ENTREVISTA A ELOY VELASCO: GRANDEZAS Y MISERIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Ayer día 23 de abril de 2016, mientras a lo largo de la geografía española se celebraba la fiesta de San Jorge y cientos de personas celebraban el día del libro adquiriendo algún ejemplar, el diario El Mundo ofrecía una interesante entrevista con el juez Eloy Velasco, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número Seis y persona cuyo nombre ha cobrado rabiosa actualidad como juez instructor de la denominada “operación Lezo”, que ha destapado uno de los focos de corrupción en la Comunidad de Madrid que afecta al corazón del partido gobernante tanto en la autonomía como en la nación. Eloy Velasco reflexiona en voz alta sobre varios temas de interés, haciéndolo, además, con una prudencia exquisita como, por ejemplo, rehúsa hablar sobre temas de corrupción “porque se puede hacer una lectura sobre casos concretos”, actitud que es digna de elogio. No obstante, la entrevista deja un sabor amargo al lector, porque aunque se efectúan manifestaciones de una veracidad indubitada, también se incluyen perlas que, unidas a las condiciones personales del entrevistado, ponen de relieve las miserias de la justicia española. Veámoslo.

I.- JUECES DE IDA Y VUELTA.

Evocando una célebre comedia del inmortal Enrique Jardiel Poncela, podemos calificar a Eloy Velasco como un juez de ida y vuelta, una de los grandes males que aquejan a nuestra ya de por sí maltrecha Administración de Justicia. En efecto, si uno echa un vistazo al historial del señor Velasco, podrá comprobar que el mismo abandonó la judicatura en el año 1996 para ser nombrado Director General de Justicia de la Comunidad Valenciana, puesto del que fue cesado en 2003 por desavenencias y desacuerdos con la formación política que lo había nombrado. Un año después del cese, regresaba al mundo de la Justicia. No es Eloy Velasco el único en beneficiarse de una carrera política más o menos amplia, puesto que existen otros que han seguido este mismo camino, como por ejemplo el siniestro Baltasar Garzón, José de la Mata (tras pasar por una Dirección General del Ministerio de Justicia, en menos de un año se incorpora al Juzgado Central de Instrucción número Cinco) o la sin par Margarita Robles.

Es una opinión particular y, por supuesto, se trata de algo opinable, pero creo que este camino de ida y vuelta entre política y judicatura debería estar proscrito. Es no sólo admisible, sino lógico el trasvase de personal entre legislativo y ejecutivo, porque de hecho, en los Estados Unidos suele calificarse a ambos poderes de “political branches”. Pero en el caso del Poder Judicial, que es precisamente el encargado de controlar a los otros dos, no debería ser admisible. En varias ocasiones nos hemos referido a casos estadounidenses donde jueces que han intentado una aventura política renunciaron a la judicatura conscientes de que era un camino sin retorno. Desde John Jay (primer chief justice, puesto al que renunció para ser elegido gobernador de Nueva York), hasta Charles Evans Hughes, que siendo juez del Tribunal Supremo dimitió en 1916 cuando fue elegido candidato republicano a la presidencia para disputarle el cargo al demócrata Woodrow Wilson. Hughes renunció sabiendo que si era derrotado en los comicios no podría regresar a su puesto, como, en efecto acaeció. Por una carambola del destino, Hughes fue la única persona que conozco que regresó al Tribunal Supremo y como chief justice, pero no sólo se trata de un supuesto excepcional, sino que transcurrieron tres lustros desde su renuncia a su regreso. Pero sería inconcebible en que una persona que abandona la judicatura para dedicarse a la política regrese al día siguiente de ser cesado.

En definitiva, que las “puertas giratorias” entre política y justicia deberían estar cerradas.

II.- LA CRÓNICA INSUFICIENCIA DE MEDIOS.

En la entrevista queda patente la amargura del juez, que ha solicitado un nuevo destino abandonando su puesto en el Juzgado Central de Instrucción. En esta decisión influyen dos circunstancias distintas, la falta de medios y las guardias.

En cuanto a la falta de medios, manifiesta: “El problema no es de los jueces, que trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia no son todo los grandes como podrían ser.” Absolutamente cierto. En nuestro país, por regla general los jueces efectúan una labor encomiable y hacen gala de una profesionalidad absoluta. Existen, como en todo colectivo, lógicamente una minoría que no dan un palo al agua, pero un elevadísimo porcentaje de jueces intenta sacar delante de forma seria y silenciosa el trabajo que se acumula en su juzgado. Pero los medios de los que se dota a la Administración de Justicia no es que no sean tan grandes (como pudorosamente indica Eloy Velasco), es que son raquíticas e indignas por su pequeñez. A diferencia de las inversiones, medios, atribuciones, potestades y privilegios atribuidos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al mimo con que se trata a cualquier órgano administrativo o empresa pública, el Poder Judicial es, por utilizar una acertadísima expresión de Jesús Villegas, un “poder amordazado”, y de lo que se trata es que no moleste demasiado. Para ello, nada mejor que escatimarle medios, regatearle hasta extremos intolerables cualquier mejora y, sobre todo, de inundar aquellos órdenes en los que más puede incomodar a las ramas políticas (es decir, el penal y el contencioso-administrativo) de pleitos y más pleitos para colapsar los distintos juzgados y Tribunales.

Esta situación es uno de los más graves carencias que aquejan a la Administración de Justicia española, pero que tiene difícil arreglo, porque la solución pasa, irremisiblemente, por la causa y origen del problema.

III.- JUECES INSTRUCTORES, NO FISCALES INSTRUCTORES.

En este sentido el entrevistado no deja lugar a dudas: “Soy contrario. Estoy a favor del juez instructor. Los fiscales son estupendos profesionales y en el 99% de los casos harían la instrucción igual que los jueces, pero hay un 1% de ellos que puede recibir instrucciones de sus superiores. Y yo no, porque no tengo superior. Me siento más independiente que los fiscales, también en esos casos en los que el fiscal general, que es elegido por el Gobierno, puede dar una instrucción.”

Quien haya leído entradas anteriores en este blog podrá comprobar que en el mismo se ha manifestado el mismo criterio y las mismas preocupaciones, por lo que no puede más que compartirse esa idea. Tanto en público como en privado he dicho, cuando me han preguntado sobre el fiscal instructor que “con esta fiscalía no

IV.- JUECES “DEL PUEBLO”.

En una de las afirmaciones más extrañas de la entrevista, Eloy Velasco afirma que: “Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes.” Si la idea última que desea transmitirse es que los jueces no pueden estar aislados de la sociedad, sino que deben estar en contacto con el mundo que los rodea, no sólo no habría que objetar nada, sino que sería temerario oponerse a dicha reflexión. Ahora bien, una atenta lectura de las dos frases transcritas nos llevan a concluir que no es esa la intención última, sino otra, amén de que quizá al final incluye una reflexión no sólo ambigua, sino preocupante. Desgranemos esta reflexión.

1.- “Somos gente del pueblo.” Evidentemente. Los jueces forman parte del pueblo no sólo entendido éste como colectividad, sino como clase. Lejos están los tiempos en que la judicatura estaba reservada en la práctica (que no ex lege) a miembros de las clases privilegiadas. Hoy en día cualquier persona que haya finalizado la carrera jurídica puede aspirar a integrarse en la judicatura sin que sea excluido por motivos de clase.

2.- “Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo.” Con todos mis respetos, esta frase es una temeridad y descalificaría por sí misma a cualquier persona. Quizá conviniera al señor Velasco echar un vistazo al reportaje que en el año 2009 la cadena C-SPAN realizó sobre el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y donde se entrevistó no sólo a los nueve jueces en activo, sino a los dos que ya habían renunciado. Pues bien, a la hora de hablar de las manifestaciones que algunas veces tenían lugar en las puertas de la sede judicial, el chief justice Roberts manifestó su total respeto a las mismas y el derecho que tiene cualquier ciudadano a expresar en público y en privado sus opiniones (siempre, claro está, que lo haga pacíficamente), pero también incluyó una atinada reflexión: hay ocasiones en que los jueces no pueden tomar la decisión basándose única y exclusivamente en la presión popular.

Es indiscutible, y así lo ha manifestado, por ejemplo, el juez Stephen Breyer, que son seis los instrumentos para la interpretación de normas jurídicas: texto, historia, tradición, precedentes, propósitos y consecuencias. No es menos cierto que en nuestro país el artículo 3.1 del Código Civil incluye entre los criterios interpretativos “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”.  Pero rogaría que Su Señoría me indicase dónde y cómo se dice que ha de interpretarse la ley “conforme al pueblo.” Sin duda alguna los “tribunales populares” del París revolucionario que  prescindieron de jueces titulares y entronizaron a gente sin estudios como magistrados para decidir sobre la vida y muerte de los sospechosos de conspirar contra la Revolución pensaban como el señor juez. También el presidente norteamericano Andrew Jackson compartía las ideas de Eloy Velasco, pero coherentemente con ello impulsó una política consistente en que los jueces respondiesen ante el mismo pueblo, y así a finales del primer tercio del siglo XIX se inició en los Estados Unidos la selección de jueces por elección de todo el cuerpo electoral. Me queda la duda de si Eloy Velasco sería tan coherente como Andrew Jackson.

3.- “el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes.” Confieso que este aserto admite una doble interpretación. ¿Quiere decir que es el pueblo el que no perdonaba antes las apropiaciones económicas o los desfalcos? ¿O quiere decir, por el contrario, que eran los jueces quienes la perdonaban? El uso de la primera persona del plural hace equívoca esta manifestación, dado que Eloy Velasco puede referirse con ella tanto al estamento judicial como al pueblo. Utilizando los criterios interpretativos no logro desentrañar el sentido último, pese a lo cual, y echando mano del principio de interpretación más beneficiosa, supondremos que se refiere al pueblo, en lo cual no le falta parte de razón. No obstante, no me deja de causar cierta preocupación que en los últimos tiempos un porcentaje cada vez más elevado de jueces parece resolver los asuntos poniendo un ojo en la normativa y otro en los medios de comunicación.

UNITED STATES v AARON BURR: CUANDO SE CITA EN JUICIO AL PRESIDENTE COMO TESTIGO

United States v. Burr

Richmond, Virginia. 9 de junio de 1807. El Tribunal de Circuito, integrado por el chief justice John Marshall y el juez de distrito Cyrus Griffin preside el caso United States v. Burr, el conocido como “juicio del siglo” no sólo por la personalidad de la persona encausada, Aaron Burr (que desde 1801 a 1805 había sido el tercer vicepresidente de los Estados Unidos) sino por el cargo que se imputaba al acusado, nada menos que haber cometido traición a los Estados Unidos. El juicio despertó un enorme interés en la población no sólo por la identidad del acusado y de la naturaleza del delito, sino porque en el equipo jurídico de la acusación y la defensa se reunieron los abogados más brillantes y experimentados de la época, comenzando por el propio Burr, uno de los letrados más capaces que integraron la abogacía estadounidense en su etapa fundacional.

El presidente Thomas Jefferson había calentado el ambiente buscando influir en el pronunciamiento, pues en su mensaje dirigido al Congreso en enero de ese mismo año, al destapar lo que el consideraba trama criminal ocultó los nombres de quienes estaban implicados en la misma, salvo el de Aaron Burr, “de cuya culpabilidad no puede albergarse la menor duda”, afirmación ésta última que fundamentaba en documentación secreta que obraba en su poder. Lo cierto es que la acusación, fomentada directamente por Jefferson, se fundamentaba no poco en el rencor de éste hacia el acusado, pues el “apóstol de la libertad” siempre creyó (erróneamente) que Burr había intentado disputarle la presidencia en las elecciones de 1800; base sólida ciertamente había poca, y además, el testigo principal contra Burr, James Wilkinson (comandante militar del territorio de Luisiana) sí era un traidor porque se encontraba a sueldo de la corona española (era el agente número 13) y pretendía encubrir sus propios manejos criminales proyectándolos a terceros.

Pues bien, ese día 9 de junio de 1807, Aaron Burr toma la palabra para solicitar del Tribunal la expedición de una subpoena duces tecum, es decir, una citación que tenía la particularidad de que añadía a la obligación de comparecer ante el Tribunal la de adjuntar los documentos que se solicitasen en la misma. Hasta ahí nada fuera de lo común. Pero lo que hizo saltar las alarmas en la acusación y el asombro entre el público fue cuando, tras ser preguntado por Marshall a quien se debía citar, Burr manifiesta impertérrito: “The President of the United States.” George Hay, fiscal de distrito que lideraba formalmente la acusación (aunque materialmente no dejaba de ser una figura de tercera fila) salta automáticamente de la silla y manifiesta que está dispuesto solicitar del Presidente que facilite los documentos precisos para la defensa, aunque reservándose el derecho de retener aquéllos que considerase protegidos por el secreto oficial. John Wickam, uno de los abogados de la defensa, indica que, sin poner en duda las buenas intenciones de su colega en la acusación y que, en efecto, lleve a cabo lo prometido, sin duda alguna Jefferson podía no hacerle caso. Por ello, el día siguiente, 10 de junio de 1807, Burr formula por escrito la solicitud y el juez John Marshall da la palabra a las partes para que defiendan sus tesis.

Lo esencial es que ninguna de las partes cuestionó el hecho de que el Presidente de los Estados Unidos pudiese ser citado como testigo en un asunto. John Wickam manifiesta que aun cuando el Presidente tuviera la obligación legal de comparecer, la defensa estaría dispuesta a renunciar a la presencia física de Jefferson siempre y cuando remitieran la documentación solicitada. Luther Martin, otro de los abogados integrantes del equipo de la defensa (que había ganado fama por haber logrado la absolución de Samuel Chase, uno de los jueces del Tribunal Supremo, en el impeachment al que fue sometido a principios de 1805) aprovechó la ocasión para lanzar un furibundo ataque contra el Presidente, a quien hirió donde más le dolía al acusarle de pretender equipararse jurídicamente al monarca inglés: “Surely these gentlemen do not intend to represent the president as a kind of sovereign or as King of Great Britain, he is no more than a servant of the people”; pero fue incluso más allá y dando por hecho que el Presidente no estaba exento de comparecer en juicio ni tenía privilegio procesal alguno que le eximiese de presentarse como testigo si era requerido para ello, justificó las razones por las que era procedente en el caso concreto la citación: “This is a peculiar case, sir. The president has undertaken to prejudge my client by declaring that ´Of his guilt there can be no doubt`. He assumed to himself the knowledge of the Supreme Being himself, and pretended to search the heart of my highly respected friend. He has proclaim him a traitor in the face of that country which was rewarded him. He has let slip the dogs of war, the hell-hounds of persecution, to hunt down my friend. And would this president of the United states, who has raised all this absurd clamor, pretend to keep back the papers which are wanted for this trial, where life itself is at stake?”. Por la acusación, Alexander McRae se opone a que se cite a Jefferson, pero no por la existencia de privilegio alguno, sino por ser materialmente irrelevante su testimonio. Tras manifestar su ofensa por comparer a Jefferson con el monarca inglés, McRae acepta la tesis principal de la defense, cual es, que el Presidente de los Estados Unidos no ostenta una posición procesalmente privilegiada que le excuse de comparecer ante un Tribunal si éste lo considera necesario: “Elevated as our illustrious president is, yet our principles are that when life is in jeopardy, he may be summoned like any individual, where is able to disclose important facts, and when the national interests will admit of his attendance.” La acusación si se oponía era por motivos de fondo, es decir, por considerer materialmente irrelevante para la defense tanto el testimonio que pudiera prestar tan alta autoridad como los documentos solicitados. El combate dialéctico alcanzó cotas elevadísimas tanto en la altura jurídica de los contendientes como en la intensidad y pasión con que los abogados asumieron su tarea. Tan es así que la acusación llegó a manifestar su disgusto por la agresividad verbal de los abogados defensores, si bien McRae tuvo la deferencia de disculpar a Luther Martin dada la Amistad que le ligaba a Burr, por lo que reconoció noblemente que “In the cause of friendship I can pardon zeal even up to the point of intemperance.”

El día tres días más tarde, el 13 de junio, John Marshall dicta su resolución. En primer lugar, y en lo que respecta a la naturaleza jurídica de la Presidencia, el chief justice aprovecha para dar un sonoro bofetón a su lejano primo Jefferson, pues distingue entre monarca inglés y presidente americano, diferenciando su status jurídico-constitucional: “by the constitution of the United States, the president, as well as every other officer of the government, may be impeached, and may be removed from office on high crimes and misdemeanors […] by that of the United States, the president is elected from the mass of the people, and on the expiration of the time for which is elected, returns to the mass of the people again” Pero, en lo que se refiere al fondo del asunto, es decir, a la citación judicial de un Presidente y la obligatoriedad que tiene éste de comparecer sin que ostente privilegio alguno, Marshall indica que no existe en el texto constitucional precepto alguno que avale la existencia de alguna prerrogativa jurídico-procesal que avale las tesis de Jefferson, sin que tampoco las obligaciones inherentes al cargo justifiquen su incomparecencia: “If, upon any principle, the president could be construed to stand exempt from the general provisions of the constitution, it would be because his duties, as chief magistrate, demand his whole time for national objects. But it is apparent that this demand is not unremitting, and if it should exist at the time when his attendance on a court is required, it would be sworn on the return of the subpoena, and would rather constitute a reason for not obeying the process of the court, than a reason against been issued.”

La doctrina que John Marshall estableció en la lejana fecha de 13 de junio de 1807, dejando bien clara la ausencia de prerrogativas jurídico-procesales del Presidente de los Estados Unidos y su obligatoriedad de comparecer como testigo si es citado, fueron expresamente confirmadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso United States v. Nixon, donde el entonces chief justice Warren E. Burger cita expresamente en varias ocasiones el caso Burr.

Por cierto, en 1977, la Judicial Conference of the United States efectuó una dramatización de cuatro asuntos judiciales resueltos por John Marshall, uno de los cuales fue precisamente United States v. Burr. Este documental está muy bien elaborado, cuidando hasta el detalle algunos extremos como, por ejemplo, respetar que la solicitud de la acusación de que se acordase la prisión sin fianza de Burr y la resolución del caso no se hicieron en sala, sino en la planta superior de la Eagle Tavern, en Richmond. Y, sobre todo, se apoya fundamentalmente en las actas del juicio. Personalmente, me quedo con dos momentos. El primero, la respuesta de Marshall a George Hay cuando éste pretende fundamentar la prisión sin fianza de Burr sin otra prueba que la copia de una carta (recordemos que estamos a principios del siglo XIX y no había fotocopias) y sin pruebas adicionales que lo avalasen en ese momento, aunque se presentarían “in due time”; Marshall es tajante: “In due time? Mr Hay, if you want colonel Burr to be charged on treason without bail, you must show probable cause now, here!” La segunda, cómo un irónico Burr desarma a dos de los testigos de la acusación, en especial al general Morgan cuando éste había declarado que el acusado se jactó de que el gobierno federal era tan débil que con tan solo doscientos hombres podría ocupar la capital de la nación y con quinientos la ciudad de Nueva York. Burr le preguntó: “Do you remember my tone of voice […] How do you describe it? Did I sound as if I were joking about it or did I sound seriously?”, ante lo cual el testigo no tiene otra opción que reconocer: “You sound as if you were joking”.

Para el lector que desee ver esta interesantísima recreación histórica de uno de los grandes juicios estadounidenses, se la ofrecemos a continuación:

EL CHIEF JUSTICE ROBERTS ALERTA DE LAS CONSECUENCIAS QUE PARA EL TRIBUNAL SUPREMO PUEDE TENER LA “EXTREMA POLITIZACIÓN” DE LAS CONFIRMACIONES.

Hace apenas un par de días, el chief justice John Roberts jr, como máximo responsable de la judicatura federal, ha considerado su obligación efectuar severas admoniciones a los otros dos poderes, y ha esperado hacerlo a que finalizase el proceso senatorial relativo a la confirmación o no de Neil Gorsuch, a fin de que sus declaraciones no fueran tomadas como un deseo de interferir en dicho procedimiento. Roberts no ha hecho otra cosa que alertar sobre la “extrema politización” de la que se ha hecho gala a la hora de cubrir la vacante ocasionada por la muerte de Antonin Scalia, más que nada porque puede suponer un “peligro real” para el Tribunal Supremo.

La edición digital del diario Washington Post correspondiente al pasado 11 de abril se hace eco de la noticia. Bajo una fotografía de John Roberts con gesto de preocupación, se transcriben algunas de las manifestaciones efectuadas por el chief justice sobre la extrema polarización en los últimos nombramientos y los efectos indeseados e indeseables que pueden suponer para el tercero de los poderes. Aunque manifestó que los jueces continuarían, como hasta ahora, efectuando su trabajo con normalidad y apartados totalmente de la lucha política, sin embargo no ocultó su malestar por la situación: “It is a real danger that the partisan hostility that people see in the political branches will affect the nonpartisan activity of the judicial branch. It is very difficult I think for a member of the public to look at what goes on in confirmation hearings these days, which is a very sharp conflict in political terms between Democrats and Republicans, and not think that the person who comes out of that process must similarly share that partisan view of public issues and public life.”  Es, sin duda alguna, un claro reproche en voz alta respecto al modo de proceder de los otros poderes en lo referente a las nominaciones de Merrick Garland y Neil Gorsuch, así como una severa admonición acerca de las nocivas consecuencias que la polarización puede tener a ojos del público. “The new justice is not a Republican, not a Democrat, he is a member of the Supreme Court. But it is hard for people to understand that wueh they see the process that leads up to it.”  Sin duda alguna, Roberts puede hablar con una doble auctoritas: la de ser el responsable máximo de la judicatura federal y la que le otorga la circunstancia de que su propio nombramiento como chief justice se vio confirmado por una holgada mayoría (78 votos a favor y 22 en contra), que denotó una ausencia de partidismo en un ambiente mucho más difícil que el actual.

En España, por desgracia, no abundan gestos de valentía como el del chief justice. Entiéndaseme. No quiere decirse con ello que a nivel individual existan miembros de la judicatura que hayan expresado en público y por escrito su malestar contra el intento de los otros dos poderes para someter al tercero, y si no ahí está el magnífico análisis del juez Jesús Villegas en su imprescindible ensayo El poder amordazado, una auténtica llamada de auxilio. Pero se echa en falta que integrantes de lo que Alejandro Nieto ha denominado “alta judicatura” e incluso personas con responsabilidades en la Administración de Justicia efectúen manifestaciones similares a las vertidas por John Roberts jr hace apenas dos días. Y motivos no faltan, pues existen actos y declaraciones que son un auténtico bofetón para el Poder Judicial en su conjunto sin que ni uno sólo de los jueces y magistrados haya dicho esta boca es mía. Cuando en 2012 quien fuera Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, declarase públicamente que el Consejo General del Poder Judicial es “un órgano político para gobernar a la judicatura y la magistratura” ni uno sólo de los miembros del Poder Judicial español osó enmendarle la plana al jurista canario, y eso que el uso del término “político” y la expresión “gobernar a la judicatura” (y no para el gobierno “de” la judicatura”) no dejaba lugar a la menor duda. Y cuando Álvaro Cuesta valoró su nombramiento como vocal del Consejo, justificó el mismo de manera harto ilustrativa, pues con ello se “demuestra que soy un político honrado”, aunque muy significativamente no hiciese manifestación alguna en relación a sus méritos profesionales. De nuevo, ominoso silencio de los jueces in totum.

 

Sólo resta desear que las manifestaciones de Roberts no caigan en saco roto. En esto quizá nuestro país atesore mucha experiencia sobre la politización de la justicia. El fundamento jurídico decimotercero in fine de la Sentencia 108/1986 de 29 de julio del Pleno del Tribunal Constitucional, indicaba, al abordar la impugnación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, que: “se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder, y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.” No obstante, el siniestro intérprete de la Constitución se limitó a aventurar el peligro y, cual Poncio Pilato, lavarse las manos, y en una de las actuaciones más siniestras de su ya de por sí siniestra historia, concluye:la existencia y aún la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez”.

CONFIRMACIÓN SENATORIAL DE NEIL GORSUCH: PRECISIONES AL RESPECTO.

Hoy día 7 de abril de 2017 el Senado estadounidense ha otorgado el preceptivo advise and consent a Neil Gorsuch, que se convertirá así en nuevo associate justice del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso sí, la confirmación se ha efectuado por 54 votos a favor y 45 en contra, ajustadísimo resultado que nos hace sin duda evocar el proceso de confirmación de Clarence Thomas, quien en 1991 recibió el placet senatorial por el margen más reducido jamás otorgado a un juez: 52 frente a 48.

Como siempre ocurre en estos casos, la prensa española al tratar la noticia ha tocado de oído y ha reflejado la misma de forma bastante torticera, hasta el punto que algún diario ha llegado a hablar de “cambio de normas” para obtener la aprobación de la Cámara Alta. Conviene, por ello, efectuar ciertas precisiones al curiosísimo tratamiento ofrecido por los tradicionalmente desinformados cuando no abiertamente tendenciosos medios de comunicación patrios en lo referente a la confirmación de Gorsuch.

I.- NO SE HA MODIFICADO NORMA SENATORIAL ALGUNA, SINO QUE SE HA UTILIZADO UN PRINCIPIO O USO PARLAMENTARIO EXPRESAMENTE PREVISTO PARA DESBLOQUEAR UNA SITUACIÓN.

La mayoría republicana lo que ha hecho es simple, lisa y llanamente invocar lo que en el argot político estadounidense se conoce como “nuclear option.” ¿Que implica o supone ejercitar dicha facultad? Pues que en casos donde habitualmente se exige una mayoría cualificada de 60 o más senadores, y cuando en la votación final existen más votos a favor que en contra pero sin alcanzar el umbral o quorum necesario, se permite por acuerdo de la Cámara invocando esa potestad y con ello reducir el número de votos exigidos para evitar un bloqueo. Ello en modo alguno implica una modificación normativa sino, por utilizar una terminología jurídica familiar al jurista español, podríamos decir que se trata de un supuesto de inderogabilidad singular de la norma, con la particularidad de que esa posibilidad se encuentra expresamente contemplada y permitida. En resumen: no se cuestiona en modo alguno la regulación, ni se modifica o reforma la misma, sino que para una votación concreta se invoca un principio o uso parlamentario para evitar una situación de bloqueo (bloqueo que en la jerga política norteamericana se denomina filibustering).

Esta facultad parlamentaria del nuclear option ya había sido ejercitada con anterioridad. De hecho, fueron los propios demócratas quienes hicieron uso de la misma hace tres años y medio, en noviembre de 2013 para superar un bloqueo republicano en relación al nombramiento de varios cargos públicos federales propuestos a instancias del presidente Obama, entre los cuales se encontraban, por cierto, varios jueces. El uso de la nuclear option por los senadores demócratas recibió el apoyo expreso y entusiasta de Obama. El lector interesado podrá comprobar cómo el New York Times (diario nada sospechoso de simpatías republicanas) reflejaba en su edición digital del día 21 de noviembre de 2013 dicha noticia con el titular In a landmark vote, Senate limits use of filibuster. Es más, en noviembre de 2016 la CNN se preguntaba si los demócratas se arrepentirían de haber utilizado este instrumento que, con Trump en la Casa Blanca, podría en una maniobra típica de Boomerang, volvérseles en contra. ¿Se han hecho eco los medios españoles de esta inderogabilidad singular utilizada en tiempos del anterior presidente y con un Senado de mayoría demócrata? Creo que la respuesta es bien sencilla.

II.- NO SE RECUPERA UNA MAYORÍA CONSERVADORA, SINO QUE SE MANTIENE EL EQUILIBRIO.

En contra de lo que se suele decir, no se recupera una “mayoría conservadora”. Si lo que se pretende indicar con ello es que existen más jueces nombrados por mandatarios republicanos, es innegable, pero ello no necesariamente se traduce en determinadas mayorías, pues en la época de George H. W. Bush llegaron a coincidir hasta siete jueces propuestos a instancias de presidentes republicanos, y ello en modo alguno supuso un triunfo de las tesis defendidas por dicha formación. Como el hecho de que en 1974 hubiera hasta cuatro jueces nombrados a iniciativa de Richard Nixon no impidió que en el caso United States v. Nixon el Tribunal en pleno desautorizase al Presidente.

En la actualidad existen cuatro jueces que integran un sólido bloque conservador: el chief justice John Roberts y los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito así como el recién nombrado Neil Gorsuch (suponiendo que éste responda a las expectativas y no se convierta en otro Warren, Brennan o Souter). Frente a los anteriores se encuentran los cuatro jueces fieles a las tesis liberales (término éste, liberal, que en norteamérica significa progresista): Ruth Bader Gisburn, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Entre ambos, se encuentra el juez Anthony Kennedy, persona ideológicamente conservadora pero que suele inclinarse en bastantes ocasiones (sobre todo en materia de derechos civiles) a las tesis liberales. Conviene también precisar que no necesariamente este alineamiento es definitivo y estable, pues, por ejemplo, en el célebre caso que salvó la constitucionalidad de la reforma sanitaria impulsada por Obama (National Federation of Independent Business v. Sebelius) fue Roberts quien se sumó a los liberales.

Mi admirado José Ramón Chaves alude en la entrada que publica hoy en su blog sobre este tema, a lo que se conoce como el Court packing plan, es decir, el intento de Roosevelt de “fabricarse” un Tribunal Supremo a medida aumentando el número de jueces elevándolo hasta quince. Este episodio histórico-legal está magníficamente narrado en un estilo ágil y a modo de crónica periodística por Jeff Sehsol en su entretenidísimo libro Supreme Power: Franklin Roosevelt v. the Supreme Court. La maniobra presidencial era tan burda y descarada que un importante sector del Partido Demócrata (formación política a la que pertenecía el Presidente ) se manifestó en contra de la medida, que fue finalmente derrotada gracias a la oposición interna en el seno de los demócratas, lo que demuestra que hasta en política existen ciertos límites que no deben ser tolerados. Este intento de cambiar las reglas del juego en mitad de la partida la intentó llevar a cabo Alexander Hamilton a finales de 1800 para evitar el acceso de Thomas Jefferson a la presidencia, pero Hamilton precisaba para ejecutar su maniobra de dudosa legalidad la colaboración del gobernador de Nueva York, el federalista John Jay, quien se negó en redondo a secundarla.

En definitiva, se confirma un principio informativo esencial ya anunciado en ocasiones anteriores: si uno desea información relativa a los Estados Unidos, lo aconsejable es prescindir absolutamente de consultar los nocivos medios españoles y acudir directamente a las fuentes norteamericanas.

LA JURISDICCION FEDERAL EN ESTADOS UNIDOS (I): REGULACIÓN CONSTITUCIONAL.

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Uno de los rasgos característicos del sistema judicial norteamericano es la dualidad de jurisdicciones, entendiendo por tal no la división en órdenes jurisdiccionales por materias, sino en cuanto a sistema orgánico completo. Por un lado existe la jurisdicción federal y, por otro, las distintas jurisdicciones estatales, lo que implica que en cada unidad estatal conviven dos sistemas orgánicos distintos. Pongamos un ejemplo. El estado de Nueva York tiene sus propios tribunales que se regulan y rigen por la legislación estatal; pero en el mismo territorio coexisten órganos del poder judicial federal, creados al amparo de la legislación aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Ambos órdenes han de mantener una coexistencia que no siempre fue todo lo pacífica que debiera, pero que en todo caso tras casi dos siglos y medio de historia han aprendido a respetarse mutuamente.

En la presente entrada y en la siguiente abordaremos el origen histórico de la jurisdicción federal estadounidense.

I.- ANTECEDENTES: EL SISTEMA CONFEDERAL.

Contra lo que muchos creen hoy en día, los Estados Unidos como tales no nacen en 1789, con la entrada en vigor del texto constitucional, y ni tan siquiera el 17 de septiembre de 1787, que es cuando se aprueba la Constitución aún vigente hoy en día. Los Estados Unidos como tales nacieron un poco antes, el 1 de marzo de 1781, cuando entran en vigor los Articles of Confederation and Perpetual Union, tratado que ratifican las trece colonias que el 4 de julio de 1776 disolvieron los vínculos con Gran Bretaña para declararse estados soberanos. En realidad, los Artículos de la Confederación se redactaron y aprobaron en noviembre de 1777, y pese a que en febrero de 1779 ya los habían ratificado doce de los trece estados, hubo que esperar hasta el mes de febrero de 1781 para que Maryland, estado que se había resistido a dar su beneplácito al tratado, aceptase el mismo.

Los Artículos de la Confederación no crea una entidad soberana y supra estatal, sino que parte del principio esencial de soberanía de los estados. En su artículo uno establece que: “The stile of this confederacy shall be ‘The United States of America” (La confederación se denominará “Los Estados Unidos de América”) y declara expresamente su naturaleza y fines: “The said States hereby severally enter into a firm league of friendship with each other, for their common defense, the security of their liberties, and their mutual and general welfare, binding themselves to assist each other, against all force offered to, or attacks made upon them, or any of them, on account of religion, sovereignty, trade, or any other pretense whatever.” Se trataba, por tanto, de una simple alianza defensiva, pero donde cada estado retenía con carácter absoluto su soberanía. De hecho, el único órgano que contemplaban los Artículos de la Confederación era un Congreso Confederal donde se encontraban representados los distintos estados, y donde cada representación estatal tenía un único voto, lo que obligaba a sus miembros a ponerse de acuerdo. No se contemplaba ni un poder ejecutivo ni judicial, de ahí que el Congreso para hacer efectivas sus previsiones dependiese de la buena voluntad de los estados, que serían los encargados de llevar a efecto su cumplimiento. Pese a todo, y debido a la ineficacia del funcionamiento del Congreso en determinadas materias, se crearon órganos unipersonales encargados de la gestión de asuntos que precisaren una actividad continua, y de ahí la aparición de la Superintendencia de Finanzas (encargada de los asuntos financieros) y de la Secretaría de Asuntos Exteriores (que tenía a su cargo las relaciones diplomáticas).

Los distintos estados tienen un poder judicial propio, que en realidad no era más que el antiguo sistema de tribunales ingleses existentes en la colonia adaptado a la nueva realidad, pero que seguían aplicando los principios del common law y los usos procesales ingleses. Como mucho, algunas constituciones estatales crean lo que se denomina Council of Revision (Consejo de Revisión) integrado por miembros del poder ejecutivo y del judicial, y que sería el encargado de examinar la constitucionalidad de las leyes (y de vetarlas en el caso de que considerasen que sus previsiones contravenían la norma fundamental) así como dar el visto bueno a los nombramientos del Gobernador. La Constitución de Nueva York, cuyo borrador fue redactado por John Jay y que tras el oportuno debate y enmiendas se aprobó finalmente el 19 de abril de 1777, recogía dicha institución.

Tras la firma del Tratado de Paz de París en 1783, la crisis del sistema confederal empezó a ser evidente. Los Estados se negaron a cumplir las previsiones del tratado, y así, se declaró legalmente que los británicos o quienes les hubiesen apoyado durante la guerra de la independencia no podrían ejercitar acciones tendentes al cobro de deudas que tuviesen con los “patriotas” o con las antiguas colonias, normas que fueron declaradas válidas por los órganos judiciales de los estados.  La imposibilidad de aprobar normativa financiera y tributaria y la dependencia absoluta que el Congreso tenía de los estados hizo que a finales de 1786 éste acordase que en mayo de 1787 se reuniría en Filadelfia un grupo de representantes de los distintos estados para analizar las deficiencias del sistema y proponer una reforma que garantizase un mejor funcionamiento del mismo. Pero lo que se produjo en Filadelfia en los casi cuatro meses que transcurren desde el 25 de mayo hasta el 17 de septiembre no fue una reforma sino lo que una reciente publicación sobre el particular califica de “framer´s coup” (golpe de estado de los constituyentes).

II.- PROCESO CONSTITUYENTE Y PODER JUDICIAL.

Cuando los delegados de los doce estados (Rhode Island se no envió representantes) se reúnen en Filadelfia en mayo de 1787, acuerdan establecer un gobierno nacional que tenga un poder legislativo, ejecutivo y judicial propio.

En lo que se refiere al Poder Judicial, nadie cuestionó la necesidad de crear un Tribunal Supremo, pero sí hubo una enconada división entre partidarios y detractores de una jurisdicción federal autónoma y distinta de la estatal. Así, entre los constituyentes hubo dos posturas enfrentadas:

1.- Los detractores de un poder nacional o federal consideraban que únicamente debería existir la jurisdicción estatal, de tal manera que serían los propios jueces del estado quienes aplicasen la legislación federal de conformidad con la interpretación que de la misma efectuase el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuya creación, como hemos dicho, no cuestionaban. Pesó no poco en esta postura el recelo a un centralismo y al temor a una pérdida de fuerza de la jurisdicción estatal, que podría ser “invadida” por la nueva jurisdicción federal de crearse ésta.

Por utilizar un símil contemporáneo fácilmente identificable por el lector. Lo que defendían los partidarios de esta tesis era una situación equiparable al sistema judicial existente hoy en día en la Unión Europea, donde el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas efectúa mediante su jurisprudencia una interpretación de los Tratados y la normativa comunitaria, pero donde no existe una jurisdicción europea como tal, sino que los jueces de los distintos estados miembros son los encargados de aplicar las normas comunitarias.

2.- Por otro lado, estaban quienes defendían la existencia de una jurisdicción federal autónoma e independiente de la estatal, delimitando claramente el ámbito de ésta. Es decir, que de forma paralela a los juzgados estatales se situarían los órganos judiciales nacionales o federales. El problema fundamental que esta tesis conllevaba era la delimitación competencial de ambos sistemas.

La lucha entre los partidarios de ambas posturas fue enconada y se sumó a la grave discrepancia que existía entre estados grandes y pequeños, entre partidarios y detractores de la esclavitud y entre los federalistas y antifederalistas. En aras de que el proceso no naufragase, se optó por una solución de compromiso, idéntica a la que utilizaron los constituyentes españoles de 1978 cuando se encontraban con un asunto espinoso: plasmar unos principios generales muy vagos remitiendo al legislador ordinario el desarrollo de la materia. Así, por tanto, se optó por recoger en el texto constitucional la existencia preceptiva del Tribunal Supremo y contemplar la posibilidad de órganos judiciales federales si el futuro Congreso de los Estados Unidos así lo decidía.

III.- EL PODER JUDICIAL EN LA CONSTITUCIÓN DE 1787.

El Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos de América aprobada el 17 de septiembre de 1787, dedica las dos primeras secciones a regular el poder judicial federal; en la tercera se decidió llevar al propio texto un tipo penal concreto (el delito de traición) para evitar el uso abusivo del mismo por motivaciones políticas Es un artículo muy breve, debido quizá a que, como bien indicara hace diez años el actual chief justice John Roberts, los founding fathers venían de una tradición, la anglosajona o del common law, que tenían muy claro qué eran y cual era la misión de los Tribunales de Justicia. Veámos lo que establece la norma fundamental de los Estados Unidos.

I.- ORGANIZACIÓN Y PLANTA. La Sección Primera del Artículo Tercero dispone que: “The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their Services, a Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office.” (El Poder Judicial de los Estados Unidos se deposita en un Tribunal Supremo y en cuantos Tribunales inferiores establezca el Congreso en cada momento. Los jueces, tanto del Tribunal Supremo como de los órganos inferiores, desempeñarán su cargo mientras mantengan buen comportamiento, y recibirán una compensación por sus servicios, que no podrá ser reducida mientras desempeñen sus funciones).

Con ello se deja bien claro que el Congreso ha de regular de forma preceptiva la organización y funciones del Tribunal Supremo, órgano judicial cuya existencia es preceptiva. Pero tiene una libertad absoluta en lo que se refiere al establecimiento o no de órganos inferiores. Quiere ello decir que bien podría limitarse a recoger que serán los órganos judiciales de los estados quienes apliquen el derecho federal, o bien podría establecer una planta federal propia, gozando en ambos casos de una discrecionalidad absoluta.

En cuanto a los jueces, únicamente se recogen la garantía de inamovilidad (desempeñaran su cargo siempre y cuando mantengan “buen comportamiento”, expresión esta no limitada al ámbito puramente funcional o judicial) y retributiva

II.- COMPETENCIAS. La Sección Segunda se encuentra a su vez dividida en tres párrafos, que contienen una regulación competencial y una garantía procesal. Veámoslo:

1.- “The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority;—to all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls;—to all Cases of admiralty and maritime Jurisdiction;—to Controversies to which the United States shall be a Party;—to Controversies between two or more States;—between a State and Citizens of another State;10 —between Citizens of different States, —between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different States, and between a State, or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects.” (El Poder Judicial será competente para el enjuiciamiento de todos los casos, tanto de common law como de equidad, que surjan como consecuencia de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos y de los tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad; las controversias que afecten a embajadores, otros ministros públicos y cónsules; jurisdicción de almirantazgo y marítima; asuntos en que sean parte los Estados Unidos, entre dos o mas estados, entre un estado y los ciudadanos de otro, entre ciudadanos de diferentes estados, entre ciudadanos del mismo Estado que reclamen tierras en virtud de concesiones de diferentes Estados y entre un Estado o los ciudadanos del mismo y estados, ciudadanos o súbditos extranjeros.)

Se trata, por tanto, de una delimitación competencial ratione materiae, en los cuales la competencia del Poder Judicial federal es incuestionable. Con el paso del tiempo, algunos asuntos que tenían importancia en el último tercio del siglo XVIII han desaparecido del mundo jurídico (por ejemplo, la “admiralty and maritime jurisdiction”). Y no conviene perder de vista que uno de los asuntos que más controversia generó es el de la “diferente residencia”, en tanto en cuanto si parte demandante y demandada residen en distintos estados, el actor puede optar por residenciar el asunto no en un juzgado estatal, sino ante un juzgado federal.

2.- “In all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls, and those in which a State shall be Party, the supreme Court shall have original Jurisdiction. In all the other Cases before mentioned, the supreme Court shall have appellate Jurisdiction, both as to Law and Fact, with such Exceptions, and under such Regulations as the Congress shall make.” (El Tribunal Supremo conocerá en única instancia aquélos asuntos relativos a embajadores, otros ministros públicos y cónsules, así como en aquellos en que sea parte un Estado. En los demás casos, con las excepciones y con arreglo a la normativa que apruebe el Congreso, el Tribunal Supremo conocerá en vía de apelación tanto cuestiones fácticas como jurídicas).

Estamos ante un precepto esencial, en tanto en cuanto configura al Tribunal Supremo como un órgano básicamente de segunda instancia (lo que en terminología jurídica estadounidense se denomina appellate jurisdiction), y no de instancia única (original jurisdiction). Precisamente con base en este precepto constitucional el juez John Marshall entendió que algunos preceptos de la Judiciary Act (norma ésta que analizaremos en el siguiente post) era inconstitucional por ir más allá de lo permitido en este artículo de la Constitución.

3.- “The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.” (El enjuiciamiento de todos los delitos, salvo casos de impeachment, se efectuará mediante juicio con jurado, que tendrá lugar en el estado en que el delito se haya cometido; cuando no se haya cometido dentro de los límites de ningún Estado, el juicio se celebrará en el lugar o lugares que el Congreso establezca mediante ley).

Estamos ante una garantía procedimental, el denominado trial by jury o juicio por jurado, auténtico nervio del derecho penal británico trasplantado al mundo colonial y que las colonias, una vez se declararon independientes, asumieron como algo natural. De ello se excluye el impeachment porque este procedimiento no implica enjuiciar un delito, sino que se trata de una vía procedimental específica para remover de su cargo a empleados públicos y jueces federales, procedimiento que se caracteriza porque la acusación la formula la Cámara de Representantes y el enjuiciamiento formal lo efectúa el Senado, quien para aprobar el impeachment precisa los votos de las dos terceras partes de sus miembros.

De igual manera, se consagran normas de competencia territorial para el enjuiciamiento de los delitos, que, obviamente, al recogerse en la Constitución las leyes de desarrollo habrían de respetar necesariamente. La regla o principio básico es el lugar de comisión del hecho.

Los preceptos constitucionales estaban ya consagrados. Únicamente quedaba la tarea de desarrollarlos a nivel legislativo, tema al que dedicaremos la próxima entrada.

 

EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE JUECES FEDERALES ESTADOUNIDENSES (II)

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En esta entrada continuamos el análisis, iniciado en la anterior, del procedimiento a seguir para la selección de jueces federales en Estados Unidos. Si en la anterior exponíamos una introducción general y analizábamos la fase pre-procedimental y el inicio stricto sensu con la nominación, continuaremos con las últimas fases del iter selectivo.

I.- DESIGNACIÓN, CON EL “AVISO Y CONSENTIMIENTO” DEL SENADO.

A la hora de elaborar el texto constitucional, los founding fathers introdujeron esta cláusula del “advise and consent” senatorial sin tener una idea muy clara de en qué había de consistir la misma. Entiéndase bien lo que queremos decir: que el Senado había de intervenir y otorgar su conformidad a los nombramientos tanto de empleados públicos como de jueces federales que hiciera el Presidente, era algo sobre lo que no podía albergarse duda. Pero cómo había de hacerlo y el procedimiento a seguir estaba muy lejos de ser algo definido. Y, precisamente por ello, esta es una de las fases en las que se ha producido una mutación más severa respecto de los momentos fundacionales de los Estados Unidos.

Si uno tiene la curiosidad de sumergirse en los interesantísimos documentos oficiales de la primera etapa histórica de los Estados Unidos, y en concreto respecto a los primeros nombramientos de jueces para el Tribunal Supremo, quien pase su mirada por los mismos comprobará que el “advise and consent” suponía un simple asentimiento o rechazo al nombre remitido por el Presidente. En otras palabras, que no había comparecencia alguna de los candidatos, ni investigación o análisis del currículum académico o profesional de la persona cuyo nombre se sometía a la consideración de la Cámara Alta. El Senado limitaba sus funciones a registrar el nombramiento del Presidente y a someter a votación el mismo, limitando la votación a la pregunta de si la Cámara debía otorgar el visto bueno al candidato propuesto. Y la situación permaneció sin variación alguna hasta finales del primer tercio del siglo XX.

1.1 Procedimiento en el Comité Judicial del Senado.

En 1816 se creó el United States Senate Committee on the Judiciary, popularmente conocido como Senate Judiciary Committee. Ese comité interno es el responsable desde 1925 de efectuar lo que se denomina confirmation hearings, es decir, audiencias de confirmación, y en las cuales los miembros de dicho comité someten a un exhaustivo interrogatorio al candidato propuesto, preguntándole sobre lo humano y lo divino. El primer juez sometido a estos confirmation hearings fue Harlan Fisk Stone en 1925. Desde la década de los noventa, los confirmation hearing son televisados e incluso hoy en día se encuentran accesibles en la página web del Comité Judicial del Senado, tanto en formato audiovisual como en transcripciones. Quien desee echar un vistazo a los procedimientos de confirmación de jueces federales puede hacerlo en la siguiente enlace: procedimientos senatoriales de confirmación de jueces.

Quien piense que este procedimiento en el Comité Judicial es poco menos que una formalidad, está en un craso error y quizá haya modelado esta creencias sobre la burla siniestra (más bien grotesca parodia) de las “comparecencias” existentes en nuestro país, que sólo con una generosidad sin límites rayana en la más pura ingenuidad permite otorgarles tal nombre. Durante los últimos treinta años, el juez que menos tiempo ha consumido ante el Comité Judicial del Senado fue Anthony Kennedy, cuyo interrogatorio por los distintos senadores que formaban parte de dicho comité ocupó “solamente” once horas. El resto de jueces no bajaron de las dos decenas, y en algunos casos llegaron hasta tres. El juez es preguntado por sus orientaciones jurídicas, por sus criterios sobre el precedente, por sus opiniones sobre el aborto y el caso Roe v. Wade, e incluso sobre sus creencias religiosas (fundamentalmente en el caso de Kennedy y Roberts, dado que ambos son católicos y no protestantes). A la juez Elena Kagan llegaron a preguntarle incluso si una ley del Congreso que obligase a todo ciudadano a comer un determinado número de vegetales era o no constitucional.

Pero junto con el examen personal del candidato, existe numerosa documentación adicional que pasa a engrosar el expediente de designación. Así, por ejemplo, el informe de la American Bar Association, testificales de personas que han tenido relación profesional con el candidato propuesto, etc. Como una imagen vale más que mil palabras, ofrecemos al lector interesado las actas del Comité Judicial del Senado relativas a la confirmación del actual chief justice John Robert, que ocupan “únicamente” mil doscientas treinta y seis nutridas páginas, en el siguiente enlace: chief justice Roberts confirmation hearings. En las mismas aparece totalmente desgranado el perfil de Roberts. ¿Cabe mayor ejercicio de transparencia que éste, donde toda la vida profesional (e incluso hasta la personal) es absolutametne pública y accesible? Basta un somero y simple vistazo para verificar la gigantesca distancia que separa las ratificaciones legislativas en los Estados Unidos y en España, cien mil veces superior a la distancia física entre ambas naciones.

Indicar, por último, que el candidato no tiene por qué contestar a todas las preguntas, pues está legitimado para contestar con evasivas, generalidades o incluso no contestar. Por ejemplo, Robert Bork tuvo la “ingenuidad” de contestar honestamente a todas las preguntas que se le hicieron, mientras que, por ejemplo, Ruth Bader Gisburn fue la que inició lo que hoy en día se conoce coloquialmente como Gisburn style, consistente en guardar silencio o responder de forma evasiva a las preguntas más comprometidas. E incluso puede ocurrir que a lo largo del procedimiento surjan cuestiones que pueden suponer un inconveniente cuando no un claro obstáculo para el candidato. Así, por ejemplo, en los hearings de William Rehnquist surgió un informe que éste había elaborado en 1953 siendo law clerk del juez Robert H Jackson, y en el cual defendía mantener la doctrina Plessy v. Fergusson (es decir, mantener la segregación racial) cuando la vigencia de la misma era cuestionada en el célebre caso Brown v. Board of Education of Topeka. Rehnquist sostuvo que en el informe defendía no sus propios puntos de vista, sino los de Jackson, para quien trabajaba entonces, algo que parecía evidentemente cierto, pues la postura inicial de Jackson así como el de varios otros jueces del Tribunal era inicialmente contraria a revocar la doctrina Plessy. En otros casos, el asunto puede ser de índole más delicada, como ocurrió en el caso de Clarence Thomas, donde a lo largo de los procedimientos salió a la luz pública el denominado affaire Anita Hill, una antigua secretaria de Thomas que acusó a éste de haber abusado sexualmente de ella.

Una vez finalizado el procedimiento en el Comité, éste eleva la propuesta al Senado para que tenga lugar la votación final en el Pleno de la Cámara.

1.2 Ratificación por el Pleno de la Cámara.

Una vez finalizado el examen en el Comité, éste eleva el nombramiento al Pleno para que tenga lugar la votación final sobre el asunto. Durante los últimos treinta años, todos los candidatos han superado el trámite con dos excepciones. En 1987 Ronald Reagan vio cómo el Senado rechazaba a Robert Bork, debido entre otras cosas a la brutal campaña en su contra iniciada por el senador Edward Kennedy. En 2016 el Senado rehusó siquiera tomar en consideración la propuesta de Merrick Garland, remitida por Obama, para cubrir la vacante de Antonin Scalia. Ahora bien, no se trata de dos casos idénticos, pues en el primer caso estamos ante un rechazo expreso de la Cámara, mientras que en la segunda no es una negativa explícita, sino un boicot expreso (que en terminología política estadounidense se denomina filibustering) en virtud del cual el Senado se negó a fijar siquiera fechas para iniciar el procedimiento de confirmación.

Como dato curioso, el primer candidato que sufrió un rechazo senatorial fue John Rutledge. Éste había sido uno de los seis jueces que integraron el primer Tribunal, pero en 1791 dimitió de su cargo para desempeñar la Presidencia del Tribunal Supremo de Carolina del Sur, su estado natal. Aunque no quedan explícitas las razones de su renuncia, todo parece indicar que aspiraba al cargo de chief justice, dado que se consideraba con bastante más experiencia jurídica que John Jay. Cuando éste dimitió en 1795 de la Presidencia del Tribunal Supremo para ser elegido Gobernador de Nueva York, Rutledge dirigió una carta a Washington postulándose para el cargo, y el presidente aceptó efectuando un nombramiento temporal (recess appointment), dado que había finalizado el periodo de sesiones de la Cámara Alta. No obstante, cuando ésta se reunió de nuevo y hubo de pronunciarse, rechazó al candidato. En la negativa influyeron las incendiarias manifestaciones de Rutledge en contra de la ratificación del tratado de paz con Gran Bretaña (conocido popularmente como Tratado Jay debido a que fue éste precisamente quien lo negoció), llegando hasta el punto de manifestar explícitamente que “con todo el aprecio que tengo al Presidente, sería preferible su muerte a que firmase el Tratado”. También empezaron a surgir rumores sobre su estado de salud mental, que algún fundamento debían tener por cuanto al verse rechazado intentó cometer suicidio, y pasó sus últimos años privado de la razón.

En todo caso, y a lo que a estos efectos interesa, es que una vez el Senado otorga el visto bueno, el candidato ha dejado de serlo para convertirse ya en juez federal al haber superado todos los trámites, salvo uno de índole estrictamente formal.

II.- NOMBRAMIENTO Y JURA O PROMESA.

2.1 Nombramiento stricto sensu.

En este sentido, para hablar del nombramiento, nada mejor que otorgar la palabra al chief justice John Marshall y a su magnífica explicación sobre el particular plasmada en la sentencia Marbury v. Madison: “En este caso, por ello, designación y acta de nombramiento aparecen como inseparables, siendo imposible demostrar una designación si no es mediante el acta de nombramiento, aunque el acta de nombramiento no sea la designación en sí misma, sino sólo el medio mediante el cual ésta se exterioriza y acredita.”

Quiere ello decir que el nombramiento no es más que el acto presidencial, al que se estampa el sello de los Estados Unidos, en el que se constata que el Senado ha dado el visto bueno a la candidatura y que, por tanto, acredita que la persona designada ha superado el procedimiento de selección. Como tal, se trata de un requisito ad solemnitatem, y es un acto debido, es decir, reglado, donde el Presidente carece de todo tipo de discrecionalidad. Como tal, ha de entregarlo al interesado.

2.2 Prestar el juramento o promesa.

El último de los trámites, éste impuesto por la propia Constitución, es del prestar el juramento o promesa. ¿Se trata de una simple formalidad o es un requisito o fase más de los que jalonan el procedimiento? La respuesta no es tan sencilla y admite dudas. En el año 2008 el Presidente Barack Obama, que había prestado el juramento en público, pero de forma irregular (hubo un pequeño error y la fórmula adoptada no era exactamente la misma que la que figuraba en la Constitución), no dudó en prestar un segundo juramento para despejar cualquier duda al respecto, hecho que efectuó precisamente porque sus asesores le indicaron que jurídicamente existían dudas sobre si un juramento prestado de forma errónea era o no invalidante. Y buena prueba de la importancia que se atribuye lo ofrece un dato. En 1991, cuando por estrechísimo margen el Senado otorgó finalmente el placet a Clarence Thomas en plena ebullición del asunto Anita Hill, el presidente George H.W. Bush se vio en una penosa obligación: acelerar la jura, para lo cual hubo de solicitar del chief justice William H. Rehnquist, que en esos mismos días acababa de perder a su esposa (fallecida víctima de un cáncer) y se encontraba en pleno duelo, para que tomase el juramento a Thomas.

EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE JUECES FEDERALES ESTADOUNIDENSES (I)

Federal Judge

Tanto en esta entrada como en la siguiente, analizaremos con cierto detalle el procedimiento seguidos en los Estados Unidos para el nombramiento de jueces federales. Creo que el asunto tiene no sólo interés, sino que es de rabiosa actualidad, dado que esta semana han dado comienzo en el Senado estadounidense el procedimiento de confirmación senatorial de Neil Gorsuch, candidato propuesto por el presidente Donald Trump para cubrir la vacante del fallecido Antonin Scalia.

Ha de indicarse que los trámites son idénticos para cubrir una vacante tanto en el Tribunal Supremo como en un Tribunal de Apelaciones o en un simple juzgado federal.  Y hemos de dejar ya claro desde el principio que la idea de acceso a la judicatura por oposición memorística no sólo es absolutamente desconocido en los Estados Unidos (y en el mundo anglosajón en general) sino que dicho sistema ni tan siquiera goza de defensores entusiastas.

INTRODUCCIÓN: FASES DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE UN JUEZ FEDERAL.

Hemos de partir necesariamente de la normativa aplicable. En este sentido, el Artículo Segundo Sección Segunda de la Constitución norteamericana enumera entre las atribuciones del Presidente de los Estados Unidos: “He shall nominate, and by and with the advise and consent of the Senate, shall appoint […] judges of the Supreme Court, and all other officers of the United States, whose appointments are not herein otherwise provided for” (Propondrá, y con el visto bueno del Senado, nombrará […] a los jueces del Tribunal Supremo, así como a todos los cargos públicos estadounidenses para cuyo nombramiento no se haya establecido un cauce específico).

En la sentencia Marbury v. Madison (5 US 137 [1803]) que abordaba precisamente la demanda relativa a la exigencia de un juez federal para que se le entregase su nombramiento, el juez Marshall distingue tres fases en el procedimiento de designación de un magistrado, que desglosa de esta forma en la célebre sentencia:

1.- Propuesta, que es un acto que corresponde al Presidente y que es absolutamente personal.

 

2.- Designación, que es de igual manera una cto voluntario del presidente, a pesar de que sólo puede ser realizado con el visto bueno del Senado.

 

3.- Nombramiento, pues entregar el acta de nombramiento proporcionándosela a la persona nombrada, se podría considerar como un deber impuesto por la Constitución.”

A esas tres fases podría añadirse un estadio o fase previa, cual es el estudio o análisis por el Presidente de los potenciales candidatos a jueces federales.

Abordaremos separadamente las distintas etapas.

I.- FASE PREVIA: ESTUDIO DE LOS POTENCIALES CANDIDATOS E INVESTIGACIÓN DE LOS MISMOS.

 

Todo candidato a la Presidencia que ha alcanzado la victoria en los comicios presidenciales suele llevar consigo a la Casa Blanca una lista de nombres para el caso de que se produzcan vacantes en cualquiera de los órganos judiciales que integran el Poder Judicial de los Estados Unidos. En esa lista de potential nominees (posibles candidatos) ocupan un lugar de honor quienes pueden ser designados para el Tribunal Supremo en caso de producirse una vacante. Lo normal es que esa lista sea elaborada por el Presidente con la ayuda de su personal de confianza, y que la integren personas de una dilatada trayectoria profesional y que, lógicamente, compartan la visión jurídica del mandatario que eventualmente los propondrá.

Una vez que se produce la vacante, el Presidente analiza más exhaustivamente la lista de candidatos con la ayuda tanto del personal del Departamento de Justicia como con sus asesores políticos de confianza.

Cuando ya se han despejado las dudas, e inclinada ya la balanza hacia una persona concreta, lo normal es que alguien del staff de la Casa Blanca se lo comunique informalmente al interesado, a fin de verificar si éste aceptaría la posible nominación. Con ello se trata de evitar espectáculos como, por ejemplo, el que ocurrió en diciembre de 1800, cuando ante la renuncia del chief justice Oliver Ellsworth el presidente en funciones John Adams propuso y remitió al Senado a John Jay…..sin contar con el interesado, a quien informó a posteriori cuando la Cámara Alta había avalado ya el nombramiento. Con ello Adams pretendía colocar a Jay ante una situación de hechos consumados, dado que todos daban por hecho que éste no aceptaría el cargo, como efectivamente sucedió. También puede ocurrir que un potencial candidato se apresure a rechazar la nominación incluso antes de que informalmente se le ofrezca, como ocurrió en 1969, cuando el nombre de Potter Stewart, ya juez del Tribunal Supremo, aparecía en las quinielas para sustituir a Earl Warren como Presidente de la institución judicial; Stewart se adelantó y, tras pedir audiencia al Presidente Nixon, insinuó cortésmente que no deseaba ser promocionado al puesto de chief justice.

Si el candidato informalmente propuesto manifiesta su conformidad, con carácter previo a la formalizar públicamente su candidatura, se efectúa una labor de investigación para ver si existe algún episodio oscuro o algún hecho que pueda enturbiar u obstaculizar la confirmación senatorial, investigación que suele llevar a cabo el Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) Con ello se trata también de evitas situaciones como la ocurrida en 1987, cuando Douglas H. Ginsburn, candidato formalmente propuesto por Ronald Reagan para juez del Tribunal Supremo, decidió solicitar al presidente que anulase el nombramiento tras descubrirse y hacerse público que en su época universitaria había fumado marihuana. También puede ocurrir que el hecho que impida el nombramiento sea puramente fisiológico o médico, como ocurrió en 1994 cuando Bill Clinton trató de proponer como juez del Supremo a Richard S. Arnold, cuyo nombramiento se frustró al descubrirse que padecía un cáncer muy avanzado y, sobre todo, cuando los médicos aseguraron al Presidente que, aún cuando el paciente se encontraba en tratamiento, no podrían afirmar a ciencia cierta que la enfermedad no le impidiese ejercer su puesto con normalidad.

Esa investigación informal que se lleva a cabo puede dar lugar a circunstancias curiosas, como la que nos cuenta Steven Calabresi en la evocación que hace del fallecido juez Scalia en el último número de la Harvard Journal of Law and Public Policy. Cuando en 1986 el F.B.I. efectuaba la investigación de Antonin Scalia, éste se encontró un día con que a la salida de la misa dominical, el párroco se le acercó con semblante de preocupación y, preguntado sobre ello, obtuvo la siguiente respuesta: “Nino…es el F.B.I. Estuvieron aquí ayer preguntando todo tipo de cosas sobre ti. Pero no te preocupes. No les he contado nada.” Scalia tuvo que tranquilizar al buen párroco y decirle que no se preocupase, que el asunto carecía de importancia.

Una vez efectuada la investigación reservada y despejadas las dudas, puede darse por terminada la fase previa y da comienzo la fase inicial del procedimiento stricto sensu.

II.- PRIMERA FASE: LA NOMINATION O PROPUESTA FORMAL.

 

La primera fase propiamente dicha en el iter procedimental que ha de seguirse para la designación de un juez federal es la nomination. No es otra cosa que el anuncio formal y público en virtud del cual el Presidente de los Estados Unidos informa al pueblo de la identidad de la persona que ha elegido para ocupar la vacante concreta a cubrir. Normalmente el anuncio suele tener lugar en la Casa Blanca y en compañía de la persona elegida, aunque no es estrictamente necesario. Así, por ejemplo, cuando George W. Bush propuso a John Roberts para cubrir la vacante que dejó libre Sandra Day O´Connor, el candidato propuesto compareció junto con su esposa y sus dos hijos pequeños (uno de los cuales, por cierto, causó las delicias de los fotógrafos al imitar a Spiderman).

La propuesta, como indicó John Marshall en la sentencia Marbury v. Madison, es un acto absolutamente personal del Presidente y que, por tanto, no está sometido a control judicial alguno. Tampoco es absoluta y vinculante, en tanto en cuanto el Presidente puede dar marcha atrás en cualquier momento. Con anterioridad ya hemos ofrecido dos ejemplos de ello. Reagan hubo de retirar la propuesta de Ginsburn a solicitud del interesado, y en el caso de John Roberts fue el propio presidente Bush quien dio marcha atrás, aunque en este último caso debido al fallecimiento del chief justice William Rehnquist en septiembre de 2005 (apenas tres meses después de la propuesta de Roberts para sustituir a O´Connor), que motivó un inteligente movimiento táctico presidencial y moviendo la candidatura de Roberts para sustituir a Rehnquist en vez de a O´Connor.

Una vez que ha tenido lugar la propuesta formal, el Presidente remitirá al Senado el nombre del candidato propuesto, dando inicio así la segunda fase, a la que dedicaremos la próxima entrada.

INICIO DEL PROCESO DE CONFIRMACIÓN SENATORIAL DE NEIL GORSUCH PARA JUEZ DEL TRIBUNAL SUPREMO. CUANDO EL CANDIDATO POSEE EL “GOLD STANDARD”

Neil-Gorsuch

En una entrevista bastante reciente, el actual chief justice John Roberts mostraba su preocupación por el hecho de que, en los últimos procesos de ratificación senatorial de candidatos a ocupar un puesto de juez del Tribunal Supremo, la votación siguiese una línea estrictamente partidista, orillando valorar la cualificación profesional. Con ello, Roberts pretende dar la voz de alerta ante lo que podríamos denominar “hispanización” del procedimiento selectivo, es decir, la politización extrema de la judicatura. Un buen ejemplo de esa tendencia lo ofrece Jeffrey Toobin en su libro The Oath. Cuando tras el fallecimiento de William Rehnquist, el presidente George W. Bush propone a John Roberts como sucesor, el por entonces senador Barack Obama no formuló objeción alguna en cuanto a la adecuación de Roberts para el cargo. Éste no sólo procedía de la facultad de derecho de Harvard (al igual que Obama), sino que tenía un impecable currículum académico y un impresionante historial, siendo además uno de los mejores abogados que había ejercido ante el Tribunal Supremo, a lo que añadía un carácter sumamente abierto y simpático capaz de atraerse incluso a potenciales adversarios. Tan es así, que según indica Toobin la intención del senador por Illinois era votar favorablemente a Roberts, pero sus asesores políticos le disuadieron de hacerlo con un poderosísimo argumento: votar “sí” a un candidato propuesto por George W. Bush podría minar las posibilidades de Obama a la hora de luchar por la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2008, por muy intachables que fuesen los méritos de Roberts. Y así, por ese motivo, el siniestro Obama votó en contra.

Esta semana se inicia en el Comité Judicial del Senado el procedimiento de confirmación de Neil Gorsuch para cubrir la vacante que en el Tribunal Supremo ocasionara el fallecimiento de Antonin Scalia hace más de un año. Sin perjuicio de que en nuestra próxima entrada desgranaremos las fases que integran el procedimiento de designación de un juez federal, adelantaremos que uno de los informes que suele tener bastante peso es el de la American Bar Association, es decir, la organización que engloba a la profesión letrada. La evaluación no es, ni mucho menos, un “paseo militar” para el candidato, que ve diseccionada su trayectoria pública en el mundo del Derecho y es sometido a un exhaustivo proceso de análisis objetivo que desgrana punto por punto no sólo su trayectoria jurídica, sino incluso la integridad profesional del aspirante a juez. Pues bien, en el caso de Gorsuch la valoración que de forma unánime ha otorgado la American Bar Association es la de “well qualified”, es decir, la máxima posible. Tan es así, que como se indica en una entrada que obra en el imprescincible Supreme Court of the United States Blog, ha llegado a denominarse al informe positivo de la American Bar como el “gold standard.” Ello hace francamente difícil, por no decir imposible, cuestionar su idoneidad para el cargo, de ahí que seguramente la principal oposición venga por otro flanco: el político.

Evidentemente, sería inútil negarlo, todo nombramiento que se hace para cubrir una vacante en el Tribunal Supremo tiene un componente político, y es así desde que el presidente John Adams, en sus últimas semanas en el cargo, nombrara a John Marshall como chief justice. Tal politización puede, obviamente, acentuarse, y en este sentido tanto demócratas como republicanos aceptan el hecho como natural. Es evidente que el demócrata Franklin D. Roosevelt pretendió, con su prerrogativa de designación de jueces federales, reorientar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en un sentido más favorable a su política de New Deal, algo que finalmente logró. Es también evidente que el republicano Richard Nixon llegó a convertir en uno de los principales ejes de su campaña electoral el rectificar los excesos jurisprudenciales de la era Warren, y sin perjuicio de que tuvo la posibilidad de efectuar cuatro nombramientos, no logró su objetivo final. Es también claro y manifiesto que tanto en Estados Unidos como en cualquier país del mundo cualquier juez tiene su filosofía jurídica y sus inclinaciones personales. Y es evidente que no es mejor juez quien se recluye en su despacho aislándose de la sociedad en aras de esgrimir una mala entendida imagen de independencia judicial. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra (por citar dos países de los que nadie podrá dudar de la excelencia de su judicatura) los magistrados no rehúyen expresar su opinión sobre la calidad técnica de las leyes, incluso en entrevistas y debates televisivos. Hemos visto a dos jueces de Tribunal Supremo, Stephen Breyer y el fallecido Antonin Scalia, debatir amigablemente sus puntos de vista acerca de la interpretación judicial de las leyes. Hemos visto al propio chief justice en múltiples entrevistas, encuentros, e incluso en publicaciones expresarse sobre cuestiones legales. Es una experiencia no sólo enriquecedora, sino que contribuye a que los jueces tomen contacto con la realidad y “pisen el suelo”.

Con todo, si algo es de admirar en este punto es la seriedad y rigor de los procedimientos que tienen lugar en el Comité Judicial del Senado. Y dado que en los denominados hearings, los senadores que integran el Comité bombardean literalmente al candidato con preguntas de la más variada índole, es evidente que cualquier persona con un mínimo de interés puede, simplemente observando dichos procedimientos, hacerse una idea de ante qué tipo de profesional nos encontramos. Qué diferencia en este punto con las ramplones y mediocres comparecencias que tienen lugar en nuestro país, donde los candidatos propuestos únicamente acuden a recibir el placet de los diputados sometidos al mandato imperativo de sus jefes, que en la intimidad de las covachuelas o ante un más o menos copioso refrigerio han pactado su cuota de alta judicatura.

CUANDO LA RIVALIDAD ENTRE JUECES LLEGA AL INSULTO.

No es ciertamente algo excepcional que dos órganos judiciales o incluso dos Salas o Secciones de un mismo órgano mantengan una rivalidad más o menos explicitada. Es lo que ocurre en nuestro país, por ejemplo, entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que, por utilizar una pudorosa expresión que escuché en cierta ocasión a mi admirado Ramón Punset Blanco, “atraviesen en ocasiones momentos delicados”, que en algunas ocasiones incluso han saltado a las portadas de los diarios. Un enfrentamiento similar mantienen el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito (órgano este último que suele ver sus resoluciones sistemáticamente anuladas por aquél) si bien en este caso manteniendo educadamente las formas. Pero si el enfrentamiento o lucha entre las Salas existe, también se producen otros mucho más curiosos: los que tienen lugar entre los jueces que forman parte de un mismo órgano o sección.

Puede ocurrir que la enemistad entre los jueces quede oculta bajo siete llaves y velada o cubierta por un manto de exquisito respeto a las formas y disimulada hasta tal punto que incluso el destinatario de la antipatía no se percate de ello. Un ejemplo de esta animadversión larvada que no llegó a ser conocida hasta mucho tiempo después fue la que mantuvio el chief justice Harlan Fisk Stone hacia Hugo L. Black. Nadie podía sospechar que el chief justice no podía ver ni en pintura a su colega, y éste se enteró por sorpresa de ello al leer la biografía que con el título Harlan Fisk Stone: Pillar of the Law, escribió Alpheus Thomas Mason y que salió al mercado en 1956. Años más tarde, Black confesó al chief justice Warren Burger que al asomarse a las páginas de dicho libro se dio cuenta por vez primera que Stone no le podía soportar.

En otras ocasiones ni la cortesía más exquisita puede evitar que los enfrentamientos entre jueces salten a la luz. James McReynolds, por ejemplo, tenía un carácter tan difícil que le llevó a sonoros enfrentamientos con sus colegas, hasta tal punto que el chief justice William Howard Taft llegó a manifestar que: “todo va como la seda….en ausencia de McReynolds”. Cierto día que Harlan Fisk Stone hizo notar a su colega que el escrito de un abogado contenía “el argumento más estúpido que había visto”, hubo de sufrir un hiriente comentario de McReynolds: “La única cosa más estúpida que se me puede ocurrir es escucharte leer tus sentencias”. Ni tan siquiera alguien tan formal e imponente como Charles Evans Hugues logró evitar un enfrentamiento con McReynolds. Robert H Jackson, attorney general y más tarde juez del Tribunal Supremo, decía de Hughes que “not only resembled Almighty God, he spoke like Him too” (no sólo parece, sino que habla como Dios todopoderoso). Pues bien, en cierta ocasión que el chief justice Hugues envió a un secretario a recordarle a McReynolds que estaban esperando por él para iniciar la votación y fallo de varios asuntos, hubo de recibir una insultante respuesta: “Dígale al chief justice que no estoy a sus órdenes

Enfrentamientos personales los tuvieron igualmente otros jueces como, por ejemplo, el chief justice Earl Warren y Felix Frankfurter. Warren, antiguo gobernador de California y candidato frustrado a la nominación republicana como candidato a la presidencia por dicha formación política, es el ejemplo más claro y evidente del individuo cuya mentalidad es más política (como antiguo gobernador republicano de California, jamás logró digerir su fracaso a alcanzar la nominación de dicho partido para concurrir como candidato a las presidenciales, algo que nunca perdonó a Richard Nixon) que jurídica, a lo que unía un ego inmenso. El mismo ego que poseía Frankfurter, uno de los jueces más capaces que sirvió en dicho órgano judicial, pero que jamás logró desprenderse de su mentalidad de profesor en Harvard. De ahí que sus exposiciones en las conferencias tuviesen más un aura profesoral que judicial. Por ello, en cierto día en que el Tribunal debatía un asunto muy delicado que desembocó en una sesión muy conflictiva, Frankfurter le espetó a Warren: “Be a judge, God damn it, be a judge!” (Sé un juez, por Dios, sé un juez); no sólo quedó ahí, sino que en otra acalorada reunión Frankfurter fue aún más lejos, y no tuvo reparos en dejar manifiesta la opinión que tenía de Warren: “You´re the worst chief justice this country ever had” (Eres el peor Presidente que el Tribunal Supremo ha tenido jamás).

Pero sin duda alguna el caso más extremo fue el que enfrentó a Stephen Field y a David Terry. Field era un jurista nacido en Connecticut que se desplazó a California a mediados del siglo XIX tras el descubrimiento de oro en dicho estado. Dio muestras en innumerables ocasiones de su fuerte personalidad y de que no era una persona que se amilanase fácilmente. Cuando, ejerciendo como abogado, un juez le dijo explícitamente que le mataría si le volvía a ver en su sala, Field ni corto ni perezoso compró dos revólveres y no tuvo empacho en decirle al juez que si deseaba matarle estaría a su disposición esperándole…..con las armas en la mano. Curiosamente, Field fue elegido chief justice de California cuando su predecesor, David Terry, hubo de abandonar el estado al matar en duelo a David Broderick, uno de los senadores del estado. Cuando años después Stephen Field, ya juez del Tribunal Supremo, hubo de resolver como juez de circuito un caso en el que una de las partes era el exjuez Terry y falló en contra de éste, la parte derrotada juró no olvidar. Enloquecido, David Terry intentó asesinar a Field y fue abatido por uno de los guardaespaldas del juez.

En todo caso, si existen rivalidades y soterrados enconos personales, también hay ejemplos de todo lo contrario. El gran chief justice John Marshall instauró una peculiar costumbre para tratar de lograr un ambiente de trabajo cordial entre personas muy diferentes: compartir una copa de Madeira, licor muy apreciado en aquélla época. Inicialmente, tal acontecimiento se limitó a días lluviosos. No obstante, cierto día en que el juez Joseph Story hizo notar a su colega que no podrían tomar la copa en tanto en cuanto hacía un sol radiante, se encontró con que el sonriente chief justice le enmendó la plana con un curioso razonamiento: “Afortunadamente, Dios ha dotado a este país con un territorio tan vasto que indudablemente en alguna parte del mismo estará lloviendo.”

LA APELACIÓN AL PUEBLO…..¿ES DEMOCRACIA?

Bruce Ackerman, en su magnífico y celebrado ensayo The failure of the founding fathers, contiene una afirmación que conviene no perder de vista: “The men of 1787 were very proud of being revolutionaryes, but talk of democracy made them nervous.” En efecto, quienes con una energía, vigor y decisión sin precedentes osaron enfrentarse a una de las más poderosas monarquías europeas, sin embargo desconfiaban de otorgar excesivo poder al elemento popular, en tanto en cuanto con una mentalidad muy típica de la época y del movimiento conocido como despotismo ilustrado, consideraban al pueblo como menor de edad, a alguien a quien debía protegerse y tutelarse, pero en modo alguno otorgarle excesivas facultades. Por eso me sorprendió notablemente cuando, enfrascado en la lectura del entretenidísimo libro Plain, honest men, escrito hace unos años por Richard Beeman y en el que sumerge al lector en los debates del proceso constituyente americano, uno comprueba que James Wilson, representante del estado de Pennsylvania, fue una voz discordante en cuanto no sólo abogó por que los miembros del Senado fuesen elegidos directamente por la ciudadanía, al igual que la Cámara de Representantes (sus colegas defendían que los senadores fuesen elegidos por las legislaturas de los estados), sino que incluso la elección directa del Presidente, mientras que el resto de delegados, temeroso de que la legitimación popular directa del Jefe del Ejecutivo pudiera facilitar que un demagogo accediese al cargo amparándose en una legitimación popular, abusase de las prerrogativas apelando a la legitimidad de origen. James Wilson no era en modo alguno un demócrata, en tanto en cuanto sus gustos y formas aristocráticas le distanciaban sobremanera del estamento popular. Su argumentación era tan simple como lógica: el pueblo carecía de la formación suficiente y era fácilmente manipulable, por lo que el poder recaería siempre en la élite intelectual que los padres fundadores decían representar. No era incoherente con el ideal del republicanismo clásico, que defendía la existencia de una élite intelectual que, precisamente por su formación, debía ser quien se encargase del gobierno, teniendo, eso sí, por único objetivo y principio de gobierno la felicidad de los ciudadanos. En definitiva, que esa apelación al pueblo encubría en el fondo una defensa del “gobierno de los mejores”, algo defendido a lo largo de la historia por numerosas e ilustres personalidades, entre ellas nada menos que José Ortega y Gassett.

A lo largo de la historia no han sido infrecuentes los casos de appelatio ad populum por individuos que en modo alguno podían identificarse con ese pueblo al que decían representar. ¿Acaso era coherente que Cayo Julio César, procedente de una de las familias aristocráticas más antiguas de Roma (la gens Iulia) integrase las filas de los “populares”? ¿Acaso los propios revolucionarios franceses no procedían en muchos casos del elemento aristocrático e incluso de la propia alta burguesía, es decir, de estamentos o clases cuyos intereses no coincidían más que de forma tangencial con los del pueblo? Es cierto que en ocasiones quien acude o se ampara en los intereses del pueblo es sincero, pero ejemplos hay y habrá en la historia de lo contrario. Recuerdo que en cierta ocasión, en una conferencia impartida por Gustavo Bueno con el objetivo de presentar su libro Panfleto contra la democracia realmente existente, cargó las tintas frente a quienes calificó de “fundamentalistas democráticos”, llegando a decir ante el numeroso público que llenaba la sala, cito textualmente: “Cada vez que alguien dice que la solución de la democracia es más democracia…..esa persona es peligrosísima. Ahí está un fundamentalista democrático.” No siempre la apelación al pueblo conduce a la democracia, y ahí tenemos el ejemplo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los sistemas que formalmente se calificaban como “democracias populares.” La democracia, como la tolerancia, no se invoca, sino que se practica.

Para finalizar esta intervención, diremos que James Wilson, el intelectual americano que defendió la elección directa de senadores y del Presidente, fue nombrado en 1789 juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Su final fue realmente trágico, pues su condición de juez en el más alto tribunal de los Estados Unidos no le libró de estar durante breve tiempo entre rejas por causa de las numerosas deudas que había contraído. Con problemas de alcoholismo, falleció en agosto de 1798.

de Monsieur de Villefort Publicado en Sin categoría