LA INEJECUCIÓN DE UN DECRETO DE TASACIÓN DE COSTAS EN EL CONTENCIOSO O CUANDO SE DEMUESTRA QUE ALGUNA SECRETARIA NO LEE LOS ESCRITOS.

Es costumbre harto extendida en los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo el efectuar interpretaciones de la normativa en el sentido más favorable a la Administración. Pero existen órganos concretos que se llevan la palma, y uno ya ciertamente no sabe si se ha trasmutado la genuflexión en un cuerpo a tierra o que los funcionarios encargados de resolver los asuntos de mero trámite simplemente no leen los escritos y los despachan por simple inercia. Un ejemplo que ilustra a la perfección anteriormente descrito lo ofrece la reciente Diligencia de Ordenación de una de las Letradas de la Administración de Justicia de cierta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia a la hora de no tramitar la demanda ejecutiva de un Decreto de tasación de costas.

Los privilegios que, en materia de inejecución (no, no es una errata, se ha utilizaro el término de forma consciente) de sentencias ostenta la Administración en la legislación procesal contencioso-administrativa son tan extensos que abochornarían al jurista de cualquier país no ya civilizado, sino que se encuentre en vías de civilizarse. Hay quienes cargaban las tintas contra la benemérita Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pero lo cierto es que tras su sustitución por la vigente Ley 29/1998 de 13 de julio, la situación se mantiene incólume, lo que permite a cualquiera intuir que los vicios del sistema no eran imputables a la legislación, cuando menos en su totalidad. Sin embargo, en materia de tasación de costas, el Tribunal Supremo dio un sorprendente avance, en cuanto señaló que la tasación de costas no sólo se encuentra extramuros de la ley jurisdiccional contencioso-administrativa, sino que su ejecución se rige por los preceptos de la Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil.

Pues bien, he aquí que un letrado, con una ingenuidad impropia de sus años y una confianza en la Sala no avalada por la experiencia en la misma, presentó una demanda ejecutiva frente a un Decreto que aprobaba la tasación de costas, y lo hizo dos meses y medio después de haberse dictado la meritada resolución porque la Administración, confiada en los privilegios que de facto le otorgaba el órgano concreto en el que se presentaba (algún día dedicaré un post específico a aclarar este punto). Como el letrado es perfectamente consciente que a veces a los Letrados de la Administración de Justicia hay que darles el trabajo completamente no ya hecho y masticado, sino casi hasta deglutido (como si hubiera de explicarse el asunto a menores de edad) dedicó a tal circunstancia el fundamento jurídico primero, intitulado de forma clara y comprensible “Aplicación de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en supuestos de ejecución de tasación de costas”, y cuyo tenor literal era el siguiente

A la hora de instar la ejecución de un auto de tasación de costas, es de aplicación la legislación procesal civil, y no la contenciosa. Así lo ha recordado el párrafo tercero del fundamento jurídico segundo del Auto de 19 de mayo de 2011 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso 4937/2006 (ES:TS:2011:6331A) en los siguientes términos: “Por otro lado, la tasación de costas, en cuanto procedimiento especial para determinar el importe de las costas comprendidas en la condena, crea un título ejecutivo que permite su exacción forzosa, y tiene sustantividad propia a efectos de su ejecución, según se deduce del artículo 242 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No siéndole aplicable, por tanto, los artículos 106 y 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” […]

 

Unas líneas más adelante, en el fundamento jurídico tercero, bajo el rótulo “competencia y plazo para instar la ejecución”, se razonaba de la siguiente manera.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 545.1 LEC es competente para la ejecución el órgano judicial al que nos dirigimos al ser el que conoció el asunto en primera instancia. Se ha superado el plazo de veinte días establecido en el artículo 548 de la LEC para el cumplimiento voluntario de las sentencias.

En otras palabras, que cualquier persona que simplemente domine la lengua castellana y simplemente ojease la demanda ejecutiva sería perfectamente consciente que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha excluido las tasaciones de costas del ámbito del artículo 106.3 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, que establece como plazo de cumplimiento voluntario el de tres meses a contar desde la “comunicación de la firmeza de la sentencia.” Se podrá discrepar o no de la tesis del Supremo, pero queda meridianamente claro lo que se dice.

Pues bien, tras tener la citada demanda una semana durmiendo el sueño de los justos, la  Letrada de la Administración de Justicia en cuestión despachó el asunto quitándoselo literalmente de encima a través una Diligencia de Ordenación de ocho líneas cuyo magno y exhaustivo razonamiento es el que sigue, y citamos de forma textual:

“hágase saber al presentante que no ha transcurrido el plazo del artículo 104.2 y 106 de la L.J.C.A, una vez transcurra dicho termino deberá remitir de nuevo dicho escrito”

Ante tal situación, únicamente caben dos posibilidades: o bien se ha resuelto el asunto sin haberse molestado en leer la demanda ejecutiva, o bien a la firmante de la Diligencia de Ordenación la doctrina del Tribunal Supremo se la trae al pairo. Conociendo el percal, me inclino más por la primera opción, dado que la segunda hubiera exigido un esfuerzo de motivación, pues como ha señalado la Sentencia de 19 de marzo de 2012 del Pleno del Tribunal Constitucional (en una afirmación harto discutible, pero es la que es), indica que la independencia judicial comprende la posibilidad de separarse del criterio de órganos superiores, incluso del propio Tribunal Supremo, sin otro requisito más que ofrecer una motivación indicando las razones que impelen a separarse del criterio. Ahora bien, tal doctrina hace referencia a la independencia judicial, no a la de los antaño Secretarios Judiciales y ahora Letrados de la Administración de Justicia, que no sólo no son independientes, sino que se encuentran ordenados bajo la estricta dependencia jerárquica e insertos en la estructura del Ministerio de Justicia. Y, en todo caso, aun cuando se considerase aplicable dicha tesis a las funciones resolutorias ahora encomendadas a los dichos Letrados de la Administración de Justicia, el apartarse del criterio de órganos judiciales superiores implicaría un esfuerzo de motivación.

Con todo, hay algo mucho más grave, y es que la persona firmante de la Diligencia la imagen que transmite no ya ad extra, sino ad intra, no es ya sólo la de alguien que simplemente no lee los escritos, sino que ni tan siquiera se molesta o tiene la simple curiosidad intelectual en ojear estudios sobre la disciplina elaborados por los propios magistrados del órgano al que pertenece. Porque, en efecto, uno de los magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia a la que pertenece la citada Secretaria, en concreto José Ramón Chaves García, publicó en junio de 2015 (en colaboración con la también magistrada María Dolores Galindo Gil) el Diccionario jurisprudencial del proceso contencioso-administrativo (Wolters Kluwer España), cuya segunda edición actualizada y ampliada acaba de salir al mercado este mismo año. Pues bien, en la página 428 de la primera edición, al glosar la voz “tasación de costas”, el lector puede encontarse con la siguiente afirmación: “Está excluido de los trámites de ejecución de sentencias de la LJCA”, para a continuación tener la posibilidad de acceder en toda su extensión el fundamento jurídico del Auto de 19 de mayo de 2011, el mismo que se citaba en la demanda ejecutiva, pues el letrado en cuestión lo había localizado en esta tan impresdincible diccionario jurisprudencial, cuya lectura recomendamos encarecidamente a todos los letrados, sino incluso, visto lo visto, de forma especial a los de la Administración de Justicia.

En definitiva, que si algo demuestra la situación descrita en la presente entrada es que aún continúan sirviendo en la Administración de Justicia personas cuya filosofía jurídica parece ser la misma que esbozó Jesús de Nazaret en el huerto de Getsemaní: “aparta de mí ese cáliz”.

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¿SON APROPIADAS MIL SETECIENTAS PÁGINAS DE SENTENCIA?

Corrían los meses finales del año 1995, cuando un joven estudiante que afrontaba su último año en la facultad de derecho, acudió al examen de una asignatura, y cuando a los pocos días salieron publicados los resultados oficiales la nota que obtuvo fue la de no aprobado. Bastante extrañado, porque estaba absolutamente convencido que había respondido de forma correcta a las cuatro preguntas de la prueba final, acudió a la revisión de examen. Lo que no se podía esperar fue con la explicación que le ofreció el profesor encargado de la asignatura, quien, por cierto, no se caracterizaba ni por su sapiencia, ni por su oratoria, ni por sus capacidades para la transmisión de conocimientos al alumnado. Y es que según tan peculiar docente, en efecto, no sólo se había contestado de forma correcta a todas las preguntas, sino que tampoco se habían omitido datos o informaciones esenciales de los temas propuestos, sino que la única que se ofreció para justificar la calificación negativa fue, textualmente la que sigue: “Su problema es que tiene que darle más al bolígrafo” (sic). Lo que pretendía decir, con tan peculiar giro idiomático, no era que el alumno había de golpear con más intensidad a dicho instrumento, sino que la contestación debía ocupar más espacio material; en otras palabras, no más información, sino más folios. Visto el estado de cosas, el alumno en cuestión optó, en la siguiente convocatoria, por sustituir el sobrio estilo azoriniano por el ampuloso culteranismo gongorino, abusando en extremo de las oraciones subordinadas, haciendo un uso generoso de circunloquios, metáforas y todos los adornos literarios imaginables. En definitiva, se transmitieron exactamente los mismos bits de información que en la primera convocatoria, con la única diferencia que el espacio material del examen en la segunda convocatoria triplicaba el de la primera. El resultado no se hizo esperar: la calificación fue de notable alto. El alumno en cuestión era este humilde servidor de ustedes, el profesor Javier Avilés García, la asignatura era Derecho Civil Matrimonial, y la facultad de derecho era la de la Universidad de Oviedo.

Hoy se ha hecho pública la sentencia del denominado “caso Gürtel”, que, según la información ofrecida, cuenta nada menos que con mil seiscientas ochenta páginas de extensión. Dicho sea con todos los respetos, me parece una vergüenza. Y no me estoy refiriendo al contenido material, a los razonamientos, a las condenas o a si las mismas son excesivas o reducidas. Me refiero a la propia extensión material de la sentencia, que sencilla, lisa y llanamente disuade más que invita a su lectura.

Pero es que, además, mil setecientos folios es no sólo desmesurado, sino una auténtica burla, siendo altamente difícil explicar a la ciudadanía tan innecesario desgaste de tiempo e intelecto por parte de Sus Señorías. Se me opondrá sin duda alguna, desde el estamento judicial, que la complejidad de la causa justificaba la extensión. Es posible, pero quizá también lo sea que los jueces españoles, que si por algo se caracterizan no es precisamente por la belleza de su prosa, no poseen entre sus haberes la capacidad de síntesis.

Quien suscribe tiene como uno de sus vicios confesables el de la lectura, y no le asusta precisamente el volumen de los libros. Por ello, desea ofrecer cuatro ejemplos para que el lector juzgue por sí mismo:

1.- Edición de las Memorias del Príncipe de la Paz, publicadas en el año 2008 por la Universidad de Alicante, con un breve estudio preliminar de Emilio La Parra. Tiene una extensión material de 1.985 páginas. Téngase en cuenta que en tan voluminoso tomo Manuel Godoy pasa revista a toda su vida, es decir, a más de medio siglo.

2.- Las Obras completas de Jorge Luis Borges, editadas en dos tomos por RBA, poseen “sólo” 2200 páginas entre los dos, léase, 1.100 páginas cada uno. Pero estamos ante la recopilación de toda la obra, tanto en verso como en prosa, de un gran autor argentino al que, por cierto, Eduardo García de Enterría, maestro de administrativistas, dedicó un ensayo.

3.- El magno estudio La guerra civil española: revolución y contrarrevolución, edición definitiva y póstuma del gran trabajo de investigación debido a Burnett Bolloten y publicado por Alianza Editorial, ocupa “tan sólo” 1.078 páginas, que se elevan a 1243 si contamos los mapas, bibliografía e índice onomástico. Mas no debe olvidarse que se pretende ofrecer una visión de todo un conflicto bélico que ha deparado una notable atención y sobre el cual existe una ingente bibliografía, y que en la misma no sólo pretende circunscribirse al aspecto puramente militar, sino al económico y social en ambas zonas.

4.- Por último, debemos referirnos a El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, inmortal obra del alcalaíno Miguel de Cervantes Saavedra. El volumen que poseo, heredada de mi progenitor, agrupa las dos partes en solo tomo de 890 páginas. Pero se trata de una edición que data de los años sesenta del siglo XX, con escasas notas aclaratorias. Si acudimos a la mucho más reciente edición de la obra publicada por la Real Academia Española en su colección Biblioteca Clásica, el lector interesado podrá verificar que entre el texto de la obra, notas, y estudios explicativos, nos arroja un resultado final de 1.643 páginas.

¿Alguien pretende hacerme creer que, por muy compleja que sea la causa, por muchos datos que existan, son tantos que precisen de una resolución judicial que ocupa tantas páginas como la edición del Quijote elaborada bajo la supervisión de la Real Academia Española? ¿O que para explicar la trama Gürtel ocupasen casi tanto espacio como lo hizo Manuel de Godoy para explicar toda una vida en el poder? Confieso que cualquier magistrado tendría muy difícil convencerme de ello. En todo caso, lo que sí estoy convencido es que la prosa de los tres magistrados de la Audiencia Nacional distará mucho de tener la riqueza estilística y la profundidad del ilustre prócer de las letras españolas.

En definitiva, que compadezco a letrados, fiscales y jueces que deban afrontar la vía de recurso, que sin duda alguna deberán hacer provisión de bicarbonato, por cuanto tanto la extensión de la sentencia como la calidad de la prosa judicial harán con seguridad indigesta su lectura. Mi solidaridad con dichos profesionales.

 

 

 

 

 

CHEVRON BAJO ASEDIO: CERCO A LA DOCTRINA DE LA DEFERENCIA JUDICIAL HACIA EL EJECUTIVO.

Si el inmortal Plutarco glosaba las biografías de los grandes personajes de la antigüedad clásica en sus célebres Vidas paralelas, creo que en el ámbito jurídico, y más concretamente en el ordenamiento jurídico-administrativo, podríamos hablar de una Agonía paralela, la que sufren en una y otra orilla del Atlántico uno de los grandes dogmas que sustentan la disciplina: la deferencia hacia la Administración; agonía más limitada en el ámbito español (circunscrita al “acoso y derribo” de la discrecionalidad técnica, que tanto ha glosado mi admirado José Ramón Chaves) que en el sistema norteamericano.

Uno de los grandes principios que ha sustentado y continúa (formalmente) sustentando el Derecho administrativo norteamericano es la denominada “doctrina de la deferencia judicial hacia el ejecutivo”, denominada doctrina Chevron, dado que fue elevada a la categoría de principio interpretativo en el célebre caso Chevron Inc v. Natural Resources Defense Council, que data del año 1985. La doctrina en cuestión está muy apegada a la realidad estadounidense, donde no existe con carácter general consagrada en la propia Constitución la existencia de una potestad reglamentaria general para el ejecutivo ni éste goza de la potestad autoorganizatoria, sino que es el legislativo quien le atribuye en cada ley concreta la organización específica y las facultades concretas para llevar a efecto las previsiones legales, siendo las dos potestades más frecuentes la de rulemaking (potestad de dictar rules o normas generales que vinculan a todos los ciudadanos) y adjudication (potestad de resolver controversias concretas o específicas que se planteen en ejecución de la ley específica). Ahora bien, a la hora de ejecutar la ley, los entes administrativos concretos responsables de ello gozan de la facultad de interpretar la propia normativa legal que les apodera. La doctrina Chevron implica que los jueces han de seguir un camino que implica dos fases: la primera, verificar si existe un precepto legal de interpretación dudosa para el cual no existan indicios de la auténtica voluntad real del legislador (pues si es factible demostrar la voluntas legislatoris, ha de estarse a ésta); en segundo lugar, si la interpretación que efectúen los entes administrativos es razonable. En este último caso, es decir, de existir un precepto legal ambiguo y ser razonable la interpretación administrativa, los jueces han de otorgar deferencia a la misma. En otras palabras, no se trata de dilucidar si en su proceder el ente público ha optado por la interpretación más correcta, sino si su criterio es razonable.

Como en muchas ocasiones, el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha ido estableciendo en su jurisprudencia una serie de limitaciones a ese principio general, siendo así que en muchos supuestos se ha apartado de la doctrina Chevron aun cuando sin derogarla de forma expresa. Pero en los últimos años, han ido aumentando las voces que piden repudiar ese principio.

El 23 de agosto de 2016, Neil Gorsuch (hoy juez del Tribunal Supremo, en aquéllas fechas juez del Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito) emitía un voto particular concurrente en la sentencia Gutiérrez-Brizuela v. Lynch, un voto de veintitrés páginas que constituyen una andanada en la línea de flotación de la doctrina Chevron. Su mismo párrafo inicial, que no tiene desperdicio, anuncia ya el núcleo esencial del voto particular: “El hecho es que Chevron y Brand X permiten a las burocracias administrativas engullir gran cantidad de funciones nucleares judicial y legislativas, concentrando el poder federal de una forma que parece más bien difícil adecuarla con el diseño constitucional de los padres fundadores. Quizá ha llegado el momento de enfrentarse al monstruo.” Gorsuch no sólo se remonta a los orígenes del sistema ideado por los padres fundadores, sino que enuncia un principio esencial para el constitucionalismo estadounidense: “los fundadores consideraron la separación de poderes como una salvaguardia frente a los ataques del gobierno a las libertades públicas, incluyendo todas las ulteriormente recogidas en la declaración de derechos […] para evitar peligros como el indicado, que los padres fundadores contemplaron y sufrieron en su época, abogaron por la separación de poderes. Sabían que un sistema de poderes difusos tiene más difícil invadir las libertades del pueblo”. Enfrentado a Chevron, Gorsuch la describe de forma categórica y tajante: “no menos que una doctrina judicial hecha para la abdicar de las funciones judiciales”; pero va más allá, pues “faculta a las agencias para cubrir los vacíos legales.” Todo un ataque a la deferencia judicial hecha desde los propios estrados judiciales.

El pasado 24 de abril de 2018 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hacía pública su sentencia SAS Institute Inc, v. Iancu, Director, United States Patent and Trademark Office et al., redactada por Neil Gorsuch, y en cuya undécima página se encuentra la siguiente afirmación: “Dejamos para otra ocasión analizar si Chevron debe mantener su vigencia.” En otras palabras: el máximo órgano judicial estadounidense ha puesto ya de forma expresa en el centro de la diana la doctrina Chevron, anunciando claramente que abordará si la misma ha de ser repudiada.

A nivel doctrinal, Chevron se encuentra igualmente bajo asedio. Philip Hamburger (autor cuyo libro Is Administrative law unconstitutional? fue expresamente citado por Gorsuch en su voto particular), ha publicado recientemente en la George Washington Law Review un extenso trabajo titulado Chevron bias. El mismo intenta cuestionar la doctrina desde un punto de vista distinto: el del rol del juez, pues “Al concentrarse en las cuestiones relativas a la autoridad legislativa, los jueces sin embargo han evitado afrontar las cuestiones constitucionales sobre su propia función, sobre su abandono de juzgar de forma independiente y su acogimiento de parcialidades sistemáticas.”

En definitiva, que la deferencia judicial hacia el ejecutivo en materia de interpretación de textos legales se encuentra no ya en franca retirada, sino bajo asedio formalmente declarado.

Por cierto, como jurista práctico, nada me gustaría más que ver recogida en alguna sentencia española alguna de las afirmaciones que Neil Gorsuch efectuaba en su voto particular a la sentencia Gutiérrez-Brizuela relativas a la separación de poderes como instrumento de garantía de los derechos fundamentales. Desgraciadamente, la respuesta en nuestro país ha sido diametralmente la opuesta: agrandar aún más las ya titánicas prerrogativas del ejecutivo, y si no hay argumentos que la avalen, pues se inventan y ya está.

 

 

DE LOS JURAMENTOS “AL HISPÁNICO MODO”

En los Estados Unidos de América la prestación del juramento es un acto solemne, riguroso y del que no cabe prescindir o degradarlo al nivel de simple charlotada. Buena prueba de ello es que el juramento de acceso a la presidencia se encuentra consagrado al máximo nivel, es decir, en la propia Constitución, cuyo Artículo II Sección 1 Párrafo 8 dice lo siguiente: “Antes de que acceda al ejercicio del cargo, prestará el siguiente juramento o promesa: “Juro (o prometo) de forma solemne ejercer fielmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos, y al máximo de mis facultades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos.” Obsérvese que esta norma, que data nada menos que del año 1787 y ha permanecido inalterada desde entonces, permite únicamente optar entre juramento o promesa, pero impone de forma necesaria la prestación del juramento, pues el tiempo verbal se utiliza en forma imperativa, (“shall take the following oath of affirmation”) y al estar consagrada la fórmula agotadoramente no cabe apartarse de la misma. Y aunque ni para miembros del legislativo ni el judicial la Constitución prevé dicho juramento, lo cierto es que a nivel legislativo se ha consagrado tal obligación, utilizando una forma que reproduce literalmente la plasmada en el texto constitucional para el presidente, sin más cambio que sustituir la denominación del cargo.

A nadie se le pasa por la cabeza prescindir del juramento o sustituirlo por fórmulas más o menos imaginativas, pero alejadas de la formulación ordinaria. Es más, como hemos relatado hace poco más de dos años en una entrada dedicada monográficamente al tema, cuando el 20 de enero de 2009, a la hora de prestar el juramento debido, Barack Obama lo hizo de forma irregular al no reproducir en su literalidad la fórmula constitucional, ante la simple posibilidad de que fuese impugnado su nombramiento debido a ese vicio formal, Obama optó por prestar el juramento en forma debida.

Claro que en España la cuestión es radicalmente distinta. Confieso no obstante mi sorpresa, puesto que un país como el nuestro, que si por algo se ha caracterizado es por acentuar hasta extremos dignos de estudio el formalismo a ultranza y las interpretaciones rigoristas, sin embargo a considera los juramentos como una molestia que, dado no puede omitirse, sí que puede degradarse al nivel de espectáculo circense, y en los últimos años hemos tenido incontables ejemplos de personas que, a la hora de manifestar el juramento o promesa, han optado por las fórmulas más imaginativas. No extrañaría ya que cualquier día uno pudiese encontrarse con gente que adopte como lema el utilizado por el personaje que encarnaba el inolvidable Danny Kaye en la divertidísima película The court jester: “King of jester, and jester of kings” (rey de bufones, y bufón de reyes), lema que, por cierto, le viene como anillo al dedo a cierto dirigente autonómico que suele pontificar dándoselas de adalid de la moral, glosando las noticias de la actualidad con una expresión de loas a Dioniso.

Pero es que en este punto, si uno rasca levemente la superficie, podrá comprobar que, una vez más, se cumple inexorablemente un principio general: cualquier problema institucional tiene su origen último en ese nefasto y nefando organismo que es el Tribunal Constitucional. En efecto, remontémonos casi tres décadas en el tiempo, cuando tras las elecciones generales de octubre de 1989, varios diputados de una formación política vasca prestaron el juramento “por imperativo legal”, ante lo cual, el presidente del Congreso entendió que no habían adquirido la condición de parlamentarios al no haber prestado debidamente el juramento. Tal decisión del presidente de la Cámara baja fue impugnada, y la Sentencia 119/1990 de 21 de junio, del Pleno del Tribunal Constitucional, estimó el recurso de amparo interpuesto por los parlamentarios, anulando pues la decisión y avalando la prestación del juramento de forma irregular.

En dicha resolución, tras hacer unas disquisiciones bastante entretenidas en cuanto al rol del juramento en el sistema constitucional, concluye en principio que: “Por esto, para tener por cumplido el requisito no bastaría sólo con emplear la fórmula ritual, sino emplearla, además, sin acompañarla de cláusulas o expresiones que de una u otra forma, varíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocada para ello.” Ello en principio debiera haber llevado a la desestimación del recurso, pero, como siempre, este teórico intérprete de la Constitución, que parece haber hecho de su misión el abatir los pilares básicos del sistema creando problemas donde no los hay, da un giro de ciento ochenta grados, y pretende mostrarse excepcionalmente antiformalista con un razonamiento extraño: “En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como uno de su valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata, se olvida el mayor valor de los derechos fundamentales (en concreto, los del art. 23) y se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora” Digo extraña porque, al parecer, según el (para nuestra desgracia) máximo intérprete de la Constitución, los Estados Unidos no deben de constituir un ejemplo de “Estado democrático” que “relativiza las creencias y protege la libertad ideológica” y que entroniza el “pluralismo” y el “respeto a los representantes elegidos”. Quién lo diría, el Tribunal Constitucional del Reino de España dando lecciones de democracia al sistema constitucional más antiguo.

Tan peligrosa doctrina fue reiterada ulteriormente por la Sentencia 74/1991 de 8 de abril de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que se remite expresamente a la anterior. El daño ya estaba hecho. Se había minado ya la autoridad rituaria del juramento, y de ahí a trivializarlo en la práctica sólo había que dar un paso, que la sociedad de los años noventa no estaba aún lista para dar, dado que todavía se mantenían ciertos valores. Pero en la primera década del siglo XXI, donde ideas como respeto, educación, o simplemente algo tan básico como un cierto sentido de la estética se han perdido de forma irreversible, ya es posible convertir lo que era una simple mancha en un auténtico lodazal. Y con esa jurisprudencia constitucional a la que nos habíamos referido como punta de lanza.

De aquellos polvos vienen estos lodos. Y tan sólo falta que la evolución de la jurisprudencia constitucional española culmine llegando a la meta final: que haciendo una interpretación extensiva y ampliamente favorable al ejercicio de los derechos fundamentales, interprete que el término “juramento” ha de entenderse en el sentido de la segunda acepción que al vocablo ofrece el Diccionario de la Real Academia Española, es decir, “voto o reniego”, entendiendo por reniego la acción de renegar, e inclinarse por la segunda y cuarta acepciones del verbo, es decir, “detestar, abominar” y “blasfemar”. Por tanto, “juramento” sería el acto de “detestar, abominar” o “blasfemar”.

En definitiva, que si en nuestro Siglo de Oro triunfaban los sonetos “al itálico modo“, en nuestros siglo XXI, nada áureo y más bien escatológico, descocan los juramentos “al hispánico modo“. Todo un hallazgo.

 

UNITED STATES v SLATTER: RESPONSABILIDAD PENAL DE MIEMBROS DE SEGURIDAD PRIVADA CONTRATISTAS DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA.

El día 14 de mayo de 2018 el Tribunal Supremo ha hecho pública su intención de inadmitir a trámite la solicitud de certiorari en relación a la sentencia United States v. Slatter, hecha pública el pasado día 4 de agosto de 2017 por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, y que abordaba el incidente acaecido el 16 de septiembre de 2007 en Irak. El asunto es de naturaleza estrictamente penal, aunque en el fondo del mismo laten sin duda cuestiones que, al menos desde el punto de vista de un jurista continental, serían de naturaleza administrativa, todo ello sin perjuicio, obviamente, de la prejudicialidad penal.

La sentencia del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que cuenta con tres votos particulares, es, como todas las resoluciones judiciales norteamericanas, un prodigio tanto por su estructuración interna como por su redacción, que facilita al lector interesado una cabal comprensión tanto de los hechos como del ordenamiento jurídico aplicable. Insistimos en que esa claridad no implica en modo alguno ausencia de rigor o falta de estudio, pues la sencillez expositiva no está reñida ni mucho menos con la erudición argumental, algo que los órganos jurisdiccionales españoles no acaban de comprender del todo, refugiándose en unos farragosos y sesudos razonamientos en muchas ocasiones incomprensibles hasta para los iniciados.

Trataremos de resumir los hechos y el devenir procesal de la causa.

Primero.- Antecedentes de hecho.

El 16 de septiembre de 2007 una bomba explota cerca de un diplomático estadounidense, cuya seguridad estaba encomendada a personal de Blackwater, una empresa privada contratista del Departamento de Estado. En orden a garantizar la seguridad del diplomático norteamericano, se acordó su evacuación, para lo cual se requirió la presencia de una unidad, concretamente la denominada Raven-23, donde servían los cuatro acusados en el pleito. Hasta aquí, en principio, no habría nada anormal ni objeción alguna.

Lo que ocurre es que la unidad Raven-23, en vez de acudir al punto de encuentro, ignora las órdenes y acude a otro lugar, en concreto una plaza donde con anterioridad había explotado una bomba, lo que había provocado un aumento de las fuerzas de la policía iraquí en la zona. Al llegar al lugar, los miembros de la unidad estadounidense y la policía iraquí tratan de detener el tráfico en la zona, pero súbitamente, varios testigos escucharon unas ráfagas de disparos. A continuación, se produce una auténtica refriega donde los miembros de la empresa estadounidense tirotean a un vehículo marca Sedan Kia (que, según los analistas de Blackwater, había sido identificado como potencial foco para ser utilizado como bomba), causando la muerte del conductor y de un pasajero. Un miembro de la unidad contacta por radio con otra, indicando que estaban recibiendo fuego, aunque otros miembros de dicha unidad no percibieron tal circunstancia. Al finalizar el tiroteo, uno de los vehículos de la unidad resultó inutilizado, por lo que hubo de trasladarse a sus ocupantes a otro con el fin de retirarles de la zona. En este momento, y durante el traslado, uno de los miembros de la unidad vio a un iraquí que tenía los brazos en alto recibir un disparo de un miembro no identificado de Blackwater que salía de su vehículo.

Los miembros de la unidad fueron interrogados de forma inmediata. No obstante, no pudo iniciarse procedimiento alguno porque el testimonio de varios testigos descansaba principalmente en las declaraciones emitidas por los miembros de la unidad, de ahí que no se pudieran utilizar por estar jurídicamente viciados.

Tras diversos avatares, se logra incoar un procedimiento que termina con la acusación formal de cuatro de los miembros de la unidad, a quienes el jurado consideró culpables. Uno de los acusados (Slatter, el que da nombre al caso) es condenado a cadena perpetua por uno de los cargos, mientras que a los otros tres les caen treinta años y un día.

Segundo.- Cuestiones procesales: jurisdicción e instrucciones al jurado.

2.1.- Alegaciones relativas a la inaplicación de la Military Extraterritorial Jurisdiction Act.

2.1.1.- Naturaleza y contenido de la norma.

La Military Extraterritorial Jurisdiction Act es la denominación abreviada de una ley cuya denominación completa e interminable es Act to amend title 18, United States Code, to establish Federal jurisdiction over offenses committed outside the United States by persons employed by or accompanying the Armed Forces, or by members of the Armed Forces who are released or separated from active duty prior to being identified and prosecuted for the commission of such offenses, and for other purposes, aprobada el 22 de noviembre de 2000.

Se trata, como puede verse, de una norma de naturaleza estrictamente penal que tiene por objeto la tipificación de hechos cometidos fuera de territorio norteamericano por miembros de las fuerzas armadas o personas contratadas o acompañantes de éstas. En este sentido, la sentencia comentada contiene unos breves párrafos donde expone los antecedentes históricos de la norma y las razones de su aprobación.

La sentencia pasa a continuación a describir tanto el tipo penal como las personas responsables, según la letra de la ley.

2.1.1.1.- El tipo penal, viene descrito de la siguiente forma: “quien fuera del territorio de los Estados Unidos incurra en la comisión de hechos que, de haberse cometido dentro de la jurisdicción marítima y territorial de los Estados Unidos, constituyese delito castigado con pena de prisión de más de un año, será castigado con la pena establecida para dicho delito.”

En otras palabras, se trata de sancionar aquéllos delitos que, según la ley norteamericana, conlleven pena superior a un año, pero que hubieran sido cometidos fuera del territorio estadounidense. Por tanto, nos encontramos ante un supuesto de extraterritorialidad de la ley para delitos considerados como graves. Pero eso sí, no todo delito es sancionable, pues amén del hecho en sí han de concurrir unas circunstancias subjetivas.

2.1.1.2.- El sujeto activo del delito. Únicamente pueden ser objeto de condena penal las “personas contratadas por las Fuerzas Armadas fuera del territorio estadounidense”, especificando la norma que se entiende por tal “un trabajador o contratista (así como subcontratista con cualquier vínculo) con cualquier agencia federal siempre y cuando el vínculo contractual se relaciones con el apoyo a la misión del Departamento de Defensa en el exterior.”

Es decir, que a efectos penales un contratista privado se asimila a un miembro de las fuerzas armadas a efectos de la tipificación penal de este delito concreto.

2.1.2.- Aplicación al caso.

Ni el Juzgado federal ni el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia tuvieron duda alguna a la hora de considerar que los hechos enjuiciados entraban de lleno dentro del ámbito de la ley. Las pruebas eran evidentes, en tanto en cuanto la acusación había demostrado que el Departamento de Defensa desarrollaba una misión en Irak y que los miembros de la unidad eran trabajadores de la empresa Blackwater, contratista del meritado departamento que ofrecía apoyo suplementario al personal de las Fuerzas Armadas destinadas en la zona. Así pues, blanco y en botella, y no “agua negra”.

Los acusados se amparaban en una interpretación restrictiva de la norma, y en concreto alegaban dos cuestiones: en primer lugar, que para mantener una acusación en base a dicho tipo penal no debía tenerse en cuenta únicamente el vínculo contractual entre la Administración y la empresa para la que trabajaban, sino que la acción por la que se les enjuiciaba viniera en estricto cumplimiento de dicho acuerdo (cosa que, como hemos visto, no ocurrió); y, en segundo lugar, que su misión específica consistía en la protección de personal que formaba parte del Departamento de Estado, y no del de Defensa.

El Tribunal de Apelaciones para rechazar dicha tesis efectúa algo que, sin duda alguna, rechinará a oídos de penalistas españoles, pues no acoge la interpretación restrictiva patrocinada por las defensas, sino una más amplia, acogiéndose a dos instrumentos interpretativos: el texto claro de la norma y, sobre todo, los antecedentes legislativos, dada la indubitada intención del Congreso a la hora de aprobar el texto legal en cuestión.

2.2.- Instrucciones al jurado.

Otra cuestión sobre la que se articuló el recurso fue que el juez erró al dar las instrucciones al jurado, más en concreto en lo relativo al término “empleados por las Fuerzas Armadas fuera de los Estados Unidos”. La defectuosa instrucción al jurado no es una cuestión fáctica, sino jurídica sometida, por tanto, a plena revisión del Tribunal en vía de recurso. No obstante, se rechaza igualmente dicha circunstancia por cuanto se demostró que el juez se había atenido escrupulosamente en las instrucciones al texto y la letra de la ley que debía ser objeto de aplicación a efectos de considerar culpables o no a los acusados.

Tercero.- Motivos de la estimación del recurso: vulneración de la octava enmienda (“cruel and unusual punishment”) por la elevada pena impuesta.

Tras una serie de cuestiones de naturaleza procesal (se cuestionó la competencia del juzgado federal del Distrito de Columbia y una solicitud de un nuevo juicio) así como la insuficiencia del material probatorio (que en aras a no alargar demasiado la ya excesivamente larga entrada) indicaremos que las mismas fueron rechazadas, y los hechos imputados quedaron debidamente acreditados.

Finalmente el Tribunal de Apelaciones acoge los recursos presentados por los acusados. ¿En base a qué, se preguntará el lector? Pues en base a dos argumentos jurídicos diferentes:

3.1.- Vulneración de la octava enmienda.

Tres de los condenados invocaron la cláusula de la octava enmienda, que contiene la cláusula denominada “cruel and unusual punishment” que proscribe este tipo de penas. Habitualmente, se invoca la misma en supuestos de condenas a la pena capital, pero en esta ocasión se esgrime frente a la extensión de la condena, a la que calificaron de “inconstitucionalmente rígida y ampliamente desproporcionada”.

Pues bien, el Tribunal acoge esta causa y considera que con una pena tan excesiva que se vinculó única y exclusivamente a las armas utilizadas en el incidente, vulneró de forma clara los derechos constitucionales garantizados en la octava enmienda. En definitiva, el Tribunal lo que efectúa es una aplicación del principio de proporcionalidad de la pena, que ha de estar vinculada a la gravedad del delito. Y para evaluar la misma, ha de considerarse “el daño causado por el culpable o la amenaza que supone para la víctima y la sociedad”, y en lo relativo a la culpabilidad, ha de partirse de la “intención del acusado y el motivo para la comisión del delito”. La sentencia razona que el delito es de extrema gravedad, pero también tiene en cuenta que los acusados portaban armas precisamente por cuanto se encontraban en una zona de guerra y ejecutando una misión bajo mandato del ejecutivo estadounidense. Y para ello, el Tribunal de Apelaciones hace un ejercicio que nunca jamás he visto hacer a un órgano jurisdiccional español: descender del mundo de las ideas y situarse sobre el terreno, lo que hace en el siguiente párrafo:

Cuando el convoy Raven 23 llegó a la Plaza Nisur el día que ocurrió el incidente, lo hizo en respuesta a la explosión de un coche bomba a escasa distancia de un diplomático estadounidense que se encontraba bajo su protección. En consecuencia, no nos encontramos ante un caso donde los acusados acudieron con la intención de cometer el delito y portando sus armas para ayudarles a dicha comisión. No es un caso donde los tres acusados actuaron de forma alocada situándose en un lugar plagado de civiles inocentes. La decisión de acudir a la Plaza Nisur la efectuó el líder del comando Raven 23, y una vez éste decidió ignorar sus órdenes y acudir a dicha plaza, los acusados no tenían otra opción que obedecer las órdenes de su superior. Una vez llegaron a dicho lugar, se encontraron en una muchedumbre, donde se reducía notablemente la capacidad para distinguir entre civiles y enemigos. La tragedia que sucedió tras su llegada se debe más al pánico y a la mala evaluación que a un plan coordinado de asesinar a civiles iraquíes.

En definitiva, el Tribunal no niega el delito ni su gravedad, pero sí la excesiva pena impuesta a raíz de las circunstancias concretas del caso, donde el resultado fue más debido a una negligencia que a un propósito deliberado. Por ello, devuelve el pleito al juzgado para que se impusiese una pena distinta acorde con los razonamientos de la sentencia

3.2.- Infracción de las garantías procesales de un acusado.

El cuarto de los acusados, Slatter, vio estimado su recurso por motivos estrictamente procedimentales. Había solicitado separar su causa de la de los otros tres, de manera que se tramitase en un juicio independiente sobre la base de que una de las pruebas que pretendía utilizar eran las declaraciones de otro de los acusados que afirmó haber sido él, y no Slatter, quien inició el tiroteo, prueba de la que éste no podía valerse en un juicio conjunto. Aun cuando el juzgado desestimó tal solicitud, el Tribunal de Apelaciones estimó dicha pretensión, anulando la condena y ordenando un nuevo pleito.

Cuarto.- Conclusiones.

De todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que, a efectos penales:

4.1.- Desde el punto de vista subjetivo, los contratistas de los departamentos ejecutivos de los Estados Unidos así como el personal de dicha empresa contratista se equipara por ley a los miembros de las fuerzas armadas, a los efectos de declararse su responsabilidad penal.

4.2.- Desde el punto de vista objetivo, se produce una extraterritorialidad de la ley penal, en la medida en que tipifica hechos cometidos fuera del territorio estadounidense, siempre que se trate de delitos que según la ley norteamericana conllevase una pena superior a un año de haberse cometido en el interior.

TURNO DE OFICIO: HOMENAJE “JURÍDICO” A ANTONIO MERCERO.

Anteayer fallecía, tras una larga lucha contra la terrible enfermedad del alzhéimer, el realizador español Antonio Mercero, uno de los grandes nombres que forman parte indeleble de la historia televisiva de nuestro país. Esta entrada pretende rendirle un homenaje recordando una de las series de las que fue responsable, y es evidente que nuestra elección no podía ser otra que Turno de oficio, donde se analizaba precisamente esa función que, casi desinteresadamente, continuaban y continúan prestando los letrados inscritos voluntariamente en dicho servicio, tan maltratado por las distintas Administraciones.

Desde casi el inicio de los tiempos hubo autores que pretendieron transmitir sus enseñanzas de una forma accesible al gran público a través de metáforas, leyendas, parábolas o cuentos. No otra cosa hizo Esopo con sus Fabulas, Platón con sus Diálogos y Jesucristo con sus parábolas. En una de las obras de nuestra literatura medieval, El conde Lucanor, el infante don Juan Manuel indica de forma expresa en el prólogo que su intención es precisamente ofrecer consejos valiosos valiéndose del pretexto de pequeñas historias con mensaje que Petronio, el sirviente de un noble feudal, cuenta a su amo, el aristócrata que da título a la obra. Pues bien, eso mismo es sin duda alguna lo que pretendió efectuar Antonio Mercero: una labor didáctica (tomándose, eso sí, ciertas licencias inherentes a toda obra literaria o cinematográfica) que al amparo de una serie pudiera facilitar la divulgación. No es la primera vez que asumía dicha tarea, pues de todos es sabido que el origen de Crónicas de un pueblo no fue otro que el deseo del almirante Carrero Blanco de explicar de forma sencilla al gran público el entonces vigente Fuero de los Españoles. No obstante, Mercero supo diluir hábilmente dicha intención didáctica ofreciendo una estampa costumbrista de la vida de un pueblo castellano en la década de los sesenta. Si Ramón de Mesonero Romanos en sus Escenas Matritenses ofrecía pequeños cuadros con episodios de la vida social en el Madrid de la primera mitad del siglo XIX, el Mercero de Crónicas de un pueblo mostraba esos problemas que aquejaban la vida diaria de los habitantes de un pueblo. El alcalde, el cartero, el maestro, el cura, todos aportaban su granito de arena y sus enseñanzas.

Tras el éxito de Verano azul, en menos de un lustro apareció en la pequeña pantalla una nueva serie de Mercero, Turno de oficio, cuyo título no podemos decir que sea engañoso, pero sí incompleto, pues sus diecisiete episodios desbordan con creces la intención inicial para constituirse en un valiosísimo retrato social de la España de mediados de los años ochenta. Cambiando el pueblo por la ciudad (más concretamente Madrid, la “ciudad de ciudades”), el espectador que en la segunda década del siglo XXI se decida a visionar la serie, sin duda alguna tendrá sentimientos encontrados, en función de si ha vivido o no aquella época.

Turno de oficio narra las experiencias vitales de tres abogados. Uno de ellos, Juan Luis Funes, alias chepa (interpretado de forma magistral por Juan Luis Galiardo), abogado curtido en mil batallas que, pese a encontrarse ya en la segunda mitad de la vida, continúa prestando el servicio de turno de oficio, aunque sus años le han hecho ser algo escéptico por encontrarse de vuelta de todo. Eva Martín (Carmen Elías) es una joven abogada que lleva ya ciertos años en la profesión, y que sin ser una novata stricto sensu, tampoco es una veterana. El tercero de los personajes es Cosme Fernández, un recién licenciado en derecho que se encontraba preparando oposiciones a notarías, dado que esa era precisamente la función que ejercía su difunto padre (el primer capítulo, donde se presenta al trío protagonista, lleva por título precisamente El hijo del notario), que por las circunstancias descritas en el episodio inicial, donde es detenido tras una inusual ingesta de alcohol, opta por abandonar las oposiciones y abrir un despacho profesional en su propio domicilio, inscribiéndose en el turno de oficio. La contestación que ofreció Cosme al policía encargado de interrogarle tras su detención ha pasado a los anales de la historia televisiva: según el frustrado aspirante a notarías, no estaba embriagado, sino que tenía simplemente un “pedete lúcido” (de ahí que en varias ocasiones su colega el chepa se dirigiese a él cariñosamente como “pedete”).

Turno de oficio no sólo muestra estampas difíciles de comprender para un abogado del siglo XXI, como esa sala del colegio donde los letrados de guardia pasaban la noche, en vela o durmiendo en un pequeño sofá, por si se requería su presencia a través del Colegio (aún no habían hecho su aparición los “buscas”) o una Administración de justicia sin ordenadores y donde el papel era el dueño y señor de las dependencias. De igual forma, ofrece una imagen del Madrid de los años ochenta, fiel imagen de una España que reflejaba lo que había sido y lo que pretendía ser sin serlo aún del todo. En este punto, la serie tiene un cierto paralelismo con las dos películas de El Crack, dirigidas por José Luis Garci, que constituyen un auténtico documento de un Madrid ya inexistente, con esas hoy nostálgicas imágenes en travelling de una Gran Vía que hace tiempo pasó a mejor vida. En la serie de Mercero también se muestra esa imagen del Madrid de la movida, los problemas de la época, sobre todo la lacra de la droga, que tantas vidas segó en los ochenta. Se muestran unas fuerzas del orden en transición aún no consumada, donde los mandos pretenden adecuarse a los nuevos tiempos, pero donde inequívocamente aparecen de forma aislada comportamientos de antaño; así, un agente llega al extremo de golpear a chepa cuando asiste a un raterillo fichado, si bien Mercero no carga contra el estamento policial, y no en vano el jefe de ese agente es no sólo amigo, sino compañero de partidas del golpeado. También en un curiosísimo episodio se muestra la terrible ecuación que tiene por factores juventud, consumo de alcohol y tragedia en la carretera, episodio en el que, por cierto, amén de contar con un impagable plantel de actores invitados (José María Pou, Fernando Hilbeck, Juan José Artero y Luis Merlo) se insinúa hábilmente una prevaricación de un juez, porque el joven que provocó el accidente era precisamente el hijo de un magistrado, colega del juez de instrucción que debía investigar el asunto. Gracias al chepa, amigo del juez, no llega a consumarse, y aun cuando el magistrado actuó conforme a lo que de él se esperaba, es decir, aplicando estrictamente la ley, los remordimientos que le ocasionó el resultado final le llevaron a abandonar la judicatura. Porque en dicho episodio, la justicia “privada” finalizó lo que la justicia “oficial” dejó sin resolver por falta de pruebas; inexistencia de material probatorio que caracterizó, también, el ajuste final.

Pero la serie no sólo era un reflejo del Madrid de los ochenta, sino la historia de tres personajes, a los que se añadía la sombra de un cuarto, doña Marina (espléndida Irene Gutiérrez Caba) la siempre bienintencionada pero metomentodo madre de Cosme, de quien se mostraba en extremo protectora. Las relaciones no sólo profesionales, sino personales entre los tres letrados son el otro puntal de la serie. En este sentido, los tres se complementaban a la perfección: el realismo desengañado de chepa se complementaba con el todavía incólume entusiasmo de Eva y las incontrolables ansias del neófito Cosme. Hay una divertidísima escena que no sólo ilustra a la perfección dicho contraste sino que muestra, a la vez, una lección que vale por un tratado de derecho. Es aquélla en la que Cosme, recién abandonadas las oposiciones a notarías, con un amplio bagaje teórico en el ámbito del derecho civil pero ayuno de conocimientos penales, ha de enfrentarse a su primer caso, respondiendo al escrito de acusación del fiscal. Juan Luis Funes, su colega, no duda en tenderle una mano, y tras echarle un vistazo al borrador, le dice más o menos lo siguiente (cito de memoria y pueden no ser las palabras exactas, pero la idea sí que lo es): “Brillante. Los hechos perfectamente descritos y una magistral argumentación en cuanto a la defensa. Por eso precisamente tu escrito es del todo inútil.” Ante la sorpresa de Cosme, la veteranía y el amargo desengaño de chepa aparecen descubriendo la realidad al novel abogado: “Desengáñate. Casi todos los clientes del turno de oficio son culpables, no te molestes en negar la evidencia. Concéntrate en las circunstancias eximentes y atenuantes. Es ahí donde está la pelea.” Entusiasmo del abogado novel versus realismo del abogado veterano.

Diez años después, se rodó una segunda parte, pero ya sin Mercero en la dirección. Una segunda parte donde se evidenciaba el enorme cambio no sólo en los personajes (el enorme pelo rizado de Cosme da paso a una calvicie evidente) sino en el Madrid, en una capital más luminosa y donde las huellas del pelotazo (esa imagen de las torres Kío) se enseñoreaban donde antaño aún se escondían rincones e imágenes más cercanas a los años sesenta. Pero eso ya es otra historia.

Descanse en paz, Antonio Mercero.

 

EL LABERINTO DE DELIMITACIÓN COMPETENCIAL EN EL CONTENCIOSO: ESPAÑA v USA.

Una de las mayores dificultades que plantea el ordenamiento jurídico español desde el punto de vista procesal contencioso-administrativo es la vinculación entre el órgano autor del acto impugnado y el órgano jurisdiccional que ha de resolver la impugnación. De ahí el auténtico caos existente, que ilustran a la perfección los artículos 8 a 12 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con sus sucesivas reformas. A dicho criterio general se superpone otro, cual es la naturaleza del propio acto impugnado, que en ocasiones prevalece sobre el propio órgano autor.

Ilustremos lo anterior con varios ejemplos. Si se impugna judicialmente la liquidación del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana efectuada por un Ayuntamiento, el órgano jurisdiccional competente es el juzgado de lo contencioso-administrativo, en virtud del artículo 8.1; sin embargo, si lo que se impugna es la propia ordenanza fiscal reguladora del tributo aprobada por ese mismo Ayuntamiento, el órgano competente será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Si lo que se trata de impugnar es una licencia urbanística otorgada por un Ayuntamiento, evidentemente regresaremos de nuevo a la competencia general de los juzgados de lo contencioso-administrativo por mor del citado artículo 8.1, mientras que si lo que se trata de cuestionar ante los órganos jurisdiccionales es la adecuación a Derecho del planeamiento urbanístico, el asunto “salta” del juzgado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior, dado que el precepto citado excluye de forma expresa los instrumentos de planeamiento como materia propia de los juzgados.

El legislador y los propios órganos jurisdiccionales juegan en ocasiones alegremente con estos dos criterios para utilizarlos en beneficio propio. Así, por ejemplo, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rectificó su jurisprudencia anterior y pasó a considerar las Relaciones de Puestos de Trabajo como un acto administrativo en vez de como una disposición general, sin duda alguna tuvo muy en cuenta la delimitación competencial para, con esa aparente “degradación”, aligerar las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que así verán su agenda notablemente disminuida. De igual forma, si impugnada una disposición de carácter general ante los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, el autor de la misma ve peligrar su existencia, siempre puede utilizar raudo la ayuda del legislador para que una norma con rango de ley asuma el contenido de la disposición impugnada. Con ello se alzará un muro insalvable para la jurisdicción ordinaria, dado que el enjuiciamiento de las normas con rango de ley corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional. Pero es que, además, dado que la impugnación directa de los instrumentos normativos de rango legal tiene notablemente restringida la legitimación activa en cuanto a su impugnación directa, la única vía posible para que se enjuicie dicha norma legal no es otra que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

Tal situación es desconocida en la otra orilla del Atlántico, donde no sólo no existe complicación alguna en cuanto al órgano jurisdiccional competente, sino que no existe riesgo alguno en cuanto al orden jurisdiccional, puesto que únicamente existen tres tipos de órganos integrantes del poder judicial estadounidense: Juzgados de distrito, Tribunales de Apelación y Tribunal Supremo; y los tres conocen de cualquier asunto, materia y, además, impugnación de normas de todo tipo o rango, quedando únicamente extramuros de su conocimiento la propia Constitución federal. Ello supone que únicamente mediante una rectificación del más alto nivel, es decir, de rango constitucional, puede desvirtuar una resolución judicial dictada por el Tribunal Supremo. Y esto es así desde el propio nacimiento de los Estados Unidos como nación.

En febrero de 1793, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió el caso Chisholm v. Georgia, donde sostuvo que los estados podían ser demandados ante la jurisdicción federal, sin que pudiesen ampararse en su soberanía a modo de escudo protector frente a la acción de los órganos judiciales. Los más incisivos en este aspecto fueron el chief justice John Jay y James Wilson, llegando este último a afirmar textualmente: “A los efectos de la unión, Georgia no es un estado soberano.” La doctrina jurisprudencial era clara, y únicamente pudo ser dejada sin efecto mediante una reforma constitucional, en concreto mediante la decimoprimera enmienda, según la cual: “No debe interpretarse el poder judicial de los Estados Unidos para extenderlo a cualquier proceso en derecho o equidad, iniciado o perseguido hacia uno de los Estados Unidos por ciudadanos de otro Estado, o por ciudadanos o súbditos de cualquier estado extranjero.”

Por tanto, la únicas únicas modificaciones o reformas inatacables ante los órganos jurisdiccionales son las que sufre la propia Constitución federal. Ahora bien, inatacables no quiere decir que no sean interpretables, o que se les pueda dar una u otra lectura, una mayor o menor extensión. Así, por ejemplo, en el caso Barron v. Baltimore (32 US 243 [1833]), el Tribunal Supremo sostuvo que las diez primeras enmiendas (que integran el denominado Bill of Rights) únicamente eran de aplicación al gobierno federal, pero no a los estados que lo integraban; no obstante, a partir del caso Gitlow v. New York (268 US 365 [1925]) se inició una rectificación jurisprudencial y a través de un proceso conocido jurídicamente como incorporacion, uno de suyos últimos estadios tuvo lugar en el caso McDonald v. Chicago (561 US 742 [2010]) se entiende que los derechos constitucionales recogidos en la constitución federal vinculan igualmente a los estados. Igualmente, las denominadas “enmiendas de la reconstrucción” (la decimotercera a la decimoquinta), es obvio fueron aplicadas desde el principio, pero la interpretación o alcance que se dio a las mismas varió notablemente a lo largo del tiempo, y aún hoy existe la división ideológica entre los partidarios de una interpretación restrictiva o amplia de las mismas.

Una última cuestión. Las reformas de la constitución federal son inatacables desde el punto de vista jurídico, pero no así las de los estados. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el devenir jurídico de la denominada Proposition 8, una reforma de la constitución del estado de California que elevaba a rango constitucional la definición del matrimonio como unión entre personas de distinto sexo, enmienda que se había aprobado como reacción expresa a pronunciamientos judiciales favorables al matrimonio homosexual. Dicha modificación constitucional fue impugnada ante el Juzgado Federal del Distrito Norte de California, que en su resolución judicial anuló la reforma de la constitución estatal por vulnerar la decimocuarta enmienda constitucional; decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y, ulteriormente, por el propio Tribunal Supremo en el caso Holingsworth v. Perry. Es decir, que un simple juzgado federal (el escalón más bajo de la pirámide judicial estadounidense) anuló en una sentencia nada menos que la reforma constitucional de un estado. Una reforma que había sido ratificada, además, mediante referéndum y que había sido apoyada por 7.001.084 votos favorables (lo que suponía un porcentaje del 52,24% de los votantes) frente a 6.401.482 (47.76%), habiendo concurrido a la votación el 79,42% de la población censada.

Queda claro, pues, que unas retorcidas e intrincadas normas sobre “competencia” no implican de forma necesaria que el sistema sea “competente”, sino más bien lo contrario, a no ser que entendamos el término en el sentido de “competición”, a ver qué juzgado o tribunal es el que se lleva finalmente el gato al agua.

A veces me pregunto sinceramente cómo es posible que un sistema como el norteamericano donde únicamente existen tres niveles en la planta judicial, donde no existe la división en órganos jurisdiccionales puede funcionar tan razonablemente bien. Y como en nuestro país se extrema en ocasiones hasta el ridículo la complejidad, el formalismo, los requiebros y las sutilezas; remito al lector a que eche un vistazo al artículo 10 de la Ley 29/1998 de 13 de julio para que pueda contemplar un ilustrativo ejemplo de dicha afirmación.

EL ROL DE LOS TRIBUNALES EN UNA DEMOCRACIA MODERNA: REFLEXIONES DEL JUEZ STEPHEN BREYER.

Corrían los años finales de la década de los ochenta en el siglo XVIII cuando tuvo lugar un intercambio de impresiones entre Richard Spaight y James Iredell con motivo de una sentencia de un tribunal del estado de Carolina del Norte que había declarado inconstitucional una ley aprobada por el legislativo. Spaight reconocía que algunas de las normas legales aprobadas eran, ciertamente, cuestionables, pero que los órganos jurisdiccionales carecían de la facultad de declarar la inconstitucionalidad de los textos aprobados por el órgano representativo de la voluntad popular. Iredell, uno de los padres fundadores y futuro juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, articuló una sólida defensa de las potestades jurisdiccionales alertando sobre las consecuencias que para la libertad individual tendría el sentir mayoritario popular no estuviera sujeto a control alguno. En concreto, sus palabras fueron las siguientes:

“Si no existiese un control sobre las pasiones populares, el sistema se encontraría en el mayor de los peligros. Como la mayoría tendría el poder en sus manos, se cuidaría bien de sí misma; pero en qué situación se encontraría la minoría, si el poder de aquélla careciera de límites?”

Iredell manifestaba así su recelo hacia la “tiranía de las mayorías”, y su confianza en los Tribunales como órganos de control que estuviesen sometidos únicamente al ordenamiento jurídico, sin que hubieran de regirse por el sentir popular, sino orientarse únicamente por el ordenamiento jurídico vigente.

Dos siglos y medio más tarde, otro juez, en este caso el actual chief justice John Roberts, coincidía con dichas afirmaciones al ser preguntado sobre las manifestaciones que con frecuencia tenían lugar en la plazoleta sita ante la puerta principal de entrada del edificio donde el Tribunal Supremo tiene su sede. Roberts partía del derecho absoluto de los ciudadanos a manifestarse con objeto de explicitar sus puntos de vista, un derecho que, siempre y cuando se ejerciese pacíficamente y sin violencia, estaba garantizado por la primera enmienda constitucional. Pero también incidió en que los jueces tienen la obligación de resolver los asuntos con el ordenamiento vigente como único norte y guía, profundizando aún más al decir que determinados asuntos no podían juzgarse al calor popular debido al apasionamiento que provocan y que, en ocasiones, nubla el entendimiento.

En el año 2010 Stephen Breyer, uno de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sacaba al mercado el libro Making our democracy work: a judge´s view. En el mismo intenta ofrecer su particular visión del rol que los jueces ostentan en una democracia moderna. En la primera parte, titulada significativamente “La confianza del pueblo”, el autor trata de abordar una cuestión: “la voluntad del pueblo de aceptar las decisiones judiciales como legítimas”, lo cual efectúa a contrario sensu abordando ciertos episodios tasados en la historia constitucional americana donde el pueblo o alguna de las autoridades rehusaron llevar a efecto las resoluciones judiciales y las desastrosas consecuencias que ello acarreó al sistema. Es altamente ilustrativa la frase con la que abre la primera parte y que vale por todo un tratado:

“Los esfuerzos de la Constitución por asegurar una democracia constitucional en la práctica poco significarían si el público ignorase libremente las interpretaciones de la misma que no fuesen de su gusto.”

Profundizando aún más, Stephen Breyer (que, recordemos, es uno de los jueces que integran el ala liberal, y no la conservadora del Tribunal Supremo), efectúa la siguiente reflexión:

“Algunas decisiones deben tomarse antidemocráticamente; por ejemplo, el juicio penal de un acusado impopular. Los derechos del acusado son derechos que puede ejercer frente a la voluntad popular, y otros derechos constitucionales tienen las mismas características. Nuestro sistema de gobierno democrático no es una democracia mayoritaria pura, sino una democracia mayoritaria con límites establecidos por nuestra estructura constitucional y por derechos que la Constitución garantiza a los individuos y minorías contra el deseo de las mayorías. Mas aún, la mayor parte del pueblo comprende que los gobiernos democráticos, como cualquier gobierno, necesita estabilidad; y la estabilidad es incompatible con un sistema legal cuyo contenido varíe diaria y directamente en función de los cambios de la opinión popular” (el subrayado es original de Breyer).

Una de las características de los Estados Unidos es que la gente puede manifestar su discrepancia e incluso su rechazo en relación a determinadas resoluciones judiciales, pero jamás se ha pasado por la cabeza a nadie cuestionar la legitimidad de los jueces y mucho menos manifestar en público el no acatamiento de la sentencia y la negativa a ejecutarla. ¿Cuál es el secreto que ha llevado a dicha situación? Breyer confiesa que ese interrogante se lo planteó la máxima autoridad judicial de una nación africana, y la respuesta ofrecida fue la siguiente:

“No hay ningún secreto, ni palabras mágicas en el papel. El cumplimiento de la ley es cuestión de costumbre, de hábito, de compartir sabiamente la convicción de cómo tanto quienes están en el gobierno como el pueblo actuarían cuando se encuentran con una decisión judicial de la que discrepan fuertemente.”

Y más adelante ofrece un ejemplo concreto y actual de una reacción de discrepancia frente a una sentencia que, pese a todo, fue públicamente aceptada de forma incuestionable incluso por el propio derrotado: el caso Bush v. Gore. Breyer reconoce irregularidades en el procedimiento de votación que cuestionaban la ecuación un hombre-un voto (debido a diferencias de criterio en cada una de las mesas electorales) y reconoce que fue partidario de estimar parcialmente el recurso de Bush, anulando la decisión del Tribunal Supremo de Florida, pero no de detener el recuento, sino devolviendo el asunto a los órganos estatales para que fijaran un criterio unánime que se aplicase a todas las mesas y a efectuar un recuento con todas las garantías. No obstante, lo decisivo es el siguiente párrafo:

“No es la cuestión en este momento decidir si la sentencia fue correcta o no. Si tanto yo como otros tres miembros del Tribunal creímos que la decisión fue muy incorrecta, también lo hicieron millones de americanos. Al propósito que nos ocupa, sin embargo, fue lo que sucedió después. Gore, el candidato derrotado, ordenó a sus seguidores que no atacasen la legitimidad de la sentencia. Y a pesar de la gran importancia de la misma, las fuertes discrepancias sobre sus razonamientos y los fuertes sentimientos sobre la intervención judicial en la materia, tanto Demócratas como Republicanos acataron cumplieron con la sentencia. Lo hicieron pacíficamente, sin necesidad de tropas como en Little Rock, sin protestas masivas y violentas. El líder del Senado, Harry Read, miembro del Partido Demócrata, sostuvo después que la voluntad popular de cumplir con el ordenamiento jurídico tal y como había sido interpretado por el Tribunal constituyó el hecho más destacado del caso, aunque no haya sido tan destacado.”

En definitiva, que el respeto a las decisiones de los órganos judiciales es una cuestión de hábito, de tradición. Lo mismo que el cumplir voluntariamente con las sentencias. De igual manera que el respeto a la independencia judicial.

Por ello, un país donde existe un dicho según el cual “hecha la ley, hecha la trampa”; un país donde tradicionalmente se han articulado incluso a nivel legislativo unas denominadas “válvulas de seguridad” para evitar la ejecución de sentencias contrarias al poder público; un país donde dirigentes políticos manifiestan alegremente y sin consecuencia alguna que no obedecerán determinadas resoluciones judiciales que no sean de su agrado; y, sobre todo, un país donde en caso de disgusto popular frente a una resolución judicial en vez de calmar los ánimos el propio titular de la cartera de justicia se ponga al frente de la masa no discrepando jurídicamente de la sentencia (lo que, aun cuando impropio del cargo que ocupa, podría ser aceptable) sino sembrando dudas sobre la propia capacidad personal del juez efectuando manifestaciones gratuitas sin prueba alguna, podrá tener una democracia consagrada a nivel normativo, pero es bastante más cuestionable que la tenga implantada a nivel social.

EL GOBIERNO OPTA POR LOS “TRIBUNALES POPULARES” COMO SOLUCIÓN PARA EVITAR RESOLUCIONES JUDICIALES CONTROVERTIDAS.

Hemos tenido conocimiento que, en reunión extraordinaria celebrada hoy domingo día 29 de abril del 2018, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al siguiente

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
CREACIÓN DEL TRIBUNAL POPULAR Y DEL
JURADO POPULAR

I

Los acontecimientos vividos en los últimos tiempos acreditan un distanciamiento entre la Administración de Justicia y la opinión pública que no sólo amenazan con socavar los cimientos del propio Estado de Derecho, sino la misma convivencia ciudadana. Un recto enjuiciamiento debe estar incuestionablemente ligado a la percepción ciudadana de la justicia, de tal manera que las resoluciones judiciales puedan ser calificadas no sólo como ajustadas a Derecho, sino verdaderamente populares.

El artículo 117 de la Constitución establece que la Justicia emana del pueblo, y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Cierto es que hasta el momento el Poder Judicial lo han integrado jueces y magistrados de carrera, seleccionados en base a la capacitación profesional demostrada en la superación de unas pruebas selectivas. Pero la experiencia práctica ha demostrado que precisamente esa preparación para las pruebas ha contribuido a aislar a la judicatura de su elemento natural, el pueblo, lo que ha de ser corregido de alguna forma, mediante la incorporación de miembros que se demuestre se encuentran más cercanos al sentir del pueblo.

La presente Ley Orgánica tiene por objeto suplir esas carencias incorporando una serie de mecanismos legales tendentes a conectar las resoluciones judiciales con el sentir mayoritario de la población.

II

En primer lugar, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial a los efectos de crear el Tribunal Popular, como órgano de enjuiciamiento de determinados asuntos que tengan una indudable trascendencia. Con ello se pretende evitar el penoso espectáculo de los juicios mediáticos, lo cual se hace no sólo incorporando a destacados miembros del sector audiovisual como integrantes del mismo, sino habilitando los platós de televisión como salas de vistas y garantizando en todo caso la mayor publicidad mediante la difusión radiofónica, televisiva y virtual del procedimiento.

En segundo lugar, se modifica la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para ampliar su ámbito objetivo y para alterar su composición, garantizando en todo caso una pluralidad interna del mismo.

Título I
Del Tribunal Popular

Artículo 1.- Modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio, Orgánica del Poder Judicial.

1.1.- Dentro del Título IV, se crea el Capítulo II bis, con la rúbrica “Del Tribunal Popular”.

1.2.- Se crea un nuevo artículo 69.bis integrado en el Capítulo II bis del Título IV, con la siguiente redacción:

“1. Se crea, con jurisdicción en toda España, un Tribunal Popular.

2. El Tribunal Popular estará integrado por tres personas, elegidas por un periodo de cinco años mediante sorteo de entre los profesionales de la radiodifusión con reconocido prestigio que tengan una antigüedad mínima de dos años en la presentación de magazines que aborden el análisis de la actualidad política, social o del corazón, y que tengan, cuando menos, un cinco por ciento de share.

El cese o dimisión del profesional del espacio televisivo que estuviera conduciendo o presentando supondrá de forma automática el cese como integrante del Tribunal Popular.

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento que ha de regir la elección por sorteo y las garantías del mismo.

3. El Tribunal Popular conocerá del enjuiciamiento de todas aquéllas causas que tengan notoria relevancia mediática, social o popular. Mediante ley se establecerán las características que ha de tener una causa para ser calificada como de notoria relevancia.

4. En el momento que cualquier órgano judicial esté conociendo de un asunto que pase a tener las características establecidas en el párrafo anterior, transferirá de forma automática la causa al Tribunal Popular.”

1.3.- Se crea un nuevo artículo 69.ter integrado en el Capítulo II bis del Título IV, con la siguiente redacción:

“1. Las actuaciones del Tribunal Popular serán públicas, sin que ningún caso podrá declararse el secreto de sumario o las actuaciones a puerta cerrada.

2. La sede del Tribunal Popular será la del plató de mayor extensión de cada una de las televisiones en abierto que emitan en el país, estableciéndose una rotación por turnos en cada una de ellas.

3. Todos los juicios que conozca el Tribunal Popular serán televisados en abierto, con la excepción de las deliberaciones del jurado, que serán a puerta cerrada.”

Título II
Del Jurado Popular

Artículo 2.- Modificación del artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo.

Se añade una nueva letra g) al apartado 1, con la siguiente redacción: “Delitos que sean calificados de notoria relevancia”.

Se añade una nueva letra i) al apartado 2, con la siguiente redacción: “Delitos que sean calificados de notoria relevancia”

Se modifica el apartado 3, que pasa a tener la siguiente redacción: “El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial y del Tribunal Popular. En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional, salvo que éstos sean transferidos al Tribunal Popular por ser calificados de notoria relevancia.”

Se añade un apartado 4, con la siguiente redacción: “Los asuntos que sean conocidos por el Tribunal Popular serán enjuiciados por el Jurado Popular.”

Artículo 3.- Modificación del artículo 2 de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo.

Se añade un párrafo tercero al apartado uno, con la siguiente redacción: “El jurado popular se compondrá de doce miembros. Se elegirá de entre ellos un presidente, que ejercerá las funciones especificadas en el artículo 4”

Artículo 4.- Modificación del artículo 3 de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo.

Se añade un nuevo apartado 5, con la siguiente redacción: “El jurado popular será competente en todos los casos de los que conozca el Tribunal Popular.”

Artículo 5.- Se añade una nueva sección cuarta al capitulo II, con la rúbrica “Del jurado popular.”

Artículo 6.- Se crea un nuevo artículo 23.bis, dentro de la sección cuarta del capítulo II, con la siguiente redacción:

“1. Seis de los miembros del jurado popular se elegirán de entre españoles que tengan la condición de contertulios en magazines o programas de análisis político, social o sentimental, y los seis restantes entre representantes de organizaciones representativas de intereses políticos y sociales.

2. Los candidatos procedentes de los magacines o programas de análisis político, social o sentimental serán elegidos mediante votación popular efectuada por medios telemáticos en el seno del propio programa, donde deberá anunciarse el resultado. No podrán formar parte del jurado más de dos representantes de un mismo programa

Por Real Decreto se establecerán los procedimientos de elección y las garantías para asegurar la transparencia de la elección y del resultado.

3. Los seis miembros procedentes de las organizaciones políticas y sociales serán elegidas por cada uno de los partidos, asociaciones o entidades del sector.”

Disposición Adicional.- El Gobierno, en el plazo de un año, elaborará un proyecto de ley que regule la apellatio ad populum de las resoluciones emanadas del Tribunal Popular.

Disposición Final.- La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación oficial.

Según afirma la agencia JOTA, fuentes del Gobierno han barajado los nombres de Antonio García Ferreras, Carlos Herrera, Juan Ramón Lucas, Julia Otero, Ana Rosa Quintana, Federico Jiménez Losantos, Jorge Javier Vázquez y Susana Griso como potenciales candidatos a integrar el Tribunal Popular. El ministro portavoz, al ser preguntado al respecto, se limitó a sonreir e indicar que su preferida es Susana Griso, aunque manifiesta encontrarse abierto a otras opciones, puesto que nada está decidido aún. Confía, eso sí, en que esta pionera experiencia conduzca el éxito y pueda eliminar, de una vez por todas, la barrera que existe entre Administración de Justicia y ciudadanía. “Es hora de dar la voz al pueblo y que sea éste el auténtico señor de sus destinos”, manifestó públicamente el titular de la cartera de Justicia, quien, evocando sus orígenes y parafraseando a Forrest Gump, indicó que: “La Justicia es como una máquina tragaperras. Nunca sabes cuándo te va a salir el premio gordo.” El presidente del Gobierno rehusó hacer cualquier tipo de comentario limitándose a un escueto: “jo, que tropa!“

LOS JUICIOS MEDIÁTICOS: EL REGRESO DE LA LEY DE LYNCH.

En el viejo oeste americano, existía una curiosísima forma de hacer justicia que se consideraba rápida y eficaz: la aplicación de la denominada ley de Lynch; que dio, por cierto, título a una magnífica novela del escritor Gustav Aimard. Su aplicación no exigía rudimentos, sutilezas, argumentaciones, ni formalidad alguna: bastaba con que la masa, debidamente azuzada, considerase a un ciudadano culpable de determinado comportamiento para que aplicase de forma inmediata “su” justicia. La forma concreta de expiación solía consistir en “suspender a la persona del cuello hasta que muera” (forma pudorosa de referirse al ahorcamiento), aunque en casos extremos el “linchamiento” (palabra que deviene, precisamente, de Lynch) consistía nada menos que en ensañarse con el cuerpo del declarado culpable, que acababa despedazado. Bien es cierto que en ocasiones esa forma de justicia inapelable daba lugar a equivocaciones clamorosas (recomiendo al lector interesado el film-denuncia titulado The Ox-Bow incident); también es cierto que la historia ha demostrado que la “espontaneidad” de esta especie de “justicia popular” distaba mucho de ser tal, pues las revueltas populares y andanadas callejeras, desde la rebelión de Fuenteovejuna hasta el motín de Aranjuez (por poner dos ejemplos patrios) siempre tenían su origen en alguna persona con intereses nada altruistas.

Viene lo anterior a raíz de las numerosas manifestaciones que han tenido lugar a raíz de hacerse pública la sentencia del conocido como caso “la manada”. Apenas tuvo lugar la lectura de un resumen de los 371 folios de la sentencia, las calles se inundaron de miles de personas clamando “justicia”, criticando la sentencia, sin que precisaran ni los representantes de los medios de comunicación consideraran oportuno preguntarles si se habían molestado en echar un vistazo, si quiera fugaz a la misma. A tal situación se unió la inevitable aparición de esa especie en auge que son los contertulios que pueblan los distintos programas del espectro audiovisual patrio, que lo mismo pontifican sobre la calidad jurídica de una sentencia que sobre la pericia de un cirujano o la habilidad técnica de un arquitecto.

Vayamos por partes.

Primero.- Sobre la crítica a las sentencias judiciales.

Es evidente e indubitado que las resoluciones judiciales pueden ser sometidas a la debida crítica. En este punto, en efecto, una sentencia puede ser objeto de comentario, ya sea éste favorable o desfavorable, siempre y cuando éste vaya acompañado de la debida motivación. Se trataría, en definitiva, de analizar el contenido material de la sentencia, someterla al debido contraste y exponer los puntos o aspectos en la que ésta se entiende equivocada y los motivos por los cuales se entiende que el razonamiento utilizado es incorrecto.

En este sentido, creo que ningún magistrado en su sano juicio puede esperar que sus resoluciones sean objeto de alabanza universal, y tampoco que las mismas sean infalibles, y debido a la propia falibilidad de la naturaleza humana. Por tanto, exponer públicamente la discrepancia con una sentencia argumentando los motivos por los cuales la misma es incorrecta no sólo no está proscrito, sino que es incluso saludable.

De igual forma es respetable la discrepancia genérica y respetuosa con una resolución judicial por sostener que, incluso siendo ajustada a Derecho, la misma conduce a un resultado injusto. En este caso, las culpas no deberían ser del juez, o cuando menos no en exclusiva, sino que la protesta debe elevarse a las normas aplicadas o, más en concreto, a quienes las han aprobado. Insistimos, cabe igualmente objetar a una resolución judicial que la misma, aun siendo impecable jurídicamente, sea injusta desde el punto de vista material.

Lo que no cabe ya es descalificar de forma grosera una sentencia sin haber leído la misma, única y exclusivamente amparándose en las informaciones de los medios de comunicación, que en muchos casos no sólo ofrecen un contenido sesgado, sino claramente inexacto.

En otras palabras, y por utilizar un lenguaje coloquial, cabe discrepar respetuosamente de una sentencia, pero no descalificarla de forma grosera; se trata de utilizar la cabeza, y no las tripas.

Segundo.- Sobre las críticas a los jueces.

De la misma forma que hemos dicho lo anterior, cabe también la crítica a los jueces en cuanto redactores de las resoluciones cuestionadas. En efecto, puede imputarse al juez el haber errado en la apreciación de la prueba, en valorar de forma inadecuada o incorrecta la misma, e incluso puede en determinados supuestos argumentarse que el mismo ha aplicado de forma inadecuada el ordenamiento jurídico o efectuado una interpretación inexacta del mismo. Al igual que hemos dicho anteriormente, ningún juez en sus cabales se tomará a mal que sus resoluciones sean objeto de la debida crítica jurídica, o sean expuestas sus debilidades o sus contradicciones.

Ahora bien, lo que no cabe es la descalificación in totum del magistrado a nivel estrictamente personal. Eso desborda la crítica jurídica para incurrir en el insulto barato que, aun cuando jurídicamente tolerado siempre que no desborde ciertos límites, hace perder la razón en cuanto al fondo.

Tercero.- Sobre los juicios mediáticos.

Un tercer punto, muy delicado, son los cada vez más frecuentes juicios mediáticos, que aun siendo lícitos no dejan de ser muy peligrosos, porque los mismos en gran parte de las ocasiones se efectúan sobre la base de información incompleta o por confirmar, y los particulares “pre-jueces” no gozan a veces de la preparación jurídica necesaria para efectuar el comentario, de tal manera que lo que es una simple y lícita apreciación personal se convierte mutatis mutandis en una especie de opinión profesional sin la cualificación necesaria. En este punto, conviene no perder de vista varias circunstancias:

3.1.- Un Tribunal de Justicia tiene como misión resolver una disputa entre dos partes, correspondiendo el enjuiciamiento a una persona ajena a las partes y que no tiene ningún otro objetivo, interés o aspiración más que resolver la disputa conforme a Derecho. Para el medio de comunicación la verdad es un objetivo deseable, pero secundario y subordinado simplemente a la misión principal, que no es otra que un incremento de la audiencia, lo cual únicamente se obtiene echando carnaza en el asador.

3.2.- En muchas ocasiones, los juicios mediáticos se efectúan sin tener toda la información disponible o, lo que es más grave, sin contrastar la misma. Todos hemos sido testigos de medios que colaboraron activamente en la recaudación de fondos para ayudar a una menor a obtener un tratamiento médico, para descubrirse posteriormente que todo el asunto no era más que un gigantesco fraude montado por los progenitores. Ninguno de los medios (y no fueron pocos) en que la menor y su padre comparecieron se molestaron en comprobar algo tan sencillo como si los hechos eran ciertos, aunque eso si, ulteriormente pretendieron cubrir su propia irresponsabilidad como es habitual en ellos: echando carnaza en el asador para obtener más audiencia.

3.3.- El linchamiento mediático puede demostrarse un arma mucho más eficaz que la propia condena penal, hecho éste que ya fue destacado por una persona tan intelectualmente honesta como Gaspar Melchor de Jovellanos, quien sufrió en sus propias carnes un encarcelamiento injusto. Así, en su obra El delincuente honrado, hace que uno de los personajes efectúe la siguiente reflexión: “La nota que le puso la opinión pública, ¿Podrá acaso borrarla una sentencia?”.

3.4.- Es cierto que en determinadas ocasiones existen personas que efectúan comentarios, críticas y valoraciones de una manera profesional y ajustada. Pero no es menos cierto que son cada vez más los programas que fomentan no el análisis crítico, sino el jolgorio vocinglero caracterizado por la vaciedad más absoluta, donde se suple la ausencia de argumentación con el aumento de la sonoridad.

A nivel estrictamente particular, creo que en la actualidad más que comentarios razonados se asiste en muchos casos a auténticos linchamientos mediáticos, con la diferencia que se ha sustituido la soga por el receptor de ondas, y la eliminación física por la muerte civil. En definitiva, una “ley de Lynch” mediática.

Cuarto.- Sobre el caso en concreto de “La manada”.

Confieso que no voy a cometer la temeridad de efectuar un comentario o valoración de la sentencia por dos razones: la primera, porque no la he leído y la segunda, porque aun cuando lo hiciese no soy especialista en Derecho penal, por lo que una persona ha de ser consciente de sus limitaciones y, por tanto, en este campo he de reconocer honestamente que mis facultades de crítica se encuentran cercenadas.

Coincido con el análisis que ha efectuado mi admirado José Ramón Chaves en su bitácora. Una cosa es repudiar de la forma más contundente y severa unos hechos como los enjuiciados, y otra cosa muy distinta es acometer una labor de acoso y derribo de tres magistrados descalificando una resolución judicial más con las tripas que con la cabeza. Se podrá discrepar de la resolución, se podrá argumentar que los medios probatorios de la acusación no han sido debidamente valorados, e incluso se podrá sostener que la condena es insuficiente. Ahora bien, de ahí a la campaña que se ha desatado, donde se pretende suplir razonamiento con gritos, hay un largo trecho. Y no deja de ser llamativo que quienes hace apenas un par de meses llamaran ante unos hechos mucho más graves (por muy condenable y repugnante que sea un delito contra la libertad sexual, es evidente que un asesinato es objetivamente un crimen mucho más grave) llamasen a la ponderación y a no efectuar críticas o solicitudes “en caliente”, sean quienes más eleven la voz en estos momentos.

He visto que a alguno de mis amigos que trabajan en la Administración de Justicia le ha dolido el hecho de que se haya iniciado en la plataforma change.org una recogida de firmas para “inhabilitar” a los jueces. No creo que deba preocuparles tal circunstancia. A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, un sector de la población estadounidense disconforme con lo que consideraba una actuación excesivamente benévola del Tribunal Supremo de los Estados Unidos bajo la presidencia de Earl Warren, iniciaron una campaña pública con el lema “impeach Warren.” El propio afectado, Earl Warren (a mi juicio una persona excesivamente mitificada), no sólo no le dio la menor importancia, sino que incluso se lo tomó con humor.