EL AGOTAMIENTO DE UNA ETAPA CONSTITUCIONAL: REFLEXIONES A PROPÓSITO DE UN ARTÍCULO DE FRANCISCO SOSA WAGNER Y MERCEDES FUERTES LÓPEZ.

En el año 1998, Joaquín Varela Suanzes-Carpegna publicó un artículo titulado Las cuatro etapas de la historia constitucional comparada, que antepuso como estudio introductorio al libro antológico Textos básicos de la historia constitucional comparada. La primera de ellas, la más extensa, se extendería durante casi un siglo, el comprendido entre la Glorious Revolution de 1688 y el inicio del procedimiento revolucionario en las colonias americanas en 1774. La segunda, la más breve, es la comprendida entre la declaración de independencia estadounidense en 1776 y la restauración de la monarquía francesa tras la derrota de Napoleón en 1815. La tercera, que se extendería durante un siglo, es la comprendida entre el inicio del legitimismo europeo tras la batalla de Waterloo y el final de la segunda guerra mundial en 1918. La cuarta y última sería el constitucionalismo de entreguerras, que es el comprendido entre 1919 y 1939. A esas cuatro etapas a las que se refería Joaquín Varela habría que añadir una quinta, que es la del constitucionalismo de postguerra, que se iniciaría tras la victoria de los aliados en la segunda guerra mundial y que en cierto modo supone la prolongación del modelo ensayado en el periodo de entreguerras: consolidación del estado de derecho, garantía del modelo democrático, y, sobre todo, extensión y constitucionalización de derechos sociales con el inherente reforzamiento del ejecutivo, aunque sin cuestionar la primacía del legislativo. Pues bien, esa etapa del constitucionalismo surgida tras la segunda postguerra desde hace tiempo hace tiempo que viene siendo objeto de serios ataques que amenazan con cuartearlo y reducir tanto la propia Constitución como los derechos y libertades a una simple cobertura de naturaleza formal.

Las anteriores reflexiones vienen a raíz de un magnífico artículo titulado El Congreso, ese costoso decorado, publicado en el diario El Mundo en su edición del 2 de septiembre de 2022, y cuyos autores, los profesores Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes López que aúnan una enorme lucidez jurídica con una depuradísima elegancia literaria, han colgado en sus respectivos blogs. Tres son las notas características de esa pequeña joya periodístico-jurídica: honestidad intelectual, brillantez de estilo y realismo descarnado. Y la idea esencial que pretende transmitir puede resumirse en una simple frase: la continua pérdida de importancia del Congreso de los Diputados en beneficio del Gobierno, o, en otras palabras, entronizar como nervio de la vida jurídico-política al ejecutivo en vez de al legislativo, quedando reducido este último poder a un simple formalismo rituario donde representar semanalmente el espectáculo circense de enfrentamiento entre mayoría y minoría, entre gobierno y oposición. Así, el Congreso de los Diputados quedaría reducido, por utilizar la clásica expresión de Walter Bagehot, a una mera “dignified part” del texto constitucional.

Comienza el análisis mediante un ejercicio de honestidad intelectual: la situación no es imputable ni a este país ni a este gobierno (“Sabemos que este eclipse de los Parlamentos es un proceso que cuenta con una historia dilatada, que no es una truculenta invención del actual presidente del Gobierno, todo lo contrario, está en el centro – desde hace mucho- de las preocupaciones de quienes meditan sobre la esencia de los sistemas democráticos”); lo que sí es imputable al actual ejecutivo es precisamente hacerlo con tal descaro que ya ni se molesta en disimular tal situación (“Lo que sí es marca de su Gobierno es el descaro, la osadía, la inverecundia, con que somete al Congreso a sus designios más perentorios, con que corrompe la dignidad de la representación nacional, con que se mofa de la ciudadanía española que ha conformado esa representación”). De ahí que, los redactores del artículo, utilizando la brillantez literaria de la que siempre hacen gala en sus escritos, no se extrañen de oír: “los quejidos de las campanas tañendo a muerto porque pronto asistiremos a la firma solemne del acta de defunción y consiguiente momificación del Congreso y sus protagonistas.” Es decir, algo parecido a lo que ocurría al comienzo de Star Wars: una nueva esperanza, cuando Moff Tarkin (interpretado por el gran Peter Cushing) afirmaba que el emperador había disuelto el Senado (donde tenían su asiento los representantes de los diversos planetas de la galaxia) por considerarlo una “reliquia” de la antigua república. Tampoco sería de extrañar que ello se produjese haciendo buenas la frase con que Padme Amidala constató la liquidación de la república por parte del canciller Palpatine a en Star Wars: La venganza de los Sith: “Así muere la libertad. Entre aplausos.”

A continuación, expuesta la tesis básica, el artículo se centra en facilitar las pruebas que llevan a formular tal diagnóstico: uso torticero de la pandemia como coartada para restringir determinadas actuaciones parlamentarias; práctica desaparición de la ley como fuente del derecho en beneficio del decreto-ley, norma ésta última que, orillando lo fraudulento de su uso (estirando hasta extremos risibles el concepto de “extraordinaria y urgente necesidad”) algunos de ellos por extensión superan por lo nutrido de su contenido material algunas novelas (así, por ejemplo, el Decreto Ley 3/2020 de 4 de febrero, que cuenta con 228 páginas, supera cualquier edición de La aldea perdida e incluso algunas de La voluntad) y el pernicioso efecto que su contenido material despliega sobre el principio de seguridad jurídica, debido a la multitud de normas de rango legal a las que afecta. Para finalizar, se dedican los dos últimos párrafos a criticar el desvergonzado mecanismo gubernamental utilizado para alterar la actual mayoría en el Tribunal Constitucional, primero, al privar al Consejo General del Poder Judicial de realizar nombramientos mientras se encuentre en funciones para, a continuación, modificar la normativa para incluir como excepción precisamente al máximo intérprete de la Constitución. Un ataque directo a la justicia que ya ni los medios más afines se molestan en disimular (“batalla en torno a la justicia” titulaba ayer un informativo nacional). Si bien es cierto que las dos instituciones afectadas, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, tienen el prestigio tan sumamente reducido (no ya a ras de suelo, sino a nivel subterráneo) que lo más piadoso sería liquidar ambas.

Hace tres lustros, el abogado del estado y político centrista José Manuel Otero Novas publicó su libro El retorno de los césares, cuya tesis principal era que la historia se movía en ciclos alternándose en periodos democráticos (“apolíneos” creo que los denominaba, aunque cito de memoria y es posible que ésta me falle) y otros cesaristas. Es evidente que en la actualidad se está ante un periodo donde el principio democrático parece haber quedado reducido a la simple formalidad de efectuar sufragios periódicos, y donde la actividad en la Carrera de San Jerónimo se ciña a la elección del gobierno y a servir de estampilla a todo lo que proceda del Palacio de la Moncloa. No es, ciertamente, un porvenir halagüeño el que se nos ofrece.

Recomendamos encarecidamente a los lectores del blog que lean atentamente esa brillante pieza de Francisco Sosa y Mercedes Fuertes. No sólo porque siempre es un placer la lectura de cualquier trabajo proveniente de los dos autores citados, sino porque no les decepcionará en modo alguno, sirviendo, además como punto de partida a una serie de necesarias aunque lamentablemente dolorosas y amargas reflexiones sobre la quiebra de una etapa constitucional, no exclusiva de nuestro país, en la cual degradación de los poderes legislativos lleva a entronizar a los ejecutivos como nuevos poderes principales del estado.

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