EL 2021 END YEAR REPORT DEL CHIEF JUSTICE: UN ALEGATO EN DEFENSA DEL PODER JUDICIAL REALIZADO POR EL CARGO FEDERAL MÁS VALORADO EN LAS ENCUESTAS.

Ayer día 31 de diciembre de 2021, como suele ser costumbre habitual cada día final de año, se hizo público el End Year Report del chief justice, en el que ofrece unas breves reflexiones sobre temas de candente actualidad para el poder judicial, así como un bosquejo de estadísticas judiciales. Este año, además, John Roberts puede hacerlo con el legítimo orgullo de ser el cargo federal más valorado por los estadounidenses, muy por encima del presidente, la vicepresidenta y la speaker de la Cámara de Representantes, cargos estos últimos que reciben un sonoro varapalo. En la encuesta Gallup efectuada entre los días 1-15 de diciembre, el chief justice obtiene un porcentaje de aprobación del 60%, frente a un 34% de votos adversos. Es, por cierto, altamente significativo que los mismos corresponsales que literalmente iniciaban su diaria alocución mencionando los bajísimos porcentajes de aprobación del presidente Trump, hagan en estos momentos gala de un mutismo absoluto, silencio que con total seguridad es debido a que esa misma encuesta otorga al presidente Biden un porcentaje de desaprobación del 51% frente a un 43% favorable, y qué decir de la inefable Nancy Pelocy a quien tan sólo el líder republicano en el Senado, Mitch McConnel, supera en porcentaje de voto negativo.

Pero vayamos al informe. Se trata de un escrito de ocho páginas y media, de las cuales las tres últimas son datos estadísticos y las seis primeras se dedican a un tema clave: la independencia judicial. En este sentido, puede decirse que el End Year Report es la correctísima respuesta oficial a la Comisión para la reforma del Tribunal Supremo instituida en enero de 2021 por el presidente Biden.

En sus dos primeras páginas, Roberts evoca la figura del chief justice William Howard Taft, única persona en la historia estadounidense que ocupó la cúspide de dos de los tres poderes, dado que si en el periodo comprendido entre marzo de 1909 y marzo de 1913 fue el inquilino de la Casa Blanca, entre 1921 y 1930 ocupó el vértice de la judicatura federal. Taft era una persona de gran envergadura tanto física (hay una anécdota oficiosa según la cual cada vez que acudía a un encuentro de baseball abonaba dos entradas porque ocupaba dos puestos en la grada) como institucional. Y su papel como máximo responsable del tercero de los poderes fue decisivo, como se reconoce en el siguiente párrafo:

“Durante sus nueve años de mandato, demostró ser un visionario en un asunto de vital importancia para toda la judicatura: salvaguardar y fortalecer la independencia del Poder. Taft sabía que nadie seriamente cuestionaría que los jueces: “deben ser independientes a la hora de sentenciar.” La independencia a la hora de resolver es esencial para el proceso debido, como promover la imparcialidad en el proceso decisorio, liberándolo de influencias políticas u otras interferencias ajenas. Pero Taft reconoció que los tribunales también precisaban de una amplia independencia institucional. El poder de la judicatura para gestionar sus asuntos internos aislaría a los tribunales de influencias políticas inapropiadas, siendo crucial para mantener la confianza pública en su funcionamiento como poder separado y equivalente.”

Taft puso así en funcionamiento su “considerable influencia” para “crear mecanismos de autogobierno para los tribunales federales a lo largo del país”. El objetivo de dicho esfuerzo logró en 1922 crear la “Conferencia de Jueces”, embrión de lo que hoy es la “Conferencia Judicial de los Estados Unidos”, que inicialmente se componía del chief justice y de los presidentes del Tribunal de Apelaciones de cada circuito. Dicho organismo: “por ley tenía la competencia de asegurar una eficiente administración de justicia en los tribunales y gestionar el funcionamiento de la judicatura.” Hubo otro logro más, que el End Year Report omite quizá por ser de sobra conocido allende los mares: la actual sede del Tribunal Supremo debe su existencia igualmente a Taft, que fue quien luchó para que el máximo órgano judicial estadounidense tuviera una sede propia, dado que hasta entonces sus dependencias se encontraban en un breve salón en el edificio del Senado.

El informe se centra en tres asuntos muy concretos, entre ellos, garantizar la aplicación del mecanismo de abstención, dado que se reconoce que durante nueve años un 0,03% de los jueces no se abstuvieron cuando legalmente hubieran debido hacerlo. Al referirse a este dato, el actual chief justice Roberts, pese a reconocer lo prácticamente anecdótico del porcentaje, incluye una afirmación absolutamente esencial:

“no es excusa, pues estamos obligados a cumplir el 100% dado que la confianza del público es esencial, no incidental a nuestra función. Los jueces, individualmente, deben atender a la letra y el espíritu de nuestras leyes”

Conviene incidir en dos circunstancias determinantes. En primer lugar, que la gestión del poder judicial en los estados unidos descansa en un organismo compuesto exclusivamente por jueces, donde no tienen, por tanto, asiento elementos ajenos a la judicatura. En segundo lugar, porque el organismo de apoyo de naturaleza administrativa creado al efecto, la Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos, se encuentra bajo la dependencia jerárquica de la Conferencia Judicial, y no del Departamento de Justicia.

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