TRUMP v. HAWAII (II): EL ¿PUNTO FINAL? JURÍDICO DE LA POLÉMICA RESTRICCIÓN A LA ENTRADA EN TERRITORIO NORTEAMERICANO.

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Continuamos el análisis donde lo dejábamos en nuestro anterior post sobre el tema.

3.2.2.- Tras despejar cualquier duda sobre la propia existencia de unas amplias competencias presidenciales caracterizadas por una amplia discrecionalidad, la sentencia aborda otras cuestiones de carácter puramente técnico jurídico que avalan la competencia presidencial. En primer lugar, el Tribunal ofrece una distinción entre determinaciones relativas a la propia admisibilidad para penetrar en territorio estadounidense y los derechos que otorga la expedición de un visado, que no implica de forma automática la autorización de entrada o la remoción de cualquier impedimento al respecto:

En cualquier caso, hemos de desestimar la pretensión de los demandantes porque ignora la distinción básica entre determinaciones relativas a la admisibilidad y la emisión de visados, que preside toda la norma. La Sección 1182 define el grupo de individuos que pueden ser admitidos en los Estados Unidos. Sus restricciones entran en juegos en dos momentos del proceso de solicitud de entrada (o admisión) en territorio estadounidense. En primer lugar, cualquier extranjero a quien no pueda permitírsele la entrada en aplicación del 1182 (basándose, por ejemplo, en riesgos para la salud, historia criminal o consecuencias para la política exterior) es señalado como “imposibilitado para recibir el visado”. Segundo, porque incluso aunque un funcionario consular expida dicho visado, la entrada en territorio estadounidense no está garantizada. Como cada impreso de solicitud de visado explica, el visado no otorga a un extranjero el derecho a entrar en los Estados Unidos “si, en el momento de la entrada”, el oficial de inmigración determina que el solicitante “no puede ser admitido aplicando las previsiones de este capítulo o cualquier otra previsión de la ley.”

Y en segundo lugar, la resolución judicial apunta un par de cuestiones, la segunda de las cuales supone un auténtico bofetón para quienes impugnaban la norma presidencial, cuya inconsistente posición dejaban al descubierto.

El sentido común y la práctica histórica confirma nuestra interpretación. Los presidentes han ejercido constantemente su autoridad para suspender la entrada con base en el criterio de la nacionalidad. Como se ha indicado, Reagan se amparó en la sección 1182 para suspender la entrada como inmigrantes a todos los nacionales cubanos. De igual forma, el presidente Carter invocó el 1185.a.1 para denegar y anular visados a los nacionales iraníes.
Según la interpretación de los demandantes, las anteriores actuaciones se habrían excedido de la autoridad presidencial. Las restricciones que la Proclamación impugnada impone a Corea del Norte (que los demandantes no impugnan) serían igualmente ilícitas. Tampoco podría el Presidente suspender la entrada de ciudadanos de estados extranjeros en respuesta a una epidemia confinada a una determinada región, o a una amenaza terrorista comprobada que implique a nacionales de una nación concreta o específica, ni incluso en el supuesto en que los Estados Unidos se encontrasen en situación de guerra.

3.2.3.- A continuación, la sentencia aborda el auténtico núcleo del asunto, es decir, si las previsiones de la norma impugnada encubrían, bajo el disfraz de la seguridad nacional, una auténtica discriminación por motivos religiosos, dado que en la mayoría de los países afectados por la misma la religión mayoritaria era la musulmana. Para ello se amparaban en las declaraciones efectuadas por Donald Trump tanto en la campaña presidencial como en los primeros días de su mandato.

Tras unos preliminares históricos (donde se recogen declaraciones efectuadas por George Washington, Dwight D. Eisenhower y George W. Bush ante fieles de diversas confesiones religiosas garantizando la absoluta neutralidad de los poderes públicos estadounidenses en materia religiosa), el Tribunal efectúa dos afirmaciones tan obvias que casi no merecerían ser destacadas si no fuese porque en los últimos tiempos lo normal ha de ser recordado:

Durante más de un siglo, este Tribunal ha reconocido que la admisión y exclusión de nacionales de otros países es un acto fundamental de soberanía ejercitado por los departamentos políticos del gobierno y por ello en gran parte inmune del control judicial […] Sin embargo, y aun cuando los extranjeros que buscan ser admitidos en nuestro territorio no gozan de un derecho constitucional a la entrada, este Tribunal ha admitido limitar su enjuiciamiento a casos donde la denegación de un visado afecta los derechos constitucionales de un ciudadano estadounidense.

Se cita a continuación el caso Kleindienst v. Mandel (resuelto el 29 de junio de 1972), donde las autoridades habían prohibido la entrada en territorio americano a un periodista belga autodeclarado “marxista revolucionario” que había sido invitado por las autoridades universitarias de Stanford para dar una conferencia en dicha institución. Pero en tal caso quienes impugnaron la decisión fueron las autoridades universitarias, y no invocaron cuestiones ideológicas, sino el derecho a “recibir información.” Y dicho precedente, además, reconocía explícitamente que las facultades revisoras de los órganos judiciales en este tipo de casos era (y continúa siendo) muy reducida, por cuanto “una investigación judicial en el reino de la seguridad nacional plantea dificultades en lo que respecta a la separación de poderes, al inmiscuirse en responsabilidades constitucionalmente atribuidas al presidente en materia de asuntos internacionales.”

No obstante, la Sentencia entra a examinar la normativa y al hacerlo concluye que no existe motivo alguno que avale la afirmación de quienes invocan discriminación religiosa:

Dado que existe clara evidencia que la suspensión de entrada tiene una justificación razonable por motivos de seguridad nacional, independientes de cualquier hostilidad religiosa, debemos aceptar tal justificación independiente.
La Proclamación se basa de forma expresa en motivos legítimos […] Nada dice de la religión en su texto. Los demandantes y los opuestos a dicha norma enfatizan, sin embargo, que cinco de las siete naciones incluidas en la Proclamación tienen población de mayoría musulmana. Sin embargo, por sí solo este hecho no es válido para acreditar una hostilidad religiosa, dado que únicamente afecta al 8% de la población musulmana mundial y está limitada a países que previamente fueron identificados tanto por el Congreso como por administraciones anteriores como un riesgo para la seguridad nacional.

Este es, a mi humilde entender, el elemento clave. Es decir, no se discrimina la entrada a un ciudadano por ser musulman, sino por ser nacional de un país que no sólo constituye un riesgo potencial para la seguridad nacional, sino que fueron el propio Congreso y anteriores mandatarios (sí, sí, el injustamente blanqueado -con perdón- Obama entre ellos) quienes apuntaron a dichas naciones como potenciales riesgos para la seguridad nacional.

Los demandantes, inasequibles al desaliento, alegan por último que no comparten el hecho de que las medidas adoptadas en la Proclamación sean eficaces para garantizar el objetivo último perseguido. No obstante, dicha afirmación es rechazada por el Tribunal con argumentos muy similares (en este caso, sí) a los que podemos encontrar en cualquier órgano judicial español que controla la actividad administrativa:

No podemos sustituir los juicios del ejecutivo en tales materias por el nuestro propio, dado que los asuntos son delicados, complejos e implican bastantes elementos de futuribles.

Por último, quienes impugnaban la normativa se acogían con alfileres al asunto Korematsu v. United States, el asunto resuelto el 18 de diciembre de 1944 en el que el Tribunal Supremo declaró la constitucionalidad de los campos de internamiento de población japonesa en territorio estadounidense, pretendiendo comparara la actual situación con la vivida en plena Segunda Guerra Mundial. La Sala, aun cuando aprovecha para desautorizar su pronunciamiento anterior, propina un sonoro bofetón a quienes equiparan ambas situaciones:

Cualquiera que sea la ventaja retórica que puedan ver al invocarlo, lo cierto es que Korematsu nada tiene que ver con este caso. La concentración forzosa de ciudadanos estadounidenses en campos de concentración, única y específicamente sobre la base de la raza, es objetivamente ilícita y extramuros de la autoridad presidencial. Pero es absolutamente inadecuado comparar una orden tan repugnante desde el punto de vista moral con una política neutral que únicamente deniega a los nacionales de ciertos estados del privilegio de admisión. La suspensión de entrada es un acto que se encuentra dentro de las prerrogativas del ejecutivo y que pudo haber sido adoptado por cualquier otro Presidente – la única cuestión consiste en evaluar las acciones de este particular presidente a la hora de promulgar una Proclamación válida de cualquier otra manera.
La referencia que los demandantes efectúan al caso Korematsu permite a este Tribunal expresar lo que es obvio: Korematsu fue un grave error en el momento en que se adoptó y ha sido dejado sin efecto en la historia del Tribunal y, seamos claros, “no tiene lugar en el ordenamiento jurídico bajo la Constitución (voto particular disidente del juez Jackson”).

3.3.- Los votos particulares.

3.3.1.- Votos particulares concurrentes.

Existen dos votos particulares concurrentes. El primero, de Anthony Kennedy, es sumamente breve, de apenas página y media; y más que una precisión o añadido a la sentencia (que suscribe “en su totalidad”) supone una seria advertencia o toque de atención al ejecutivo: “Existen numerosos casos donde las acciones de los empleados gubernamentales no están sujetos a intervención o control judicial. Ello no implica que dichos empleados sean libres para obviar la Constitución y los derechos que ésta proclama y protege […] El hecho de que un cargo público posea una amplia discrecionalidad, libre del control judicial, hade más imperativo que se adhiera a la Constitución y a su significado y promesa.”

El segundo voto particular concurrente es de Clarence Thomas, es mucho más extenso, y aun cuando se inicia afirmando que la normativa legal “no establece ningún límite judicial que constriña al presidente” y que éste posee “autoridad inherente para excluir a extranjeros del territorio”, se centra básicamente en un asunto que la sentencia mayoritaria dejó irresuelto: la posible ilicitud de las national injunctions, es decir, la medida cautelar de suspensión adoptada por un juzgado federal y cuyos efectos no se limitan a su ámbito territorial, sino a todo el territorio nacional estadounidense. Las diez páginas de este voto particular se ciñen, pues, a defender que las national injunctions carecen de base constitucional y legal, por lo que el Tribunal debería haberse pronunciado al respecto y haberlas declarado ilícitas.

3.3.2.- Votos particulares discrepantes.

Existen dos votos particulares discrepantes: el de Stephen Breyer (al que se adhiere Elena Kagan), y el de Sonia Sotomayor (al que se Cuma Ruth Bader Gisburn). El primero, muy breve (ocho páginas) y respetuoso, que sostiene una divergencia entre el texto de la Proclamación y la forma en que está siendo aplicada. El segundo, mucho más largo (veintiocho) y duro, aprovecha, además la ocasión que le han permitido para equiparar el caso Korematsu al actual.

La juez Sotomayor omite (porque me niego a creer que lo ignore) tres hechos claves en el asunto Korematsu. El primero, que la decisión de internar a la población japonesa (incluso aunque hubiesen adquirido la nacionalidad estadounidense) en campos de concentración la adoptó Franklin D. Roosevelt y en el seno de un conflicto bélico frente al Japón. La segunda, que quien estaba ejecutando esa medida en el estado de California era nada menos que el attorney general de dicho estado, un tal Earl Warren. Y la tercera, que el ponente de la sentencia Korematsu fue Hugo L. Black. ¿Por qué oculta Sotomayor estos tres datos? En el caso de Roosevelt es claro: porque era demócrata y no republicano. En los casos de Warren y Black, porque se convirtieron por su actuación en los años cincuenta y sesenta en ídolos de los jueces del ala liberal, por lo que no conviene recordar las páginas más tétricas de sus biografías.

Por cierto, para quienes suelen acusar de parcialidad a los magistrados que integran el ala conservadora, convendría recordarles un hecho que no he visto reflejado ni en un solo medio de comunicación español. El 7 de octubre de 2016, es decir, justo un mes antes de las elecciones presidenciales, en una entrevista pública, la juez Ruth Bader Ginsburn hizo las siguientes declaraciones: “No puedo imaginar lo que sería el país con Donald Trump como presidente. Para el país, serían cuatro años. Para el Tribunal, sería…no quiero siquiera imaginarlo.”

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LA RETIRADA DE ANTHONY KENNEDY Y SU POSIBLE IMPACTO EN LA DIVISIÓN INTERNA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

US-JUSTICE-COURT

Ayer día 27 de junio de 2018, Anthony Kennedy, uno de los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que, además, es el juez más veterano de los que actualmente integran la institución, hizo pública su decisión de retirarse con efectos desde el 31 de julio de este año. Anuncia su decisión tan sólo un día después de inclinar con su voto la balanza en favor del actual ejecutivo en el caso Trump v. Hawaii.

Los medios españoles en general se han hecho eco de la noticia transmitiendo la desinformación habitual de la que suelen hacer gala, en cuanto se ha convertido en una especie de leit motiv afirmar que la renuncia de Kennedy otorgará a Trump la posibilidad de “escorar el Tribunal aún más a la derecha” (sic), con lo cual demuestran no tener no sólo la más remota idea de la actual composición del Tribunal, sino ni tan siquiera de la evolución histórica de dicho órgano en el último medio siglo. Es cierto que, salvo que el nuevo juez que se nombre tenga una evolución en sentido contrario a quien lo propone (algo que, en el caso de los jueces nombrados por los republicanos, no suele ser algo inhabitual) por vez primera puede existir una sólida mayoría conservadora de cinco votos frente a cuatro. Esa situación sí que es inédita.

Conviene, por ello, hacer un breve repaso a los estadios evolutivos del Tribunal Supremo desde la época en que fue presidido por Earl Warren (un personaje excesivamente mitificado y que, a mi juicio, actuó muchas veces más por rencor o animadversión que por convicciones personales) y, posteriormente, incidir en la situación existente en el momento en que fue nombrado Anthony Kennedy y el impacto que su nombramiento supuso.

Primero.- El Tribunal Supremo en el periodo 1954-2018.

1.1.- Era Warren (1954-1968)

En el año 1954 fallece súbitamente el chief justice Fred Vinson, y el presidente Eisenhower escoge para sucederle a Earl Warren, entonces gobernador de California. Warren había sido un serio candidato a encabezar la lista republicana a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 1952, pero sus posibilidades quedaron volatilizadas cuando Richard Nixon hizo campaña en favor de “Ike”, algo que Warren fue incapaz de perdonar a ambos, y desde entonces mantuviese una abierta y nada indisimulada hostilidad hacia Eisenhower pero, sobre todo, frente a Nixon.

Durante los tres lustros que presidió el Tribunal Supremo, Warren protagonizó uno de los más radicales periodos de activismo judicial sin precedentes en la historia judicial norteamericana. Además, fue llegar y besar el santo, pues en el mismo 1954 se estrenó con la célebre sentencia Brown v. Board of Education of Topeka, que puso fin a la segregación racial consagrada a nivel jurídico en el caso Plessy v. Fergusson, que expresamente se dejó sin efecto. Otros casos resueltos durante su mandato fueron el no menos célebre Miranda v. Arizona (del que derivan los célebres “derechos Miranda”), Grinswold v. Connecticut (relativo al derecho a la intimidad) y Baker v. Carr (relativo a la configuración de los distritos electorales). No todo fue color de rosa durante esos años, pues el chief justice hubo de presidir la Comisión encargada de investigar el magnicidio de John F. Kennedy, donde protagonizó una de las actuaciones más siniestras de la historia al convertirse en el escudo garantizador de la opacidad más absoluta.

El caso es que no sólo desde posiciones conservadoras, sino incluso desde ópticas estrictamente liberales (el juez Learned Hand, por ejemplo) se criticó acerbamente el excesivo activismo judicial que el Tribunal Supremo estaba llevando a cabo. Tan es así, que en la campaña electoral de las presidenciales de 1968, el candidato republicano Richard Nixon hizo uno de los ejes de campaña la necesidad de rectificar ese activismo, lo que efectuaría a través de los nombramientos cuando tuviese oportunidad de hacerlos.

Warren renunció a su puesto en 1968 con la intención de evitar que una posible victoria de Nixon diera a éste la posibilidad de nombrar a su sucesor. Lyndon Johnson propuso a Abe Fortas, pero el Senado rehusó otorgar el placet, por lo que finalmente Nixon tuvo la oportunidad de elegir no sólo al sucesor de Warren, sino al de Fortas, quien se vio obligado a renunciar a su puesto al descubrirse que durante su etapa como juez había estado recibiendo dinero de una institución a la que asesoraba.

1.2.- Era Burger (1969-1986)

1.2.1.- Nombramientos de Richard Nixon y Gerald Ford.

La etapa de Warren Burger puede ser descrita como el fracasado intento de reorientar la jurisprudencia Warren. Nixon tuvo la oportunidad nada frecuente de nombrar a cuatro jueces en su primer mandato: al chief justice Warren Burger en 1969, a Harry F. Blackmun en 1970, y a Lewis Powell y William Rehnquist en 1971.

Pese a todo, la jurisprudencia activista anterior no sólo no se rectificó, sino que incluso se acentuó con el caso que se convertiría en una de las bestias negras del conservadurismo, el asunto Roe v. Wade, que declaraba inconstitucional el criminalizar todo tipo de abortos, sentencia de la que fue ponente Harry F. Blackmun, uno de los jueces que había nombrado precisamente Nixon.

Lo cierto es que tanto Blackmun como Powell evolucionaron hacia posturas moderadas, al igual que lo hiciera John Paul Stevens, el juez nombrado por Gerald Ford en 1975. Esta circunstancia, unida a la incapacidad de liderazgo de Burger (descrita con pelos y señales en el clásico The brethren) conllevó que pese a existir nada menos que cinco jueces propuestos por presidentes republicanos, sin embargo no se logró rectificar la jurisprudencia anterior.

1.2.2.- Primer nombramiento de Ronald Reagan.

Tras suceder a Jimmy Carter (único presidente en la historia de los Estados Unidos que no tuvo opción de nombrar a ningún juez para el Tribunal Supremo), Ronald Reagan nombra en 1981 a Sandra Day O´Connor, cumpliendo así su promesa de nombrar a una mujer juez para el alto tribunal. Sin embargo, O´Connor sería nuevamente una decepción, por cuanto evolucionó hacia opciones moderadas.

Recapitulemos, pues. En 1981 hay nada menos que seis jueces nombrados por mandatarios republicanos (Burger, Blackmun, Powell, Rehnquist, Stevens y O´Connor) y únicamente Rehnquist es un sólido voto conservador.

1.2.- Era Rehnquist (1986-2005)

En 1986, Ronald Reagan tiene la oportunidad de designar al chief justice por la renuncia de Burger. Opta por elevar al juez Rehnquist a la presidencia de la institución, y la vacante de éste como juez asociado es cubierta por Antonin Scalia.

Sigue habiendo, por tanto, seis jueces nombrados por republicanos: Rehnquist, Blackmun, Powell, Stevens, O´Connor y Scalia. No obstante, sí existe una alteración sustancial, puesto que en el bloque conservador sólido, hasta entonces únicamente integrado por Rehnquist (el lone disenter), se incorpora Antonin Scalia.

1.2.1.- El nombramiento de Anthony Kennedy.

En 1987 Ronald Reagan propone a Robert Bork para cubrir la vacante que deja en el Tribunal Supremo la renuncia de Lewis Powell. El conservadurismo de Bork, que éste, ingenuamente, no trató de disimular en el Senado, hizo que se iniciase una feroz campaña contra su nombramiento, campaña que tuvo su éxito porque el Senado rehusó avalar el nombramiento. Reagan propuso a continuación a Douglas Gisnburn, quien hubo de retirar su nombre al descubrirse que había consumido marihuana.

Finalmente, Reagan optó por Anthony Kennedy, un relativamente desconocido juez californiano que obtuvo una fulminante confirmación por 97 votos a favor y ninguno en contra.

Kennedy se incorporaba así a la lista de jueces nombrados por republicanos, que se mantenía en seis. Y aunque inicialmente era un sólido voto conservador, bien pronto se alineó con el sector moderado, como veremos a continuación.

1.2.2.- Nombramientos de George H.W. Bush.

Bush padre tuvo la oportunidad de nombrar a dos jueces. El primero en 1990, siendo el elegido David Souter, que pasa a sustituir a William Brennan, el indiscutido líder del ala liberal (pese a haber sido nombrado por el republicano Eisenhower). Un año más tarde, en 1992 propone a Clarence Thomas como sustituto de Thurgood Marshall, siendo nombrado aquél por un reducidísimo margen de votos y bajo la sombra de acusaciones de comportamiento indecoroso frente a una antigua subordinada, Anita Hill.

Conviene recapitular y hacernos eco de la situación existente en 1990. Durante los últimos veinte años tan sólo habían tenido la posibilidad de efectuar nombramientos mandatarios pertenecientes al partido republicano, y en concreto ocho de los nueve jueces provenían de dicho campo. Esos jueces eran William Rehnquist, Harry Blackmun, John Paul Stevens, Antonin Scalia, Sandra Day O´Connor, Anthony Kennedy, David Souter y Clarence Thomas. Tan sólo Byron White, que había accedido al puesto en 1962 de la mano de John F. Kennedy, fue propuesto por un demócrata. No obstante, esa situación de predominio aparentemente republicano es equívoca. Blackmun se pasó al sector liberal, junto con Stevens y Souter, mientras que O´Connor y Kennedy no eran ciertamente votos inequívocamente conservadores. Por su parte, Byron White si bien en materia de derechos civiles era un liberal, en materia penal era frecuente que se situase en el bando conservador.

1.2.3.- Nombramientos de Bill Clinton.

Bill Clinton tuvo la oportunidad de efectuar dos nombramientos. El primero, nada más llegar al cargo en 1993, nombrando a Ruth Bader Gisburn para sustituir a Byron White. Y el segundo, en 1994, cuando Stephen Breyer pasa a sustituir a Harry Blackmun.

Desde el año 1994, la composición del Tribunal Supremo se va a mantener inalterada hasta el año 2005, es decir, once años sin baja alguna, siendo el periodo de mayor estabilidad en la historia.

En estos momentos hay una división ideológica entre conservadores (Rehnquist, Scalia, Thomas), liberales (Stevens, Souter, Gisburn y Breyer) y los que podríamos denominar “conservadores oscilantes”, es decir, que en ocasiones, y no de forma infrecuente, se alinean con los liberales. Existe pues, una situación de cierto predominio liberal, si bien dependiendo de dos votos conservadores.

1.3.- La era Roberts (2005-actualidad).

1.3.1.- Nombramientos de George Bush jr.

En 2005 se producen dos vacantes, una la que deja la renuncia de Sandra Day O´Connor en junio y otra la que produce el fallecimiento de Rehnquist en septiembre. George W. Bush había propuesto a Roberts como sustituto de O´Connor, pero al fallecer el chief justice cambia y propone a Roberts (antiguo law clerk de Rehnquist) como sustituto de éste, mientras que Samuel Alito sustituye a O´Connor.

La situación de equilibrio anterior se tensa aún más. En este momento hay cuatro votos sólidamente conservadores (Roberts, Scalia, Thomas y Alito) y cuatro liberales (Stevens, Souter, Gisburn y Breyer), dejando a Anthony Kennedy como magistrado clave y decisivo para la obtención de mayorías. Kennedy, aun siendo conservador, en materia de derechos civiles siempre se alineó con el ala liberal.

1.3.2.- Nombramientos de Barack Obama.

La renuncia de David Souter en 2009 y John Paul Stevens en 2010 permitió a Obama nombrar en sustitución de los mismos a Sonia Sotomayor y Elena Kagan, respectivamente. No obstante, la situación de equilibrio interno no sufre mutación alguna, pues dos jueces liberales fueron sustituidos por otros dos liberales.

No obstante, en 2016 tuvo lugar un hecho decisivo: el fallecimiento de Antonin Scalia. Obama propuso a Merrick Garland como sustituto, en un movimiento que hubiese debilitado el bando conservador al provocar que un sólido voto de ese carácter (Scalia) fuese sustituido por un voto liberal, quedando integrado este sector por cinco miembros sólidos. No obstante, el Senado rehusó siquiera tramitar el procedimiento al hacer público que el nombramiento debería hacerlo el próximo mandatario. La candidatura de Garland decayó en enero de 2017.

1.3.3.- Nombramiento de Donald Trump.

Trump tuvo la oportunidad de designar a Neil Gorsuch como reemplazo de Scalia. Por ello, la situación del Tribunal Supremo se mantiene intacta: cuatro conservadores (Roberts, Thomas, Alito, Gorsuch) y cuatro liberales (Gisburn, Breyer, Sotomayor, Kagan), con Anthony Kennedy como magistrado clave oscilando entre ambas tendencias.

Esa situación de equilibrio precario sí que puede verse afectada ahora con la retirada de Kennedy, si éste es sustituido por un magistrado que apoye con su voto sólido el bloque conservador.

Segundo.- El legado de Anthony Kennedy.

Kennedy es una persona conservadora y profundamente católica. Por ello, no es de extrañar que en principio su posición fuese la de alinearse con esa tendencia. Suyo fue el voto decisivo en asuntos como District of Columbia v. Heller (que anula por inconstitucional una legislación armamentística por vulnerar la segunda enmienda), Citizens United v. Federal Election Commission (que anula por inconstitucional parte de la legislación electoral que limitaba las aportaciones a campañas electorales, por considerar que vulneraba la primera enmienda) o la reciente Trump v. Hawaii (que declaraba lícita la normativa aprobada por el presidente Trump restringiendo la entrada en territorio americano a nacionales de determinados países). En el caso National Federation of Independent Business v. Sebelius, donde se avaló la constitucionalidad de la reforma sanitaria de Obama, se alineó con el ala conservadora, si bien en esta ocasión fue el chief justice Roberts quien incorporó el voto decisivo al ala liberal.

No obstante, si hubo un caso polémico en el que Kennedy fue decisivo éste lo constituyó, sin duda alguna, el caso Bush v. Gore. Aun cuando la sentencia aparece redactada per curiam, es vox populi que el ponente de la misma fue Kennedy. Según cuenta Jeffrey Toobin en su libro The nine, la insistencia de Sandra Day O´Connor en dejar claro que el asunto no podía en modo alguno constituir un precedente fue lo que llevó a Kennedy a incluir la polémica y celebérrima frase: “Our consideration is limited to the present circumstances….”

De creer a Toobin, fue precisamente el caso Bush v. Gore y, sobre todo, los continuos viajes al extranjero que Kennedy efectuó desde esa fecha y el contacto con los jueces y sistemas de otros países (sobre todo europeos) los que modificaron su visión. Bien es cierto que en materia de libertades civiles, Anthony Kennedy dejó siempre bien claro que su voto no estaba en modo alguno condicionado o era previsible. En 1992, en el asunto Planned Parenthood v. Casey, evitó (alineándose con Souter y O´Connor) que la doctrina Roe fuese explícitamente derogada. Pero tal proceder se acentúa tras el año 2000. Todas las sentencias en materias de derechos civiles llevan el sello de Kennedy. Así, en Lawrence v. Texas (2003) su voto fue clave para declarar la inconstitucionalidad de la tipificación de la sodomía, de igual manera que en el caso Obergefell v. Hodges (2014) no sólo su voto fue el decisivo, sino que fue el redactor de la sentencia que vinculó el matrimonio entre personas del mismo sexo con el derecho constitucional consagrado en la decimocuarta enmienda. En los casos de derechos civiles de los detenidos en Guantánamo su voto fue igualmente decisivo en el asunto Boumediene v. Bush (2008), sentencia que igualmente redactó. También se debe a Kennedy el proscribir la pena de muerte para menores y personas con minusvalías psíquicas, como ocurrió en el asunto Roper v. Simmons.

En definitiva, un juez católico y conservador a quien, sin embargo, se deben notables avances en derechos civiles. Un juez cuya sustitución, esta vez sí, puede inclinar definitivamente la balanza a uno de los lados, rompiendo un equilibrio interno que se venía manteniendo con mayor o menor intensidad desde los años ochenta.

TRUMP v HAWAII (I): EL ¿PUNTO FINAL? JURÍDICO DE LA POLÉMICA RESTRICCIÓN A LA ENTRADA EN TERRITORIO NORTEAMERICANO.

President Trump Signs Section 232 Proclamation On Steel And Aluminum Imports

Como suele ser habitual, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos suele hacer públicas las sentencias de los casos más controvertidos la última semana del período de sesiones, es decir, a finales del mes de junio. Ese principio no se ha roto en el presente año, y ayer martes día 26 de junio de 2018 se ha hecho pública la esperadísima sentencia Trump v. Hawaii, en la que se avala la polémica Orden Ejecutiva del actual inquilino de la Casa Blanca relativa a la prohibición de entrada en territorio estadounidense de nacionales procedentes de diversos países.

los medios españoles se han mantenido fieles a su proceder y han transmitido esta noticia con el sesgo y desconocimiento habitual, transmitiendo una información que poco o nada tiene que ver con la resolución judicial. Se han omitido algunos datos esenciales para entender este asunto y, por supuesto, los corresponsales españoles ni tan siquiera han demostrado haberse no ya leído (vade retro), sino tan siquiera ojear la sentencia, que despachan con frases estereotipadas.

Dada la importancia del tema, dedicaremos un par de entradas a analizar tanto la sentencia como los votos particulares, y dada la extensión material que ello implica conlleva que el análisis deba repartirse en varias entradas.

Aclaramos que el análisis del asunto se circunscribe única y exclusivamente a su vertiente jurídica, exponiendo, como solemos hacer en esto casos, los antecedentes del caso y los razonamientos del Tribunal Supremo.

Primero.- Antecedentes fácticos: actos presidenciales en materia de extranjería.

 

Como es de todos conocido, nada más tomar posesión de su cargo el presidente Donald Trump aprobó el día 27 de enero la Orden Ejecutiva 13769 restringiendo la entrada en territorio americano de ciudadanos procedentes de siete países, en concreto Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Dicha orden fue impugnada judicialmente y el juzgado federal del distrito de Washington, ante una impugnación judicial de dicha norma, suspendió cautelarmente su eficacia.

Visto lo anterior, el presidente sustituye la normativa impugnada por la nueva Orden Ejecutiva 13780 que expide el 6 de marzo. Esta normativa fue impugnada e igualmente suspendida de forma cautelar, asunto que llegó al Tribunal Supremo, quien en el asunto Trump v. International Refugee Assistance Project no llegó a pronunciarse sobre el fondo porque la normativa impugnada había sido nuevamente sustituida.

Finalmente, el 24 de septiembre de 2017 el presidente aprueba la Proclamación 9645, que introduce restricciones para la entrada en territorio estadounidense de ciudadanos nacionales de ocho países. Tal y como se indica en dicha norma, la selección de los países en cuestión se efectuó sobre la base de información suministrada por los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado, así como por diversas agencias de inteligencia norteamericanas. Además, con carácter previo a la elaboración y publicación de la Proclamación, el presidente efectuó consultas sobre el particular con varios miembros del gabinete.

La Proclamación tiene diversos grados, y así, por ejemplo, las naciones que no mantienen ningún grado de colaboración con los Estados Unidos a la hora de identificar riesgos de seguridad (caso de Irán, Corea del Norte y Siria) ven cómo sus nacionales no podrán entrar en territorio estadounidense; los países que mantienen cierto grado de colaboración pero el mismo es considerado insuficiente (casos de Chad, Libia y Yemen) la restricción es bastante severa, pero no absoluta. Con todo, se excepciona de la prohibición de entrada a los residentes de dichos países que tengan reconocido el derecho de asilo.

Segundo.- El proceso judicial de impugnación en las instancias inferiores.

2.1.- Los demandantes y los motivos impugnatorios.

La Proclamación 9645 fue impugnada judicialmente por el estado de Hawaii, por la Asociación Musulmana de Hawaii (una organización no gubernamental que opera en dicho estado) y por tres ciudadanos que, residiendo legalmente en los Estados Unidos, tienen parientes en tres de los estados a los que se aplica la norma presidencial.

Conviene tener en cuenta dos datos a tener en cuenta y que delimitaban jurídicamente el debate procesal:

2.1.1.- Curiosamente los demandantes no cuestionaban la aplicación de la Proclama en lo que a los nacionales de Venezuela y Corea del Norte. En otras palabras, que la impugnación no se efectuaba frente al acto in totum, sino que se aceptaba expresamente la prohibición de entrada de nacionales de determinados países. En otras palabras, que respecto a esos dos países (los únicos, por cierto, en los que no existe una mayoría de población musulmana) los actores bien consideraron que estaba justificada la prohibición o bien no consideraron oportuno extender la impugnación. A todos los efectos, lo importante es que respecto a Venezuela y Corea del Norte, se daban implícitamente por buenas las previsiones normativas cuestionadas para los otros seis países.

2.1.2.- El segundo, que la ilicitud de la proclama se articulaba sobre la base de dos motivos. El primero, de carácter formal, pues se argumentaba que el presidente se había excedido de las funciones que legalmente tenía encomendadas en virtud de la legislación vigente; en definitiva, que se imputaría a la norma el haber sido dictada ultra vires. En segundo, que se vulneraba la primera enmienda constitucional, porque en realidad la Proclamación, aun cuando jurídicamente se amparaba en cuestiones de seguridad nacional, en realidad tal concepto no era más que un mero pretexto que encubría una discriminación a nacionales de países de mayoría musulmana.

2.2.- Iter procedimental en las dos instancias precias.

El asunto se residenció en el Juzgado Federal de Distrito de Hawaii. Dicho órgano judicial adoptó como medida cautelar una national injunction, es decir, una suspensión de la ejecución del acto impugnado, suspensión que no se circunscribía al territorio de Hawaii, sino a todo el territorio estadounidense. Con posterioridad, estimó la demanda al entender que el presidente no había justificado suficientemente que las medidas adoptadas fuesen necesarias para el mantenimiento de la seguridad nacional así como por considerar las medidas aprobadas como una discriminación con base en la nacionalidad.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito desestimó el recurso interpuesto frente a la sentencia de instancia, confirmándola en todos sus extremos y afirmando, además, que el Presidente se había excedido en las facultades que en la materia ostentaba de conformidad con las previsiones de la Inmigration and Nationality Act.

Tercero.- El asunto en el Tribunal Supremo.

3.1.- Cuestiones jurídicas a resolver

Conviene recordar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a la hora de resolver los asuntos no lo hace con carácter general, es decir, no revisa un asunto in totum, sino que limita su conocimiento no ya a aspectos jurídicos en general, sino a determinados aspectos en concreto que ya en la propia admisión deja explícitas en el apartado “questions presented” (asuntos a resolver), y sobre las que, en exclusiva, pivotará todo el recurso.

En el presente caso, las cuestiones planteadas fueron cuatro:

1.- Son competentes los juzgados federales para conocer de las acciones judiciales de los demandantes impugnando la autoridad del Presidente para emitir la Proclamación?

2.- Posee el Presidente la capacidad legal para emitir la Proclamación?

3.- Es admisible una medida cautelar de suspensión aplicable en todo el territorio nacional relativa a partes de la Proclamación?

4.- Vulnera la Proclamación la Cláusula de Establecimiento de la Constitución?

En resumen, que esos cuatro interrogantes no plantean únicamente cuestiones jurídicas de carácter material (léase, sobre el contenido de la norma), sino sobre cuestiones tanto administrativas (la propia competencia del Presidente para utilizar dicho instrumento jurídico) como procesales (la competencia de los órganos judiciales tanto para conocer el asunto como para adoptar medidas cautelares que, aun dictadas por un órgano judicial que extiende sus competencias a un ámbito territorial muy limitado, afecten sin embargo a todo el territorio nacional).

3.2.- La sentencia del Tribunal Supremo.

En esta ocasión, el chief justice John Roberts no quiso rehuir o esquivar su responsabilidad y optó por redactar personalmente la sentencia en lugar de fiar la tarea a otro de sus colegas. La misma contó con el apoyo de otros cuatro jueces, en concreto de Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, es decir, del ala conservadora del Tribunal con la incorporación, en este caso, del juez Kennedy.

Tras despachar en dos breves párrafos la impugnación de la propia competencia de los órganos jurisdiccionales, desestimando la causa de inadmisibilidad esgrimida por el recurrente, se entra de lleno en las cuestiones básicas.

3.2.1.- En cuanto a la competencia presidencial, la sentencia parte de la norma contenida en la sección 1182 letra f) del United States Code, precepto cuyo título ya es de por sí revelador: “Suspensión de la entrada o imposición de restricciones por el Presidente”, y cuyo texto es el siguiente:

Si el Presidente considera que la entrada de cualquier extranjero o cualquier clase de extranjeros en el territorio de los Estados Unidos puede ser perjudicial para los intereses de los Estados Unidos puede, mediante proclamación y por el periodo que estime necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de ellos ya sean inmigrantes o no, así como imponer las restricciones que estime apropiadas en la entrada de extranjeros.    

Quienes impugnaban la norma entendían que dicho precepto únicamente contenía una habilitación reglada que, además, únicamente podía ejercerse por tiempo determinado. Pero el Tribunal Supremo rechaza dicha interpretación con una simple lectura textual de la norma, y rechaza que el Presidente hubiese desbordado las competencias que la ley le atribuye, lo que hace con el siguiente razonamiento:

El texto de la norma otorga al Presidente una amplia discrecionalidad para suspender la entrada de extranjeros en el territorio de los Estados Unidos. El Presidente ha ejercido legalmente dicha autoridad basando su razonamiento (amparado por una investigación que llevaron a cabo varias agencias) que la entrada de los extranjeros en concreto sería perjudicial para los intereses nacionales. Y los intentos de los demandantes de plantear un conflicto con otras previsiones de la ley, y su invocación de los propósitos e historia legislativa, ha de decaer ante la claridad del lenguaje del texto legal.

Y es que, en efecto, la norma de habilitación presidencial le otorga una amplia discrecionalidad y no limita las excepciones o restricciones a la entrada a un lapso temporal concreto o específico. En este punto, la sentencia es tajante:

En sus propios términos, otorga deferencia al Presidente en cada precepto. Confía al Presidente las decisiones sobre si ha de suspender o no la entrada y cuándo hacerlo (“si estima que la entrada” de extranjeros “sea perjudicial” a los intereses nacionales); a quienes puede suspender la entrada (“todos los extranjeros o cualquier clase de ellos”); durante cuánto tiempo (“por el periodo que estime necesario”) y con qué condiciones (“las restricciones que considere apropiadas”) No ha de causar sorpresa que hayamos resuelto previamente que el precepto en cuestión deposite en el presidente “amplias potestades” para imponer restricciones adicionales a las enumeradas en la INA.

La Proclamación se encuentra dentro de los límites de la delegación. El único requisito impuesto es que el presidente “considere” que la entrada de extranjeros “pueda ser perjudicial a los intereses de los Estados Unidos”. El Presidente indubitadamente ha cumplido dicho requisito. En primer lugar, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias efectuar una evaluación completa y singularizada del cumplimiento de cada país. Seguidamente, elaboró una Proclamación describiendo ampliamente los hechos […]

En definitiva, que el Tribunal sostiene que el texto de la norma es claro; que el mismo otorga al Presidente unas facultades discrecionales y no regladas y que, por tanto, únicamente ha de motivar las razones que le llevan a actuar de una forma concreta, motivación que ha de circunscribirse a razonar por qué la entrada de determinadas personas o grupos de personas puede ser perjudicial para los intereses de los Estados Unidos.

Por tanto, en la vertiente estrictamente administrativa o competencial, el Presidente ha ejercido lícitamente unas facultades discrecionales que con carácter expreso le atribuye la legislación vigente y, en ese punto, nada puede cuestionarse.

CONTINUARÁ……………….

de Monsieur de Villefort Publicado en Sin categoría

LUCIA v SEC: DISTINCIÓN ENTRE “CARGO” Y “EMPLEADO” PÚBLICO FEDERAL Y REMEDIO JURÍDICO FRENTE A ACTOS DICTADOS POR PERSONAS ILEGALMENTE NOMBRADAS.

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Es de notorio interés amén de suma importancia la reciente sentencia Lucia v. Securities and Exchange Commission, en tanto en cuanto aborda un asunto de importancia tan vital como es la potestad de nombramiento de los Administrative Law Judges, órganos que, pese a su denominación, tienen naturaleza administrativa, y no judicial. Hace apenas un par de meses habíamos dedicado una entrada en el presente blog con el objetivo de explicar los antecedentes de hecho del caso y los términos en que había quedado planteado el debate jurídico. Pues bien, el pasado 21 de junio el Tribunal Supremo ha propinado un sonoro varapalo a la SEC, al afirmar que el Administrative Law Judge es, a los efectos jurídicos, un cargo público de los Estados Unidos (officer of the United States), por lo que su nombramiento, ex constitutione, corresponde al Presidente con la autorización del Senado.

Recordemos que el asunto partía de un procedimiento sancionador de naturaleza administrativa en virtud del cual un ciudadano había sido sancionado por varias infracciones. A la hora de impugnar la sanción, el argumento utilizado fue que el Administrative Law Judge que había resuelto el asunto carecía de nombramiento legal, pues el mismo había sido nombrado por la Securities and Exchange Commission, y por tanto, su resolución era nula por cuanto al tratarse de un cargo público federal el nombramiento debía regirse por las previsiones constitucionales. Es comprensible la alarma de la SEC, que rechazó de plano el argumento al igual que lo hicieron los órganos judiciales de instancia.

El Tribunal Supremo aborda la cuestión estableciendo la sutil distinción jurídica existente entre officers y employees, distinción de honda importancia por cuanto si bien para el nombramiento de los primeros es imprescindible acudir a los preceptos constitucionales, para los segundos no. Pues bien, el máximo órgano judicial ofrece los dos criterios aplicables para distinguir ambas figuras: el temporal y el funcional. Y lo hace, como es habitual, con un estilo claro, directo y sencillo:

Dos sentencias de este Tribunal constituyen el marco básico para distinguir entre cargos y empleados. Germaine sostuvo que los “cirujanos civiles” (doctores contratados para efectuar diversos reconocimientos físicos) eran simples empleados dado que sus deberes eran “ocasionales o temporales” en lugar de “continuos y permanentes.” Amparándose en “ideas de cargo y duración”, el Tribunal dejó claro que para tener la condición de “cargo” un individuo debe ocupar “continuamente” un puesto legalmente creada. Buckley estableció con posterioridad otro requisito, vital para este caso. En el mismo se afirmó que los miembros de una comisión federal ostentaban la condición de cargos únicamente tras comprobar que “ejercían importantes facultades de autoridad de conformidad con las leyes de los Estados Unidos”. La cuestión, por tanto, ha de centrarse en la intensidad de las potestades que un individuo ejerce a la hora de desarrollar sus funciones.

Dos criterios, pues, siendo de decisiva importancia el segundo de ellos, el de las funciones ejercidas que es el determinante para resolver el caso concreto. Pues bien, según consta en autos, el Administrative Law Judge tenía atribuida la “autoridad para efectuar las operaciones necesarias y apropiadas para el desempeño de sus funciones y asegurar de forma ordenada y justa un procedimiento contradictorio”, funciones entre las que se encontraban: “supervisión de las pruebas; emisión, modificación o anulación de citaciones: resolución de incidentes; resolución en asuntos relativos a la admisibilidad de las pruebas; administración de juramentos; interrogatorio de testigos; dirección del curso de procedimiento así como las conductas de las partes y sus asesores, así como imposición de sanciones por mala fe o violación de las normas del procedimiento.” Es decir, como el propio Tribunal Supremo reconoce, citando otro de sus precedentes, “un Administrative Law Judge nombrado por la SEC ejerce unas facultades comparables a las ejercidas por un juez de distrito federal a la hora de presidir un juicio.” Motivos por los que, evidentemente, estamos ante un “cargo” y no ante un “empleado”, lo que irremisiblemente acarrea que el mismo no estuviese debidamente nombrado y, por tanto, las actuaciones administrativas estuviesen viciadas de origen.

Pero la sorpresa, cuando menos para el público español, radica en la solución que ofrece el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a la hora de ofrecer un remedio a la situación. Obvio es decir que en nuestro país la práctica administrativa de “vestir el santo” acarrearía que la misma persona concreta que resolvió fuese nombrada, esta vez siguiendo las previsiones constitucionales, con lo cual todo quedaría “subsanado”, puesto que una vez nombrado debidamente el mismo se limitaría a reproducir el mismo acto anulado sin más que alterar la fecha. Pues bien, anticipándose a dicha posibilidad, el Tribunal Supremo la desautoriza y obliga a que, incluso en el supuesto de que fuese nombrada la misma persona, se efectúe un nuevo procedimiento instruido y resuelto por otro Administrative Law Judge diferente del que ya había juzgado y, por tanto, prejuzgado el caso. Veamos el magistral razonamiento de la sentencia:

Este Tribunal ha sostenido que el remedio “apropiado” para asuntos resueltos por personas indebidamente nombradas es un nuevo “procedimiento ante una persona nombrada de conformidad con las previsiones legales”. A eso añadimos hoy una cosa más. La persona en cuestión no puede ser el juez Elliot, incluso aunque reciba (o pueda recibir en el futuro) un nombramiento constitucional. El juez Elliot ha tramitado el asunto Lucia y resuelto sobre el fundo. No puede esperarse, por tanto, que aborde el asunto como si no lo hubiera hecho antes. Para subsanar ese error constitucional, ha de ser otro Administrative Law Judge (o la Comisión misma) la que tramite el procedimiento al que Lucía tiene derecho.

Esta última doctrina es admirable. En efecto, no puede esperarse que quien ha resuelto un asunto vuelva a tramitarlo desde cero de forma imparcial y desapasionada, por cuanto ya ha prejuzgado el caso. Por ello, lo justo, según el Tribunal, es que sea otra persona la que decida, cohonestando así el estricto cumplimiento de las previsiones constitucionales y los derechos del ciudadano.

Lo que pone de relieve el caso Lucia v. SEC son dos cuestiones absolutamente decisivas:

Primera.- Que cuando un ciudadano impugna una actuación administrativa puede hacerlo sobre la base de cualquier irregularidad invalidante, incluidos aspectos no relativos propiamente al fondo.

Segundo.- Que una persona cuyo nombramiento ha sido anulado por no respetar el procedimiento constitucionalmente establecido para ello, no puede, ni aun en el supuesto de que sea nombrado en forma, volver a tramitar asuntos que ya hubiera resuelto, por cuanto se vulneraría un principio tan básico como es la imparcialidad.

Toda una lección.

SOUTH DAKOTA v. WAYFAIR: CLÁUSULA DE COMERCIO Y TRIBUTACIÓN ESTATAL EN LAS VENTAS A DISTANCIA SIN ESTABLECIMIENTO FÍSICO EN EL TERRITORIO.

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Una de las potestades más draconianas y más propensas al abuso es la tributaria, que si se suma a la de autotutela puede conducir a situaciones alarmantes. En países continentales como el nuestro, donde el absolutismo arraigó hasta tiempos muy recientes, la Administración fue la beneficiaria del trasvase de las potestades antaño ejercidas por la Corona, a las que unió otras muchas que se hallaban dispersas, aspecto éste magistralmente descrito por Alexis de Tocqueville en su ya clásico El Antiguo régimen y la Revolución. Si a ello unimos una judicatura tradicionalmente sometida a los otros dos poderes, la situación desde el punto de vista tanto de la ciencia política como de la sociología se presenta como apta para perpetuar los tradicionales abusos. En estos casos, a la Administración le basta esgrimir en juicio el tan desgastado como infalible comodín del “interés público” (mágico vocablo con el que en numerosas ocasiones se encubre el mucho más tétrico y peligroso de “razón de estado”) para que la Justicia tradicionalmente ciega, se vuelva, además, sorda y muda.

En la otra orilla del Atlántico, la situación es radicalmente distinta, entre otras cosas porque el propio nacimiento de los Estados Unidos tuvo lugar merced a un levantamiento de la población frente a un uso abusivo de la potestad tributaria por parte no de un monarca absoluto, sino de un Parlamento representativo. De ahí que, aun sin cuestionar los fundamentos de la tributación y la necesidad de unos fondos públicos con el que sostener al propio Estado, sin embargo, la simple mención del “interés público” no baste a los titulares de la potestad tributaria. Si a ello unimos que la judicatura siempre ha logrado preservar su independencia frente a los otros dos poderes, nos encontramos con que los órganos jurisdiccionales han efectuado en cada momento una ponderación de todos los intereses así como la propia realidad social del momento.

Vienen las anteriores reflexiones como antecedente necesario para el análisis de la reciente sentencia South Dakota v. Wayfair inc. et. al., hecha pública el pasado día 21 de junio de 2018. Un caso muy interesante no sólo por efectuar una interpretación de la denominada commerce clause en relación con el ejercicio por parte del estado de sus potestades tributarias, sino porque a raíz de la misma se rectifica la línea jurisprudencial anterior en el caso de compra-venta de productos y servicios fuera del establecimiento. Analizaremos, como es habitual, los hechos y los razonamientos de la sentencia.

Primero.- Antecedentes fácticos.

 

1.1.- Ejercicio de la potestad tributaria sobre las ventas en el estado de Dakota del Sur.

Como es bien sabido, el Artículo I del texto constitucional estadounidense regula un legislativo federal con potestades o competencias muy tasadas, de tal manera que las no enumeradas en dicho precepto se entiende que son de competencia estatal. Así, los distintos estados pueden establecer tributos o gravar actividades siempre y cuando tengan lugar dentro de su ámbito territorial.

Pues bien, Dakota del Sur es un estado que, al carecer de impuesto sobre la renta, se nutre fundamentalmente de la tributación sobre las ventas, en virtud de la cual es el vendedor el encargado de recaudar el tributo así como de ingresar las correspondientes cantidades en el Tesoro Público del Estado. Es decir, a grandes rasgos, una especie de Impuesto sobre el Valor Añadido. La jurisprudencia federal aplicable, encarnada en los casos National Bellas Hess, Inc v. Deparment of Revenue of Illinois y Quill Corp v. North Dakota no puso objeción a que el estado gravase las compras a distancia efectuadas por un ciudadano del estado a una entidad mercantil situada extramuros del territorio estatal, eso sí, siempre y cuando la entidad vendedora tuviese establecimiento abierto en público en el estado.

El problema es que la situación mundial ha mutado sobremanera desde las resoluciones citadas (el caso Quill, el más reciente, fue resuelto en el año 1992), y en la actualidad son muchas las plataformas de internet que permiten la adquisición de productos sin necesidad de tener establecimiento abierto al público en lugar alguno; piénsese en Amazon, Iberlibro o similares. Ello supone que, al carecer el vendedor de establecimiento abierto al público en territorio estatal, la operación no estaría sujeta al impuesto. La consecuencia inmediata no se hizo esperar: la recaudación tributaria cayó en picado.

Ante ello, en el año 2016 el legislativo de Dakota del Sur, lógicamente atemorizado ante la merma en los ingresos a causa del exponencial aumento de las ventas por internet, aprueba la Act to provide for the collection of sales taxes from certain remote sellers, to establish certain legislative findings, and to declare an emergency. ¿Cuál era el objetivo de la norma? Frenar la caída de los ingresos públicos, lo que hizo a través de una doble operación:

1.- Sujetando a tributación las ventas efectuadas a ciudadanos del estado por entidades aun cuando éstas careciesen de establecimiento abierto al público en territorio estatal; en otras palabras, una ley en contra de la jurisprudencia existente. No obstante, esa sujeción no era total, sino parcial, por cuanto no estaban sometidas a dicha ley las entidades cuya facturación en el estado no alcanzase los 100.000 dólares anuales o las 200 operaciones.

2.- Autorizando a los órganos tributarios estatales para iniciar acciones judiciales frente a las empresas que se estimase cumplían los requisitos para estar sujetas al impuesto. Es decir, que en Dakota del Sur la Administración Tributaria no goza de las draconianas, intolerables y difícilmente justificables potestades de autotutela del que gozan los órganos españoles (que crean situaciones de facto por su propia voluntad trasladando a los ciudadanos la carga de impugnarlos mediante un largo y costoso procedimiento administrativo y judicial), sino que, por el contrario, deberían recabar el auxilio de los tribunales para el ejercicio de sus facultades frente a los sujetos obligados al pago.

1.2.- El caso en las instancias inferiores.

Los órganos tributarios de Dakota del Sur inician acciones judiciales frente a varias empresas que, sin tener establecimientos abiertos en el territorio estatal, superaban los umbrales fijados por la normativa aprobada en 2016, requiriendo de los órganos judiciales que condenasen a las entidades a llevar a efecto las previsiones de la normativa tributaria. Las entidades se opusieron invocando los casos Bellas Hess y Quill, y el propio estado demandante hubo de reconocer que, en efecto, en estricta aplicación de tal doctrina jurisprudencial, el órgano jurisdiccional debería resolver a favor de los demandados, si bien anunció formalmente que llevaría el asunto hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a fin de instar una modificación de la jurisprudencia en cuestión.

El Tribunal de Circuito de Dakota del Sur, considerando que no había hechos incontrovertidos y las cuestiones jurídicas estaban bien claras, resolvió el asunto en contra de los intereses estatales. Apelada tal resolución, el Tribunal Supremo de Dakota del Sur, dicho estado invocaba en su favor un razonamiento de validez incuestionable: que la situación tecnológica había experimentado numerosos avances desde que fueron resueltos los dos casos cuya doctrina era aplicable, y que con la legislación aprobada en 2016 se pretendía poner al día una legislación obsoleta, elevando ésta al nivel de la situación social y tecnológica del momento, donde en muchos casos no es necesario no ya la presencia de un establecimiento físico en el estado, sino ni tan siquiera establecimiento físico alguno.

El Tribunal Supremo de Dakota del Sur, aun cuando reconoce que en el propio Tribunal Supremo existían voces que apuntaban a la validez de los razonamientos esgrimidos por el estado (en concreto, las de Anthony Kennedy y las de Neil Gorsuch –este último en resoluciones dictadas como juez de apelación antes de incorporarse al Supremo-), desestima el recurso por una estricta aplicación del principio stare decisis, lo que hace con el siguiente razonamiento: “Por muy convincentes que sean los razonamientos del estado para reconsiderar la cuestión, la doctrina Quill no ha sido anulada. Quill continúa siendo el precedente aplicable en asuntos relativos a limitaciones de la cláusula de comercio en ventas interestatales y aplicación de impuestos. Y somos perfectamente conscientes de los criterios del Tribunal Supremo, según el cual han de seguirse sus precedentes cuando son de aplicación directa al caso, sin perjuicio de las facultades de éste para revisar su doctrina.”

En otras palabras, que el Tribunal Supremo de Dakota del Sur no es del todo insensible a los argumentos esgrimidos en defensa de la legislación, pero argumenta que mientras los precedentes invocados no sean dejados sin efectos por el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, éstos son de directa aplicación y, por tanto, ha de desestimar el recurso presentado; razonamiento absolutamente impecable que ciertamente dignifica a los magistrados que, aun cuando no comparten en cuanto al fondo un razonamiento, aplican una doctrina en tanto ésta no sea rectificada. Qué proceder tan distinto del de algunos magistrados y, lo que es más grave, Secretarios Judiciales (me niego a llamarlos Letrados de la Administración de Justicia) que se apartan abiertamente de la jurisprudencia de órganos superiores porque “no se comparte”; así de simple.

Segundo.- Doctrina del Tribunal Supremo.

La sentencia fue redactada por Anthony Kennedy, y gozó del apoyo de otros cuatro de sus colegas. En este caso, la división ideológica tuvo alguna curiosa desviación: el chief justice Roberts formuló un voto particular discrepante al que se unieron tres liberales (Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) mientras que Ruth Bader Gisburn, la juez más liberal, en este caso ocupó el lugar que Roberts dejó vacante en la mayoría.

Como era de esperar (ya que fue el propio Kennedy quien había abogado expresamente con anterioridad por modificar los criterios jurisprudenciales), la sentencia estima el recurso. Tras efectuar un resumen histórico de la jurisprudencia sobre la commerce clause, que inicia con el célebre caso Gibbons v. Odgen (resuelto en 1824), llega a los casos controvertidos, especialmente en el caso Quill. Kennedy apunta a que en el mismo, “tres jueces fundamentaron su decisión únicamente en la aplicación del principio stare decisis (Scalia, a quien se unieron Kennedy y Thomas, en un voto particular parcialmente concurrente).” A continuación, expone las críticas a la doctrina jurisprudencial relativa al principio de necesidad de establecimiento abierto al público. Y tras ello llega el párrafo clave donde se abroga la jurisprudencia anterior:

Quill es defectuoso en sus propios términos. En primer lugar, el principio de establecimiento físico no es estrictamente necesario para el requisito de que el impuesto estatal debe aplicarse a actividades con un nexo sustancial con el estado impositor. En segundo lugar, Quill crea más que resuelve distorsiones en el mercado. Y, en tercer lugar, Quill impone la clase de distinciones formales y arbitrarias desautorizadas por los recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo en relación con la cláusulal de comercio.”

Más adelante incide en una idea clave: “la presencia física no es necesaria para crear un nexo sustancial.” Y todavía un poco más adelante intenta explicar el fundamento último de la cláusula de comercio con unos términos tales que el jurista español de 2018, abrumado por la crisis del estado autonómico y las continuas y constantes reivindicaciones y abusos de las autonomías, no puede más que envidiar: “El Tribunal ha explicado reiteradamente que la Cláusula de Comercio fue designada para evitar que los estados se enzarzaran en una discriminación económica, de tal manera que no se dividiesen en unidades aisladas y separadas. Pero no es el propósito de la misma privar a quienes están inmersos en el comercio interestatal de la justa parte del tributo estatal. Y ciertamente no es el propósito de la cláusula de comercio permitir a la judicatura crear distorsiones del mercado

Tras poner ejemplos prácticos y hacer referencia a los extraordinarios avances técnicos, se concluye: “El requisito de la presencia física tal y como ha sido definido en Bellas Hess y Quill no es sólo un problema técnico legal, sino una imposición extraordinaria por la judicatura en la autoridad de los estados para recaudar impuestos y efectuar funciones públicas críticas.” Por el contrario, “los recurridos lo que piden a este Tribunal es mantener un principio que permite a sus clientes evitar el pago de impuestos sobre las compras”.

No obstante, Kennedy defiende la sentencia Quill acudiendo a un dato sociológico muy relevante: “El Tribunal que hubo de resolver el asunto Quill no tenía ante sí la realidad actual. En 1992, menos del 2% de los americanos gozaba de acceso a internet. Hoy en día ese porcentaje asciende al 89%. Al resolver Quill, el Tribunal no podía anticipar un mundo donde el líder mundial de comercio minorista sería un vendedor a distnacia, s, Li, Amazon […] La presencia y poder de internet han mutado las dinámicas de la economía nacional.”

En definitiva, que el parecer mayoritario del Tribunal deja sin efecto sus anteriores pronunciamientos basándose en el cambio de la realidad social.

LA ORDEN EJECUTIVA DE 20 DE JULIO DE 2018: VERDADES Y MENTIRAS SOBRE LA INMIGRACIÓN EN ESTADOS UNIDOS.

United States

El tratamiento que la prensa española (e hispana) en todo lo que se refiere a los Estados Unidos de América es realmente indigno, y en algunos medios (caso de Antena 3) alcanza algún nivel tan vomitivo que uno empieza a preguntarse quién financia dicha información. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos días con el polémico asunto de las detenciones de inmigrantes ilegales en territorio norteamericano y la separación de familias, que se ha expuesto como si fuese una situación novedosa imputable al actual Presidente y a sus políticas. Para ilustrar dicha situación incluso se ha hecho viral la imagen de un niño de corta edad llorando en una jaula.

Pues bien, a pocas situaciones como la descrita es tan de aplicación el célebre aserto: “Dijiste media verdad. Dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad.” Porque eso es lo que ocurre, se describen unos hechos aparentemente objetivos, pero abstraídos de su contexto y manipulados para orientarlos hacia una determinada perspectiva. Analizaremos brevemente dos aspectos. El primero, la situación normativa. La segunda, la manipulación de los sentimientos a través de la imagen.

Primero.- Análisis de la normativa vigente y su aplicación.

1.1.- La Inmigration and Nationality Act.

La actual legislación estadounidense de extranjería data del año 1952, aunque ha sido modificada en numerosas ocasiones. Fue el 27 de junio de 1952 cuando se aprobó la Act to revise the laws relating to inmigration, naturalization and nationality; and for other purposes, cuya denominación abreviada fue la de Inmigration and Nationality Act o McCarren-Walter Act, debido a los autores de la iniciativa de la que acabó convirtiéndose en norma legal. Dicho texto legal fue vetado por el presidente Harry S. Truman, pero el Congreso de los Estados Unidos anuló el veto presidencial. El texto fue objeto de una importante reforma a través de la Act To ammend the Inmigration and Nationality Act aprobada el 3 de octubre de 1965, aunque no entró en vigor hasta tres años más tarde, el 30 de junio de 1968. Ulteriormente hubo diversas reformas, y el texto consolidado de la legislación vigente es accesible en su integridad en la página web U.S. Citizenship and Inmigration Services, web oficial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos página que, por cierto, permite su lectura tanto en inglés como en español. La normativa sobre inmigración integra actualmente el Título Octavo del United States Code.

Pues bien, la normativa sobre inmigración contempla normas de carácter civil, administrativo y penal, dado que tipifica varias conductas como delictivas. Entre ellas destaca la entrada ilícita en territorio norteamericano (impromer entry by alien) positivizada en el Título 8, Capítulo 12, Subcapítulo II, Parte VIII, Parágrafo 1325, y cuyo texto legal es el siguiente:

El inmigrante que (1) penetre o pretenda entrar en los Estados Unidos en tiempo o lugar distinto del establecido por las autoridades competentes en materia de inmigración o (2) eluda el examen o inspección de dichas autoridades o (3) pretenda entrar o facilitar la entrada a los Estados Unidos mediante una representación deliberadamente falsa o engañosa o mediante datos falsos, será, por la primera comisión de tal delito, penado según las previsiones del título 18, encarcelado por un periodo no superior a seis meses o ambos; y por la segunda o ulteriores comisiones, multado de conformidad con las previsiones del título 18, encarcelado por un periodo no superior a dos años o ambos.”

Todas las autoridades están obligadas a cumplir dichas previsiones, y entre las autoridades se incluye, obviamente, al Presidente de los Estados Unidos, quien no puede excepcionar por su propia autoridad la normativa legal. El hecho de que en España sea costumbre inmemorial la aprobación de Leyes, Reglamentos y normas que nadie cumple ni hace cumplir o, en el mejor de los casos, se aplican de forma aleatoria según le venga en gana a la autoridad de turno no autoriza a presumir que en otros países se haga o deba hacerse lo mismo. Por tanto, guste o no, el texto legal es el que es, y como tal debe ser aplicado. Podrá ser objeto de ulterior reforma o derogación, pero mientras permanezca vigente el mismo ha de ser aplicado.

1.2.- La Executive Order de 20 de junio de 2018.

A la vista de la situación creada por las imágenes difundidas por los medios de comunicación (imágenes en ocasiones veraces, en otras manipuladas, como tendremos ocasión de analizar más adelante), el Presidente aprueba su Orden Ejecutiva de 20 de junio de 2018. Haciendo gala de su habitual rigor periodístico, los medios españoles hablan de “Decreto”, cuando en el ordenamiento jurídico norteamericano no existe tal categoría de normas, sino que el inquilino de la Casa Blanca lo que aprueba son “Ordenes Ejecutivas”, como cualquier periodista podría conocer incluso aun siendo lego en Derecho, simplemente con que estuviese familiarizado con las novelas de Tom Clancy, una de las que integran la saga de Jack Ryan lleva precisamente ese título, algo que, por cierto, no es ocioso, sino que está muy vinculado a la trama.

Pero regresemos a la norma aprobada por Donald Trump. La misma es sumamente breve (cinco secciones o artículos de reducida extensión material) y de muy fácil lectura. Es menester incidir en la primera de las secciones, titulada “policy”, y que más que un artículo propiamente dicho constituye una exposición de motivos o justificación de las razones por las que se aprueba dicha Orden. En concreto, razona de la siguiente manera:

Es el criterio de esta Administración hacer cumplir rigurosamente nuestras leyes de extranjería. Según las mismas, la única forma legal para que un inmigrante penetre en este país es a través del lugar establecido en el momento apropiado. Cuando un inmigrante penetre o intente penetrar en el país por cualquier otro lugar, habrá cometido cuando menos un delito de entrada ilegal, y estará sujeto a mula o enjuiciamiento de conformidad con la Sección 1325(a) del título 8 del Código de los Estados Unidos. Esta Administración iniciará los procedimientos para hacer cumplir esta y otras normas penales del INA hasta o salvo que el Congreso establezca otra cosa. Es igualmente criterio de esta Administración mantener la unidad familiar, incluidas las familias de inmigrantes detenidas juntas cuando ello sea apropiado y consistente con la ley y los medios disponibles. Es lamentable que la inactividad del Congreso y de los Tribunales haya puesto a la Administración en la tesitura de separar a las familias de inmigrantes para hacer cumplir la ley de forma efectiva.”

Dicho lo cual, la norma pretende solventar la situación estableciendo que en el caso de detenciones de familias de inmigrantes ilegales se mantendrá la unidad familiar en el caso de hijos menores de edad, con una única excepción prevista en la Sección 3.b: “Pese a lo anterior, el Secretario [de Seguridad Interior] no mantendrá la unidad familiar cuando exista riesgo de que la detención de un niño con sus padres pueda suponer un riesgo para el bienestar del menor.” Se trata, en este caso, de una norma que pretende evitar situaciones donde la salud o interés del menor pueda verse afectado.

1.3.- Valoración crítica de la Orden Ejecutiva.

¿Qué está diciendo el Presidente con esta Orden? Fundamentalmente dos cosas:

1.3.1.- Que se está limitando a cumplir rigurosamente la normativa de extranjería aprobada por el Congreso, algo que no tiene más remedio que hacer, aunque deja abierta la posibilidad de que el legislativo pueda disponer otra cosa; es decir, traslada la papeleta el Congreso para que éste pueda establecer con carácter legal determinadas excepciones al cumplimiento de la ley (por ser el legislativo el único que puede hacerlo) o modificaciones de la propia normativa legal.

En este punto, Donald Trump tiene objetiva y jurídicamente toda la razón. Antes de tomar posesión y al prestar juramento se ha comprometido a “guardar, proteger y defender la Constitución”, siendo así que el texto constitucional le encomienda llevar a debido cumplimiento las leyes aprobadas por el legislativo. De rehusar hacerlo, por muy buenas intenciones que tuviera al incumplir previsiones legislativas, podría no sólo cometer perjurio, sino incluso ser sometido a impeachment. Que se lo digan, si no, a Andrew Johnson.

Ha de incidirse, además, en que no sólo Trump, sino todos los presidentes que lo han precedido han actuado de manera similar, precisamente porque entre sus funciones no se encuentra la de inaplicar o dejar en suspenso normas legales aprobadas por el Congreso. Cosa distinta es que la prensa, por simpatías o antipatías personales, destaque unos supuestos y oculte otros.

1.3.2.- Trata de excusar su comportamiento sobre la base de la inactividad del Congreso y de los Tribunales. En este caso, el Presidente tiene parte de razón, aunque sólo parte, en lo que se refiere al Congreso. Y es que, en efecto, las críticas mediáticas se han focalizado, en este momento concreto y por motivos estrictamente políticos, en la Casa Blanca. Pero orillan cualquier crítica al Congreso, que es el autor de la norma legal que las autoridades ejecutivas se están limitando a aplicar. Ninguna culpa tienen los órganos jurisdiccionales, quienes únicamente pueden actuar en el caso de que se someta el asunto a su enjuiciamiento, algo que por ahora no se ha producido.

Segundo.- Análisis de la manipulación normativa.

Uno de los episodios más vergonzosos de manipulación que ha existido es el protagonizado por José Antonio Vargas. En su cuenta de twitter ha colgado una foto, que se ha hecho viral, en la que muestra a un niño llorando dentro de una jaula, imagen a la que ha añadido el texto: “Esto es lo que ocurre cuando el gobierno cree que la gente es “ilegal”. Niños en celdas”.

Pues bien, esa foto es un inmenso engaño, que, por cierto, no lo ha destapado la Fox New (afín a Trump) sino la cadena CNN News, uno de los azotes mediáticos del actual presidente. En una amplia noticia que titula La verdad tras esta foto de un “niño inmigrante” llorando dentro de una celda, explica la verdadera situación.

La foto fue tomada en una manifestación convocada por los propios inmigrantes el 10 de junio de 2018 ante el Ayuntamiento de la ciudad de Texas para hacer pública su oposición a las políticas migratorias, y las “celdas” las llevaban los propios manifestantes para ilustrar la actual situación. El niño, de corta edad, entró en una de las celdas, pero ulteriormente “no fue capaz de encontrar la salida y se echó a llorar cuando vio a su madre. Estuvo dentro no más de 30 segundos”, según una de las autoridades presentes cuando tuvieron lugar los hechos. Pero esos treinta segundos fueron suficientes para que un avezado sujeto tomara la fotografía desde un encuadre que difuminara la situación real centrándose en el niño. En definitiva, que ese niño en concreto no estaba “encarcelado” por las autoridades estadounidenses, sino que se introdujo por error en una celda que llevaban varios manifestantes (entre ellos familiares del menor) a modo de protesta por las políticas migratorias.

Lo curioso fueron las “explicaciones” dadas por el autor de la fotografía al conocerse la verdadera situación. Reconoce que, en efecto, la situación era la descrita por la CNN, pero se justifica con la siguiente perla: “Decir que no puedo colgar dicha imagen que, como sucedió, fue tomada de una protesta que realmente tuvo lugar en la frontera es como decir que actores no han de interpretar situaciones que ocurren en la vida real.” Afirmación que no tiene desperdicio. Quiere ello decir que si, por ejemplo, un ciudadano acude a una representación moderna de Fuenteovejuna (de esas en las que la acción se traslada a la época actual), toma una fotografía en el momento en el que el pueblo descuartiza al comendador y la cuelga en su cuenta de Twitter diciendo que es un “ejemplo vivo de justicia popular en España” no está efectuando manipulación alguna.

LOS DIARIOS DEL JUEZ JOHN JAY: ESTAMPAS DE LA VIDA SOCIAL Y JURÍDICA EN LA NUEVA INGLATERRA DE FINALES DEL SIGLO XVIII.

John Jay letter

John Jay no fue sólo uno de los padres fundadores, sino un brillante abogado, un avezado diplomático que llegó a alcanzar la propia jefatura de la diplomacia estadounidense en su fase inicial (fue Secretario de Asuntos Exteriores entre diciembre de 1784 y febrero de 1790) y presidente del Tribunal Supremo entre septiembre de 1789 y junio de 1795. Pero, sobre todo, fue una persona metódica y ordenada, que nos dejó un diario que elaboró en tres diferentes etapas de su vida. No interesan en estos momentos las dos primeras fases de ese diario, es decir, la cumplimentada durante su etapa como negociador del que sería Tratado de París, suscrito entre Inglaterra y Francia en 1783 y que supondría el reconocimiento de los Estados Unidos como nación independiente; y la que desarrolló durante su última época al frente del Departamento de Asuntos Exteriores. Sí nos interesa, y mucho, el diario que redacta durante su etapa como juez. Aun cuando el mismo ya había sido adelantado en el segundo volumen de la Documentary History of the Supreme Court of the United States (monumental recopilación de documentos jurídicos debidos a Maeva Marcus), la reciente aparición del quinto volumen de los Selected Papers of John Jay (que abarca sus años al frente de la judicatura federal), hace que vuelvan a cobrar interés.

Conviene no perder de vista un dato esencial. Aunque Jay no era precisamente una persona que se caracterizase por dar a la luz panfletos, opúsculos o reflexiones político-jurídicas como sí hacían otros coetáneos suyos, ello no quiere decir que fuese precisamente un ágrafo. Al contrario, su abundante correspondencia mantenida con los personajes más relevantes de su época (George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Elbridge Gerry, George Clinton, Alexander Hamilton, Governeur Morris, entre otros) así como sus numerosos informes oficiales hace que la publicación de escritos selectos de su archivo ocupe, en la actualidad, cinco tomos de más de setecientas páginas cada uno, a falta de los dos últimos, presumiblemente de la misma extensión. Si a esa correspondencia añadimos un estilo literario y forense muy depurado, una cuidada sistemática y un afán por preservar documentos esenciales para la historia del país al que con tanto amor sirvió durante su vida pública, hace que sea imprescindible la lectura de esas obras de uno de los personajes más importantes y sin embargo más olvidados de la etapa fundacional.

Pues bien, esa última etapa del diario es denominada por los editores como Circuit Court Diary, por cuanto refleja las vivencias de Jay durante sus desplazamientos por territorio norteamericano para asumir su papel de juez de circuito. Y es que, recordemos, los jueces del Tribunal Supremo no gozaban de una vida descansada en la tranquilidad de sus estrados, sino que las sesiones de dicho órgano se limitaban a dos meses en todo el año, más en concreto los de febrero y agosto; el resto del periodo anual debían ejercer como jueces de circuito en varias partes del territorio, debiendo efectuar continuos desplazamientos a lo largo de la vasta geografía norteamericana, en continua expansión hacia el oeste. Esos desplazamientos de los jueces del Tribunal Supremo (práctica que se denominaba riding circuit) se mantuvo, pese a las protestas formales de sus señorías, hasta 1891, cuando se crean los modernos Tribunales de Apelación con sede y composición fija. Viajes que, por cierto, no eran sufragados con fondos públicos, sino que los habían de abonar los jueces de su propio bolsillo.

Es ciertamente delicioso asomarse a las páginas del diario, donde Jay se nos muestra de cuerpo entero: siempre honesto, serio pero con un leve toque de humor que de cuando en cuando asoma tímidamente; locuaz, pero sin superar ciertos umbrales, y por tanto no debe extrañarnos que, por ejemplo, en la entrada del 2 de mayo de 1790, durante su estancia en Massachussets, tras informar que pasa el día con el Attorney General del estado y con el juez William Cushing, todos ellos tienen “una conversación muy interesante que pienso será mejor no sea transcrita.” ¿Cuál sería el objeto de esa conversación “muy interesante” para que Jay no considerase oportuno transcribirla en un documento aparentemente no destinado a la publicación, sino para uso estrictamente personal? ¿Acaso temía Jay que su diario cayese en manos equivocadas y que lo dicho por tres juristas en cargos públicos podría comprometerles? Jamás lo sabremos.

Lo que sí es seguro es que el diario es una ventana abierta que nos permite asomarnos a la vida cotidiana en una Nueva Inglaterra que afronta la última década del siglo de las luces. Aspectos de la vida cotidiana y del ejercicio de la profesión legal en los estados de la costa nordeste del país se nos revelan en pequeñas frases taquigrafiadas, aunque en ocasiones Jay se explaya de lo lindo.

Sabemos por su epistolario que Jay viajaba a caballo y que rehusó los numerosos ofrecimientos que varios de sus amigos le hicieron para alojarse en sus casas a lo largo del viaje, algo que rechazó para evitar malos entendidos. Normalmente Jay optó por residir en alojamientos públicos como hostales y tabernas (algunas de las cuales describe), y en otras ocasiones con su hermano, o incluso en la residencia que se estaba construyendo en Bedford para el momento en el que se retirase del cargo público que ocupaba. Valgan unos simples botones de muestra en los cuales Jay nos describe sus viajes durante cuatro días del mes de abril de 1790:

16.- Parto al Circuito Norte – Alojado con mi hermano en Rye – Nublado & Frío.

17.- Voy a Bedford – Viento nordeste & crudo. Ceno en Holly. Luego voy a mi granja.

18.- Violenta tormenta de nieve & seguida de lluvia y viento nordeste – muchas cercas derribadas.

19.- Tiempo inestable – permanezco en la granja.

20 – Parto – cerca de la casa de reuniones de Salem viajo durante un rato en compañía de un anciano – me dice que por mis criados ha sabido quién soy – él es el ministro presbiteriano del lugar – su nombre es Mead y es el hermano del Dr. Mead – se trasladó al estado de Nueva York hace 28 años – durante ese tiempo no había votado en elección alguna ni se había visto envuelto en política por considerarlo incompatible con sus deberes profesionales – caso no muy común

[…] Cerca de New Haven un grupo de caballeros de la ciudad salen a nuestro encuentro y nos acompañan a la misma – me alojo en la Taberna Browns, donde encuentro al juez Cushing

Pero Jay no sólo nos muestra el estado de la meteorología, quiénes le acompañan o el itinerario que recorre, sino peculiaridades de la vida jurídica en los albores de la historia norteamericana, y en los que el propio Jay, pese a ser uno de los más avezados juristas, deja constatación de algunas dudas jurídicas que alberga:

22 de abril – Se abre la sesión del Tribunal – Se admiten como abogados y consejeros (tal es la costumbre aquí) a varios caballeros del mundo del derecho, bajo la recomendación del juez Law.

Aquí se retribuye a los miembros del Gran Jurado – los del Tribunal de Condado los paga la hacienda del condado – los del Tribunal Supremo, los paga el estado.

Duda – Cómo pagan los Estados Unidos.

Se presentan escritos en equidad

Duda – (1) Cuales son las normas procesales?
(2) Cuales durante el tiempo que el Tribunal no esté reunido? Mandamientos – Comité para examinar testigos – Honorarios? Es el secretario del distrito igualmente secretario & registrador?

Al jurado se le abonan los viajes

23 de abril – El Tribunal abre de nuevo la sesión
Se acuerda seguir la práctica inglesa para obtener la Equidad – El Tribunal se adaptará a circunstancias locales & de otra índole

El derecho estatal faculta a las partes para depositar el enjuiciamiento de los hechos en el Tribunal en lugar de en el jurado

[…] en materia de jurisdicción, acordamos que gozamos de competencia para conocer de Acciones reales cuando una de las partes (el demandante) es de otro estado

La lectura del diario no ofrece otra dificultad que la derivada del uso de términos legales propios de la época, que han sido definitivamente superados tras dos siglos de práctica. Pero, insisto, estamos ante un documento imprescindible y básico para acercarnos al mundo de la judicatura y del ejercicio de la abogacía en los orígenes de los Estados Unidos, y ello por varios motivos:

1.- Por la autoridad profesional del que lo escribe. En efecto, estamos ante un texto escrito por un jurista, cuyas aportaciones a la vida norteamericana (redactor de la primera Constitución de Nueva York en 1777, autor de numerosos informes jurídicos relativos a política exterior, la imprescindible Carta al pueblo del estado de Nueva York, que inclinó definitivamente dicho estado para que ratificase la Constitución federal) fueron imprescindibles.

2.- Por su honestidad. En efecto, todo el mundo coincide en que Jay era de una honestidad personal e intelectual a toda prueba, sin que nadie nunca le pudiese efectuar reproche alguno.

3.- Por su sinceridad. Ha de tenerse en cuenta que nos encontramos con un documento no destinado a la imprenta, sino para uso exclusivamente interno o personal.

JAMES WILSON (1742-1798): DE BRILLANTÍSIMO INTELECTUAL A JUEZ ENCARCELADO POR DEUDAS.

James Wilson

James Wilson (1742-1798), es sin duda alguna uno de los padres fundadores de los Estados Unidos cuya figura es más desconocida para el gran público. Dotado de un poderoso intelecto, podemos encontrarle en la avanzadilla del proceso independentista norteamericano y en los estadios fundacionales del nuevo orden constitucional puesto en marcha en los primeros meses de 1789, puesto que desde ese año hasta su fallecimiento ostentó el cargo de juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sin embargo, su trágico final, consumido por la enfermedad y, sobre todo, por la ruina económica, ha diluido un tanto sus decisivas aportaciones al sistema constitucional estadounidense.

Nacido y educado en tierras escocesas, Wilson se traslada a las colonias británicas de Norteamérica a mediados de la década de los sesenta del siglo XVIII, en pleno conflicto derivado de la aprobación de la Stamp Act. Fijó su residencia en la ciudad de Filadelfia, donde inició el ejercicio de la abogacía y donde contrajo matrimonio con una rica heredera. Una vez que se produce el inevitable enfrentamiento con los ingleses, Wilson pone todas sus amplias dotes intelectuales a favor de la causa americana, y cuestiona de forma abierta la autoridad del Parlamento británico en un opúsculo que sale a la luz en 1774 con el título Considerations on the Nature and Extent of the Legislative Authority of the British Parliament. Fue, además, una de las seis personas cuya firma puede encontrarse tanto en la Declaración de Independencia como en la Constitución de 1787.

Y es, precisamente, en la Convención donde Wilson se muestra abiertamente partidario de basar el sistema constitucional en el consentimiento del pueblo. A diferencia de James Madison (cuyo Virginia Plan descansaba en un sistema de representación proporcional para elegir la Cámara Baja, siendo los miembros de ésta quienes eligieran tanto los de la Cámara Alta como el ejecutivo colegiado), Wilson es partidario de la elección popular de senadores y de un ejecutivo unipersonal elegido directamente por el pueblo de los Estados Unidos, para un mandato de tres años. Sin embargo se da una curiosa paradoja en la que incide Kermit L Hall en su breve estudio introductorio a los Collected Works of James Wilson: “Irónicamente, en los años previos a la Guerra de Secesión, tanto John C. Calhoun como Abraham Lincoln encontraron en las ideas expresadas pro Wilson argumentos para apoyar la naturaleza perpetua o limitada de la Unión.” Y es que, en efecto, Wilson era una paradoja viviente. Su defensa a ultranza de la soberanía popular no ocultaba su enorme recelo hacia el populacho, sobre todo a raíz de un suceso acaecido en el otoño de 1779, cuando una masa anárquica asedió la residencia de aquél y la de otros miembros de la alta sociedad de Filadelfia. Dicho episodio insufló en Wilson la necesidad de defender un gobierno fuerte y poderoso que pudiese garantizar el orden público como base del crecimiento económico, de tal manera que la élite económica, entre la que Wilson se encontraba en aquéllos momentos, pudiese retener el control.

Aun cuando aspiraba a ser el primer chief justice y su nombre, en efecto, llegó a sonar para ocupar dicho puesto, careció de apoyos para ello, e incluso el propio John Adams manifestó por escrito que en modo alguno defendería la candidatura de Wilson, porque la persona indicada para situarse al frente de la judicatura era John Jay, como así fue. No obstante, James Wilson fue uno de los primeros seis jueces nombrados por Washington para servir en el Tribunal Supremo. Sin duda alguna, sus dos intervenciones más destacadas fueron en el caso Hayburn y en Chisholm v. Georgia. En el primer caso, actuando como juez de circuito, se negó a aplicar determinadas previsiones de la Invalid Pensions Act por considerar que vulneraban el texto constitucional, convirtiéndose así en el primer juez federal en inaplicar una norma aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. En el segundo, muy polémico y discutido, afirmó que frente a las tesis que defendían las excepciones procesales de inmunidad estatal derivada de la soberanía de los estados, éstos, a los efectos de la Unión y, por tanto, de su enjuiciamiento como demandados en órganos judiciales federales, no eran soberanos. Durante esta época, además, Wilson destacó como profesor, y de tal forma que entre 1790 y 1791 impartió en Filadelfia sus célebres Lectures on the Law, donde trataba de sistematizar todo el saber jurídico y las esencias del nuevo sistema constitucional, obra que sería publicada por vez primera en 1804 en una edición a cargo de Bird Wilson, primogénito de James.

Cuando John Jay dimitió en junio de 1795 para ocupar el puesto de gobernador de Nueva York, Wilson aspiró a sucederle, pero se le adelantó John Rutledge, quien se autoofreció a Washington para el puesto, que ocupó durante apenas seis meses, puesto que el Senado rechazó el visto bueno al nombramiento en diciembre de ese mismo año, por lo que Washington optó por Oliver Ellsworth. La decepción de Wilson fue tal que pensó incluso en renunciar a su puesto, algo que, sin embargo, no hizo por razones única y exclusivamente económicas, dado que no podía prescindir del salario que percibía.

Y es que James Wilson tenía un punto débil, que no era otro que sus inmensos deseos de acumulación de riqueza para situarse en la élite social de la nueva nación, lo que le llevó a involucrarse en operaciones de especulación inmobiliaria que le acabaron llevando no sólo a la ruina económica, sino a la propia degradación moral. En efecto, siendo juez del Tribunal Supremo, sufrió brevemente prisión por deudas en junio de 1797, lo que hundió su imagen pública hasta extremos difícilmente comprensibles. En febrero de 1798 no pudo desempeñar efectivamente sus funciones como juez del Tribunal Supremo porque, de comparecer en Sala, sus acreedores solicitarían su ingreso en prisión. Uno de los acreedores de Wilson le reclamaba nada menos que 197,000 dólares, una cantidad enorme para la época según nos indica Kermit Hall, y el lector puede hacerse una idea de lo elevado de la suma si tenemos en cuenta que como juez del Tribunal Supremo sus emolumentos ascendían a 3,500 dólares anuales.

En 1798 Wilson sufrió nuevamente prisión por deudas, aunque finalmente sus acreedores accedieron a que fuera puesto en libertad. No obstante, Wilson estaba física y moralmente destrozado. Según el cruce de cartas entre varios ilustres personajes de la época, Wilson se dio a la bebida para evadirse de su triste situación personal. A mediados de 1798 cayó gravemente enfermo, falleciendo el 21 de agosto de dicho año, convirtiéndose así en el primer juez del Tribunal Supremo que fallecía en el ejercicio del cargo. Trágico final para uno de los más brillantes intelectos de la etapa fundacional estadounidense.

Un dato final a modo de coda. El presidente John Adams, al enterarse de tan triste noticia, únicamente barajó dos nombres para cubrir la vacante de Wilson: los de John Marshall y Bushrod Washington, por este orden. Marshall declinó amablemente el ofrecimiento porque deseaba continuar ejerciendo como abogado, por lo que finalmente el elegido fue el segundo, sobrino carnal del héroe de la independencia norteamericana.

de Monsieur de Villefort Publicado en Historia

EL DERECHO ADMINISTRATIVO COMO PRODUCTO DEL “SUELO Y DEL TIEMPO”. CASOS ESPAÑOL Y ESTADOUNIDENSE

POST

Contaba Eduardo García de Enterría que, al preparar una edición de la clásica obra del administrativista Alejandro Oliván, recibió una carta de Azorín, donde el escritor de Monóvar le indicaba textualmente: “Para mí, el Derecho administrativo es un producto del suelo y del tiempo.” Es imposible condensar o sintetizar en tan pocas palabras los orígenes de una de las ramas más importantes del Derecho público, y no es extraño que hubiese de ser José Martínez Ruíz “Azorín”, fiel a su estilo de frases cortas y sencillas, quien hiciese gala de tales dotes de síntesis, que tanto se echan en falta en algunos integrantes de nuestra magistratura. En todo caso, es esa idea esencial la que conviene retener: el Derecho administrativo está vinculado a unas coordenadas geográficas y temporales determinadas. De ahí que el Derecho administrativo varíe tanto de unos países a otros (el “suelo”) y de unas etapas a otras (“tiempo”).

No es extraño que el pasado mes de abril el Yale Law Journal dedicase un extenso trabajo monográfico a los orígenes del Derecho administrativo estadounidense o, por ser más precisos, a los inicios del Administrative state, focalizado en el rol que el derecho de petición ha desempeñado en el nacimiento y auge de la Administración. Digo que no es extraño porque este tipo de monografías han proliferado en los últimos años cuestionando la tradicional concepción de los orígenes de la Administración estadounidense.

Conviene que nos adentremos en este particular para que el lector pueda juzgar por sí mismo las diferencias entre el sistema estadounidense y el español. El primero continúa teniendo su base en el texto constitucional aprobado el 17 de septiembre de 1787 en Filadelfia, y el segundo en la Constitución aprobada definitivamente el 31 de octubre de 1978 por las Cortes y ratificada por el pueblo español mediante referéndum el 6 de diciembre de ese mismo año.

Primero.- Regulación constitucional.

1.1.- Caso español.

En el texto constitucional de 1978 se menciona expresamente la Administración. Así, en los artículos 25.3, 26, 27.7, 54, 70.1.b, 97, 103.1 y 2, 135.5.c, 148.1.2 y 154, debiendo precisarse además que el Título IV lleva por rúbrica “Del Gobierno y la Administración”. Eso por lo que se refiere a la Administración del Estado, pero el texto constitucional también se refiere de forma expresa a la Administración de Justicia (artículos 121, 122, 125 y 149.1.5), la Administración local (el Capítulo Segundo del Título VIII lleva precisamente esa rúbrica) y de forma muy sucinta y tangencial, la autonómica (artículos 152.1, 153.c y 154). Puede hablarse, por tanto, de unas “bases constitucionales” del Derecho administrativo (así lo hace, por ejemplo, Juan Alfonso Santamaría Pastor en sus Principios de Derecho Administrativo en un capítulo introductorio que antepone a la misma entrada en el núcleo de la disciplina), pues del mismo se induce que la Administración se encuentra bajo la dirección del Gobierno, que sirve con objetividad a los intereses generales y que actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

1.2.- Caso estadounidense.

Quien busque preceptos similares al texto constitucional español en la Constitución estadounidense de 1787 verá frustradas sus expectativas. En efecto, el mismo no menciona para nada la Administración pública, pero es que incluso ni tan siquiera menciona la palabra “Gobierno”.

Y es que en el breve documento aprobado en el verano de 1787, únicamente se regulan las dos cámaras que integran el Congreso de los Estados Unidos (es decir, la Cámara de Representantes y el Senado), el Presidente y el Vicepresidente, así como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No se recoge o menciona ningún otro tipo de órgano ejecutivo ni judicial, cuando menos de forma directa. Es cierto que el Artículo I, Sección 3, párrafo quinto se refiere al “chief justice” como encargado de presidir en el Senado los juicios por impeachment incoados al Presidente de los Estados Unidos; y que el Artículo 2, Sección 2, párrafo 1 faculta al Presidente para solicitar el parecer de los titulares de los “departamentos ejecutivos”. Pero en ambos casos no estamos más que ante una simple mención tangencial, sin ningún tipo de regulación en cuanto al fondo que especifique las funciones tanto del chief justice como de los departamentos ejecutivos. Quiere ello decir que la regulación que se efectúa del Presidente de los Estados Unidos constitucionaliza el procedimiento que ha de seguirse para su elección (modificado en 1804 a través de la Decimosegunda enmienda, aprobada tras la crisis constitucional de diciembre 1800-febrero 1801 tras el empate a voto compromisario entre Thomas Jefferson y Aaron Burr) y las facultades ejecutivas. En definitiva, se regula el órgano al que se atribuye el poder ejecutivo, no la cúspide de la Administración.

Lo anterior arroja una conclusión evidente: no existen bases constitucionales referentes a la Administración pública, o sus principios de organización y funcionamiento.

Segundo.- Desarrollo histórico.

2.1.- Caso español.

En España pronto surgió una Administración poderosa que se sobrepuso no sólo al poder Legislativo, sino incluso al Judicial. En otras palabras, que los siglos XIX y XX consagraron tanto en la legislación como en la práctica cotidiana una especie de omnipotencia administrativa. Tal situación fue ya constatada por Tocqueville en su ya clásica obra El Antiguo Régimen y la Revolución, donde alertó sobre la concentración en manos administrativas de una pléyade de facultades y poderes antaño dispersos, creando un ente sobremanera poderoso.

En nuestro país, la situación alcanzó cotas difícilmente superables. La Administración pública, a través de su brazo armado (el Poder Ejecutivo) se impuso fácilmente al Poder Judicial, amordazándolo desde el primer momento, con el silencio cómplice cuando no la colaboración activa de éste. Pero se impuso igualmente al Poder legislativo, dando lugar a una célebre frase de Posada Herrera en la que resumía el caso español con más acierto que podría hacerlo un tratado de Derecho constitucional, Derecho administrativo o ciencia política: “No es bueno que los gobiernos sean parlamentarios. Lo bueno es un Parlamento gubernamental” (tomo la cita de Víctor Márquez Reviriego en su artículo “Sueños parlamentarios”).

Así ha sido y así continúa siendo. Y si no, cabría hacerse una pregunta legítima: cómo es posible que los hitos del derecho administrativo hayan tenido lugar en gobiernos autoritarios. El Consejo de Estado francés fue una creación del Imperio francés cuando la regia testa de Bonaparte ceñía la corona imperial autoimpuesta. En nuestro país, las bases y principios del Derecho administrativo en vigor (tanto sustantivo como procesal) datan de la época del Generalísimo (y no me estoy refiriendo a Manuel Godoy, primer español en ostentar dicho título). Sometidos, claro está, a un lavatorio formal para hacerlos presentables de cara a la galería. Pero rasquen ustedes las leyes 39/2015 y 40/2015 de 1 de octubre y se encontrarán casi íntegramente con la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, y rasquen ustedes la superficie y se encontrarán en su núcleo esencial con la Ley de 18 de julio de 1958. De igual forma, apliquen un simple paño de agua y jabón a la Ley 29/1998 y no tardará en aparecer con todo su esplendor la Ley de 27 de diciembre de 1956.

Tan sólo si tenemos presentes dichos orígenes podemos cuando menos explicarnos el grado de deferencia que los órganos judiciales patrios han demostrado con la Administración, así como las gigantescas y mastodónticas potestades administrativas que, más que invadir, ahogan literalmente al ciudadano con la silente complicidad de los otros dos poderes. Potestades, dicho sea de paso, que en vez de disminuir aumentan en proporción geométrica.

2.2.- Caso estadounidense.

La tesis tradicional situaba los orígenes del Administrative state en los años inmediatos al fin de la guerra de secesión, y más concretamente en las actuaciones del gobierno federal para implantar en los antiguos estados rebeldes la legislación aprobada por el Congreso en desarrollo de las enmiendas de la reconstrucción, tendentes a facilitar la integración de los antiguos esclavos en la vida civil. Organismos como el Freedmen Bureau, organismo público creado por un Congreso en manos del Partido Republicano para ofrecer asistencia de todo tipo a los antiguos esclavos, sería un ejemplo de esta naciente Administración federal. Hasta entonces, el sistema estadounidense estaría limitado a “law and courts”, es decir, a la aprobación de normas legales y a la resolución en los tribunales de justicia de los conflictos entre particulares o entre éstos y las autoridades estatales o federales, sin protagonismo alguno del Poder ejecutivo o de la Administración.

No obstante, el punto de partida se suele situar en 1887, más concretamente con la creación y puesta en marcha de la Interstate Commerce Commission, nacida a raíz de un pronunciamiento del Tribunal Supremo que limitaba las regulaciones estatales impuestas a las tarifas ferroviarias al territorio del estado, lo que originó problemas y conflictos en el caso de recorridos interestatales. Esa moderna Administración con agencias dotadas de los poderes de rulemaking y adjudication se expandirían notablemente tras la crisis de 1929 y, sobre todo, con el New Deal de Roosevelt.

Lo anterior ha originado una polémica entre quienes contemplan a esa moderna Administración como un “cuarto poder” no previsto en el texto constitucional y, por ello, que debe contemplarse con recelo y quienes lo defienden como una exigencia indispensable del mundo moderno. Es más, hay estudios recientes que intentan bucear en la historia legal norteamericana para encontrar precedentes de actuación administrativa. Tal es el caso de Jerry L. Mashaw, autor de cuatro impresionantes monografías aparecidas en distintas revistas y que, ulteriormente reunió, sistematizó y publicó como libro con el título Creating the Administrative Constitution. The lost one hundred years of American Administrative Law. El autor pretende demostrar que el existen precedentes de actuaciones administrativas en los propios orígenes de la historia constitucional. Y es cierto que existen leyes específicas que incluso serían equivalentes a la moderna legislación social, como, por ejemplo, la Invalid Pensions Act de 1792, que dio origen al caso Hayburn, el primero en el que un órgano jurisdiccional federal declara la inconstitucionalidad de una norma legal aprobada por el Congreso.

Ahora bien, sea cual fuese el origen temporal del Derecho administrativo norteamericano, lo cierto es que nunca jamás los órganos administrativos se han impuesto al Poder judicial ni mucho menos al legislativo, como ha ocurrido en nuestro país. Y precisamente por las facultades que ejercen, suelen estar sometidos a un severo control cuando no a ser mirados con profundo recelo. Un buen ejemplo de ello lo ofrece la sentencia del caso United States v. Clarke, resuelto el 19 de junio de 2014 y donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dio un sonoro varapalo al Internal Revenue Service (el equivalente a nuestra Agencia Estatal de Administración Tributaria). Basta asomarse a las escasas nueve páginas de la sentencia para ver que, a diferencia de los órganos judiciales españoles, los tribunales estadounidenses no se dejan engañar ni cierran los ojos ante la invocación de conceptos tan vacuos y manoseados como el “interés público” o la “autotutela”, sino que cogen el toro por los cuernos incidiendo en la necesidad de un severo escrutinio sobre la actividad administrativa y los motivos por los que debe efectuarse tan estricto control: “Los órganos de recaudación pueden abusar de las potestades que tienen atribuidas. En previsión de tal posibilidad, el Congreso ha establecido que las órdenes del Internal Revenue Servide precisen de la aprobación judicial.

Tercero.- Conclusión

La evolución jurídica e histórica da la razón al maestro Azorín, y no sólo el Derecho administrativo, sino cualquier institución es hija y producto del “suelo y del tiempo” y, si me apuran, de la sociedad.

Por ello, parafraseando un celebérrimo anuncio de los ochenta, “busque, compare, y si encuentra algo mejor…..acójalo

 

 

MASTERPIECE CAKESHOP v COLORADO O MENOS ES MÁS: EL PASTELERO GANA A COSTA DE EVITAR UN PRONUNCIAMIENTO GENÉRICO.

Pastel

Hoy lunes día 4 de junio de 2018 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha hecho pública la sentencia Masterpiece Cakeshop et al. v. Colorado Civil Rights Commission et al., asunto al que ya habíamos dedicado un post anterior exponiendo los antecedentes fácticos del caso. No obstante lo cual, para quienes no hayan visto nuestra anterior entrada, resumimos brevemente los hechos. Una pareja de homosexuales que iban a contraer matrimonio acudieron a una pastelería a encargar una tarta para su boda, pero el dueño de la misma rehusó educadamente hacerlo debido a sus convicciones, pues su religión le impedía reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y, por ello, no podía en conciencia poner su arte al servicio de una causa proscrita por su religión, aunque no puso objeción a que adquiriesen cualquier otro producto distinto de la tarta de bodas. Los consumidores denunciaron dicho proceder a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, quien consideró ilícito tal proceder, resolución que fue confirmada en vía judicial por las instancias inferiores.

Pues bien, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por una mayoría de siete votos favorables frente a dos, revoca la sentencia y se pronuncia en favor del pastelero. No obstante, lo hace con muchas cautelas, y rehusando hacer un pronunciamiento general o amplio, sino uno muy restringido y apegado a las circunstancias del caso concreto; es decir, lo que en terminología jurídica suele denominarse narrow view. Es más, en los mismos párrafos iniciales, tras hacer una breve síntesis acerca de los dos derechos en colusión (libertad religiosa frente a la libertad de expresión), en un giro copernicano propio del carácter ubicuo del ponente, Anthony Kennedy, se deja la puerta abierta a futuras resoluciones judiciales que arrojen un distinto resultado, pues en el presente caso se liga el fallo al modo de proceder del órgano administrativo: “es necesario decir que cualquiera que sea el resultado de futuras controversias relativas a hechos similares al presente, el modo de proceder de la Comisión en este caso vulnera la cláusula del libre ejercicio.”

Tras exponer los avatares del caso, la normativa aplicable, el sistema administrativo que se erige para hacer cumplir la misma y la resolución sancionadora impuesta al pastelero, la sentencia se adentra de lleno en el análisis del caso, que presenta como la colisión o choque entre dos derechos: el principio según el cual las personas del mismo sexo a ser reconocidas y a ejercer plenamente sus derechos, pero también la facultad que tienen los que por motivos religiosos se oponen a los matrimonios homosexuales a exponer libremente sus ideas.

La sentencia incide en varios hechos que, a mi entender, no deben soslayarse:

1.- Cuando ocurrieron los hechos, es decir, cuando Phillips (el pastelero en cuestión) rehusó efectuar el pastel para la pareja homosexual que se lo había encargado, la propia legislación estatal de Colorado no reconocía como válidos los matrimonios entre personas del mismo sexo; como tampoco habían tenido aún lugar los casos United States v. Windsor y Obergefell v. Hodges, donde el Tribunal Supremo consideró que el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio entraba dentro del ámbito de protección de la decimocuarta enmienda. Tenemos, pues, una primera grieta o recoveco por donde atacar la resolución sancionadora: Colorado sanciona a un empresario por negarse a vender el pastel de bodas a una pareja de personas del mismo sexo por considerar dicha conducta discriminatoria…….¡cuando el propio estado no reconoce como válido dicho enlace matrimonial! Lecciones antidiscriminatorias vendo, que para mi no tengo. O, como decía el personaje encarnado por el actor Kirk Douglas en el film La pradera sin ley al joven pistolero que pretendía emular su comportamiento: “¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No hagas lo que yo hago. ¡Haz lo que yo digo!

2.- La propia normativa aplicada permite, en ciertos casos, que se rehúse actuar en determinada forma, como, por ejemplo, plasmar determinados mensajes que “el dueño del establecimiento considere ofensivos” (el subrayado es mío); obsérvese que la sentencia se refiere a mensajes que “considere” ofensivos, no que sean ofensivos. Y subraya que en la misma época en que se instruyó el procedimiento sancionador que dio origen a la causa, la propia Comisión de Derechos Civiles de Colorado “resolvió en al menos tres ocasiones que un panadero actuó correctamente al rehusar crear pasteles con decoraciones que degradaban a personas o matrimonios gays.” En definitiva, lo que viene a decir la sentencia es que la libertad de expresión es una vía de comunicación de doble sentido, no de sentido único.

A continuación, expone el motivo último por el que se da la razón al dueño de la pastelería, y es la falta de imparcialidad del órgano administrativo. “Sin embargo, no se ha dado en este caso el trato neutral y respetuoso al que Phillips era acreedor. El tratamiento del asunto por la Comisión de Derechos Civiles posee ciertos elementos de clara e intolerable hostilidad hacia los sinceros sentimientos religiosos que motivaron su oposición.” Hostilidad que, según el Tribunal Supremo, queda manifiesta en el propio expediente administrativo. Llama la atención la hilarante afirmación de uno de los miembros del órgano administrativo que sancionó al dueño del negocio: “puede creer lo que desee, pero si quiere desarrollar su actividad en el estado no puede actuar según sus creencias religiosas.” En definitiva, reduce la libertad de creencias a un simple derecho teórico que en la práctica se difumina o diluye, cuando no se anula. Otro de los miembros del órgano administrativo llegó a manifestar que: “para mi, es uno de los más despreciables aspectos de la retórica que la gente puede utilizar: el uso de su religión para dañar a los otros.” La sentencia es demoledora respecto a dicha afirmación: “Describir la fe de un individuo como uno de los más despreciables actos de la retórica que puede utilizar, es menospreciar su religión en al menos dos aspectos: al calificarlo de despreciable y al caracterizarlo como retórico, es decir, algo insustancial e incluso insincero.” Para el supremo órgano judicial de la federación, “no consta objeción alguna de los otros miembros de la Comisión a dichas afirmaciones. Y el órgano judicial, al revisar dicho acto, ni menciona los comentarios, ni mucho menos manifiesta objeción alguna a su contenido.” Por tal motivo, “este Tribunal no puede evitar la conclusión que tales afirmaciones muestran dudas relativas a la rectitud e imparcialidad de la Comisión a la hora de resolver el caso de Philips.” Todo ello lleva al Tribunal Supremo a concluir que la Comisión estatal vulneró la primera enmienda constitucional al vulnerar el principio de imparcialidad y abordar el asunto de forma manifiestamente hostil a las creencias religiosas de Phillips.

En resumen, el Tribunal evita hacer un pronunciamiento genérico que ofrezca una especie de guía o señal para asuntos de similar naturaleza, sino que se ciñe estrictamente a las circunstancias del caso, orientando su resolución a la clarísima y manifiesta parcialidad del órgano administrativo autor del acto. Quizá por dicha circunstancia Anthony Kennedy (por cierto, católico practicante, aunque ello no le impidió ser el voto decisivo para considerar inconstitucionales tanto la penalización de la sodomía como la proscripción del matrimonio entre personas del mismo sexo) logró atraerse otros seis votos, pues la sentencia se dictó por una mayoría de siete votos frente a dos, con Ruth Bader Gisburn y Sonia Sotomayor como únicas discrepantes.

Por cierto, en uno de los votos particulares, el de Clarence Thomas, aun cuando concurriendo en el resultado se contienen unas interesantes afirmaciones en relación a la libertad de expresión, que dicho juez considera el parecer mayoritario ha orillado. En realidad, es una crítica nada velada al pronunciamiento del caso Obergefell ya mencionado, lo que hace, además con una sutileza legal al utilizar dicho pronunciamiento para considerar irónicamente a Philips como integrante de una minoría a la que, por esa misma circunstancia, ha de protegerse aún más. “Este Tribunal no es una autoridad en materia de conciencia, y sus decisiones pueden (y en ocasiones deben) ser criticadas. La primera enmienda otorga al individuo el derecho de discrepar acerca de la corrección de Obergefell y la moralidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Dicha sentencia enfatizó que “la concepción tradicional del matrimonio ha sido se ha mantenido y continúa manteniéndose de buena fe por personas sinceras y razonables tanto en este país como en otros” (parecer mayoritario). Si Phillips mantiene su adhesión a dicho concepto de matrimonio ello le convierte en integrante de la minoría tras Obergefell, razón de más para que deba protegerse su libertad de expresión.” Todo un ejemplo de daga florentina arrojando a Anthony Kennedy el guante simbolizado por el controvertido asunto.