NYSP&RA v. BRUEN: SEGUNDA ENMIENDA Y REGULACIÓN ARMAMENTÍSTICA.

El pasado día 23 de junio de 2022 se hizo pública la sentencia New York State Rifle & Pistol Association Inc. et al. v. Bruen, en virtud de la cual el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaraba la inconstitucionalidad de una normativa aprobada por el estado de Nueva York, una de las más restrictivas del país. Dicha resolución fue rápidamente orillada por los ecos de la sentencia Dobbs v. Jackson, difundida el día siguiente. Aún así, los medios españoles se hicieron eco de la noticia con titulares gloriosos ampliamente demostrativos que quienes los redactaron ni tan siquiera pasaron la vista por la sentencia en cuestión. Así, puede uno encontrarse con afirmaciones como: “El Supremo de Estados Unidos consagra el derecho a llevar armas en público” (El País); “El Supremo de EE.UU permitirá llevar armas en público” (El Mundo); “El Tribunal Supremo de EE.U.U amplía el derecho a portar armas en el país” (eldiario.es); curiosamente, el titular más atinado es el que obra en la página web de Radio Televisión Española: “El Tribunal Supremo estadounidense anula la ley de Nueva York que limita el uso de armas en público.”

Veamos cuál es el estado de la cuestión y qué dice realmente la sentencia.

Primero.- El derecho a portar armas está reconocido por la Constitución, no por el Tribunal Supremo.

El derecho a portar armas es un derecho que recoge la segunda enmienda constitucional, que data nada más y nada menos que de 1791. Desde entonces nadie ha cuestionado ni su oportunidad ni se ha iniciado formalmente un proceso para la modificación constitucional tendente a suprimir dicha enmienda, entre otras cosas porque nadie, ni tan siquiera los más furibundos detractores de las armas piden la supresión del derecho, sino su restricción para determinadas personas. Buena prueba de ello es la respuesta que ofreció alguien tan poco sospechoso al respecto como Barack Obama quien, en la intervención que tuvo el 1 de junio de 2016 en el Ayuntamiento de Elkhart, y a la que el lector puede acceder en este enlace, dio la siguiente respuesta a un ciudadano que le preguntó por qué tanto él como Hillary Clinton (entonces candidata demócrata a las elecciones presidenciales de ese año) deseaban privar al ciudadano probo de sus armas:

“Ante todo, la idea de que yo, o Hillary o los Demócratas o cualquiera que digáis, están empeñados en quitar las armas a los ciudadanos, simplemente no es cierta. No me importa cuántas vedes la NRA [Asociación Nacional del Rifle] lo diga. Estoy a punto de abandonar el cargo. Se han vendido más armas desde que soy presidente que en toda la historia de los Estados Unidos. Hay armas bastantes para cada hombre, mujer y niño en este país, y nunca jamás he propuesto confiscar las armas a ciudadanos responsables. Así que no es cierto. Lo que he dicho es precisamente lo que habéis propuesto, es decir, tratar esto como cualquier otra cosa que utilizamos.”

Por tanto, las peticiones que se efectúan para controlar las armas no tienen por objetivo suprimir o cercenar el derecho con carácter general, sino incluir determinadas limitaciones a ciertos colectivos.

Por tanto, el Tribunal Supremo no “reconoce” ningún derecho, sino que éste viene contemplado en el propio texto constitucional. Este es un hecho objetivo e incuestionable.

Segundo.- El Tribunal Supremo ya ha interpretado la segunda enmienda en 2008.

El Tribunal Supremo lo que sí hace, y de hecho viene haciendo desde que inició sus sesiones el 1 de febrero de 1790 es interpretar tanto la Constitución como la normativa vigente. Y la interpretación de la segunda enmienda constitucional la realizó el 26 de junio de 2008 en su sentencia District of Columbia v. Heller (554 US 570 [2008]). Todos los magistrados, sin excepción, reconocieron que se estaba ante un derecho de carácter individual, es decir, que su titular era la persona física y no una colectividad. Las disputas surgieron acerca de si tal derecho había de entenderse vinculado a la institución de la milicia o no, y en este caso, por cinco votos frente a cuatro, la respuesta fue negativa. En dicha sentencia, contra lo que se suele decir, se indicó de forma expresa que tal derecho no era absoluto y que cabía lícitamente introducir limitaciones a su ejercicio, siempre y cuando no lesionasen el núcleo esencial del derecho.

Justo dos años más tarde, en el caso McDonald v. Chicago (561 US 742 [2010]), el Tribunal Supremo resolvió que la segunda enmienda era de aplicación no sólo al gobierno federal, sino a los estados. Esto no constituyó en absoluto ninguna sorpresa y era casi obligado, puesto que desde finales del siglo XIX, a través de un proceso denominado incorporation, el máximo órgano judicial afirmó que los derechos enumerados en el Bill of Rights vinculaban igualmente a los estados.

Tercero.- Doctrina de la sentencia NYSR&PA v. Bruen.

3.1.- En primer lugar, conviene detenerse en la normativa cuya inconstitucionalidad se declara. Se trata de una normativa legal que tipifica como delito la posesión de armas sin licencia, si bien ese no es el aspecto controvertido. Lo que realmente se enjuiciaba eran los requisitos sustantivos y procedimentales a efectos de la obtención de la licencia. La sentencia, en este caso, indica lo siguiente:

“El solicitante de una licencia que desee poseer un arma de fuego en su hogar (o en su lugar de trabajo) debe persuadir a la autoridad competente (usualmente el juez o un agente de la ley) que, entre otras cosas, es una persona íntegra, no posee antecedentes penales o problemas mentales, y que no existe causa justificada para denegarle la licencia. Si desea portar, para su autodefensa, un arma de fuego fuera del hogar o lugar de trabajo, el solicitante debe obtener una licencia absoluta para “poseer y portar” una “pistola o revolver”. Para obtenerla, el solicitante debe acreditar que existe “causa justificada” para que se le otorgue. Si no logra acreditarlo, tan sólo puede recibir una licencia “restringida” para uso público, que le permitiría portar un arma con propósitos limitados, como la caza, prácticas de tiro o trabajo […] Ninguna ley de Nueva York define lo que ha de entenderse por “causa justificada”. Pero los tribunales estatales han resuelto que tan sólo puede entenderse como tal que el solicitante “acredite una especial necesidad para autoprotección diferenciado del de la comunidad general” […] Dicho criterio de “necesidad especial” es determinante. Por ejemplo, residir o trabajar en una zona “de elevada actividad criminal” no constituye base suficiente para ello. Por el contrario, los tribunales de Nueva York generalmente requieren pruebas de “amenazas concretas, ataques y otro peligro extraordinario para la seguridad personal” […] Cuando se deniega una licencia, la revisión judicial es limitada. Los tribunales de Nueva York suelen otorgar deferencia a la interpretación que la autoridad ha hecho del criterio de causa adecuada, salvo que sea “arbitrario e injustificado” […] En otras palabras, la decisión “debe mantenerse si el expediente muestra una base racional para ello” […] La norma deja escasos recursos al solicitante si se le deniega la solicitud.”

3.2.- En segundo lugar, conviene identificar quienes son las partes. Aun cuando la denominación del caso lleva como recurrente principal a la Asociación del Rifle de Nueva York, en realidad quienes incoaron el procedimiento fueron dos ciudadanos (Brandon Koch y Robert Nash), quienes en 2014 solicitaron una licencia absoluta de armas pero que, al no lograr acreditar los requisitos exigidos en la normativa estatal, recibieron una licencia restringida. La solicitud de portarla en público fue denegada, pese a que logró acreditar que en su vecindad se había producido una oleada de robos.

Los demandantes son las dos autoridades que denegaron la solicitud de licencia, que en este caso fueron en Superintendente de la Policía Estatal de Nueva York y nada menos que un juez del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York que supervisó el procedimiento administrativo de otorgamiento de la licencia.

3.3.- La sentencia, redactada por Clarence Thomas y que se adoptó por mayoría de seis votos frente a tres (con Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan como disidentes) no efectúa ninguna interpretación nueva de la segunda enmienda, que ya había efectuado en el asunto Heller, sino que se limita a desautorizar la práctica judicial que habían seguido algunos Tribunales de Circuito tras aquélla. Así resume el estado de cosas:

“En Heller y McDonald, sostuvimos que la segunda y decimocuarta enmiendas protegen el derecho individual a poseer y portar armas para la autodefensa. Al hacerlo, declaramos la inconstitucionalidad de dos leyes que prohibían la posesión y uso de armas de fuego en el hogar. Desde entonces, los Tribunales de Apelación han venido aplicando un sistema de dos fases para abordar procesos relativos a la segunda enmienda, que combinan criterios históricos y finalistas.

Hoy rechazamos adoptar tal criterio. Al mantener Heller, sostenemos que cuando el texto claro de la Segunda Enmienda cubre una conducta individual, se presume que la Constitución protege tal conducta. Para justificar la regulación, el gobierno no puede simplemente argumentar que con ella protege un interés público importante. El gobierno debe acreditar que la regulación es consistente con la tradición histórica de esta nación en materia de regulación armamentística. Tan sólo si una normativa es consistente con este criterio puede un tribunal concluir que la conducta individual se sitúa extramuros de la segunda enmienda.”

¿Y cual es ese proceso en dos fases que el Tribunal Supremo rechaza adoptar como doctrina general y que hasta este momento seguían los Tribunales de Apelación? Pues es el siguiente:

En la primera fase, el gobierno puede justificar que su regulación “al aprobar la ley impugnada regula una actividad que cae fuera del ámbito del derecho tal y como se entendió originalmente […] Los Tribunales de Apelación indagarán el ámbito original del derecho basándose en su significado histórico […] Si el gobierno puede acreditar que la conducta regulada cae fuera del ámbito original de la enmienda, el análisis finaliza ahí y la conducta regulada cae fuera del ámbito de protección […]

En la segunda fase, los tribunales analizan “la cercanía de la regulación legal al núcleo del derecho de la segunda enmienda y la severidad de la carga que la regulación impone a tal derecho […] Si el “núcleo” del derecho de la segunda enmienda peligra, los tribunales aplican un análisis estricto y determinarán si el gobierno puede acreditar que la ley está redactada de forma cuidadosa para lograr un interés público convincente. En caso contrario, aplicarán un análisis más laxo tendente a verificar si el gobierno puede acreditar que la regulación está directamente relacionada con el logro de un interés público importante.”

Como dice a continuación la sentencia: “Pese a la popularidad de este análisis bifásico, tiene una fase de más.” Y ello porque, como indica la sentencia tras resumir la doctrina Heller:

“Cuando el texto inequívoco de la segunda enmienda cubre una conducta individual, se presume que la Constitución protege tal conducta. En tal caso, el gobierno debe justificar la regulación acreditando que es consistente con la tradición histórica nacional de legislación regulatoria armamentística. Tan sólo entonces puede un tribunal concluir que la conducta individual recae fuera del ámbito de la segunda enmienda”

3.4.- La sentencia reconoce también que la doctrina Heller no sólo admitía limitar el acceso a las armas en determinadas personas, sino incluso extender la limitación a lugares específicos y concretos:

“Considérese por ejemplo, la referencia hecha en Heller a la larga tradición de leyes prohibiendo portar armas en lugares sensibles como escuelas o edificios públicos. Aunque la investigación histórica recoge relativamente pocos casos en los siglos XVIII y XIX donde las armas estuviesen prohibidas, no tenemos constancia de que existiesen disputas relativas a la licitud de dicha prohibición […] Por tanto, podemos asumir que es conforme con la segunda enmienda delimitar tales localizaciones como “lugares delicados” donde esté prohibido el uso de armas”

Ahora bien, que sea conforme a la segunda enmienda prohibir el uso de armas en determinados lugares concretos, no autoriza extender la prohibición a todo el territorio:

Extender la categoría de “lugares delicados” simplemente a todos los lugares públicos que cuenten con fuerzas del orden es otorgar a dicha categoría una interpretación demasiado extensa […] Dicho de forma simple, no hay base histórica para que Nueva York declare la isla de Manhattan un “lugar delicado” simplemente porque cuenta con la protección general del Departamento de Policía de Nueva York

Conclusión.-

En Estados Unidos, el derecho a portar armas está protegido por la segunda enmienda constitucional, que ha sido objeto de interpretación por el Tribunal Supremo en el caso Heller. La sentencia hecha pública hace seis días ni reconoce, ni amplía ni restringe el derecho, sino que se limita a aplicar la doctrina Heller al caso concreto enjuiciado. Y, como tal, la jurisprudencia actualmente en vigor permite introducir límites tanto personales como territoriales a tal derecho pero siempre y cuando se justifique la necesidad de la normativa y que la misma no conculca el núcleo esencial del derecho.

Estaría justificado, por tanto, y sería plenamente acorde al derecho constitucional a portar armas restringir el derecho a determinado tipo de armas (como las armas de asalto), vedar el acceso a determinados colectivos (personas con historial de inestabilidad mental) o incluso proscribirlas en determinados lugares (como, por ejemplo, escuelas). Lo que la sentencia dice es que no es lícito proscribir con carácter general el derecho e invertir el procedimiento lógico es decir, que en lugar de ser el poder público quien justifique su intervención para restringir normativamente el ejercicio del derecho, sea el ciudadano el que deba justificar el por qué ejercita tal derecho.

Por último, una reflexión. Creo que era en la película Shane donde el protagonista indicaba que un arma no es objetivamente buena ni mala, sino que todo depende de quien la utiliza. Lo mismo cabe decir de cualquier objeto, desde un simple destornillador hasta un camión cisterna.

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