EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS UTILIZA LA «AGENDA EN LA SOMBRA» PARA ESQUIVAR TEMPORALMENTE ANALIZAR LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA Y LA «CLÁUSULA DE CONCIENCIA» RELIGIOSA.

Si alguien desea conocer la tramitación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, basta con que eche un vistazo a su agenda. Ahora bien, como todas las personas y entidades, allende y aquende los mares, el máximo órgano judicial desarrolla su actividad a través de dos vías. La primera es la que podríamos denominar “autopista”, es decir, una vía de comunicación perfectamente señalizada y de fácil conducción, que se corresponde con su agenda pública, donde aparecen reflejados todos los asuntos que el máximo órgano judicial admite a trámite, los escritos de las partes, el señalamiento de la vista oral, la grabación en audio de dicha vista así como su transcripción y la sentencia con sus votos particulares. La segunda es la vía que justamente podría describirse de “carretera comarcal”, es decir, a través de una vía pública que no está tan señalizada y donde, sin poder afirmar con justicia que sea un “camino impracticable hasta para las cabras” (el gran Ibáñez dixit) tampoco puede decirse que sea de conducción sencilla; es aquella parte de la actividad que el Tribunal Supremo gestiona a través de lo que se denomina “agenda en la sombra” (shadow docket), y que la constituyen las peticiones de emergencia y las inadmisiones de asuntos, es decir, asuntos en los cuales no existe vista oral.

Pues bien, es precisamente a través de esta “agenda en la sombra” donde el Tribunal Supremo ha decidido ponerse de perfil en un asunto tan espinoso como la vacunación obligatoria frente al COVID-19, en concreto la impuesta por el estado de Nueva York a su personal sanitario. Así, el pasado día 13 de diciembre de 2021, el máximo órgano judicial ha resuelto, en el caso Dr. A et al. v. Kathy Hochul, inadmitir a trámite la solicitud de emergencia presentada frente a la Sentencia del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito que rechazó la impugnación que varios médicos realizaron a imposición de la vacunación obligatoria. La decisión se tomó por seis votos frente a tres, y de los jueces minoritarios, si Clarence Thomas se limitó a constatar que él “habría admitido a trámite” la solicitud, Neil Gorsuch formalizó su discrepancia a través de un voto particular de catorce páginas al que se adhirió Samuel Alito.

El fondo del asunto radica en el cambio de criterio del ejecutivo neoyorkino. En un primer momento, el gobernador del estado, al publicitar la medida, afirmó que se incluiría una denominada “cláusula de conciencia religiosa”, según la cual quien invocando sinceros motivos religiosos se opusiese a dicha vacunación, estaría exento. El problema radicó en que la norma finalmente aprobada (que coincidió en el tiempo con un cambio en la gobernación del estado) no incluyó dicha estipulación, y si bien no se ofreció motivo alguno para la supresión, la nueva gobernadora afirmó que ello se debía a que ninguna confesión religiosa se oponía a la vacunación, añadiendo una sorprendente manifestación, cual era que quienes se opusieran a las vacunas: “no escuchan a Dios ni a lo que Dios quiere” (sic). Sorprendente argumentario en boca de un cargo público, pues da a entender con ello que no sólo posee vía de comunicación directa con el Altísimo, sino incluso que el Todopoderoso le ha hecho partícipe de su voluntad, en principio inescrutable a los mortales. El caso es que, frente a ello, dos médicos (a quienes la resolución judicial identifica como “Dra. J” y “Dr. F”) cuyas firmes y sólidas creencias religiosas nadie cuestionó o puso en duda, se opusieron a ser vacunadas, sobre la base de que su religión “se opone al aborto en cualquier forma” y que “en los ensayos y producción de las vacunas se han utilizado células que proceden de fetos abortivos” (sic). Varias impugnaciones dieron lugar a resultados diversos, pues si un juzgado de distrito estimó la pretensión, otro la rechazó, finalizando el asunto cuando el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en su sentencia We the Patriots USA Inc. V. Hochul, resuelve de forma conjunta (¡o tempora, o mores!, quien lo viera en estos lares) todas las apelaciones avalando la constitucionalidad de la medida neoyorquina.

En su voto discrepante, el juez Neil Gorsuch parte de un razonamiento silogístico: en primer lugar, enuncia la premisa general para, ulteriormente, ceñirla al caso concreto.

La premisa general no es otra que un principio jurídico emanado de la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo: “la pérdida de las libertades amparadas por la Primera Enmienda, incluso un mínimo lapso de tiempo, constituye incuestionablemente un perjuicio irreparable”. No queda, pues, sino identificar el bien jurídico protegido por el derecho fundamental de la “cláusula del libre ejercicio” (de la religión), que el voto particular articula de la siguiente forma:

protege no sólo el derecho a mantener creencias religiosas impopulares de forma íntima o secreta. Protege el derecho a mantenerlas en público y “en el desarrollo (o ausencia de) actos concretos […] Según los precedentes de este Tribunal, las leyes que señalen actos para perjudicarlos únicamente cuando son religiosos por naturaleza o por su carácter religioso son sin duda inconstitucionales […] En consecuencia, cuando leyes o actos incluyan “expresiones públicas de hostilidad a la religión” haciendo peligrar la cláusula de libre ejercicio, simplemente se han anulado las mismas sin más indagación […] Es más, incluso cuando no existe de forma manifiesta dicha hostilidad, las leyes que impongan obstáculos al ejercicio de la religión deben ser tanto neutrales respecto a ella como de aplicación general, y superar un análisis estricto […] Para esto último, el gobierno debe demostrar que la ley ha sido estrictamente redactada para lograr un interés público prevalente.”

El juez Gorsuch llega a la conclusión que la medida adoptada debía reputarse inconstitucional por dos motivos:

1.- En primer lugar consideraciones subjetivas, es decir, por la naturaleza de los recurrentes. En efecto, según el voto particular, los autos ofrecen “algo más que una mera sospecha de que Nueva York actuó por animosidad o desconfianza hacia prácticas y creencias religiosas poco ortodoxas” para lo cual se ampara en las afirmaciones de la propia Gobernadora. “Dicha circunstancia era suficiente para considerar inconstitucional la medida en relación a los recurrentes.”

2.- En segundo lugar, por razones objetivas, por cuanto la norma no supera los criterios de neutralidad y aplicación general.

En lo que respecta a la falta de neutralidad, la mejor prueba de ello la ofrecieron las propias afirmaciones de la Gobernadora, y así, el voto particular razona que la norma impugnada: “En lugar de incidir sobre el ejercicio de una religión de forma accidental o inintencionada, la propia Gobernadora admitió que el estado “intencionalmente” señaló desfavorablemente a aquéllos cuyas creencias religiosas no coincidiesen con las enseñanzas de “cualquier religión establecida” así como “todo el mundo, del Papa para abajo”.

Pero en segundo lugar, y en lo relativo a la aplicabilidad general, se recuerda que en la recentísima sentencia Fulton v. Philadelphia (hecha pública el pasado 17 de junio del presente año), la mayoría del Tribunal afirmó que:

una ley pierde su aplicabilidad general cuando prohíbe una conducta religiosa mientras permite conductas seculares que minan los intereses declarados del estado en una medida similar. Esto es exactamente lo que efectúa la normativa de Nueva York. Prohíbe la exención religiosa mientras permite la exención por razones médicas. Y, como señalan los recurrentes, permitir a un sanitario no vacunarse mina el interés del estado en mantener la salud pública, pues es indiferente que el trabajador se mantenga no vacunado por motivos médicos o religiosos”

En este punto, incluso el juez Gorsuch se adelanta a una posible objeción del ente público:

“Seguramente, el estado alegue que la exención por motivos religiosos puede minar el propósito de la vacunación obligatoria de forma distinta que la médica si más personas se acogen a aquélla que a ésta. Pero el criterio de aplicación general mantenido por este tribunal no se convierte en esa especie de juego de números. En esta fase del procedimiento, la única cuestión es si la ley impugnada contiene una excepción para un objetor secular que “mine los fines declarados del estado de una forma similar” que lo haría la excepción para un objetor religioso. La ley opera sobre individuos; los derechos pertenecen a individuos. Y la cuestión relevante aquí afecta a una comparación individual entre quien busca una exención religiosa y quien se ampara en una secular.”

El asunto es jurídicamente delicado, pues sin cuestionar en modo alguno el lógico interés del estado por mantener la salud pública, lo cierto es que hay argumentos del juez Gorsuch que ciertamente cuentan con una sólida base argumental.

Quizá por ello y por lo delicado de la materia, el Tribunal Supremo haya optado en esta ocasión por una «hábil prudencia» y esquivar cuidadosamente tan espinoso asunto.

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