NFIB v. DEPARTMENT OF LABOR Y BIDEN v. MISSOURI: EL TRIBUNAL SUPREMO ABORDA TANGENCIALMENTE LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA

El pasado viernes día 7 de enero de 2022, festividad de San Raimundo de Peñafort, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebraba la vista oral en cuatro procedimientos que, en realidad, redujo a dos al proceder de oficio a la acumulación de dos de ellos, que poseen el común denominador de abordar el polémico tema de la vacunación obligatoria. Se trata del National Federation of Independent Business v. Department of Labor (al que se acumuló el caso Ohio v. Department of Labor) y Biden v. Missouri (procedimiento al que se unió Becerra v. Louisiana).

En el primero de los asuntos citados plantea como cuestión jurídica a resolver: “Si el Tribunal Supremo debe suspender el régimen de vacunación y pruebas aprobado por la OSHA [Administración de Salud y Seguridad Ocupacional] para todas las empresas que cuenten con más de cien empleados”. El segundo, por su parte, somete a la consideración del máximo órgano judicial estadounidense: “Si el Tribunal Supremo debe alzar la suspensión decretada por el Juzgado de Distrito Este de Missouri frente a una norma federal que exige a todos los trabajadores sanitarios en centros que participen en programas Medicare y Medicaid, que estén completamente vacunados frente al COVID-19 salvo que se encuentren en alguna de las excepciones médicas o religiosas.” Como puede comprobarse, ambos asuntos presentan similitudes, sí, pero también diferencias sustanciales. Veámoslas

1.- Aspectos comunes. En ambos casos el fondo del asunto afecta a una normativa federal que impone la vacunación obligatoria frente al COVID-19. Y en ambos supuestos, no se entra en el fondo, sino que se trata de la adopción de una medida cautelar, activa en un caso (es decir, que se pide al Tribunal que la adopte) y negativa en otro (puesto que se solicita levante la suspensión acordada por un órgano jerárquicamente inferior).

2.- Diferencias. La principal diferencia radica en el alcance subjetivo de la normativa cuya suspensión es objeto de los pleitos, siendo precisamente esa disparidad la que justificaría un tratamiento o resolución diferente.

2.1.- En el primer caso, National Federation of Independent Business v. Department of Labor, los destinatarios de la norma son todos los trabajadores (ya formen parte del sector público o del privado) que presten sus servicios para empresas que cuenten con más de un centenar de empleados. Evidentemente, ello plantea ya varios interrogantes: en primer lugar, si el ejecutivo tiene constitucionalmente la autoridad para inmiscuirse en el ámbito interno de una empresa privada, y, en segundo lugar, el tratamiento desigual que la normativa efectúa en base a un criterio no del todo lógico, cual es el numérico.

2.2.- En el segundo de los asuntos, Biden v. Missouri, el alcance objetivo de la normativa es subjetivamente mucho más reducido, pues se ciñe a los trabajadores del sector sanitario. No obstante, no todo el personal de dicha categoría se encuentra incluido dentro del ámbito de aplicación de la norma federal suspendida, sino que afecta tan sólo a aquéllos que presten servicio en entidades que gestionen los programas de ayuda sanitaria federal (el Medicare y el Medicaid) y que no se encuentren comprendidos dentro de las excepciones. Es de señalar que la normativa federal, a diferencia de la aprobada en el estado de Nueva York, sí que incluye dentro de las excepciones la cláusula religiosa.

Según los principales analistas, de la vista oral parece deducirse que los jueces se inclinarán por declarar no conforme a Derecho la vacunación obligatoria en el primero de los casos (el impuesto a todas las empresas con más de cien trabajadores) y confirmando la licitud en el segundo (los relativos a trabajadores del sector sanitario en centros que gestionen programas de ayuda federal).

No deja de ser curioso el razonamiento del juez Samuel Alito en el primero de los asuntos, es decir, el NFIB v. Department of Labor. Al abordar un asunto estrictamente competencial cual es la autoridad que posee la agencia ejecutiva demandada en el primero de los casos, Alito planteó a la letrada encargada de defender al ente público demandado la siguiente hipótesis:

“Esto es ciencia ficción, pero quizá pueda ilustrar el asunto. Supongamos que esta protección se ofreciese por la Administración no a través de una vacuna, sino agitando una varita sobre los trabajadores cuando llegan al trabajo y supongamos que esa varita igualmente posee la capacidad de suprimir dicha protección cuando el empleado abandona su puesto. ¿Poseería la OSHA competencia para decir a los empleados que deben -que debemos, que vamos agitar- que deben soportar esa protección cuando llegan, pero no pueden quitársela al salir?”

Ante una pregunta tan directa, la letrada del gobierno federal ofreció una respuesta absolutamente honesta: “No, no creo que la OSHA tuviese esa autoridad”. Justo en ese momento, Samuel Alito efectuó la siguiente reflexión, que debe tenerse muy en cuenta y que es de esperar, en el caso de plantearse la cuestión en nuestro país, que los jueces españoles se planteen con la misma valentía que su homólogo estadounidense:

Muy bien. Así pues, es diferente en ese aspecto. Y he aquí otro aspecto en el que puede ser diferente. No deseo que se me malinterprete al abordar este punto, porque no estoy diciendo que las vacunas no sean seguras. La FDA [Food and Drug Administration] las aprobó. Se ha demostrado que son seguras. Se dice que sus beneficios sobrepasan claramente los riesgos. No estoy discutiendo eso de ningún modo. No deseo ser malinterpretado aunque estoy seguro que lo seré. Sólo deseo enfatizar que no es eso lo que digo. Pero, ¿No es cierto que esta, que estas vacunas y cualquier otra vacuna de la que tenga conocimiento y cualquier otro medicamento posee beneficios pero también riesgos y que alguna gente que se vacuna y algunos que toman medicación que es altamente beneficiosa pueden sufrir consecuencias adversas? ¿No es eso cierto en relación a estas vacunas? […] Hay un riesgo, ¿verdad?

Cierto es que, para ser justos, Elena Kagan (que, antes de juez, fue solicitor general, es decir, encargada de la defensa de los Estados Unidos ante el Tribunal Supremo) salió de forma inmediata en defensa de la Administración utilizando el argumento habitualmente utilizado y que, dicho sea de paso, Alito hasta por tres veces afirmó no estar cuestionando:

“¿Puedo decir que los supervisores manejan constantemente la ecuación riesgo/beneficio, los riesgos en ambos lados, pero que uno supera ampliamente al otro, y que de ello surge precisamente la regulación?”

Quizá el comentario más agudo haya sido el de la juez Amy Coney Barrett, quien apuntó a una de las líneas de defensa del recurrente:

“Creo que lo que está diciendo es que incluso de existir algunas empresas o algunas personas que afronten un gran riesgo y esta medida pueda ser necesaria para afrontar dicho riesgo, así, en otras palabras, si la OSHA hubiese adoptado una medida más concreta, quizá usted no la hubiese impugnado o lo hubiera realizado de otra forma, es decir, que el problema aquí se encuentra en el ámbito y que no se diferencia entre el riesgo al que se enfrenta una persona de 22 años no vacunada y otra de 60 años, o empresas, y acabáis de referiros a personas que trabajan principalmente al aire libre y a trabajadores que trabajan en un entorno cerrado todo el día. ¿Así que es esa la distinción que efectuáis? ¿No discrepáis, pues, de la juez Kagan cuando dice que la actual situación constituye un grave peligro y que en algunas circunstancias la medida puede ser necesaria, sino que es el ámbito el que marca la diferencia?”

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