediante las correspondientes testificales y declaraciones juradas –affidavits-).

1.3.- El juzgado de distrito rechazó la solicitud de inadmisión. Los demandados impugnaron tal resolución ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. No obstante, solicitaron como medida cautelar que suspendiese la ejecución de la ley, algo que el Tribunal de Apelaciones no sólo rechazó, sino que ordenó que se suspendiera la continuación de los pleitos en el Juzgado Federal hasta que se resolviesen las apelaciones interpuestas; esto último algo lógico, puesto que afectaban a la propia legitimación pasiva de los demandados, en tanto en cuanto si el Tribunal de Apelaciones, como órgano superior jerárquico del juzgado de distrito vincularía a éste.

Los demandantes en instancia solicitaron una medida cautelarísima al Tribunal Supremo, que éste rechazó. Mas, paralelamente, interpusieron un certiorari para que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre la legitimación pasiva de los demandados en el pleito de instancia, a fin de determinar si el mismo podía continuar o si, por el contrario, la falta de legitimación pasiva implicaría la derrota sin tan siquiera llegar a plantear batalla.

Segundo.- Decisión del Tribunal Supremo.

2.1.- Delimitación objetiva de la cuestión planteada

La cuestión jurídica planteada en la interposición del certiorari, que el Tribunal admitió a trámite, era la siguiente:

“¿Puede un estado suprimir la impugnación, ante un tribunal federal, de una ley que prohíbe el ejercicio de un derecho constitucional delegando al público en general la autoridad de ejecutar sus prohibiciones mediante acciones civiles?”

Por tanto, de una simple lectura de la petición se deduce que (en contra de lo que parecen dar a entender los medios españoles) no se abordaba el fondo del asunto, es decir, la constitucionalidad o no de la ley en lo que se refiere a las previsiones materiales sobre la prohibición del aborto, sino una cuestión estrictamente procesal. Es más, el propio Tribunal lo dejó bien claro al especificar al inicio del apartado II que:

“En esta causa preliminar, no se plantea ante el Tribunal la cuestión material sobre el fondo (si la ley es conforme con la Constitución federal) ni la oportunidad de la misma como cuestión de política pública.”

2.2.- Clasificación de los recurridos en función de su condición de empleados públicos o no y de la categoría de los primeros.

Para resolver la causa, el Tribunal efectúa una distinción entre simples particulares y personas que ostentan cargos públicos, y, a la vez, dentro de éstos a los cargos de naturaleza administrativa y judicial. Y ello es así porque el resultado (y las mayorías del propio Tribunal a la hora de decidir) varían.

2.2.1.- Respecto al particular demandado.

En este caso, aunque reserva esta cuestión para el penúltimo lugar de la sentencia (apartado D), el parecer es unánime: existe falta de legitimación pasiva. Y ello porque dicho particular acreditó que no está en su ánimo o intención “ejercitar ninguna acción procesal frente a los recurrentes”. Por tanto, éstas carecen de interés legítimo alguno que justifique la acción procesal.

Consecuencia inmediata: el pleito de instancia frente al único particular decae.

2.2.2.- Respecto a los cargos públicos estatales demandados.

2.2.2.1.- Cargos estatales de carácter judicial (juez, secretaria y attorney)

En primer lugar, el Tribunal ya advierte de una dificultad jurídica, cual es la undécima enmienda constitucional como barrera casi infranqueable cual es la alegada doctrina de “inmunidad soberana”:

“Con carácter general, los estados son inmunes ante cualquier pleito ante la jurisdicción federal en virtud de la undécima enmienda constitucional y la doctrina de la inmunidad soberana. En Ex parte Young, este Tribunal reconoció una excepción tasada basada en la práctica tradicional de equidad, al reconocer a determinados particulares solicitar de los órganos judiciales federales resoluciones que impidan a cargos ejecutivos de los estados aplicar leyes estatales que contravengan la normativa federal. Pero, como dicha sentencia dejó claro, dicha excepción no permite con carácter general a los tribunales federales emitir resoluciones frente a jueces estatales y sus secretarios. Habitualmente, dichos empleados públicos no aplican las leyes como lo hacen los ejecutivos, sino que su tarea consiste en resolver disputas entre particulares. Si un tribunal estatal yerra a la hora de fallar, el remedio tradicional no es otro que la vía del recurso, incluyendo ante este Tribunal, no abarcarse en una acción preventiva para impedir que un tribunal del estado resuelva determinado pleito.”

En definitiva, que los cargos de naturaleza judicial no son ejecutivos ni aplican la ley como tales, sino que se limitan a resolver controversias como árbitros en una disputa entre litigantes.

Ahora bien, si el Tribunal vuelve a lograr unanimidad entre sus miembros a la hora de aceptar la inmunidad de los jueces estatales frente a toda acción judicial tendente a evitar que tramiten un pleito, ese acuerdo pleno se quiebra a la hora de admitir la inmunidad a los secretarios, donde aunque cinco jueces aceptaron extender la doctrina de la inmunidad a dichos cargos, cuatro jueces en sus votos particulares manifestaron su discrepancia con el parecer mayoritario. ¿Cómo justifica la sentencia extender a los secretarios la inmunidad judicial? Pues en las funciones realizadas por dichos puestos. En efecto, un secretario de tribunal (clerk) no ostenta las mismas funciones que su hasta hace poco homónimo español, sino que están más limitadas. Téngase en cuenta que en Estados Unidos los secretarios judiciales no son esa especie de “caballo de Troya” del poder ejecutivo (dependen, en última instancia, por vía jerárquica del Ministerio de Justicia) inserto en el judicial, sino que son nombrados y separados libremente por el juez o tribunal. Y sus funciones tampoco se asimilan a los hoy denominados con harta impropiedad “Letrados de la Administración de Justicia” (puesto que no consta defiendan a la misma en ninguna causa). Así, en palabras del Tribunal:

“Los particulares que busquen interponer acciones en tribunales estatales pueden considerarse partes contrarias a los hoy recurrentes. Pero los secretarios de tribunales estatales, que registran los pleitos, y los tribunales estatales, que los resuelven, no lo son. Los secretarios registran los pleitos a medida que entran en el tribunal, pero no participan como adversarios en tales disputas […] La normativa procesal de Texas ordena a los secretarios del tribunal admitir las demandas, registrarlas y numerarlas. Los demandantes no han acreditado que la normativa estatal faculte a los secretarios a resolver en cuanto al fondo, ni tampoco rechazar la pretensión de una parte basándose en un pronunciamiento sobre el fondo.”

Pero no es sólo por motivos estrictamente jurídicos, sino también finalistas por los cuales el Tribunal rechaza que el pleito continúe frente a las autoridades estatales de carácter judicial:

“Si se permitiese a los jueces federales privar a los tribunales estatales y a los secretarios de tramitar disputas entre particulares bajo esta ley estatal, ¿Qué impediría a los jueces federales proscribir a los tribunales estatales de tramitar pleitos entre particulares bajo otras leyes estatales? Y si los tribunales estatales y sus secretarios pueden ser de alguna manera calificados como “partes litigantes” a los efectos del tercer artículo de la Constitución, ¿cuando no lo serían?. Los recurrentes no ofrecen respuesta satisfactoria alguna. Es más, a lo anterior tan sólo siguen más interrogantes. Según la tesis de los recurrentes, ¿Deben los secretarios judiciales poseer una lista negra de pretensiones sujetas a inadmisión automática? ¿Qué tipo de examen debería aplicar un tribunal estatal para aplicar la cláusula del proceso debido a la hora de inadmitir tales pleitos? ¿Cuán manifiestos habrían de ser los defectos constitucionales alegados en una reclamación para que un secretario judicial se arriesgase a enjuiciamiento tan sólo por registrarlo? ¿Deberían los estados contratar letrados independientes para sus secretarios?” (subrayados originales de la sentencia)

Y en este punto, los cinco jueces mayoritarios constatan que los cuatro discrepantes, aun cuando admitirían que la causa continuase frente a los secretarios judiciales, sin embargo, “no explican cómo los secretarios, que tan sólo se limitan a registrar los pleitos, pueden ser consideradas partes litigantes a los efectos del artículo III cuando los jueces no.”

En cuanto al attorney general del estado, también se incluye dentro de la cláusula de “inmunidad soberana” y se le excluye de la legitimación pasiva. El Tribunal afirma que: “los recurrentes no señalan a este tribunal qué competencias posee el attorney general en lo referente a la ejecución de la ley impugnada y cuáles solicita de este tribunal que se le prive de llevar a efecto.”

2.2.2.2.- Cargos estatales de naturaleza administrativa (Juntas y Comisión).

En este caso, el Tribunal si bien no recupera la unanimidad, sí que por mayoría cualificada de sus miembros (ocho de nueve) admite que posean legitimación pasiva a efectos de la continuación de la causa. ¿Y cuáles son los motivos por los que se acepta en este caso? Pues que:

“Cada uno de los demandados es un cargo ejecutivo competente para la autorización que puede o debe ejecutar las previsiones de la ley contra los demandados si vulneran las disposiciones del Código de Seguridad y Salud de Texas, lo que incluye la ley cuestionada. En consecuencia, sostenemos que la inmunidad soberana no impide que los recurrentes continúen el juicio frente a dichos demandados.”

En este punto, los ocho jueces manifiestan por qué no comparten el criterio del único discrepante, Clarence Thomas, quien era partidario de extender la inmunidad a los cargos administrativos sobre la base de que los mismos carecían de facultades ejecutivas respecto a la ley impugnada, pues la misma delega la ejecución “exclusivamente” a los particulares a través de acciones civiles. Y ello porque otra previsión de la ley establece que la misma “no puede ser interpretada en el sentido de limitar la ejecutividad de cualesquiera otras leyes que regulan o prohíban el aborto.” Cláusula que, para los ocho jueces, es “significativa”, porque los cargos administrativos demandados son autoridades encargadas ex lege de llevar a efecto “otras leyes que regulen el aborto.”

Por tanto, la causa inicial, es decir, la que verdaderamente implicará entrar en el fondo de la constitucionalidad de la Heartbeat Act, continuará en el juzgado federal con Whole Woman´s Health como demandante y con los presidentes de la Junta Médica, la Junta de Enfermería, la Junta Farmacéutica y la Comisión de Salud y Servicios Humanos como demandados.

2.3.- Severo correctivo a la juez Sonia Sotomayor.

Aunque la sentencia reconoce que lo anterior debería ser suficiente, el apartado III (que abarca tres páginas, de la 15 a la 17 ambas inclusive) afirma que el asunto “requiere un examen más detallado” debido a la imputación que efectuó la juez Sonia Sotomayor en su voto particular, en el cual afirma que el Tribunal se “contrae” de proteger la cláusula de supremacía constitucional, lo que lleva a incluir en la sentencia un sonoro párrafo de rechazo absoluto que implica un severo correctivo para la discrepante:

“La verdad es que existen muchos caminos para vindicar la supremacía constitucional en esta área. Incluso orillando el hecho que ocho miembros del Tribunal coinciden que no se priva a los recurrentes de tramitar esta acción en un juzgado federal, todo el mundo reconoce que incluso es posible incoar asuntos de idéntica naturaleza también en tribunales estatales. De hecho, catorce procesos en tribunales estatales ya están tramitándose para vindicar la adecuación de la ley tanto a la constitución federal como a la estatal, e incluso han tenido algún éxito en cuanto a resolución sumaria en instancia […] Dicho esto, la afirmación de la juez Sotomayor de que la resolución del tribunal “abre la vía” a la “anulación” del derecho federal en línea con lo ocurrido en el profundo sur no sólo interpreta erróneamente el impacto de la sentencia, sino que disminuye la gravedad de errores pasados.”

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s