EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO DE GIJÓN Y EL ACUERDO SOBRE EL BOICOT ISRAELÍ: EL “PECULIAR” CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNABLE.

Juzgado

El reciente pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón sobre el Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) a Israel, ofrece una curiosísima y peculiar concepción de lo que es un acto administrativo impugnable, que casi podríamos asegurar que es privativa de dicho órgano jurisdiccional y circunscrita exclusivamente al concreto asunto enjuiciado. Porque la resolución judicial mencionada sostiene que el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento no constituye un acto administrativo judicialmente impugnable.

Para que el lector tenga una información lo más detallada posible, comenzaremos por describir el acto administrativo impugnado y que da lugar a tan curiosísima sentencia, el devenir procesal de asuntos materialmente idénticos en cuanto a la forma y fondo en los juzgados de lo contencioso-administrativo de Oviedo y la peculiar forma de resolver este asunto en la ciudad de Gijón.

I.- EL ACUERDO IMPUGNADO JUDICIALMENTE.

El acto administrativo objeto de impugnación no es otro que el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Gijón en la sesión ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2016. En concreto, aquel por el que se aprueba la Proposición presentada conjuntamente por los grupos Socialistas, Xixón Sí Puede e Izquierda Unida sobre la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí (sic). En su parte dispositiva dicho Acuerdo establece lo siguiente:

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de la presente Propuesta de Acuerdo, insta al Gobierno Municipal a: 1. Manifestar su adhesión y apoyo a la resolución del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014 por la que se reconoce el Estado de Palestina. 2. Mostrar la solidaridad con la población de los territorios ocupados instando a la ONU a garantizar su protección y a obligar a Israel a cumplir la

legalidad internacional. 3. Declarar el concejo de Gijón/Xixón Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI) y difundirlo entre la ciudadanía, insertando el Sello Espacio Libre de Apartheid Israelí en la página web municipal. 4. Adoptar las medidas legales oportunas para que los procesos de contratación y compra incluyan previsiones que impidan contratar servicios o comprar productos a empresas cómplices de violaciones del Derecho Internacional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 5. –

No suscribir ningún convenio o acuerdo con instituciones públicas, empresas y organizaciones que participan, colaboren u obtengan beneficio económico de la violación del Derecho Internacional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 6. Fomentar la cooperación con el movimiento BDS (Boicot, desinversiones y sanciones), articulado a nivel estatal por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y a nivel auto nómico y local por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

Aunque en sus intervenciones los portavoces de los tres grupos que votaron favorablemente la propuesta intentan disimular su intención argumentando que no se trata de ningún boicot al estado israelí, la verdad es que únicamente les faltó citar explícitamente la frase que en el telefilm El ángel de Budapest se pone en boca del diplomático español Ángel Sanz Briz cuando, para templar una difícil situación ante dos miembros de las SS en Hungría que le reprochan la insuficiencia del gobierno español ante la lucha contra los judíos. Ante ello, Sanz Briz les espeta: “Nuestro país no tiene ningún problema con los judíos….[tras una pausa, y ante la cara de estupor de los dos alemanes, continúa diciendo] les expulsamos hace más de quinientos años.”

II.- LA SITUACIÓN EN LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE OVIEDO.

El Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón se suma otros absolutamente idénticos que varios Ayuntamientos de España han ido adoptando en el último año. En el Principado de Asturias existían dos asuntos objetivamente idénticos que acabaron en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo. Uno, el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Avilés, y otro el que aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Langreo.

1.- En el caso de Avilés, se adoptó un acuerdo similar que fue impugnado judicialmente recayendo el asunto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Oviedo y vez incoado el procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, el órgano judicial acordó suspender cautelarmente el acto. Ante ello, el propio Ayuntamiento da marcha atrás. En un informe jurídico firmado conjuntamente el día 17 de febrero de 2016 por la Secretaria General del Pleno, la Directora de los Servicios Jurídicos y el Abogado que lleva el asunto, tras analizar jurídicamente el contenido del Acuerdo (donde, por cierto, se dice expresamente que no existe causa de inadmisibilidad), se finaliza recomendando el allanamiento, no sólo por ser nulo de pleno derecho el acuerdo, sino porque incluso apunta a que “de no allanarse al recurso y anularse los Acuerdos recurridos, cabe la posibilidad de que personas físicas o jurídicas ejercitasen acciones penales que se solventarían en el procedimiento o procedimientos correspondientes”. Y así ocurrió. La Sentencia 52/2016 de 24 de febrero del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Oviedo dictada en Procedimiento de Derechos Fundamentales 20/2016 estima el recurso contencioso-administrativo anulando el acuerdo, al haberse allanado la Administración. Ofrecemos al lector el Informe jurídico y la Sentencia:

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2.- En el caso del Ayuntamiento de Langreo, el asunto recae en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Oviedo, quien tras suspender cautelarmente el acuerdo, finaliza por Sentencia que estima íntegramente el recurso (en este caso no hubo allanamiento), por entender no sólo que el Acuerdo es discriminatorio por vulnerar preceptos constitucionales, sino que incluso ese tipo de asuntos excede de las competencias legalmente atribuidas al Pleno de la Corporación. He aquí el enlace a la noticia publicada en la prensa.

Añadido a todo lo anterior, el Diario La Ley número 8809 correspondiente al 22 de julio de 2016 publica un editorial titulado El boicot aprobado por diversos ayuntamientos contra el estado de Israel, en entredicho legal por anticonstitucional, donde resume la situación anterior y apunta a que en el caso de Gijón (cuya sentencia, redactada cuatro días antes, aún no se había hecho pública) el Ministerio Fiscal abogaba por la estimación del recurso. El meritado editorial finalizaba afirmando que “Hasta el momento no ha surgido ninguna brecha jurídica relevante sobre la inconstitucionalidad del boicot municipal al estado de Israel. Pero el asunto parece que dista bastante de estar cerrado.”

III.- LA SITUACIÓN EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE GIJÓN.

Llegamos a la  villa de Jovellanos y la peculiar forma de resolver el asunto al oeste del Piles. En el momento de redactar la sentencia, ya se sabe qué derroteros jurídicos han tomado el resto de órganos judiciales en estos temas, que apuntan todos inequívocamente en la misma dirección. Pero en lo que a control judicial de la Administración se refiere, la práctica cotidiana ha demostrado una y otra vez que para administrado la ciudad de Gijón es territorio comanche, y en este caso no estamos ante una excepción. La desde cualquier punto de vista lamentable Sentencia 149/2016 de 18 de julio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón dictada en autos de Protección de Derechos Fundamentales 15/2016 acuerda inadmitir a trámite el recurso por no constituir el acto administrativo impugnado una actuación susceptible de recurso administrativo, pues “la simple propuesta o petición no constituye un acto administrativo recurrible, que no ha llegado a existir” (sic). Se ampara para ello en el artículo 69.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio en concordancia con el artículo 25.1 del mismo texto legal y en la “STS 26-02-1992” (sic).

A la hora de analizar desde un punto de vista estrictamente jurídico la sentencia, podemos efectuar las siguientes reflexiones:

A.- Una primera cuestión de carácter estrictamente procesal. Si se tenía tan clara la causa de inadmisión, ¿Por qué no se hizo uso del trámite de inadmisibilidad previsto en el artículo 117.2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, según el cual “en el supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento” se convocará a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia con ese único motivo, al día siguiente de recibido el expediente en el juzgado? Sólo se me ocurren tres posibilidades, no excluyentes entre sí y a cual más inquietante. La primera, que el juez no se hubiese asomado por los autos hasta que el pleito se declaró concluso para sentencia. La segunda, que intentase ganar tiempo a ver qué decidían sus colegas a la hora de enfrentarse a supuestos objetivamente idénticos. La tercera, una maniobra para dilatar plazos y hacer que se superasen los dos meses desde la adopción del acuerdo impidiendo así la impugnación por vía ordinaria. Aunque cada lector es libre de escoger la opción que desee, personalmente, me inclino por la última de las opciones, y justifico mi elección por el hecho de que no es la primera vez que dicho órgano judicial incurre en ese irregular comportamiento. El lector interesado puede consultar la Sentencia 65/2010 de 17 de marzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso 384/2009, donde precisamente en el seno de un procedimiento de derechos fundamentales, la Sala, aunque en cuanto al fondo niega la existencia de vulneración de derechos fundamentales, desautoriza expresa y rotundamente al meritado órgano jurisdiccional en términos durísimos por un incumplimiento de las normas procesales: “No existe ninguna duda del incumplimiento de lo prevenido en el artículo 117 de la Ley Jurisdiccional […] aunque el Juzgador trata de amparar el cumplimiento del referido precepto en el hecho de poner de manifiesto a las partes la concurrencia de la posible causa de inadmisibilidad del recurso en la misma resolución que declaraba la firmeza del acto que resolvía la cuestión de competencia suscitado, dicha argumentación, ni por el paso del tiempo transcurrido entre la notificación y la declaración de firmeza, ni con el resto de actuaciones llevadas a cabo hasta la referida convocatoria, puede servir para justificar el mencionado incumplimiento establecido por el carácter especial y sumario del procedimiento seguido”; tan es así que la Sala incluso no hace pronunciamiento especial sobre costas “ante la en principio irregular actuación procesal al declarar la inadmisibilidad del recurso una vez transcurrido el plazo previsto para ello en el art. 117 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción”. Primera infracción, pues, de carácter procesal: vulneración clara y manifiesta del artículo 117 de la Ley 29/1998; y además, con el agravante de reincidencia.

B.- Entrando ya de lleno en la causa de inadmisibilidad invocada, ha de partirse de un hecho fundamental, cual es que únicamente no son susceptibles de impugnación los actos firmes y consentidos (artículo 28 de la Ley 29/1998 de 13 de julio). El resto de actuaciones tan solo precisan del agotamiento de la vía administrativa, siempre y cuando no sean actos de trámite, salvo que estos últimos decidan directa o indirectamente el fondo del asunto determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos (artículo 25.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio). Ahora bien, un acto administrativo emanado del Pleno del Ayuntamiento agota la vía administrativa (artículo 52.2.a de la Ley 7/1985 de 2 de abril) y es manifiestamente claro que en el presente asunto no nos encontramos ante un acto de mero trámite. Por tanto, el mismo es claramente susceptible de impugnación. Avala esta tesis que ningún otro juzgado de lo contencioso ha acogido esta peculiar construcción del juzgado gijonés. La sentencia olvida además (y este es un hecho sumamente grave), que según reiteradas sentencias del propio Tribunal Supremo, que se limita a recoger en este la jurisprudencia constitucional, ha de efectuarse una interpretación restrictiva de las causas de inadmisibilidad por cuanto ello afecta al derecho fundamental del artículo 24 de la Constitución; vid, por ejemplo, el fundamento jurídico quinto de la Sentencia de 15 de junio de 2012 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 4302/2011 o el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia de 6 de abril de 2011 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 1786/2007, donde, citando jurisprudencia constitucional, indica sin el menor atisbo para la duda: “De aquí que las causas de inadmisión, en cuanto vienen a excluir el contenido normal del derecho, han de interpretarse en sentido restrictivo después de la Constitución.” Segunda infracción, pues, en la resolución comentada: infracción del artículo 24 de la Constitución por interpretación generosa o amplia de una causa de inadmisibilidad.

C.- Se pretende utilizar de como escudo protector la “STS 26-02-1992” (sic), según la cual “no estamos ante un acto administrativo en sentido técnico como declaración de voluntad o resolución que produzca efectos jurídicos en la esfera o ámbito jurídico de los administrados”. Esta es una maniobra bastante chusca, por cuanto se manipula abiertamente dicha resolución al cercenar una frase para hacerla decir lo que no dice.  Al redactor de estas líneas le parecía tan sumamente extraña tal doctrina que acudió a la fuente original, es decir, a la Sentencia número 632 de 26 de febrero de 1992 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (como no consta número de recurso, citaremos el identificador del CENDOJ: 28079130011992101918), y pudo confirmar lo que hasta entonces era una sospecha: en la cita que de la misma efectúa el órgano judicial gijonés, se omite (¿deliberadamente?) la frase inicial del fundamento jurídico quinto, del que únicamente transcribe lo que le interesa. Porque dicho fundamento comienza diciendo algo muy significativo: “Resulta de lo que se ha expuesto en los fundamentos precedentes que con el Acuerdo cuestionado no se trata de adoptar un acto definitivo y con trascendencia hacia el exterior, sino una instrucción de orden interno con criterios de orientación para la resolución de determinados expedientes.” (los subrayados son nuestros) Y es que el demandante en dicho asunto (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza) impugnaba un Acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Zaragoza relativas a los expedientes de tramitación de licencias y a si los mismos, en aplicación de una normativa autonómica, por qué profesional debían ser informados, y en concreto el acuerdo adoptado fue el siguiente: “Continuar con la tramitación de aquellos expedientes ya presentados. En cuanto a aquellos expedientes que, a partir de esta fecha se inicien, siempre que se trate de nuevos proyectos, modificación o alteración de estructuras, deberá ser forzosamente un técnico superior quien firme dichos proyectos, con las excepciones concernientes a los Ingenieros Técnicos.” Ahora bien, en el caso enjuiciado en Gijón ni nos encontramos ante una simple instrucción y menos aún de una Gerencia Municipal, sino un acto administrativo adoptado por el Pleno, y con innegables efectos jurídicos frente a terceros.

Si se pretendía abordar con un mínimo de rigor jurídico la distinción entre lo que es una actuación administrativa judicialmente impugnable de la que no lo es, hubiera debido acudirse a la algo más reciente Sentencia 798/2000 de 2 de octubre de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictada en recurso número 1927/1997, cuyo fundamento jurídico tercero ofrece este didáctico ejemplo: “Igual que no cabe anular una comida facilitada por la Administración a un interno de un Centro Penitenciario aunque aquélla no reúna las condiciones que exige el Reglamento Penitenciario , ni anular el tratamiento dispensado por un hospital de la Seguridad Social por muy defectuoso e incorrecto que el mismo sea, ni anular un transporte de viajeros efectuado por una empresa municipal por mucho retraso que el mismo tenga y por muchos que hayan sido los preceptos vulnerados del Código de la Circulación o de la Ley de Seguridad Vial, tampoco cabe la anulación, por vía de la revisión de oficio, del envío de un telegrama. La comida ilícita, el tratamiento sanitario defectuoso, el transporte ilegal o la tramitación de un telegrama cabrá que se suspenda pero una vez ejecutados no cabe que se puedan, jurídicamente, ver anulados. Si es posible que, en ciertas condiciones, la comida, el tratamiento sanitario, el transporte o la tramitación de un telegrama puedan ser contrarios al Ordenamiento Jurídico y, en ese caso, podrá basarse en estos hechos una responsabilidad patrimonial de la Administración encargada de la prestación del servicio público pero, desde luego, lo que no cabe es que se anulen por mucho que el servicio se haya prestado de manera ilícita por la sencilla razón de que no constituyen actos administrativos.” Tercera infracción material de la sentencia: infracción de la jurisprudencia.

D.- En el penúltimo párrafo del interminable fundamento jurídico segundo sumerge al lector aún más (si ello es posible) en el abismo de la sorpresa, pues manifiesta que “en realidad solo contiene una petición dirigida a otros órganos del Ayuntamiento distintos del Pleno para que sean ellos los que lleven a cabo la actuación que se les pide. De esta forma se traslada a dichos órganos la decisión sobre los puntos propuestos. Dicha decisión, sí podría originar un acto administrativo, en el sentido de producir efectos jurídicos vinculantes para los destinatarios del mismo.” Para empezar, de una atenta lectura de dicho párrafo veremos que ni el propio juzgador parece tener claro si esa “petición” del Pleno es o no vinculante para la Alcaldía; una lectura conjunta de la resolución judicial permitiría inclinarse por el no, pero también podría argumentarse que el Pleno no puede ir más allá porque las competencias materiales son de la Alcaldía y no de aquél, es decir, que el Pleno únicamente toma la decisión y la Alcaldía sería la encargada de llevarla a cabo. No obstante, a este respecto, la resolución judicial comentada no sólo es jurídicamente muy cuestionable, sino lo que es peor, materialmente absurda. ¿Qué ocurre entonces con una sanción económica impuesta por una Administración a otra (por ejemplo, de la Administración del Estado a una Administración autonómica o local? Dado que en ese supuesto no existen efectos “para los administrados” ¿Nos encontramos ante una sanción no impugnable en vía judicial?

Si en la sentencia se hubiese resuelto inadmitiendo el recurso por falta de legitimación activa, argumentando que como el destinatario único del acto impugnado era el Gobierno municipal únicamente éste se encontraba legitimado para impugnarlo, con ser una tesis equivocada todavía habría tenido un pase. Pero argumentar que no se está ante un acto administrativo impugnable sobrepasa con creces la frontera de lo absurdo.

E.- Con todo lo anterior, la Sentencia evita pronunciarse sobre un asunto clave que, sin duda alguna, supondría una incomodidad para el titular del juzgado: verificar si el Pleno de un Ayuntamiento tiene competencia para adoptar un acuerdo sobre la materia en cuestión, algo que sí han efectuado otros órganos judiciales pronunciándose en sentido negativo.

4.- CODA.

A la vista de lo anterior, parece claro y manifiesto que la sentencia no puede explicarse en términos estrictamente jurídicos, pues hemos visto que todos los órganos judiciales, sin excepción, van en un y tan sólo la sentencia comentada en este post va como el kamikaze, en el sentido contrario de la marcha. ¿Cómo explicarse, pues, la situación? Acudiendo a un viejo aserto de Sherlock Holmes: “when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth” (cuando se ha eliminado lo imposible lo que queda, por improbable que parezca, ha de ser la verdad). Uno de los primeros consejos que ofrece a los letrados el fallecido juez Antonin Scalia, en el libro Making your case: the art of persuading judges, escrito en colaboración con Bryan A. Garner (obra excelente que conjuga un enorme sentido práctico con brevedad expositiva, y que debería ser libro de cabecera de todo abogado) es que se informen de la personalidad y las tendencias del juez que ha de conocer el asunto (información mucho más accesible en los Estados Unidos que en nuestro país. Sin entrar en cuestiones estrictamente personales, basta consultar la jurisprudencia del órgano judicial en cuestión para observar que la misma más que deferencia hacia el ejecutivo se caracteriza por una reverencia más cercana al genuflexo hacia los entes públicos. En estas circunstancias, el planteamiento ha de efectuarse de esta manera: ¿Habría alguna manera de evitar ser la voz discordante entre la judicatura sin desautorizar a la Administración? ¿Existiría algún medio de compatibilizar que la cabra pueda comer las coles sin que las coles ahoguen a la cabra? La respuesta a tales interrogantes nos la ofrece uno de los célebres títulos del comediógrafo Miguel Mihura: Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario. El órgano judicial se retrae no entrando en el fondo del asunto por un ardid técnico procesal, evitando así en el fondo dar la razón al demandante pero sin quitársela tampoco a la Administración. Quizá el redactor de la sentencia barruntó que si en el caso Marbury v. Madison el entonces chief justice efectuó una maniobra jurídica similar (acogerse a un tecnicismo formal y no entrar en el fondo) para evitar un conflicto abierto con el Presidente de los Estados Unidos, lo que valió en Washington D.C en 1803 bien pudiera servir para Gijón en el año 2016. Ahora bien, desgraciadamente ni el titular de dicho juzgado llega ni por asomo a la altura jurídica de John Marshall, ni la sentencia comentada tuvo los efectos que el célebre caso americano, dado que si éste logró robustecer a la larga el prestigio del Tribunal Supremo, aquella ha logrado exactamente todo lo contrario. Es más, ni tan siquiera acudiendo a la doctrina jurisprudencial estadounidense de las “mayor questions” como excepción a la doctrina chevron de la deferencia judicial hacia el ejecutivo (aspecto éste al que dedicaremos nuestro siguiente post) sería explicable esta sentencia, pues si aquélla pretende avocar para los jueces la decisión en tales asuntos, en el presente caso parece haberse efectuado una versión castiza o chusca de tal doctrina para aumentar más si ello cabe el grado de impunidad de la Administración.

En fin, que todo este asunto evoca sobremanera una escena de la ciertamente desigual película The Life and Times of Judge Roy Bean, el film que sobre el legendario personaje dirigiera John Huston en 1972. Cuando un ciudadano afea al juez que éste disparara por la espalda a un detenido, con lo cual no le había ofrecido la más mínima oportunidad de defensa, Bean no sólo reconoce que, en efecto, no le ha dado posibilidad alguna, sino que va más allá al enunciar toda una declaración de principios que inspiran su actuación como juez: “Si alguien quiere una oportunidad, que vaya a otro sitio.” Aunque si algún ejemplo cinematográfico ilustra a la perfección esta sentencia no es otro que aquélla célebre escena del imperecedero clásico The man who shot Liberty Balance, en la que el bandido que da título al film entra con sus secuaces en el mesón del pueblo: ante un previsible conflicto, el sheriff Link Appleyard, encargado de mantener el orden en la ciudad, interrumpe súbitamente su cena, se coloca raudo el sombrero y se apresura a huir por la puerta de atrás. He aquí la secuencia completa en su versión original:

THE BEST MAN: DIGNIDAD POLÍTICA v POPULISMO DEMAGÓGICO EN LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE.

The best man

Seguimos aprovechando este tirón vacacional para revisar películas clásicas, y si en nuestro anterior post reseñábamos el film Advise and consent, y las maniobras políticas que tenían lugar en el interior de las instituciones de Washington relativas a la confirmación de un candidato a ocupar el puesto de Secretario de Estado, en esta ocasión analizaremos otra película que aborda igualmente la política norteamericana, pero en esta ocasión centrada no en el seno de las instituciones, sino en la convención de un partido que ha de elegir a su candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El film en cuestión es The best man (en esta ocasión el traductor español respetó literalmente el título al traducirlo como El mejor hombre), la adaptación cinematográfica que en 1964 Franklin J Shaffner (que tan sólo cuatro años más tarde dirigiría la primera versión de Planet of the apes) hiciera de la obra dramática de Gore Vidal que con tanto éxito se había estrenado en Broadway.

Washington, convención de uno de los dos grandes partidos (sin que ni el film ni la obra de teatro especifiquen claramente cual de los dos). Son cinco las personas que pretenden alzarse con la nominación presidencial, siendo decisivo el apoyo del presidente Art Hockstader (Lee Tracy, que repite el papel que con éxito encarnara en los escenarios de Broadway). De entre los cinco candidatos, son dos los destacados: el secretario de Estado, William Russell (magnífico Henry Fonda, en un papel que en la versión teatral encarnaba el legendario Melvyn Douglas) y el senador Joe Cantwell (Cliff Robertson, que hereda un papel interpretado en los escenarios por Frank Lovejoy, que había fallecido pacíficamente mientras dormía un par de años antes). Russell es un hombre honrado, un intelectual que pretende efectuar una campaña centrado en el mensaje y en la ética política. En el otro extremo, Cantwell es un político sin escrúpulos que agita el miedo y que no duda en jugar sucio para allanarse el camino a la Casa Blanca. En los primeros minutos del film nos enteramos que el presidente en funciones, Art Hockstader, está muriendo, y pese a que inicialmente tenía previsto otorgar su apoyo a Cantwell (al creer que la honradez de Russell puede ser precisamente un obstáculo para impedirle tomar decisiones arriesgadas en momentos cruciales) cambia de opinión después de un tenso encuentro con el candidato, dejando así oficialmente la convención abierta sin candidato oficial, pero maniobrando entre bastidores a favor de Russell. Ya iniciada la campaña y al pelear por los votos de los delegados estatales, nos enteramos que Cantwell ha obtenido por medios ilícitos un informe sobre la salud mental de su principal oponente, quien poco tiempo atrás había sufrido una crisis nerviosa de la que hubo de ser tratado médicamente. Pese a lo ilícito de su origen y lo dudoso de su contenido, Cantwell se decide a utilizarlo facilitando una copia del mismo a cada una de las delegaciones estatales. No obstante, pronto la situación da un giro cuando el asesor de campaña de Russell encuentra un testigo que puede acreditar que el senador Cantwell, adalid del pensamiento ultrareligioso y paladín de la moralidad, ha tenido relaciones homosexuales durante la guerra. Russell se plantea si realmente ha de utilizar esa información y caer tan bajo como Cantwell lo que le lleva a una reflexión más profunda: si ha de combatir la indignidad con indignidad o mantenerse fiel a sus principios éticos. Aunque el presidente Hockstader le insta a que use esa información contra su rival, incluso advirtiéndole que de no hacerlo ello implicaría que no está preparado para estar en la alta política, Russell duda……

La obra plantea una de las cuestiones más profundas que subyace en el mundo de la alta política: dignidad y honradez frente a populismo demagógico y rastrero. Ningún rostro mejor que Henry Fonda para encarnar la integridad moral y apego a los principios de la ética política que representa William Russell (que según Gore Vidal está inspirado en Adlai Stevenson, quien por tres ocasiones fue un serio aspirante a lograr la nominación demócrata para la presidencia, siendo derrotado en las tres ocasiones por otros candidatos). En el otro extremo, Cliff Robertson da ese aire de demagógico populismo, incluso diríamos fanatismo que representa Joe Cantwell, que curiosamente no responde a una sola persona, sino a varias distintas y de varios partidos. Es evidente que tiene mucho de Richard Nixon en lo que se refiere al uso de la imagen y en el hecho de que, a diferencia de otros candidatos que provenían de alta cuna, tenía orígenes humildes (de hecho, en una escena del film el personaje de Russell apunta claramente a esa identificación cuando dice que “a este hombre no le compraría un coche usado”), pero también tiene no poco de Joseph McCarthy (agitación indiscriminada del miedo comunista) y, sorpresa sorpresa, de John Fitzgerald Kennedy, quien según parece retiró el saludo a Gore Vidal y rehusó todo contacto con él tras el estreno de la obra.

Las maniobras rastreras de Cantwell que desbordan con creces los límites de la moral y la legalidad, los juegos entre bambalinas de un muy enfermo presidente Hockstader (en esta ocasión, dentro de los límites del juego político tradicional, limitándose a actuar según las reglas de la oferta y la demanda a la hora de buscar apoyos) y el deseo de Russell de mantener su candidatura impoluta de toda sombra de sospecha de inmoralidad son el eje central de la obra, y las dos confrontaciones directas entre Russell y Cantwell, así como la conversación final entre el primero y un literalmente moribundo presidente Hockstader no tienen desperdicio. El desenlace sin duda alguna no dejará indiferente a nadie…

Otra gran obra cinematográfica ambientada en la política norteamericana. Imprescindible.

TEMPESTAD SOBRE WASHINGTON: VIBRANTE MUESTRA DEL CINE POLÍTICO.

Advise-and-Consent

Quien desee no sólo conocer el funcionamiento básico del sistema institucional norteamericano a la vez que pasar dos horas y veinte de auténtico entretenimiento, sin duda alguna no puede perderse el visionado de la magnífica Advise and consent (nuevo atentado del traductor español, dado que se distribuyó en la península bajo el título Tempestad sobre Washington), que dirigió en 1962 el gran cineasta Otto Preminger. El film adaptaba a la gran pantalla la novela homónima de Allen Drury, un cronista político estadounidense que había obtenido con dicha obra el premio Pulitzer. Curiosamente, aunque ninguno de los protagonistas de la novela son reales, sin embargo todos están basados en algunos relevantes miembros de la clase política norteamericana, y todas las situaciones descritas en la novela están sacadas de episodios reales auténticos a los que Drury se enfrentó como cronista político.

La trama de la película es aparentemente sencilla: el Presidente de los Estados Unidos (Franchot Tone) a quien jamás se le designa por el nombre, aunque casi al final de la cinta uno de los personajes se dirige a él como “Chuck” (en el doblaje español por ignotas razones se muta este diminutivo por el nombre “John”-) pretende nombrar a Robert A. Leffingwell (un Henry Fonda muy elegante en su sobriedad interpretativa) como Secretario de Estado, pero la intención presidencial choca con el necesario y constitucionalmente imperativo consentimiento del Senado (el principio constitucional del “advise and consent” que da título a la novela y al film) y se da la circunstancia de que el mismo partido al que pertenece el Presidente, y que es mayoritario en la Cámara, se encuentra muy dividido sobre el tema, entre otras cosas porque Leffingwell, una persona íntegra y alejada del mundo político que además tiene un elevado sentido del honor, no es ciertamente un hombre “de partido”. Robert Munson (magnífico Walter Pidgeon), senador por Michigan y majority leader, es el encargado de llevar a buen puerto el designio presidencial, ayudado para ello por su fiel escudero el senador Stanley Danta (Paul Ford), así como por Lafe Smith (Peter Lawford) senador por Rhode Island. Sin embargo, en la propia formación mayoritaria surge la voz de  Seabright Cooleigh (el gran Charles Laughton en su última aparición cinematográfico), veterano senador por Carolina del Sur (“Le atemoriza a uno. Cuarenta años en el Senado”, según dice su correligionario senador Stanley Danta), que en este caso une su voz a la del partido minoritario, tanto por un evidente desfase generacional como por un rechazo personal hacia el nominado, quien en el pasado le había humillado políticamente. Dado que el nombramiento no es automático, el asunto ha de ser sometido previamente a su conocimiento por el Pleno al debate y votación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que a su vez nombra un Subcomité para cuya presidencia es designado el senador Brigham Anderson (Don Murray), senador por Utah, frustrando así los deseos del senador Fred Van Ackerman (George Grizzard). En el seno de los procedimientos senatoriales en el subcomité, donde queda patente que Leffingwell tiene criterios propios y muy particulares (al sostener que no en todos los casos es necesario un conflicto bélico para solventar una disputa entre dos naciones), surge un foco de conflicto al comparecer como testigo Herbert Gelman (Burgess Meredith), quien acusa a Leffingwell de ser comunista. A partir de entonces la situación se desgrana en múltiples hilos argumentales: los deseos del senador Cooleigh por explotar dicho argumento para boicotear el nombramiento de Leffingwell, la tozudez del Presidente en sostener el nombramiento, el difícil equilibrio en el que ha de mantenerse el senador Bob Munson para lidiar con tan compleja situación, y la propia desventura del presidente del subcomité, el senador Anderson, que se ve sometido a un chantaje para que de luz verde a la designación de Leffingwell. Todo ello aderezado con brillantes sesiones en la Cámara Alta estadounidense. La última media hora, donde se solventan de un plumazo el resultado del chantaje y el designio final del aspirante a Secretario de Estado, es realmente apasionante.

Al comentar esta película, el jurista Miguel Ayuso dijo en cierta ocasión que el sistema norteamericano “te entra visualmente”. Y es cierto. No sólo porque gran parte de la cinta está ambientada en el interior de la Cámara del Senado (para recrear el cual se retomaron los decorados de la clásica Mr Smith goes to Washington), sino porque a través de sutiles comentarios deslizados en el momento oportuno se vienen a explicar reglas procedimentales y principios y normas constitucionales. Por ejemplo, que el vicepresidente de los Estados Unidos es Presidente nato del Senado pero que no es senador y únicamente vota en caso de empate, o que por ejemplo la llamada a quorum suspende todas las intervenciones. Pero muestra igualmente que en la alta política de Washington hay lugar para la honestidad a toda prueba y para las bajezas más abyectas, así como para la expiación sincera de las culpas. Buena prueba de ello son las intervenciones finales del senador Cooleigh entonando de manera brillante un mea culpa y solicitando expresamente el perdón de la cámara, y la réplica del senador Munson, no menos emotiva y donde recoge el guante lanzado por su correligionario a quien rehabilita ante todos sus colegas. De la misma forma que niega el perdón final al senador que había perpetrado el chantaje a Brigham Anderson, a quien lanza una de las filípicas más duras que se recuerdan al hacerse precisamente enfatizando la libertad: “En el Senado lo toleramos todo: prejuicios, fanatismos. El Senado está para tolerar la libertad. Pero usted nos ha deshonrado […] Afortunadamente nuestro país logra sobrevivir a patriotas como usted. Podríamos solicitar un voto de censura y expulsarle, pero conviene que las flaquezas de Brigham Anderson no salgan a relucir. Sean las que fueran. Se puede usted quedar solo….con su vergüenza!”

Lo cierto es que esta película tiene anécdotas curiosas y situaciones ciertamente divertidas. Por ejemplo, el personaje de Lafe Smith está lejanamente inspirado en John Fitzgeral Kennedy, y el actor que lo encarna, Peter Lawford, era miembro del clan Kennedy al emparentar por vía de matrimonio con dicha familia. Por cierto, que la presentación del senador no tiene desperdicio: cuando el majority leader se dirige al cuarto del senador Smith para solicitar su apoyo a Leffingwell y ve salir del mismo a una joven muy elegante, Bob Munson pregunta a Smith por qué no regulariza su situación, a lo que éste responde: “Perdería mi puesto. Fueron las mujeres solteras las que me votaron.” El personaje muy secundario del vicepresidente (que encarna Lew Ayres) le fue ofrecido nada menos que a Richard Nixon, que había ostentado el cargo entre enero de 1953 a enero de 1961 y que acababa de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 1960. Aparece en un papel muy secundario la “chica de oro” Betty White en el que fue su debut cinematográfico. Hay auténticos senadores estadounidenses que tienen cameos en el film, y uno de los más divertidos es el del casi nonagenario Henry Fountain Ashurst (que, al igual que Charles Laughton, fallecería poco después de finalizar el rodaje) en el divertido rol del senador McCafferty, que siempre se queda dormido y que, al ser despertado, siempre lo hace al son de la frase: “Me opongo. Me opongo rotundamente.”

En definitiva, una magnífica película que sirve de forma indubitada para mostrarnos el funcionamiento básico del sistema institucional estadounidense. No se la pierdan!!!!!

MALDAD BAJO EL SOL.

Evil under the sun

Estos días del mes de agosto en el que los juristas bien cierran las oficinas o bien disminuyen su actividad debido a la consideración general de dicho mes como inhábil (salvo excepciones) a efectos judiciales, no sólo conviene aprovecharlo para afrontar esas lecturas pendientes que durante el año la cotidiana actividad profesional ha impedido abordar, sino para revisitar algunas de aquéllas películas clásicas que por cualquier razón, quedaron grabadas en nuestra memoria. Hoy quisiera compartir con los lectores del blog una de ellas, la no tan antigua Evil under sun, dirigida en 1982 y que adaptaba a la gran pantalla la novela homónima de la inmortal Agatha Christie.

La obra, dado que se trata de una adaptación de la célebre autora de misterio, tiene las tres características fundamentales de sus obras: un crimen, un número reducido de sospechosos y un investigador profesional ajeno a las fuerzas del orden que trata de poner su intelecto al servicio de la resolución del crimen. En este caso, el crimen no tiene lugar en el interior de un recinto cerrado (la biblioteca o el dormitorio de una mansión), sino en la playa de una isla donde un grupo de personas pasa sus vacaciones. La asesinada es la célebre artista de vodevil Arlena Marshall (Diane Rigg), estrangulada mientras tomaba el sol en la playa. La particularidad del caso es que en esta ocasión todos tenían motivos para desear la muerte de la actriz: su segundo marido, Kenneth Marshall (Dennis Quiley) quien veía cómo su esposa coqueteaba de manera nada indisimulada con el joven Patrick Redfern (Nicholas Clay), sin que éste considerase un impedimento que su propia esposa, Christine (Jane Birkin) le acompañase en las vacaciones. Pero también eran sospechosos el amanerado Rex Brewster (magnífico Roddy McDowell), quien había terminado una biografía de Arlena cuya publicación ésta había vetado; Odelle Gardner (James Mason, en una de sus últimas apariciones), productor de la obra que se fue a pique cuando Arlena, principal intérprete, la abandonó súbitamente; y sir Horace Blatt (un Colin Blakely que tan sólo tres años antes había encarnado a Watson en Private life of Sherlock Holmes, la cinta dirigida por Billy Wilder y que fue gravemente mutilada para reducir su metraje) millonario y antiguo amante de Arlena a quien había regalado un brillante de cincuenta mil dólares que ésta le sustituyó por una falsificación una vez roto el compromiso matrimonial entre ambos. Incluso la dueña del hotel donde todos residen, Daphne Castle, tenía motivos, pues era una antigua rival de Arlena en los escenarios. Afortunadamente, entre los huéspedes del establecimiento residencial se encuentra el detective belga Hercule Poirot (inconmensurable el gran Peter Ustinov) quien con la ayuda de sus “células grises” tratará de desentrañar un misterio aparentemente insalvable: cómo es posible que una mujer fuera asesinada en una playa sita en un extremo de una isla cuando todos los sospechosos pueden acreditar mediante testigos que en el momento que se perpetró el crimen se encontraban en la otra punta de la ínsula que, sin ser muy lejana, sí se encontraba a una distancia considerable. Como siempre, Poirot no decepciona.

Esta era la segunda ocasión en que Peter Ustinov se metía en la piel de Hercule Poirot, tras hacerlo por vez primera cuatro años antes en Death on the Nile tras la negativa de Albert Finney a repetir el papel que desempeñara en Murder in the Orient Express. Para el público de finales del siglo XX y principios del XXI sin duda alguna la figura del peculiar detective belga estará ligada al actor David Suchet (quien, curiosamente, encarnó al inspector Japp en la adaptación de Lord Edgware dies, donde Ustinov encarnaba de nuevo a Poirot; justo es decir que Suchet manifestó con posterioridad que su interpretación de Japp era manifiestamente mejorable), pero lo cierto es que Ustinov aporta a Poirot un rasgo que Suchet no logra del todo inculcarle: sentido del humor. Pese a que, en efecto, no estamos ante un Hercule Poirot como el que aparece en las novelas de Christie (al estar dulcificada su egolatría, su evidente sensación de superioridad así como sus manías y excentricidades) Ustinov supo dotarle de un aura humorística con su simple presencia, algo a lo que sin duda alguna contribuyó la personalidad del actor, que poseía un gran sentido del humor.

La película cuenta también con la presencia de dos grandes damas de la escena británica (Maggie Smith y Diane Rigg) así como con dos grandísimos intérpretes de la misma nacionalidad: James Mason y Roddy McDowell. A ello se une que los exteriores de la película se rodaron en la isla de Mallorca, y que cuenta con una deliciosa música de Cole Porter.

No estamos, evidentemente, ante una obra maestra de esas que copan las listas de grandes clásicos imperecederos. Pero es sin duda alguna una cinta que merece verse, que sin duda no decepciona y que proporcionará dos horas de entretenimiento donde el espectador puede intentar rivalizar con el inmortal detective belga para averiguar la identidad del asesino. La escena, ya cerca del final, donde un Hercules Poirot con gorra, bastón, bombachos y polainas recorre, cronómetro en mano, la distancia que separa ambos extremos de la isla para comprobar su teoría, mientras como música de fondo suena un Begin the Beguine es sinceramente deliciosa. Como hilarante es aquélla otra en la que el detective, con gorra y llamativo batín, desciende las escaleras de la playa para darse un baño marino……ciertamente peculiar.

DECLARADA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS TASAS JUDICIALES POR VULNERAR EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

Tasas

A punto de acabar el año judicial, cuando miles de profesionales de la abogacía se preparan para las ansiadas vacaciones tras once meses de duro trabajo, acaba de publicarse una noticia largo tiempo esperada en el mundo vinculado a la Administración de Justicia. Y es que, en efecto, acaba de saltar en mi móvil una alerta del diario El español, y al abrirla no pude menos que congratularme por el contenido del titular: El Tribunal Constitucional salva a las pequeñas y medianas empresas del “tasazo” judicial, añadiendo que “El Tribunal Constitucional tumba, por su desproporción, las tasas impuestas a las personas jurídicas para acceder a la Justicia.” No obstante, cuando del titular se pasa al contenido de la noticia, la ilusión se va diluyendo poco a poco como azucarillo en agua. Bien es cierto que aún no está disponible el texto de la sentencia, pero ya se pueden extraer varias conclusiones que hacen de la noticia algo más bien agridulce. Y es que, en efecto, del texto de la noticia se pueden extraer varias conclusiones:

1.- La absoluta ineficacia de la justicia constitucional concentrada. En efecto, desde que la Ley 10/2012 de 20 de noviembre se publicó y entró en vigor y desde que tiene lugar la entrada en el registro del Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, han transcurrido más de tres años y medio. Período éste en que las personas físicas y jurídicas han tenido que ir abonando unas cantidades por un tributo que ahora se considera inconstitucional. Tres años y medio en que, digámoslo abiertamente y sin tapujos, el Estado se ha financiado ilegalmente. Y además, de forma inmoral, porque cuando se aprobó la norma hoy declarada inconstitucional el nefasto y nefando titular de la cartera de Justicia motivó su imposición alegando que lo recaudado con ellas iría a financiar el sistema de Justicia Gratuita, afirmación que demostró ser una filfa, como se desprende de una nota informativa emanada del propio Gabinete del Ministro. Tres años y medio en que el Tribunal Constitucional ha estado mareando la perdiz. Tres años y medio que contrastan sobremanera con la media de dos años que un asunto tarda en la otra orilla del Atlántico en llegar desde un simple juzgado al Tribunal Supremo (es decir, tres instancias), y con la peculiaridad de que en la primera instancia, es decir, en el propio juzgado federal su titular puede no sólo suspender cautelarmente la norma legal, sino declararla inconstitucional. Justicia retardada es justicia denegada, dice el aforismo, y estamos ante un claro ejemplo de justicia denegada.

2.- Se dice que el Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso. Es posible que dicho órgano haya tenido en cuenta que el Real Decreto-Ley 1/2015 de 27 de febrero dulcificase algo la norma al incluir una exención subjetiva para las personas físicas, manteniendo sin embargo el rigor para las jurídicas.

3.- No se declara la inconstitucionalidad de las tasas per se, sino por lo elevado de la cuantía, que en la práctica supone un claro elemento disuasorio que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. En este punto el Tribunal Constitucional es coherente con su jurisprudencia. La propia Exposición de Motivos de la Ley 10/2012 citaba expresamente la Sentencia 20/2012 de 16 de febrero del Pleno del Tribunal Constitucional, que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de primera instancia de La Coruña frente a un precepto de la Ley 37/2002 de 30 de diciembre. El Tribunal, tras comparar las tasas judiciales existentes con anterioridad a la Constitución (que, no olvidemos, tenían una vinculación económica dado que “el producto de las tasas judiciales debía aplicarse a remunerar a los funcionarios de la Administración de Justicia”), no declara incompatible con el texto constitucional el establecimiento de tasas judiciales, pero en el fundamento jurídico décimo de dicha resolución establecía un límite infranqueable para el legislador, límite que enunciaba de la siguiente forma: “Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 7. En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, SSTEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia, as. 40765/02; y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, as. 35123/05).”

5.- Según indica la noticia comentada, “El TC critica que ese gravamen se haya impuesto sin ni siquiera un estudio económico que permitiera comprender las cuantías asignadas y considera que el objetivo de que la Justicia se financie de forma mixta -con el erario público pero también con la aportación específica de aquellos que más la utilizan- no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental como es el del acceso a la Justicia en cualquiera de sus vertientes .Para el Constitucional, la cuantía de las tasas “no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, para los cuales resulta excesiva“. Y considera la cuantía de las tasas en todos los órdenes, tanto para la instancia como para los recursos de apelación y casación, excesivas. Y lo hace tanto en su elemento fijo como variable.

6.- Ahora bien, tras la zanahoria viene el palo en forma de camino sin retorno de las tasas ya abonadas. Y aquí el Tribunal Constitucional hace honor a su fama al acudir a dos argumentos extrajurídicos, uno de ellos ciertamente peculiar. En primer lugar alude, cómo no, al “perjuicio que causaría a la Hacienda Pública” las devoluciones; pero, en segundo lugar, y siempre según la noticia, añade este curioso razonamiento: “el hecho de haber abonado la tasa, al margen de las dificultades personales que ello supusiera, significa que se accedió a los tribunales y, por tanto, la devolución de lo pagado no resulta necesaria para reparar el derecho fundamental concernido, indica el Constitucional” (sic, el subrayado es nuestro). En primer lugar, es de lamentar que el penoso argumento de las “dificultades para la Hacienda Pública” sea el comodín utilizado por los distintos órganos judiciales patrios para eximir de una reparación íntegra a los ciudadanos en determinados supuestos (recuérdese, por ejemplo, que la Sentencia 241/2013 de 9 de marzo de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictada en recurso número 485/2012 limita la eficacia retroactiva de la sentencia en las cláusulas suelo debido a que: “Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico.”) Pero el segundo de los argumentos utilizados por el Tribunal Constitucional es digno de su (mala) fama. Decir que aun reconociendo dificultades personales no existe derecho a devolución porque no resulta necesario para el derecho constitucional concernido es como decir que si un ciudadano sufre un robo en sus carnes pero la policía recupera lo robado no tiene derecho a ejercer una acusación porque, al fin y al cabo, en lo que le concierne fundamental y personalmente (privación de la propiedad) hace innecesario el enjuiciamiento del atracador. Digno, muy digno y atinado argumento el esgrimido por el máximo intérprete del texto constitucional.

En resumen, que tras casi cuatro años de peregrinaje, donde en muchos supuestos hubo personas (tanto físicas como jurídicas) que no acudieron a la vía judicial por el elemento disuasor, nos encontramos con una sentencia que reconoce en efecto, nos encontrábamos ante una norma que distorsionaba el sistema al dificultar el acceso a la tutela judicial efectiva. Pero que quienes lograron acceder a la misma, aun a costa de sacrificios personales y patrimoniales, no tienen derecho a recuperar lo obtenido. En definitiva, que, parafraseando a San Agustín, en este caso el Estado ha demostrado ser una cueva de ladrones.

Una última reflexión. Según indica la noticia comentada, “el TC critica que ese gravamen se haya impuesto sin ni siquiera un estudio económico que permitiera comprender las cuantías asignadas.” Aunque nos encontramos ante un texto legal y, por tanto, la responsabilidad última de su aprobación recae en el Parlamento o, más concretamente, en quienes votaron a favor de la misma (en este caso un único grupo político que contaba con mayoría absoluta) debería plantearse de alguna forma la posible responsabilidad no sólo de quienes aprobaron el texto legal, sino, fundamentalmente, de sus promotores. Y no deja de ser hilarante que el máximo responsable del engendro vaya ahora de turismo jurídico a otros países para defender a presos políticos argumentando que se ha vulnerado el “derecho a la tutela judicial efectiva”, y ello porque un argumento válido puede volverse del revés y ser perjudicial cuando es defendido por determinadas personas con escasa autoridad moral para esgrimirlo, algo que ocurre con el anterior titular del ministerio en cuestión.

EJERCICIO DE LA PRERROGATIVA DE GRACIA Y POLICÍA DEL DOMINIO PÚBLICO: DOS LECCIONES DE JOHN JAY COMO GOBERNADOR DE NUEVA YORK.

John Jay

Corrían los últimos años del siglo XVIII cuando John Jay, gobernador del estado de Nueva York, se enfrentó a un asunto muy peculiar. Un ciudadano había sido declarado culpable de falsificación y condenado a cadena perpetua. El padre del condenado, un soldado veterano mutilado en la guerra contra los ingleses, acudió a la residencia del gobernador con numerosas peticiones de clemencia, e incluso funcionarios y personas cercanas a la máxima autoridad estatal abogaron en defensa del condenado. John Jay no tenía duda alguna: se imponía una distinción entre sus convicciones personales y sus obligaciones como gobernador del estado.  Si a nivel particular en efecto, Jay se hubiese inclinado hacia el perdón, como gobernador su deber estaba bien claro: el condenado había sido declarado culpable y perdonarlo sobre la base de las recomendaciones que se efectuaban hubiera sentado el principio que los hijos de padres eminentes podrían cometer delitos impunemente, de tal forma que el culpable que tuviese la suerte de tener poderosas influencias o contactos tendría mayor benevolencia que aquellos que careciesen de tales amistades. En consecuencia, rehusó ejercer la prerrogativa de gracia. En otra ocasión en que le fue solicitado el indulto para otro condenado, Jay pronunció varias frases que deberían estar grabadas a fuego en la memoria de todos aquéllos que en alguna ocasión han de enfrentarse a la prerrogativa de gracia: “La prerrogativa de indulto está constitucionalmente otorgada al Gobernador para ejercerse sobre la base de la prudencia y la discreción, no sobre la de los deseos o sentimientos. Si hubiesen de prevalecer los últimos criterios, pocas serían las personas que estuviesen cumpliendo largas condenas…Conceder o rechazar el indulto no depende de mi voluntad, sino de mi juicio, y debo actuar de forma altamente responsable a la hora de ejercer de forma imparcial y discreta esta prerrogativa.” Toda una lección de derecho penal y administrativo concentrada en unas pocas frases: no es la voluntad, sino el juicio; no el deseo, sino el razonamiento el que ha de prevalecer; no la discrecionalidad absoluta, sino el ejercicio responsable de las prerrogativas.

La anterior anécdota la puede encontrar el lector en la página 410 de la biografía John Jay: defender of liberty, escrita en el año 1935 por Frank Monaghan, quien a continuación nos ofrece otro ejemplo de cómo pese al rigor y honestidad con que ejercía sus prerrogativas constitucionales como gobernador del estado, a nivel personal sabía mantenerse siempre en unas posiciones mucho más cercanas a criterios humanistas y acordes a sus creencias religiosas que nunca le abandonaron. En cierta ocasión, un herrero llamado Daniel Gregory, que carecía de medios suficientes para comprar una parcela de terreno donde construir su vivienda y taller, decidió hacerlo en pleno camino. Se le requirió fehacientemente en varias ocasiones para que demoliera tales construcciones, e incluso el propio Jay se encontraba en una posición algo incómoda, puesto que el camino que iba desde su casa particular a la residencia oficial pasaba directamente por la construcción ilegal y, en su condición de gobernador “no podría cumplir diligentemente con mi deber si continúo pasando por dicho lugar como si nada ocurriese.”  Como Gobernador, John Jay acordó el inicio de acciones legales contra el herrero, pero a nivel estrictamente particular adquirió una pequeña parcela de terreno que ofreció  al herrero para que pudiese construir en dicho lugar su vivienda y el taller que constituía su medio de vida. “Se despejó el camino y Gregory construyó la tienda y casa en la tierra de Jay, donde continuó viviendo sin abonar renta alguna durante el resto de su vida.”

Dos lecciones de ética, probidad y ejercicio intachable de cargo público que, aún cuando tuvieron lugar en los cuatro años finales del siglo XVIII, pueden servir de lección hoy en día.

MCDONELL v UNITED STATES: CORRUPCIÓN, TIPIFICACIÓN PENAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO. ¿QUÉ HA DE ENTENDERSE A EFECTOS PENALES POR “ACTO OFICIAL”?

Corruption

El pasado día 27 de junio de 2016 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública su sentencia en el caso McDonell v. United States. ¿Qué tiene de peculiar este caso? Pues la rabiosa actualidad del mismo a ojos de un español, dado que afectaba a la condena penal de Robert McDonald (antiguo gobernador del estado de Virginia) y de su esposa por aceptar regalos de una entidad a cambio de utilizar su cargo para concertar determinados encuentros favorables para los intereses de la empresa, algo que está tipificado penalmente como delito federal. En concreto, y como indica la sentencia en su párrafo inicial, al antiguo gobernador estatal y a su mujer se les imputaba el “aceptar, mientras ejercía su cargo oficial, 175.000 dólares en bienes, regalos y otros beneficios del empresario virginiano Jonnie Williams, jefe ejecutivo de Star Scientific, una compañía virginiana que había desarrollado un complemento nutricional a base de anatabina, un componente encontrado en el tabaco. Star Scientific confiaba en que las universidades públicas estatales efectuarían estudios analíticos sobre la anatabina y Williams deseaba obtener la ayuda del gobernador McDonell para lograr dichos estudios.” McDonell fue condenado en primera instancia y su condena avalada por el Tribunal de Apelaciones, sin embargo, el Tribunal Supremo, por unanimidad, revoca su condena. ¿Cómo es posible ello, se preguntarán? ¿A qué se debe que si los hechos en base a los cuales se procesaba fuesen incontrovertidos, el más alto Tribunal de la federación norteamericana anule el veredicto condenatorio y, lo que es aún más infrecuente, por acuerdo unánime de los ocho jueces (recordemos que aún no se ha cubierto la vacante que dejó el fallecimiento del juez Antonin Scalia)?

La respuesta a tal interrogante es doble: por un lado, el conflicto jurídico en torno a qué debe entenderse por “acto oficial” a efectos penales; el segundo, por algo tan aparentemente tangencial como son las instrucciones al jurado. Veámoslo.

Renunciamos a narrar in extenso las actividades del gobernador McDonell realizadas en beneficio de Star Scientifc, puesto que el apartado I de la sentencia lo hace de forma exhaustiva, rigurosa y lo que es mucho más de agradecer, con un depurado estilo literario, absolutamente alejado de los descuidados, aburridos y pedestres antecedentes fácticos de las sentencias penales españolas. Lo que es importante a efectos del presente asunto radica en el núcleo de la discrepancia, que es estrictamente jurídico, y que el Tribunal Supremo expone en este breve párrafo: “The parties agreed that they would define honest services fraud with reference to the federal bribery statute, 18 U. S. C. §201. That statute makes it a crime for “a public official or person selected to be a public official, directly or indirectly, corruptly ”to demand, seek, receive, accept, or agree “to receive or accept anything of value” in return for being “influenced in the performance of any official act.” §201(b)(2). An “official act” is defined as “any decision or action on any question, matter, cause, suit, proceeding or controversy, which may at any time be pending, or which may by law be brought before any public official, in such official’s official capacity, or in such official’s place of trust or profit.” (Las partes están de acuerdo en la regulación penal del fraude se contiene en la ley federal de sobornos, y que dicha norma legal tipifica que un cargo oficial o persona elegida para un cargo público, directa o indirectamente, de manera corrupta ´demande, busque, reciba, acepte o acuerde recibir o aceptar cualquier cosa de valor a cambio de su influencia en el ejercicio de cualquier acto oficial`, entendiéndose por acto oficial ´la decisión o acción en cualquier asunto, cuestión, causa, pleito, procedimiento o controversia que en cualquier momento penda, o pueda legalmente ser sometida al conocimiento de cualquier cargo público en calidad de tal, por ser el competente para ello o por el lugar público de confianza que ocupa). También las partes estaban de acuerdo en que un elemento clave del tipo penal era que la obtención de los beneficios estuviese íntimamente ligada a la realización de un acto oficial, es decir, que la percepción de esos bienes se ligase de alguna manera a la actividad inherente al cargo público que se ostenta. Pues bien, los Estados Unidos imputaban a McDonell la friolera de cinco delitos, siendo procesado en un juzgado federal y donde el testigo clave fue precisamente Jonnie Williams, a quien el fiscal había ofrecido un acuerdo de inmunidad a cambio de su testimonio, y quien reconoció que los regalos al gobernador tenían como objetivo “obtener su ayuda para los estudios del anatabloc en universidades virginianas.” Hasta aquí, todo normal, y en circunstancias normales un pronunciamiento condenatorio era evidente. Pero el juez de distrito comete un error que va a lastrar el asunto y viciar la condena de raíz. En sus instrucciones al jurado indica, correctamente, que “para condenar al Gobernador McDonnell debe considerar probado que aceptó bienes de valor a cambio de una actividad oficial”, pero el juez precisa que tal concepto de acto oficial tal y como viene definido legalmente incluye “actos que un cargo público desarrolla habitualmente” incluyendo “actos efectuados persiguiendo fines a largo plazo” o “en una serie de pasos para influenciar o lograr un fin”. La defensa de McDonell formuló una objeción solicitando que se instruyese al jurado que “el hecho de que un cargo público realice actividades rutinarias o prácticas establecidas no las convierte por sí mismos en actos oficiales, y que la mera concertación de encuentros, asistencia a eventos, celebración de recepciones o pronunciamiento de discursos no son por si mismos actos oficiales, incluso si se trata de prácticas del cargo, porque no se trata de decisiones en asuntos que hayan de ser resueltos por la autoridad”; de igual forma, solicita que se explique al jurado que el acto oficial a efectos penales lo que pretende es “de hecho influir en una decisión específica oficial que la autoridad ha de tomar, como la adjudicación de un contrato, la elección de un empleado público, la concesión de una licencia y la aprobación de una ley o su desarrollo reglamentario.” El Juzgado federal rechaza esa pretensión y el gobernador es condenado, condena que, como hemos dicho, avala el Tribunal de Apelaciones.

Por tanto, resumamos las tesis de la acusación y la defensa. Ambas aceptan que para un pronunciamiento condenatorio ha de existir un “acto oficial” del cargo político, pero discrepan del alcance que ha de darse al término legal. Así, mientras el gobierno efectúa una interpretación extensiva (entendiendo por acto oficial la simple gestión o entrevista en una reunión pública o la mera actividad del cargo político tendente a lograr un encuentro entre dos personas) mientras que la defensa aboga por una lectura estricta (para que exista un acto oficial ha de existir una resolución expresa en un asunto que deba resolver el cargo imputado por ser precisamente de su competencia la resolución). Así lo resumió el Tribunal Supremo cuando indica que “el Gobierno entiende que el Congreso ha utilizado deliberadamente un término de amplio significado para albergar en su seno cualquier decisión o acción en cualquier asunto que pueda en cualquier tiempo pender, o que por ley deba resolver cualquier cargo público en el ejercicio de sus competencias“, por lo que el término abarca cualquier actividad efectuada por un cargo público, lo que incluiría la mera concertación de encuentros o la celebración de eventos sin más requisitos; por el contrario, McDonell entiende que se circunscribe a actos expresos que afecten a decisiones administrativas y, lo que es más grave, que los términos ambiguos en las leyes penales son de dudosa constitucionalidad, en cuanto las leyes penales han de ser objeto de interpretación restrictiva. Y el Tribunal Supremo da la razón a McDonell. En primer lugar, responde negativamente a la cuestión de si un “encuentro, llamada o evento sea por sí mismo una cuestión, asunto, causa, pleito, procedimiento o controversia”, porque los cuatro términos utilizados (causa, pleito, procedimiento o controversia) apuntan directamente a un “ejercicio formal del poder administrativo”. Algo más complejo es el uso de los términos “question” o “matter” (ambos se pueden traducir de igual forma como ”asuntos”). Para ello, el Tribunal efectúa una interpretación contextual (“we look to the context in which the words appear”), razón por la cual, “entendemos que un “asunto” ha de ser similar en su naturaleza a una “causa, pleito, procedimiento o controversia. Y dado que un simple encuentro, llamada o evento en el que participe un cargo público no es lo mismo que un pleito ante un tribunal, un procedimiento ante una agencia o una audiencia ante un comité, no es posible asimilarlas a un “asunto” a los efectos penales” El Tribunal no se pronuncia sobre si existen pruebas de cargo suficientes para determinar si existió o no “acto oficial” en que fundamentar una condena, sino que devuelve el asunto para que sea el órgano de instancia quien se pronuncie.

Eso sí, al Tribunal Supremo le debió quedar un mal sabor de boca al resolver por motivos estrictamente formales un asunto que apesta en cuanto al fondo. Y por ello incluye un curiosísimo párrafo con el que se pone fin a las veintiocho páginas de la sentencia: “No cabe duda que estamos ante un asunto desagradable, o incluso peor que eso. Pero nuestra preocupación no se centra en historias cursis de Ferraris, Rolex y trajes de baile. En su lugar, hemos de resolver las implicaciones que acarrearían las tesis gubernamentales en cuanto a la interpretación extensiva de una norma penal. Una interpretación más restrictiva de la expresión acto oficial deja un amplio margen para, de acuerdo con la interpretación textual de la ley y los precedentes de este tribunal, perseguir la corrupción

Un interesantísimo asunto y un apasionante debate legal.

1953-54. INTENSO DEBATE SOBRE LA REFORMA FISCAL ENTRE GOBIERNO Y ECONOMISTAS DE FALANGE.

Plaza de España años 60

El Boletín Oficial del Estado del día 17 de diciembre de 1954 publicaba, justo después de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, la Ley de 16 de diciembre de 1954 por la que se modifican y refunden los preceptos reguladores de la contribución general sobre la renta. Dicho texto legal trataba de imponer un poco de orden en el sistema impositivo español, que hasta entonces descansaba básicamente en la imposición directa. No obstante, más que la norma en sí, lo realmente interesante es el debate doctrinal que tuvo lugar con motivo de la elaboración de la ley, y que enfrentó dos concepciones absolutamente distintas: la estrictamente liberal y la propiamente social que buscaba en la imposición directa un instrumento de redistribución equitativa de los recursos. Este interesantísimo debate lo expone detalladamente Miguel Martorell en el trabajo que con el título La razón en las palabras de José Antonio: Pensamiento y acción política de los jóvenes economistas de Falange en los años 50, publicó en el número 27 de la revista Historia y Política.

Situémonos en el tiempo. La Falange, prácticamente desaparecida tras la Segunda Guerra Mundial, vivió una época de revitalización en los años cincuenta, que a nivel político se saldó con una derrota total tras la frustrada reforma constitucional auspiciada por José Luís de Arrese. Pero a nivel estrictamente económico, un grupo de jóvenes economistas liderado por Juan Velarde (y en el cual se encontraba Enrique Fuentes Quintana) comenzó a difundir sus ideas desde dos focos principales: la sección de economía del diario Arriba y la Revista de Economía Política, vinculada al Instituto de Estudios Políticos. La novedad principal es que estos autores trataban de recuperar la vertiente social del pensamiento joseantoniano, plagada de críticas al liberalismo y al capitalismo. Como resume muy bien Martorell en su trabajo, el programa en cuestión defendido a ultranza por estos jóvenes “abogaba por la reforma agraria, apostaba por la inversión estatal, combatía los monopolios privados y reivindicaba la redistribución de las rentas a través de la reforma tributaria. Un programa, en definitiva, que defendía la intervención del Estado en la economía y recelaba de la iniciativa privada”. En definitiva, que retomando el programa social del fundador, se combatían los monopolios privados y se defendía la necesaria intervención del Estado en la actividad económica. En este sentido, como indica el autor “Velarde había defendido la esencia anticapitalista de la Falange en un artículo titulado ´La economía española en unas pocas manos`, publicado como editorial de Arriba el 3 de noviembre de 1953, y que ganó el Premio 1ª de octubre concedido por la Secretaría General del Movimiento”. El propio discurso fundacional de la Falange estaba plagado de críticas al sistema liberal, que reducía al obrero a la miseria aunque proclamándole enfáticamente sus derechos a nivel teórico (“Y, por último, el Estado liberal vino a depararnos la esclavitud económica, porque a los obreros, con trágico sarcasmo, se les decía: “Sois libres de trabajar lo que queráis; nadie puede compeleros a que aceptéis unas u otras condiciones; ahora bien: como nosotros somos los ricos, os ofrecemos las condiciones que nos parecen; vosotros, ciudadanos libres, si no queréis, no estáis obligados a aceptarlas; pero vosotros, ciudadanos pobres, si no aceptáis las condiciones que nosotros os impongamos, moriréis de hambre, rodeados de la máxima dignidad liberal”. Y así veríais cómo en los países donde se ha llegado a tener Parlamentos más brillantes e instituciones democráticas más finas, no teníais más que separamos unos cientos de metros de los barrios lujosos para encontramos con tugurios infectos donde vivían hacinados los obreros y sus familias, en un límite de decoro casi infrahumano. Y os encontraríais trabajadores de los campos que de sol a sol se doblaban sobre la tierra, abrasadas las costillas, y que ganaban en todo el año, gracias al libre juego de la economía liberal, setenta u ochenta jornales de tres pesetas. Por eso tuvo que nacer, y fue justo su nacimiento (nosotros no recatamos ninguna verdad), el socialismo. Los obreros tuvieron que defenderse contra aquel sistema, que sólo les daba promesas de derechos, pero no se cuidaba de proporcionarles una vida justa”). En este sentido, el programa económico de los jóvenes falangistas de los años 50 “aportó un programa económico coherente y atractivo, que daba un aire radical y renovado a una institución excesivamente burocratizada y anquilosada”.

A nivel legislativo, existía un amplísimo acuerdo y consenso en la necesidad de reformar la legislación tributaria. Pero el acuerdo finalizaba ahí, dado que en ese punto se enfrentaron dos concepciones opuestas de lo que debía ser la reforma tributaria:

1.- La auspiciada por José María Naharro Mora, “respaldado por empresarios y entidades financieras públicas y privadas con una notable influencia en medios políticos”. Esta reforma era de corte liberal, abogaba por promover el ahorro y la inversión privada. La vinculación a la banca de su promotor y el hecho de que los grandes empresarios y la banca en general apoyase la reforma da una idea de por donde iban los tiros. “Naharro consideraba que la contribución sobre la renta, durante un largo periodo, debía ser un tributo débil, casi testimonial, que complementara, pero no remplazara, los viejos impuestos directos sobre el producto […] un impuesto sobre la renta pequeño, que no gravara en exceso el capital, que recaudara poco, que no detrajera capitales desde la iniciativa privada hacia el Estado”. Este fue el armazón principal del proyecto de ley que presentó Naharro, apoyado por los grandes bancos.

2.- Opuesta a la anterior, Manuel de Torres, con el apoyo de los jóvenes economistas, pretendía una reforma tributaria que hiciera de la imposición sobre la renta un instrumento para redistribuir la riqueza. Los economistas de la Falange no sólo combatieron el proyecto de Naharro desde las páginas del diario Arriba, sino que fueron quienes redactaron las principales enmiendas al proyecto de Naharro, al que finalmente lograron hacer sucumbir pese al aparente fracaso final de sus esfuerzos. El proyecto elaborado por Manuel de Torres, sin llegar a colmar del todo las aspiraciones del grupo falangista, sí que se acercaba más a su ideario. Llama la atención del artículo la lealtad de Velarde y su grupo hacia su maestro, pues como indica Martorell: “Velarde y Fuentes Quintana salieron en más de una ocasión en defensa de su maestro desde la tribuna de Arriba, aún a costa de poner en peligro su continuidad en el diario. Y es que las críticas de Torres a la política económica no siempre eran bien recibidas en el gobierno”.

Sin embargo, todo este esfuerzo, que cristalizó en la Ley de 16 de diciembre de 1954, se volatilizó por el hecho de que el propio Ministro trató de dejar sin efecto las previsiones más radicales del texto legal en el desarrollo reglamentario, hecho que fue denunciado en el propio diario Arriba merced a un artículo publicado el 13 de junio de 1955 por Juan Velarde y que, como indica Martorell “Fue uno de los primeros artículos del grupo de Arriba que señalaban la responsabilidad de Gómez de Llano en el fracaso de la reforma y arremetían directa o veladamente contra el ministro”. Lo cierto es que con los sucesos de febrero de 1956, el fracaso de la reforma constitucional de Arrese y, sobre todo, tras la remodelación gubernamental de 1957 que supuso la entrada en el gobierno de los tecnócratas vinculados al opus dei, supuso la derrota final de la Falange, tanto a nivel político como económico.

OBSERVACIONES SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN DE LA CASACIÓN A RAÍZ DEL ACUERDO DE 19 DE MAYO DE 2016 DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO.

Tribunal Supremo

NOTA: Esta entrada reproduce, de forma literal, el artículo publicado por el letrado Jorge Pérez Alonso en su perfil de la página Abogalista.com.

I.- REFLEXIONES GENERALES ACERCA DEL NUEVO SISTEMA Y DUDAS SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE SUBSANAR LOS DEFECTOS FORMALES DEL ESCRITO DE PREPARACIÓN

El próximo viernes día 22 de julio de 2016 entrará en vigor el nuevo régimen que al recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo articuló la Ley Orgánica 7/2015 de 12 de julio. Recordemos que el nuevo artículo 88.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2015 de 12 de julio articula como auténtico eje o pilar central del nuevo recurso el concepto de “interés casacional”, y así, mientras el artículo 88.2 establece hasta nueve motivos donde la Sala “podrá apreciar” que existe dicho interés, por el contrario en el párrafo tercero de dicho precepto se contienen cinco supuestos en los que la concurrencia de tal requisito se presume. No obstante, en este último caso, es decir, en la presunción legal de existencia de interés casacional, la misma no pasa de ser una simple presunción iuris tantum, en tanto en cuanto en tres de los supuestos la propia Sala puede mediante auto motivado inadmitir el recurso cuando aprecie que el asunto “carece manifiestamente de interés casacional objetivo”. La ley utiliza el adverbio “manifiestamente” y añade el vocablo “objetivo” a la expresión “interés casacional”, por lo que ha de entenderse que sólo en casos extremos donde es evidente que no existe dicho interés es posible inadmitir el recurso.

Con todo, las novedades más relevantes son la imposición de una serie de requisitos formales ad solemnitatem en los escritos, puesto que el artículo 89.4 de la Ley 29/1998 de 14 de julio establece que el incumplimiento de las formas es insubsanable, dado que, según dicho precepto, “si aún presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este artículo, la Sala de instancia, mediante auto motivado, tendrá por no preparado el recurso de casación, denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo.” A este respecto, hemos ha de tenerse en cuenta que, en efecto, el artículo 89.2 establece una serie de requisitos formales del escrito de preparación, según el cual “deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de lo que trate”, enumerando a continuación seis apartados. A ello debe añadirse que el artículo 87.bis tres deja la puerta abierta a que “la Sala de Gobierno del Tribunal supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición a los recursos de casación”, precepto que el Alto Tribunal se apresuró a cumplir mediante el Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, publicado en la Sección III del Boletín Oficial del Estado del pasado día 6 de julio de 2016, y que impone unas formalidades a las que ulteriormente nos referiremos brevemente.

Cabe plantearse ciertas dudas sobre los vicios formales que determinen la inadmisión. Porque, en efecto, el artículo 89.4 vincula dicha imposibilidad de subsanación al incumplimiento de los requisitos “del apartado 2 de este artículo”, pero en nada se refiere a los requisitos adicionales que pueda establecer el Tribunal Supremo, por lo que en aras de la tutela judicial efectiva ha de entenderse que, dado que nos encontramos ante un precepto claramente restrictivo, ha de ser objeto de una interpretación estricta y, por ende, ha de efectuarse una lectura de dicho precepto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución, de tal manera que si el escrito de preparación se ajusta formalmente a lo dispuesto en el artículo 89.2 pero incumple los requisitos adicionales establecidos por el Tribunal Supremo, estos últimos sí serían susceptibles de subsanación.

Por cierto, que en este sentido la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo del Reino de España ha sido infinitamente más cicatera y roñosa que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cuyas Rules of the Supreme Court of the United States, vigentes desde el 1 de julio de 2013, han sido claramente tomadas como modelo no declarado. Ahora bien, si uno echa un vistazo al decimonoveno apartado de la Regla 18, podrá encontrarse con el siguiente precepto: “If the Clerk determines that a jurisdictional statement submitted timely and in good faith is in a form that does not comply with this Rule or with Rule 33 or Rule 34, the Clerk will return it with a letter indicating the deficiency. If a corrected jurisdictional statement is submitted in accordance with Rule 29.2 no more than 60 days after the date of the Clerk’s letter it will be deemed timely.” Es decir, que se deposita sobre el Secretario la obligación de indicar a la parte los defectos formales, y se admite la subsanación en un plazo de hasta sesenta días.

II.- EL ACUERDO DE 19 DE MAYO DE 2016 DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO.

Este Acuerdo contiene una serie de draconianas imposiciones de carácter formal, algunas de las cuales son francamente hilarantes si no fuera porque provienen de donde provienen. Analicemos las cuestiones separadamente.

1.- En cuanto a la extensión máxima, el indicado acuerdo establece en su apartado II.1 que: “Los escritos de interposición y contestación tendrán una extensión máxima de 50.000 ´caracteres con espacio`, equivalente a 25 folios. El texto figurará en una sola cara de la hoja (anverso) y no en ambas (anverso y reverso)” Esta última precisión no deja de tener cierta gracia, dado que con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 45/2015 se han implantado las relaciones por medios telemáticos con la Administración de Justicia, salvo en el caso de los particulares cuando no sea preceptiva la comparecencia con procurador y abogado (supuesto éste impensable en el caso del Tribunal Supremo); y de todos es sabido que en el mundo informático no existe “anverso y reverso” y mucho menos es posible hablar de “folio”, dado que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, éste consiste en la “hoja de un libro o de un cuaderno”, es decir, que el término únicamente tiene sentido en formato papel. Con todo, el tercer párrafo de este punto contiene una regla no menos curiosa: se establece que sea el propio Abogado “u otra persona que éste designe” (sic), quien “deberá certificar al final del mismo el número de caracteres que contiene el escrito que presenta.” Esto tiene claramente como objetivo evitar que sea el propio Tribunal Supremo quien verifique no se ha superado el umbral máximo de caracteres permitido. Ahora bien, como el letrado puede designar a “otra persona”, sin establecer ningún tipo de limitación, imaginemos que en el escrito el abogado hace constar lo siguiente: “En estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Regla II punto 1 párrafo tercero del Acuerdo de 19 de mayo de 2016, el letrado firmante del presente escrito designa al Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo como la persona encargada de certificar el número de caracteres del escrito.” Es evidente que a la persona designada maldita gracia le haría, pero lo cierto es que no existe impedimento legal alguno para hacer constar dicha frase.

2.- En cuanto a la forma, se impone el formato Times New Roman, tamaño 12 puntos en el texto y 10 en las notas al pie (se ve que ya se acepta la costumbre norteamericana de incluir notas al pie en los recursos), el interlineado de 1,5, todos los márgenes (caras superior e inferior y extremos del documento) 2,5 y los folios numerados en la “esquina superior derecha del folio”. Curiosísimo formato y curiosísima fijación con ubicar la numeración en la parte superior cuando en la inmensa mayoría de las publicaciones aparece en la parte inferior. A mayor abundamiento, se introduce como elemento novedoso la obligación de iniciar los recursos con una “carátula” donde se contendrá un apretado resumen del caso (partes intervinientes, sus representantes y defensores, órgano de procedencia e identificación del tipo de escrito. Vamos, que lo que se pretende es que el encargado de tramitarlo pueda hacerse una idea del asunto con un simple vistazo.

 

III.- CONCLUSIONES

Es evidente que hasta que el sistema no empiece a funcionar y, sobre todo, hasta que no se hagan públicas las primeras resoluciones del Tribunal Supremo, no podremos hacernos una idea de por dónde van a ir los tiros. La verdad es que dados los precedentes, la situación no es para ser muy optimista, pues como indicaba una persona tan autorizada como Jesús González Pérez en el prólogo a la tercera edición de su excelente Manual de Derecho Procesal Administrativo (Civitas, Madrid, 2001, p. 55), “Está escrito después de cincuenta y cinco años de diario ejercicio en la profesión de Abogado en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en los que, al ver cómo se iba degradando la justicia administrativa y renacían con más vigor que nunca los viejos formulismos, la desilusión ha ido desplazando a la esperanza.”

CIERTA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA PLUSVALÍA: “NO SOMOS ÁNGELES”.

We are no angels

En la deliciosa comedia We´re no angels, cinta de ambiente navideño dirigida en 1955 por el gran Michael Curtiz, y cuyo argumento transcurría casi íntegramente en el interior de una tienda sita en la Isla del Diablo, narra las incidencias que sobre la familia del dueño de la tienda acarrea la visita de los tres “ángeles”, que en realidad eran tres divertidos presos que se han fugado de la cárcel y que aterrizaron en el indicado comercio por casualidad mientras trataban de ocultarse de los guardias que les buscaban. Uno de los tres reos era Joseph, encarnado por un magnífico Humphrey Bogart, que bajo su sempiterna dureza escondía un gran corazón. No le había llevado a la prisión ningún crimen de sangre, sino un simple delito de estafa o, como él mismo decía en un determinado momento a una respetable compradora que adeudaba enormes cantidades a la tienda, “yo estoy aquí por falta de crédito”. Pues bien, cuando los tres presos mutan su plan inicial de robar a la familia y, a la vista de la situación personal de la hija, deciden implicarse, Joseph asume sus habituales dotes comerciales, y en un determinado momento ha logrado vender un lote de cepillos y peines al jefe de correos, tras decirle que hacía poco vendió un lote similar a una persona también alopécica, que “murió, pero con un pelo precioso“. Cuando acude a la atónita mujer del empresario (encarnada por una espléndida Joan Bennet) solicitando cambio urgentemente, ante la réplica de ésta que el jefe de correos está “completamente calvo”, Joseph no sólo no se amilana, sino que dice “pues démonos prisa antes de que se dé cuenta”, para regresar no sólo con el importe de la venta, sino con una cantidad adicional porque “también le vendí una loción capilar.” El que desee ver dicha escena en su versión original no tiene más que situarse en el minuto 0:50 del siguiente enlace.

Las Administraciones públicas en la actualidad se comportan inequívocamente como el personaje encarnado por Humphrey Bogart cuando éste vendía cepillos y utensilios capilares a personas alopécicas: tratar de que la elocuencia y la oratoria hagan al destinatario olvidarse de que el producto que se trata de vender no sólo no es necesario, sino contraproducente. Las Administraciones venden pomposamente una serie de logros que no son más que humo, y a los responsables se les llena la boca con determinados argumentos que luego se revelan falaces. Viene esto a cuento de una recentísima Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de cierta villa marinera de la tierra asturiana (donde las olas del mar te despiertan de mañana), resolución que parece sacada del antiguo Departamento de prensa y propaganda, porque no sólo se limita a resolver los argumentos planteados (algo que sería lógico) sino que pretende de pasada loar la política tributaria municipal ensalzando unas determinadas cuestiones sin reparar en que con ello no sólo no deja en buen lugar al ente público teóricamente defendido, sino que descubre aún más las vergüenzas.

El núcleo de la controversia se centraba en verificar si a la hora de aplicar las bonificaciones del draconiano Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (auténtico robo a mano armada con el que los distintos entes municipales tratan de saciar su voraz apetito financiero) a la hora de aplicar la escala ha de tenerse en cuenta el valor catastral del suelo o ha de incluirse también el del inmueble, dado que en el texto de la ordenanza fiscal no se especifica. El Tribunal (que de tal sólo tiene el nombre porque como todo el mundo sabe es un órgano administrativo) indica que no, dado que de haberlo querido así el Ayuntamiento lo habría constatado expresamente en el texto de la norma (como, por cierto, hacen todos los Ayuntamientos): “En el caso del Ayuntamiento de X, como en otros Ayuntamientos [de los que la resolución no ofrece ni un solo ejemplo]  ha contemplado la bonificación dependiendo del valor catastral del inmueble adquirido por herencia. Mientras otros ayuntamientos han contemplado la bonificación dependiendo del valor catastral del suelo, cualquiera de las dos formas es perfectamente legal.” Discutible, pero jurídicamente razonable. No obstante, en su deseo por justificar a la Administración local, dicho órgano “independiente” adereza la resolución con la siguiente perla que intenta vender el peine al alopécico: “Como es que el Ayuntamiento de Sevilla contemplase la bonificación en sus ordenanzas del año 2015, y no en las del año 2016. O que ese mismo ayuntamiento tuviera un tipo de gravamen de ese impuesto del 29% en el año 2015, y lo bajase al 26,80 en el ejercicio 2016, y que el Ayuntamiento de X tenga el tipo de gravamen a un 15%”, idea en la que insiste ulteriormente al decir, sin venir a cuento que: “Al igual que pudiendo establecer un tipo impositivo de gravamen hasta del 30% opto [sic] por un tipo del 15%.” En definitiva, que lo que viene a decir el Tribunal Económico-Administrativo local es, en Román paladino, “no se queje usted, que al fin y al cabo podíamos establecer un tipo impositivo de más del doble y, sin embargo, se lo dejamos en la mitad. Ya puede darse usted con un canto en los dientes.” Y es aquí donde se aparece en todo su esplendor la imagen del inefable Joseph, que en una sola noche puso al día los libros contables de una compañía marítima de trescientos buques que no tenía buque alguno, sino “sólo accionistas”, el mismo Joseph que vendió a un cliente una chaqueta que le quedaba manifiestamente corta haciéndole creer que era de un número mayor. Porque ese razonamiento del Tribunal es tan veraz como las manifestaciones del personaje encarnado por Bogart en la cinta que hemos indicado.

Porque, en efecto, ¿de qué sirve bajar el tipo si lo que pierde ahí lo gana reduciendo las bonificaciones? En este sentido, ha seguido la misma política que la Administración del Principado de Asturias, que “vende” la existencia de una bonificación del 100% de la cuota tributaria del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, pero oculta que la misma únicamente se aplica si la base imponible es igual o inferior a 150.000 euros, dado que si es superior el obligado tributario ha de satisfacer el cien por cien. A tocateja.

En definitiva, que el espíritu del inolvidable Joseph campea por las distintas Administraciones españolas. Y al ciudadano le conviene no olvidar que otro de los presos, Jules (impagable Peter Ustinov) era un experto en abrir y variar todo tipo de cajas fuertes. Claro que, por lo menos, esos tres “ángeles” eran pacíficos y divertidos. La Administración aunque actúa materialmente como ellos formalmente lo hace más con el ceño y las maneras del estirado y antipático primo André Trochard, encarnado por un inconmensurable Basil Rathbone.