CUANDO LOS JUECES PIERDEN LOS ESTRIBOS O LA CORRECCIÓN: LA COMISIÓN JUDICIAL DE CUALIFICACIONES DEL ESTADO DE GEORGIA

En el mundo de la judicatura los jueces y magistrados, en atención al comportamiento que despliegan en Sala, pueden dividirse en tres grandes categorías: los empáticos, los correctos y los desagradables. No se trata de enjuiciar la calidad profesional del juez o sus conocimientos, sino estrictamente su trato personal, es decir, lo que antaño se enseñaba en educación primaria bajo la denominación urbanidad o, si lo prefieren, la mera educación. Pues bien, en nuestro país, afortunadamente, la gran mayoría del colectivo puede ubicarse sin ningún problema en alguna de las dos primeras, pero mentiría quien afirmase que no existe un sector (afortunadamente minoritario, pero cuya existencia es indubitada) que sin el menor género de dudas integra por méritos propios la tercera. El problema radica en que, en muchas ocasiones, el propio colectivo considera (a mi entender de forma equivocada) que la mejor forma de proteger su imagen es mirar para otro lado y ejercer un corporativismo según el cual hacia el exterior hay que negar cualquier atisbo de problemas al respecto, sin perjuicio que ad intra y soto voce puedan verterse pestes de esa minoría de garbanzos negros.

Viene lo anterior a raíz del curiosísimo medio que existe en determinados estados que forman parte de la Unión para solventar este problema, y que en algunos casos ha llevado incluso a elevar a nivel constitucional el mecanismo de garantía de un correcto comportamiento de los jueces. Así, por ejemplo, la actual constitución del estado de Georgia, dentro de la Sección VII (Selección, mandato, retribuciones y régimen disciplinario de los jueces) puede comprobarse que en el párrafo sexto se contempla un organismo, la Comisión Judicial de Cualificaciones, en los siguientes términos:

“La Asamblea General por ley establecerá la composición, forma de nombramiento y régimen jurídico de una Comisión Judicial de Cualificaciones, que tendrá atribuido el ejercicio de la facultad disciplinaria, así como de cesar y declarar el retiro forzoso de los jueces en la forma prevista en este artículo. Los nombramientos estarán sujetos a ratificación por el Senado en los términos que la ley establezca.

Los procedimientos seguidos ante la Comisión Judicial de Cualificaciones cumplirán con el requisito del proceso debido. Tales procedimientos, así como los dictámenes vinculantes que emita dicha comisión podrán impugnarse ante el Tribunal Supremo.”

Si uno echa un vistazo a la constitución de Georgia podrá comprobar dos circunstancias: en primer lugar, que tanto los requisitos para el acceso a judicatura (por cierto, se exige haber sido abogado ejerciente durante un mínimo de siete años y residir dentro del ámbito territorial en el que el órgano judicial del que sean titulares extienda su competencia) como las causas de pérdida de la condición de juez estén elevados a rango constitucional; en segundo lugar, que los jueces no poseen mandato vitalicio, sino temporalmente limitado. Pero entre las causas de sanción disciplinaria e incluso de remoción se encuentran la “mala conducta intencionada” en el ejercicio del cargo, así como la “falta de templanza habitual”.

Regresando a la Comisión Judicial de Cualificaciones de Georgia, organismo que cuenta con su propia página web, podrá comprobarse que, lo primero que se puede encontrar tras el mensaje de bienvenida, es un cuadro intitulado “curse una queja frente a un juez de Georgia”, pulsando el cual se remite a una información sobre las causas de queja frente a un juez y la información sobre la tramitación procedimental de la misma, queja que se formula online a través de la propia página web y en siete sencillos pasos.

Pero también, junto a la normativa aplicable, los códigos de conducta judicial, el interesado puede acceder a los dictámenes vinculantes y a los informes anuales. Se trata de no de informes demasiado extensos que disuaden al potencial lector de adentrarse en su contenido, sino de escritos de extensión moderada en incluso reducida y redactados, además, con un lenguaje sencillo que facilita su comprensión. Tomemos, por ejemplo, el último de ellos, el Informe Anual 2021, que en doce páginas no sólo expone las funciones de la comisión, la identidad de sus miembros, la actividad formativa desplegada, sino incluso en el apartado “cargos formales y solicitudes para suspensión cautelar”, identifica algunos de los procedimientos incoados contra jueces, aportando igualmente unos cargos estadísticos que permiten verificar lo mismo que en todas partes cuecen habas, aunque los garbanzos negros son minoría.

En el año 2021 la Comisión Judicial recibió 542 quejas, de las cuales 444 fueron archivadas sin más trámite. Trece de las quejas derivaron en cargos formales tras una investigación, si bien ocho de ellas afectan al mismo juez, lo que da una idea ya de la situación. De los 22 casos resueltos, 6 fueron desestimados, 4 finalizaron con la dimisión o el cese del juez, 5 con una amonestación y 6 con apercibimiento. Algunos de los casos son descritos de la siguiente manera en el informe:

“Un Juez del Tribunal Superior fue denunciado por vulnerar el Código de Conducta al convocar a un ciudadano a su despacho y castigarlo por criticar públicamente la sentencia del juez en un asunto penal, ignorando la solicitud del ciudadano de solicitar un letrado y de abandonar el despacho del juez. En noviembre de 2021 se celebró una audiencia final en este asunto, y la sección concluyó que el juez había vulnerado el Código de conducta y recomendó la imposición de una sanción disciplinaria.

Un juez del Tribunal de Magistratura vulneró el Código de Conducta al agredir físicamente a un recluso esposado, tras enzarzarse en una disputa verbal y empujarlo contra la pared en un pasillo de las oficinas del Sheriff. El caso finalizó en 2022, fallando el Tribunal Supremo la imposición de 30 días de suspensión de empleo y sueldo y una reprimenda pública.

Una juez de testamentarías fue denunciada por vulnerar el Código de Conducta en múltiples ocasiones, comenzando cuando era abogada. Una de las infracciones imputadas consistió en desobedecer los protocolos locales de seguridad al permitir a civiles entrar en la sede del tribunal después de horas de una ceremonia nupcial y denegarles el acceso a registros públicos. Una segunda denuncia le imputa el uso inapropiado de redes sociales, incluyendo publicaciones en una cuenta pública utilizando la posición como juez electa para solicitar donaciones y promover eventos en bares y clubs nocturnos. Una tercera denuncia le imputa encerrar indebidamente a una ciudadana que había solicitado corregir un error en su solicitud de matrimonio presentada años antes. El asunto se encuentra pendiente de resolución.

Un juez del Tribunal Superior fue denunciado por vulneración del Código de Conducta al publicar en sus redes sociales sobre asuntos cuya competencia estaba atribuida a su tribunal. El asunto se encuentra pendiente de resolución.

Un juez del Tribunal Superior fue denunciado por haber vulnerado el Código de Conducta en múltiples ocasiones. Una de ellas incluye el entablar una relación amorosa con una empleada del tribunal que ocasionalmente comparecía en la misma sala, otorgando preferencia en la tramitación a un participante en el Tribunal Penal que era conocido del juez, y por falta de veracidad en su declaración ante el comité de investigación al que fue llamado a declarar. El asunto se encuentra pendiente de resolución.”

En fin, lo anterior demuestra que los jueces no dejan de ser seres humanos, y en ocasiones muy humanos. Y que en la judicatura, como en cualquier otro colectivo, hay personas educadas y correctas y otras que no lo son tanto.

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