RITTER v MIGLIORI: TUTELA CAUTELAR, PRINCIPIO FEDERAL Y CÓMPUTO DE VOTOS IRREGULARES.

Una de los aspectos donde el Tribunal Supremo del Reino de España aventaja a su homólogo estadounidense es en el hecho de motivar la denegación de medidas cautelares. Entiéndase bien, no se está diciendo que la motivación sea siempre ejemplar o acertada, ni que la tutela cautelar sea precisamente generosa, sino que a la hora de estimar o rechazar la solicitud de medida siempre se ofrece un razonamiento, por mínimo que sea. Por el contrario, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos suele utilizar la denominada “agenda en la sombra” (término popularizado en el argot jurídico norteamericano por William Baude) para ello, y donde se limita a explicitar si se adopta o no la medida, de tal forma que el lector tan sólo puede conocer el razonamiento de los votos particulares discrepantes, y tan sólo en el caso que éstos existan. El caso más reciente donde ha podido comprobarse tal circunstancia es la decisión del Tribunal Supremo, hecha pública el pasado jueves 9 de junio, rechazando adoptar la medida cautelar en el asunto Ritter v. Migliori, donde se entremezclan cuestiones de naturaleza federal y electoral que afectan a la integridad de los votos emitidos en el estado de Pennsylvania. Veámoslo.

Primero.- Los hechos del caso: votos irregulares y su exclusión/inclusión.

Según la normativa electoral del estado, en los comicios que se celebren dentro del territorio estatal, los votantes deben emitir su voto introduciéndolo en un sobre sin dato alguno, sobre que, a su vez, debe incluirse en un sobre exterior en el que deben cumplimentarse varios datos, entre los cuales deben obrar necesariamente la fecha de emisión y la firma del votante. Al ser una norma estatal, cuya interpretación corresponde a los órganos judiciales estatales, el Tribunal Supremo de Pennsylvania resolvió en la sentencia In re Canvass of Absentee & Mail-in Ballots of Nov 3 2020 Gen. Election (es decir, la que resolvió las impugnaciones efectuadas por irregularidades en los comicios presidenciales de 2020) uno de los jueces (Wecht) en su voto particular concurrente, sostuvo que los votos que no cumplieran con esos requisitos formales no podrían computarse en futuras elecciones de cualquier naturaleza, en los siguientes términos:

“El requisito está fijado en términos inequívocamente obligatorios, y nada en la normativa electoral sugiere que el legislativo pretendió que los tribunales interpretasen esta norma imperativa como una simple directiva. Por tanto, en futuras elecciones, consideraría los requisitos de fecha y firma como obligatorio, por lo que la omisión de cualquiera de ellos bastaría sin más para invalidar el voto en cuestión. No obstante, bajo las circunstancias en que el presente asunto ha surgido, aplicaría mi interpretación sólo hacia el futuro.”

Las “circunstancias en que el asunto surgió” no eran otras que los comicios presidenciales de 2020. En otras palabras, que se dieron en los mismos por válidos votos que no sólo carecían de los requisitos exigidos por la normativa, sino que para futuros comicios no se considerarían válidos.

En noviembre de 2021 se celebraron elecciones en el Condado de Lehigh, en el estado de Pennsylvania, para cubrir tres puestos en el Tribunal de Common Pleas, dado que los jueces que integran dicho tribunal son elegidos mediante votación popular para un mandato de diez años. En dichos comicios se enfrentaron tres jueces que se presentaron bajo lista republicana y tres bajo lista demócrata. Obtuvieron la victoria los republicanos, el tercero de ellos por la mínima, con una ventaja de setenta y un votos sobre el cuarto. No obstante, esa victoria se debió a que existieron un total de 257 votos irregulares que no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa electoral del estado, pues en el sobre exterior no constaba ni la fecha ni la firma del votante. Pese a que el órgano administrativo encargado del recuento los había considerado válidos, el Tribunal Supremo del Estado de Pennsylvania desautorizó tal proceder y, en su sentencia Ritter v. Lehigh County Board of Elections ordenó no computar los votos irregularmente emitidos.

En principio, todo debería haber finalizado aquí, en tanto en cuanto se trataba de aplicar normativa estatal, cuya interpretación última corresponde al máximo órgano judicial del estado. No obstante, un grupo de votantes acudió a un precepto de carácter federal, en concreto el 10101(a)(2)(B) ubicado en el Título 52 del United States Code, que en su opinión prevalecería sobre la normativa estatal, lo que le permitiría residenciar el asunto a la jurisdicción federal. El precepto en cuestión invocado establecía lo siguiente:

“A ninguna persona incluida en el ámbito de aplicación de esta ley se le podrá privar del derecho del voto en ninguna elección a causa del error y omisión en cualquier registro o documento relativo a cualquier solicitud, registro o cualquier otro acto necesario para votar, si tal error u omisión no es sustancial a la hora de determinar si el individuo en cuestión goza del derecho al voto en tal elección según la normativa estatal.”

El juzgado de distrito de Pennsylvania rechazó la pretensión de los demandantes, pero apelada tal resolución, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito les dio la razón y ordenó al ente público encargado del recuento de incluir los votos emitidos aun cuando no constase la fecha en que lo fueron y la firma del votante.

La sentencia del Tribunal de Circuito fue recurrida ante el Tribunal Supremo pero, a la vez, se solicitó la tutela cautelar consistente en acordar la suspensión de la inclusión de votos irregulares hasta tanto no se resolviese el certiorari.

Segundo.- El Tribunal Supremo rechaza la tutela cautelar. Voto particular discrepante en pro del otorgamiento.

El Tribunal Supremo rechazó adoptar la medida cautelar de suspensión, y lo hizo por mayoría de seis votos contra tres, pues aun cuando no consta ni el razonamiento para la denegación ni los jueces que se inclinaron en tal sentido, al existir un voto particular discrepante del juez Samuel Alito al que se adhirieron Clarence Thomas y Neil Gorsuch, es claro que hubieron de ser los seis restantes quienes se mostraron renuentes a la adopción de la tutela cautelar.

El voto particular de Samuel Alito es no sólo de una solidez jurídica incuestionable, sino de un pragmatismo sin parangón, dado que no sólo considera errónea la interpretación, sino que puede proyectarse sobre futuras elecciones, en concreto las midterm elections que tendrán lugar el próximo mes de noviembre. Son dos, pues, los motivos por los cuales Samuel Alito considera que debería adoptarse la medida cautelar:

2.1.- Pragmatismo: más vale prevenir que curar.

En primer lugar, el juez Alito sostiene que sería mucho mejor resolver el asunto con carácter prioritario y antes de que se desarrollen los comicios más próximos (y a los cuales la interpretación del Tercer Circuito podría afectar de lleno) que resolver con posterioridad ante hechos consumados. El pragmatismo se enuncia de la siguiente forma:

“La interpretación realizada por el Tercer Circuito abre una nueva interpretación, y en esta coyuntura, me parece que la misma es claramente errónea. Si se mantiene incólume, podría perfectamente afectar al resultado de las elecciones del otoño, y sería mucho mejor que decidiésemos si tal interpretación es correcta antes que después. Por tanto, otorgaría la medida cautelar y aconsejaría que la petición de certiorari y el escrito de oposición a la misma se tramitasen de forma preferente. Si así se hiciera, el Tribunal estaría en posición de revisar el asunto, agilizar la tramitación y, si fuese necesario, fijar la vista oral para el mes de octubre.

2.2.- Errónea interpretación: el precepto federal nada tiene que ver en el asunto.

En efecto, basta una somera lectura al precepto federal para ver que el mismo lo que protege es la privación del voto efectuado con base a errores en documentos que administrativos que impidan al ciudadano ejercer de forma efectiva su derecho, pero ni la letra ni el espíritu del mismo permiten extenderlo a los efectos de considerar válidas papeletas que carecen de los requisitos formales establecidos en la legislación estatal.

En primer lugar, Samuel Alito desgrana jurídicamente el precepto:

“El artículo en cuestión posee cinco elementos: (1) la conducta proscrita debe afectar a una persona que actúe en el ámbito de aplicación de la ley; (2) debe poseer el efecto de “privar” a un individuo “el derecho al voto”; (3) la negativa debe ser atribuible a “un error u omisión en un registro o documento”; (4) el “registro o documento” debe estar “relacionado relativo a cualquier solicitud, registro o cualquier otro acto necesario para votar”; y (5) el error u omisión no debe ser “sustancial a la hora de determinar si el individuo en cuestión goza del derecho al voto en tal elección según la normativa estatal.”

Tras enunciar los cinco requisitos del artículo, el juez entiende que el mismo no es aplicable porque no concurren la segunda y la quinta de las exigencias.

Respecto a la segunda (es decir, la privación del derecho al voto) el razonamiento que se efectúa es impecable desde el punto de vista jurídico, que ilustra, además, con numerosos ejemplos prácticos:

“Cuando un voto realizado no se computa por no haber sido emitido de forma correcta, al votante no se le priva del “derecho al voto”. La papeleta no se computa porque no ha cumplido los requisitos establecidos por la normativa para contabilizarlo […] Un votante censado que no cumpla la normativa puede no emitir válidamente el voto por diversas causas. Puede acudir a votar el día equivocado o después que se hayan cerrado las urnas. Puede haber ido al lugar equivocado y no llegar a tiempo al correcto. Puede emitir el voto electrónico dirigiéndolo a una dirección incorrecta. El rechazo estatal a computar los votos de estos votantes no constituye una denegación del “derecho de voto”, Incluso las legislaciones electorales más permisivas contienen algunos requisitos para la emisión del voto, y el incumplimiento de tales normas supone la pérdida del derecho a votar, no la denegación de tal derecho.”

No concurre tampoco el quinto de los requisitos. Así lo explica de forma harto didáctica el voto particular disidente:

Este elemento requiere que el error u omisión sea “sustancial a la hora de determinar si el individuo en cuestión goza del derecho al voto en tal elección según la normativa estatal.” No hay razón alguna por la cual los requisitos que deben ostentarse en orden a ser censado (y, por tanto, “gozar del derecho”) para votar sean los mismos que deben exigirse a la hora de emitir un voto para que sea contabilizado. Es más sería ridículo pensar de otro modo. Pensemos en cualquiera de los hipotéticos ejemplos ofrecidos con anterioridad donde los votos no fueron computados por no seguir las normas para la emisión del voto. Ninguna de esas normas vulneradas (normas que establecen la fecha de elección, localización del colegio electoral asignado al votante, dirección al que el votante debe remitir el voto) tiene nada que ver con los requisitos establecidos para ser votante, y sería absurdo juzgar la validez de las normas de votación basándose en si son sustanciales para determinar si el individuo goza del derecho al voto”

Conclusión.-

En efecto, una cosa es privar al ciudadano del derecho a emitir el voto (es decir, privarle de “ser votante”) que es lo que protege la normativa federal, y otra muy distinta que un ciudadano a quien se le reconoce la condición de votante y se le permita emitir su voto, no le sea computado porque el voto emitido no reúna los requisitos mínimos establecidos en la normativa electoral que, en este caso, es de naturaleza estatal y cuya interpretación última correspondería, por tanto, al tribunal supremo del estado. Por tanto, la interpretación del Tercer Circuito (desautorizando no sólo al Tribunal Supremo de Pennsylvania, sino al Juzgado de Distrito del mismo estado) es claramente equivocada.

No obstante, si se fijan atentamente, podrán comprobar una circunstancia en la cual los medios de comunicación españoles, por supuesto, no han incidido. A la hora de resolver el asunto In re Canvass of Absentee & Mail-in Ballots of Nov 3 2020 Gen. Election, el Tribunal Supremo de Pennsylvania constató que existieron votos emitidos de forma irregular, entendiendo por tal votos que carecían de los requisitos exigidos por la normativa del estado (fecha de emisión y firma del votante). Y aún así, fueron computados pese a resolverse que, para futuras elecciones el criterio a seguir sería otro muy distinto, es decir, que la omisión de los datos sería determinante de la nulidad.

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