EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE JUECES FEDERALES ESTADOUNIDENSES (II)

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En esta entrada continuamos el análisis, iniciado en la anterior, del procedimiento a seguir para la selección de jueces federales en Estados Unidos. Si en la anterior exponíamos una introducción general y analizábamos la fase pre-procedimental y el inicio stricto sensu con la nominación, continuaremos con las últimas fases del iter selectivo.

I.- DESIGNACIÓN, CON EL “AVISO Y CONSENTIMIENTO” DEL SENADO.

A la hora de elaborar el texto constitucional, los founding fathers introdujeron esta cláusula del “advise and consent” senatorial sin tener una idea muy clara de en qué había de consistir la misma. Entiéndase bien lo que queremos decir: que el Senado había de intervenir y otorgar su conformidad a los nombramientos tanto de empleados públicos como de jueces federales que hiciera el Presidente, era algo sobre lo que no podía albergarse duda. Pero cómo había de hacerlo y el procedimiento a seguir estaba muy lejos de ser algo definido. Y, precisamente por ello, esta es una de las fases en las que se ha producido una mutación más severa respecto de los momentos fundacionales de los Estados Unidos.

Si uno tiene la curiosidad de sumergirse en los interesantísimos documentos oficiales de la primera etapa histórica de los Estados Unidos, y en concreto respecto a los primeros nombramientos de jueces para el Tribunal Supremo, quien pase su mirada por los mismos comprobará que el “advise and consent” suponía un simple asentimiento o rechazo al nombre remitido por el Presidente. En otras palabras, que no había comparecencia alguna de los candidatos, ni investigación o análisis del currículum académico o profesional de la persona cuyo nombre se sometía a la consideración de la Cámara Alta. El Senado limitaba sus funciones a registrar el nombramiento del Presidente y a someter a votación el mismo, limitando la votación a la pregunta de si la Cámara debía otorgar el visto bueno al candidato propuesto. Y la situación permaneció sin variación alguna hasta finales del primer tercio del siglo XX.

1.1 Procedimiento en el Comité Judicial del Senado.

En 1816 se creó el United States Senate Committee on the Judiciary, popularmente conocido como Senate Judiciary Committee. Ese comité interno es el responsable desde 1925 de efectuar lo que se denomina confirmation hearings, es decir, audiencias de confirmación, y en las cuales los miembros de dicho comité someten a un exhaustivo interrogatorio al candidato propuesto, preguntándole sobre lo humano y lo divino. El primer juez sometido a estos confirmation hearings fue Harlan Fisk Stone en 1925. Desde la década de los noventa, los confirmation hearing son televisados e incluso hoy en día se encuentran accesibles en la página web del Comité Judicial del Senado, tanto en formato audiovisual como en transcripciones. Quien desee echar un vistazo a los procedimientos de confirmación de jueces federales puede hacerlo en la siguiente enlace: procedimientos senatoriales de confirmación de jueces.

Quien piense que este procedimiento en el Comité Judicial es poco menos que una formalidad, está en un craso error y quizá haya modelado esta creencias sobre la burla siniestra (más bien grotesca parodia) de las “comparecencias” existentes en nuestro país, que sólo con una generosidad sin límites rayana en la más pura ingenuidad permite otorgarles tal nombre. Durante los últimos treinta años, el juez que menos tiempo ha consumido ante el Comité Judicial del Senado fue Anthony Kennedy, cuyo interrogatorio por los distintos senadores que formaban parte de dicho comité ocupó “solamente” once horas. El resto de jueces no bajaron de las dos decenas, y en algunos casos llegaron hasta tres. El juez es preguntado por sus orientaciones jurídicas, por sus criterios sobre el precedente, por sus opiniones sobre el aborto y el caso Roe v. Wade, e incluso sobre sus creencias religiosas (fundamentalmente en el caso de Kennedy y Roberts, dado que ambos son católicos y no protestantes). A la juez Elena Kagan llegaron a preguntarle incluso si una ley del Congreso que obligase a todo ciudadano a comer un determinado número de vegetales era o no constitucional.

Pero junto con el examen personal del candidato, existe numerosa documentación adicional que pasa a engrosar el expediente de designación. Así, por ejemplo, el informe de la American Bar Association, testificales de personas que han tenido relación profesional con el candidato propuesto, etc. Como una imagen vale más que mil palabras, ofrecemos al lector interesado las actas del Comité Judicial del Senado relativas a la confirmación del actual chief justice John Robert, que ocupan “únicamente” mil doscientas treinta y seis nutridas páginas, en el siguiente enlace: chief justice Roberts confirmation hearings. En las mismas aparece totalmente desgranado el perfil de Roberts. ¿Cabe mayor ejercicio de transparencia que éste, donde toda la vida profesional (e incluso hasta la personal) es absolutametne pública y accesible? Basta un somero y simple vistazo para verificar la gigantesca distancia que separa las ratificaciones legislativas en los Estados Unidos y en España, cien mil veces superior a la distancia física entre ambas naciones.

Indicar, por último, que el candidato no tiene por qué contestar a todas las preguntas, pues está legitimado para contestar con evasivas, generalidades o incluso no contestar. Por ejemplo, Robert Bork tuvo la “ingenuidad” de contestar honestamente a todas las preguntas que se le hicieron, mientras que, por ejemplo, Ruth Bader Gisburn fue la que inició lo que hoy en día se conoce coloquialmente como Gisburn style, consistente en guardar silencio o responder de forma evasiva a las preguntas más comprometidas. E incluso puede ocurrir que a lo largo del procedimiento surjan cuestiones que pueden suponer un inconveniente cuando no un claro obstáculo para el candidato. Así, por ejemplo, en los hearings de William Rehnquist surgió un informe que éste había elaborado en 1953 siendo law clerk del juez Robert H Jackson, y en el cual defendía mantener la doctrina Plessy v. Fergusson (es decir, mantener la segregación racial) cuando la vigencia de la misma era cuestionada en el célebre caso Brown v. Board of Education of Topeka. Rehnquist sostuvo que en el informe defendía no sus propios puntos de vista, sino los de Jackson, para quien trabajaba entonces, algo que parecía evidentemente cierto, pues la postura inicial de Jackson así como el de varios otros jueces del Tribunal era inicialmente contraria a revocar la doctrina Plessy. En otros casos, el asunto puede ser de índole más delicada, como ocurrió en el caso de Clarence Thomas, donde a lo largo de los procedimientos salió a la luz pública el denominado affaire Anita Hill, una antigua secretaria de Thomas que acusó a éste de haber abusado sexualmente de ella.

Una vez finalizado el procedimiento en el Comité, éste eleva la propuesta al Senado para que tenga lugar la votación final en el Pleno de la Cámara.

1.2 Ratificación por el Pleno de la Cámara.

Una vez finalizado el examen en el Comité, éste eleva el nombramiento al Pleno para que tenga lugar la votación final sobre el asunto. Durante los últimos treinta años, todos los candidatos han superado el trámite con dos excepciones. En 1987 Ronald Reagan vio cómo el Senado rechazaba a Robert Bork, debido entre otras cosas a la brutal campaña en su contra iniciada por el senador Edward Kennedy. En 2016 el Senado rehusó siquiera tomar en consideración la propuesta de Merrick Garland, remitida por Obama, para cubrir la vacante de Antonin Scalia. Ahora bien, no se trata de dos casos idénticos, pues en el primer caso estamos ante un rechazo expreso de la Cámara, mientras que en la segunda no es una negativa explícita, sino un boicot expreso (que en terminología política estadounidense se denomina filibustering) en virtud del cual el Senado se negó a fijar siquiera fechas para iniciar el procedimiento de confirmación.

Como dato curioso, el primer candidato que sufrió un rechazo senatorial fue John Rutledge. Éste había sido uno de los seis jueces que integraron el primer Tribunal, pero en 1791 dimitió de su cargo para desempeñar la Presidencia del Tribunal Supremo de Carolina del Sur, su estado natal. Aunque no quedan explícitas las razones de su renuncia, todo parece indicar que aspiraba al cargo de chief justice, dado que se consideraba con bastante más experiencia jurídica que John Jay. Cuando éste dimitió en 1795 de la Presidencia del Tribunal Supremo para ser elegido Gobernador de Nueva York, Rutledge dirigió una carta a Washington postulándose para el cargo, y el presidente aceptó efectuando un nombramiento temporal (recess appointment), dado que había finalizado el periodo de sesiones de la Cámara Alta. No obstante, cuando ésta se reunió de nuevo y hubo de pronunciarse, rechazó al candidato. En la negativa influyeron las incendiarias manifestaciones de Rutledge en contra de la ratificación del tratado de paz con Gran Bretaña (conocido popularmente como Tratado Jay debido a que fue éste precisamente quien lo negoció), llegando hasta el punto de manifestar explícitamente que “con todo el aprecio que tengo al Presidente, sería preferible su muerte a que firmase el Tratado”. También empezaron a surgir rumores sobre su estado de salud mental, que algún fundamento debían tener por cuanto al verse rechazado intentó cometer suicidio, y pasó sus últimos años privado de la razón.

En todo caso, y a lo que a estos efectos interesa, es que una vez el Senado otorga el visto bueno, el candidato ha dejado de serlo para convertirse ya en juez federal al haber superado todos los trámites, salvo uno de índole estrictamente formal.

II.- NOMBRAMIENTO Y JURA O PROMESA.

2.1 Nombramiento stricto sensu.

En este sentido, para hablar del nombramiento, nada mejor que otorgar la palabra al chief justice John Marshall y a su magnífica explicación sobre el particular plasmada en la sentencia Marbury v. Madison: “En este caso, por ello, designación y acta de nombramiento aparecen como inseparables, siendo imposible demostrar una designación si no es mediante el acta de nombramiento, aunque el acta de nombramiento no sea la designación en sí misma, sino sólo el medio mediante el cual ésta se exterioriza y acredita.”

Quiere ello decir que el nombramiento no es más que el acto presidencial, al que se estampa el sello de los Estados Unidos, en el que se constata que el Senado ha dado el visto bueno a la candidatura y que, por tanto, acredita que la persona designada ha superado el procedimiento de selección. Como tal, se trata de un requisito ad solemnitatem, y es un acto debido, es decir, reglado, donde el Presidente carece de todo tipo de discrecionalidad. Como tal, ha de entregarlo al interesado.

2.2 Prestar el juramento o promesa.

El último de los trámites, éste impuesto por la propia Constitución, es del prestar el juramento o promesa. ¿Se trata de una simple formalidad o es un requisito o fase más de los que jalonan el procedimiento? La respuesta no es tan sencilla y admite dudas. En el año 2008 el Presidente Barack Obama, que había prestado el juramento en público, pero de forma irregular (hubo un pequeño error y la fórmula adoptada no era exactamente la misma que la que figuraba en la Constitución), no dudó en prestar un segundo juramento para despejar cualquier duda al respecto, hecho que efectuó precisamente porque sus asesores le indicaron que jurídicamente existían dudas sobre si un juramento prestado de forma errónea era o no invalidante. Y buena prueba de la importancia que se atribuye lo ofrece un dato. En 1991, cuando por estrechísimo margen el Senado otorgó finalmente el placet a Clarence Thomas en plena ebullición del asunto Anita Hill, el presidente George H.W. Bush se vio en una penosa obligación: acelerar la jura, para lo cual hubo de solicitar del chief justice William H. Rehnquist, que en esos mismos días acababa de perder a su esposa (fallecida víctima de un cáncer) y se encontraba en pleno duelo, para que tomase el juramento a Thomas.

EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE JUECES FEDERALES ESTADOUNIDENSES (I)

Federal Judge

Tanto en esta entrada como en la siguiente, analizaremos con cierto detalle el procedimiento seguidos en los Estados Unidos para el nombramiento de jueces federales. Creo que el asunto tiene no sólo interés, sino que es de rabiosa actualidad, dado que esta semana han dado comienzo en el Senado estadounidense el procedimiento de confirmación senatorial de Neil Gorsuch, candidato propuesto por el presidente Donald Trump para cubrir la vacante del fallecido Antonin Scalia.

Ha de indicarse que los trámites son idénticos para cubrir una vacante tanto en el Tribunal Supremo como en un Tribunal de Apelaciones o en un simple juzgado federal.  Y hemos de dejar ya claro desde el principio que la idea de acceso a la judicatura por oposición memorística no sólo es absolutamente desconocido en los Estados Unidos (y en el mundo anglosajón en general) sino que dicho sistema ni tan siquiera goza de defensores entusiastas.

INTRODUCCIÓN: FASES DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE UN JUEZ FEDERAL.

Hemos de partir necesariamente de la normativa aplicable. En este sentido, el Artículo Segundo Sección Segunda de la Constitución norteamericana enumera entre las atribuciones del Presidente de los Estados Unidos: “He shall nominate, and by and with the advise and consent of the Senate, shall appoint […] judges of the Supreme Court, and all other officers of the United States, whose appointments are not herein otherwise provided for” (Propondrá, y con el visto bueno del Senado, nombrará […] a los jueces del Tribunal Supremo, así como a todos los cargos públicos estadounidenses para cuyo nombramiento no se haya establecido un cauce específico).

En la sentencia Marbury v. Madison (5 US 137 [1803]) que abordaba precisamente la demanda relativa a la exigencia de un juez federal para que se le entregase su nombramiento, el juez Marshall distingue tres fases en el procedimiento de designación de un magistrado, que desglosa de esta forma en la célebre sentencia:

1.- Propuesta, que es un acto que corresponde al Presidente y que es absolutamente personal.

 

2.- Designación, que es de igual manera una cto voluntario del presidente, a pesar de que sólo puede ser realizado con el visto bueno del Senado.

 

3.- Nombramiento, pues entregar el acta de nombramiento proporcionándosela a la persona nombrada, se podría considerar como un deber impuesto por la Constitución.”

A esas tres fases podría añadirse un estadio o fase previa, cual es el estudio o análisis por el Presidente de los potenciales candidatos a jueces federales.

Abordaremos separadamente las distintas etapas.

I.- FASE PREVIA: ESTUDIO DE LOS POTENCIALES CANDIDATOS E INVESTIGACIÓN DE LOS MISMOS.

 

Todo candidato a la Presidencia que ha alcanzado la victoria en los comicios presidenciales suele llevar consigo a la Casa Blanca una lista de nombres para el caso de que se produzcan vacantes en cualquiera de los órganos judiciales que integran el Poder Judicial de los Estados Unidos. En esa lista de potential nominees (posibles candidatos) ocupan un lugar de honor quienes pueden ser designados para el Tribunal Supremo en caso de producirse una vacante. Lo normal es que esa lista sea elaborada por el Presidente con la ayuda de su personal de confianza, y que la integren personas de una dilatada trayectoria profesional y que, lógicamente, compartan la visión jurídica del mandatario que eventualmente los propondrá.

Una vez que se produce la vacante, el Presidente analiza más exhaustivamente la lista de candidatos con la ayuda tanto del personal del Departamento de Justicia como con sus asesores políticos de confianza.

Cuando ya se han despejado las dudas, e inclinada ya la balanza hacia una persona concreta, lo normal es que alguien del staff de la Casa Blanca se lo comunique informalmente al interesado, a fin de verificar si éste aceptaría la posible nominación. Con ello se trata de evitar espectáculos como, por ejemplo, el que ocurrió en diciembre de 1800, cuando ante la renuncia del chief justice Oliver Ellsworth el presidente en funciones John Adams propuso y remitió al Senado a John Jay…..sin contar con el interesado, a quien informó a posteriori cuando la Cámara Alta había avalado ya el nombramiento. Con ello Adams pretendía colocar a Jay ante una situación de hechos consumados, dado que todos daban por hecho que éste no aceptaría el cargo, como efectivamente sucedió. También puede ocurrir que un potencial candidato se apresure a rechazar la nominación incluso antes de que informalmente se le ofrezca, como ocurrió en 1969, cuando el nombre de Potter Stewart, ya juez del Tribunal Supremo, aparecía en las quinielas para sustituir a Earl Warren como Presidente de la institución judicial; Stewart se adelantó y, tras pedir audiencia al Presidente Nixon, insinuó cortésmente que no deseaba ser promocionado al puesto de chief justice.

Si el candidato informalmente propuesto manifiesta su conformidad, con carácter previo a la formalizar públicamente su candidatura, se efectúa una labor de investigación para ver si existe algún episodio oscuro o algún hecho que pueda enturbiar u obstaculizar la confirmación senatorial, investigación que suele llevar a cabo el Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) Con ello se trata también de evitas situaciones como la ocurrida en 1987, cuando Douglas H. Ginsburn, candidato formalmente propuesto por Ronald Reagan para juez del Tribunal Supremo, decidió solicitar al presidente que anulase el nombramiento tras descubrirse y hacerse público que en su época universitaria había fumado marihuana. También puede ocurrir que el hecho que impida el nombramiento sea puramente fisiológico o médico, como ocurrió en 1994 cuando Bill Clinton trató de proponer como juez del Supremo a Richard S. Arnold, cuyo nombramiento se frustró al descubrirse que padecía un cáncer muy avanzado y, sobre todo, cuando los médicos aseguraron al Presidente que, aún cuando el paciente se encontraba en tratamiento, no podrían afirmar a ciencia cierta que la enfermedad no le impidiese ejercer su puesto con normalidad.

Esa investigación informal que se lleva a cabo puede dar lugar a circunstancias curiosas, como la que nos cuenta Steven Calabresi en la evocación que hace del fallecido juez Scalia en el último número de la Harvard Journal of Law and Public Policy. Cuando en 1986 el F.B.I. efectuaba la investigación de Antonin Scalia, éste se encontró un día con que a la salida de la misa dominical, el párroco se le acercó con semblante de preocupación y, preguntado sobre ello, obtuvo la siguiente respuesta: “Nino…es el F.B.I. Estuvieron aquí ayer preguntando todo tipo de cosas sobre ti. Pero no te preocupes. No les he contado nada.” Scalia tuvo que tranquilizar al buen párroco y decirle que no se preocupase, que el asunto carecía de importancia.

Una vez efectuada la investigación reservada y despejadas las dudas, puede darse por terminada la fase previa y da comienzo la fase inicial del procedimiento stricto sensu.

II.- PRIMERA FASE: LA NOMINATION O PROPUESTA FORMAL.

 

La primera fase propiamente dicha en el iter procedimental que ha de seguirse para la designación de un juez federal es la nomination. No es otra cosa que el anuncio formal y público en virtud del cual el Presidente de los Estados Unidos informa al pueblo de la identidad de la persona que ha elegido para ocupar la vacante concreta a cubrir. Normalmente el anuncio suele tener lugar en la Casa Blanca y en compañía de la persona elegida, aunque no es estrictamente necesario. Así, por ejemplo, cuando George W. Bush propuso a John Roberts para cubrir la vacante que dejó libre Sandra Day O´Connor, el candidato propuesto compareció junto con su esposa y sus dos hijos pequeños (uno de los cuales, por cierto, causó las delicias de los fotógrafos al imitar a Spiderman).

La propuesta, como indicó John Marshall en la sentencia Marbury v. Madison, es un acto absolutamente personal del Presidente y que, por tanto, no está sometido a control judicial alguno. Tampoco es absoluta y vinculante, en tanto en cuanto el Presidente puede dar marcha atrás en cualquier momento. Con anterioridad ya hemos ofrecido dos ejemplos de ello. Reagan hubo de retirar la propuesta de Ginsburn a solicitud del interesado, y en el caso de John Roberts fue el propio presidente Bush quien dio marcha atrás, aunque en este último caso debido al fallecimiento del chief justice William Rehnquist en septiembre de 2005 (apenas tres meses después de la propuesta de Roberts para sustituir a O´Connor), que motivó un inteligente movimiento táctico presidencial y moviendo la candidatura de Roberts para sustituir a Rehnquist en vez de a O´Connor.

Una vez que ha tenido lugar la propuesta formal, el Presidente remitirá al Senado el nombre del candidato propuesto, dando inicio así la segunda fase, a la que dedicaremos la próxima entrada.

INICIO DEL PROCESO DE CONFIRMACIÓN SENATORIAL DE NEIL GORSUCH PARA JUEZ DEL TRIBUNAL SUPREMO. CUANDO EL CANDIDATO POSEE EL “GOLD STANDARD”

Neil-Gorsuch

En una entrevista bastante reciente, el actual chief justice John Roberts mostraba su preocupación por el hecho de que, en los últimos procesos de ratificación senatorial de candidatos a ocupar un puesto de juez del Tribunal Supremo, la votación siguiese una línea estrictamente partidista, orillando valorar la cualificación profesional. Con ello, Roberts pretende dar la voz de alerta ante lo que podríamos denominar “hispanización” del procedimiento selectivo, es decir, la politización extrema de la judicatura. Un buen ejemplo de esa tendencia lo ofrece Jeffrey Toobin en su libro The Oath. Cuando tras el fallecimiento de William Rehnquist, el presidente George W. Bush propone a John Roberts como sucesor, el por entonces senador Barack Obama no formuló objeción alguna en cuanto a la adecuación de Roberts para el cargo. Éste no sólo procedía de la facultad de derecho de Harvard (al igual que Obama), sino que tenía un impecable currículum académico y un impresionante historial, siendo además uno de los mejores abogados que había ejercido ante el Tribunal Supremo, a lo que añadía un carácter sumamente abierto y simpático capaz de atraerse incluso a potenciales adversarios. Tan es así, que según indica Toobin la intención del senador por Illinois era votar favorablemente a Roberts, pero sus asesores políticos le disuadieron de hacerlo con un poderosísimo argumento: votar “sí” a un candidato propuesto por George W. Bush podría minar las posibilidades de Obama a la hora de luchar por la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2008, por muy intachables que fuesen los méritos de Roberts. Y así, por ese motivo, el siniestro Obama votó en contra.

Esta semana se inicia en el Comité Judicial del Senado el procedimiento de confirmación de Neil Gorsuch para cubrir la vacante que en el Tribunal Supremo ocasionara el fallecimiento de Antonin Scalia hace más de un año. Sin perjuicio de que en nuestra próxima entrada desgranaremos las fases que integran el procedimiento de designación de un juez federal, adelantaremos que uno de los informes que suele tener bastante peso es el de la American Bar Association, es decir, la organización que engloba a la profesión letrada. La evaluación no es, ni mucho menos, un “paseo militar” para el candidato, que ve diseccionada su trayectoria pública en el mundo del Derecho y es sometido a un exhaustivo proceso de análisis objetivo que desgrana punto por punto no sólo su trayectoria jurídica, sino incluso la integridad profesional del aspirante a juez. Pues bien, en el caso de Gorsuch la valoración que de forma unánime ha otorgado la American Bar Association es la de “well qualified”, es decir, la máxima posible. Tan es así, que como se indica en una entrada que obra en el imprescincible Supreme Court of the United States Blog, ha llegado a denominarse al informe positivo de la American Bar como el “gold standard.” Ello hace francamente difícil, por no decir imposible, cuestionar su idoneidad para el cargo, de ahí que seguramente la principal oposición venga por otro flanco: el político.

Evidentemente, sería inútil negarlo, todo nombramiento que se hace para cubrir una vacante en el Tribunal Supremo tiene un componente político, y es así desde que el presidente John Adams, en sus últimas semanas en el cargo, nombrara a John Marshall como chief justice. Tal politización puede, obviamente, acentuarse, y en este sentido tanto demócratas como republicanos aceptan el hecho como natural. Es evidente que el demócrata Franklin D. Roosevelt pretendió, con su prerrogativa de designación de jueces federales, reorientar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en un sentido más favorable a su política de New Deal, algo que finalmente logró. Es también evidente que el republicano Richard Nixon llegó a convertir en uno de los principales ejes de su campaña electoral el rectificar los excesos jurisprudenciales de la era Warren, y sin perjuicio de que tuvo la posibilidad de efectuar cuatro nombramientos, no logró su objetivo final. Es también claro y manifiesto que tanto en Estados Unidos como en cualquier país del mundo cualquier juez tiene su filosofía jurídica y sus inclinaciones personales. Y es evidente que no es mejor juez quien se recluye en su despacho aislándose de la sociedad en aras de esgrimir una mala entendida imagen de independencia judicial. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra (por citar dos países de los que nadie podrá dudar de la excelencia de su judicatura) los magistrados no rehúyen expresar su opinión sobre la calidad técnica de las leyes, incluso en entrevistas y debates televisivos. Hemos visto a dos jueces de Tribunal Supremo, Stephen Breyer y el fallecido Antonin Scalia, debatir amigablemente sus puntos de vista acerca de la interpretación judicial de las leyes. Hemos visto al propio chief justice en múltiples entrevistas, encuentros, e incluso en publicaciones expresarse sobre cuestiones legales. Es una experiencia no sólo enriquecedora, sino que contribuye a que los jueces tomen contacto con la realidad y “pisen el suelo”.

Con todo, si algo es de admirar en este punto es la seriedad y rigor de los procedimientos que tienen lugar en el Comité Judicial del Senado. Y dado que en los denominados hearings, los senadores que integran el Comité bombardean literalmente al candidato con preguntas de la más variada índole, es evidente que cualquier persona con un mínimo de interés puede, simplemente observando dichos procedimientos, hacerse una idea de ante qué tipo de profesional nos encontramos. Qué diferencia en este punto con las ramplones y mediocres comparecencias que tienen lugar en nuestro país, donde los candidatos propuestos únicamente acuden a recibir el placet de los diputados sometidos al mandato imperativo de sus jefes, que en la intimidad de las covachuelas o ante un más o menos copioso refrigerio han pactado su cuota de alta judicatura.

CUANDO LA RIVALIDAD ENTRE JUECES LLEGA AL INSULTO.

No es ciertamente algo excepcional que dos órganos judiciales o incluso dos Salas o Secciones de un mismo órgano mantengan una rivalidad más o menos explicitada. Es lo que ocurre en nuestro país, por ejemplo, entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que, por utilizar una pudorosa expresión que escuché en cierta ocasión a mi admirado Ramón Punset Blanco, “atraviesen en ocasiones momentos delicados”, que en algunas ocasiones incluso han saltado a las portadas de los diarios. Un enfrentamiento similar mantienen el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito (órgano este último que suele ver sus resoluciones sistemáticamente anuladas por aquél) si bien en este caso manteniendo educadamente las formas. Pero si el enfrentamiento o lucha entre las Salas existe, también se producen otros mucho más curiosos: los que tienen lugar entre los jueces que forman parte de un mismo órgano o sección.

Puede ocurrir que la enemistad entre los jueces quede oculta bajo siete llaves y velada o cubierta por un manto de exquisito respeto a las formas y disimulada hasta tal punto que incluso el destinatario de la antipatía no se percate de ello. Un ejemplo de esta animadversión larvada que no llegó a ser conocida hasta mucho tiempo después fue la que mantuvio el chief justice Harlan Fisk Stone hacia Hugo L. Black. Nadie podía sospechar que el chief justice no podía ver ni en pintura a su colega, y éste se enteró por sorpresa de ello al leer la biografía que con el título Harlan Fisk Stone: Pillar of the Law, escribió Alpheus Thomas Mason y que salió al mercado en 1956. Años más tarde, Black confesó al chief justice Warren Burger que al asomarse a las páginas de dicho libro se dio cuenta por vez primera que Stone no le podía soportar.

En otras ocasiones ni la cortesía más exquisita puede evitar que los enfrentamientos entre jueces salten a la luz. James McReynolds, por ejemplo, tenía un carácter tan difícil que le llevó a sonoros enfrentamientos con sus colegas, hasta tal punto que el chief justice William Howard Taft llegó a manifestar que: “todo va como la seda….en ausencia de McReynolds”. Cierto día que Harlan Fisk Stone hizo notar a su colega que el escrito de un abogado contenía “el argumento más estúpido que había visto”, hubo de sufrir un hiriente comentario de McReynolds: “La única cosa más estúpida que se me puede ocurrir es escucharte leer tus sentencias”. Ni tan siquiera alguien tan formal e imponente como Charles Evans Hugues logró evitar un enfrentamiento con McReynolds. Robert H Jackson, attorney general y más tarde juez del Tribunal Supremo, decía de Hughes que “not only resembled Almighty God, he spoke like Him too” (no sólo parece, sino que habla como Dios todopoderoso). Pues bien, en cierta ocasión que el chief justice Hugues envió a un secretario a recordarle a McReynolds que estaban esperando por él para iniciar la votación y fallo de varios asuntos, hubo de recibir una insultante respuesta: “Dígale al chief justice que no estoy a sus órdenes

Enfrentamientos personales los tuvieron igualmente otros jueces como, por ejemplo, el chief justice Earl Warren y Felix Frankfurter. Warren, antiguo gobernador de California y candidato frustrado a la nominación republicana como candidato a la presidencia por dicha formación política, es el ejemplo más claro y evidente del individuo cuya mentalidad es más política (como antiguo gobernador republicano de California, jamás logró digerir su fracaso a alcanzar la nominación de dicho partido para concurrir como candidato a las presidenciales, algo que nunca perdonó a Richard Nixon) que jurídica, a lo que unía un ego inmenso. El mismo ego que poseía Frankfurter, uno de los jueces más capaces que sirvió en dicho órgano judicial, pero que jamás logró desprenderse de su mentalidad de profesor en Harvard. De ahí que sus exposiciones en las conferencias tuviesen más un aura profesoral que judicial. Por ello, en cierto día en que el Tribunal debatía un asunto muy delicado que desembocó en una sesión muy conflictiva, Frankfurter le espetó a Warren: “Be a judge, God damn it, be a judge!” (Sé un juez, por Dios, sé un juez); no sólo quedó ahí, sino que en otra acalorada reunión Frankfurter fue aún más lejos, y no tuvo reparos en dejar manifiesta la opinión que tenía de Warren: “You´re the worst chief justice this country ever had” (Eres el peor Presidente que el Tribunal Supremo ha tenido jamás).

Pero sin duda alguna el caso más extremo fue el que enfrentó a Stephen Field y a David Terry. Field era un jurista nacido en Connecticut que se desplazó a California a mediados del siglo XIX tras el descubrimiento de oro en dicho estado. Dio muestras en innumerables ocasiones de su fuerte personalidad y de que no era una persona que se amilanase fácilmente. Cuando, ejerciendo como abogado, un juez le dijo explícitamente que le mataría si le volvía a ver en su sala, Field ni corto ni perezoso compró dos revólveres y no tuvo empacho en decirle al juez que si deseaba matarle estaría a su disposición esperándole…..con las armas en la mano. Curiosamente, Field fue elegido chief justice de California cuando su predecesor, David Terry, hubo de abandonar el estado al matar en duelo a David Broderick, uno de los senadores del estado. Cuando años después Stephen Field, ya juez del Tribunal Supremo, hubo de resolver como juez de circuito un caso en el que una de las partes era el exjuez Terry y falló en contra de éste, la parte derrotada juró no olvidar. Enloquecido, David Terry intentó asesinar a Field y fue abatido por uno de los guardaespaldas del juez.

En todo caso, si existen rivalidades y soterrados enconos personales, también hay ejemplos de todo lo contrario. El gran chief justice John Marshall instauró una peculiar costumbre para tratar de lograr un ambiente de trabajo cordial entre personas muy diferentes: compartir una copa de Madeira, licor muy apreciado en aquélla época. Inicialmente, tal acontecimiento se limitó a días lluviosos. No obstante, cierto día en que el juez Joseph Story hizo notar a su colega que no podrían tomar la copa en tanto en cuanto hacía un sol radiante, se encontró con que el sonriente chief justice le enmendó la plana con un curioso razonamiento: “Afortunadamente, Dios ha dotado a este país con un territorio tan vasto que indudablemente en alguna parte del mismo estará lloviendo.”

LA APELACIÓN AL PUEBLO…..¿ES DEMOCRACIA?

Bruce Ackerman, en su magnífico y celebrado ensayo The failure of the founding fathers, contiene una afirmación que conviene no perder de vista: “The men of 1787 were very proud of being revolutionaryes, but talk of democracy made them nervous.” En efecto, quienes con una energía, vigor y decisión sin precedentes osaron enfrentarse a una de las más poderosas monarquías europeas, sin embargo desconfiaban de otorgar excesivo poder al elemento popular, en tanto en cuanto con una mentalidad muy típica de la época y del movimiento conocido como despotismo ilustrado, consideraban al pueblo como menor de edad, a alguien a quien debía protegerse y tutelarse, pero en modo alguno otorgarle excesivas facultades. Por eso me sorprendió notablemente cuando, enfrascado en la lectura del entretenidísimo libro Plain, honest men, escrito hace unos años por Richard Beeman y en el que sumerge al lector en los debates del proceso constituyente americano, uno comprueba que James Wilson, representante del estado de Pennsylvania, fue una voz discordante en cuanto no sólo abogó por que los miembros del Senado fuesen elegidos directamente por la ciudadanía, al igual que la Cámara de Representantes (sus colegas defendían que los senadores fuesen elegidos por las legislaturas de los estados), sino que incluso la elección directa del Presidente, mientras que el resto de delegados, temeroso de que la legitimación popular directa del Jefe del Ejecutivo pudiera facilitar que un demagogo accediese al cargo amparándose en una legitimación popular, abusase de las prerrogativas apelando a la legitimidad de origen. James Wilson no era en modo alguno un demócrata, en tanto en cuanto sus gustos y formas aristocráticas le distanciaban sobremanera del estamento popular. Su argumentación era tan simple como lógica: el pueblo carecía de la formación suficiente y era fácilmente manipulable, por lo que el poder recaería siempre en la élite intelectual que los padres fundadores decían representar. No era incoherente con el ideal del republicanismo clásico, que defendía la existencia de una élite intelectual que, precisamente por su formación, debía ser quien se encargase del gobierno, teniendo, eso sí, por único objetivo y principio de gobierno la felicidad de los ciudadanos. En definitiva, que esa apelación al pueblo encubría en el fondo una defensa del “gobierno de los mejores”, algo defendido a lo largo de la historia por numerosas e ilustres personalidades, entre ellas nada menos que José Ortega y Gassett.

A lo largo de la historia no han sido infrecuentes los casos de appelatio ad populum por individuos que en modo alguno podían identificarse con ese pueblo al que decían representar. ¿Acaso era coherente que Cayo Julio César, procedente de una de las familias aristocráticas más antiguas de Roma (la gens Iulia) integrase las filas de los “populares”? ¿Acaso los propios revolucionarios franceses no procedían en muchos casos del elemento aristocrático e incluso de la propia alta burguesía, es decir, de estamentos o clases cuyos intereses no coincidían más que de forma tangencial con los del pueblo? Es cierto que en ocasiones quien acude o se ampara en los intereses del pueblo es sincero, pero ejemplos hay y habrá en la historia de lo contrario. Recuerdo que en cierta ocasión, en una conferencia impartida por Gustavo Bueno con el objetivo de presentar su libro Panfleto contra la democracia realmente existente, cargó las tintas frente a quienes calificó de “fundamentalistas democráticos”, llegando a decir ante el numeroso público que llenaba la sala, cito textualmente: “Cada vez que alguien dice que la solución de la democracia es más democracia…..esa persona es peligrosísima. Ahí está un fundamentalista democrático.” No siempre la apelación al pueblo conduce a la democracia, y ahí tenemos el ejemplo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los sistemas que formalmente se calificaban como “democracias populares.” La democracia, como la tolerancia, no se invoca, sino que se practica.

Para finalizar esta intervención, diremos que James Wilson, el intelectual americano que defendió la elección directa de senadores y del Presidente, fue nombrado en 1789 juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Su final fue realmente trágico, pues su condición de juez en el más alto tribunal de los Estados Unidos no le libró de estar durante breve tiempo entre rejas por causa de las numerosas deudas que había contraído. Con problemas de alcoholismo, falleció en agosto de 1798.

de Monsieur de Villefort Publicado en Sin categoría

EVOCANDO A “AZORÍN”, EL CLÁSICO MODERNO, EN EL CINCUENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO

El pasado día 2 de marzo se conmemoraba el medio siglo del fallecimiento del gran José Martínez Ruiz, Azorín, el más longevo de los escritores que integraron la denominada generación del 98. En el año 1967, a los noventa y tres años, fallecía en su domicilio en el número 21 de la madrileña calle Zorrilla, justo lindando con la parte trasera de lo que entonces eran las Cortes Españolas y hoy es la sede del Congreso de los diputados. Había sobrevivido a todos sus colegas de generación. Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle Inclán y Ramiro de Maeztu habían fallecido en 1936, los dos primeros por causas naturales y el último de ellos asesinado en una de las matanzas que tuvieron lugar en la capital ese trágico año; la vida de Antonio Machado se apagó en Colliure en 1939, sin tiempo a que su hermano Manuel, con quien se encontraba personalmente muy unido, pudiese llegar para verlo por última vez (triste y simbolica historia la de estos dos hermanos tan queridos y bien avenidos, separados física e ideológicamente por la guerra sin que por ello dejasen de guardarse el afecto fraternal que siempre se tuvieron; el “impío” don Pío Baroja y Nessi había fallecido en 1956, once años antes que Azorín exhalase su último suspiro.

José Martínez Ruiz, Azorín, nacido en la ciudad levantina de Monóvar, fue sin duda alguna uno de los ensayistas más prolíficos y delicados de la historia de la literatura española. Su depuradísimo estilo literario con el dominio de las frases cortas, descriptivas y evocadoras es magistral, hasta el punto que, como él mismo decía, lo realmente difícil es hacer pasar por sencillo lo que no lo es. Desde su juventud, incapaz de finalizar la carrera de Derecho (pese a sus promesas, finalmente incumplidas, de hacerlo) se orientó definitivamente hacia la literatura. Llega a la capital de España en plena crisis finisecular, del mismo modo que desde la periferia levantina lo hiciese Ramiro de Maeztu. Escritor de artículos en varios de los periódicos de la capital, llega imbuido de ideas anarquistas que se proyectan en los mismos y que aún tiñe algunas de las páginas de su primera novela, La voluntad (en uno de cuyos capítulos, uno de los personajes llega a decir expresamente “la propiedad es el mal” haciendo una glosa de la principal literatura anarquista). No obstante, esos conatos revolucionarios ceden pronto y nuestro escritor gira súbitamente hacia el conservadurismo, y de la mano de dos grandes próceres de dicha formación, Antonio Maura y Juan de la Cierva, obtiene un acta de diputado al Congreso. Salvo en los años de guerra, donde se exilió a París, toda su vida permaneció en la capital, convirtiéndose en los últimos años en una figura ya propia de otra época.

Sus obras más conocidas son aquéllas en las que pone a Castilla y su paisaje como objeto principal de análisis. Ya desde La ruta de don Quijote, recopilación en forma de libro de los quince artículos redactados en 1905 cuando el director de El Imparcial le encomendó, para conmemorar el tricentenario de la publicación de la inmortal obra cervantina, un recorrido por las tierras manchegas. Pero también destacan Un pueblecito: Riofrío de Ávila, Pensando en España, Castilla (que Inman Fox, en su estudio introductorio a la magnífica edición publicada en Austral, califica de “quintaesencia de la obra de Azorín”) o Una hora de España (versión de su discurso de ingreso en la Real Academia Española, donde hace una deliciosa evocación de la vida en las postrimerías del siglo XVI a través de unos magníficos cuadros de costumbres donde, del rey abajo, desfilan todos los estamentos). Son también de destacar sus obras de acercamiento a los clásicos de la literatura española desde un punto de vista muy personal e íntimo. Así, por ejemplo, Los dos luises y otros ensayos, Rivas y Larra (impresionante la minuciosa y crítica disección a que somete el Don Álvaro o la fuerza del sino) o Clásicos y modernos. Es autor también de diversas crónicas parlamentarias y de un libro, El político, elaborado a la manera de los antiguos memoriales.

Como admirador confeso de la obra azoriniana, son varias las obras de dicho autor que han logrado hacerse un hueco en mis preferencias. Sin duda alguna, en un lugar destacado se encuentra La cabeza de Castilla, una recopilación de artículos que tienen como lugar común la figura del Cid y el paisaje castellano, y donde aúna de forma especial descripción de estampas castellanas y análisis literario del Cantar de mio Cid. Evidentemente, Castilla, que es un fresco en el cual el autor pretendió atrapar “una partícula del espíritu” de dicha tierra, lo que hace en varias estampas de las cuales recomiendo vivamente Las nubes (una especie de visión ucrónica de La Celestina, en la cual Calixto y Melibea no han fallecido, sino que han contraído matrimonio y viven felices) así como La fragancia del vaso, una melancólica continuación de La ilustre fregona. También es de destacar la colección de cuentos Blanco en azul (blanco de las nubes y azul del cielo), que tanto gustaba al recordado don José María Martínez Cachero, uno de los más conocedores y agudos analistas de la obra de Azorín. E incluso, como cinéfilo empedernido que soy, no puedo dejar de referirme a El cine y el momento, uno de sus últimos libros y en los que en su peculiar y fácilmente reconocido estilo pasa revista a las películas que ya en su ancianidad visionaba con afecto. “He pasado en mis predilecciones, en el cine, de Walter Pidgeon a Gary Cooper. Walter Pidgeon es el prototipo del caballero en la ciudad. Gary Cooper es el prototipo del caballero en el pueblo. Los pueblos me seducen.” Con esas palabras iniciaba su breve análisis de una de las obras maestras del western, Solo ante el peligro.

Existen en el mercado ejemplares fácilmente asequibles de las obras más conocidas de Azorín. No obstante, atesoro en mi biblioteca varios ejemplares de la benemérita colección austral así como tres volúmenes de las Obras completas editadas en los cincuenta por Aguilar y la más reciente selección titulada Obras escogidas, que Espasa Calpe publicó en tres gruesos volúmenes en edición de Miguel Ángel Lozano Marco.

Nunca está de más volver nuestra mirada hacia el maestro Azorín. Porque si éste sentía pasión por los clásicos, hoy en día él mismo se ha convertido ya en un clásico.

CUANDO LA ADMINISTRACIÓN ES DERROTADA EN EL PLEITO PERO GANA EN LA REALIDAD: DERRIBAR ILÍCITAMENTE EDIFICACIONES NO GENERA RESPONSABILIDAD.

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En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no siempre quien es procesalmente vencedor lo es igualmente en la vida real, dado que puede ocurrir, y en muchas ocasiones sucede, que una maravillosa sentencia que da la razón al particular y desautoriza jurídicamente al ente público en ocasiones queda desvirtuada en la práctica porque la Administración, gracias al uso abusivo del privilegio de autotutela, incomprensiblemente tolerado por los órganos judiciales, se ha salido con la suya, y al particular no le queda otra cosa que intentar consolarse por su victoria menos que pírrica.

Viene esto a raíz de un supuesto que viene a demostrar en toda su crudeza la insuficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y que deja patente la enorme desventaja en que se mueve el particular. Porque, pregúntense ustedes ¿De qué sirve una sentencia estimatoria que anula una declaración de ruina cuando el inmueble en cuestión ya ha sido demolido por el Ayuntamiento? ¿Debe responder en estos casos la Administración por ese derribo prematuro? Pues, si la respuesta al primer interrogante es “nada”, la contestación al segundo es “no”. Veámoslo.

El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo dicta Resolución 42/2008 de 23 de abril, declarando en ruina un edificio sito en Cóbreces. En el seno del procedimiento contencioso-administrativo tendente a enjuiciar la legalidad del acto declaratorio de ruina, además de los informes de los dos técnicos municipales (no ratificados en sede judicial), se presentan dos informes, el primero de un perito de parte, y el otro de un perito judicial, ambos coincidentes y ratificados el juicio. Y así la Sentencia de 22 de junio de 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Cantabria estima parcialmente el recurso anulando la resolución administrativa, por considerar que el inmueble no podía ser considerado jurídicamente como ruinoso. Para ello, se basa fundamentalmente en el informe del perito judicial, por lo detallado de su informe “más que los otros examinados”. Pero hete aquí que el Ayuntamiento ya había ejecutado el acto, es decir, derribado el inmueble, por lo que la Sentencia era ya de imposible cumplimiento. No obstante, el ente local apela la sentencia, esgrimiendo dos argumentos que no pueden ser sino considerados una inmensa falta de respeto. En primer lugar, considera que el juzgado debió prescindir de los dos informes periciales ratificados en juicio, y debía primar los de la Administración por ser “más imparcial” (sic), lo cual supone una gravísima falta de respeto al perito judicial, cuyo informe no puede ser calificado de parte y cuya independencia, por tanto, se está cuestionando sin el más mínimo rubor. Pero además, el Ayuntamiento llega al escarnio de impugnar la prueba pericial aportada por el demandante con el argumento (que ni en el más generoso de los supuestos puede considerarse de otra manera que como una burla siniestra hacia el ciudadano a quien habían avasallado) que “ni siquiera visitó el edificio ya que estaba demolido cuando efectuó el informe” (sic). La Sentencia 203/2012 de 18 de marzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictada en recurso número 349/2011 (ES:TSJCANT:2012:520) desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de instancia. Tenemos pues a un ciudadano a quien jurídicamente se le ha dado la razón al haber sido anulada la resolución que declaraba su inmueble en ruina, pero a quien en la práctica poco servirá, dado que había visto cómo la todopoderosa Administración, con la inexcusable complicidad del poder judicial, se había apresurado a hacer uso de sus potestades de autotutela para derribar el meritado inmueble.

Ante ello, el particular afectado decide solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento. Por supuesto, la Administración no contesta, y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Cantabria estima parcialmente el recurso y aprecia dicha responsabilidad. Dicho recurso de apelación es resuelto por la Sentencia de 15 de enero de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictada en recurso número 189/2015 (ES:TSJCANT:2016:118), que debería figurar en las antologías como ejemplo de lo que ni jurídica ni materialmente debe ser una resolución judicial. Porque dicha sentencia anula la resolución de instancia y deniega la responsabilidad del Ayuntamiento. Atención al razonamiento de la Sala, que no tiene desperdicio:

No se trata, por ende, de considerar conforme a Derecho un acto que una sentencia ya anulado de modo firme por su contradicción con el Ordenamiento. Sino de ver si la Administración, al dictar el acto, actuó dentro de los márgenes de razonabilidad, sin poder prever un futuro pronunciamiento judicial que declarara la ilegalidad de aquél.  Y, por ello, contrariamente a los que hace la sentencia recurrida, no hay que pararse en el análisis fáctico y jurídico que se realizó en la sentencia anulatoria ni descartar la razonabilidad del actuar de la Administración en razón de la contundencia y solidez con que el juzgador fundó la conclusión de ilegalidad del acto, pues no se trata de volver sobre lo que ya está decidido judicialmente (la disconformidad a Derecho del acto administrativo), sino de determinar la razonabilidad del actuar administrativo; y, a tal fin, debemos retrotraernos al momento en que el acto se dictó, obviando lo actuado y juzgado en el proceso judicial que culminó con la sentencia anulatoria.

En otras palabras, para la Sala hay que prescindir de la sentencia anulatoria, por lo que debe verificarse “la razonabilidad del actuar administrativo”, y para ello ha de “obviarse lo actuado y juzgado en el proceso judicial que culminó con la sentencia anulatoria”. Y ello lo hace la Sala para tratar de “puentear” el varapalo que se propinó a los informes técnicos municipales en sede judicial. ¿Y qué hace la Sala? Pues un ejercicio de cinismo tal que sonroja hasta el lego: retrotraernos al momento en que se dicta la resolución obviando lo ulterior, y como en esa fecha no existían más que dos informes municipales, pues la actuación administrativa era objetivamente “razonable”.

Como jurista, me cuesta sinceramente pensar que tres magistrados se han reunido a perpetrar esta auténtica burla hacia el ciudadano, hacia el derecho de propiedad y hacia el ordenamiento jurídico. Porque, de sostenerse el acierto de esta tesis y verificar su adecuación a Derecho, cabe plantearse lo siguiente:

Primero.- ¿Qué eficacia práctica tiene la jurisdicción contencioso-administrativa en particular y el Derecho administrativo en general como ordenamiento tendente a equilibrar los privilegios de la Administración y las garantías del ciudadano? Porque, en efecto, si un particular obtiene un triunfo en sede judicial pero en la práctica la parte derrotada ha salido vencedora, el obtener unos cuantos folios que le permitan hacer valer su tesis como correcta en nada le servirá para satisfacer sus pretensiones, en tanto en cuanto lo que desea el particular es ello tenga consecuencias prácticas. Y en la práctica, lo que consagra esta lamentable resolución judicial no es más que la ley del más fuerte.

Segundo.- ¿Cómo es posible prescindir de una resolución judicial anulatoria de un actuar administrativo para verificar la “razonabilidad” o no de la misma? El ardid utilizado por la Sala es tan absolutamente parcial y sonrojante que la Sala no se da cuenta que, en el fondo, está desautorizando la primera resolución judicial, aunque no lo diga explícitamente.

Como ya indiqué en un post anterior, William Rehnquist (un excelente jurista, número uno de su promoción en la Universidad de Stanford, juez y con posterioridad Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos) manifestó en su día que: “un buen juez debe en todo momento estar dispuesto a interrumpir a un letrado y decirle ´su argumento es perfectamente lógico pero el resultado al que llega me parece absurdo”. Pues bien, si aplicamos dicho criterio, ninguno de los tres magistrados que han perpetrado la nefasta sentencia comentada podría en propiedad ser calificado como “buen juez”.

CHAE CHAN PING v UNITED STATES (1889): CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES RESTRICTIVAS DE LA INMIGRACIÓN.

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Esta entrada pretende contar una historia a los lectores del blog que tiene un protagonista relevante (los Estados Unidos) y un objeto específico: las restricciones a la inmigración. Pero no se asusten, no me estoy refiriendo a las polémicas actuaciones llevadas a cabo por el presidente Donald Trump, sino por una legislación aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1888 restringiendo la entrada de inmigrantes chinos, y la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la misma. Como tendrán ocasión de verificar a continuación, la música suena extrañamente familiar, salvo por los nacionales concretos afectados por la restricción migratoria.

El 6 de mayo de 1882, Chester A. Arthur, Presidente de los Estados Unidos, sanciona la Act to execute certain treaty stipulations relating to Chinese, cuya denominación abreviada era Chinese Exclusion Act, y que había sido aprobada por el Congreso tan sólo tres días antes. La Sección primera de dicho texto legal prohibía durante un periodo de diez años la entrada de trabajadores chinos en territorio estadounidense, lo que hacía en los siguientes términos: “That from and after the expiration of ninety days next after the passage of this act, the coming of Chinese laborers to the United States be, and the same is hereby, suspended; and during such suspensión it shall not be lawful for any Chinese laborer to come, or having so come after the expiration of said ninety days, to remain within the United States.”  Quiere ello decir que no sólo se prohibía la entrada de nuevos trabajadores de nacionalidad china una vez transcurrida la vacatio legis de noventa días expresamente fijada en la ley, aunque la sección segunda excluía del ámbito de aplicación a quienes ya se encontraran en territorio estadounidense con anterioridad al 17 de noviembre de 1880. El texto legal establecía sanciones para el caso de incumplimiento, estableciendo como sujeto activo del delito a los propietarios de los navíos que, voluntaria y conscientemente, facilitasen el desembarco de inmigrantes chinos en el territorio americano, siendo la pena a aplicar tanto económica (quinientos dólares por cada inmigrante chino introducido) como de cárcel (hasta un año de prisión). La Chinese Exclusion Act fue modificada el 1 de octubre de 1888 con la aprobación de la An act a supplement to an act entitled “An act to execute certain treaty stipulations relating to Chinese,” approved the sixth day of May eighteen hundred and eighty-two (popularmente conocida como Scott Act al ser el fruto de la iniciativa de William Laurence Scott) que endurecía aún más si cabe las previsiones de la norma legal modificada. Nos llevaría mucho tiempo adentrarnos en el contexto histórico del asunto, pero baste decir que la fiebre del oro desatada a partir de 1848 llevó al oeste americano no sólo a colonos procedentes del este, sino a inmigrantes de otros países, siendo la colonia más numerosa la procedente de China.

Chae Chang Ping era un nacional chino residente en San Francisco y trabajador en dicha ciudad desde el año 1875 hasta el día 2 de junio de 1887, fecha esta última en la que salió de territorio estadounidense para hacer una visita a sus familiares residentes en China, lo que hizo tras obtener del encargado de aduanas del puerto de San Francisco un visado que le permitiría regresar a territorio americano. El 7 de septiembre de 1888, Ping decide regresar y se embarca en el vapor Belgic, que atraca en el puerto de San Francisco el día 8 de octubre de 1888. Dado que las autoridades no le permiten el desembarco amparándose en la recién aprobada Scott Act, el capitán del navío, se ve en la obligación de retenerlo a bordo para no incumplir las previsiones legales. Ping interpone una solicitud de habeas corpus ante el Tribunal de Circuito del Distrito Norte de California, solicitando su inmediata liberación y que se le permita la entrada en territorio americano. El capitán accede a que Ping acuda personalmente al Tribunal, que rechaza su solicitud. Disconforme con el resultado, Ping apela la sentencia ante el Tribunal Supremo (aún no se había aprobado la reforma procesal de 1891, por lo que el acceso al Tribunal Supremo se hacía vía apelación ordinaria), cuestionando la validez de la Scott Act.

El 13 de mayo de 1889 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública su sentencia en el caso Chae Chan Ping v. United States, de la que fue ponente el juez Stephen Field y que logró el apoyo unánime de sus colegas. Cabe señalar que Stephen Field había sido abogado en California, para ulteriormente acceder al puesto de Presidente del Tribunal Supremo de dicho estado, para finalmente acabar como juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Conocía, pues, perfectamente el territorio y la problemática, y en su época de juez en California no le había temblado el pulso a la hora de anular por inconstitucional una normativa aprobada por la ciudad de Los Ángeles, gravemente discriminatoria para la población china. Sin embargo, en esta ocasión Field rechaza la apelación de Ping y confirma la sentencia de instancia. Tras hacer una síntesis de las relaciones y tratados suscritos entre los Estados Unidos y China, Field enuncia un principio jurídico esencial en el que basa su argumentación: entre las facultades de la soberanía se encuentra la libérrima potestad de las autoridades constituidas para restringir la entrada de inmigrantes siempre que, a juicio de dichos poderes juzguen que los intereses del estado lo hacen necesario, y dado que se trata de una decisión de naturaleza estrictamente política, no corresponde su enjuiciamiento a los Tribunales. En efecto, es un punto éste en el que insiste hasta en dos ocasiones. La primera, para indicar que “La potestad del Estado para restringir la entrada de inmigrantes en el territorio siempre que, a su juicio, se considere una medida necesaria, ha sido afirmada en diversas ocasiones y jamás cuestionada por las ramas legislativa y ejecutiva.” A continuación reitera de nuevo ese principio general que aplica al caso concreto enjuiciado: “The power of exclusion of foreigners being an incident of sovereignty belonging to the government of the United States as a part of those sovereign powers delegated by the constitution, the right to its exercise at any time when, in the judgment of the government, the interests of the country require it, cannot be granted away or restrained on behalf of any one. The powers of government are delegated in trust to the United States, and are incapable of transfer to any other parties. They cannot be abandoned or surrendered. Nor can their exercise be hampered, when needed for the public good, by any considerations of private interest. The exercise of these public trusts is not the subject of barter or contract. Whatever license, therefore, Chinese laborers may have obtained, previous to the act of October 1, 1888, to return to the United States after their departure, is held at the will of the government, revocable at any time, at its pleasure. Whether a proper consideration by our government of its previous laws, or a proper respect for the nation whose subjects are affected by its action, ought to have qualified its inhibition, and made it applicable only to persons departing from the country after the passage of the act, are not questions for judicial determination. If there be any just ground of complaint on the part of China, it must be made to the political department of our government, which is alone competent to act upon the subject.

Como puede verse, la situación de 1889 es casi idéntica a la que casi ciento treinta años después tanta polémica está desatando no sólo en los Estados Unidos, sino a lo largo y ancho del orbe.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS PRESIDENTES AMERICANOS: EL CASO KENNEDY.

prensa

Ni los periodistas ni la prensa en general son imparciales o inmunes a las filias y fobias, simpatías o antipatías que pueden sentir hacia personas o entidades. Ello es algo perfectamente lógico, natural e irreprochable. Ahora bien, tales orientaciones o tomas abiertas de partido suelen disfrazarse sutilmente como “información”, lo cual ya no es en modo alguno admisible. El problema radica en el hecho que es tan sólo una delgada línea roja la que separa la información objetiva y la opinión subjetiva. Y dada la posición y la capacidad de influencia que los medios tienen en la opinión pública ello puede ocasionar que en muchas ocasiones sean precisamente los medios quienes eleven a la condición de semidioses a determinadas personas y que en otras muchas arrojen al fango a otras, simple y llanamente por esas simpatías o antipatías así como, por qué no decirlo (pues ejemplos hay a dar y tomar) por estar a sueldo o en situación de dependencia de esas personas a las que han de elevar a los altares.

Un ejemplo claro de deconstrucción de la biografía de un hombre para sustituirla por  la leyenda de un semidiós es la que tuvo lugar en los años sesenta con el tratamiento que los medios de comunicación dieron a la figura de John Fitgerald Kennedy, a quien se presentó como la nueva imagen del sueño americano, un hombre a quien caracterizaban la juventud, la fuerza, la vitalidad, su condición de hombre de familia y, sobre todo, una visión políticamente avanzada en pro de los derechos civiles y de las minorías. Su oponente, Richard Nixon, era, por el contrario, era un hombre oscuro, gris, reaccionario hasta las médulas y la imagen de establishment político de Washington. A ello contribuyó no poco la imagen que Theodor H White transmitió en su obra The making of the President, que vino a convertirse en poco menos que la obra de cabecera de todo aquel que deseara acercarse a la imagen del trigésimoquinto presidente de los Estados Unidos. Por si fuera poco, las trágicas circunstancias que rodearon la muerte de Kennedy hicieron que la leyenda en vida se elevara ya a la categoría de mito, al igual que ocurrió con figuras como Abraham Lincoln o Alexander Hamilton, este último persona con una innegable capacidad intelectual, pero carente del más mínimo escrúpulo. John Kennedy era, pues, alguien dotado de todas las virtudes, y esa imagen era la que transmitían los medios. Como ocurre siempre, la realidad no era tan sencilla ni tan plana, pues en la construcción de esta biografía los medios de comunicación se habían puesto literalmente al servicio de los Kennedy, algunos de ellos por motivos tan poco elogiables como el haber sido comprados por dicho clan familiar.

Y es que recientemente ha caído en mis manos el impresionante ensayo The real making of the President, de W.J.Rorabaugh, uno de los volúmenes integrantes de la magnífica colección American Presidential Elections que publica la University Press of Kansas. El ensayo es una refutación en su integridad del ensayo que Theodore White escribiera en los sesenta, y para empezar ya se nos advierte que dicho autor formaba parte del grupo de periodistas contratados por Kennedy para seguir su campaña presidencial, lo que ya en principio debería llevar a acoger las tesis de White con las debidas cautelas al estar teñido por una doble parcialidad. Pero cuando uno se adentra en la obra de Rorabaugh comprueba que si la imagen tradicional de Kennedy no era otra cosa que una farsa, la visión tradicional de Nixon tampoco era cierta. Para empezar, aunque se incidía en la juventud de Kennedy, éste tan sólo era cuatro años más joven que su rival en las elecciones presidenciales de 1960. Ideológicamente tampoco eran tan dispares, puesto que si por algo se caracterizaba el entorno Kennedy era por su conservadurismo (Joseph Patrick Kennedy había sido célebre por oponerse a la entrada de los Estados Unidos en la guerra; Robert Kennedy había formado parte del staff del polémico senador McCarthy) y en el ámbito de los derechos civiles el Partido Demócrata tenía mucho menos que ofrecer que los republicanos, pues había sido precisamente el republicano Dwight Eisenhower quien había tenido que imponerse al gobernador demócrata de Arkansas para llevar al debido cumplimiento la sentencia Brown v. Board of Education of Topeka cuando las autoridades estatales se negaron a llevar a efecto la integración escolar, de ahí que Ike optase por federalizar la milicia estatal y a escoltar militarmente a los que desde entonces se conocían como los “nueve de Little Rock”. Tan sólo había una diferencia personal entre Nixon y Kennedy: mientras el primero era un hombre que se había educado en un entorno relativamente humilde y carecía de fortuna personal, el segundo era un potentado que formaba parte de una de las familias más económicamente pudientes del país; buena prueba de ello es que como indica André Kaspi en su popular biografía de Kennedy, el regalo de cumpleaños que Joseph Kennedy otorgó a cada uno de sus hijos al alcanzar la mayoría de edad fue nada más y nada menos que un millón de dólares.

¿Cómo es posible entonces, que el hijo de un millonario, que desde joven padecía serios problemas de salud, con una vida privada llena de infidelidades matrimoniales y que no gozaba de un currículum muy brillante en lo que a la defensa de los derechos civiles atañe ha pasado a la historia como el hombre joven, fuerte, amante esposo y padre pero y, sobre todo, profeta de la igualdad? Pues simple y llanamente gracias a que su familia compró literalmente a los medios de comunicación. No me resisto a transcribir este largo párrafo de la obra citada de Rorabaugh:

The Kennedys were able to keep stories about the vast sums of money and West Virginia´s corruption out of the media. Money, it appeared, could buy votes and manipulate the press into silence. One enterprising reporter from Baltimore Sun wrote and excelent account of the vote buying that he had personally witnessed. He assumed that the story would run on page one but was surprised to find only a watered-down versión in the paper. The independent, family-owned, and undercapitalized Sun could not afford to take on the powerful Kennedys. At the time, Baltimore had a pair of competing newspapers owned by the wealthy  and privately held Hearst Corporation. There had long been ties between the Hearst and the Kennedys, and the Sun could not at that time risk a newspaper war. Publishers had to be alert. Years later, the Republican Boston Herald Traveler was involved in a telecision license scandal. The Publisher suspected that the paper´s corporate counsel had set it up. It was ruined financially and closed, and the Kennedy-oriented Boston Globe became dominant. After the Hearst gossip columnist Igor Cassini irritated the Kennedys, Cassini was indicted on an unrelated matter and had his column killed.

Como se ve, en esta idealización de la figura de Kennedy tuvo mucho que ver la prensa que se rindió a las “poderosas” armas de la familia, que no eran precisamente las virtudes individuales del candidato, sino el color de los billetes que el patriarca del clan se encargó de distribuir generosamente.

En otras ocasiones la construcción y deconstrucción de biografías tiene un matiz más ideológico, aunque sin descartar el componente económico. Baste para ello contrastar el tratamiento que los medios de comunicación han dado a la figura de Barack Obama y a la de Donald Trump. El primero, una persona de innegables dotes comunicativas, que gana en las distancias cortas por su encanto personal, pero que ideológicamente se caracterizó por los vaivenes más extraños, la hipocresía más evidente y por el incumplimiento sangrante de gran parte de su programa electoral. Sin embargo, la presión mediática en su favor era tal que incluso se le otorgó el Premio Nobel de la Paz sin otro motivo que haber sido elegido Presidente de los Estados Unidos, pues apenas llevaba medio año en el cargo cuando se hizo pública la concesión de dicho galardón. El hecho de que continuase la política exterior de Bush (con tan sólo algún que otro retoque formal), mantuviese abierto Guantánamo, e incluso que recriminase a un periodista hispano que osó criticarle levemente en una rueda de prensa espetándole un lacónico “You are in my house”, poco importaron. Por el contrario, Donald Trump es una persona que carece de la más mínima diplomacia, pues si algo le caracteriza es una excesiva logorrea y un escaso (por no decir nulo) respeto a las formas; pero que, hay que reconocérselo, lo que está haciendo es cumplir a rajatabla el programa electoral para el que fue elegido, y en un tiempo record, algo a lo que en Europa en general, y en España en particular, estamos poco acostumbrados, dado que más bien ocurre lo contrario. Sin embargo, no hay día en que los medios (tanto americanos como españoles) adornen el que podría llamarse “rincón de Trump” con todo tipo de críticas, algunas tan chuscas como el hecho de que su hija apareciese sentada en el sillón presidencial flanqueada por su padre y por el primer ministro de Canadá (habría que ver qué hubiese ocurrido si hubiese aparecido de pie y su padre sentado, entonces igual se criticaría el “machismo”).

No obstante, viendo a Trump uno cada vez echa más de menos a Ronald Reagan, que solía desarmar a sus críticos y oponentes con una hilarante anécdota y con su agudo sentido del humor. Quizá la ocasión más célebre tuvo lugar en el tercero de los debates entre Ronald Reagan y su rival, Walter Mondale, y en el seno del cual un periodista reprochó al republicano ser el presidente de más edad, preguntándole si albergaba dudas sobre su capacidad para ostentar el cargo. La respuesta de Reagan fue directa, clara y fulminante, desarmando no sólo al periodista, sino incluso a su rival, que soltó una carcajada por la adugísima respuesta del veterano Reagan: “Not at all…I will not make age an issue of this campaign. I am not going to explote for political purposes my opponent´s youth and inexperience” He aquí el momento, y la imagen de Mondale y del periodista tras esa respuesta dejó ya bien claro que Reagan tenía asegurada la reelección:

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

HERNÁNDEZ v MESA O EL PEOR CASO EN EL PEOR MOMENTO: MÉXICO v ESTADOS UNIDOS EN LOS TRIBUNALES..

Frontera El Paso - Juárez

Este martes día 21 de febrero de 2017 tendrá lugar la vista oral del caso Hernández v Mesa, cuyo resultado puede contribuir a enturbiar aún más si cabe las ya difíciles relaciones que actualmente existen entre los Estados Unidos y México. Porque dicho pleito ha de resolver si un miembro de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos de América, encargado de vigilar la frontera mexicana, puede ser sometido a un proceso para exigirle responsabilidad civil por la muerte a tiros de un adolescente mexicano.

Conviene aclarar al lector que aunque formalmente estamos ante dos ciudades y dos países separados por una frontera, lo cierto es que materialmente se trata de una única ciudad, una especie de gran área metropolitana que por razones históricas se ha repartido entre dos países; quizá nada muestra esa realidad como las imágenes nocturnas (como la que encabeza la presente entrada) donde se ve claramente la división entre ambas zonas. Pues bien, con esa realidad física bien presente, afrontemos los hechos de este delicado asunto.

Los hechos se remontan al 7 de junio de 2010, cuando un grupo de adolescentes pasaban de una zona a otra de la frontera que se sitúa entre las ciudades de El Paso (Estados Unidos) y Juárez (México). Estando en territorio norteamericano, uno de los miembros del servicio de vigilancia americano que se encontraba de patrulla por la zona, llamado Jesús Mesa les da el alto, pero los adolescentes echan a correr hacia la zona mexicana para huir del agente. Todos habían traspasado ya el límite fronterizo y se encontraban en territorio mexicano excepto uno, Sergio Hernández a quien sus compañeros habían adelantado. El agente Jesús Mesa sacó su revólver y disparó, alcanzando al menor y causando la muerte de Hernández. Aquél se encontraba en territorio estadounidense (del que nunca llegó a salir) cuando disparó su arma, mientras que en el momento de ser abatido, Sergio Hernández se encontraba ya en suelo mexicano. Los padres del menor (tenía quince años) de forma inmediata denunciaron un uso abusivo de la fuerza, pero el agente de vigilancia, al defenderse de las imputaciones, demostró que el caso distaba mucho de ser tan sencillo y que los menores podían no ser tan angelicales como al principio se les dibujaba. Porque, en efecto, las autoridades americanas demostraron que habían detenido previamente a Hernández en un par de ocasiones por tráfico de inmigrantes, y que se le había deportado a México precisamente por ser menor de edad. Además, el agente denunciado argumentó que el uso de la fuerza se debía a que todos los menores habían empezado a arrojarle piedras, y que el disparo tuvo lugar mientras varias personas (entre las cuales se encontraba el fallecido) pretendían introducir inmigrantes ilegales en la zona norteamericana, y que el agente fue agredido cuando intentaba detener a un sospechoso. La cuestión se complicó jurídicamente debido a la dualidad jurisdiccional. Los Estados Unidos no podían efectuar investigación alguna, en cuanto el menor no era ciudadano americano y se encontraba en territorio extranjero al ser abatido. Por el contrario, el estado de Chihuahua, en México, inició actuaciones penales frente a Jesús Mesa, solicitando a las autoridades estadounidenses la extradición del mismo, algo que fue rechazado.

Los padres del menor iniciaron un proceso judicial frente al agente fronterizo, interponiendo una demanda en el Juzgado Federal de Texas, argumentando que Jesús Mesa había hecho un uso excesivo de la fuerza y que con ello vulneró la cuarta y la quinta enmienda de la Constitución estadounidense, algo a lo que el demandado se opuso alegando que el menor era un “extranjero sin vínculos voluntarios con los Estados Unidos” y que “se encontraba en Mexico en el momento de ser abatido”. El Juzgado acoge los argumentos de Mesa y rechaza las tesis de los demandantes, al argumentar que la protección constitucional otorgada por la cuarta y la quinta enmienda finaliza en el mismo lugar donde cesa la soberanía estadounidense, y dado que el menor se encontraba en territorio mexicano, no es posible aplicar jurídicamente normas constitucionales americanas en territorio extranjero. Dicha resolución fue apelada y la Sala del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito estima en parte el recurso, argumentando que es posible someter a juicio a Mesa sobre la base de una presunta infracción de la quinta enmienda constitucional (no así la cuarta), utilizando el precedente de Boumedine v. Bush para sortear el problema de la territorialidad. No obstante, un muy dividido Pleno de dicho Tribunal, en una resolución en la que se optó por no reflejar el ponente (es decir, aparece como elaborada per curiam) anula la resolución de la Sala y confirma la tesis del Juzgado Federal estableciendo la imposibilidad de conocer el asunto. Es esta última sentencia la que ha llegado al Tribunal Supremo y cuya vista se celebrará pasado mañana.

Prácticamente desde 1807, cuando Aaron Burr intentó efectuar una razzia en territorio mexicano (entonces aún bajo soberanía española) para empujar a los Estados Unidos a que declarase la guerra a España y tratar de incorporar la vasta extensión de terreno a soberanía norteamericana, han sido muy delicadas las relaciones entre ambos países. Cierto que Aaron Burr tenía motivos ciertamente nada altruistas y que fue sometido a juicio por ello (el presidente Jefferson lo acusó de traición al imputarle nada menos que la intención de secesionar la parte occidental del territorio americano y proclamarse emperador), pero los Estados Unidos no cejaron de tener disputas más o menos larvadas con México. En 1836 un grupo de voluntarios norteamericanos se unieron a los rebeldes que durante trece días mantuvieron a raya al ejército de Santa Ana en el fortín de El Alamo, en la ciudad de San Antonio, sucumbiendo en el ataque final el célebre Davy Crockett. Diez años más tarde ambos países entraron en guerra formal, episodio que en la historiografía estadounidense se denomina precisamente Mexican War y que finalizó con un célebre tratado que sin duda alguna a los lectores de las novelas de El Coyote les sonará familiar: el tratado de Guadalupe-Hidalgo, quedando Texas y la parte norte de California incorporadas a los Estados Unidos, de manera que el Río Grande se convirtió así en la frontera natural de ambas naciones americanas.

Los problemas de inmigración ilegal que sufrían los Estados Unidos llevaron en 1994 al presidente demócrata Bill Clinton a levantar una barrera física entre ambos países (el famoso “muro”). Doce años más tarde, el 26 de octubre de 2006, el presidente republicano George Bush sanciona Act To establish operational control over the international land and maritime borders of the United States, conocida como Secure Fence Act, cuyo texto facilitamos en este enlace. Por cierto, esta norma obtuvo el visto bueno del Senado con 80 votos a favor (54 republicanos y 26 demócratas)  y 19 en contra (1 republicano y 17 demócratas), lo que demuestra que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, no existe la disciplina de partido. Si uno tiene la curiosidad de estudiar uno a uno el voto y la filiación política de cada miembro de la Cámara Alta estadounidense (algo que puede hacer fácilmente en este enlace), sin duda alguna se verá invadido por una creciente perplejidad al comprobar cómo Barack Obama, entonces senador por Illinois, votó favorablemente a la misma, mientras que el otro senador de dicho estado, Richard Durbin, votó en contra; los dos senadores del empire state, los demócratas Hillary Clinton y Chuch Schumer, votaron a favor de la norma; los dos senadores de Delaware, los demócratas Joseph Biden y Thomas Carter, votaron igualmente a favor. John Kerry, senador demócrata por Massachusetts, votó en contra, mientras que el otro senador de dicho estado, el veterano Ted Kennedy, no emitió voto.

La Secure Fence Act es una norma muy breve (cuatro páginas) que aumenta el control de las fronteras, y que acuerda ampliar la construcción del muro fronterizo que había comenzado a levantarse en 1994, y basta para ello una simple lectura de la Sección Tercera, titulada Construction of fencing and security improvements in border aria from Pacific Ocean to Gulf of Mexico. La llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump ha tensado las relaciones entre ambos países, no por el hecho de alzar un muro entre ambos (que, como hemos visto, se había iniciado en 1994 y aumentado su extensión en 2006), ni tan siquiera por terminarlo, sino por el escaso tacto y las continuas baladronadas en el sentido de manifestar una y otra vez que el mismo “iban a pagarlo los mexicanos”, así como por la inaudita grosería de plasmar en las redes sociales que si el Presidente de México (que había anunciado su visita oficial a Estados Unidos) no hablaría sobre el muro y la forma en que iba a pagarlo, “mejor que no fuese“, lo que provocó que el mandatario hispano cancelase la programada visita.

En definitiva, que en momentos de tensión entre dos países fronterizos, cuando sin duda alguna se precisaba una labor de apaciguamiento, llega en el peor momento posible el caso Hernández v. Mesa. Veremos en qué queda.