DOS VOLÚMENES MONOGRÁFICOS SOBRE EL PODER JUDICIAL EN DOS PRESTIGIOSAS REVISTAS JURÍDICAS ESPAÑOLAS

En los últimos meses, el intento de controlar el Poder Judicial ha sido la omnipresente noticia objeto de atención en infinidad de titulares y artículos en la prensa escrita ya fuese en su vertiente tradicional en papel o en formato virtual, como en los diferentes noticiarios en las cadenas que nutren el panorama audiovisual de nuestro país. No obstante, lo que se trasladaba a la opinión pública distaba en muchos casos de ser información objetiva para adentrarse más en el terreno de la opinión subjetiva, inclinada de uno u otro lado en función de la línea editorial del medio o de la tendencia ideológica del redactor.

El límite o frontera entre la política y la justicia no es, como debiera ser, un grueso muro, sino una delgada línea roja en ocasiones fluctuante. Y ello porque, en ocasiones, un pleito que en ocasiones no dejaría de ser una nota a pie de página oculta en el interior de un periódico salta a la portada por la naturaleza de una de las partes. Evidentemente, que una persona sea enjuiciada por cometer un robo no deja de ser algo cotidiano, pero si el procesado es una autoridad o un representante público ello no impedirá inevitables repercusiones políticas que ello tendrá o debiera tener. Por ejemplo, cuando en el verano-otoño de 1807 se enjuició por traición a Aaron Burr, ex vicepresidente de los Estados Unidos, la personalidad del acusado no convirtió a un juicio en político, sino en el juicio a un político. Pero cuando se habla de influencia de la política en la justicia se está pensando en algo totalmente distinto: el intento por parte de los otros dos poderes de influir en las decisiones de la magistratura para, en caso de verse sometidos a cualquier tipo de proceso, obtener resoluciones favorables.

Por lo expuesto los dos párrafos anteriores, es de agradecer que en las últimas semanas de diciembre dos de las más prestigiosas revistas jurídicas hayan coincidido (ignoro si esa coincidencia fue deliberada o más bien fruto de la casualidad) en dedicarse con carácter monográfico a la independencia del poder judicial y a lo pernicioso de la influencia política y los intentos de los otros dos poderes por aherrojar la judicatura.

El 19 de diciembre de 2022 vio la luz editorial el primero de los tomos al que nos referíamos, que no es otro que el quincuagésimo número de la espléndida Teoría y Realidad Constitucional. El citado número principia con una encuesta sobre el poder judicial en la que se plantean seis cuestiones relacionadas con la independencia judicial y los ataques que ha recibido en los últimos tiempos, si bien en mi opinión personal, la encuesta adolece de un lastre cual es que las ocho personas consultadas se encuentren en lo que algún autor estadounidense denominó las “altas torres de la academia” en referencia al mundo universitario, pues todos ellos son catedráticos de Derecho Constitucional, aunque uno de ellos ha destacado en el campo de la política -exministro de Justicia, para más señas- y otro accedió a la magistratura por el cuarto turno. Hubiera sido deseable que la encuesta fuese más plural obteniendo la perspectiva de la judicatura, la abogacía y el personal vinculado a la Administración de Justicia. Pero la utilidad de este número monográfico no se encuentra tan sólo en los estudios que siguen a la encuesta inicial, sino a la completísimo Repertorio bibliográfico sobre el Poder Judicial (2001-2022) donde a lo largo de diecinueve páginas se facilita el lector una ingente cantidad de artículos y capítulos de libros relativos a la articulación del poder judicial en el sistema español.

Anteayer, día 26 de diciembre de 2022, la benemérita Revista de Estudios Políticos difundió el centésimo nonagésimo octavo número de su nueva etapa (correspondiente al periodo octubre-diciembre de este año) dedicado igualmente al poder judicial, su posición constitucional y la influencia de la política. Es significativo que el artículo inicial situado a modo de presentación, debido a María Ángeles Ahumada Ruíz (experta, además, en derecho estadounidense) lleve por título Jueces en el espacio de la política. Este volumen, de extensión más breve que el de Teoría y Realidad Constitucional, constituye sin duda el complemento ideal de éste, de ahí que sea recomendable abordar la lectura de ambos.

Conviene tener en cuenta varias ideas claves en relación a la peligrosa conexión entre los jueces y la política:

Primero.- No existiría “politización” de la justicia si no existiesen personas que bajo la toga del juez encubran a un político de cuerpo entero, y ejemplos concretos (a diestra y siniestra) surgen de inmediato en la mente de toda persona bien informada. En España tenemos una judicatura que, por regla general, funciona muy bien y es independiente en su base, pero a medida que se va ascendiendo en el escalafón la penetración del virus político es cada vez mayor. Es un reducido número de integrantes de lo que el profesor Alejandro Nieto denomina «alta magistratura» los que suelen ser propicios a inocularse con el virus de la política.

A ello se une el vergonzoso espectáculo de los jueces de ida y vuelta que dejan la justicia para adentrarse en la política y regresar de nuevo al poder judicial como quien lanza un boomerang. Así, por ejemplo, la actual Ministra de Defensa es el ejemplo de una juez que se adentra en la política (Subsecretaria del Ministerio de Justicia en 1993, Secretaria de Estado de Interior en el Ministerio de Justicia e Interior entre 1994-1996), regresa a la judicatura en 1996, ocupa un puesto de naturaleza mixta político-judicial (vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013) para volver a la política. Es un ejemplo extremo por haber emprendido el camino de ida y vuelta no una sino en dos ocasiones, pero otros similares los podemos encontrar en todas, absolutamente todas las formaciones políticas. Quizá debiera importarse el principio esencial del constitucionalismo estadounidense, según el cual el acceso a un cargo de naturaleza política implica de forma automática la pérdida definitiva de la condición de juez.

Segundo.- La situación de degradación del Consejo General del Poder Judicial tiene, en mi opinión, cuatro responsables directos:

2.1.- En primer lugar, el Tribunal Constitucional, cuando en su vergonzosa Sentencia 108/1986 de 29 de julio avaló la constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/1985 de 6 de julio, del Poder Judicial, que mutaba el procedimiento de designación de vocales de procedencia judicial. En su decimotercer fundamento jurídico el máximo intérprete de la Constitución, cuyo prestigio ya había sufrido una evidente merma tras la Sentencia 111/1983 de 2 de diciembre (que avaló la constitucionalidad del Real Decreto Ley 2/1983 de 23 de febrero, decisión que, por cierto, se adoptó por el voto de calidad del presidente, dado que en la votación se produjo un empate a votos) afirmó, pese a avalar la constitucionalidad de la reforma, que la finalidad del precepto constitucional relativo al Consejo General del Poder Judicial se conseguiría mejor si los vocales de procedencia judicial fueran elegidos por la propia magistratura. El Tribunal Constitucional, pretendiendo a la vez convertirse en Pilatos y emular a Casandra, afirmaba, además, lo siguiente:

“La finalidad de la norma sería así, cabría afirmar de manera resumida, la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del C.G.P.J. es cosa que ofrece poca duda; pero ni cabe ignorar el riesgo, también expresado por algunos miembros de las Cortes que aprobaron la Constitución, de que el procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido) ni, sobre todo, puede afirmarse que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento y, en especial, el de atribuir también a las Cortes la facultad de propuesta de los miembros del Consejo procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, máxime cuando la Ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara (art. 112.3 L.O.P.J.). Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.”

En otras palabras: que el máximo intérprete de la Constitución efectuó un higiénico lavatorio de manos y se limitó a una pía admonición, quizá pretendiendo eximirse de toda responsabilidad ante una eventual degradación del Consejo por esa “lógica del estado de partidos”, desviando tal culpa hacia los actores políticos. Pero, en realidad, el culpable máximo de la situación es, sin el menor asomo de duda, el propio Tribunal Constitucional, quien con su cobarde y timorata actitud propició que de aquéllos polvos vengan estos lodos.

2.2.- En segundo lugar, la clase política. Salvo dos honrosísimas excepciones, los partidos políticos, ya sean grandes, medianos y chicos, han manoseado el Consejo General del Poder Judicial repartiéndose los vocales a su antojo en función de cuotas políticas, trasladando al citado Consejo de forma automática las mayorías que en cada caso ostentaban las cámaras legislativas. En otras palabras, justo lo que la anteriormente citada resolución el Tribunal Constitucional afirmó no debía hacerse. El escaso sentido del estado de todas las formaciones políticas en este aspecto es la verdadera lacra del sistema español que no sólo no disminuye ni tiene visos de disminuir, sino de aumentar en proporción geométrica.

2.3.- En tercer lugar, el propio Consejo General del Poder Judicial. Su devenir a lo largo de sus ya más cuatro décadas de existencia ha hecho bueno el célebre aserto según el cual “C.G.P.J.: cuatro siglas, cuatro mentiras.” Se cuentan por docenas las ocasiones en que se intentó mediatizar, cuando no abiertamente orientar, la actividad de ciertos jueces y magistrados en determinadas causas, insultando gravemente a los jueces, sin que el máximo órgano de gobierno otorgase amparo a los jueces pese a que incluso en alguna ocasión éstos lo solicitaron expresamente, mas el Consejo se refugió en sus jueguecitos de alta política mientras guardaba silencio. La vergonzosa actuación del presidente del Consejo cuando ante el veto ejecutivo a la presencia del monarca la entrega de despachos a jueces, que en vez de suspender el acto o fijarlo en Madrid optó por arriar la toga y limitarse a una pía admonición (eso sí, en voz queda, porque el máximo titular de Justicia estaba presente en el acto) sirve por todo un tratado.

2.4.- Por último, los propios jueces. Tradicionalmente, la magistratura ha confundido independencia con aislamiento social. Y en este sentido, la historia constitucional española no llama al optimismo, dado que ni tan siquiera los propios integrantes del estamento judicial (y digo esto con mucha pena, pero con total rotundidad) han tomado en serio la idea de independencia judicial. Han tolerado en silencio los ataques que se les hacían desde los otros dos poderes, han permanecido impávidos a los recortes a su independencia sin que alzasen la voz más que en contadísimas ocasiones, y casi siempre cuando al amparo de ello asumían otras reivindicaciones, fundamentalmente económicas. Pero salvo contadísimas ocasiones en que la protesta se efectuó de forma individual y casi siempre de manera privada y en forma de libro o artículo, raras han sido las ocasiones en que los jueces o las asociaciones judiciales han protestado frente a las intromisiones del poder político en la justicia o han plantado batalla frente a ello.

En 2006, el chief justice John Roberts afirmó ante un grupo de alumnos de bachiller que una de las tareas más difíciles a la hora de construir un estado de derecho es articular un poder judicial independiente. En esta, como en tantas otras materias, nuestro país tiene pendiente hacer los deberes.

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