DOS ILUSTRATIVOS PÁRRAFOS DEL MAESTRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ SOBRE EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

 

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El fallecimiento de don Jesús González Pérez el pasado mes de enero de 2019 ha supuesto nada menos que la desaparición del último vínculo que existía con la denominada justamente “generación de la Revista de Administración Pública”, a quien debemos nada más y nada menos que el moderno Derecho Administrativo. La longevidad de don Jesús, discípulo del legendario procesalista Jaime Guasp (cuya memoria, por cierto, siempre honró en sus escritos) le ha permitido sobrevivir a todos sus colegas de generación y a verse rodeado por un ordenamiento, unos sistemas y unos principios que, aun cuando herederos directos de los que él y sus compañeros llegaron a implantar en la década de los cincuenta, se alejaban lenta pero imperceptiblemente de ellos. Le sucedió a González Pérez algo parecido a lo que le ocurrió a otro legendario personaje, don José Martínez Ruiz “Azorín”, integrante de la titánica “generación del 98”, que en los años cincuenta y sesenta constituía una leyenda viva del periodismo y ensayismo noventayochista así como vínculo directo de las nuevas generaciones con figuras de la talla de Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Antonio y Manuel Machado, Ramón Valle Peña (alias “Valle Inclán”).

Si algo ocupó y preocupó a don Jesús fue sin duda alguna la garantía de los derechos ciudadanos frente a la Administración, auténtico eje cartesiano que vertebró toda su magna obra. No en vano el libro de homenaje que le tributaron sus colegas en el momento de su jubilación se titulaba, precisamente, La protección jurídica del ciudadano. Todas las páginas de don Jesús rezuman esa preocupación por garantizar unos derechos individuales y que éstos no fuesen pisoteados por una omnipotente Administración, fuertemente armada con todas sus prerrogativas y potestades. Y frente a ello, no dudó en dejar en sus páginas afirmaciones tajantes que revelaban la profunda decepción por un sistema que se refugiaba cada vez más en esos formalismos tan caros a la tradición española, y que en no pocas ocasiones primaban casi siempre en contra del particular.

No quisiera, por ello, dejar de transcribir dos párrafos de Jesús González Pérez que, cuando menos para el redactor de estas líneas, valen por todo un Tratado de Derecho Administrativo y constituyen una enseñanza a tener en cuenta por todos quienes se mueven cotidianamente en el orden contencioso-administrativo.

El primero de ellos es el que incluye en el prólogo a la tercera y última edición de su Manual de Derecho Procesal Administrativo, (que vio la luz en el 2001), que trataba de poner al día para adecuarlo a la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El párrafo que a continuación no sólo tiene la auctoritas de provenir de uno de los autores materiales del Proyecto de la que acabaría por convertirse en Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, sino que revela, junto con su permanente recuerdo a su maestro Guasp, la profunda decepción que uno de los padres fundadores del moderno derecho procesal administrativo experimentó con la jurisprudencia elaborada al amparo del texto legal que con tanta ilusión había contribuido a aprobar:

Mantengo, por supuesto, el sistema que, con tanta devoción hacia mi maestro Jaime GUASP, reflejé en aquel Derecho procesal administrativo, que dentro de muy pocos años cumplirá medio siglo. Fue una obra escrita con la ilusión y el ímpetu de la juventud, sobre una Ley que acababa de nacer y en la que tanta esperanza pusimos muchos. El mismo sistema que sintetiza en esta tercera edición del Manual también descansa sobre una ley nueva. Pero está escrito después de cincuenta y cinco años de diario ejercicio en la profesión de Abogado en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en los que, al ver cómo se iba degradando la justicia administrativa y renacían con más vigor que nunca los viejos formulismos, la desilusión ha ido desplazando a la esperanza.

Percátese el lector en dos cuestiones. A la hora de referirse a la evolución de la justicia administrativa, don Jesús utiliza el vocablo: “degradación”, que, como “acción y efecto de degradar”, nos posibilita tres opciones de comprensión: la primera, “reducir o desgastar las cualidades inherentes a alguien o algo”; la segunda: “humillar, rebajar o envilecer”; y, la última, “disminuir progresivamente la fuerza, la intensidad o el tamaño de algo”. No puedo ofrecer una interpretación auténtica al desconocer cuál de las tres acepciones (cuando no las tres en conjunto) era la que pretendía utilizar don Jesús, pero es evidente que cualquiera de las tres no es muy halagüeña para la justicia administrativa. Lo cierto es que, casi dos décadas después de haberse redactado el párrafo transcrito, no veo motivo alguno para corregir la visión que tenía uno de los puntales de la disciplina administrativa en nuestro país, aunque sí puedo afirmar que la situación no sólo no ha mejorado, sino que se agravó en extremo. No es, por tanto, extraño, que González Pérez experimentase una “desilusión”, estado de ánimo que precisó de medio siglo para que tal desánimo calase en su espíritu, imagínese lo que es la situación en la actualidad, donde a un letrado le bastan únicamente dos quinquenios para ver su ánimo decaer.

El segundo de los párrafos es el que abre su magno tratado Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y que mantuvo incólume desde sus primeras ediciones sin que lo eliminase. El mismo revela el escaso aprecio que tan ilustre autor tenía de la judicatura española en cuanto a su papel en la protección de los derechos de los particulares:

En este, como en tantos otros aspectos de la estructuración del Estado de Derecho, nuestros Jueces no se han caracterizado por su originalidad ni por su audacia. Respetuosos, sumamente respetuosos con quienes, en cada momento, han detentado el poder, tradicionalmente han sido una rémora en las conquistas del ciudadano en sus relaciones con los Poderes públicos que definen un Estado de Derecho.

Para quien, como el autor de estas líneas, está familiarizado con la jurisprudencia estadounidense, esa afirmación no es una hipótesis, ni mucho menos una afirmación insultante: es, simplemente, la constatación de un hecho histórico. Mientras en la otra orilla del Atlántico los jueces siempre se han constituido en un escudo protector del individuo frente al ciudadano, en nuestro país la situación, durante los dos últimos siglos, ha sido justo la inversa. Es más, las contadísimas ocasiones en las que la jurisprudencia se plegó a los intereses del poder coinciden con puntos donde el prestigio de la institución judicial se encuentra en sus niveles más bajos.

En fin, dos lecciones muy a tener en cuenta.

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BOMBA ADMINISTRATIVA: LA REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PASA A SER DE ACCESO TOTALMENTE GRATUITO.

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Hace justo una semana el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales hacía público que la Revista de Administración Pública pasa a ser de acceso totalmente gratuito en su versión electrónica. Lo cierto es que desde hace tiempo uno podía acceder a casi todos los números, excepto los del último año, que se encontraba bloqueado durante doce meses; pero esa restricción se ha eliminado en enero de 2019, de ahí que a partir de este momento se puede acceder a cualquier artículo publicado en cualquier sección de cualquier número de la revista. Un auténtico regalo para los administrativistas, a quienes la casi septuagenaria publicación ofrece el regalo de que de ahora en adelante todos sus números sean de acceso libre.

Hoy en día nadie discute que en el momento de hacer su aparición en el primer trimestre del año 1950, la Revista de Administración Pública supuso una auténtica bocanada de aire fresco en la disciplina, por desgracia todavía anquilosada en principios decimonónicos. Supliendo la carencia de medios con un entusiasmo y una entrega sin parangón, un grupo de jóvenes juristas, bajo la dirección de Eduardo García de Enterría, asumieron la tarea de modernizar una disciplina que en modo alguno podía decirse que se encontrase en su mejor momento. Fue precisamente en dicha publicación donde surgieron estudios, principios, ideas y bases que informarían la legislación aprobada en los años cincuenta del siglo XX, la auténtica “década prodigiosa” del Derecho administrativo español, de ahí que con total justicia se hable en la actualidad de la “generación de la Revista de Administración Pública”.

Lo que muy pocos saben, y de hecho no se hico público hasta que el propio Eduardo García de Enterría lo desveló en un breve opúsculo titulado Para una historia interna de la RAP (con el que cerraba el número 150 de la Revista) es que el germen, el origen de la Revista se sitúa precisamente en tierras asturianas, más en concreto en la playa de Llanes. Porque fue allí, en esa bella ciudad costera del oeste asturiano, más concretamente en el verano de 1948, cuando un Enterría que apenas frisaba el cuarto de siglo y que acababa de ingresar por oposición en el cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, se encontró con Javier Fernández Conde (entonces director del Instituto de Estudios Políticos) y marido de una amiga de juventud de Eduardo. Como rememoraba el célebre iuspublicista justo cuando se cumplía el medio siglo de dicho evento, estando los tres “en traje de baño”, Fernández Conde pidió a Enterría que una vez en Madrid pasase a verle por la sede del Instituto de Estudios Políticos, puesto que quería revitalizar el mismo. Y, en efecto, en el encuentro que se produjo en la capital de España pocos meses después, a raíz de ese encuentro playero, surgió la idea de dar a luz una revista, que se titularía Revista de Administración Pública porque en su origen pretendía no reducirse exclusivamente al mundo jurídico, sino abrirse a la ciencia de la Administración, idea esta última que no llegó a cuajar y que constituye el “único fracaso”, en palabras de su creador.

Pasearse por los más de doscientos números publicados en casi setenta años no permite al lector únicamente constatar la evolución de la disciplina, sino de la propia organización estatal y de la sociedad, así como encontrarse con valiosísimas piezas que, aun cuando superada la realidad histórica en la que vieron la luz y quedar normativamente desfasadas, sus principios informadores sin embargo continúan vigentes. Es el caso, por ejemplo, del artículo La actividad industrial del Estado en el Derecho Administrativo, que en el tercer número de la revista publicara el inolvidable José Luís Villar Palasí; pese a estar redactado en un momento donde la empresa pública era el vértice de la economía, sin embargo siete décadas después continúa siendo de lectura obligada; los trabajos incluidos en el sexto número, monográficamente dedicado al Estado de Derecho; o el ya clásico número 150 (septiembre-diciembre 1999), que hacía un repaso por la evolución del Derecho Administrativo en el medio siglo transcurrido entre la aparición de la revista y el año que cerraba el siglo XX.

Nombres como los de Eduardo García de Enterría (que fue primero Secretario, y ulteriormente Director de la Revista, cargo este último que el maestro conservó hasta su fallecimiento a finales del año 2013), Jesús González Pérez, José Luís Villar Palasí, Fernando Garrido Falla o Manuel Alonso Olea acaparan los primeros números de la revista. Ulteriormente se fueron incorporando otros como Alejandro Nieto, Ramón Parada, Tomás Ramón Fernández y tantos y tantos otros, legítimos herederos de ese núcleo originario básico que construyó los pilares del moderno Derecho Administrativo y a quienes hoy debemos gratitud por haber logrado no sólo modernizar, sino en algunos casos prácticamente crear prácticamente de cero la disciplina. Una disciplina que en casi siete décadas hubo de evolucionar y adaptarse a los cambios políticos, históricos, sociales y tecnológicos que experimentó el país.

Todo ese riquísimo acervo jurídico está ahora a disposición de cualquiera, y absolutamente gratis. Tan sólo es necesario un click.

PELIGRO: HACIENDA Y TRIBUNALES SUELTOS!. LA COMPRA DE INMUEBLES QUE EL VENDEDOR ADQUIRIÓ POR HERENCIA.

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Imagínense ustedes que adquieren en el mercado de vivienda de segunda mano un inmueble que determinada persona ha adquirido en herencia. Imagínense además que, como en la nota registral consta nota marginal informando que el mismo está afecto al pago del Impuesto de Sucesiones y en el mismo aparece trabado un embargo preventivo del Ente Público Servicios Tributarios, exigen al vendedor la acreditación del pago de dicho tributo. Extremen aún más la imaginación, y piensen que el comprador le muestra no sólo el abono del importe del tributo, importe que procede, además, de una liquidación y no de una autoliquidación (dato este último importantísimo) y un acto el Ente Público Servicios Tributarios que alza el embargo ante el pago, que no ha podido ser inscrito aún en el Registro de la Propiedad, siendo así que ambos documentos son auténticos, es decir, que no se trata de una falsificación para incitar al eventual interesado a consumar la compra. Ante ello, el ciudadano, que ha extremado toda la diligencia posible, opta por adquirir el inmueble y registrar la escritura de compraventa. Hasta ahí, todo correcto.

Pero imaginen ahora que, con posterioridad a dicho negocio jurídico y a la inscripción registral del inmueble en favor del comprador, el Ente Público Servicios Tributarios efectúa una revisión al alza de su propia liquidación, cuadruplicando el importe inicial de la cuota tributaria. E imaginen que, fallida la acción de cobro frente al vendedor, se dirige frente al comprador merced a una acción de derivación de responsabilidad, amparándose en la afección real de bienes. El comprador, lógicamente, alega que en el momento de adquisición ya se había satisfecho la cuota del Impuesto de Sucesiones, cuota que, además, procedía de una liquidación tributaria, es decir, practicada por la propia Administración, y que es un tercero amparado por la buena fe registral. El Ente Público Servicios Tributarios se opone alegando la afección real de bienes y amparándose en la nota según la cual el inmueble está afecto al pago del impuesto, y continúa, impasible el ademán, con su acción, dictando acto de derivación de responsabilidad y obligando al adquirente a abonar la nueva cuota tributaria con la obligada consecuencia de que, en caso de impago, responderá con el bien inmueble adquirido.

Les adelanto que no es necesario forzar la imaginación, pues nos encontramos ante un supuesto auténtico, en concreto una actuación seguida por el Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias y que dio lugar a la lamentable Sentencia 556/2017 de 27 de junio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso 138/2016 (ES:TSJAST:2017:2164), resolución judicial que en cualquier país civilizado no sólo sería inimaginable, sino que de haberse producido hubiera causado bochorno entre la propia judicatura. Claro que, por ejemplo, en los Estados Unidos sería inconcebible no ya la sentencia, sino una actuación como la del Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias, uno de los organismos más nefastos que existen y donde su personal únicamente busca sangrar el bolsillo del sufrido ciudadano.

El supuesto fáctico resuelto es el que hemos relatado en los dos párrafos iniciales de la presente entrada. Pero conviene que el lector posea unos datos adicionales que revelan, cuando menos, la ineptitud o desidia (en el más generoso de los supuestos) de ciertos empleados públicos del ente recaudador tantas veces citado.

Primero.- El organismo autonómico recaudador incoa el expediente de Impuesto de Sucesiones una vez presentada la escritura pública en el registro del organismo. Dado el elevado importe de los bienes, de forma inmediata el Ente Público adopta medidas cautelares para asegurar el pago y procede al embargo de diversos inmuebles, embargos que con una inusual celeridad se traban.

Segundo.- El funcionario encargado de tramitar el expediente lo tiene durmiendo el sueño de los justos un año, pues tarda exactamente doce meses en dictar la liquidación provisional.

Tercero.- El contribuyente procede al abono de la cuota tributaria y el organismo tributario, sabedor de que se desea transmitir los inmuebles (porque fue expresamente informado no sólo de dicho extremo, sino de la fecha de la venta) alza los embargos a fin de que pueda transmitirlos.

Cuarto.- Justo diez días después de perfeccionada la venta y depositada en el registro de la propiedad la escritura, el empleado público que tramitó el expediente despierta de nuevo de su letargo y pone en marcha la maquinaria para rectificar al alza la liquidación provisional, de tal forma que concluye con una liquidación definitiva que cuadruplica la provisional. Pero con la peculiaridad de que para ello no se tienen en cuenta datos o documentos nuevos, sino los que ya constaban en el propio expediente.

Quinto.- Ante la ineficacia de la acción dirigida frente al contribuyente, el Ente Público Servicios Tributarios dirige su acción frente a los adquirentes del inmueble, quien lo había adquirido previamente al inicio de las actuaciones de revisión de la liquidación provisional. Es decir, que ni tan siquiera la Administración podía alegar que el comprador era consciente de que se estaba tramitando una revisión.

Sexto.- Nota chusca que explicita de forma harto descarnada la verdadera naturaleza del organismo administrativo autonómico y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Ante lo voluminoso del expediente administrativo, el comprador solicitó se le expidiera copia del mismo en formato digital. La respuesta del Ente Público Servicios Tributarios fue la que sigue, y citamos textualmente: “No se entrega en formato electrónico porque no es posible garantizar la seguridad e integridad de la misma” (sic). Sin embargo, al judicializarse el asunto, el expediente se remite al juzgado en soporte CD-ROM. Sobra todo comentario en relación al desprecio con que el nefando organismo ha tratado al ciudadano en este asunto.

Y llega la solución judicial del caso, que avala el actuar administrativo, lo cual si bien es sorprendente en términos jurídicos, no lo es tanto si de lo que se trata es de ayudar en cierta medida a la Comunidad Autónoma a paliar el lamentable estado de sus arcas públicas. La resolución debía ofrecer respuesta a dos cuestiones: si la afección real cesaba para el tercero si adquiere el inmueble una vez efectuado el pago de la liquidación provisional y ésta no ha sido aún no ya rectificada, sino iniciado el proceso de rectificación; y, en segundo lugar, si la Administración ha vulnerado el principio de confianza legítima.

Conviene señalar, a título de mera anécdota, que la resolución judicial emana de un dictador, pues es un hecho notorio e incluso reconocido públicamente por el mismo ponente que éste no redacta, sino que dicta las resoluciones judiciales; y recordemos que, precisamente por esa circunstancia, Ernesto Giménez Caballero tituló su libro de recuerdos Memorias de un dictador, porque el mismo fue dictado a una secretaria, y no redactado materialmente por el autor, como suele ser habitual.

Pero, entrando de lleno en el asunto, lo cierto es que el magistrado en cuestión se manifestó sumamente comprensivo con las tesis de la Hacienda autonómica.

Primero.- Aun reconociendo y teniendo por hecho incontrovertido que en el momento de adquisición únicamente existía una liquidación provisional y ni tan siquiera se había iniciado el procedimiento de revisión de la misma (es decir, que el adquirente no se le podía exigir el conocimiento de la existencia de unas actuaciones que aún no se habían iniciado), rechaza que la afección real cesase en ese momento, sino que se prolonga hacia el futuro. Así razona, así así:

La argumentación de la parte recurrente se fundamenta en que realizada la liquidación inicial y abonado el impuesto ya no existe afección real del bien en caso de que se produzca una liquidación definitiva dentro del plazo de prescripción. A juicio de esta Sala este motivo impugnatorio no puede prosperar. Y decimos esto por cuanto como se desprende de lo contenido y previsto en el art. 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , en relación con el art. 9 del Reglamento de la Ley del Impuesto de Sucesiones , aprobado por R.D. 1629/91 de 8 de noviembre, esa responsabilidad subsidiaria de los adquirientes de los bienes afectos al pago de la deuda, lo es en relación a la que se derive de una liquidación definitiva del tributo que es la que determina la deuda tributaria finalmente y de forma definitiva. Efectivamente las liquidaciones provisionales siempre están sujetas a la existencia de una actividad de comprobación o de inspección que pueda considerar que todos los elementos de la valoración tributaria se hayan liquidado correctamente. Por tanto conforme establece el art. 101 de la Ley General Tributaria, solo serán liquidaciones definitivas las que se practiquen por la inspección de tributos previa investigación y comprobación de todos los elementos de la obligación tributaria, así como aquellas otras a las que la normativa tributaria atribuya tal carácter de definitivas. Desde esta perspectiva la deuda tributaria realmente debida es la que se contiene en una liquidación definitiva o en una provisional una vez que transcurra el plazo de prescripción. En el caso que aquí se decide, la liquidación definitiva fue la que dio lugar a la deuda tributaria tras la correspondiente acta de disconformidad. Por tanto, esa era la cantidad finalmente adeudada y esa era también la cantidad asegurada conforme los preceptos más atrás citados. No cabe en consecuencia considerar que la afección se limitaba a la liquidación inicial o provisional y no a la definitiva. La propia anotación registral se refiere a la afección “a las liquidaciones que procedan”, y no solo a la provisional a que dio lugar la declaración inicial del contribuyente.

Para, a continuación, negar al adquirente la condición de tercero protegido por la buena fe registral.

Segundo.- En lo que a la invocación del principio de buena fe y confianza legítima se refiere, la resolución judicial, tras acumular cita tras cita de sentencias relativas a lo que ha de entenderse por confianza legítima (algunas de las cuales habían sido citadas en la demanda), a la hora de aplicar la misma al fondo del asunto, se limita a este breve y cantinflesco párrafo:

no puede la parte recurrente invocar buena fe ni confianza legítima en una actuación administrativa determinada cuando es así que, de un lado, y como ya hemos dicho, existen unos preceptos legales que clara y taxativamente establecen una afección real del bien adquirido por el recurrente al pago del Impuesto de Sucesiones, y por el otro lado, cuando existe una inscripción registral que publicita esa afección real. En estas condiciones considera esta Sala que la parte recurrente no puede invocar que existió la infracción de los principios de confianza legítima o buena fe

La anterior resolución judicial supone, más que un bofetón, una auténtica puñalada mortal al principio de seguridad jurídica y coloca una verdadera espada de Damocles sobre los compradores de bienes inmuebles adquiridos por herencia. En efecto, téngase en cuenta que en el caso resuelto por la sentencia, nos encontrábamos ante una liquidación administrativa, pero trasladen ese razonamiento a la situación actual, donde en el Principado de Asturias tan sólo existen autoliquidaciones y ya no liquidaciones administrativas. Si un comprador adquiere un inmueble que el vendedor ha recibido por herencia, teniendo en cuenta que la acción administrativa para comprobar las autoliquidaciones se prolonga durante cuatro años, aun cuando en el momento de la compra el vendedor acredite el pago del impuesto autoliquidado, si dentro del plazo de prescripción el Ente Público efectúa una comprobación y rectifica al alza la cuota tributaria, el comprador habrá de responder por afección real, aun cuando el procedimiento de comprobación se haya iniciado con posterioridad a la adquisición. Quiere ello decir que en la práctica lo que les está recomendando esta sentencia es no adquirir ningún bien inmueble procedente de una sucesión mortis causa en tanto no hayan transcurrido cuatro años desde que el sujeto pasivo haya presentado la autoliquidación del draconiano tributo que grava dicha operación.

Don César Vidal, en el programa La Voz (que dirige y presenta desde su actual residencia en Miami) utiliza el verbo robar para describir las actuaciones llevadas a cabo por los órganos tributarios españoles, para a continuación afirmar que éstos pierden el cincuenta y uno por ciento de los casos en los tribunales. La primera afirmación es no sólo defendible, sino probablemente cierta; la segunda, es harto discutible y tan sólo se explica porque el citado comunicador traslade o trasponga la jurisprudencia norteamericana a nuestro país. En efecto, los organismos fiscales estadounidenses son extremadamente cuidadosos, entre otras cosas porque los órganos judiciales priman los derechos del individuo sobre el mero afán recaudatorio, y no pierden de vista que fue precisamente una insurrección frente a un tributo injusto coactivamente impuesto lo que determinó el nacimiento de los Estados Unidos, siendo, además, la potestad tributaria y recaudatoria la que se presta a más abusos. Hasta el punto se lleva inserta en la médula esa desconfianza, que, como recuerda el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia United States v. Clarke, para evitar abusos incluso el organismo encargado de la inspección y recaudación, el Internal Revenue Service, carece de facultades de autotutela, precisando en todo caso de autorización judicial para que sus actos tengan efectos frente al interesado. O tempora, o mores.

Post Scriptum.- El magistrado dictador de la sentencia se doctoró con una tesis que llevaba por título: “El control judicial de la actividad administrativa. Anomalías y disfunciones competenciales en nuestro sistema de justicia administrativa.” Ignoro si la tesis fue dictada o redactada, pero de lo que sí estoy seguro que, de conocer el título de la misma, los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que suscribieron por unanimidad la sentencia United States v. Clarke, se hubieran partido de risa, considerando dicho título un sarcasmo o una broma de mal gusto que ilustra a la perfección el país cuna de Guzmán de Alfarache.

LA LENTA AGONÍA DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

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Uno de los principios que los poderes públicos han de garantizar ex constitutione, en concreto según el artículo 9.3 de dicha norma jurídica suprema, es el de seguridad jurídica. El problema radica qué hemos de entender por tal. Si acudimos al Diccionario del Español Jurídico, la herramienta tan útil como desconocida por la casi totalidad de los operadores jurídicos, nos encontraremos la siguiente definición: “Principio general del derecho que impone que toda persona tenga conocimiento cierto y anticipado sobre las consecuencias jurídicas de sus actos y omisiones.” En definitiva, se trata de que el ciudadano pueda anticipar con total y absoluta certeza (“conocimiento cierto”) de las implicaciones que a nivel jurídico puede tener una conducta activa u omisiva. De ahí que, tradicionalmente, se vinculase el principio de seguridad jurídica con la publicidad de las normas. A ello se incorporaba a modo de corolario o complemento indispensable el principio recogido en el artículo 6.1 del Código Civil en la redacción otorgada al mismo por el Real Decreto 1836/1974 de 31 de mayo, según el cual: “La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.”

Ahora bien, las consideraciones anteriores, que se mantienen en nuestro país, como tantas otras cosas, por pura inercia histórica y por la reticencia de todas las instituciones y poderes públicas a mutaciones severas que les perjudiquen, no resiste hoy en día el más puro análisis jurídico. Y ello porque las normas y principios jurídicos no sólo han de interpretarse según el sentido literal de sus palabras, sino en relación con “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, según recoge igualmente el artículo 1 del Código Civil. Y esa realidad social demuestra que el principio de seguridad jurídica se erosiona en proporción geométrica. Y ello por varias cuestiones.

Primero.- Aumento exponencial de la normativa.

 

A finales del siglo XIX e incluso hasta finales de la década de los setenta del siglo XX, el sistema de fuentes del derecho era ciertamente reducido. Salvo el paréntesis republicano, la Constitución (y, en la época del franquismo, las Leyes Fundamentales) no tenían la consideración de norma jurídica, de ahí que las únicas fuentes normativas quedasen limitadas a la ley y al reglamento. Además, se daban otras dos circunstancias: no eran relativamente numerosas y gozaban de estabilidad en el tiempo.

Desde la década de los ochenta del siglo XX, a la ley y al reglamento se añaden otras dos fuentes: las supraestatales (léase, Derecho de la Unión Europea) y las infraestatales (normativa autonómica). No es ya, por tanto, que aumente el número de fuentes jurídicas, sino que las mismas emanan normas sin descanso, perdiéndose, además, la nota básica de la estabilidad.

En efecto, los distintos Boletines Oficiales excrementan normas sin descanso, como lo prueba que ni las festividades de nochebuena y navidad sean ya sagradas desde el punto de vista jurídico. Que prácticamente los trescientos sesenta y cinco días del año las distintas publicaciones oficiales se ensañen inmisericordes con la población vomitando leyes, decretos leyes, decretos legislativos, reales decretos, órdenes ministeriales y, en el caso de las instituciones europeas, reglamentos y directivas, implica que tan sólo una persona que aúne las facultades del hombre de acero (en cuanto a resistencia) y de Flash (en cuanto a velocidad) pueda ser capaz de estar al día en cuanto a la normativa vigente.

Por ello, el principio de seguridad jurídica ya no puede, a estas alturas y con estas circunstancias, quedar garantizado simplemente por la publicidad de las normas.

Segundo.- Defectuosa técnica legislativa.

 

Cada vez más aumenta el volumen de normas cuya redacción es, ciertamente, penosa. Ello se debe a los estragos de un nefasto sistema educativo que está pasando factura cuando las víctimas del mismo llegan a las altas esferas.

En efecto, mal va a poder conocer una persona las implicaciones jurídicas de una acción cuando, de conocer el texto de la norma, éste es ininteligible u oscuro.

Tercero.- Abandono de la ley como norma general en beneficio de otras fuentes y de regulaciones específicas.

 

Otra de las características del actual sistema normativo es el abandono del principio de la regulación mediante ley general y abstracta, en beneficio de leyes medida que abordan supuestos concretos e, incluso, abiertamente, en la cesión de la primacía de la ley en beneficio de otras fuentes, como el Real Decreto Ley.

Se corre el riesgo de que ocurra con la ley lo mismo que con el procedimiento expropiatorio ordinario, con tanta minuciosidad regulado en la benemérita Ley de Expropiación Forzosa como olvidado en la práctica. Todas, absolutamente todas las expropiaciones hoy en día son calificadas de “urgentes”, lo que en la realidad supone convertir la excepcionalidad en ordinaria.

Pues bien, desde el año 2012 cada vez aumentan las regulaciones a través de Reales Decretos Leyes, instrumentos éstos que únicamente pueden utilizarse en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Si tenemos en cuenta que en este año 2018 que ya toca a su fin se han aprobado nada menos que veintiséis Reales Decretos Leyes (es decir, una media de dos al mes), la conclusión obvia es que el país se encuentra en una situación permanente de “extraordinaria y urgente necesidad”.

Es una tentación de todos los dirigentes, de todas las formaciones y en todos los países el orillar al legislativo cuando éste no le es propicio o favorable. Por ejemplo, el inefable Barack Obama criticó a su predecesor George W. Bush cuando éste sostenía que, como Presidente de los Estados Unidos, ostentaba poderes inherentes al cargo que le permitían ejercer determinadas facultades y funciones sin contar con el legislativo (teoría esta, por cierto, no propia de Bush jr., sino que hunde sus raíces en Franklin D. Roosevelt); no obstante, al llegar al cargo, Obama no sólo no desautorizó esa tesis, sino que la aplicó de forma expresa, aunque en esta ocasión la prensa en pleno justificase en Obama lo que criticase en Bush.

Algo parecido ocurre en nuestro país. Se criticaba (y con razón) al anterior inquilino de la Moncloa de utilizar de forma abusiva el Real Decreto Ley. Mas, una vez que un nuevo presidente desaloja al anterior, éste no sólo no rectifica, sino que continua, corregida y aumentada, la práctica de su antecesor.

Cuarto.- Imposibilidad de prever las consecuencias por la volatilidad y fragilidad de los criterios.

 

Tampoco ayuda, precisamente, a mantener el principio de seguridad jurídica la ausencia de estabilidad tanto en la normativa vigente como en su aplicación práctica, tanto por el ejecutivo como por el judicial.

4.1.- Legislativo. Hoy en día, los términos “estabilidad” y “legislación” se han convertido en antónimos. El texto legal vigente hoy puede no estarlo mañana, y ser modificado nuevamente pasado. La ley aprobada ayer puede ser rectificada mañana por un Real Decreto Ley. Y el abandono del carácter general de la ley ha recibido, cómo no, el beneplácito del Tribunal Constitucional. Con este panorama, es un sarcasmo hablar de seguridad jurídica.

4.2.- Ejecutivo. Éste no se queda corto. No sólo por las rectificaciones normativas a nivel reglamentario, sino por los continuos y habituales cambios de criterios y discrecionalidad en la aplicación de la norma. Por ejemplo, no es en modo alguno inhabitual que la Agencia Estatal de Administración Tributaria mute el criterio de aplicación de una norma por otro más restrictivo con la única finalidad de incrementar el potencial recaudatorio. Pero tampoco es inhabitual que los comportamientos sancionables sean tolerados en unos casos y sancionados en otros análogos, siendo así que quienes han tenido la desgracia o mala suerte de caer bajo el yugo de la potestad sancionadora administrativa puedan invocar el principio de igualdad, dado que los órganos jurisdiccionales han establecido que no cabe aplicar el principio de igualdad en la ilegalidad. Por tanto, seguridad jurídica, tampoco.

4.3.- Judicial. En este caso, la quiebra del principio de seguridad jurídica lo ha sancionado nada menos que el Tribunal Constitucional, al impedir en la práctica la aplicación de criterios uniformes en aras a lograr consagrar el principio de independencia judicial, de tal forma que el máximo intérprete de la Constitución admite que cada uno de los jueces pueda apartarse del criterio de órganos superiores (incluso del Tribunal Supremo) sin más que fundamentar las razones que le llevan a ello. Conclusión: instaurar los reinos de taifas judiciales, donde puede observarse que el criterio mantenido por unos jueces no es el que sostienen otros, y a su vez el de estos dos no es compartido por un tercero.

Una prueba de ello: el ensañamiento, rayano ya en el sadismo más propio de Tomás de Torquemada que de una juez, que la magistrada del Juzgado de Instrucción número Ocho de Valencia, bordeando peligrosamente (cuando no incurrido ya) la prevaricación, mantiene con el ex ministro Eduardo Zaplana, que padece leucemia. Al mismo se le ha denegado sistemáticamente la libertad provisional (recordemos que está siendo investigado, no está condenado aún), con argumentos más propios de Tomás de Torquemada que de una juez del siglo XXI, e incluso aun siendo advertida que el reingreso en prisión puede ocasionar con casi total certeza la muerte del ex ministro, la magistrada insiste en reintegrarlo a prisión. Pues bien, por delitos prácticamente similares, la familia Puyol a quien en notas internas se calificada de “sagrada”, permanece en libertad (por cierto, en perfecto estado de salud) aun cuando se ha hecho público que se han beneficiado de la no adopción de medidas cautelares para continuar con sus trece; ni uno de los investigados en el caso de los ERE ha pisado la cárcel; y José Ángel Fernández Villa tampoco ha estado ni un solo día entre rejas durante la instrucción judicial. Todo un ejemplo de “seguridad jurídica”.

En definitiva, que no es que no corran buenos tiempos para el principio de seguridad jurídica, sino que éste se ha convertido en un auténtico muerto en vida al que los poderes públicos se resisten a enterrar porque, de hacerlo, la ciudadanía se daría cuenta que el poder va desnudo.

PRINCIPIOS Y TRÁMITES PROCESALES ÚNICAMENTE JUSTIFICADOS POR INERCIA HISTÓRICA.

nuevo Modelo de Justicia Penal

En el segundo capítulo de esa magnífica novela de Pío Baroja que es El árbol de la ciencia, el genial escritor vasco se refería a: “esa simpatía y respeto que ha habido siempre en España por lo inútil.” Lo cierto es que esa reverencia por los formalismos exacerbados, por los trámites burocráticos sin otro efecto práctico que la simple consunción de tiempo, o las regulaciones amparadas en la inercia histórica y que tan sólo en ella encuentran su fundamento no son ciertamente infrecuentes en el ordenamiento jurídico español. Veamos algunos ejemplos a vuela pluma tomados.

Primero.- En el ámbito contencioso-administrativo.

En el orden jurisdiccional encargado nada menos que del control del poder público, la normativa existente que carece de otra justificación que el anclaje histórico en la bruma de tiempos pretéritos no es ciertamente escasa o, cuando menos, tiene una presencia más frecuente de lo deseable. Veamos algunos ejemplos.

1.1.- Presunción de solvencia de los entes públicos.

En los tiempos actuales este principio, recogido acríticamente (salvo tan honrosísimas como escasas excepciones) por la jurisprudencia. Mas lo cierto es que la realidad social de los tiempos actuales (que es un criterio interpretativo de las normas, según el artículo 3 del Código Civil) demuestra que el mismo hoy en día no es más que una bufonada siniestra o un pío deseo tan alejado de la realidad como la articulación institucional y social concebida en su día por el filósofo y jurista Tomás Moro.

Son cada vez más los entes públicos que en sus arcas no acumulan más que telarañas, y sin embargo los órganos jurisdiccionales continúan reposando en el histórico principio tan superado por la realidad cotidiana.

1.2.- Imposibilidad de concurso de los entes públicos.

A consecuencia de lo anterior, otro principio consagrado a nivel legislativo es la imposibilidad que tienen los entes públicos de acogerse a la normativa concursal. Esta nefasta prohibición causa más perjuicios que beneficios.

En la otra orilla del Atlántico, los Estados Unidos han incluido a los entes locales entre los sujetos que pueden acogerse a la normativa concursal. El Título XI Capítulo 9 del United States Code contiene los preceptos relativos a “adjustment of debts of municipalities” (ajuste de las deudas de los municipios), y contiene las especialidades de la legislación concursal respecto de los entes locales. Es decir, que existen, obviamente, especialidades derivadas de la especial naturaleza de los sujetos en cuestión, pero se trata de simples precisiones que no excluyen la regla general. El presupuesto indispensable para que a los mismos les sea de aplicación la normativa concursal es la de encontrarse en “situación de insolvencia”, que el apartado 32 de la norma 101 define como “(1) impago de cantidades debidas, salvo que tales deudas se encuentren impugnadas de buena fe; (2) imposibilidad de hacer frente a las deudas cuando éstas son debidas.”

En definitiva, que no existe impedimento legal para que las normas del concurso se apliquen a entes locales. Dado que las competencias judiciales se depositan en los denominados bankruptcy courts, que no son más que subdivisiones de los district courts o juzgados de distrito, esta circunstancia funciona a la vez como garantía procesal y como elemento disuasorio, pues si un ente público entra en situación de concurso el juez puede tener acceso a las cuentas municipales, lo que implica que éste puede observar directamente posibles situaciones irregulares, con las consecuencias que ello puede tener, a nivel penal, por los responsables de las mismas.

1.3.-  Procedimiento ejecutivo ineficaz.

Es una tesis de quien suscribe que en el ámbito contencioso-administrativo no existe procedimiento ejecutivo propiamente dicho. Y a ello ha contribuido en no poca medida la timorata jurisprudencia que, mutando simplemente una preposición, ha convertido el incidente “en” ejecución de sentencia previsto en el artículo 109 de la LJCA en un incidente “de” ejecución de sentencia, reduciendo la fase ejecutiva de un procedimiento a un simple incidente, con las consecuencias que de ello se derivan.

Pero también es cierto que los artículos 103 a 112 LJCA son absolutamente impropios de una sociedad avanzada y únicamente se explican si acogemos la tesis de Pío Baroja con la que abríamos la presente entrada. La regulación del procedimiento de ejecución de sentencias hunde sus raíces en el año 1888 y apenas ha tenido avances positivos en la materia. Que a nivel legal se otorgue a los entes públicos un plazo de cumplimiento voluntario que supera con creces el límite de lo tolerable y que, además, transcurrido éste e instada la ejecución ésta no se despache automáticamente, sino que para mayor escarnio se facilite a la Administración un plazo de gracia disfrazado de término para alegar “lo que a su derecho convenga” clama al cielo.

1.4.-  La existencia de graves perjuicios para la Hacienda.

El artículo 106.4 LJCA es otro eco de tiempos pretéritos que debiera pasar a mejor vida, y que se explica tanto por razones de inercia histórica como por la evidente ventaja que otorga a los controlados frente al órgano de control.

Quien ve su hacienda mermada, no puede incurrir en actos, negocios o hechos que puedan tener repercusiones en su peculio y, en todo caso, de hacerlo, no puede acogerse ulteriormente a esta causa. Sin embargo, y salvo rarísimas excepciones, existen pronunciamientos judiciales que continúan aceptando sin más la simple invocación de este precepto que, lo mismo que otros tan manidos como “interés público”, “autoorganización” o “discrecionalidad”, sirve de auténtico comodín administrativo.

Segundo.- En el ámbito laboral.

2.1.- Tres conciliaciones previas absolutamente inútiles.

Uno de los aspectos más risibles del orden jurisdiccional social es el relativo a las necesarias conciliaciones previas. Porque no hay una, sino dos y en ocasiones tres.

La primera, la que imperativamente ha de tener lugar ante las Unidades de Mediación, Arbitraje y Conciliación autonómicas, que no son otra cosa que una soberana pérdida de tiempo, en tanto en cuanto la parte conciliada únicamente se limita a oponerse “por los motivos que en su momento se expondrá si ha lugar a ello”, dándose además la circunstancia que en las escasísimas ocasiones en que el funcionario requiere a la representación empresarial para que concrete algo más, ésta suele negarse para no adelantar bazas defensivas.

La segunda, es la que tiene lugar ante el Secretario Judicial, y que tiene exactamente la misma utilidad práctica que la anterior, sin otra consecuencia, en ocasiones, que la mera dilación de la vista oral del caso. Y me explico haciéndome eco de una situación real que sufren en sus propias carnes muchos letrados. En esa villa marinera de mi tierra asturiana, la Secretaria Judicial de cierto Juzgado de lo Social (par, para más señas) quizá considerando que la conciliación celebrada en el despacho menoscaba su imagen y la alta consideración que se le debía, acordó motu proprio que las conciliaciones que ante ella debían tener lugar se celebrarían en la propia sala de vistas del juzgado. El problema radicaba en que, siguiendo la costumbre inveterada de los Secretarios de fijar las conciliaciones cada tres minutos (plazo que son plenamente conscientes que es materialmente imposible de cumplir) y la no menos inveterada costumbre de no respetar los horarios de entrada, pues he comprobado personalmente cómo la primera conciliación estaba señalada para las nueve y media y la Secretaria Judicial llegaba con un cuarto de hora de retraso (no siendo éste retraso puntual o aislado, sino reiterado) sin dar explicación alguna por la demora y, por supuesto, sin pedir disculpas. El retraso que acumula incide sobre el horario de celebración de las vistas ante el juez, porque como la Secretaria se ha “okupado” la sala de vistas, su demora incide sobre los pleitos. Pues bien, el resto de Secretarios Judiciales de los juzgados de lo social de dicha localidad le han bailado el agua a la anterior, y en vez de disuadir a la anterior han optado por emularla en su comportamiento, acarreando las mismas nefastas consecuencias.

En otras palabras, un trámite absolutamente inútil acarrea una consecuencia indeseada: el retraso en los pleitos.

Pero además, en algunos casos (cierto es que cada vez menos), en la vista es juez quien pregunta a las partes si no existe la posibilidad de un acuerdo entre ellas, lo cual supone una tercera conciliación.

En resumen, el “tres en uno” de la burocracia.

2.2.- Señalamiento de las vistas en un plazo imposible de cumplir.

En este caso nos encontramos ante una práctica que se mantiene tanto por inercia como por el desprecio que a ciertos Secretarios Judiciales merecen los letrados.

No es infrecuente asomarse a las hojas de señalamientos de vistas y comprobar que se programan no menos de quince vistas en una mañana, señalando una horquilla de cinco (en ocasiones tres) minutos entre una vista y otra. Es materialmente imposible celebrar una vista en tres minutos, y para ser consciente de ello no hace falta ni estudiar una carrera ni superar una oposición. Pese a ello, se continúa con tal proceder, lo que obliga a los letrados de las partes en conflicto a perder toda una mañana en los pasillos de los juzgados. Como ahora los Secretarios Judiciales han optado, salvo honrosísimas excepciones, por excusar su asistencia a las vistas, a ellos esa demora no les afecta. Pero, a lo que vamos, ese comportamiento se perpetúa una, y otra, y otra vez, pese a que los responsables de la agenda del juzgado (que, tras la reforma operada en 2009, son los Secretario Judiciales) son plenamente conocedores de lo inadecuado de su proceder.

El extremo lo ofreció el Juzgado de lo Social sito en una cuenca minera, escondida en las montañas según célebre romanza de la zarzuela Xuanón. Hace apenas un año quien esto suscribe hubo de asistir a una vista en dicho lugar, y pudo comprobar que esa mañana había fijados nada menos que treinta y cinco pleitos, diez de ellos, además, a la misma hora; lo cual implica que la Secretaria del Juzgado considera que el titular del mismo es Supermán (“faster than a speeding bullet”) o Flash (“the fastest man on earth”). Lo curioso del asunto es que justo al lado de la puerta de entrada a la sala de vistas, existía un gran cartelón que, con el título “Derechos de los ciudadanos ante la justicia” incluía entre estos el derecho a que las vistas se celebraran con puntualidad. En definitiva, echar sal a la herida.

En fin, una prueba más de la estima que en nuestro país existe por lo inútil.

SOBRECARGA JUDICIAL Y (FALTA DE) MEDIOS TECNOLÓGICOS ADECUADOS.

Juzgado

El pasado domingo día 9 de diciembre de 2018 se publicaba en el diario El Comercio una noticia referente a la carga de trabajo que pesa sobre los jueces de la ciudad de Gijón. Con el titular 16 vistas orales a la semana para un juez se describía la situación que pesa sobre los magistrados que prestan servicios en la villa de Jovellanos, personaje este último, por cierto, que ejerció como juez (“alcalde” en la denominación de entonces) en las plazas de Sevilla y Madrid. Orillando lo manifiestamente exagerado de la afirmación con la que se abría la noticia (“muchos no sabemos lo que es tener vida privada”), aserto, además, que proviniendo de ciertos labios únicamente puede tomarse como una simple humorada, lo cierto es que no pocas de las afirmaciones que se efectuaban son absolutamente ciertas, aunque las causas de la situación no son tan sencillas como aparentemente pudiera deducirse de la simple lectura del artículo.

En este sentido, no puedo por menos que suscribir al cien por cien la denuncia que efectuaba el magistrado Luis Ortiz Vigil en lo relativo al desfase tecnológico existente en el ámbito judicial, cuando menos si se compara con la dotación de medios que poseen otros entes de naturaleza meramente administrativa. En efecto, no vamos a comparar ya la situación con la Agencia Tributaria, porque ésta a nivel tecnológico va siempre un paso más adelante que el resto de sujetos y entidades del sector público, y a quien, dicho sea de paso, la judicatura ha convertido en un “Guantánamo tributario”. Pero si cualquiera tiene la simple curiosidad de comparar, por ejemplo, los medios materiales que posee el Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias (por poner el ejemplo de una comunidad no precisamente con unos recursos excesivamente amplios) encontrará que está infinitamente mejor dotada que cualquier juzgado de la comunidad. Y no es de recibo que la Administración se dote de los medios más modernos para triturar económicamente al ciudadano y, para resolver los conflictos que le aquejan, dejarle huérfano de ayudas. En definitiva, que cuando los entes del sector público administrativo pretenden recaudar dinero de sus siervos, se dotan de un vehículo de gama alta, último modelo y circulan por autopista gratuita. Cuando se trata de resolver conflictos entre los ciudadanos o entre éstos y el poder, mejor circular en un vehículo de moderada antigüedad y por caminos que en muchas ocasiones, por utilizar una expresión del genial Francisco Ibáñez, son impracticables hasta para las cabras; y abonando peaje, además.

No obstante, convendría añadir algo que Luis Ortiz silencia, quizá por no entrar en conflicto con personal que presta sus servicios en dependencias judiciales: el recelo, cuando no manifiesta hostilidad que hacia las nuevas tecnologías manifiesta un sector no muy amplio, pero ciertamente nada desdeñable del personal tramitador, Secretarios Judiciales y Jueces. En unos casos, por imperativos de la biología (gozar ya de una edad provecta que merma la facultad y las ganas de adecuarse a los avances), en otros por simple comodidad (mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer) y otros por las razones más variadas, no se termina de asimilar ciertos cambios. Entiéndase bien, no se trata de exculpar a la Administración responsable de su nefasto actuar a la hora de proveer las dependencias judiciales con los medios más modernos, pero tampoco cabe ignorar que un porcentaje importante de empleados públicos de todos los cuerpos, grupos y niveles cuando menos no hacen todo lo que está en sus manos para facilitar la tarea, llegando incluso a faltar a la verdad de la forma más descarada. A título de ejemplo, en el momento de implantar el sistema de presentación telemática de documentos, hubo ciertos Secretarios Judiciales que manifestaron públicamente que los órganos judiciales se estaban convirtiendo en las “fotocopiadoras de los abogados” (sic); afirmación rotundamente falsa que ilustro con un simple ejemplo: en cierto juzgado de lo social,  la Secretaria Judicial, amén de requerir para ampliar la demanda frente a trece interesados (a quienes luego, en la vista, la juez manifestó expresamente que ningún interés tenían en la causa) solicitó aportar copias en papel para cada uno de ellos. Y no es el único.

En cuanto a los datos, es cierto que el volumen de asuntos que penetra en los órganos judiciales es bastante elevado. No obstante, quisiera hacer un ejercicio comparativo y mostrar al lector interesado la situación que existe en los Estados Unidos, partiendo de datos oficiales, cuales son la planta judicial y el número de asuntos que conocieron durante el pasado año 2017, según el informe anual del chief justice.

Conviene tener en cuenta que la base de la pirámide judicial en Estados Unidos lo constituyen los juzgados federales. Existen hoy en día 94 juzgados en el territorio estadounidense, y el número de jueces de distrito asciende a 680, pues cada uno de esos órganos no hay un único juez (es decir, no tiene un único titular), sino que son varios los que desempeñan sus funciones, si bien el enjuiciamiento y resolución de los asuntos se hace de forma unipersonal y no colegiada. Los juzgados de distrito conocen asuntos civiles y mercantiles, penales, administrativos y laborales, pues no existe división en órdenes jurisdiccionales.

Pues bien, en el año 2017, se presentaron 267.769 asuntos civiles, lo que supuso un descenso de casi un treinta por ciento respecto al año 2016; 77.018 asuntos penales, casi los mismos que en el 2016, si bien con un ligerísimo descenso que apenas llega al uno por ciento; y 790.830 asuntos concursales. Todo ese volumen de asuntos se reparte entre los juzgados de distrito, pues si bien es cierto que las cuestiones relativas a concursos e insolvencias las resuelven las bankruptcy courts, éstos no son sino unidades de los juzgados de distrito, y, por tanto, resueltas por jueces de distrito.

Los juzgados federales estadounidenses se encuentran a la vanguardia en cuanto a tecnologías, pues aun cuando en el Tribunal Supremo mantenga aún como medio ordinario el soporte papel, a nivel inferior uno puede comprobar, sin más que un simple barrido en la red, que existen páginas donde uno puede acceder (lógicamente, poseyendo una clave) a toda la información de un asunto completamente digitalizada. Es decir, que un letrado podría acceder a cualquier documento de unos autos procesales desde su ordenador. Es, sin duda alguna, un avance que convendría implantar en nuestro país.

Pero también convendría meditar, y mucho, sobre la organización de los juzgados españoles y si la misma es ciertamente idónea para servir a los altos fines de la justicia. Meditemos un instante sobre ello:

1.- El juez. El juez es el titular del juzgado, y como tal independiente y únicamente sometido a la Constitución y al imperio de la ley. Pero a nivel funcional su labor se ha reducido básicamente a celebrar las vistas y a dictar sentencias (o autos). No tiene mando directo ni potestad alguna sobre el personal de su juzgado, puesto que éste no depende ni jerárquica ni funcionalmente aquél. La situación ha llegado al punto que el propio juez en estos momentos tampoco posee la capacidad de gestionar su agenda, que manejan a su antojo los Secretarios Judiciales (que, en el mejor de los casos, de llevarse bien con el juez coordinará su actuación con éste).

Esto no ocurre en los juzgados federales, donde el juez asume la responsabilidad de las tareas no sólo judiciales, sino administrativas del juzgado. Ello hace que el órgano funcione muchísimo mejor, y ello debido a un elemental principio: cuanto más se diluyan y repartan las funciones y, por ende, las responsabilidades, más difícil será verificar, en el caso de una disfunción o incidencia, dónde se encuentra el origen del mismo.

2.- El Secretario Judicial. Soy consciente que la nomenclatura de éste ha mutado, pues en la actualidad ha pasado a denominarse “Letrado de la Administración de Justicia“, pero extramuros del proceso y de los escritos forenses, me niego al efectuar un ejercicio de esnobismo, de igual forma que me negaría a referirme a un bombero como “productor antipirotécnico graduado” o a un basurero como “transportista autorizado de residuos orgánicos e inorgánicos”.

En el interior del juzgado, el Secretario Judicial es, guste o no, un caballo de Troya del Ministerio de Justicia. Y esto no es una invención del humilde redactor de estas líneas ni una calificación peyorativa, sino que es algo que explícitamente reconoce la Exposición de Motivos del Real Decreto 1608/2005 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, cuando indica que la normativa legal vigente: “configura el Cuerpo de Secretarios Judiciales como un Cuerpo superior jurídico y único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia y dependiente del Ministerio de Justicia, ordenándolo jerárquicamente con el fin de garantizar una mayor eficacia en la prestación del servicio.” Si tenemos en cuenta que en tras las últimas reformas procesales los Secretarios Judiciales tienen facultades resolutivas en ciertos asuntos, se comprobará que de forma harto paradójica quien toma la decisión final en esas situaciones no es un juez independiente en sus funciones, sino un funcionario que, aun cuando preste sus servicios en un órgano jurisdiccional y en funciones jurisdiccionales, materialmente por vía jerárquica depende del Ministerio de Justicia. Así pues, en el tablero del juego de ajedrez que es la Administración de Justicia, el Rey (juez) lo mueve un jugador concreto, el Poder Judicial, mientras que la Reina (Secretario Judicial) lo moviliza otra mano distinta, el Poder Ejecutivo.

Los Secretarios Judiciales no existen en los juzgados de distrito estadounidenses, cuando menos no como están configurados legalmente en nuestro país. Es cierto que existe la figura del clerk, y que éste es el encargado de la recepción de los escritos y de la custodia de los archivos judiciales. Pero también que su misión fundamental es la de ayudar a las partes y a facilitar la labor a las partes en conflicto, no de erigirse en guardián del formalismo puntilloso hasta el punto de mirar con lupa los escritos no para agilizar la tramitación, sino para ver si se encuentra el más mínimo defecto y redactar la oportuna diligencia de subsanación.

3.- El personal tramitador. El personal tramitador depende orgánicamente de la Comunidad Autónoma, pero funcionalmente se encuentra sometido al Secretario Judicial. En otras palabras, legalmente se “desliga” a este cuerpo de personas del juez.

A la vista de lo anterior, ¿se solucionaría el problema existente tan sólo aumentando el número de jueces? Parece claro que la respuesta a dicho interrogante es negativa. Cierto es que se aliviaría la situación en cuanto la carga repartida (número de asuntos) es más llevadera, pero tal incremento tan sólo supondría un parche o remiendo, pues no se abordaría con seriedad un análisis a fin de determinar las causas del problema, que son más sistémicas que cuantitativas.

Indudable es la necesidad de adecuar los medios materiales de los juzgados a la realidad social, pues en ocasiones quien esto suscribe al entrar en ciertas dependencias judiciales le vienen de forma inmediata a la memoria las imágenes del juzgado del que era titular Javier Zarco en El clavo, la magnífica adaptación cinematográfica que en los años cuarenta del pasado siglo Rafael Gil hiciese de la “causa célebre” relatada en su día por Pedro Antonio de Alarcón. Pero también de abordar con seriedad un estudio de la organización interna de los juzgados.

Alexander Hamilton, en el artículo que publicó bajo el seudónimo de Publius y que pasó a ser el ensayo número 78 de El Federalista, se refirió al judicial como el “menos peligroso de los poderes.” No voy a entrar a si es o no el menos peligroso, pero sí que es el más temido, cuando menos por las personas que integran los otros dos. De ahí la necesidad de mantenerlo en una situación de necesidad extrema que le impida actuar. Y, desgraciadamente para quienes trabajan en el mundo de la justicia, en nuestro país no ha existido nunca jamás una cultura de independencia judicial en la clase política, y donde todos los partidos, casi sin excepción, lo único que han buscado es someterla o, por utilizar el título de un célebre ensayo del magistrado Jesús Villegas, tener a dicho poder “amordazado.” Y la mejor forma de maniatarlo es dificultar su actuación.

EL CONTROL PARLAMENTARIO DEL GOBIERNO EN FUNCIONES.

CD

La reciente Sentencia de 14 de noviembre de 2018 del Pleno del Tribunal Constitucional dictada en el seno de autos de conflicto entre órganos constitucionales del Estado 3102-2016, da respuesta jurídica a una cuestión suscitada hace poco más dos años cuando el Gobierno de la Nación rehusó someterse al control parlamentario argumentando de forma harto sorprendente que “no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados” (sic). Y el máximo intérprete de la Constitución lo hace en el seno de un procedimiento escasamente utilizado, pues en las más de tres décadas y media de vida del Tribunal Constitucional han sido tan sólo cinco las ocasiones en las que se ha acudido a dicha vía. Recordemos, a título meramente histórico-ilustrativo, que la primera ocasión en la que hubo de resolver un conflicto de tal calibre fue en la Sentencia 45/1986 de 17 de abril, donde ya el “legislador negativo” mostró su auténtica faz al echar balones fuera en el procedimiento interpuesto por el Consejo General del Poder Judicial frente al Congreso de los Diputados a cuenta del Proyecto de lo que acabaría convirtiéndose en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Evocaciones jurídicas aparte, el Tribunal Constitucional vuelve a demostrar que su objetivo último parece limitado a disuadir tanto a ciudadanos como juristas de adentrarse en la lectura de sus resoluciones. Nos encontramos ante una sentencia farragosa, cansina, reiterativa, amazacotada y que hace preguntarse al lector si acaso los magistrados de dicho nefando organismo perciben algún plus o complemento por página emborronada.

Analicemos brevemente los antecedentes fácticos, la cuestión jurídica planteada y la solución que a la misma ofrece el todavía máximo intérprete de la Constitución.

Primero.- Antecedentes de hecho.

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados acuerda, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, fijar el día 17 de marzo de 2016 para la comparecencia del Ministro del ramo a fin de informar sobre los asuntos tratados en la reunión de los Ministros de Defensa de la OTAN celebradas los días 16 y 17 de febrero de ese año.

El día 10 de marzo de 2016 el Gobierno, en funciones en aquéllos momentos, comunica la negativa del mismo a someterse al control parlamentario al sostener que precisamente al encontrarse en funciones “no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados.” Manteniendo dicho criterio, el titular del departamento de Defensa no comparece en la Comisión el día señalado al efecto.

El 23 de marzo de 2016 todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, presentaron al Congreso de los Diputados una propuesta de planteamiento de Conflicto de Competencias que, sometida a debate y votación el día 6 de abril de 2016, es aprobada por 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones.

Como podrá observar el lector, los antecedentes fácticos pueden resumirse en diecisiete líneas subdivididas en tres párrafos, que ocupan poco más de media página. Pues bien, el Tribunal Constitucional se recrea nada menos que treinta páginas de las cincuenta y nueve que integran la sentencia en extenderse sobre los hechos y las pretensiones de las partes, lo cual explicita que los magistrados de dicho órgano en primer lugar, no saben resumir y, en segundo lugar, desconocen la separación entre hechos y derecho (pues las pretensiones de las partes no son, propiamente, hechos).

Pero es que, además de alargar innecesaria y agotadoramente los antecedentes de hecho recreándose en las pretensiones de las partes, en los fundamentos jurídicos vuelve a repetir en ocasiones lo ya expuesto en el apartado de los hechos.

Segundo.- Cuestión jurídica planteada.

La cuestión jurídica a resolver por el Tribunal Constitucional es bien sencilla y puede condensarse en un simple interrogante: si el Gobierno en funciones se encuentra sometido al control político por el Congreso de los Diputados resultante de unas nuevas elecciones. Para llegar a este momento han tenido que transcurrir nada menos que cuarenta y cinco páginas de las cincuenta y nueve de la sentencia.

Pero, a modo de aviso a navegantes, previamente el Tribunal Constitucional, al divagar sobre el poder y sus controles, introduce una perla, una auténtica boutade de proporciones monumentales que revela el alarmante desconocimiento que empieza a afectar a los integrantes del organismo. En el fundamento jurídico cuarto cita en su idioma original la expresión inglesa “checks and balances”, que traduce sorprendentemente como “pesos y contrapesos” (sic). Pues bien, el encargado de perpetrar esa felonía debiera haberse documentado lo suficiente como para saber que la traducción habitual de la expresión es la de “frenos y contrapesos” o, si desea efectuar una traducción más literal, “controles y equilibrios.”

Una nueva muestra del “rigor” jurídico de una institución cada vez más enfangada en el lodazal.

Tercero.- Fondo del asunto.

El Tribunal demora hasta la página 48 el planteamiento del el foco de conflicto entre los principios que sostienen las partes, lo que efectúa acertadamente en los siguientes términos:

“tras la celebración de las elecciones, la relación de confianza no se inicia hasta que el Congreso de los Diputados, conforme a lo dispuesto en el citado art. 99 CE, elige al Presidente del Gobierno. En consecuencia, resulta indubitado, y no lo niega la Letrada de las Cortes Generales en representación del Congreso de los Diputados, que la primera responsabilidad de dicha Cámara, tras cada renovación (art. 99 CE), es otorgar dicha confianza al Presidente de Gobierno. 

 

Y es, precisamente, en la inexistencia de dicha relación de confianza, por no haberse investido al Presidente del Gobierno, en la que sustentó el entonces Gobierno en funciones su criterio, que ha dado lugar al presente conflicto entre órganos constitucionales del Estado, de que el Congreso de los Diputados no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en la que no existe relación de confianza entre éste y dicha Cámara. Sin embargo, la identificación plena de función de control y relación de confianza entre Gobierno y Congreso de los Diputados, que sostiene el Gobierno, no se infiere de nuestra Constitución.”

Y lo cierto es que ya en la página cincuenta, el Tribunal Constitucional ofrece el argumento clave para destruir la tesis del Gobierno en funciones:

“…no se puede mantener una identificación sin matices entre relación de confianza y función de control, ya que la función de control corresponde también al Senado, Cámara con la que no existe relación de confianza con el Gobierno, en el sentido expuesto […] finalmente, no todos los instrumentos de control tienen como finalidad la ruptura de la relación de confianza, por lo que pueden, en principio, ejercerse aunque no exista esa relación. En efecto, resulta necesario diferenciar entre aquéllos instrumentos unidos a la relación fiduciaria que ha de existir entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados (STC 83/2016, FJ 8) y que pueden determinar su ruptura, y los instrumentos que no determinan dicha ruptura.”

La sentencia prosigue, inasequible al desaliento e inspirada por culteranismos barrocos, enredándose otras ocho páginas que ya carecen de sentido, pues la solución ya se había expuesto: no cabe identificar stricto sensu control del Gobierno con confianza parlamentaria.

En efecto, ha de tenerse en cuenta que, según el artículo 101 de la Constitución, “el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.” Ese gobierno en funciones tiene limitadas sus facultades de acción al mero “despacho ordinario de los asuntos públicos”, tal y como establece el artículo 21.3 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno, no estando facultado para adoptar otras medidas “salvo casos de urgencia debidamente acreditada.”

Es precisamente el juego de esos dos preceptos (artículo 101 de la Constitución y 21.3 de la Ley del Gobierno) junto con los artículos 109 y 110 de la Constitución los que permiten desvirtuar la tesis mantenida por el entonces gobierno en funciones. Ex artículo 109 de la Constitución, las Cámaras pueden recabar la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos, sin limitación alguna; y ex artículo 110, las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, así como someterles a interpelaciones y preguntas (artículo 111). El uso del plural (“las Cámaras”) lo que explicita es que las facultades indicadas corresponden tanto al Congreso de los Diputados como al Senado. La relación de confianza o trust liga exclusivamente al Gobierno y al Congreso de los Diputados, no al Senado, que para nada interviene ni en la formación ni en el derribo del Gobierno.

Por tanto, no pueden considerarse sinónimos los principios de confianza parlamentaria y control político, pues aquélla únicamente liga al gobierno con una de las cámaras, mientras que éste comprende a las dos.

Cuarto.- A modo de conclusión.

Lo anteriormente expuesto, patentiza a las claras dos hechos:

4.1.- La catadura del anterior gabinete, que pese a estar presidido por un Registrador de la Propiedad y contar en su seno con dos Abogados del Estado y un Juez, parece desconocer los principios más elementales que se derivan de la propia Carta Magna, cuyos preceptos son de conocimiento obligado por cualquier opositor incluso a los niveles inferiores de la Administración.

4.2.- El empeño del Tribunal Constitucional en imitar al ilustre cordobés, figura clave del culteranismo español. Pero lo que en las Soledades o en la Fabula de Polifemo y Galatea sin duda alguna es una muestra de genialidad literaria y barroquismo extremo, en una resolución judicial en la segunda mitad del siglo XXI no representa otra cosa que un elemento disuasorio de la lectura, que no se descarta sea el objetivo último del máximo intérprete de la Constitución. Y quizá el Tribunal Constitucional debiera recordar que incluso alguien tan rebuscado como el propio Góngora sabía desprenderse de su alambicada técnica cuando pretendía llegar al público en general, y buena prueba de ello son sus romances y algunas de sus letrillas.

GROUCHOMARXISMO Y REAL DECRETO LEY 18/2018 DE 8 DE NOVIEMBRE, DE REFORMA DE LA LEY DE CARRETERAS

En el año 1933 se estrenó el film Duck soup (Sopa de Ganso), última ocasión en que los cuatro hermanos Marx actuarían juntos en la gran pantalla, dado que el cuarto de ellos, Zeppo, abandonaría el clan que forzosamente se vería reducido a un trío. En dicha película un curiosísimo personaje, Rufus T. Firefly (impagable, como siempre, Groucho Marx) era elevado a la presidencia de un país, Freedonia (Libertonia), no debido al veredicto de las urnas, sino como fruto de una decisión de la acaudalada Gloria Teasdale (Margaret Dumont) quien a cambio de ello accedería a abonar parte de la elevadísima deuda nacional del país. Firefly compareció ante la élite financiera, económica y política de la nación, y optó no sólo por exponer su programa de gobierno, sino a la vez desgranar la situación del país y contrastar el pasado con su futura Administración de una forma peculiar: cantando. A la hora de referirse a la política económica y fiscal, el nuevo presidente manifestaba: “The last man nearly ruined this place, he didn´t know what to do with it. If you think this country´s bad off now, just wait till I get through with it. The country´s taxes must be fixed, and I know what to do with it. If you think you are paying too much now, just wait till I get through with it!” (El último gobernante casi arruina este lugar, no sabía qué hacer con él. Si piensan que este país se encuentra actualmente en mala situación, esperen que me ponga con él. Deben fijarse los impuestos nacionales y se cómo hacerlo. Si piensan que ahora están pagando demasiado, esperen a que me ponga con ello). Rufus T. Firefly enunciaba con ello uno de los principios generales de la ideología marxista en su vertiente grouchista: si piensan que la situación es mala, conmigo les irá peor; a lo que cabría añadir el otro célebre aserto grouchomarxista: “Those are my principles, and if you don´t like them…well, I have others” (Esos son mis principios, y si no les gustan…bien, tengo otros). Por muy discutibles que sean los asertos, cuando menos parten de una sinceridad extrema en su crudeza.

Viene lo anterior a raíz del Real Decreto Ley 18/2018 de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras, que ayer día 9 de noviembre de 2018 publicó el Boletín Oficial del Estado y que, según la Disposición final única, entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial, es decir, que su vigencia ha comenzado hoy sábado día 10 de noviembre. Llama poderosamente la atención que una persona que hizo de la crítica al abuso que el anterior gabinete hizo de la figura del Real Decreto Ley asuma como natural el comportamiento de su predecesor y le imite a la hora de legislar a través de dicho instrumento aunque, según la doctrina explicitada por la actual vicepresidenta, como la citada crítica se hizo en un periodo en que el actual presidente no ostentaba tal condición, no puede decirse que éste criticara nunca como tal el uso de dicha fuente normativa.

No hace falta poseer una agudeza extrema o una inteligencia notable para comprobar que el Real Decreto Ley 8/2018 tiene un objetivo clara e indubitadamente recaudatorio que, además, la norma no se recata en disimular en la propia Exposición de Motivos. Veámoslo.

Primero.- La primera de las reformas que el Real Decreto Ley introduce: “permite que, por razones de seguridad vial o medioambientales, se imponga en determinadas carreteras el desvío obligatorio de los vehículos pesados hacia autopistas de peaje […] La circunstancia de que el desvío del tráfico sea obligatorio atribuye este mismo carácter al pago del peaje, lo que justifica el empleo de una norma como la propuesta para mejorar la cobertura legal que ampara esta medida.”

En este caso, de lo que se trata es de beneficiar a las empresas concesionarias de las autopistas de peaje mediante el desvío obligatorio de determinados vehículos a través de ellas. Bien es cierto que en la articulación concreta se dispone que el peaje aplicable “podrá” bonificarse, pero dado que esa bonificación es meramente facultativa y no imperativa, no es muy arriesgado aventurar que o bien no se aprobará ninguna bonificación o bien ésta será de cuantía ridícula.

Si unimos a la vaguedad de los términos utilizados (“razones de seguridad vial”, “razones medioambientales”) la amable y generosa comprensión que los órganos jurisdiccionales suelen hacer gala en todo cuanto tiene que ver con materia recaudatoria, todo apunta a un uso frecuente de este precepto. Así, por ejemplo, se podrían “desviar” vehículos hacia autopistas cuyos concesionarios atraviesan dificultades; basta con que la carretera nacional o autovía pasen cerca de un lugar donde existan especies arbóreas o florales determinadas para que surja la “razón medioambiental”; consecuencia, desvío al canto y a echar mano al bolsillo.

Segundo.- Lo que el Señor te da, el Señor te quita. Y, por tanto, si con una mano el Gobierno muestra generosamente la zanahoria a los concesionarios de las autopistas incrementando su recaudación con el desvío obligatorio de los vehículos pesados a través de sus vías, con otra saca el palo de la finalidad recaudatoria: “También se modifica la Ley de carreteras para tipificar como infracción muy grave la eventual negligencia de los concesionarios de carreteras cuando esta ocasiona un perjuicio significativo a los usuarios y, además, concurren circunstancias para las que la actual tipificación como infracción grave resulta insuficiente.”

En definitiva, “salto” de la infracción de grave a muy grave que no es irrelevante a efectos económicos, pues si para las primeras el artículo 43.1.b) de la Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de Carreteras, prevé multa de 3.001 a 15.000 euros, para las segundas la horquilla oscila entre 15.001 a 300.000. Ya se encargará papá Administración de buscar la manera de inclinarla hacia la cuantía máxima. Que luego esa cantidad se utilice para la conservación y cuidado de las vías públicas, eso ya es otro cantar.

Tercero.- Si las anteriores medidas abordan la recaudación de forma indirecta (mediante sanciones administrativas), la tercera se enfrenta a la recaudación de forma clara, explícita y descarnada.

En este punto, conviene indicar que el anterior gobierno ya incluyó en la nueva regulación de las carreteras un precepto que se apartaba claramente de su predecesora. En efecto, el artículo 16.1 de la Ley 25/1988 de 29 de julio, de Carreteras, estipulaba que: “El Estado, como regla general, explotará directamente las carreteras a su cargo, siendo la utilización gratuita para el usuario, o, excepcionalmente, mediante el pago de peaje, cuyas tarifas aprobará el Gobierno”; en otras palabras, que el abono de peaje en las carreteras gestionadas directamente por el Estado se calificaba legalmente como “excepcional”, precepto éste que debe entenderse, según la acepción que al vocablo otorga el Diccionario de la Real Academia Española: “Que constituye excepción de la regla común” así como “que se aparta de lo ordinario o que ocurre rara vez.” Sin embargo, el actual artículo 22 de la Ley 37/2015 suprime tal adverbio, de forma que en la normativa vigente: “La utilización de la carretera por el usuario será gratuita o podrá conllevar el pago de peajes o tasas, cuyas tarifas aprobará el gobierno.” En definitiva, que donde antes el abono de peaje era la excepción, en la actualidad es una simple facultad discrecional del ejecutivo de turno optar por la gratuidad o no en el uso de las vías públicas.

En este sentido, el Real Decreto Ley establece que en el caso de reversión al Estado de autopistas de peaje, éste pueda continuar percibiendo el oportuno montante económico, así como incidir en el cobro de otros diezmos en la explotación de otras. En definitiva, otro ataque o atraco al bolsillo del sufrido ciudadano.

Cuarto.- A la vista de lo anterior, se plantean tanto al ciudadano corriente como al jurista varias dudas:

4.1.- ¿Son las anteriores medidas suficientes como para entender que constituyen un supuesto de “extraordinaria y urgente necesidad”, presupuesto habilitante para la adopción de un Real Decreto ley? Lo cierto es que en el caso del Real Decreto Ley 18/2018 éste se encuentra ayuno de motivación al respecto, pues se limita a decir en el primer párrafo que, al introducir las reformas, éstas se justifican “por razones de extraordinaria y urgente necesidad” y, tras enumerar las medidas que se incorporan al articulado de la Ley de Carreteras, únicamente avala su actuación con el siguiente párrafo: “Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley”; lo cual es no decir nada.

4.2.- Produce auténtica hilaridad ver cómo el ejecutivo ha pretendido justificar, a través de las terminales mediáticas directas o indirectas, la medida: se trata de que los usuarios de las vías públicas, como personas que hacen un uso ordinario de las mismas, contribuyan mediante prestaciones económicas a su reparación y mantenimiento.

Este razonamiento es hipócrita y falaz, pero aceptémoslo a efectos puramente dialécticos. Ello nos llevaría a la siguiente consecuencia lógica:

4.2.1.- Su Majestad el Rey y los miembros de la familia que residan habitualmente en el Palacio de la Zarzuela deberían abonar una tasa diaria o mensual para contribuir a los gastos de mantenimiento y reparación de dicho inmueble, dado que son los usuarios habituales del mismo.

4.2.2.- El Presidente del Gobierno debería abonar igualmente una tasa mensual o diaria para contribuir a los gastos de mantenimiento y reparación del Palacio de la Moncloa, dado que reside habitualmente en el mismo.

4.2.3.- Diputados y Senadores habrían de ser gravados con una tasa cuyo importe se destinase a contribuir a los gastos de mantenimiento de los inmuebles que albergan el Congreso y el Senado. En este caso no sólo no se les grava tasa alguna, sino que incluso se les bonifica el importe de las comidas en los restaurantes de las Cámaras, para que Sus Señorías puedan yantar de forma cómoda y económica.

Podríamos alargar bastante más la lista, pero con esos tres ejemplos creo que son suficientes para demostrar que el razonamiento vertido para justificar la reforma no es otra cosa que una filfa.

En fin, que para finalizar la entrada de la misma forma que se inició, cerraremos el círculo volviendo a otro de los principios grouchomarxistas que Rufus T. Firefly expuso como uno de los ejes del programa de gobierno con el que pretendía regir Freedonia, principio éste que los gobernantes españoles, a diestra y siniestra, han asumido gozosamente. Y es que, como bien dijo Firefly: “I will not stand for anything that´s crooked or unfair. I´m strictly on the up-and-up, so everyone beware. If anyone´s caught taking graft…and I don´t get my share, we stand him up against the Wall and…pops goes the weasel” (No toleraré nada deshonesto o injusto. Estaré muy vigilante, así que cuidado todo el mundo. Si se descubre a alguien cogiendo sobornos…..y no obtengo mi parte, lo situaremos en el paredón y…allí va la comadreja.

EL JUEZ SOMETIDO AL IMPERIO DE LA LEY…Y A LAS “REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES.” REFLEXIONES SOBRE LA NOTA INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO

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El pasado día 18 de octubre de 2018 se hizo pública la Sentencia 1505/2018 de 16 de octubre de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada en recurso número 5350/2017 (ES:TS:2018:3422), que estimaba el recurso de casación interpuesto por la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid frente a la Sentencia de 19 de junio de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictada en autos de procedimiento ordinario 501/2017. Dicha resolución judicial establece que en las escrituras notariales que documenten un préstamo con garantía hipotecaria no ha de ser el ciudadano, sino la entidad bancaria quien asuma el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, anulando además el artículo 68.2 del Real Decreto 828/1995 de 25 de mayo por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Dicha sentencia fue objeto de un magnífico análisis por parte de José Ramón Chaves García, cuya lectura recomiendo vivamente a cualquier persona, sea jurista o no.

La sentencia en cuestión fue inmediatamente objeto de la más severa crítica, y no por razones jurídicas, sino por motivos absolutamente ajenos al mundo del Derecho. Las entidades bancarias se echaron las manos a la cabeza por las repercusiones que el fallo de la sentencia podría tener en el ámbito económico. Cierto presentador de un programa de información llegó a hablar, en el colmo del paroxismo, de un “juez zumbao” (sic) y una sentencia “clamorosamente ilegal” (sic). Una sentencia podrá ser acertada o equivocada, correcta o incorrecta, mejor o peor fundada, y, desde luego, podrá ser sometida siempre desde el respeto a la más severa crítica jurídica, pero lo que jamás puede ser una sentencia es “ilegal”. Respecto al calificativo con el que adornó al juez, indicar que no es un único magistrado, sino los seis integrantes de la Sala quienes suscriben la resolución (dos de ellos formularon votos particulares, uno concurrente y otro discrepante); y, por otra parte, un juez podrá estar más o menos acertado, ser más o menos trabajador, ser educado o maleducado, pero en modo alguno puede adornársele con el antedicho epíteto.

En fin, que hasta este momento nada nuevo bajo el sol, pues nos encontramos ante una de tantas sentencias emanadas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sin otra particularidad que la lógica repercusión que la misma puede tener en un ámbito tan frecuentado como la documentación de préstamos hipotecarios.

No obstante, de forma harto sorprendente, en menos de veinticuatro horas desde la publicación de la sentencia, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hace pública una nota oficial que transcribimos íntegramente dado lo, a nuestro entender, grave de la misma:

NOTA INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA

Dado que la sentencia nº 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social, el Presidente de la Sala ha acordado, con carácter urgente:

Primero.- Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar.

Segundo.- Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado.

Madrid, 19 de octubre de 2018

Luis María Díez-Picazo Giménez

Confieso que he sentido auténtico pavor al observar dicha nota informativa, y ello por tres motivos:

Primero.- Sorprende el hecho que sea el Presidente de Sala quien, motu proprio, decida avocar para el Pleno el conocimiento de un asunto sin que lo haya solicitado ninguna de las Secciones ni de las partes de los distintos recursos planteados. Pero lo que llama poderosamente la atención es la inmediatez con la que ha decidido actuar, puesto que entre la Sentencia y la nota informativa no transcurren ni tan siquiera veinticuatro horas. No desearía efectuar una afirmación rotunda, pero creo no equivocarme si manifiesto que no deben existir precedentes de una actuación similar adoptada además en un plazo de tiempo tan fugaz.

Segundo.- Es altamente ilustrativo que el presidente de Sala califique el cambio de jurisprudencia como “radical”, y ello por lo equívoco del término. Es cierto que con el uso de dicho término se puede estar haciendo referencia a un cambio “total o completo”, si acudimos a la tercera de las acepciones que a dicho vocablo otorga el diccionario; el problema es que la palabra también sirve para identificar al “partidario de reformas extremas” (cuarta acepción) o a personas y acontecimientos “extremoso, tajante, intransigente” (quinta acepción). No olvidemos que en pleno Congreso de los Diputados, hace casi once años el entonces jefe de la oposición se dirigió al entonces presidente del gobierno espetándole: “es usted radical”.

Es posible que sea la malevolencia natural de quien suscribe, pero creo no equivocarme si afirmo que el término “radical” fue cuidadosamente elegido por el redactor material de la nota amparándose precisamente en la ambivalencia terminológica que permitiría el uso de cualquiera de las acepciones. En todo caso, y con todos los respetos, considero que el firmante de la misma, en su condición nada menos que de presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, debiera haber extremado la prudencia y haber suprimido tal vocablo, y haberse limitado a referirse al cambio doctrinal de forma aséptica.

Tercero.- Con todo, lo verdaderamente preocupante es utilizar la “repercusión económica y social” como fundamento o criterio básico que motiva el actuar del Presidente, porque, dicho sea con todos los respetos, con ello se están sobrepasando de forma abierta preceptos constitucionales.

El artículo 117.1 de la Constitución establece que los Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial son “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.” Quiere ello decir que en su actuar tan sólo han de tener en cuenta los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios, de tal modo que al resolver los asuntos que se les sometan su labor se limita a aplicar la normativa vigente, con independencia de las consecuencias o resultados que ello puede ocasionar.

Ahora bien, en la nota informativa no se habla sólo del “giro radical”, sino de la “repercusión económica y social”. Ello permite no ya al lego en derecho, sino hasta al bobo del pueblo (con perdón) maliciarse que el Pleno de la Sala, al resolver con carácter definitivo la cuestión, no va a circunscribir su enjuiciamiento a motivos de simple legalidad o constitucionalidad, sino de mera oportunidad, y más en concreto esas “repercusiones” económicas y sociales. Obsérvese que he utilizado el término “maliciarse”, al ser posible que los ciudadanos poseedores de una inquebrantable fe en el sistema o que mantengan la creencia en la bondad natural del hombre piensen que, en última instancia, en la deliberación a mantener en el Pleno de la Sala, el debate quedará circunscrito única y exclusivamente al ámbito jurídico. Es posible que así sea. Pero como las deliberaciones constituyen un auténtico misterio tan sólo reservado a iniciados, como a los mortales no se nos permite llegar más que al Patio de los Gentiles pero no hasta el interior del Santasanctorum, y como aún no se ha producido en el mundo jurídico un acontecimiento como el que, según la Biblia, provocó que se rasgase el velo del Templo, jamás tendremos esa respuesta.

Es por ello que la nota informativa del Presidente de Sala merece ser calificada de apresurada, imprudente y peligrosa. Porque aun cuando no consume finalmente lo que parece extraerse de su contenido, lo cierto es que la misma si algo ha ocasionado es una quiebra absoluta en la confianza hacia dicha institución, algo peligrosísimo cuando estamos hablando no sólo del máximo órgano judicial español, sino de la Sala que teóricamente es la encargada de enjuiciar la adecuación a Derecho de la actuación pública.

En el ordenamiento norteamericano, es posible que, en un asunto resuelto por la Sala de un Tribunal de Apelaciones, en determinados supuestos muy concretos las partes puedan solicitar lo que se denomina un rehearing en banc, es decir, llevar el asunto al Pleno del Tribunal, a fin de que este se pronuncie al respecto. Pero se trata de una opción que se limita a supuestos muy concretos y, cuya iniciativa corresponde a las partes (no al Tribunal, quien, además, no está obligado a hacerlo) y en el ámbito de Tribunales de Apelación, en modo alguno en el Tribunal Supremo.

En definitiva, malos tiempos corren para la Justicia con mayúsculas cuando nada menos que el Tribunal Supremo acepta resolver un asunto teniendo en cuenta las “repercusiones económicas y sociales.”

Para finalizar me permito, animus iocandi, ofrecer un humilde consejo al Presidente de Sala. Siempre tendrá la opción, en la futura sentencia que sobre el tema se dicte, de asumir la frase que el juez Anthony Kennedy (recién jubilado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos) introdujo, a instancias de Sandra Day O´Connor en la sentencia Bush v. Gore para evitar que el mismo pudiera ser considerado precedente: “Limitamos nuestras consideraciones al presente asunto….”

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECUPERA LOS “CÓDIGOS NEGROS” PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

 

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Es realmente difícil mantener la compostura y evitar que la irritación desborde sus límites cada vez que uno está obligado a adentrarse en una de las resoluciones del nefando Tribunal Constitucional. Tan sólo no perdiendo de vista la auténtica vergüenza institucional que dicho órgano supone pueden explicarse muchas de sus sentencias, hasta el punto que es precisamente dicho “Tribunal” el verdadero y auténtico enemigo del modelo constitucional vigente, y no la crisis económica o los partidos antisistema, cuyas tesis en bastantes ocasiones este “legislador negativo” que nos ha tocado en desgracia asume de forma implícita, aunque debidamente untadas con una generosa capa de vaselina.

Viene lo anterior a raíz de la recentísima Sentencia de 4 de octubre de 2018 dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad número 4578-2017 interpuesto por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos (y confluencias) contra la Ley 2/2017 de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Tal resolución evidencia a las claras algo que es un auténtico secreto a voces en el mundo jurídico: el absoluto desprecio que en determinados sectores de la magistratura se tiene hacia la abogacía, desprecio no pocas veces asumido por la propia élite de los colegios, que en este punto no son más que auténticas correas de transmisión de los entes públicos y que en gran parte de las ocasiones no sólo no defienden, sino que clavan la puntilla al profesional.

Recordemos que la Ley 7/2017 de 21 de junio, de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, establece que tal servicio “será obligatorio en los términos previstos en esta ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen.” Es cierto que dicho texto legal admite varias interpretaciones, y no todas ellas implican que el abogado inserto en un colegio profesional deba prestar el servicio, pues lo que la norma impone es la obligatoriedad del servicio a los Colegios, no a los colegiados, y lo que impediría es que la corporación decida unilateralmente el cese en la prestación, pero ello no es incompatible con la imposibilidad física de su prestación por ausencia de voluntarios en las listas de letrados que deseen prestar el servicio.

Frente a dicha norma, el 21 de septiembre de 2017 el anteriormente citado grupo político interpone recurso de inconstitucionalidad considerando que el texto legal impugnado vulnera los artículos 10, 14, 24, 35, 37 y 38 de la Constitución. El empleado público encargado de la defensa del Estado en el pleito (a quien, como integrante de los Servicios Jurídicos del Estado, éste ha dispensado de la colegiación obligatoria, por lo que descarga con prepotencia sus envenenados dardos hacia el recurrente con la tranquilidad que le otorga el no verse afectado por la regulación, como antaño podría haberle ocurrido), solicita la desestimación del recurso.

Pues bien, el 4 de octubre de 2018 se hace pública la sentencia, que desestima el recurso. Dicha resolución judicial, aun cuando más reducida de lo habitual (tan sólo ocupa dieciséis páginas y media) es, como todas las emanadas de dicho órgano, plúmbea, farragosa y reiterativa, de tal forma que aconsejo a cualquier interesado en su lectura que comience la misma al final de la página sexta y no verá mermado en nada el cabal conocimiento de la misma.

La sentencia revela a las claras el desprecio del Tribunal Constitucional por los derechos de los letrados. Y lo hace unas veces de forma explícita y otra implícita. Veámoslo.

Primero.- Un dato ya a tener en cuenta es la rapidez que se ha dado el Tribunal en solventar la cuestión. Un órgano que mide no por años ni trienios, sino por lustros el plazo de resolución, en este caso ha hecho gala de una celeridad que en modo alguno es usual. El recurso se interpone el día 21 de septiembre de 2017, la votación y fallo del asunto se fijó para el 2 de octubre de 2018 y dos días más tarde, el 4 de octubre, se hace pública la sentencia.

Clara muestra que el, para nuestra desgracia, máximo intérprete de la Constitución tenía prisa por ajustar cuentas con la comunidad letrada.

Segundo.- El Tribunal Constitucional reincide en la doctrina que: “el ejercicio de la abogacía trasciende los legítimos intereses empresariales protegidos por el derecho a la libertad de empresa (art. 38) y que la regulación legal de algunos aspectos del ejercicio de la profesión de la abogacía y la procura es una exigencia derivada de los artículos 17.3, 24 y119 CE”, tratando de dorar la píldora a los destinatarios del inminente rejoneo reconociéndoles que son “colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, y la calidad del servicio público que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva.”

A ello cabría oponer varias cuestiones:

2.1.- Si lo que trasciende de la libertad de empresa son “algunos” y no “todos” los aspectos, la colegiación obligatoria sería una medida extrema, pues bastaría crear un registro público a nivel estatal (en el Ministerio de Justicia) o autonómico (en las Consejerías que asumiesen competencia por razón de la materia) donde hubieran de estar inscritos los profesionales de la abogacía y la procura, y que fuesen directamente las Administraciones quienes ejerciesen la potestad disciplinaria en supuestos que el profesional incurriese en algún tipo de infracción.

2.2.- Si la colegiación viene impuesta por la prestación de un servicio público (pues, como dice el Tribunal, la colegiación viene impuesta por “la tutela de fines públicos constitucionalmente relevantes”), me temo que la lista de profesiones que deberían someterse a obligatoriedad en la incorporación a un Colegio Profesional debería aumentar exponencialmente. Por ejemplo, en el caso de los periodistas o quienes presenten espacios de carácter informativo en cualquier medio de comunicación, pues al fin y al cabo, su labor afecta al derecho de los ciudadanos a “recibir libremente información veraz”, recogida en el artículo 20.1.d. Y no necesariamente ha de afectar a profesiones con titulación superior, pues, por ejemplo, los profesionales de la fontanería o la electricidad debieran también, debido a la importancia del servicio que desempeñan, verse sometidos a tal régimen para garantizar la correcta prestación del servicio y para mayor garantía de los destinatarios del mismo

2.3.- El que hasta en dos ocasiones el nefando y nefasto organismo se refiera a la “especial posición de los abogados como colaboradores fundamentales en la función pública de la Administración de Justicia”, únicamente puede tomarse como un ejercicio de hipocresía o como una burla siniestra, pues son escasísimas las ocasiones en que de facto los letrados son considerados como tales. Desde luego, no a nivel retributivo, dado que no sólo los módulos compensatorios por el ejercicio de la función de asistencia jurídica gratuita serían indignos aun en países al borde del desarrollo, sino incluso a nivel de simple trato.

Quizá alguno de los actuales integrantes del Tribunal Constitucional le suene que en el ordenamiento jurídico norteamericano los letrados son jurídicamente considerados de tal forma. Cierto, pero “omiten” decir que como a tales se les trata. Y, desde luego, los abogados que prestan sus servicios en la Oficina del Servidor Público (pues en los Estados Unidos la defensa de quienes carecen de medios para litigar la asumen letrados que se encuadran en un organismo público) pueden cesar en el servicio para reivindicar sus derechos sin que nadie se escandalice ni sea cuestionado por nadie, ni mucho menos por los jueces. Es más, tal situación incluso llegó a ser plasmada en uno de los capítulos de la ya desaparecida serie Ley y Orden, en el que una vista hubo de suspenderse debido a que los abogados de oficio habían optado por cesar el en servicio para reivindicar ciertos derechos.

Tercero.- El Tribunal “comparte la apreciación del abogado del Estado cuando afirma que no alcanza a vislumbrar cómo el nuevo régimen jurídico puede contravenir el artículo 10 CE, pues en la demanda no se encuentran argumentos dirigidos a fundamentar por qué la obligatoriedad del servicio de asistencia jurídica en los términos previstos en la ley recurrida atenta contra la dignidad de la persona y contra el libre desarrollo de la personalidad.” Esto demuestra tan sólo la escasa imaginación de los miembros del Servicio Jurídico del Estado tan sólo superada por la del organismo cuya resolución es objeto de glosa.

Supongamos que existen letrados que no desean formar parte del servicio por las razones más variadas, que pueden ir desde el que ideológicamente no crean en la asistencia jurídica gratuita (bien en abstracto o bien en su regulación legal concreta) o bien simplemente no les apetece estar en un servicio que les exige un notable esfuerzo que económicamente no está ni mucho menos retribuido. Sin embargo, el legislador le impone obligatoriamente esa tarea. ¿Acaso no lesiona la dignidad de ese profesional?

Cuarto.- En lo relativo a la colusión entre la Ley 2/2017 y los artículos 35 y 38 de la Constitución, la sentencia ya riza el rizo de lo impresentable, y eso que el Tribunal se pone continuamente el listón muy alto.

4.1.- El Tribunal entremezcla conceptos varios de forma caótica. Por ejemplo, niega que la colegiación obligatoria afecte a la libertad de empresa porque: “no quiere decir que el legislador no pueda regular, cuando así lo requiera el interés general, el ejercicio de dicha profesión u oficio” recordando que “el derecho constitucionalmente garantizado en el art. 35.1 no es el derecho a desarrollar cualquier actividad, sino el de elegir libremente profesión u oficio, ni en el art. 38 se reconoce el derecho a acometer cualquier empresa, sino sólo el de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden” (el subrayado es nuestro).

No se discute la exigencia de titulación, y que el ejercicio de las actividades empresariales y profesionales estén sujetas a determinados requisitos. Pero el Tribunal Constitucional, de forma deliberada o dolosa, asume como equivalentes los términos de “regulación” y “obligación”, cuando en modo alguno se da esa sinonimia.

La normativa puede, en efecto, imponer unos requisitos para el ejercicio de determinada actividad (titulación, necesidad de licencia previa de actividad, determinados requisitos en el local donde se preste -siempre que lo exija el interés público-), pero en modo alguno puede decirle a un particular a quién ha de atender y, sobre todo, cuanto ha de retribuirle por ello. Ignoro por qué tras reconocer que la libertad de empresa implica, y así lo reconoce la propia sentencia, “sostener en libertad la actividad empresarial”, el imponer a un profesional el prestar un servicio de forma obligatoria y percibiendo, además, unas misérrimas retribuciones establecidas unilateralmente por el ente público que atribuye dicha obligatoriedad es no ya un abuso, sino una auténtica burla que el Tribunal Constitucional asume como propia.

4.2.- Se llega al colmo de la miseria cuando se dice que: “tampoco puede reconocerse relevancia a la alegación relativa a la mísera cuantía de los baremos indemnizatorios actualmente vigentes, pues en ninguno de los preceptos impugnados se concretan dichos baremos” (sic). Esta afirmación incluso en países sumidos en la más profunda barbarie daría lugar a responsabilidad por superar ya el umbral de la burla y adentrarse en lo que es ya un verdadero escarnio hacia la abogacía en pleno. Es decir, que como no se “concretan” los baremos indemnizatorios en la propia ley, no se vulnera derecho alguno. Bien, utilicemos un término comparativo extraído de la propia Constitución. La Ley de Expropiación Forzosa habla de “justo” precio, es decir, que cuando a una persona se le priva imperativa y coercitivamente de su propiedad, ha de seguirse un procedimiento que de forma necesaria concluye con la necesidad de abonar un precio que a nivel legislativo se especifica ha de ser “justo”. Pues bien, en este caso, donde imperativamente se priva al profesional de su libertad decisoria, la ley únicamente prevé una “compensación” que, a mayor abundamiento, no precisa ser “justa”. Con el aditamento que el ciudadano puede discutir un justiprecio e incluso acudir a los órganos judiciales para lograr su incremento, mientras que el profesional no puede acudir a los Tribunales para lograr un aumento de las retribuciones de asistencia jurídica gratuita, entre otras cosas por la cicatería generalizada (dicho sea con todos los respetos y en estrictos términos de defensa) con que los órganos judiciales suelen abordar las retribuciones de los letrados.

Lo realmente grave es que el máximo intérprete de la Constitución acepte de forma incuestionada que a un profesional que ejerce una actividad por cuenta propia, la Administración le pueda imponer obligatoriamente asumir determinados asuntos que, a mayor abundamiento, le serán retribuidos en base a unas cantidades fijadas unilateralmente por el ente público, privándole además de toda posibilidad decisoria sobre la retribución.

Cuando en 1865 el Partido Republicano logró que el Congreso de los Estados Unidos aprobase la decimotercera enmienda constitucional proscribiendo definitivamente la esclavitud, el presidente Andrew Johnson (un racista consumado) permitió a la clase aristocrática de los estados del sur que las legislaturas estatales aprobasen unos black codes (códigos negros). Tales normas legales reconocían como libres a los hasta entonces esclavos, pero les imponían unas restricciones draconianas, como la obligatoriedad de trabajar para sus antiguos amos percibiendo un salario hasta diez veces menor que el de un hombre que tuviese ya desde su nacimiento el preciado don de la libertad.

El Tribunal Constitucional, con la nefasta resolución objeto de glosa en esta entrada, no ha hecho otra cosa que elevar a categoría de constitucional la existencia de “códigos negros” en pleno siglo XXI. Pero no debemos perder toda esperanza. Al fin y al cabo, la legislación no impone a los letrados la obligación de referirse a sus “amos” utilizando la expresión “massa”, aunque no albergo la menor duda que, de imponerlo, el máximo intérprete de la Constitución no consideraría en modo alguno que dicho tratamiento vulnerase la dignidad de los profesionales. Y es que, quien ha renunciado voluntariamente a mantener su propia dignidad (y el Tribunal Constitucional se deshizo de la suya a principios de la década de los ochenta del pasado siglo) no puede en modo alguno comprender ni valorar la ajena.