INFORME ANUAL DEL CHIEF JUSTICE SOBRE LA JUDICATURA FEDERAL: LA IMPORTANCIA DE HACER CUMPLIR LA LEY Y RESPETAR LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.

Con una puntualidad británica más que estadounidense, a las seis de la tarde de ayer día 31 de diciembre de 2022, como cada año a la misma hora, el chief justice hizo público su Informe sobre la jurisdicción federal. Siempre hago hincapié en que dicho informe no se elabora pensando únicamente en el redactor, el estamento al que pertenece ni tan siquiera en el personal vinculado a la Administración de Justicia, sino en el público en general de ahí que no sólo cuente con un estilo literario impoluto, sino que su extensión es muy reducida (este año no sobrepasa las ocho páginas y media) mas sin que ello sea óbice para que se transmita una imagen fiel del estado de la jurisdicción federal en todos los niveles. Ello induce y anima a la lectura mucho más que los extensísimos y farragosos informes elaborados por el Consejo General del Poder Judicial, que más bien disuaden de su lectura incluso al individuo más propenso a atravesar el proceloso océano de la plúmbea prosa oficial.

Este año, el chief justice Roberts ha optado por un mensaje que trasciende de fecha y lugar, dado que su contenido trasciende a países y momentos, dado que pretende incidir en el obligado acatamiento a la ley y a las resoluciones judiciales, acatamiento que no es incompatible con la crítica. Para ello se sirve del célebre episodio de los “nueve de Little Rock”, un grupo de estudiantes de color que, al amparo de la sentencia Brown v. Board of Education of Topeca (hecha pública el 17 de mayo de 1954 y que ponía fin a la segregación racial dejando sin efecto la doctrina “iguales, pero separados” consagrada en Plessy v. Fergusson) solicitaron incorporarse como estudiantes a un Instituto de Secundaria que hasta entonces impartía docencia tan sólo a la población blanca. Aun cuando la Junta Escolar había adoptado todas las medidas para llevar a cabo la integración, el gobernaror de Arkansas, Orval Faubus, se amparó en su legitimidad popular directa para evitarlo, sirviéndose de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales para evitar la integración. El asunto finalizó en el juzgado federal de distrito, donde el juez Roland N. Davies (que, curiosamente, no era el titular sino que fue asignado por el Presidente del Tribunal de Apelaciones del octavo circuito para suplir al titular del juzgado, que se encontraba de baja por enfermedad), ordenó la integración. Ante no ya la pasividad, sino la abierta oposición y los obstáculos alzador por las las autoridades estatales para ejecutar la sentencia y con el propio gobernador Faubus incitando a la población a impedir la entrada de los nueve estudiantes de color en las aulas, el presidente de los Estados Unidos, por entonces, Dwigt D. Eisenhower desplegó fuerzas armadas federales e incluso nacionalizó los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de Arkansas para hacer cumplir las resoluciones judiciales.

La lección que proporcionan los acontecimientos descritos en los párrafos anteriores son, para John Roberts, muy claros: puede discreparse del contenido de una resolución judicial, pero en modo alguno desobedecerla y, mucho menos, amenazar físicamente al juez para influir en su decisión, como ocurrió en Little Rock en septiembre de 1957:

“Las sentencias judiciales hablan por sí mismas, y no hay obligación alguna en nuestro país libre de estar de acuerdo con ellas. Es más, nosotros los jueces con frecuencia disentimos (y en ocasiones de forma rotunda) del parecer de nuestros colegas, y explicamos por escrito y públicamente los motivos. Pero el juez Davies fue amenazado físicamente por cumplir la ley. Su mujer temió por su vida. El juez no se amilanó, y felizmente hubo otros que se mantuvieron para garantizar el estado de derecho, pues no sólo el juez sufrió amenazas, sino también los escolares, sus familias y personas como Daisy Bates, de la NAACP. Tras una amenaza de bomba en el Hotel Sam Peck, donde el juez Davis se hospedaba y situado justo enfrente del palacio de justicia, el juez manifestó al propietario del hotel su intención de trasladarse a otro lugar. El señor Peck respondió: “no, juez, usted se queda aquí.”

Este último hecho permite a Roberts entonar una loa a los jueces que no cesan en cumplir su deber no sólo ante el riesgo de una campaña en contra de los medios de comunicación, sino incluso ante riesgos más graves que han llevado al propio Congreso a la adopción de medidas para garantizar la integridad física de los jueces, lo que permite al chief justice incluir un párrafo de agradecimiento al poder legislativo a la vez que informa de un luctuoso acontecimiento sufrido por una juez federal:

“Deseo agradecer a los miembros del Congreso que se encargan de las necesidades relativas a la seguridad de los jueces, pues tales programas y su financiación son esenciales para el funcionamiento de un sistema de tribunales. Ester Salas, juez de distrito de Nueva Jersey, ha sido una capaz, brava y admirable defensora de esta causa desde que su hijo Daniel Anderl fue asesinado en 2020 cuando abrió la puerta de su casa en lo que pretendía ser un ataque a la juez. Justo este mes, el Congreso aprobó la Ley de Intimidad y Seguridad Daniel Anderl con la finalidad de proteger a los jueces y sus familias

La ley exige de cada juez prestar juramento de ejercer su cargo sin temor ni favoritismo alguno, y debemos apoyar a los jueces garantizando su seguridad. Un sistema judicial no puede ni debe vivir en el terror. Los acontecimientos de Little Rock nos transmiten la importancia del estado de derecho en lugar de la ley del populacho”

En esta idea, es decir, en el respeto y acatamiento a las resoluciones judiciales coincide el juez Stephen Breyer, ideológicamente opuesto a la filosofía judicial de Roberts. En el capítulo sexto del libro Making our democracy work: a judge´s view (cuyo capítulo quinto se sirve igualmente del episodio de Little Rock) ofrece otra valiosa lección a raíz de otra polémica decisión del Tribunal Supremo, la controvertida sentencia Bush v. Gore. Breyer reconoce la discrepancia existente entre los jueces, e incluso entre los discrepantes en relación al alcance que hubiera debido tener el pronunciamiento, pero extrae la siguiente lección:

“Si la sentencia fue o no correcta no es la cuestión. Millones de americanos, al igual que otros tres miembros del Tribunal y yo, pensaron que la decisión estuvo muy equivocada. Pero a nuestro propósito, lo importante es lo que ocurrió después. Gore, la parte derrotada, pidió a sus seguidores no cuestionar la legitimidad de la sentencia del Tribunal. Y pese a la gran importancia de la sentencia, la fuerte discrepancia en torno a su razonamiento y las enormes reservas en cuanto a la intervención judicial, el público, demócratas y republicanos, acataron la decisión. Y lo hicieron pacíficamente, sin necesidad de usar tropas federales como en Little Rock, sin algaradas en las calles, sin protestas violentas masivas. Harry Reid, demócrata, líder del Senado, manifestó con posterioridad que la voluntad del pueblo de seguir la ley tal y como fue interpretada por el Tribunal fue lo más importante del caso, aunque suele ser lo que pasa más desapercibido. Estoy de acuerdo con él.”

Lamentablemente, en nuestro país, donde históricamente contamos incluso con el principio “obedézcase, pero no se cumpla”, no siempre se tienen claras esas ideas. En el último mes se ha visto cómo desde las propias instituciones políticas se llamó abiertamente a la desobediencia a las resoluciones de un órgano que, aun no inserto en el poder judicial, tiene como misión ser el máximo intérprete de la Constitución y tutelar en última instancia los derechos y libertades fundamentales. Con independencia de la opinión que pueda uno tener sobre la conveniencia y la escasa utilidad de contar con dicho órgano, e incluso orillando la pésima opinión que pueda tenerse del Tribunal Constitucional como órgano de garantías constitucionales, es lícito discrepar de su toma de posición, pero en modo alguno cabe llamar a la desobediencia general frente a sus resoluciones. Porque tal situación, cual un boomerang, puede volverse frente a quien la provoca. Y si no, que se lo digan al presidente Andrew Jackson quien, al tener constancia de la sentencia Worcester v. Georgia (que declaró la inconstitucionalidad de una ley penal del estado de Georgia proscribiendo a nos no nacionales asentarse sin autorización en tierras de nativoamericanos), manifestó su intención de no mover un dedo para el cumplimiento de la sentencia con una frase icónica: “John Marshall ha dictado su sentencia. Ahora, veremos cómo la ejecuta” (en el sistema estadounidense los tribunales carecen de facultades coercitivas). Jackson hubo de rectificar cuando, al poco tiempo, el estado de Carolina del Sur aprobó una norma que convertía en delito nada menos que el abono de cualquier cantidad efectuada al amparo de normativa federal. Ante ello, a Jackson no le quedó otra opción que alinearse con el Tribunal Supremo para evitar la disolución de los Estados Unidos como país.

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