TRUMP v THOMPSON: LA «HABIL PRUDENCIA» DEL TRIBUNAL SUPREMO PARA EVITAR ENTRAR EN UN POLÉMICO ASUNTO….PESE A RECONOCER SU IMPORTANCIA JURÍDICA

President of the United States Podium, flowers in front copyspace

Hace apenas un par de días, el 19 de enero de 2022, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazaba la medida cautelar solicitada por Donald Trump en relación a la sentencia Trump v. Johnson, dictada por el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, en el que rechazaba sus pretensiones invocando el privilegio ejecutivo sobre parte de la documentación solicitada por la Cámara de Representantes relativos a la invasión del Capitolio ocurrida el pasado 6 de enero de 2021. Es curioso que la resolución inadmitiendo a trámite la solicitud contenga la siguiente afirmación:

“La cuestión relativa a los casos y circunstancias en los que un ex Presidente puede lograr una resolución judicial para evitar la desclasificación de documentos oficiales en relación a su mandato en los supuestos en los cuales el presidente en el cargo rehúsa mantener tal clasificación, no tiene precedentes y presenta cuestiones materiales importantes. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, no tuvo ocasión para resolverlas porque analizó y rechazó las afirmaciones del presidente Trump “bajo todos los motivos alegados” sin considerar su status de ex presidente. Dado que el Tribunal de Apelaciones concluyó que las alegaciones de Trump hubieran sido desestimadas incluso si fuese el actual mandatario, su estatus de ex presidente necesariamente no ha influido en la decisión final”

En otras palabras, el Tribunal Supremo considera de suma importancia dar respuesta a la cuestión jurídica subyacente, es decir, hasta qué punto puede mantenerse un documento como clasificado si las voluntades del presidente en el cargo y su predecesor difieren al respecto. No obstante, y dado que, según el análisis del alto tribunal, el órgano inferior razonó que el asunto no tenía vías de prosperar en cuanto al fondo (es decir, en la necesidad de suministrar la documentación al Congreso), opta por no admitir a trámite la solicitud.

Es evidente que en esta ocasión, el Tribunal Supremo ha preferido evitar inmiscuirse en un asunto que le hubiera traído inevitablemente una buena dosis de titulares adversos en los medios de comunicación. Dado lo polémico de los asuntos que ha de resolver en el presente año judicial (legislación restrictiva sobre el aborto, nuevos casos sobre la segunda enmienda) unido al acoso y derribo al que se ha visto sometido por los demócratas debido a las tres nominaciones de jueces que ha podido hacer Trump, es evidente que el máximo órgano judicial no ha querido dar más munición a los críticos y optó por una “hábil prudencia.” No obstante, sí que ha efectuado una advertencia para quienes pretendan invocar dicha resolución, pues aun cuando el Tribunal Supremo rehusó admitir a trámite la solicitud de Trump, sí que priva de fuerza jurídica a varios razonamientos del Tribunal de Apelaciones, reduciéndolos a un mero obiter dicta:

“Cualquier razonamiento del Tribunal de Apelaciones relativo al estatus del presidente Trump como ex presidente debe considerarse un razonamiento no vinculante.”

Lo cual implica que tal cuestión ha de considerarse como no planteada ni resuelta a efectos de un futuro acceso al Tribunal Supremo.

La resolución cuenta, sin embargo, con una breve discrepancia de Brett Kavanaugh. Según dicho juez:

“Un expresidente ha de poder invocar eficazmente el privilegio ejecutivo en relación a las comunicaciones mantenidas durante su presidencia, aun cuando el actual presidente no apoye dicha solicitud de privilegio. Sostener lo contrario privaría de eficacia el privilegio ejecutivo sobre tales comunicaciones.”

No obstante, el juez efectúa una precisión:

“Seamos claros, decir que un ex presidente puede invocar el privilegio ejecutivo respecto a comunicaciones mantenidas durante su presidencia no implica sostener que el mismo sea absoluto o no pueda dejarse sin efecto.”

En definitiva, que el Tribunal Supremo ha optado por un viejo principio surgido en aras a evitar a los órganos judiciales meterse en cenagales jurídicos con implicaciones ajenas al mundo del Derecho: si no se desea entrar en el fondo, refugiarse en las formas. Que se lo digan, si no, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del Reino de España.

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