TRUMP v COMMITTEE ON WAYS AND MEANS: QUÉ ES Y QUÉ NO ES.

Ayer día 22 de noviembre de 2022, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hacía pública una breve resolución en base a la cual rechaza admitir a trámite la solicitud de certiorari presentada por la defensa de Donald Trump en el asunto Trump v. Committee on Ways and Means.

Antes de efectuar cualquier valoración jurídica, conviene precisar que lo que el Tribunal Supremo rechaza es otorgar una tutela cautelar, es decir, una medida cautelar de suspensión. Este aspecto, es decir, el carácter estrictamente cautelar y no de fondo, puede acreditarse por dos circunstancias. La primera, por la cuestión planteada en el escrito de solicitud que el pasado 31 de octubre de 2022 presentó la defensa de Trump (y que dirigieron al chief justice Roberts, y no al Tribunal Supremo por los motivos que ulteriormente se expondrán) articulan su pretensión de la siguiente forma en el párrafo final del escrito:

“Los solicitantes solicitan respetuosamente que el próximo día 2 de noviembre, miércoles, acuerden la suspensión, y la mantengan hasta que se formalice la petición de certiorari. Si el Tribunal desea, puede considerar el presente escrito como una solicitud de certiorari y en su caso admitirlo a trámite.”

Es decir, se constata que lo solicitado por Trump es claramente una medida cautelar, no un pronunciamiento sobre el fondo.

La segunda circunstancia que acredita de manera indubitada que lo denegado es una tutela cautelar es la resolución del propio Tribunal Supremo, cuya lectura (nada difícil ni compleja, dado que cuenta tan sólo con tres líneas) lo deja meridianamente claro:

“La solicitud de suspensión cautelar presentada al chief justice y entregada por éste al Tribunal es rechazada. Se revoca, por tanto, la resolución adoptada por el chief justice.”  

Conviene precisar una cuestión para no llamar a equívocos en lo que atañe a la revocación de un pronunciamiento inicial adoptado por el chief justice. Cada uno de los nueve jueces del Tribunal Supremo tiene asignada la supervisión de un circuito y, por tanto, en el caso de solicitud de medidas cautelares o urgentes la solicitud se presenta ante dicho juez, quien adoptará inicialmente la decisión de admitir o rechazar la solicitud, si bien tal acuerdo debe elevarlo al pleno del Tribunal, quien confirmará o no esa decisión inicial del juez. El chief justice tiene asignada la supervisión del Distrito de Columbia, como puede comprobarse en la página web del Tribunal Supremo, donde consta de forma expresa la asignación de los circuitos a cada juez, circunstancia que el lector interesado puede consultar aquí.

En este caso, la solicitud de Trump de que se anulase la decisión de un Comité de la Cámara de Representantes requiriéndole para su entrega fue desestimada por sentencia del Juzgado de Distrito, confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Es muy significativa la última, hecha pública el 9 de agosto de 2022, que rechaza la pretensión de Trump amparándose en el recentísimo precedente Trump v. Mazars (resuelto por el Tribunal Supremo el 9 de julio de 2020) marcando distancias con tal caso dado que el mismo afectaba al requerimiento efectuado por el Congreso a un presidente en el ejercicio del cargo, y donde la Administración, además, a diferencia de lo ocurrido anteriormente no opuso objeciones a tal requerimiento.

En todo caso, insisto, la cuestión dista mucho de estar resuelta y en modo alguno puede considerarse que ponga en dificultades a Trump por esta cuestión, y ello debido fundamentalmente a dos motivos, uno de carácter jurídico y otro político.

Desde el punto de vista jurídico, porque como se ha expuesto, lo que el Tribunal Supremo rechaza es otorgar una tutela cautelar, pero no ha cerrado un ulterior pronunciamiento sobre el fondo. En otras palabras, sin ser totalmente seguro, no sería descartable que en un futuro próximo el Tribunal Supremo admitiese un certiorari para aclarar desde el punto de vista jurídico si la doctrina expuesta en la sentencia Trump v. Mazars es de aplicación tan sólo cuando el presidente ostenta el cargo o si, por el contrario, se aplica una vez cesa, dado que conviene recordar que uno de los criterios utilizados por el Tribunal Supremo para anular el requerimiento del Congreso en tal caso fue precisamente que al fundamentar la solicitud de documentación fiscal en la necesidad de analizar la misma para acometer una futura reforma tributaria, el órgano judicial esgrimió que tal objetivo podía alcanzarse por otros medios.

Pero, desde el punto de vista político, debe recordarse que el órgano solicitante era un Comité de la Cámara de Representantes, entonces controlada por los demócratas pero que tras las elecciones midterm celebradas el pasado día 8 de noviembre ha pasado a control republicano, por lo que es más que probable que finalmente el cambio de mayoría, que lógicamente se trasladará al comité, deje en la práctica sin efecto el requerimiento.

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