«GATILLAZO» DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS TRAS CUATRO MESES DE SILENCIO.

No es en modo alguno habitual que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos permanezca en un prolongado silencio de casi cuatro meses, pero lo es menos aún que su primera actuación termine en un “gatillazo”. Eso y no otra cosa ha ocurrido ayer día 23 de enero de 2023 al hacerse pública la decisión del asunto In re Grand Jury.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos comienza su periodo ordinario de sesiones el primer lunes del mes de octubre, y lo habitual es que publique sus primeras sentencias a mediados de noviembre o principios de diciembre, siguiendo además la norma no escrita de que esas primeras resoluciones judiciales sean asuntos de poca entidad y resueltos de forma unánime, demorando para los últimos días del mes de junio las decisiones de asuntos complejos o controvertidos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha guardado un mutismo inusual y absoluto durante los casi cuatro meses transcurridos entre el 3 de octubre de 2022 y el 23 de enero de 2023, fecha esta última en la que se han hecho públicas dos resoluciones, una de ellas la relativa a In re Grand Jury, que debía pronunciarse sobre una cuestión tan decisiva para un correcto ejercicio derecho de defensa como es la extensión del privilegio de confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, asunto al que ya habíamos dedicado con anterioridad una entrada. Pues bien, ayer se hacía pública la resolución que despachaba el asunto con nueve escuetas palabras: “Se archiva el certiorari por haber sido indebidamente admitido.” Así pues, toda la maraña de escritos de interposición, oposición, admisión, formalización, contestación, alegaciones tanto de las partes como de los amici curiae y el tiempo desplegado en la vista oral se diluyen como azucarillo en agua con nueve breves vocablos. Un “gatillazo” en toda regla, aunque sea per curiam.

Para compensar, se hizo pública una segunda resolución, en concreto la del caso Arellano v. McDonough, un asunto de interpretación legal en torno a la fecha que debe computarse a efectos del reconocimiento de la prestación por discapacidad de miembros del ejército. En este caso sí se ha seguido la habitual regla no escrita, en tanto se trata de una sentencia de muy breve extensión (diez páginas) de la que ha sido ponente la juez Amy Coney Barrett y que fue adoptada por unanimidad.

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