EL RIESGO DE AFIRMAR LAS CULPABILIDADES «FUERA DE TODA DUDA»: EL EJEMPLO DE THOMAS JEFFERSON EN TORNO A AARON BURR.

El jueves 22 de enero de 1807, Thomas Jefferson, que se encontraba en el ecuador de su segundo mandato presidencial, se dirigió por escrito (como era su costumbre dadas sus pésimas cualidades como orador, inversamente proporcionales a sus inmensas dotes como escritor) a las dos cámaras del Congreso. El objetivo del presidente no era otro que: “trasladar, bajo la reserva expresada, la información recibida en relación a una combinación ilícita de particulares contra la paz y seguridad de la unión y una expedición militar planeada por ellos contra los territorios de una potencia amiga de los Estados Unidos”. Jefferson reconocía que había obtenido la información a través de cartas que “frecuentemente contenían una mezcla de rumores, conjeturas y sospechas que hacen difícil extraer los datos reales”, lo cual hacía necesario que, en tal circunstancia, “ni la seguridad ni la justicia permiten revelar nombres, excepto del del principal protagonista, cuya culpabilidad está fuera de toda duda.” Esa persona sobre cuya culpabilidad ya había dictado veredicto el presidente incluso antes de todo enjuiciamiento penal, no era otro que Aaron Burr, su antiguo vicepresidente. Jefferson iba más allá e identificaba a la persona que le había suministrado toda la información, que no era otro que el general John Wilkinson, gobernador del territorio de Luisiana, de quien manifestaba haber actuado “con el honor de un soldado y la fidelidad de un buen ciudadano.” El problema en cuestión es que el epistolario del que disponía Jefferson no consistía en cartas manuscritas de Burr, sino en misivas cifradas que, a mayor abundamiento eran copias. No obstante, nada menos que el Presidente de los Estados Unidos se pronunciaba sobre la culpabilidad de un particular sin esperar el veredicto de un jurado, y en un asunto de suma gravedad teniendo en cuenta que el comportamiento imputado era nada menos que traición a los Estados Unidos, único delito tipificado en la propia Constitución.

Que las imputaciones no estaban sustentadas por prueba alguna quedó evidenciado cuando Burr fue procesado ante el Tribunal de Circuito de Virginia en lo que fue calificado como “el juicio del siglo.” El juez que presidía el citado órgano jurisdiccional era nada menos que John Marshall, y hubo de hacer frente a comportamientos que explicitaban no sólo la carencia de pruebas objetivas que permitiesen a la acusación transmitir más allá de toda duda razonable que existiese traición, sino que las pruebas que evidenciarían la culpabilidad “más allá de toda duda” de Burr no eran tales. Varios ejemplos:

1.- Al solicitar la prisión provisional del acusado, el fiscal presentó simples “copias” de las cartas cifradas presuntamente emanadas de Burr. Al ser preguntado por Marshall si las mismas eran copias “juradas” (es decir, el equivalente al actual documento testimoniado) la respuesta del attorney George Hay fue que no. Marshall propinó un sonoro varapalo a la acusación, a quien incluso llegó a decir que ningún tribunal en los Estados Unidos aceptaría meras copias sin jurar como pruebas para sustentar algo tan serio como un delito de traición.

2.- A lo largo del juicio, se acreditaron varios extremos que, cuando menos, podían suscitar dudas sobre los verdaderos motivos de Jefferson (que, a distancia, era quien se encargó materialmente de la acusación a través de cartas dirigidas al attorney George Hay, que eran en realidad órdenes e instrucciones de cómo proceder), y entre los cuales destacan los siguientes:

2.1.- En cuanto al fondo, surgieron serias dudas de qué era lo que verdaderamente pretendía Burr. Jefferson le imputaba el deseo de separar el territorio de Luisiana (adquirido a Francia en 1803 de forma jurídicamente irregular) de los Estados Unidos y constituirse en emperador de dicho territorio. Ahora bien, no existía prueba alguna al respecto, aunque sí existían indicios más que razonables de que Burr pretendía invadir el territorio del Virreinato de Nueva España (en manos españolas). El problema es que esto último no sólo era un delito menor, sino que podría tener justificación desde el punto de vista patriótico. Véase lo que ocurrió en 1836 en El Álamo.

2.2.- Los testigos presentados no corroboraron las tesis de la acusación. Un ejemplo concreto fue la divertida bravata, atribuida a Burr, de que “con tan sólo doscientos hombres podría ocupar Washington D.C.” Cuando en el contrainterrogatorio el propio Burr (un brillantísimo abogado) le preguntó al testigo si dicha afirmación manifestaba una afirmación seria y rotunda o fue realizada en tono jocoso o de broma, el testigo reconoció sin tapujos que se había dicho “en tono de broma.” Otro de los testigos que la acusación presentó frente a Burr, «curiosamente» había recibido una nada despreciable cantidad del gobierno federal justo antes de su deposición en la causa.

2.3.- Fue James Wilkinson quien en sus tratos con Burr exigió que la correspondencia se encriptara, pues constaban las quejas de éste por lo difícil de la clave y en varias ocasiones se opuso a continuar con dicho sistema. Es sumamente extraño que el presunto conspirador fue quien se oponía a cifrar la correspondencia.

No obstante, con posterioridad se descubrió que James Wilkinson, el que según Jefferson se había comportado “con el honor de un soldado y la fidelidad de un ciudadano” era en realidad el “agente número 13” de la corona española. Es decir, que Wilkinson era el verdadero traidor al estar a sueldo de una potencia extranjera. En definitiva, el testigo clave sobre el que descansaba la acusación era un traidor.

2.4.- Burr, en el ejercicio de sus derechos constitucionales, solicitó del Tribunal lo que en el argot jurídico estadounidense se denomina subpoena duces tecum, es decir, una orden de entrega de determinada documentación. En concreto, Burr exigió que se entregaran al Tribunal los documentos sobre los cuales Jefferson afirmaba que la culpabilidad de Burr debía estar “fuera de toda duda”. La acusación no sólo se negó, sino que invocó el privilegio ejecutivo para no aportarlos, lo cual ya debía llevar a sospechas. Finalmente, Marshall falló que no cabía esgrimir tal privilegio cuando se encontraba en juego la vida del acusado, dado que la pena por traición era la capital.

2.5.- En su desesperación, Jefferson escribió a Hay que ofreciera sin dudarlo cartas de perdón en blanco a quienes se ofreciesen a testificar en contra de Burr, nuevo indicio de que las presuntas evidencias no debían ser tales. Nadie se acogió a dicha posibilidad.

2.6.- El jurado, tras analizar las pruebas aportadas, resolvió que Aaron Burr era “no culpable”.

Un dirigente público debe obrar con prudencia, y Jefferson no lo hizo. Quien aún hoy pasa por ser un apóstol de la libertad era, en realidad, un personaje difícil y contradictorio. Podía redactar párrafos enteros en favor de la vida humana para ulteriormente justificar una rebelión armada afirmando que “el árbol de la libertad debe ser regado frecuentemente con la sangre de patriotas y tiranos, es su fertilizante natural” y abogar por una revolución “de vez en cuando”. Quien pasa por ser un defensor a ultranza de la libertad de expresión y de la primera enmienda (no en vano en el recentísimo film The Pentagon Papers, dirigido por Steven Spielberg, se hace decir a Benjamin Bradley “Jefferson debe estar revolviéndose en su tumba”) no dudó en favorecer desde la Mansión Presidencial (como se conocía entonces la hoy denominada Casa Blanca) el procesamiento de un periodista que había difundido que Jefferson no sólo había financiado, siendo Secretario de Estado, la publicación de libelos difamatorios contra George Washington, sino que mantenía relaciones sexuales con una de sus esclavas, informaciones que, dicho sea de paso, eran ciertas. En fin, se trata de un personaje que posee un “lado oscuro”, y precisamente así se titula el célebre ensayo de Leonard W. Levy: Jefferson and civil liberties: the darker side.

El lector que desee sumergirse en el interesantísimo proceso seguido frente a Aaron Burr, puede hacerlo consultando las actas, publicadas en dos volúmenes con el título Reports of the trials of coronel Aaron Burr, y accesibles gratuitamente en Google Books. No obstante, quien considere que ventilarse más de mil páginas es una tarea excesiva, puede ver el siguiente documental (cuya duración es de tres cuartos de hora justos) que contiene una dramatización de los acontecimientos que sigue con bastante fidelidad el proceso penal en cuestión:

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