LA CHEVRON DEFERENCE: RAÍCES INSTITUCIONALES Y BIBLIOGRAFÍA EN CASTELLANO.

Detail of the doors of the Supreme Court building in Washington DC

La doctrina de la deferencia judicial hacia el ejecutivo es un tema recurrente en la doctrina y jurisprudencia norteamericana, que tiene sus raíces en el peculiar sistema constitucional y administrativo existente en la otra orilla del Atlántico. Cierto es que en nuestro país esa suele utilizarse con no poca frecuencia por los órganos jurisdiccionales una evidente deferencia hacia comportamientos administrativos realmente no merecedores de la misma, pero con la salvedad de que nuestros tribunales han rehusado constatar o plasmar explícitamente el principio.

La doctrina de la deferencia judicial no surge de la nada, sino que se inserta en un contexto específico, cual es la peculiar organización constitucional y administrativa que existe en los Estados Unidos. De entre las peculiaridades del norteamericano, caben destacar las siguientes:

1.- No existe un tratamiento de la Administración a nivel constitucional. En efecto, el jurista español buscará en vano una simple mención de la Administración en la Constitución, que únicamente contempla dos órganos concretos: el Presidente y el Vicepresidente.

2.- No existe reconocimiento constitucional de las potestades autoorganizatoria y reglamentaria. Ello tiene importantes consecuencias en la práctica:

A.- El Presidente de los Estados Unidos es infinitamente más poderoso que el Presidente del Gobierno español, en tanto en cuanto aquél reúne en sus manos la jefatura del Estado y del Gobierno. Pero, en cuanto a organización se refiere, es infinitamente más débil. Porque el Presidente del Gobierno español está autorizado para organizar el Gobierno de la forma que desee en cuanto al número de ministerios y su denominación, siendo así que en los Estados Unidos el número y atribuciones de los departamentos ministeriales ha de efectuarse por ley del Congreso.

B.- No existe potestad reglamentaria general, a modo de la que el artículo 99 de nuestro texto constitucional atribuye al Gobierno. Ello implica que, al igual que ocurre en el ámbito del derecho inglés, la potestad reglamentaria ha de explicarse sobre la base de la teoría de la delegated legislation.

3.- Es un rasgo característico de los Estados Unidos la denominada Administración por Agencias, que pueden ser tanto ejecutivas como independientes. El proceso de creación de una agencia es relativamente sencillo: el Congreso aprueba una ley (enabling statute) que no sólo crea este tipo de organismos, sino que le atribuye unos fines y les dota de unas competencias tendentes a ejecutar esos fines. Claro está, las competencias atribuidas no son generales, sino que existe un principio general del derecho americano según el cual no pueden otorgarse a las Agencias atribuciones competenciales que excedan de los fines que les han sido atribuidos, puesto que ello acarrearía la propia nulidad de la norma legal. En el desarrollo de sus funciones, las Agencias ejercen una doble actividad: la aprobación de normas (rules) que desarrollan los aspectos tanto normativos como políticos, normas que han de efectuarse a través de un procedimiento formalizado (rulemaking); y la resolución de controversias que le enfrentan con los ciudadanos en las áreas que están encargadas de desarrollar (adjudication).

Pues bien, el problema de la deferencia hacia el ejecutivo supone no otra cosa que verificar cómo ha de proceder un órgano judicial frente a la interpretación que hace la agencia administrativa de un texto legal. Y la respuesta la ofreció en el año 1984 la sentencia Chevron USA Inc v. Natural Resources Defense Council, según la cual los Tribunales han de verificar dos cuestiones o pasos sucesivos: el primero, verificar si el texto legal interpretado es claro y, por tanto, no ofrece dudas interpretativas, en cuyo caso ha de estarse a lo que el mismo disponga de forma clara; en segundo lugar, en caso de silencio o ambigüedad, los órganos judiciales han de otorgar deferencia a la interpretación que haga la agencia administrativa, siempre y cuando la misma no sea arbitraria o absurda. Se trata, por tanto, y aún a riesgo de sintetizar mucho, una regla interpretativa que tiende a desviar la responsabilidad de interpretar un texto legal hacia el órgano administrativo, algo que se hace argumentando que el personal del mismo tiene más pericia que los miembros del poder judicial, quienes no obstante se reservan la potestad de verificar si la interpretación es absurda o arbitraria, en cuyo caso puede declararla nula. Esto es lo que la jurisprudencia y doctrina norteamericana conoce como Chevron deference.

El lector interesado en profundizar en este tema puede consultar tres trabajos en lengua castellana, que a continuación citamos por orden cronológico de aparición:

1.- El primero es el capítulo que el profesor Eduardo García de Enterría dedicó al asunto en su indispensable obra Democracia, jueces y control de la Administración, que, publicado inicialmente en 1995, cuenta con varias ediciones ulteriores.

2.- El segundo, publicado por Jorge Pérez Alonso en el número 184 (enero-abril de 2011) de la Revista de Administración Pública, y que se titula ¿El ocaso de Chevron? Auge y fracaso de la doctrina de la deferencia judicial hacia el ejecutivo.

3.- El último de ellos, es el debido a Rafael Caballero Sánchez, titulado La doctrina de la deferencia administrativa del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Más de un cuarto de siglo de la jurisprudencia Chevron sobre el control judicial de la Administración (Chevron USA, Inc v. Natural Resources Defense Council inc., de 25 de junio de 1984), publicado en el segundo volumen del libro Administración y Justicia. Un análisis jurisprudencial, obra que constituye el libro-homenaje a Tomás Ramón Fernández Rodríguez. Por cierto, que este artículo cita expresamente y en términos bastante elogiosos el segundo de los trabajos citados.

GRIMM v GLOUCESTER COUNTY SCHOOL BOARD O LOS LAVABOS COMO CAMPO DE BATALLA.

Toilet icons

El pasado día 31 de mayo de 2016 el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito dictaba una resolución en el caso Grimm v. Gloucester County School Board, denagando la solicitud de la parte apelada de que el Pleno de dicho órgano jurisdiccional revisase la sentencia dictada por la Sección. El fondo del asunto afecta a una cuestión que, pese a su simplicidad, está generando una amplia polémica: el uso de los servicios por parte de los transexuales. No es que a los mismos se les vede en absoluto el acceso a tales dependencias, sino que el núcleo de la controversia se centra en la respuesta que debe darse a una pregunta: una vez que la persona ha cambiado de sexo, ¿a qué lavabo ha de acudir, al de su sexo de nacimiento o al que tiene tras la cambio? En concreto el caso enjuiciado es el de Gavin Grimm, un joven que había nacido con el sexo femenino pero que se sometió a una operación de cambio de sexo. En el instituto las autoridades escolares no tuvieron inconveniente en permitirle utilizar el lavabo de caballeros, pero ante la protesta de varios padres de alumnos, la Junta Escolar adoptó la decisión de que las personas que hayan cambiado de sexo no pueden utilizar el servicio correspondiente a su género actual, sino al que correspondía según nacimiento o, en su caso, un lavabo independiente. Gavin Grimm, con el apoyo de la American Civil Liberties Union (ACLU) impugnó la actuación administrativa ante un juzgado federal, que rechazó de plano sus pretensiones, pero impugnada la sentencia de instancia ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, logró ver su apelación estimada en la sentencia Grimm et al. v. Gloucester County School Board et al., hecha pública el pasado 19 de abril, y que contó con un par de votos particulares. Precisamente uno de los discrepantes, el juez Niemeyer, es quien formula un voto particular frente a la negativa de la Sección del Tribunal de elevar el asunto al Pleno para una revisión en banc.

El voto particular del juez Niemeyer se inicia con el siguiente párrafo: “Históricamente, la intimidad corporal es uno de los elementos básicos de la dignidad humana y de la libertad individual Obligar a una persona a ser expuesta a personas del sexo opuesto supone una profunda ofensa a tal libertad y dignidad. Acaso no hemos condenado universalmente como inhumano tal comportamiento a lo largo de la historia cuando se ha dado tal circunstancia en diferentes contextos, como, por ejemplo, en las prisiones? Y acaso los padres no han considerado universalmente ofensivo ver expuesto el cuerpo de sus hijos a personas del sexo opuesto?” El juez, en su voto particular, incluso efectúa un llamamiento no infrecuente en los Estados Unidos, pero que sería absolutamente impensable en nuestro país: no sólo indica que dada la naturaleza del asunto es necesario un pronunciamiento del Tribunal Supremo para unificar criterios (“La trascendental naturaleza del asunto merece que se abra el camino al Tribunal Supremo para que éste efectúe una interpretación uniforme para todo el territorio”), sino que incluso llega a solicitar a las partes en el asunto que hagan uso de esa posibilidad: “El tiempo es oro, y únicamente puedo apremiar a las partes que recurran ante el Tribunal Supremo”). Y ello porque existe una división entre los distintos estados de la federación, y donde unos son muy permisivos otros, como por ejemplo Carolina del Norte, son muy restrictivos, hasta el punto de tipificar como delito el uso de los servicios que no se correspondan con el sexo que consta en la partida de nacimiento del que los usa.

No deja de ser tener su gracia el comentario que de la noticia efectúa el blog Findlaw, que se inicia ciertamente con una hilarante y escatológica pregunta: “¿Es posible que el próximo gran asunto de derechos fundamentales que conozca el Tribunal Supremo verse sobre……el defecar?”; aunque el propio redactor matiza esa pregunta con una inteligente metáfora bélica : “Por supuesto, si en este particular asunto los lavabos constituyen el campo de batalla, el conflicto implica mucho más que las heces”. Lo cual me hace evocar una de las historietas del genial e inmortal Francisco Ibáñez, en concreto la que lleva por título El bacilón, donde la más surrealista y escacharrante pareja de detectives creada por el maestro indiscutible del humor gráfico hispano ha de combatir una gigantesca criatura que, nutrida de bacilos, microbios y residuos contaminantes, lanzaba sus ataques precisamente en esa delicada estancia de los hogares, mordisqueando las posaderas de las víctimas justo cuando las personas se encontraban sentadas en el “trono” efectuando las tareas propias del momento y lugar. Pues bien, en dicha historieta, al comentar los ataques, puede verse un recorte de prensa en el que aparece la siguiente frase: “Exigimos que las autoridades tomen cartas en el asunto. El lavabo es la piedra angular de la familia.” Y vaya si lo es!!.

TEXAS v UNITED STATES: SONORO VARAPALO DE UN JUEZ FEDERAL A LOS ABOGADOS DEL ESTADO POR MENTIR CONSCIENTEMENTE EN JUICIO.

Ethics

Uno no puede sentir más que envidia sana de determinados aspectos del ordenamiento jurídico norteamericano. No sólo por ser los Estados Unidos el país por excelencia donde florecen los litigios, sino porque en determinadas cuestiones la experiencia práctica está años luz de la penosa situación que existe en nuestro país. Una de esas cuestiones, es la de la vulneración por parte de un abogado de las normas deontológicas. En España existe una intolerable dualidad de regímenes, puesto que en el caso de un abogado particular el asunto tiene un iter procedimental específico: denuncia al colegio profesional, recurso ante el Consejo General de la Abogacía y, finalmente, vía contencioso-administrativa. Por el contrario, en el caso de los funcionarios que integran los servicios jurídicos de las distintas Administraciones que pueblan nuestro rico y variopinto país, la denuncia ha de hacerse ante la propia Administración para la que trabajan y la experiencia demuestra que ésta suele ser muy comprensiva con su personal; baste como ejemplo que consta en la página 98 de la Memoria de la Abogacía General del Estado-Servicio Jurídico del Estado del año 2014 se han incoado únicamente 2 expedientes disciplinarios (no se especifica si los mismos concluyeron con un archivo o no), mientras que, por ejemplo, en el mismo periodo 2014 en el caso de Gijón se han impuesto 11 sanciones disciplinarias, mientras que otros 40 procedimientos se archivaron sin imposición de sanción alguna. Como se ve, disciplinariamente hablando, los empleados públicos que asumen labores de asesoramiento en juicio de las Administraciones públicas no parece que tengan que responder mucho de su actividad, incluso en casos de vulneración de normas deontológicas. Y faltaría a la verdad quien dijese que los miembros de los distintos servicios jurídicos de las Administraciones públicas españolas tengan por norma orillar la deontología profesional (en muchas ocasiones, sobre todo en las generaciones más jóvenes, el trato suele ser exquisito a todos los niveles) pero sería igualmente faltar a la verdad quien dijese que no existen comportamientos no que bordeen, sino que traspasen de lleno los muros de la infracción disciplinaria.

Por ello, es asombroso a ojos de un jurista continental la impresionante Resolución que el pasado día 19 de mayo de 2016 hizo pública Andrew S. Hanen, titular del Juzgado Federal del Distrito Sureste de Texas, en el asunto State of Texas et al. v United States, donde se enfrenta a la infracción disciplinaria cometida por el personal encargado de la defensa judicial de los Estados Unidos en los procedimientos impugnatorios relativos a la decisión del Presidente de los Estados Unidos en virtud de la cual mediante actos administrativos pretende suavizar el cumplimiento de la legislación inmigratoria. El asunto principal se encuentra en la actualidad pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (pues la vista oral del caso tuvo lugar el diecisiete de abril) pero el juez federal se enfrenta a una cuestión de notable importancia tanto procesal como ética: ¿Qué ha de hacerse cuando los abogados del Departamento de Justicia han mentido conscientemente en la vista?

La resolución judicial que comentamos tiene varios puntos que la hacen insólita a los ojos de un espectador habituado a contemplar este asunto desde el punto de vista de un ordenamiento europeo:

1.- Para empezar, el juez ilustra el fondo del asunto con una cita cinematográfica, pues, como dice la frase inicial de la resolución: “una conversación entre dos personajes de un reciente y popular film ejemplifica el núcleo de este asunto”. La película en cuestión no es otra que Bridge of spies (El puente de los espías), y la frase decisiva, que además aparece subrayada en la resolución, es la siguiente: “I´m Irish, you´re German, but what makes us both americans? Just one thing…the rulebook. We call it the Constitution and we agree to the rules and that´s what makes us Americans. It´s all that makes us americans, so don´t tell me there´s no rulebook” (Soy irlandés y usted alemán. Qué nos convierte a ambos en Americanos? Tan sólo una cosa: las normas. Las llamamos Constitución, y estamos de acuerdo en cumplir las normas y que ello nos hace americanos. Es todo lo que nos hace americanos, así que no me diga que no existen reglas). Citas literarias y cinematográficas, sin ser del todo frecuentes ciertamente no son extrañas en las resoluciones judiciales estadounidenses, y de hecho, casi al final de la resolución judicial se vuelve a transcribir un diálogo de una película, en esta ocasión del clásico Miracle on the 34th Street (penosamente traducido en España como De ilusión también se vive). En nuestro país una cita literaria o cinematográfica en una sentencia sería, hoy en día, inimaginable.

2.- El Juzgado plantea la cuestión a resolver en toda su crudeza. Es consciente de que el asunto principal pende en el Tribunal Supremo. Pero “What remains before this Court is the question of whether the Government´s lawyers must play by the rules. In other words, the propriety of the Defendant´s actions now lies on the Supreme Court, but the question of how to deal with the conduct or misconduct of their counsel rest with this Court” (Lo que permanece ante este Tribunal para resolver es si los abogados del Estado han de actuar según las normas. En otras palabras, la actuación de dichos profesionales pende en la actualidad ante el Tribunal Supremo, pero el asunto de cómo abordar su posible vulneración de las normas deontológicas ha de resolverlo este juzgado). Lenguaje tan directo, claro y tajante sería inconcebible en cualquier órgano judicial de nuestro país que hubiese de enfrentarse ante la impugnación de una sanción disciplinaria (en el ya más que difícil supuesto de que exista dicho acto sancionador) a un miembro de los Servicios Jurídicos del Estado. No es que el juez experimente regocijo o placer en enfrentarse a tan delicada cuestión, pues reconoce abiertamente que: “This Court neither takes joy nor finds satisfaction in the issuance of this Order. To the contrary, this Court is disappointed that it has to address the subject of lawyer behavior when it has many more pressing matters on its docket” (Este juzgado no encuentra alegría o satisfacción en emitir esta resolución. Al contrario, manifiesta su disgusto por tener que abordar el asunto del comportamiento de un letrado cuando tiene asuntos más urgentes en su agenda).

3.- El comportamiento o falta de ética que se imputa a los abogados es descrito en la resolución de forma clara: tanto oralmente como por escrito aseguraron que las medidas anunciadas por Barack Obama no comenzarían a aplicarse hasta el 18 de febrero de 2015 (identificándose los momentos en concreto –tanto por escrito como en la vista oral del caso-) en que se realizaron tales manifestaciones. En base a las mismas se actuó a efectos de señalamiento de vistas y plazos. No obstante, ese mes de febrero ya se habían otorgado 100.000 solicitudes en base a la normativa que, según los abogados encargados de la defensa de los Estados Unidos, no se comenzaría a aplicar hasta entonces. El Gobierno federal intentó salvar la cara de sus abogados diciendo que habían “malinterpretado” las instrucciones federales e incluso que habían cometido un leve error que les llevó a dicha errónea conclusión. Pero el juez reconoce que “tras el análisis de los escritos del Estado en este asunto, no puede llegar más que a una conclusión inevitable: los abogados del departamento de justicia conocían los hechos y falsaron los mismos en múltiples ocasiones a los ciudadanos de los veintiséis estados demandantes, a sus abogados y a este Tribunal.” Una amarga píldora para el Departamento de Justicia y para los abogados de dicho ente público, máxime cuando unas páginas más abajo incide en tal circunstancia al indicar de nuevo que: “Tal comportamiento fue más que una mera omisión: fue deliberado” Y es que, tras la divertida cita del film Miracle on 34th Street, la sentencia profundiza en la herida abierta en la credibilidad del Departamento de Justicia: “The need to tell the truth, especially in court, was obvious to a finctional Young Tommy Mara jr in 1947, yet there are certain attorneys in the Justice Department who apparently have not received that message, or more likely have just decided they are above such trivial concepts” (El deber de decir la verdad, especialmente ante un Tribunal, aunque era obvio para el ficticio personaje del joven Tommy Mara jr en 1947, parece que no lo era tanto para ciertos abogados del Departamento de Justicia, quienes aparentemente no tenían claro el particular o, más propiamente, decidieron que están por encima de esos triviales principios).

4.- La corrección disciplinaria judicialmente impuesta es más simbólica que real, pues está muy limitada tanto subjetiva como objetivamente: impone a los abogados del Departamento de Justicia que participen en cualquiera de los pleitos derivados de este asunto (la actuación administrativa en materia de inmigración) la obligación de comparecer personalmente a un curso de ética profesional impartido por un profesional de reconocido prestigio que no esté empleado por el Departamento de Justicia. No obstante, pese a ser simbólica, es evidente que la mera adopción de la medida y, sobre todo, la tajante actitud del Juez ha tenido que levantar ampollas entre los afectados.

Conviene hacer una precisión para no llamar a equívocos. No se está penalizando a los abogados del Departamento de Justicia por actuar de forma temeraria o por defender una pretensión absurda (ello entra dentro de los límites del derecho de defensa), sino por falsear consciente y deliberadamente los hechos, algo que si es ya grave en un particular, lo es todavía más cuando el letrado forma parte del Departamento de Justicia.

BETTERMAN v MONTANA: CUANDO LA CORRECTA ELECCIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL VULNERADO SÍ IMPORTA.

opción

Cuando se alega una vulneración constitucional, la invocación del precepto concreto adquiere una vital importancia, de tal forma que en ocasiones el error en la elección puede determinar el fracaso de la acción tendente a anular determinada acción constitucional. Un evidente ejemplo de este aserto podemos encontrarlo en el caso Betterman v Montana, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha hecho pública el pasado día 19 de mayo. Dicha sentencia tiene, además, el añadido de que ha sido adoptada por unanimidad, y aunque existen dos votos particulares (los de Samuel Alito y Sonia Sotomayor) ambos son concurrentes, es decir, que coinciden en el resultado final alcanzados por sus colegas.

Los hechos determinantes del caso son relativamente sencillos. Un ciudadano que había sido procesado pero que se encontraba en libertad bajo fianza, no comparece en el acto del juicio, por lo que el juez dicta orden de detención contra el mismo y, una vez detenido, es acusado de un nuevo delito, en concreto el denominado bail jumping (delito autónomo en que incurre el detenido por otro delito que, en libertad bajo fianza, no comparece en el juicio). Celebrado el juicio por este segundo delito, el acusado se declara culpable, y permanece en prisión mientras que se dicta la sentencia, algo que se demoró en el tiempo durante catorce meses por causas no imputables al detenido, sino a “retrasos institucionales” (cinco meses se tardó en completar los autos, “varios meses” en denegar dos mociones anteriores a la sentencia y demora en la fijación de la vista para dictar sentencia). Finalmente, se condena al acusado a siete años de prisión, cuatro de ellos con la sentencia en suspenso.

A la vista de lo anterior, el condenado impugna la sentencia basándose en la “speedy trial clause” garantizada en la sexta enmienda de la Constitución, según la cual “en toda causa criminal el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público ante un jurado imparcial del distrito y estado en que el delito se haya cometido.” Sin embargo, esta pretensión es desestimada por el Tribunal Supremo de Montana, quien sostiene que el ámbito objetivo de dicha enmienda se extiende únicamente desde la detención hasta la condena o absolución, pero no se extiende al tiempo que media desde la condena hasta la sentencia. El asunto llega al Tribunal Supremo.

Pues bien, en su breve sentencia, el Alto Tribunal desgrana las tres fases del proceso penal y las protecciones y garantías que el texto constitucional ofrece en cada una de ellas. Así, es posible distinguir tres “discrete phases” en los procedimientos criminales, en cada una de las cuales existen mecanismos de garantía distintos y específicos en función del estadio en que se encuentre la causa:

1.- En la primera fase, “el Estado efectúa las investigaciones tendentes a determinar si puede arrestarse y procesar a un sospechoso”. Es, por tanto, un lapso de tiempo que comprende desde la comisión o conocimiento de los hechos hasta la detención física e imputación del sospechoso. En este primer estado, que podría denominarse fase preprocesal o policial, las normas legales “ofrecen una protección básica frente a las dilaciones, con la cláusula de protección debida a modo de salvaguarda fundamentalmente contra actuaciones ilegales en la investigación.”

2.- La segunda fase, en la cual “una vez imputado, el sospechoso es acusado, pero se le presume inocente hasta la condena en juicio o asunción propia de culpabilidad.” Según el Tribunal Supremo, “La cláusula de procedimiento sin dilaciones de la sexta enmienda rige en esta segunda fase: desde el arresto o procesamiento hasta la condena. Nuestros precedentes dejan claro que este derecho constitucional no entra en juego hasta el inicio de esta fase, esto es, cuando se detiene o acusa formalmente al sospechoso.” En esta fase, “al acusado se le protege con la presunción de inocencia, piedra angular y principio axiomático y elemental en cuyo cumplimiento descansa la base de la administración de justicia criminal. La cláusula de procedimiento sin dilaciones protege dicha presunción evitando encarcelaciones indebidas y opresivas anteriores al juicio…minimizando la ansiedad y preocupaciones inherentes a toda acusación pública…”

3.- La última de las fases se extiende “desde la condena hasta que el Tribunal impone la sentencia.” En esta última fase ya no rige la presunción de inocencia, pero ello no implica que “el condenado carezca de protección alguna frente a dilaciones indebidas en estos momentos.” Y aunque la protección en este caso radica en otro principio, en el due process, y no en la speedy trial clause y no constitucional, la sentencia recuerda que “tras la condena, el derecho del procesado a la libertad, aunque disminuido, aún está presente, pues mantiene el interés en que el procedimiento seguido a la hora de dictar sentencia sea fundamentalmente justo

La sentencia, de la cual ha sido ponente Ruth Bader Gisburn, hace un recorrido por la historia y los objetivos de la “speedy trial clause” recogida en la sexta enmienda y en la cual el acusado basaba su pretensión. El Tribunal deja bien claro que ese principio constitucional no se extiende a la última de las fases, dada principalmente su finalidad, que es la de proteger a un acusado hasta tanto su presunción de inocencia sea enervada por confesión de culpabilidad o por condena. Por el contrario, “De existir discrepancias fácticas a la hora de sentenciar, no afectan al elemento culpabilístico, sino que las mismas se circunscriben de verificar si la resolución judicial se encuentra dentro de los límites mínimos y máximos.” Por tanto, a la hora de desestimar el recurso, el Tribunal lo hace por motivos formales y sin entrar en el fondo: el acusado se había amparado en la cláusula de dilaciones indebidas, que no rige en la última fase del procedimiento criminal, donde rige la cláusula del proceso debido. Por ello, y dado que el acusado “no esgrime pretensión alguna relacionada con el proceso debido, no efectuamos manifestación alguna en cuanto a las posibilidades existentes en caso de haber invocado el principio más adecuado.

 

Una buena prueba de que la elección del precepto constitucional sí importa a la hora de fundamentar vulneraciones de principios con base en la carta magna.

UNA CURIOSA MEDIDA DE PRESIÓN DE LOS ABOGADOS EN EL NUEVA YORK DEL SIGLO XVIII.

Court room

En el primer capítulo del libro Life of John Jay, publicado en 1833 por William Jay (hijo del personaje biografiado) se contienen varios datos interesantísimos para conocer la vida de quien fuera el primer chief justice. Es cierto que la relación de parentesco que unía al autor del libro con la persona cuya vida pretendía dar a conocer al gran público podría viciar a la obra de juicios de valor subjetivos, pero el autor ya se curaba en salud en las páginas introductorias, al advertir a los lectores que: “La relación del autor con la persona biografiada puede influir en sus opiniones, pero los hechos narrados son ciertos, y de ellos puede extraer el lector sus propias conclusiones.”

En el primer capítulo de la obra, dedicado a la infancia y a los estudios de John Jay, puede encontrarse un curiosísimo episodio que demuestra hasta qué punto las medidas tomadas por los abogados, tomadas sin organización corporativa alguna que teóricamente les defendiera, podían influir notablemente en la comunidad jurídica. Se trata de una situación que William Jay reconoce que en su propia época (es decir, apenas ochenta años después de que tuviera lugar el episodio narrado) parecería extraordinaria. Situémonos temporalmente. Nos encontramos en los primeros años de la década de los sesenta del siglo XVIII, y John Jay tiene decidido que va a orientar sus estudios superiores hacia el mundo del Derecho. No obstante, entonces surge un grave inconveniente que demuestra hasta qué punto a mediados del siglo XVIII la abogacía de todo un vasto territorio podía estar condicionada por quienes la ejercían. Transcribimos literalmente el párrafo en el que se narra el evento en cuestión:

The members of the bar in New York were then few in number; and actuated by an unworthy desire to secure to themselves, as far as posible, the whole legal practice of the colony, they enter into an agreement with each other not to take into their offices as clerks any young men who intended to enter the profession. Mr. Jay´s father too timely measures to secure for his son in England that legal education which was thus denied to him in his own country; and preparations were made for sending John to London as son as he should leave college. Shortly before this period arrived, the agreement we have mentioned was abandoned; whether because it was found imposible to enforce it, or because its authors shrank from the odium it excited, is now unknown (El número de abogados ejercientes en Nueva York era muy reducido. Animados por un indigno deseo de asegurarse, en la medida de lo posible, el ejercicio total de la profesión en la colonia, llegaron al acuerdo de no admitir en sus despachos como pasantes a jóvenes que pretendiesen ejercer la profesión. El padre de Jay no perdió tiempo en asegurar para su hijo en Inglaterra la educación que se le denegaba en su propio país, y se iniciaron los preparativos para enviar a John a Londres tan pronto finalizase sus estudios colegiales. Sin embargo, poco antes de que llegase ese momento, se abandonó el acuerdo mencionado, desconociéndose a fecha de hoy si ello fue debido a la imposibilidad de llevarlo a cabo o por el odio que la medida acarreó a sus autores)

Con independencia de la opinión que uno pueda tener de la medida adoptada y de los criticables fines que la misma perseguía, lo cierto es que de este episodio pueden sacarse varias conclusiones:

1.- En el Nueva York de mediados del siglo XVIII, para ejercer la abogacía era preciso e indispensable haberse curtido de forma práctica mediante la estancia durante cierto tiempo como pasante en uno de los despachos de abogados de la colonia. De ahí que la imposibilidad de un joven de acceder a un despacho de la localidad le obligase a tener que mudarse para realizar la pasantía en otra localidad. Quienes no tuviesen la posibilidad de desplazarse otra colonia, o careciesen de la inmensa suerte que poseía John Jay de permitirse incluso los estudios en la por entonces aún metrópoli, estaban condenados a no poder ejercer.

2.- La solidaridad entre los miembros de la abogacía fue total. Como puede extraerse de la narración, no hubo ni una sola excepción, todos actuaron de consuno y durante un cierto tiempo nadie tomó a su cargo pasantes, cercenando así la incorporación de nuevos abogados al territorio. Y no consta que existiese institución colegial encargada de representar o defender los intereses de la profesión, aunque fuese desde el punto de vista estrictamente teórico.

3.- Aunque William Jay finaliza irónicamente la narración, parece evidente que el cese de la medida debió tener más bien su causa en el rechazo que la misma debió de causar en determinadas capas de la población, y no en la imposibilidad de llevarla a cabo. Y ello por una razón fundamental: que la misma tenía visos de prolongarse en el tiempo lo muestra el hecho, reconocido por el propio autor, que la familia de John Jay había iniciado los preparativos para que éste pudiera ejercer en Inglaterra. Carecería de sentido tomar una medida de tal calibre (la distancia que separaba Nueva York e Inglaterra aunque físicamente continúa siendo la misma en términos kilométricos, era mucho más acentuada dados los medios de transporte existentes en el siglo XVIII, limitados al barco y el carruaje) si el acuerdo hubiese sido impugnado judicialmente o tuviese visos de ser anulado. Más bien lo que ocasionó el abandono de la medida fuese la presión de la élite colonial, derivada de que muchos de los hijos de esa élite habían decidido dedicarse profesionalmente a la abogacía, la que puso fin a tal situación.

Compárese esa situación con la que se vive en la actualidad. La masificación que existe en la abogacía impide llegar a un acuerdo sólido incluso cuando se pretende lograr una aspiración no sólo legítima, sino objetivamente justa. La situación que viven los letrados que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita, literalmente abandonados por todos (incluyo aquí no sólo a la Administración -lógicamente la gran beneficiaria de un servicio que presta a coste ridículo- sino a Colegios de Abogados, Fiscalía y, sobre todo, Tribunales de Justicia y sus titulares) se agrava por el hecho de que no se puede tomar medida alguna, no sólo por la propia insolidaridad que anida en el colectivo (el tan acusado corporativismo no deja de ser una ficción en la actualidad) sino porque cuando éste logra salvar la división interna y se adopta una medida con posibilidad de que tenga trascendencia efectiva, de inmediato las Corporaciones profesionales y la Administración proceden a hacer causa común contra los abogados, con la entusiasta colaboración del Ministerio Fiscal y de los Tribunales que, en esta ocasión, no dudan incluso en utilizar argumentos que no se atreven a esgrimir en causas similares. Baste recordar el precedente de la huelga de funcionarios, que pese a tener la Administración de Justicia paralizada durante más de dos meses, no cesaron de recibir el apoyo expreso de jueces y fiscales.

Y es que, en ocasiones, el pasado puede ofrecer alguna que otra lección al presente. Porque aunque los fines pretendidos por los abogados coloniales a mediados del siglo XVIII fuese reprochable, no cabe duda que en cuanto a efectividad, las medidas adoptadas fueron indudablemente exitosas.

CUANDO UN VOTO PARTICULAR SE CONVIERTE EN UNA PEQUEÑA OBRA DE ARTE: BANK MARKAZI v PETERSON

Henry Higgins

Imagina que el vecino te demanda alegando que tu cerca es de su propiedad, aportando como única prueba una carta del anterior propietario de tu vivienda aceptando su versión, mientras que tu defensa consiste en una cartografía pública donde, aplicando la normativa estatal, se fijan los lindes de las fincas y muestra claramente que la cerca en cuestión está dentro de tu propiedad. De igual forma, la reclamación de tu vecino ha prescrito al presentarse seis meses después del plazo legalmente fijado para entablar la acción.

Ahora, imaginemos que pendiente el juicio, tu vecino logra convencer al legislador para que apruebe una nueva ley. Dicha norma legal establece que para el caso, únicamente para ese caso, la carta de un vecino a otro es una prueba fehaciente y acreditativa de los linderos de la propiedad. Tu vecino gana el pleito. Quién dirías que ha resuelto tu caso ¿El legislativo, que ha orientado tu asunto para eliminar específicamente tu línea de defensa asegurando la victoria de tu contrario, o el Tribunal, colocado en una situación de hechos consumados?

No nos encontramos ante un caso práctico ni mucho menos, sino ante el inicio del voto particular discrepante formulado por el chief justice John Roberts (y al que, por cierto, se adhirió Sonia Sotomayor) en el caso Bank Markazi v. Peterson resuelto el pasado día 20 de abril de 2016 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Si uno tiene la curiosidad de leer el voto particular en su idioma original (la traducción, evidentemente, no le hace justicia) puede comprobar cómo el ejercicio de la función judicial es perfectamente compatible con el uso de un lenguaje sencillo y cuidado, amén de una prosa tan didáctica que incluso el lego en Derecho puede beneficiarse de su lectura. Y si, además, quien se asoma por ese párrafo es un jurista español no podrá menos que envidiar la elegancia de un estilo forense muy pulido y brillante, tan alejado de las pedestres y antipedagógicas formas de las que hacen gala en nuestro país el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que en esto no le va a la zaga al nefasto intérprete constitucional. Evidentemente existen en nuestro país jueces que cuidan muy mucho la redacción de sus escritos, haciendo compatible el noble arte de juzgar con el no menos noble arte de la literatura, pudiendo encontrarse así auténticas obras maestras, pero en este caso concreto la regla general es la contraria: sentencias que son, por utilizar la célebre expresión del profesor Henry Higgins, un “asesinato a sangre fría de la lengua.” Y si tan estricto profesor alegaba que la pobre Eliza Doolitle, que al fin y al cabo no era más que una “criatura del arroyo, debía “por ley ser capturada y colgada” por ser una ofensa a la lengua de Shakespeare y “condenarse en cada sílaba que pronuncia”, imagínense qué diría al asomarse por algunas resoluciones judiciales españolas, algunas de las cuales, pese a emanar de personas con sólida formación, son una auténtica tortura para ojos y oídos de juristas que peinan canas, así que imagínense para no iniciados. Algunos jueces pueden esgrimir en su defensa que, encontrándose literalmente inundados de asuntos no pueden en conciencia permitirse demoras, por mínimas que sean, con el único objeto de convertir las resoluciones judiciales en florituras lingüísticas o literarias. Quizá no les falte razón, pero cuando el Tribunal Supremo del Reino de España ha decidido emular a su homólogo allende los mares a la hora de establecer un régimen de casación draconiano para los abogados, es de suponer que Sus Señorías optarán indudablemente por elevar el nivel de exigencia para con la propia judicatura y procederán, en consecuencia, a depurar la manifiestamente mejorable calidad literaria de sus sentencias y autos.

Con la metáfora que anteriormente hemos transcrito, pretendía el chief justice explicar el núcleo esencial del caso: “Desde el año 2008 los demandados han reclamado 1,75 billones de dólares en bienes propiedad del Banco Markazi, el banco central iraní, para hacer efectivas las condenas frente a Irán por actos de terrorismo. El banco se ha opuesto en numerosas ocasiones a esos intentos esgrimiendo varias líneas de defensa. Así, en 2012, cuando el pleito ya iba por su cuarto año, los demandados persuadieron al Congreso para aprobar una ley que, aplicable únicamente a este asunto, dejaba sin efecto todos y cada uno de los argumentos de los demandados. Así, habiendo obtenido del Congreso el medio para lograr una respuesta positiva en su favor, los demandados regresaron a los Tribunales….y ganaron.” Roberts se oponía así a la mayoría de sus colegas, y lo hace en un voto particular jurídicamente muy fundado, en el que sostiene que “Contrariamente a la mayoría, creo que la ley en cuestión viola la separación de poderes. Al igual que si la ley aprobada hubiese dicho “ganan los demandados”, el Congreso ha decidido este asunto aprobando una norma hecha a la medida de la resolución en favor de uno de los litigantes.”

Orillo toda polémica relativa a cuestiones de justicia material en el caso concreto enjuiciado. Con esta entrada simplemente deseo explicitar dos cuestiones. La primera, que en todas partes cuecen habas, y en todos los sistemas jurídicos existen intervenciones del legislativo que pretenden orientar la acción judicial, incluso en un país como los Estados Unidos donde la independencia judicial ha arraigado desde hace tiempo. Y la segunda, que la argumentación jurídica no está reñida con el lenguaje, la literatura, y ni mucho menos con el estilo didáctico. Sin duda alguna, el voto particular de John Roberts es la mejor prueba de ello.

FORMALISMOS Y LIMITACIONES EN EL CERTIORARI Y EN LA CASACIÓN CONTENCIOSA: ESTADOS UNIDOS v ESPAÑA.

Boeing boeing

En la célebre comedia Boeing, Boeing, uno de sus protagonistas, Bernard Lawrence (interpretado por Tony Curtis) mantiene una relación sentimental con tres azafatas a la vez, sin que ninguna de ellas tenga conocimiento de la existencia de una relación de su pareja con las otras dos compañeras. Cuando Lawrence recibe la visita de su amigo Robert Reed (Jerry Lewis) y éste descubre accidentalmente el affaire, recibe atónito la siguiente explicación justificativa: “Poseo todas las ventajas de la vida matrimonial y ninguno de sus inconvenientes.”

Viene la anterior cita a colación del reciente Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, por el que se fijan “la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante la Sala tercera”, Acuerdo que fue brillantemente glosado por José Ramón Chaves en su rigurosa amén de divertida entrada que, con el significativo título El tamaño del recurso de casación importa, publicó el pasado sábado día 7 de mayo en su bitácora dedicada al derecho público, y en donde incluso se puede acceder al documento glosado. La reforma operada en la casación contencioso-administrativa por la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio ha pretendido dotar a la Sala Tercera del Tribunal Supremo del Reino de España de todas las ventajas que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ostenta a la hora de tramitar los denominados writ of certiorari, pero sin equipararle al mismo en todos sus extremos, evitando a Sus Señorías Ilustrísimas los trámites más enojosos. Cualquier persona interesada puede acceder a la página web del Tribunal Supremo norteamericano y, en la misma, descargarse las denominadas Rules of the Supreme Court of the United States, aprobadas el día 19 de abril de 2013 y que entraron en vigor el día 1 de julio de dicho año (lo que en la práctica supone decir octubre, dado que el año judicial estadounidense comienza el primer lunes del mes de octubre, y el Tribunal Supremo finaliza sus sesiones el último día de junio). Se trata de un documento muy extenso (ochenta y cuatro páginas, incluyendo los índices) que no sólo se limita a la regulación de aspectos procesales como la forma extrínseca y contenido de los escritos a presentar ante el supremo órgano judicial de la federación estadounidense, sino que uno puede encontrar si bucea en el documento otras cuestiones como por ejemplo, el uso de la biblioteca del Tribunal Supremo (artículo 2, que permite a los abogados en ejercicio facultados para ejercer en dicho órgano judicial para acceder a la biblioteca y consultar los volúmenes obrantes en la misma, si bien prohibiendo la retirada de obras en préstamo, privilegio que únicamente ostentan los jueces del Tribunal), el horario en el cual tienen lugar las vistas orales de los casos (artículo 4, según el cual el inicio del periodo de sesiones tiene lugar el primer lunes de octubre a las 10 de la mañana, siendo el horario regular de 10 a 12 y de 13 a 15 horas) o los requisitos para que un abogado en ejercicio pueda desempeñar sus funciones en el Tribunal Supremo (artículo 5, dado que en los Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, no cualquier letrado puede comparecer ante el Tribunal Supremo sin más), entre otras cuestiones. Ulteriormente, las propias normas van desgranando los distintos casos en los que un asunto puede llegar ante el Tribunal Supremo, siendo la vía ordinaria el writ of certiorari (y que, por ello, goza de una regulación más extensa, nada menos que siete artículos que engloban la Parte III de las normas), pero no la única, puesto que existen otros casos, en la práctica menos frecuentes, en los que el asunto puede llegar a dicho órgano judicial, como por ejemplo, asuntos en los que el Tribunal conoce en única instancia (que, si bien tuvieron su importancia en los años iniciales, hoy en día constituyen un diminuto apéndice en el funcionamiento cotidiano, pero que aparece no obstante contemplado en el artículo 17) o la apelación directa de una sentencia dictada por el juzgado de distrito. Para finalizar, se regula el régimen de los escritos de formalización una vez admitido a trámite el asunto y el desarrollo de las vistas orales. En definitiva, y esto es lo importante, que se trata de un documento que regula las actuaciones no sólo de terceros, sino del propio Tribunal, es decir, que no se limita únicamente las actuaciones de quienes comparecen ante el órgano judicial, sino que éste se autolimita al imponerse a su vez unos requisitos y unos cánones de actuación.

Pero vayamos ahora a lo importante, el contenido material que ha de contener una petición de certiorari. Debemos distinguir entre la forma y el contenido del documento. Veamos la importancia de la distinción:

1.- En cuanto a los requisitos estrictamente formales, es decir, la vestimenta formal o traje de etiqueta, el artículo 14.3 remite al artículo 33, donde se contienen varias limitaciones no sólo en cuanto a la extensión, sino incluso al propio color del documento. El escrito ha de presentarse en un formato de letra concreto (se impone el estilo “century family”, es decir, que dentro de ese conjunto el interesado puede optar por cualquiera de los estilos), tamaño 12 y párrafo doble. Los escritos de interposición y de oposición han de estar limitados a 9.000 palabras (ojo, no confundir: no se trata de “caracteres”, sino de “palabras”) pero incluso han diferenciarse visualmente por colores, de tal forma que en el artículo 33.1.g podemos encontrar una curiosísima tabla donde aparecen desglosados el tipo de escritos, la extensión máxima y el color del documento. Así, por ejemplo, la interposición del certiorari ha de estar limitada a 9000 palabras y en folio normal, pero el escrito de impugnación, pese a contar con la misma limitación en cuanto a la extensión de las palabras, ha de presentarse en folio de color naranja.

2.- En cuanto al contenido material, es decir, la “ropa interior” del escrito, el artículo 14.1 enumera las cuestiones que han de abordarse, caracterizándose en este sentido por un formalismo muy riguroso y donde han de combinarse rigor, orden y, sobre todo, brevedad, pues el precepto en cuestión repite en varias ocasiones que han de evitarse “repeticiones innecesarias” e incluso el apartado cuarto faculta al Tribunal para inadmitir el asunto basándose en la carencia de brevedad o por no ser el escrito lo suficientemente claro, al indicar que “The failure of a petitioner to present with accuracy, brevity and clarity whatever is essential to ready and adequate understanding of the point requiring consideration is sufficient reason for the Court to deny a petition”. Adquiere una importancia vital el apartado “questions presented”, que son las que han de encabezar el escrito, y que la letra a) del precepto comentado aborda de la siguiente manera:  “The questions presented for review, expressed con­cisely in relation to the circumstances of the case, without unnecessary detail. The questions should be short and should not be argumentative or repetitive. If the petitioner or respondent is under a death sentence that may be affected by the disposition of the petition, the notation “capital case” shall precede the questions presented. The questions shall be set out on the first page following the cover, and no other information may appear on that page. The statement of any question presented is deemed to comprise every subsidiary question fairly included therein. Only the questions set out in the petition, or fairly included therein, will be considered by the Court.” A continuación, han de abordarse en párrafos separados y numerados aspectos tales como las partes del caso, un listado de las sentencias citadas en el escrito, una justificación de la competencia que ostenta el Tribunal para conocer el asunto, la normativa que ha de utilizarse para resolver apropiadamente el caso, un breve resumen fáctico, y una síntesis de los motivos por los que el asunto reviste interés que justifique su admisión a trámite. ¿Les suena familiar este precepto de unas normas orgánicas de un Tribunal foráneo? Pues evidentemente, recuerdan sobremanera a la redacción que al artículo 89.2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio otorga la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, que no puede negar su inspiración.

Existen, eso sí, algunas diferencias. En nuestro país, que, como siempre, goza con todo lo que sea rigor, exigencia de formalidades extremas, aparentemente es más “benévolo” al no exigir las cuarenta copias que han de aportarse en los Estados Unidos de cualquier solicitud de certiorari, ante lo cual alguien podría pensar que, en efecto, por una vez nuestro país ha dulcificado el rigorismo formal existente allende los mares. Pero, ¿qué ocurre si el escrito no reúne los requisitos formales? El nuevo artículo 89.4 de la Ley 29/1998 en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio es tajante: “Si, aún presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este artículo, la Sala, mediante auto motivado, tendrá por no preparado el recurso de casación, denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo”; en otras palabras, la muerte súbita decretada por el Tribunal inferior, ante el que se presenta el escrito. ¿Y en los Estados Unidos? Pues en este caso no se da este rigorismo extremo, pues según el artículo 14.5 “Si el Secretario observa que una solicitud presentada en tiempo y de buena fe no reúne los requisitos formales exigidos en el presente artículo así como en el 34 y el 35, lo devolverá al solicitante indicándole los defectos formales observados. Si el recurrente presenta de nuevo la solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 en un plazo que no exceda de 60 días, se tendrá por interpuesto en tiempo y forma.” Es decir, que el Secretario del Tribunal Supremo (pues, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, la solicitud de certiorari no se presenta en el tribunal inferior, sino en el propio órgano encargado de tramitarlo y resolverlo, es decir, en el mismo Tribunal Supremo) no condena al recurrente a una “muerte súbita”, sino que le sitúa en lo que podemos denominar “corredor de la muerte”, donde permanecerá durante sesenta días, y del cual podrá salir si en ese término presenta nuevamente un escrito subsanando los defectos que le fueron indicados.

Como una imagen vale más que mil palabras (y nunca mejor dicho en un asunto donde precisamente la extensión es el problema) ofrecemos al lector interesado un ejemplo concreto: la solicitud de certiorari del caso United States v. Texas, presentado el pasado día 20 de noviembre de 2015 por el Solicitor General, Donald Verrilli jr. Conviene que tengamos muy, muy en cuenta este documento y nos familiaricemos con esta forma, porque este ha sido el modelo no declarado de la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio.

PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS EN SANGRE: ESTADOS UNIDOS v ESPAÑA.

Pruebas alcohol

El pasado día 20 de abril de 2016 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebró la vista oral del caso Birchfield v. North Dakota, donde se planteaba como cuestión jurídica a debatir si en ausencia de orden judicial el estado puede tipificar como delito la negativa del conductor a someterse a las pruebas de detección de drogas en sangre. Por cierto, es curioso que a lo largo de la vista oral el juez Stephen Breyer indicara a uno de los letrados que “no estoy hablando cuestiones jurídicas, sino de hechos prácticos”, lo cual es sumamente extraño teniendo en cuenta que el certiorari, al igual que nuestra casación, no tiene como objeto la revisión fáctica, pues al tratarse de un recurso extraordinario circunscribe su análisis a la vertiente jurídica del asunto, orillando todo aspecto fáctico. Pero es mucho más chocante la intervención de Anthony Kennedy, quien sostiene que muchos estados castigan la negativa a someterse a las pruebas de detección mediante la retirada de la licencia, una medida estrictamente civil (en lenguaje estadounidense, claro está, pues en nuestro ordenamiento es una medida claramente administrativa), pero que no existen razones para que, en su lugar, se decida tipificar el hecho como delito porque, según indica Amy Howe al comentar la intervención del juez Kennedy, según éste “si al conductor se le da a elegir entre tres días en prisión o ser privado del permiso de conducir por tres años, mucha gente escogería los tres días en prisión” (sic). En fin, habrá que estar pendientes de ver qué resuelve el Tribunal Supremo en este asunto, pero lo que sí ha dejado ya bien claro es que, en lo referente a las pruebas de alcoholemia, la regla general es la necesidad de una orden judicial.

En nuestro país, la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas es un delito tipificado actualmente en el artículo 383 de la Ley Orgánica 10/1995 de 24 de noviembre en la redacción dada al mismo por el artículo único.7 de la Ley Orgánica 15/2007 de 30 de noviembre, y acarrea la pena de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Ello implica que en caso de que los agentes encargados de la seguridad del tráfico requieran a una persona para someterse a dichos controles, lo más aconsejable sea no negarse, si bien sí es posible hacer uso de determinados derechos, como, por ejemplo, el sometimiento a una prueba de contraste. Pero lo relevante es que la negativa injustificada a someterse a tales pruebas constituye un ilícito penal, incluso en el supuesto de que el control sea aleatorio y el requerido no hubiese manifestado síntoma alguno de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Contrasta dicha situación con la que existe en la otra orilla del Atlántico, y que dio lugar a un interesante pronunciamiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Missouri v. McNeely, hecha pública el día 17 de abril de 2013, y donde la doctrina jurisprudencial mantiene en líneas generales que los agentes de la autoridad precisan una orden judicial para la práctica de ese tipo de pruebas, y únicamente en casos excepcionales puede prescindirse de la misma, si bien el propio Tribunal Supremo reconoce que los motivos que justificarían apartarse de la regla general y practicar tales pruebas abocan a que deba analizarse la situación caso por caso. En el asunto McNeely se planteaba como asunto jurídico a resolver si la metabolización natural del alcohol en sangre es una causa excepcional que justificara la práctica del test de alcoholemia sin orden judicial, y la respuesta que se da a esa pregunta es que no, en ese caso no existen motivos de emergencia o necesidad que permitan al agente actuar sin orden judicial.

Los hechos del caso McNeely son realmente curiosos y la solución dada al mismo sería impensable en nuestro país. Aproximadamente a las dos y diez minutos de la mañana, un agente de la policía de Missouri detiene a Tyler McNeely al observar que no sólo excedía de los límites de velocidad permitidos, sino que hacía maniobras que permitían inducir que conducía bajo los síntomas del alcohol, percepción ésta que se acentúa cuando el agente examina personalmente al conductor y observa que tiene los ojos acuosos, habla pastosa y un claro aliento a alcohol, inestabilidad al caminar y el propio reconocimiento por el conductor que había tomado “un par de cervezas”. Ante la negativa del conductor a someterse a las pruebas de detección de alcohol en sangre, reiterada ulteriormente mientras era conducido a comisaría, el agente de policía decide llevar al detenido al hospital para someterle a una prueba de detección de alcohol en sangre, sin haber obtenido para ello una orden judicial. Una vez en el hospital, el agente procedió a leer al conductor sus derechos y a informarle de que la negativa a someterse a la prueba de alcohol en sangre podría, de acuerdo con la normativa estatal, acarrearle la pérdida del permiso de conducir durante un año y conllevar un procedimiento judicial en su contra por la comisión de un delito. Aun así, McNeely se niega, pese a lo cual la prueba es practicada sin su consentimiento y arroja un porcentaje de alcohol en sangre de 0,15 cuando la máxima permitida es de 0,08 ante lo cual es procesado por un delito contra la seguridad del tráfico. Bien, hasta aquí las semejanzas con lo que ocurriría en nuestro país son casi totales, con la diferencia de que los límites establecidos de alcohol en sangre son mucho más reducidos en los Estados Unidos de lo que son en España, y que incluso con dichas tasas en nuestro país, de haberse efectuado las pruebas sin el consentimiento del interesado, el asunto no se hubiese tramitado por la vía penal, sino administrativa.

McNeely, al ser procesado, alega que la práctica de las pruebas de alcoholemia deberían ser suprimidas porque, al haber sido obtenidas sin la necesaria orden judicial, constituían pruebas ilícitas por vulnerar la cuarta enmienda constitucional (que, recordemos, indica que “es derecho inviolable del pueblo la salvaguarda de sus personas, domicilios, papeles y efectos frente a registros y aprehensiones arbitrarias, por lo que no se expedirán al efecto órdenes judiciales que no se apoyen en una causa probable, estén corroboradas mediante juramento o promesa y describan específicamente el lugar que deba ser registrado y las personas o bienes que han de ser detenidas o embargadas”) . El juzgado acepta ese argumento y sostiene que “salvo el hecho de la natural metabolización del alcohol, no existían en el caso concreto circunstancias de emergencia razonables que impidiesen al agente solicitar una orden judicial”. Cuando el estado de Missouri apela la sentencia el Tribunal de Apelaciones, que inicialmente había manifestado la intención de estimar el recurso, decide remitir el asunto al Tribunal Supremo de Missouri, quien desestima el recurso avalando las tesis del juzgado de instancia, indicando que “en los supuestos de controles de alcoholemia, se necesitan motivos distintos a la mera disipación natural del alcohol en sangre para prescindir de la necesaria orden judicial”. Missouri acude vía certiorari al Tribunal Supremo, quien acepta conocer el recurso en los términos anteriormente indicados.

El Tribunal Supremo recuerda que la cuarta enmienda exige como requisito indispensable una orden judicial, y que los registros o pruebas sin la misma han de constituir casos excepcionales y justificados. Es más, el Tribunal, en una terminología ciertamente peculiar que sería harto difícil encontrar en nuestra jurisprudencia, insiste en que “dicha exigencia se aplica a este tipo de asuntos, que implican una intrusión física en la piel y las venas de McNeely para la obtención de muestras de sangre a utilizar como pruebas en una investigación criminal. Tal invasión de la integridad física implica la vulneración de la más personal y arraigada expectativa de intimidad.” No quiere decirse, recuerda la sentencia, que se exija siempre y de forma invariable orden judicial, pues dicho principio, como todos, tiene excepciones justificadas, algunas de las cuales enuncia la propia sentencia, pero lo importante es que para verificar si el agente de la autoridad está o no ante un caso que justifique prescindir de la orden judicial es necesario ponderar la totalidad de las circunstancias del caso. Enfrentados a la necesidad de verificar si la metabolización natural del alcohol es una causa que justifique prescindir de la orden, el Tribunal considera que no lo es, pese a lo cual se acaba reconociendo que verificar “si es razonable una prueba de alcohol en sangre practicada sin orden judicial  es algo que debe determinarse caso por caso y analizando la totalidad de las circunstancias.”

FRANCHISE TAX BOARD OF CALIFORNIA v HYATT: CONDENA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR USO ABUSIVO DE SUS FACULTADES INSPECTORAS.

Franchise Tax Board of California

Los juristas españoles que tengan la curiosidad de echar un vistazo a la recentísima sentencia que el pasado martes día 19 de abril de 2016 en el caso Franchise Tax Board of California v Gilbert p. Hyatt seguramente experimentarán una envidia sana al comprobar la elefantiásica diferencia que existe entre la Administración tributaria estadounidense y la española. Más que nada porque este asunto, aunque resuelve en el fondo una disputa sobre el principio de igualdad de trato, aborda cuestiones de tan rabiosa actualidad en nuestro país como el cambio de residencia fiscal y la diferencia de tributación, la demanda de la Administración de uno de los estados en los tribunales de otro Estado, pero también un aspecto que en nuestro ordenamiento es absolutamente desconocido: la condena a la Administración tributaria a indemnizar a un contribuyente por una indebida investigación.

I.- LOS HECHOS.

Los antecedentes fácticos del asunto los resume la sentencia dos breves párrafos: “Gilbert P. Hyatt, demandado en este asunto, se trasladó de California a Nevada a principios de 1990, aunque haya manifestado que lo hizo con posterioridad, en septiembre de 1991. Los Servicios Tributarios de California, sin embargo, tras un procedimiento de investigación sostuvieron que el cambio de residencia tuvo lugar con posterioridad, en abril de 1992, y en consecuencia debía al estado de California más de 10 millones de dólares en impuestos, recargos e intereses. Hyatt demandó a los Servicios Tributarios de California (órgano administrativo de dicho estado) en los  juzgados estatales de Nevada, en una acción de responsabilidad civil por lo que consideraba un ejercicio abusivo de las facultades de investigación por dicho órgano, pues incluía espionaje de su correo electrónico, el registro de su basura e incluso el seguimiento de actividades privadas en lugares de culto.” Es hilarante ver hasta qué punto llevó su celo la Administración tributaria de California (no es imaginable ver a empleados públicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria revolcándose literalmente en las inmundicias de los contribuyentes, aunque todo es posible en la viña del Señor). No obstante a ser demandada ante los Tribunales de otro Estado, los Servicios Tributarios de California reconocen que con la jurisprudencia del Tribunal Supremo ello es posible, pero solicitan la desestimación de la demanda amparándose en que la legislación de California protege a los órganos administrativos frente a procedimientos judiciales basados en actividades que dichos órganos lleven a cabo en el desempeño de sus funciones, y que la Administración californiana debía gozar de los mismos privilegios e inmunidades que las que la legislación del propio Estado de Nevada reconoce a la suya. El juez rechaza la inadmisión y el asunto llega a juicio, donde un jurado condena a los Servicios Tributarios de California a la friolera de quinientos millones de dólares (entre daños personales y punitivos) y a abonar las costas del pleito. Es evidente que la indemnización era claramente desproporcionada, por lo que los Servicios Tributarios de California impugnan dicha resolución judicial en apelación ante el Tribunal Supremo de Nevada, amparándose en que la legislación de Nevada limita a cincuenta mil dólares la cuantía a percibir por los contribuyentes en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de acciones de la Administración tributaria estatal. El Tribunal Supremo de Nevada acepta ese razonamiento, pero no lo aplica, pues reduce la indemnización a un millón de dólares en compensación por fraude y devuelve el asunto al juzgado para que proceda a un nuevo juicio tendente a fijar los perjuicios derivados de las actuaciones administrativas voluntariamente orientadas a producir un daño emocional, pues estos daños no están sujetos a limitación legal. El asunto llega al Tribunal Supremo vía certiorari.

II.- SOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO.

Las cuestiones a resolver por el Tribunal Supremo son dos cuestiones. Una principal, es decir, si debe derogarse la doctrina Hall, y la segunda, para el caso de que la respuesta a la primera fuese negativa, si la Constitución ampara que un estado ampare que sus ciudadanos perciban indemnizaciones de otro mayores que las que las autorizadas en el caso de que la acción se dirigiera contra órganos administrativos del propio Estado.

1.- La primera cuestión afecta a la doctrina sentada en el caso Nevada v. Hall (440 U.S. 410 [1979]) donde los hechos eran exactamente los contrarios que en el caso enjuiciado, dado que era precisamente Nevada quien había sido demandado en órganos judiciales del estado de California. Pues bien, en dicha sentencia, hecha pública el día 5 de marzo de 1979 y de la que fue ponente John Paul Stevens (que contó con el apoyo de William Brennan, Byron White, Potter Stewart, Thurgood Marshall y Lewis Powell) se estableció como doctrina legal que un estado no es constitucionalmente inmune a ser enjuiciado por los órganos judiciales de otro estado distinto. California solicitaba ahora que se pusiese fin a este criterio jurisprudencial. No obstante, la situación actual existente en el Tribunal Supremo, reducido de facto a ocho jueces tras el fallecimiento de Antonin Scalia sin que se haya cubierto su vacante, y el hecho de que en este punto existiese una división interna con cuatro magistrados favorables a derogar dicha regla competencial y otros cuatro opuestos a ello, dado el principio general existente que en supuestos de empate a votos ello implica la confirmación de la sentencia de instancia, en cuanto a la primera de las cuestiones se deja sin resolver. Por el momento, la doctrina Hall se mantiene, aunque sea con pinzas.

II.- En la segunda de las cuestiones, es decir, si la Constitución permite a la legislación de Nevada reclamar a los órganos administrativos de California daños superiores a los que se podrían reclamar a los del propio Estado de Nevada, el Tribunal Supremo, por una mayoría de cinco votos contra tres sostiene que dicho proceder es inconstitucional. En efecto, en una sentencia de la cual fue ponente Stephen Breyer y que contó con el apoyo de Anthony Kennedy, Ruth Bader Gisburn, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (aunque cuenta con un voto particular concurrente de Samuel Alito, limitado a indicar que “concurre en el resultado”) llega a decir que el Tribunal Supremo de Nevada no sólo ha ignorado tanto su propia legislación como la de California, sino que se ampara en un principio jurídico que permite inducir una “política de hostilidad” ésta. Pero, y esto es lo importante, no cuestiona la posibilidad de que la Administración sea demandada por daños y perjuicios derivados de su actuación inspectora, sino que el reproche judicial efectuado al Tribunal Supremo de Nevada es que permitiese que los órganos administrativos de California fuesen condenados a una indemnización superior al límite máximo fijado a percibir de los órganos de Nevada en supuestos similares, y ello “no puede justificar la aplicación de un principio especial y discriminatorio. Por ello, visto a través del principio de buena fe, un Estado que inaplique su propia legalidad ordinaria en esta materia es hostil a otro Estado. Un principio constitucional que permitiese esta clase de hostilidad discriminatoria implicaría causar una caótica interferencia por parte de algunos estados en los asuntos internos y legislativos de otros.” En definitiva, que ello implica resolver que sí, Hyatt estaba legitimado para interponer su demanda en los Tribunales del Estado de Nevada y sí, estos podían perfectamente condenar a los Servicios Tributarios de California a una indemnización por daños y perjuicios derivados del abuso en el ejercicio de sus facultades de inspección pero no, no puede elevar la indemnización más allá de los cincuenta mil dólares que la legislación permite reclamar por dicho concepto cuando los demandados son los órganos tributarios del Estado de Nevada.

La sentencia cuenta, no obstante, con un voto particular del chief justice John Roberts, al que se adhiere Clarence Thomas. Tras hacer un resumen fáctico bastante más extenso que el de la sentencia (pero que, en lo esencial, coincide), critica a sus colegas por crear un principio “híbrido”. Su criterio se resume en el último párrafo del voto particular: “Si el parecer mayoritario es correcto y Nevada carece de justificación suficiente para aplicar su legislación acerca de la inmunidad, entonces debiera haberse aplicado la ley californiana, bajo la cual los órganos administrativos tienen una inmunidad total. O, en caso contrario, si existe dicha justificación, debiera aplicarse la ley de Nevada y, por tanto, los Servicios Tributarios de California carecen de todo tipo de inmunidad.”

III.- LECCIONES COMPARATIVAS.

Un jurista español sin duda comprobará atónito varias circunstancias relevantes en este asunto y que demuestran en qué medida un auténtico Estado de Derecho protege a sus ciudadanos, y cómo la Administración en general, y la tributaria en particular, carecen de todo tipo de privilegios. Resumámoslos brevemente:

1.- La actuación de los órganos administrativos es enjuiciada por los mismos tribunales ordinarios que juzgan la del resto de los ciudadanos. Esto es una característica especial de la cultura jurídica del common law. Nuestro ordenamiento jurídico, por el contrario, anclado en el sistema del droit administratif, tiene un orden jurisdiccional específico y propio, que es la jurisdicción contencioso-administrativa (artículos 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio y Ley 29/1998 de 13 de julio) que en muchísimos casos actúa como un fuero privilegiado de la Administración.

2.- Los órganos administrativos de un Estado pueden ser demandados en los órganos jurisdiccionales de otro estado distinto. Esta norma, consagrada en el caso Nevada v. Hall, es absolutamente desconocida en nuestro país. En su innegable afán por proteger al fuerte frente al débil, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español había limitado en su jurisprudencia el fuero electivo a los juzgados sitos en el ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de la Administración demandada, algo que ha adquirido rango legal merced a la redacción que la Ley 37/2011 de 10 de octubre ha dado a la regla segunda del artículo 14.1 de la Ley  29/1998 de 13 de julio, según la cual: “Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección a que se refiere esta regla segunda se entenderá limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.” No sólo eso, sino que para evitar que los miembros de los Servicios Jurídicos de las Administraciones se mojen los pies con desplazamientos indeseados, se les protege aún más con un precepto absolutamente intolerable e injustificado en la segunda década del siglo XXI: la regla contenida en el artículo 15 de la Ley 52/1997 de 27 de noviembre, según la cual: “Para el conocimiento y resolución de los procesos civiles en que sean parte el Estado, los Organismos públicos o los órganos constitucionales, serán en todo caso competentes los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla. Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento.” En definitiva, que los abogados defensores de cualquier órgano administrativo de un estado que integra la federación estadounidense pueden tener que defender la misma en cualquier juzgado no sólo de los Estados Unidos, sino de cualquiera de los Estados miembros (por ejemplo, un órgano administrativo neoyorkino puede ser demandado en Alaska), pero en nuestro país se garantiza tanto a los empleados públicos que asumen la defensa de las Administraciones  como a los letrados particulares ocasionalmente contratados para la defensa de un ente público que no tengan que preocuparse por desplazamientos.

3.- Pero, por encima de todo lo anterior, lo que sorprende es la protección que se ofrece al particular por los excesos en la labor inspectora. En nuestro país, no es que se proteja al ciudadano, sino que la reforma operada por la Ley 34/2015 de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley General Tributaria, deja aún más indefensos a los ciudadanos frente a ese monstruo conocido en el ordenamiento jurídico como Agencia Estatal de Administración Tributaria, a quien se apodera aún más para avasallar al ya sufrido e indefenso ciudadano. Con el agravante añadido de que ahora la Administración tributaria al “garrote” añade la “prensa”. Uno no deja de sentir cierta envidia al ver cómo en la otra orilla del Atlántico una nación que vio la luz precisamente a raíz de una rebelión de sus ciudadanos frente a un ejercicio abusivo de la potestad tributaria continúa manteniendo como principio esencial que por encima de todo a quien debe protegerse es al ciudadano.

Eso sí, dicho sea animus iocandi, lo que no me imagino ni mucho menos es a los Inspectores y Subispectores de Hacienda de nuestro país buscando pruebas en los contenedores de basura, como sí hicieron sus colegas de los Servicios Tributarios de California.

TEXAS v WHITE: NULIDAD RADICAL DE LA SECESIÓN UNILATERALMENTE DECLARADA.

Salmon P Chase

Sin duda alguna, es interesante la lectura del caso Texas v. White (74 US 700 [1869]) porque se trata de una sentencia que trasciende del asunto debatido, pues con la finalidad de resolver el mismo se adentra en temas propios de la teoría general del Estado, tales como el propio concepto de Estado o los efectos que jurídicamente tiene la secesión unilateralmente declarada de un ente estatal respecto de la federación en la que se encuentra integrado.

Conviene recordar que Texas es un territorio que había pertenecido al virreinato de Nueva España. Cuando dicho virreinato se independizó de España, se encontró con que en 1836 el territorio de Texas declaró a su vez la independencia de México, constituyéndose como república independiente, aunque en 1846 se incorpora como vigésimo octavo estado de la Unión. Sin embargo, en 1861 dicho estado junto con otros del profundo sur acordó separarse de la federación para integrarse en los Estados Confederados de América, integrados por los once estados que se habían ido separando tras la victoria de Abraham Lincoln en las elecciones presidenciales celebradas el mes de noviembre de 1860. Tras la victoria de las armas unionistas en abril de 1865, durante un lustro los antiguos estados rebeldes fueron divididos en cinco distritos militares, sometidos a un gobierno militar y ocupados militarmente por tropas federales, aunque a partir de 1870 se les fue reintegrando poco a poco a su antiguo status, y los demócratas fueron retomando el control de los distintos estados del sur. Es precisamente en este contexto, es decir, en el periodo quinquenal durante el cual los estados del sur estuvieron sometidos manu militari cuando el asunto Texas v. White llega al máximo órgano de la federación norteamericana. Además, con la peculiaridad que dicho Tribunal no resuelve por vía de recurso, sino ejerciendo jurisdicción originaria, es decir, en única instancia.

Los hechos del caso son los siguientes. En setiembre de 1850, y como compensación por las reclamaciones y disputas territoriales relativas a la ubicación de la frontera de Texas, el gobierno federal opta por otorgarle a modo de compensación la suma de diez millones de dólares en bonos federales, pagaderos al portador con posterioridad al día 31 de diciembre de 1864. La mitad de esos bonos permanecería en el Tesoro, mientras que la otra mitad se entregó al estado de Texas. No obstante, cuando Texas decidió abandonar la Unión, se deshace de esos bonos, que vende al comerciante George W. White, quien entrega a cambio de los mismos medicinas y material vario. Al finalizar la guerra, el reconstruction government (es decir, el gobierno estatal impuesto por los Estados Unidos –Reconstrucción es la denominación histórica que recibe el periodo comprendido entre el final de la guerra en abril de 1865 y marzo de 1877, cuando se retiran las últimas tropas federales de los estados del sur-) entabla un pleito frente a White y otros, solicitando del Tribunal Supremo que les prohíba aceptar pago alguno por los bonos, dado que los mismos eran propiedad del estado de Texas. Los demandados sostenían que al haber declarado Texas unilateralmente la secesión había vulnerado su fidelidad a la Constitución y, por tanto, no podía reclamar los privilegios que el texto constitucional otorgaba a los estados, por lo que carecían de legitimación para entablar un proceso judicial en los tribunales federales, dado que, como se reconoce en la propia resolución judicial, “It is not to be questioned that this court has original jurisdiction of suits by States against citizens of other States, or that the States entitled to invoke this jurisdiction must be States of the Union. But, it is equally clear that no such jurisdiction has been conferred upon this court of suits by any other political communities than such States” (No se cuestiona que este tribunal tiene jurisdicción originaria para conocer pleitos entablados entre un Estado y ciudadanos de otros estados, o que los Estados que se amparen en dicha cláusula han de ser estados de la Unión. Pero es igualmente claro que ninguna otra comunidad política que no sean los Estados pueden acogerse a dicha norma competencial). Lo que se dilucidaba, por tanto, era nada menos que los efectos jurídicos de la secesión unilateralmente declarada por el estado de Texas tanto a efectos procesales (por los efectos sobre la propia competencia del Tribunal Supremo) como privados (las consecuencias que ello acarreaba respecto a la venta de los bonos)

La sentencia fue redactada por el chief justice Salmon P. Chase. Este curioso personaje, que había ostentado el cargo de Secretario del Tesoro en el primer mandato de Lincoln, había sido propuesto por éste para suceder al fallecido Roger B. Taney. Las razones de su nombramiento no estuvieron basadas en motivos de solvencia o capacitación profesional, sino que fueron estrictamente políticas: dado que Chase había sido Secretario del Tesoro y apoyado la política económica de Lincoln, cuando los llamados legal tender cases llegaran al Tribunal Supremo, se suponía que Chase, como muñidor de tal política, avalaría la misma desde el Poder Judicial. Bernard Schwartz en su History of the Supreme Court deja bien claras las motivaciones de Lincoln para escoger a Chase, pues el presidente había dicho en público que: “We wish for a chief justice who will sustain what have been done in regard to emancimation and the legal tenders..Therefore, we must take a man whose opinions are known” (Deseamos un chief justice que avale lo realizado en materia de emancipación y monetaria….Por tanto, debemos optar por alguien cuyos criterios sean conocidos). El mismo Schwartz nos ofrece una deliciosa anécdota que revela la capacitación legal de Chase y que dicho sea en honor suyo el propio chief justice reconocía: cuando en 1829 solicitó en el Tribunal de Circuito del Distrito de Columbia ser admitido como abogado, el juez Cranch (encargado de darle el placet) albergaba tan serias dudas sobre su capacidad que únicamente le dio el aval cuando Chase le aseguró que no ejercería en la capital, sino que tenía intención de ejercer en la frontera occidental del país.

Pero regresando al caso que nos ocupa, la sentencia Texas tiene un cuerpo de doctrina muy interesante y, paradójicamente, muy actual. Se trataba de verificar si el Estado que se había separado voluntariamente de la Unión perdía tal naturaleza.  En primer lugar, examina lo que ha de entenderse por Estado propiamente dicho: “It describes sometimes a people or community of individuals united more or less closely in political relations, inhabiting temporarily or permanently the same country; often it denotes only the country or territorial region, inhabited by such a community; not unfrequently it is applied to the government under which the people live; at other times it represents the combined idea of people, territory, and government. It is not difficult to see that in all these senses the primary conception is that of a people or community. The people, in whatever territory dwelling, either temporarily or permanently, and whether organized under a regular government, or united by looser and less definite relations, constitute the state” (En ocasiones se refiere a un pueblo o comunidad de individuos más o menos unidos en una relación política, y que habitan temporal o permanentemente en el mismo país; frecuentemente describe sólo el país o la región territorial poblada por dicha comunidad; se aplica frecuentemente al gobierno de dichas personas; en otras ocasiones, representa al conjunto de población, territorio y gobierno. No es difícil comprobar que en todos esos sentidos la concepción primaria se centra en el pueblo o la comunidad. El estado lo constituye el pueblo, sea donde fuere el lugar donde reside temporal o permanentemente, y ya se encuentre organizado bajo un gobierno regular o unido por relaciones más o menos estables). Tras profundizar en esas ideas y resumir la historia de Texas desde su incorporación a los Estados Unidos hasta su secesión en 1861, la sentencia aborda el núcleo esencial de la controversia: “Did Texas, in consequence of these acts, cease to be a State? Or, if not, did the State cease to be a member of the Union?” (A consecuencia de tales actos [se refiere a la secesión] dejó Texas de ser un Estado. O, en caso contrario, dejó de ser miembro de la Unión). La respuesta es clara y rotunda: Texas nunca dejó de ser un estado porque la secesión unilateralmente declarada fue nula de pleno derecho: “When, therefore, Texas became one of the United States, she entered into an indissoluble relation. All the obligations of perpetual union, and all the guaranties of republican government in the Union, attached at once to the State. The act which consummated her admission into the Union was something more than a compact; it was the incorporation of a new member into the political body. And it was final. The union between Texas and the other States was as complete, as perpetual, and as indissoluble as the union between the original States. There was no place for reconsideration, or revocation, except through revolution, or through consent of the States.” (Por tanto, cuando Texas se convirtió en uno más de los Estados Unidos, entró en una relación indisoluble. Todas las obligaciones de unión perpetua y todas las garantías del gobierno republicano de la Unión recayeron sobre el estado. El acto en virtud del cual consumó adhesión trajo como consecuencia su incorporación como nuevo miembro de la comunidad política. Y era definitivo. La unión entre Texas y los otros estados fue completa, tan perpetua e indisoluble como la unión entre los estados originarios. No hay lugar para la reconsideración o revocación, excepto a través de la revolución o mediante el consentimiento de los estados). La conclusión era, por tanto, que Texas “continuó siendo un estado y un estado de la unión”, porque la declaración unilateral de independencia era nula de  pleno derecho. Por tanto, esa nulidad radical afectaba de lleno a las transacciones entre el gobierno rebelde de Texas y White, por lo que se resolvió finalmente que la compraventa efectuada por White fue nula y éste no tenía derecho al cobro de los bonos.