EL “MINISTERIO DEL TIEMPO” VISTO DESDE EL DERECHO ADMINISTRATIVO.

Ministerio del Tiempo

En mi condición de espectador confeso de la serie El Ministerio del Tiempo, y como jurista práctico que maneja diariamente el ordenamiento jurídico-administrativo, he decidido seguir los divertidos planteamientos con los que mi admirado José Ramón Chaves nos obsequia en su blog, de tal forma que reflexiono en voz alta sobre diversos aspectos que dicha serie plantea desde el punto de vista del Derecho público.

I.- ¿Es el Ministerio del Tiempo un auténtico “Ministerio”?

Los Ministerios son aquellos departamentos encargados de la gestión de una o varias áreas del Gobierno. Corresponde al Presidente del Gobierno, mediante Real Decreto, la creación, modificación y supresión de los departamentos ministeriales (artículo 2.2.j de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno). Los mismos tienen naturaleza tanto política, correspondiendo a sus titulares fundamentalmente desarrollar la acción del gobierno en el ámbito de su Departamento (artículo 4 de la Ley del Gobierno), como administrativa, donde la cabeza de dicho órgano tiene atribuidas ex lege una serie de competencias centradas en la gestión cotidiana del departamento (artículo 61 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

Dado que a lo largo de la serie en ningún momento se indica que exista una cartera en el seno del gobierno con tal denominación, ni se constata que el citado organismo tenga la categoría ministerial o conste en los correspondientes Reales Decretos de reestructuración de los Departamentos ministeriales, no podemos concluir que, cuando menos desde el punto de vista jurídico-administrativo, nos encontremos ante un Departamento ministerial stricto sensu, aunque oficiosamente se le denomine como tal.

Aunque a lo largo de la serie queda bien claro que existe cierta vinculación jerárquica respecto de Presidencia del Gobierno, lo que implica que ha de tener cierta naturaleza pública. Aunque para abordar este punto mejor hacerlo al contestar a la siguiente pregunta

II.- ¿Es Salvador Martí un auténtico “subsecretario” delMinisterio”?

Habiendo superado la barrera de los treinta episodios y en pleno camino hacia el cuadragésimo, cualquier persona que haya visto alguno de ellos sabe que al frente del Ministerio del Tiempo se encuentra Salvador Martí, a quien se le identifica como “Subsecretario del Ministerio”.

Los Subsecretarios son, en efecto, órganos directivos de los Ministerios, que se crean, modifican y extinguen por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (artículos 55.3.b.1 y 59.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). Como tales, los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes y ejercen las competencias relativas a los mismos (artículo 63.1.a de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público).

Ahora bien, pese a ser calificado como “subsecretario”, Salvador Martí en modo alguno ejerce la representación ordinaria del Ministerio, por cuanto aun cuando vinculado a Presidencia, no ejerce la representación ordinaria de dicha cartera ni gestiona los servicios comunes de la misma. Por tanto, ni estamos ante un “Ministerio” del Tiempo, ni Salvador Martí es propiamente un “subsecretario”. Máxime cuando es público y notorio que cualquier relevo en la Presidencia del Gobierno acarrea la sustitución de los órganos superiores y directivos, siendo así que Martí fue puesto en el cargo que ostenta por Adolfo Suárez, permaneciendo durante más de tres décadas el mismo, salvo un fugaz periodo en el que fue relevado por Susana Torres merced a un coup d´etat interno facilitado por Irene Larra, pero todo ello sin mediar acto de cese y relevo y mucho menos publicación oficial del mismo.

En definitiva, que nos encontramos ante un organismo similar al Impossible Mission Force, es decir, un ente no ya traslúcido, sino “opaco” situado no extramuros del sistema, pero sí oculto a la generalidad de la población e incluso de los propios poderes públicos.

III.- ¿Cómo se estructura orgánicamente el “Ministerio del Tiempo”?

En este punto, la opacidad es absoluta. Sabemos que al frente del mismo se encuentra Salvador Martí, a quien ya hemos visto se identifica como “subsecretario”, y a quien todo el personal se encuentra subordinado. Pero salvo el caso de Angustias, la secretaria personal de Martí, desconocemos el rango y jerarquía del resto de personas que lo integran y las posibles dependencias, vínculos o relaciones jurídicas que existen entre ellos.

IV.- ¿Cuáles son las competencias que ostenta el “Ministerio”?

Parece claro que el Ministerio se constituye en una especie de “policía de la historia”, evitando que puedan ser alterados hechos o eventos ocurridos en el pasado.

Prescindimos en este apretado análisis aspectos que podrían ser abordado desde otras disciplinas técnicas, como, por ejemplo, la consideración del tiempo (incluso el pasado) como algo continuo susceptible de ser modificado en cualquier instante. Lo único que interesa en este momento es verificar si esas competencias implican el ejercicio de autoridad o el uso de prerrogativas públicas. Todo parece indicar que no, dado que en ningún momento los integrantes de tan peculiar cuerpo de vigilancia se identifican como tales, ni invocan autoridad alguna, sino que, por el contrario, siempre actúan de incógnito o bajo disfraz.

V.- ¿Cuál es la naturaleza jurídica de su personal?

Es muy frecuente escuchar a los diversos protagonistas referirse a los “funcionarios del ministerio.” Ahora bien, desgraciadamente no podemos dar por válida dicha afirmación, cuando menos si contrastamos la expresión “funcionario” con la regulación legal contenida en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, hoy sustituida por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, así como por la normativa de desarrollo.

En efecto, no consta que exista Relación de Puestos de Trabajo, tampoco que se hayan convocado las oportunas bases para la convocatoria, ni que el personal se haya reclutado conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad o superado prueba alguna tendente a validar sus aptitudes. Más bien al contrario, la entrada al servicio del Ministerio se caracteriza por la más absoluta arbitrariedad, debido al nepotismo más absoluto o al simple azar. Tal es el caso de Julián Martínez, a quien se recluta simplemente por ser testigo incómodo de la aparición inesperada de dos soldados napoleónicos, que llegan al siglo XXI por una de las puertas ocultas cuya existencia desconocía el Ministerio.

VI- ¿Cuál es la vía de financiación del Ministerio?

Parece claro que la pública, en cuanto en numerosas ocasiones se refieren a la “escasez del presupuesto” y se pide a las autoridades públicas un “aumento del mismo”. Ahora bien, dado el carácter oculto y secreto de esta entidad, el importe de las cantidades con que se dota al mismo no constan incorporadas en los Presupuestos Generales del Estado.

A todo lo anteriormente indicado cabe añadir que el incorrectamente denominado Ministerio del Tiempo supone, a efectos jurídicos, una auténtica bofetada a la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno. Lo cual no impediría a cualquier ciudadano solicitar la información precisa sobre el mismo, su funcionamiento y su personal, dado que el artículo 17 de dicho texto legal otorga una legitimación activa prácticamente universal para tal solicitud.

 Dicho sea todo lo anterior respetuosamente y en estricto ejercicio del animus iocandi.

 

 

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de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

SOBRE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL ANULANDO LA LEY CATALANA DE REFERÉNDUM

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Confieso que la lectura de las resoluciones del Tribunal Constitucional me provoca los mismos efectos que una digestión pesada: ardor de estómago. En cuanto a la forma, porque se trata de sentencias amazacotadas, reiterativas, con unos antecedentes de hecho excesivamente largos que, además, vuelven a reproducirse en la fundamentación jurídica, lo que supone incrementar artificialmente la extensión ya desmesurada de tales documentos. Respecto al fondo, porque el estilo forense del máximo intérprete de la Constitución española es en extremo plúmbeo, farragoso y en no pocas ocasiones pedestre. De ahí que el jurista que, voluntariamente o por necesidad, deba adentrarse en la lectura de una sentencia constitucional haya de acometer dicha tarea no sólo armado de una paciencia similar a la que se predica del santo Job, sino provisto de una buena dosis de bicarbonato con la que aligerar la indigestión provocada por la lectura.

Con todo, y debido a la importancia del objeto de enjuiciamiento, no pudo el redactor de estas líneas sustraerse a la lectura de la Sentencia de 17 de octubre de 2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, que estima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017 de 6 de septiembre, “del referéndum de autodeterminación.” Aun cuando la meritada resolución ocupa cuarenta y seis páginas (una menos, en realidad, dado que la última tan sólo contiene el nombre de ocho de los doce magistrados), el peculiar estilo forense utilizado por el Tribunal Constitucional facilita que el lector pueda omitir de un plumazo la lectura de las veinte sin que ello suponga merma alguna para ilustrarse sobre la causa. Aviso, pues, para navegantes: si alguna de las personas que amablemente leen esta entrada y la misma les pica la curiosidad y optan por la lectura de la resolución indicada, que sepan pueden iniciar la lectura directamente en la página vigésimoprimera.

Son varias las circunstancias que llaman la atención en el presente asunto:

1.- La Ley 19/2017 de 6 de septiembre, como se indica en el fundamento jurídico segundo, se sitúa voluntariamente extramuros del ordenamiento constitucional. Quiere ello decir que voluntaria y deliberadamente explicita su propia inconstitucionalidad o, por decirlo en términos utilizados en la sentencia comentada, se sitúa en “posición de ajenidad al ordenamiento constitucional”, de ahí que ante la ausencia de tal anclaje jurídico deba sustentar su propia fundamentación en otros pilares, y para ello nada mejor que utilizar dos columnas básicas: por un lado, el ordenamiento internacional y, por otro, una pretendida “soberanía” del pueblo catalán, soberanía que tendría su representación den el Parlamento de Cataluña. Tal comportamiento no es, insistimos, culposo o negligente, sino voluntario y doloso, como lo prueba el hecho de que incluso se prescinde de las fórmulas habituales de promulgación recogidas en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Aunque el Tribunal Constitucional, como suele ser habitual en él, vuelva sobre las mismas cuestiones una y otra vez como la peonza que gira sobre su eje, bastaría una sola frase para describir la naturaleza del texto legal sometido a consideración: “La Ley 19/2017 busca ser la vía para la eventual construcción, tras la posible “declaración formal de independencia de Cataluña” (art. 4.4), de un sistema jurídico enteramente distinto al cimentado hoy en la Constitución española y en el EAC.” Es, ni más ni menos, eso: una norma que rompe abierta y explícitamente con la Constitución y el Estatuto de Autonomía para servir de base o fundamento a la creación de un sistema nuevo, buscando para ello otros anclajes.

2.- El Tribunal Constitucional, aun cuando no tenía necesidad de hacerlo, desautoriza la invocación a las normas del Derecho internacional, más concretamente al pretendido “derecho de libre determinación”, en cuanto el mismo está previsto para territorios sometidos a dominación colonial (“sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras”), y fuera de dicho supuesto específico, “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Por tanto, ya vemos que los principios del Derecho internacional desautorizan expresamente los objetivos últimos de la Ley 19/2017.

3.- En lo referente a la existencia o no de título competencial para la regulación por ley autonómica de la celebración del referéndum, basta con reducirlo igualmente a una frase de la sentencia: “Es pues evidente que la Ley 19/2017 se ha dictado sin soporte competencial alguno y que resulta por ello inconstitucional en su conjunto, pues toda ella se ordena a la regulación y convocatoria de un referéndum singular que resulta ajeno a las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma.”

4.- Respecto al fondo del asunto, el Tribunal sostiene que el texto legal en su conjunto es contrario a la Constitución. El primer párrafo del fundamento jurídico quinto es meridianamente claro: “La Ley 19/2017 es, con toda evidencia, inconstitucional y lo es en su conjunto al contrariar, de modo explícito, principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de derecho, y la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por tanto, el Parlamento de Cataluña (arts. 1.2, 2, 1.1 y 9.1 CE).”

Conviene incidir en un aspecto que el Tribunal recuerda. No cuestiona el máximo intérprete de la Constitución el objetivo último pretendido por los artífices del texto legal que se anula, como tampoco cuestiona la posibilidad de reforma constitucional en este y en cualquier otro aspecto. Lo que rechaza de plano es el olvido total de los procedimientos fijados para la reforma de la Constitución: “El debate público, dentro o fuera de las instituciones, sobre tales proyectos políticos o sobre cualesquiera otros que propugnaran la reforma constitucional goza, precisamente al amparo de la Constitución misma, de una irrestricta libertad. Por el contrario, la conversión de esos proyectos en normas o en otras determinaciones del poder público no es posible sino mediante el procedimiento de reforma constitucional.”

El Alto Tribunal utiliza términos muy duros para describir la actuación de las instituciones catalanas: “Al aprobar la Ley 19/2017, el Parlamento de Cataluña se ha alzado frente a la soberanía nacional residenciada en el pueblo español, convocando a una fracción de ese pueblo, en desafío a la unidad de la Nación, a decidir la suerte del Estado común […] Estos ilícitos constitucionales y el desconocimiento pleno en que la Cámara ha incurrido de la lealtad constitucional que obliga a todos […] han deparado, a la vez, un atentado a la consideración del Estado español . Pero quizá ningún párrafo es tan elocuente y descriptivo como éste en el que se describe cómo mediante la presente ley se ha borrado de un plumazo el ordenamiento constitucional en una parte del territorio español: “El Parlamento de Cataluña ha pretendido, mediante la Ley 19/2017, cancelar de hecho, en el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se avinieran o acomodaran al dictado de su nuda voluntad.”

Por ello, el poder público que abierta, consciente y deliberadamente se apartan de un principio esencial como es el de sometimiento al orden constitucional, no puede ejercer legítimamente unas prerrogativas públicas que él mismo cuestiona. Y en un párrafo altamente significativo, el propio Tribunal Constitucional recoge un principio tan básico y antiguo como es el derecho de resistencia frente al poder arbitrario: “Con todo ello, al renunciar como observamos en el fundamento jurídico 2 de esta Sentencia a cualquier presunción de constitucionalidad, la asamblea autonómica no ha podido reclamar legítimamente obediencia para esta Ley. Un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento (el subrayado es nuestro). Una tesis tan antigua como la expuesta por Juan de Salisbury en su Policraticus: quien se aparta del Derecho no puede esgrimir el mismo en su favor, y justifica al pueblo (antaño súbdito, hoy ciudadano) a la resistencia.

En terminología administrativa: las instituciones de la Generalidad han incurrido en una vía de hecho, por lo que en principio ello acarrearía que cedan todas sus prerrogativas de poder público, algo que parece reconocer explícitamente el Tribunal Constitucional. Y esto es lo preocupante del asunto, que cuando un poder público se sitúa deliberadamente al margen de toda obediencia al ordenamiento, la controversia abandona el mundo del Derecho para situarse en un plano bien distinto.

JESNER v. ARAB BANK: TERRORISMO INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE PERSONAS JURÍDICAS.

Extraterritoriality

Oliver Ellsworth, William Paterson y Caleb Strong, los redactores materiales de la Act to stablish the Judicial Courts of the United States, aprobada por el Congreso estadounidense el 24 de septiembre de 1789, sentirían una mezcla de orgullo y estupor al contemplar cómo, dos siglos y cuarto después, uno de los preceptos del meritado texto legal sería el fundamento jurídico de una pretensión resarcitoria que acabaría en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Porque, en efecto, el caso Jesner v. Arab Bank, cuya vista oral tuvo lugar el pasado miércoles día 11 de octubre, plantea como cuestión jurídica a resolver si el precepto de la Judiciary Act de 1789 (que subsiste formalmente bajo la denominación Alien Tort Statute) atribuye a los juzgados federales la competencia objetiva para resolver pretensiones de responsabilidad civil frente a personas jurídicas.

Hemos de partir, a estos efectos, de la sección novena de la Judiciary Act, precepto que enumeraba una serie de asuntos en los que los juzgados federales ostentan competencia objetiva y excluyente respecto a los órganos judiciales de los estados. A la hora de enumerar los asuntos que se atribuyen a la jurisdicción federal, incluye el siguiente párrafo: “And shall also have cognizance, concurrent with the courts of the several States, or the circuit courts, as the case may be, of all causes where an alien sues for a tort only in violation of the law of nations or a treaty of the United States” (Ostentarán [los juzgados federales], junto con los Tribunales de Circuito y los órganos judiciales de los distintos estados, competencia en las causas donde un extranjero pretenda el resarcimiento de daños y perjuicios fundados en vulneración del derecho internacional o de tratados que hayan sido ratificados por los Estados Unidos.) Parece claro que este párrafo estaba claramente orientado a facilitar que los ciudadanos de nacionalidad británica que fuesen acreedores de ciudadanos estadounidenses pudiesen solicitar judicialmente en órganos judiciales sitos en territorio norteamericano el reembolso de las cantidades, en cumplimiento de lo acordado en el Tratado de Paz de 1783 (cuyo incumplimiento en este sentido había sido denunciado nada menos que por el entonces Secretario de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, John Jay, que precisamente en 1789 sería nombrado primer chief justice). En definitiva, que en base a dicho artículo se otorgaba la competencia a juzgados norteamericanos para conocer de demandas de responsabilidad civil ejercitadas por personas que no ostentasen la nacionalidad americana, si bien únicamente en los supuestos donde la base de la responsabilidad civil se fundamentase en incumplimiento del derecho internacional o un tratado suscrito por los Estados Unidos).

Pues bien, dicho precepto de la Judiciary Act permanece vigente, respetando escrupulosamente el tenor literal de la norma originaria, en el 28 USC 1350 bajo la denominación Alien´s action for tort (acciones de un extranjero en reclamación de responsabilidad civil). Ahora bien, dicho precepto constituye una norma especial, en tanto en cuanto para la población estadounidense el 18 USC 2333 contempla los Civil remedies (“acciones civiles”), cuyo apartado a establece lo siguiente: “Any national of the United States injured in his or her person, property, or business by reason of an act of international terrorism, or his or her estate, survivors, or heirs, may sue therefor in any appropriate district court of the United States and shall recover threefold the damages he or she sustains and the cost of the suit, including attorney’s fees.” (Si a consecuencia de actos de terrorismo internacional cualquier nacional de los estados unidos sufre daños en su persona, propiedad, trabajo o bienes, estará facultado para ejercer, bien personalmente o a través de sus herederos, la acción correspondiente en el juzgado de distrito competente, así como a ser indemnizado por los daños sufridos, entre los que se incluirán los costes del pleito). Este precepto, a diferencia del anterior, es mucho más reciente, pues se aprobó con posterioridad a los atentados del once de septiembre.

Tenemos, pues, dos normas en juego, ambas con la finalidad de establecer la competencia de los órganos federales para conocer de asuntos de responsabilidad civil. La primera, norma general, faculta a los ciudadanos estadounidenses a ejercitar acciones de responsabilidad por daños derivados del terrorismo internacional; la segunda, permite a los extranjeros reclamar en los juzgados estatales o federales daños y perjuicios ocasionados por vulneración del derecho internacional. Ambos preceptos tienen un mismo objetivo: delimitar la competencia de órganos jurisdiccionales estadounidenses en materia de responsabilidad civil (tort law). Ahora bien, ambas respondían a objetivos y fines muy distintos: la norma especial se redactó con la mirada puesta simplemente en la reclamación de cantidades derivadas de incumplimiento de obligaciones de ciudadanos americanos frente a acreedores británicos, en una situación histórica muy concreta (la independencia de las colonias); la segunda, norma general, se elaboró a consecuencia de los atentados del once de septiembre para facilitar a las víctimas del terrorismo internacional la posibilidad de ejercitar acciones de indemnización por daños frente a los autores de los atentados o frente a quienes sustentasen económicamente a los terroristas.

Y tras esta larga pero necesaria digresión, llegamos al caso que nos ocupa, el Jesner v. Arab Bank. El asunto se inicia cuando varias personas de diferentes nacionalidades llevan a los Tribunales al Banco de Arabia. Los demandantes, que habían sufrido en sus carnes actos de terrorismo de cuatro organizaciones palestinas (en concreto, el Movimiento de Resistencia Islámica –HAMAS-, la Yihad Islámica Palestina –PIJ-, la Brigada de Mártires de Al Aqsa –AAMB- y el Frente Popular par ala Liberación de Palestina –PFLP-) que habían perpetrado varios ataques en territorio israelí. Los autores de los atentados los llevaron a cabo tras recibir garantías de retribuciones económicas a los familiares de los terroristas suicidas. Esa ayuda se canalizó a través del Banco Árabe, sito en Arabia Saudí, fundamentalmente de tres maneras: permitiendo a los terroristas y a los grupos terroristas mantener abiertos instrumentos financieros; permitir albergar en su seno cuentas corrientes que organizaciones próximas a los terroristas utilizaron para recaudar fondos destinados a perpetrar los ataques; y tercero, quizá el más importante, que se atribuía a la propia entidad la labor de identificación de los familiares de los “mártires” para retribuirles económicamente en compensación por el ataque terrorista.

Los diversos asuntos recayeron en el Juzgado de Distrito de Nueva York, quien desestimó el asunto. Impugnada dicha resolución, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito hizo pública el 8 de septiembre de 2015 su sentencia Jesner v. Arab Bank, confirmando la decisión de instancia. La desestimación se fundamenta en que el propio Tribunal de Apelaciones había efectuado anteriormente una interpretación restrictiva del Alien Tort Statute en el caso Kiobel v. Royal Dutch Petroleum (621 F3d111 [2d Cir 2010], según la cual dicho precepto no permitía ser utilizado frente a personas jurídicas, sino únicamente frente a personas físicas, algo que fundamentaba sobre la base de que: “ninguna entidad ha estado nunca sujeta a la culpabilidad (civil, penal o de otro tipo) bajo la normativa internacional de derechos humanos”, aunque uno de los jueces, aun compartiendo el resultado, discrepaba de la tesis sostenida por el parecer mayoritario. Y aun cuando dicho precedente llegó al propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, éste, en su sentencia Kiobel v. Royal Dutch Petroleum (fechada el 17 de abril de 2013) aun cuando rechazó asumir la argumentación del Tribunal de Apelaciones, confirmó expresamente la sentencia amparándose en que ha de aplicarse la presunción de extraterritorialidad, es decir, que cuando un texto legal no establece de forma clara y expresa que se aplica a acontecimientos que tuvieron lugar extramuros del territorio estadounidense, no puede invocarse el mismo como atributivo de competencia judicial en territorio norteamericano.

La controversia jurídica se plantea porque el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito mantiene intacto su pronunciamiento anterior. Y lo hace, pese a ser consciente de la reprimenda del Tribunal Supremo, agarrándose a un clavo ardiendo, con un razonamiento que, personalmente, y sin ser mucho menos un experto en la materia, me parece absolutamente infantil: “Aunque a la hora de fundamentar su decisión parece deducirse que el Tribunal Supremo estaba bien poco satisfecho con nuestra argumentación respecto a los asuntos ejercitados al amparo de la Alien Tort Statute, lo cierto es que no rechaza. Ambas sentencias adoptan diferentes enfoques para rechazar la pretensión. Y pese a que existe cierta discrepancia entre ambas, no son inconsistentes desde el punto de vista lógico.” Esta afirmación no deja de tener su gracia, pues aunque reconoce explícitamente que un órgano superior rechaza implícitamente el razonamiento del inferior (hasta el punto que si no estima el recurso es porque el resultado sería idéntico aplicando los fundamentos jurídicos correctos), como no ha existido una desautorización expresa, se mantiene el criterio anterior, por muy desacreditado que esté. Cuando lo cierto es que, si uno analiza bien el fondo, en modo alguno es lo mismo ni tiene los mismos efectos prácticos sostener que se rechaza un asunto por falta de jurisdicción de los tribunales estadounidenses que por imposibilidad legal de ejercer una acción frente a personas jurídicas. Algo que, sorprendentemente, acepta el propio Tribunal de Apelaciones al sostener que “El Tribunal Supremo confirma nuestra resolución sobre la base de la falta de jurisdicción, sin abordar el asunto de la legitimación pasiva de las personas jurídicas.”

De ahí que en esta ocasión, el asunto haya llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos con la finalidad de aclarar definitivamente el asunto, pues la cuestión jurídica a resolver se plantea en términos claros y concisos: “Permite el Alien Tort Statute las acciones judiciales frente a personas jurídicas?

Es evidente que la competencia jurisdiccional sobre asuntos que se han desarrollado extramuros del territorio nacional ha de ser utilizada con extrema prudencia, sobre todo por el posible choque o incidencia que puede tener con la política internacional y con las relaciones exteriores que mantiene el estado que la invoca, y no en vano uno de los jueces, Samuel Alito, manifestó expresamente su preocupación por este aspecto al establecer que este tipo de acciones puede crear “fricciones” con otros países.

Queda, pues, por ver cómo aborda definitivamente la cuestión el Tribunal Supremo en su sentencia.

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA Y TÁCTICA DEL SEPARATISMO CATALÁN VISTOS POR ALEJANDRO NIETO.

Urna

El pasado día 18 de septiembre del presente año dedicábamos una entrada a glosar el libro La rebelión militar de la Generalidad de Cataluña contra la República, un lúcido estudio que hace un trienio publicó el sin par Alejandro Nieto y donde disertaba analíticamente sobre la intentona golpista del gobierno catalán que tuvo lugar el día 6 de octubre de 1934. Pues bien, el pasado día 3 de octubre de 2017 el mismo Alejandro Nieto dedicaba su intervención en el seno de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas a plasmar su particular visión del proceso independentista puesto en marcha hace un trienio por el gobierno de Arturo Mas y continuado por el de Carlos Puidgemont. Este breve (dieciséis páginas) pero jugoso opúsculo lleva por título Estrategia y táctica del separatismo catalán y en el mismo se nos ofrece unas impagables pinceladas del conflicto que amenaza seriamente con volar por los aires el sistema constitucional de 1978.

Ya en sus líneas iniciales el autor deja patente tanto la complejidad del sistema como los diversos aspectos o puntos de vista del análisis que puede efectuarse (constitucional, político, social, fiscal, psicológico –“el aspecto que más me atrae”, reconoce el autor-), y el enfoque por el que se ha optado en el trabajo, que se centra, como el propio título indica, en aspectos de estrategia y táctica, prescindiendo, eso sí, de interpretaciones que ofrecen los diversos medios que pueblan nuestro rico y variopinto panorama escrito y audiovisual, sino “tal como yo lo he visto con mis propios ojos y me han informado mis parientes, amigos y discípulos catalanes, que son muchos y de cuya sinceridad me fío.”  Por tanto, no nos encontramos ante un análisis objetivo, sino ante unas meras reflexiones ligadas a la percepción subjetiva de hechos que en ocasiones son vistos en primera persona y en otras a través de la visión de un tercero, lo que evidentemente y por mucha fiabilidad que merezca el interlocutor lastra en cierto modo el análisis, aunque no por ello deja de ofrecer interés, más que nada por la auctoritas del redactor, catedrático de Derecho administrativo y uno de los integrantes de la benemérita generación de la Revista de Administración Pública, autor de diversos trabajos sobre la corrupción y el desgobierno de lo público.

Llama la atención un hecho curiosísimo con el que nuestro autor inicia su análisis, y no es otro que en este caso el separatismo “se ha organizado desde el poder”. No es que otros movimientos de tal carácter no hayan tenido altos impulsos y ayudas de determinadas instituciones, pero sí que en esta ocasión son las propias instituciones autonómicas el núcleo desde el que se irradia la defección constitucional. Instituciones que, además, han decidido optado por una vía insurreccional muy concreta: “no se ha acudido a las armas sino al pueblo. Y más concretamente todavía: no a los representantes del pueblo designados por elección legal ni a su mayoría expresada en un procedimiento con garantías […] sino al pueblo directamente manifestado en la calle sin contar, por tanto, con el pueblo que no sale a la calle.” Sin duda alguna con ello se pretende legitimar el movimiento con la aureola mágica que le otorga el adjetivo “democrático”, pues se daría así una comunión inexcusable entre instituciones representativas y el pueblo representado. Ahora bien, conviene recordar en primer lugar, que como decía hace casi dos siglos José María Blanco White, la tiranía puede provenir igualmente de las Asambleas; y en segundo lugar que ese “pueblo” no está dotado de infalibilidad, pues ejemplos hay en la historia universal y española de tomas de posición que a la postre se demostraron erróneas, y que uno de los regímenes más sanguinarios y opresores, el estalinismo, se adjetivaba como “democracia popular”. Quizá por ello se penetre en el núcleo de ese elemento “popular” para descubrir que, al igual que en otras épocas históricas, por mucho que se agite a la masa en cierta dirección, en pocas ocasiones ese movimiento “popular” merece la calificación de espontáneo. En este sentido, tan “populares” son las manifestaciones pro y anti separatistas como los motines de Esquilache y Aranjuez. De ahí que en mitad de esta reflexión surja Alejandro Nieto de cuerpo entero con este párrafo que explicita su pensamiento tributario de un ultrarrealismo sazonado con tintes pesimistas: “Tal es la gran masa que vota y ocupa las calles cuando es requerida. Su número, obediencia y disciplina son admirables; pero políticamente no son decisivos en unos tiempos en que se congregan poco menos que a diario cientos de miles de personas para celebrar triunfos deportivos, extasiarse ante un divo musical o sencillamente rendir culto a la promiscuidad sexual. Aunque materialmente son los que obran y ejercen la presión. Lo importante no es la masa sino quienes la organizan o dirigen después de haberla formado.”

I.- La estrategia del separatismo se basa, según Nieto, en la “formación de una comunidad cultural consciente de su identidad nacional.” Es evidente que esto se ha logrado por un cúmulo de circunstancias, de las cuales destacan fundamentalmente tres:

1.- Una criminal dejación de funciones del estado, que abdicó sus competencias educativas en los territorios (a diferencia de lo que ha ocurrido en el país vecino), algo que han denunciado personas de ideología y procedencia tan dispar como Federico Jiménez Losantos (Lo que queda de España) o Santiago Muñoz Machado (El problema de la vertebración del estado en España), a lo que habría que añadir la inestimable intervención (no podía faltar este roto para el descosido) del máximo intérprete del texto constitucional, con su Sentencia 337/1994 de 23 de diciembre. Una vez puesta en marcha la educación desde los niveles inferiores, es cuestión de tiempo. Y, como apunta Nieto, a quienes resistan la asimilación de ese sentimiento impuesto, se les puede orientar a través de tres instrumentos: persuasión, coerción (“técnicas manifiestas y ocultas hasta apoderarse de sus facultades de cognición y decisión hasta tal punto que quieren, piensan y actúan como sus manipuladores les indican”), coacción e imposición. En este sentido, y según Nieto, “La estrategia del separatismo catalán ha sido en este punto extraordinariamente ambiciosa puesto que ha utilizado los cuatro mecanismos. Primero ha intentado –en verdad sin demasiado entusiasmo- persuadir racionalmente. Pero, constatada la ineficacia de este método, no ha vacilado en utilizar técnicas de coerción e incluso de coacción.”

2.- La ocupación absoluta del poder autonómico en toda su extensión. En este sentido, los partidos nacionalistas (antigua Convergencia y Unión) y separatistas (Izquierda Republicana de Cataluña) han gobernado prácticamente desde la transición. El primero, se mantuvo en el poder solo o en compañía de alguno de los partidos nacionales (a diestra y siniestra) durante un cuarto de siglo, en el cual la política catalana estuvo monopolizada por la figura de Jorge Pujol, el que fuera auténtica encarnación de Cataluña y hoy convertido en un auténtico “ídolo de barro” debido al enriquecimiento familiar a costa del erario público, demostrando además una escasa querencia por el catalanismo al desviar las sumas a entidades financieras andorranas o suizas. Ulteriormente, tras el declive del nacionalismo, se optó por la experiencia de un “tripartito” en el que el elemento ya abiertamente independentista, numéricamente inferior, era sin embargo quien imponía la agenda política, dando lugar a manifestaciones tan hilarantes como la de un Presidente de la Generalidad, cordobés de nacimiento, que manifestó públicamente que estaba aprendiendo catalán “para enterarse de lo que se decía en el Consejo de Gobierno” (sic); inevitable recordar el personaje encarnado por Alfonso del Real en el musical Cinco minutos nada más, el “presidente de la liga contra la mentira” que, con un acento catalán, espetaba a quien le preguntaba por su origen: “aunque no lo crea, soy de Córdoba.”

3.- La inacción del estado, que en este aspecto ha optado por renunciar a plantear la batalla mediática, dejando el campo libre al separatismo: “puede calcularse que a cada cien actos públicos de propaganda independentista se corresponden tres de signo contrario.” Si tradicionalmente las instituciones estatales se mostraron sumamente comprensivas, tolerantes e incluso dóciles con los excesos, en el último quinquenio el sustantivo que mejor ilustra la situación es el de “abandono”, en proporción directa con el carácter del actual jefe del ejecutivo, que si a alguien recuerda es a Peter Ramsey (el personaje encarnado por Tony Randall en la divertidísima Lover come back –aquí titulada Pijama para dos-) cuya indecisión congénita era tal que en la única ocasión que tomó la iniciativa (con desastrosas consecuencias) lo primero que hizo fue llamar a su psiquiatra para decirle textualmente: “Doctor, ¡he tomado una decisión!” El caso es que esta dejación es descrita por Nieto en los siguientes términos: “Por sorprendente que resulta es el caso que el Poder estatal contempló impávido los excesos de la política autonómica haciendo caso omiso de las denuncias presentadas al respecto; y cuando los tribunales se decidían a intervenir para corregir las ilegalidades, las Autoridades regionales se negaban en redondo y sin tapujos a cumplirlas. Lo legal y lo ilegal, lo constitucional y lo inconstitucional entraban en el mismo saco y, en suma, lo anómalo se convirtió en habitual. En este punto, el territorio de Cataluña se puso fuera de la ley con absoluta impunidad. Y como al amparo de ésta nada se ocultaba y hasta se exhibía, basta leer la prensa para comprobarlo.”

II.- En cuanto a la táctica, el trabajo glosado contempla un conjunto de maniobras que sutilmente combinadas han permitido lograr un grado tal como para permitir cuando menos unas nada desdeñables posibilidades de éxito. Ya nos hemos referido a una de las operaciones a largo plazo, la de la educación. Un segundo es el de los medios, tanto los dependientes de las instituciones (radios y televisiones públicas autonómicas) como los privados que han abrazado abiertamente el separatismo. Y, como no podía ser menos, entra en juego el “victimismo”, es decir, el presentarse como una víctima de agresiones externas, ya sean éstas reales o imaginarias. Y la cúspide del movimiento táctico llega con la que se denomina “provocación”, que en Nieto describe magistralmente en un párrafo que, pese a su extensión, reproducimos textualmente:

La provocación es quizás el arma más eficaz de la táctica separatista porque quien la maneja hábilmente gana siempre, le salga bien o mal. Si le sale bien y el adversario no responde ha dado un paso adelante; y si se le responde adecuadamente, gana como víctima, que es aún más importante. Con las víctimas se asegura una escalada en espiral, que es el camino de la victoria. Esto lo sabe el Gobierno central y por eso ha aguardado estoicamente las constantes provocaciones que ha padecido. Hasta que llegaron las intervenciones policiales del 15 de septiembre (de 2017), cuyas consecuencias –según proclama oficiosa- fue un empujón más al independentismo, puesto que a la calle acudieron en protesta muchos que hasta entonces no se habían pronunciado. El presidente Puigdemunt es un maestro de la provocación: está haciendo constantemente gestos aparentemente suicidas con la deliberada intención de ser detenido; lo que según sus asesores provocaría el incendio final de la lucha. Y, además, trabaja sobre seguro porque seguro es que tarde o temprano vendrá un indulto como lo sabía Companys y sus socios en la rebelión de 1934. 

No es muy optimista don Alejandro Nieto en cuanto a la solución del conflicto. Situado ante una posible “negociación”, plantea que, en efecto, “Negociar está muy bien, desde luego; pero antes habría que ponerse de acuerdo sobre qué es lo que va a negociarse, entre quiénes y cómo.” Orillando una circunstancia no apuntada por nuestro autor (cómo es posible que un cargo público que ha desobedecido reiteradamente resoluciones judiciales puede estar legitimado como parte negociadora) se pone lúcidamente sobre la mesa una circunstancia que, hasta el momento, no he visto exponer a ninguno de los miles de contertulios que pululan por los variopinto panorama mediático español: “¿porqué los protagonistas habían de ser los partidos políticos cuando lo que está en juego son territorios y patrias? El Partido Popular no es quién para hablar en nombre de los intereses de Galicia ni el PSOE en el de los de Andalucía ni ERC por los de las provincias catalanas. ¿Es que se puede dejar a un lado a los viejos reinos cuando se está ventilando el destino del Principado de Cataluña? Mientras no se precise todo esto, mal puede empezar la negociación, salvo que se considere que el asunto únicamente afecta a Barcelona y a Madrid.” Y a tan lúcido y necesario interrogante se acompaña el pesimismo clásico del autor, avalado en este caso por nuestra experiencia histórica: “¿Puede alguien citarme un pacto español negociado de buena fe y que no haya consistido en un reparto de botín presente o futuro?”

Cuando el lector ha finalizado la atenta lectura de esas dieciséis apretadas páginas siente que don Alejandro Nieto le ha inoculado el virus del pesimismo realista (o el realismo pesimista). Lo cierto es que frente al activismo estratégico y táctico del separatismo catalán el gobierno de España no ha demostrado tener previsión alguna, más allá de las simples manifestaciones (que no desbordan el ámbito puramente dialéctico) que muy de cuando en cuando ofrecen el Presidente del Gobierno y sus acólitos, que lo único que provocarían es hilaridad si la situación no fuese trágica.

Y lo cierto es que cualquier aficionado al séptimo arte que haya visto, siquiera una vez, la célebre adaptación cinematográfica de la novela Ben-Hur que en 1959 dirigiera William Wyler, comprobaría que en los minutos iniciales de este largometraje el tribuno Messala (Stephen Boyd) plantea agudamente tanto el problema como la solución al nacionalismo judío que alimenta la resistencia a la dominación romana: “Me has preguntado cómo se combate una idea. Te lo diré. Utilizando otra idea.” Pero claro, para ello hay que tener esa idea, y parece que el ejecutivo nacional ha sido invadido por la nada.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

LOS “NUEVE DE LITTLE ROCK”: REFLEXIONES SOBRE EL EPISODIO HISTÓRICO.

Nine of Little Rock

En el año 1957 la ciudad de Little Rock, capital del estado de Arkansas, vivió una situación ciertamente explosiva desde el punto de vista social y político, y el motivo no era otro que la oposición de las autoridades (amparadas en el descontento popular) a llevar a puro y debido efecto una resolución judicial, a la que desobedecieron abiertamente.

Arkansas era un estado situado al sur de la línea Mason-Dixon y uno de los que en 1861 abandonó los Estados Unidos de América para integrarse en los Estados Confederados de América. Tras el final de la guerra volvió al seno de la Unión, pero políticamente las élites pro sureñas retomaron el control de las instituciones estatales a partir de 1873, y socialmente la abolición de la esclavitud jamás fue bien vista, perviviendo un clima de racismo y de abierto menosprecio a los esclavos liberados, algo que incluso recibió en 1896 el aval del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia Plessy v. Fergusson, que institucionalizó la doctrina separate but equal, en base a la cual se avalaba la constitucionalidad de la segregación racial siempre y cuando el nivel de los servicios para la población blanca y la de color tuviesen unos mismos niveles de calidad. Así, la doctrina “iguales, pero separados”, permitió la segregación racial en viviendas, transportes y centros educativos. La situación dio un giro radical en 1954, cuando en su conocidísima sentencia Brown v. Board of Education of Topeka, el Tribunal Supremo modificó su criterio y declaró inconstitucional la segregación por motivos raciales, por lo que la separación de poblaciones en los centros educativos basados en criterios exclusivamente de raza se consideró contrario al texto constitucional.

Tres años más tarde de la sentencia Brown, nueve estudiantes de color solicitaron su ingreso en el Little Rock Central High School, es decir, en uno de los centros de enseñanza secundaria de la ciudad. El gobernador del estado, el demócrata Orval Faubus, se comprometió a facilitar el cumplimiento de la sentencia y el acceso normal de los nueve estudiantes en el centro educativo. Pero los padres de los restantes alumnos, apoyados por la práctica mayoría de la población de la ciudad, presionaron para que se vetase la admisión de los nueve estudiantes de color. Incapaz de hacer frente a la presión popular, Faubus “sugirió” a los nueve estudiantes que desistiesen de su propósito, a lo que éstos se opusieron. Es más, cuando intentaron acceder al centro se encontraron no sólo con que un amplio grupo de segregacionistas les impedían la entrada, sino que el gobernador Faubus envió a la Guardia Nacional no para ayudar a los estudiantes de color, sino para apoyar a quienes impedían llevar a puro y debido efecto la sentencia Brown.

El Presidente de los Estados Unidos, Dwigt D. Eisenhower, que gozaba de una gran popularidad, se puso en contacto con el gobernador de Arkansas para recordarle que las resoluciones judiciales debían cumplirse, y para pedirle que no se situase en abierta rebelión institucional, pero Faubus se mantuvo en sus trece, temeroso de perder el favor de la población estatal, mayoritariamente opuesta a la integración escolar. La reacción de Eisenhower no se hizo esperar: ante el desafío abierto del gobernador del estado y la defección de la guardia nacional de Arkansas, al Presidente de los Estados Unidos no albergó duda alguna de cual era su deber, y en este sentido movilizó a las tropas del ejército federal, ordenándoles que escoltasen a los estudiantes de color al instituto y garantizasen la integridad física de los mismos. En este sentido, dieron la vuelta al mundo las fotografías de los nueve estudiantes acudiendo al instituto rodeados de los soldados que, con la bayoneta calada, les servían de escolta. También se hizo muy famosa la fotografía de una de las jóvenes estudiantes rodeada de toda una multitud que la abucheaba, fotografía que el juez Stephen Breyer reproduce en su libro Making our democracy work a la hora de evocar este episodio histórico.

No cabe duda que Orval Faubus podía esgrimir legítimamente que, como gobernador de Arkansas, únicamente debía responder ante sus electores, que no eran otros que los ciudadanos de dicho estado, que nadie cuestionaba eran mayoritariamente partidarios de la segregación racial. Pero igualmente, como gobernador de uno de los Estados Unidos, debía lealtad a las instituciones federales. De igual forma, el presidente Eisenhower podía haber sido políticamente correcto y haberse negado a apoyar con la fuerza una resolución judicial, limitándose a considerar lo ocurrido en Little Rock como un asunto interno estatal. Pero, como veterano soldado, optó por hacer cumplir la ley, no temblándole el pulso y demostrando que en ocasiones, como manifestó en su día John Jay en carta al general Washington, la Justicia precisa de una espada tanto como de una balanza.

CLARK v. UNITED STATES: RECONOCIMIENTO DE CULPABILIDAD Y DERECHO A APELACIÓN CUESTIONANDO EL TIPO PENAL.

Culpabilidad

En algunas ocasiones, antecedentes fácticos aparentemente sencillos e incluso en ocasiones chuscos dan lugar a intervenciones del Tribunal Supremo que pueden ser determinantes. Pensemos, por ejemplo, en lo sucedido hace una década, cuando la decisión de una agencia estatal prohibiendo la exhibición del documental Hillary: The movie, muy crítico con quien entonces disputaba a Barack Obama la candidatura demócrata (documental, por cierto, que no emanaba de fuentes rusas, sino de organizaciones americanas) acabó siendo el detonante de la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission, que declaró inconstitucional la limitación de aportaciones económicas a las campañas electorales. Pues bien, no puede decirse que el asunto Clark v. United States, cuya vista oral tendrá lugar este miércoles 4 de octubre, vaya a producir un terremoto jurisprudencial, pero sí que plantea cuestiones interesantes, partiendo de unos antecedentes fácticos realmente dignos de una película de Charles Bronson.

Los hechos determinantes son harto curiosos. Rodney Clark es un militar retirado, residente en el estado de Carolina del Norte, en el cual posee legalmente una licencia de armas. Este personaje se define a sí mismo como “cazador constitucional de recompensas”, una especie de moderno caballero andante que “con armamento diverso, viaja a lo largo del país para hacer cumplir las leyes penales federales frente a jueces que, según su criterio, han actuado ilegalmente.” En uno de esos desplazamientos estacionó su vehículo en un aparcamiento público sito en la Avenida de Maryland, sito a escasos trescientos metros del Capitolio. Lo que este peculiar émulo de Paul Kersey no sabía es que dicho estacionamiento se encontraba incluido en una zona de seguridad que rodea el Capitolio, y en la cual las leyes federales prohíben todo tipo de armamento, si bien ni el lugar indicaba su inclusión en dicha zona o perímetro de seguridad ni la prohibición legal de portar armas. Al regresar al vehículo es detenido por las fuerzas de seguridad y procesado por violación de la Sección 40 apartado 5104 del United States Code, precepto legal que tipifica como delito la posesión de armas en los alrededores del Capitolio. A partir de aquí, se inicia la fase procesal stricto sensu.

En el juzgado de distrito, Clark sostiene que, en efecto, los hechos tal y como han sido expuestos implican que entran dentro del tipo penal descrito en la sección 40 USC 5104 del United States Code, y desde ese punto de vista reconoce su culpabilidad, pero (y esto es lo interesante) cuestiona la validez de dicho precepto legal por ser contrario a la segunda enmienda constitucional. El acusado, pues, reconoce la culpabilidad, pero cuestiona que el tipo penal que se le aplica sea válido. El juez, a la hora de informarle, le indica lo siguiente: “Si se declara culpable y acepto su culpabilidad, renuncia a todos los derechos que le he indicado, salvo las excepciones mencionadas, porque no habrá juicio ni probablemente apelación. ¿Comprende lo que le digo?” A lo cual responde de forma positiva. El juzgado acepta la culpabilidad, pero el condenado apela la sentencia y el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia en apenas tres folios confirma la resolución de instancia, al entender que al reconocerse culpable el acusado no puede apelar la resolución, no encontrándose en ninguna de las excepciones que permitirían al procesado el acceso a la segunda instancia. No conforme con tal resultado, se presenta una solicitud de certiorari ante el Tribunal Supremo, quien acepta conocer el asunto, y tras la fase escrita ha señalado la vista oral para el próximo día 4 de octubre.

La cuestión jurídica a resolver queda planteada en los siguientes términos: “El reconocimiento de la culpabilidad por el acusado, ¿implica la renuncia automática a su derecho de cuestionar la constitucionalidad de la ley aplicada para condenarle?” Es interesante del debate procesal entre las partes. Así, el recurrente sostiene que según la jurisprudencia aplicable el reconocimiento de la culpabilidad no supone la renuncia a plantear cuestiones no relacionadas con los hechos. Por su parte, la defensa de los Estados Unidos se ampara en una sutil distinción jurídica: la existencia de reconocimiento de culpabilidad condicional (que implica la posibilidad de reservarse expresamente el derecho a apelar por cuestiones de carácter jurídico planteadas en la fase previa) y la incondicional (que implica la renuncia total a impugnar la resolución condenatoria, salvo en el caso que pueda demostrarse que la declaración de culpabilidad fue ilícita o involuntaria). En definitiva, lo que es bien claro es que el reconocimiento voluntario de la culpabilidad impide revisar las cuestiones estrictamente fácticas, pero ¿qué ocurre con las jurídicas, entre las cuales se encuentra el cuestionamiento de la validez de la norma legal aplicada para la condena?

No estamos ante una cuestión baladí. Pongamos un ejemplo a nivel estrictamente administrativo. Supongamos que una persona o un grupo de personas son denunciadas por vulnerar lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (que, recordemos, tipifica como infracción grave: “La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal.”). Supongamos que las personas denunciadas presentan alegaciones reconociendo los hechos, pero cuestionando la propia validez del tipo infractor por considerarlo inconstitucional y, al efecto, proceden a abonar la sanción propuesta (con o sin descuento), pero manteniendo su alegato en lo que se refiere a la inconstitucionalidad de la ley. Ese reconocimiento de los hechos supone o implica automáticamente el derecho a cuestionar la normativa legal aplicada sobre la cual se basa la sanción? En otras palabras ¿Es lo mismo decir “soy culpable” que “soy culpable, pero porque se está aplicando una ley contraria a la Constitución”? Es evidente que en el último supuesto estaríamos en lo que pudiéramos denominar una “culpabilidad inconstitucional” en el caso de que prosperasen las objeciones jurídicas contra el texto legal.

Como puede verse, no hay caso pequeño. Todos pueden ser susceptibles de plantear cuestiones jurídicamente muy relevantes.

¿ADIÓS A LAS COSTAS PROCESALES? PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN EN LA MATERIA.

Gavel and money

Ese es el objetivo último de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en materia de costas del proceso, que el pasado día 14 de septiembre de 2017 registró en el Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Socialista. En definitiva, se trata de adoptar en nuestro país la american rule, principio en virtud del cual cada parte cargará con sus propias costas, salvo que una ley específica disponga lo contrario.

En efecto, mediante una reforma que se pretende operar en los artículos 394 y siguientes de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y en el 139 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se pretende dar la vuelta a la tortilla y establecer como regla general la no imposición de costas, excepto en los supuestos de litigación temeraria.

¿Cómo justifica el Partido Socialista Obrero Español esta larga cambiada? Acudamos a la Exposición de Motivos y nos encontraremos con este párrafo esencial: “el temor a la condena en costas disuade en muchas ocasiones el ejercicio del derecho de acceso al proceso para solicitar el restablecimiento de derechos que se entienden vulnerados, conociendo que en la resolución del caso concreto intervienen muchas variables que no dependen exclusivamente de quien demanda la justicia que cree vulnerada.” En efecto, la flora y la fauna existente en el mundo jurídico ligado a los procesos judiciales es de lo más diverto. Si a ello añadimos que de forma harto discutible el Tribunal Constitucional ha incluido sorprendentemente entre las garantías de la independencia judicial el derecho a separarse de los criterios de órganos superiores sin más que motivar la discrepancia (Sentencia 37/2012 de 19 de marzo), a la flora y la fauna hay que añadir el factor “taifa judicial”, con las inevitables consecuencias que ello acarrea: mantener en un mismo territorio criterios de lo más variopinto. En definitiva, que el máximo intérprete (personalmente, más bien creo que lo adecuado sería calificarlo de “máximo enemigo” o “enemigo acérrimo”) de la Constitución en su afán por “proteger” la independencia judicial (algo que sólo puede entenderse como una broma siniestra tras la actuación de dicho órgano en la Sentencia 1081986 de 29 de julio) ha volatilizado el principio de seguridad jurídica, que más bien debiera mutarse por “inseguridad jurídica”.

Pero regresemos a la modificación propuesta. El eje de la reforma se centra en la nueva redacción que se da en la normativa procesal civil a los preceptos reguladores de las costas procesales, que ulteriormente se reproducen de forma literal en la contenciosa. La actual redacción del artículo 394.1 de la Ley 1/2000 reza así: “En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.” Se trata, por tanto, de establecer el vencimiento objetivo, si bien dulcificándolo mediante la “válvula de escape” de las serias dudas de hecho o de derecho. Pues bien, la nueva redacción que se pretende otorgar al artículo 394.1 es la siguiente: “En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, siempre que el tribunal aprecie y así lo razone que se ha litigado con temeridad. En ningún caso se impondrán las costas cuando el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.” En definitiva, se trata de alzar como principio jurídico la no imposición de costas, erigiendo como criterio básico no el vencimiento objetivo, sino la litigación con mala fe o temeridad, lo que supone eliminarlas virtualmente en la práctica, pues no llegan ni al cinco por ciento las veces en los que los órganos jurisdiccionales de los distintos órdenes aprecian la concurrencia de dicha circunstancia. Pero esa eliminación del vencimiento no se ciñe a la primera instancia, sino a los sucesivos grados, puesto que se mantiene en los artículos 397 y 398 la remisión al artículo 394, lo que implica generalizar en toda la pirámide procesal la virtual exención práctica de las costas. Todo este nuevo marco se adereza con alguna novedad de interés, como, por ejemplo, fijar (exclusivamente a efectos de costas) la cuantía de las pretensiones inestimables en 18.000 euros (artículo 394.3). O la curiosísima excepción que se establece en los pleitos donde sean parte los consumidores, pues en éstos sigue rigiendo el vencimiento objetivo pero mediante un sistema que pudiéramos llamar de “ruleta trucada” o “carta marcada”: únicamente si el consumidor “vence en el litigio” se impondrán las costas a la parte vencida; en caso contrario, es decir, si el consumidor es derrotado, rige la norma general (mala fe o temeridad).

La deficiente técnica legislativa del legislador queda patente a la hora de proponer la modificación del artículo 139.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Qué sencillo hubiera sido reducir tal precepto a una simple frase: “En materia de costas procesales, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 394 y siguientes de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.”! Pero en lugar de ello, el redactor de la proposición de ley optó por reproducir literalmente el artículo 394. No logro encontrar otra explicación para tal proceder que la misma por la cual en los folletines del siglo XIX abundaban los diálogos así como los puntos y aparte: que al redactor se le abona por línea escrita.

En definitiva, habrá que verificar si la Proposición sale adelante y, una vez entrada en vigor, analizar los efectos de la misma en la realidad cotidiana.

EL SEXO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

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En principio, no hay dos sustantivos tan antagónicos como “sexo” y “Administración”. Tradicionalmente la actividad sexual se vinculaba al mundo de lo privado, incluso diríamos que de lo íntimo, mientras que la Administración era y continúa siendo, por antonomasia, el paradigma de lo público, dado que el objeto de su actividad lo constituye nada menos la satisfacción del “interés general”. No en vano en los Estados Unidos las resoluciones del Tribunal Supremo relativas a la despenalización de las relaciones homosexuales se anclaron precisamente en el derecho constitucional a la “privacy” (que aquí podríamos traducir como intimidad, más que “privacidad”). ¿Cómo es posible trabar una ligazón entre un sustantivo ligado a lo íntimo con otro vinculado al interés público?

A ese interrogante trata de dar respuesta un breve y curiosísimo artículo titulado Admininistering sex, publicado en el número 42-1 de la Administrative & Regulatory Law News, boletín que trimestralmente publica la Sección de Derecho Administrativo de la American Bar Association. ¿Quiere ello decir, animus iocandi, que la actividad sexual ha pasado a ser de interés público, o que la intimidad de las relaciones despierta la curiosidad de la persona jurídica que tiene a su cargo la satisfacción del interés general? La respuesta no es tan sencilla como aparentemente pudiera parecer.

Es cierto que ni la Administración ni los poderes públicos están facultados para entrar en las alcobas o investigar la actividad sexual de los ciudadanos, cuando menos por el momento; aunque, viendo la deriva del mundo actual, no sería de extrañar que los entes públicos instituyan como obligación de los ciudadanos la instalación las telepantallas en todos los habitáculos del domicilio particular, tal y como aventuró George Orwell en su célebre novela 1984. Hoy por hoy, salvo casos muy muy aislados de funcionarios o autoridades voyeristas, los entes públicos se sitúan claramente al margen de las relaciones íntimas que las personas mantienen en sus lechos o en otros lugares privados. Pero no es menos cierto que en las últimas décadas el sexo ha ocupado y preocupado a la Administración, ya sea la norteamericana o la española. Vean, si no, cómo el párrafo inicial del trabajo citado en el párrafo anterior expone en unas breves líneas la evolución normativa que ha tenido lugar en los últimos tiempos: “La pasada década ha contemplado una transformación del modo en que se ha regulado en los Estados Unidos la discriminación sexual, la violencia sexual, el acoso sexual y la simple actividad sexual. Son cada vez más las ocasiones en que las Agencias administrativas determinan qué tipo de sexo está permitido, requieren a las instituciones educativas a adoptar políticas determinadas sobre el sexo y especificando cómo debe investigarse y tratarse las actuaciones que se aparten de tales regulaciones. Hoy en día el sexo es un dominio de la burocracia federal. La cuestión que se plantea, pues, es el rol que los principios tradicionales del derecho administrativo desempeñan en la administración del sexo.”

Un simple párrafo hace tambalear, pues, la tesis clásica de la privacidad o intimidad de las cuestiones relativas al sexo, que pasan en gran medida a ser “publificadas” en el mundo actual. Claro está que la Administración no podrá decir a una persona con quién ha de mantener relaciones sexuales, ni cuantas veces al día puede ejecutar el acto sexual, pero sí puede entrar a regular cuestiones íntimamente relacionadas con el sexo. No estamos hablando de la tipificación del delito de violación (que siempre ha existido) sino a la regulación de otras conductas que antaño se dejaban al cuidado de los individuos y las familias, es decir, extramuros del Derecho público. Y esa continua intromisión o invasión administrativa de aspectos estrictamente privados ha tenido lugar de manera lenta pero inexorable a través de un camino que, como se dice en el trabajo tantas veces citado, es “en parte jurídico y en parte político.” El punto de partida inicial es el principio de no discriminación por razón de sexo, un principio básico de cualquier sociedad democrática avanzada. Nadie puede ser privado de derechos ni tener privilegio alguno por el simple hecho de ser hombre o mujer, y en este sentido este principio no pasa de ser una mera concreción del mucho más amplio y general de igualdad. Pero el mismo concepto de “discriminación por razón de sexo” no es algo estático o inmutable, sino que varía con el paso del tiempo, siendo, por tanto, misión de los poderes públicos concretar en cada momento histórico qué tipo de actividades o comportamientos se engloban en el mismo y se encuentran, por tanto, proscritas o son declaradas no conformes a Derecho. Ha de tenerse en cuenta que la actividad de los poderes públicos no es simplemente negativa, sino positiva, pues ha de promover todas las actuaciones necesarias para evitar vulneraciones de dicho principio, y de ahí las políticas antidiscriminatorias o “discriminación positiva.” De ahí que la protección del legislador se haya extendido para evitar el acoso sexual en los centros educativos; prevenir la violencia en el seno del matrimonio; regular el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y un largo (quizá demasiado largo) etcétera.

No obstante, como dice el aserto tradicional, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y lo que en principio no era más que una obligación impuesta a los poderes públicos en aras a hacer efectivo el principio de no discriminación por razón de sexo ha conducido y está conduciendo a abusos intolerables y exageraciones por parte de los mismos. Buena prueba de ello lo constituye la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, que es la interminable nomenclatura del instrumento legislativo que propone el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. No porque el objetivo último (la protección de los colectivos en cuestión identificados en el propio título de la ley) sea reprobable o discutible, sino por la excesiva burocratización lleva al punto de crear una Agencia estatal (paradoja extraña cuando la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público suprimió la figura de las Agencias Estatales) encargada de “administrar el sexo.” Orillando la paradoja de que quienes critican el excesivo peso del sector público estatal pretendan contribuir a su incremento con un nuevo ente (que, para más escarnio, adopta jurídicamente la figura de un tipo de ente suprimido no hace ni tan siquiera dos años). Y llama la atención que se pretenda incidir en el principio de no discriminación y de plena integración de tales colectivos cuando en la proposición de ley no se hace otra cosa que ahondar en la diferencia. Valga como ejemplo el artículo 20.ter, que habla del “modelo de salud de las personas transexuales y transgénero”, como si la salud de tales colectivos fuese distinta o diferenciada del común de los mortales, algo que va en contra de los principios que inspiran teóricamente la proposición.

No es de extrañar que en un mundo globalizado y donde la vida y hazañas de una persona están al alcance de cualquiera en las redes sociales, la intimidad pase a ser un concepto no en franco retroceso, sino en un artículo de lujo. De ahí que no sea impropio hablar de la “publificación” del sexo.

 

SOLICITOR GENERAL Y ABOGADO GENERAL DEL ESTADO: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS.

Noel Francisco

Ayer martes día 19 de septiembre de 2017 tenía lugar un acontecimiento que pasó desapercibido pese a la decisiva importancia que el mismo tendrá a efectos procesales. Tal acontecimiento no es otro que el nombramiento de Noel Francisco como nuevo Solicitor General de los Estados Unidos, lo cual tuvo lugar, dicho sea de paso, por el canto de un duro, pues el Senado avaló el candidato presidencial por un estrechísimo margen, 50 votos a favor y 47 en contra. En caso de haberse producido un empate el nombramiento estaba igualmente asegurado, pues en esos casos el voto decisivo lo emite el Presidente del Senado (quien únicamente toma parte en una votación en caso de empate para deshacerlo), cargo que, como es bien sabido, ex constitutione corresponde al Vicepresidente de los Estados Unidos, no siendo concebible un voto en contra del candidato auspiciado por la Casa Blanca. El nombramiento tiene lugar a poco menos de tres semanas de la vista oral del caso Trump, President of U.S. v. Int’l Refugee Assistance, donde se dilucida nada menos que la legalidad de la polémica orden ejecutiva sobre la prohibición de entrada en territorio estadounidense a los nacionales de determinados países.

El Solicitor General es un cargo que ciertamente no podemos asimilar a ninguno de nuestro país, aunque tenga ciertas similitudes con el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado, pero esos parecidos son bastante escasos. Aquél tiene a su cargo la representación y defensa de los Estados Unidos, pero únicamente ante procedimientos que tienen lugar en el Tribunal Supremo, y su cercanía y trato con los nueve jueces que integran dicha institución le ha llevado a ser conocido como the tenth justice (décimo juez). Es un cargo de suma responsabilidad, pues ha de tenerse en cuenta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es muy restrictivo a la hora de admitir a trámite recursos de certiorari, de ahí que tan sólo acepte aquéllos que tienen un impacto decisivo (por ejemplo, la constitucionalidad de matrimonio entre personas del mismo sexo, la reforma sanitaria, legislación migratoria), de ahí que la persona que ostente el puesto de Solicitor General deba tener unas cualidades excepcionales, las mismas que han de tener los letrados que sean admitidos para ejercer ante el Tribunal Supremo, órgano ante el cual, por cierto, no puede acudir cualquier abogado así como así, exigiéndose una cualificación adicional. El nombramiento de Solicitor General sigue el mismo criterio que cualquier empleado público federal, es decir, la propuesta corresponde en exclusiva al Presidente de los Estados Unidos (gozando a estos efectos de una absoluta discrecionalidad, no controlable por los Tribunales) y su ratificación corresponde al Senado.

Conviene tener en cuenta que en un primer momento la representación y defensa de los Estados Unidos correspondía al Attorney General, puesto creado por la Act to establish the judicial courts of the United States (la famosa Judiciary Act) de 24 de septiembre de 1789. Según el artículo 35 de dicho texto legal: “se nombrará una persona, con conocimientos jurídicos, para actuar como attorney general de los Estados Unidos, cuyo deber será representar a los Estados Unidos ante el Tribunal Supremo en todos los pleitos en los que aquéllos sean parte, así como emitir informe sobre cuestiones jurídicas cuando sea requerido para ello tanto por el Presidente de los Estados Unidos o por los titulares de los Departamentos en asuntos de su competencia.” Sus funciones, por tanto, eran no sólo de representación y defensa de los Estados Unidos (si bien limitadas objetivamente a pleitos residenciados en el Tribunal Supremo) sino también consultivas. No obstante, la retribución de dicho puesto era bastante escasa, y así lo constataba entre lamentos el virginiano Edmund Randolph, primer Attorney General; téngase en cuenta que éste percibía mil quinientos dólares, frente a los tres mil quinientos que percibían los jueces del Tribunal Supremo y los cuatro mil del chief justice, cantidades estas últimas bastante menores que las percibidas por cualquier abogado en ejercicio. Sus funciones eran tan escasas que Randolph, en diciembre de 1791, dirigió un largo informe al Presidente sugiriendo determinados cambios tanto en aspectos orgánicos como funcionales. Recomendaciones que cayeron en saco roto, por lo que hubo que esperar casi ocho décadas para que se tomaran las medidas ya enunciadas por Randolph.

El 22 de julio de 1870 se aprueba la Act to establish the Department of Justice. Se trata de un “departamento ejecutivo” (es decir, el equivalente a un ministerio) a cuyo frente se situaría el Attorney General. El artículo segundo de dicho texto legal crea ex novo la figura del Solicitor General, como “empleado público con conocimientos jurídicos encargado de asistir al Attorney General en el ejercicio de sus funciones”; según el artículo quinto de dicho texto legal, “Cuando el Attorney General lo considere necesario, puede requerir al solicitor general para que asuma la defensa de asuntos en los que los Estados Unidos sean parte…” Es decir, que las funciones de representación y defensa pueden ser delegadas en el Solicitor General, posibilidad que, aun cuando la ley de creación contemplaba como excepcional, la práctica se ha encargado de establecer como habitual. Estamos, por tanto, ante un cargo de suma relevancia tanto orgánica (es el tercer puesto de importancia en la estructura del Departamento de Justicia) como funcional (es quien representa en el Tribunal Supremo a los Estados Unidos en asuntos donde éstos sean parte). Y aun cuando únicamente se requiere que el titular tenga “conocimientos jurídicos” (la expresión literal utilizada en la norma es “learned in the law”) lo habitual es que se elijan a personas de competencia profesional reconocida. De hecho, algunos de los grandes jueces del Tribunal Supremo ocuparon con anterioridad el cargo de solicitor general; tal fue, por ejemplo, el caso de Robert H. Jackson, Thurgood Marshall o Elena Kagan.

Contrástese la situación existente en los Estados Unidos con la de nuestro país, donde el artículo 11 del Real Decreto 997/2003 de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado contiene la regulación del Abogado General del Estado – Director del Servicio Jurídico del Estado en los siguientes términos: “1. El Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado tendrá categoría de subsecretario y será nombrado y cesado mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia. 2. Para ser nombrado Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado será necesario ostentar la condición de Abogado del Estado. 3. Al Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado le corresponden las funciones de dirección del Servicio Jurídico del Estado y su relación con toda clase de organismos, entidades y centros nacionales o extranjeros, así como aquellas otras que las disposiciones vigentes establezcan. 4. En el desempeño de su función de asistencia jurídica, el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado asistirá a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, cuando así lo disponga su Presidente.” Las similitudes se circunscriben, pues, a que ambos son altos cargos del departamento de Justicia. Pero las diferencias también saltan a la vista

1.- En el caso del Solicitor General, la propuesta corresponde al Presidente, y la ratificación al Senado. En el caso del Abogado General del Estado, el legislativo no interviene para nada, pues quien propone es el Ministro de Justicia, y quien nombra el Consejo de Ministros.

2.- En el caso del Solicitor General únicamente se exige por imperativo legal que la persona designada tenga “conocimientos jurídicos”. En el caso del Abogado General del Estado se exige que ostente la condición de Abogado del Estado, es decir, que tenga la condición de funcionario de carrera perteneciente a dicho cuerpo.

3.- En cuanto a las funciones, existen dos notables diferencias entre ambos cargos:

A.- Al Abogado General del Estado le corresponde la dirección del Servicio Jurídico del Estado, mientras que en el caso del Solicitor General no ostenta funciones directivas, que corresponden al Attorney General en cuanto titular del departamento.

B.- Las funciones del Abogado General del Estado son más amplias y están normativamente establecidas, mientras que las del Solicitor General se limitan a las que le encomiende el Attorney General, limitadas en la práctica a la defensa en juicio en pleitos ante el Tribunal Supremo.

El lector interesado puede consultar el breve pero interesante trabajo que, con el título Presenting the Case of the United States As It Should Be: The Solicitor General in Historical Context, publicó en junio de 1998 Seth P. Waxman, en aquel entonces solicitor general, y en el que ofrece un breve resumen tanto de la historia como de las funciones de dicho puesto.

LA REBELIÓN DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA VISTA POR ALEJANDRO NIETO.

Rebelión militar

La situación jurídica de Cataluña es clarísima. Nos hallamos ante un ordenamiento legal vigente cuyos órganos de ejecución han quebrado totalmente. Subsiste, pues el Estatuto. Lo que no existe es el presidente de la Generalidad, ni el Consejo Ejecutivo ni el Parlamento regional […] El Estado debe proceder a la gestión de la generalidad dentro del máximo respeto a las leyes en vigor, procurando que todo el pueblo catalán, sin excepción, colabore a esa obra necesaria.”

Aunque la cita anterior pudiera considerarse extraída de alguno de los incontables informes jurídicos que el actual Gobierno ha solicitado en los últimos meses, lo cierto es que no es así, sino que corresponde a unas declaraciones efectuadas en octubre de 1934 por José Oriol Anguera del Sojo, que entonces ostentaba el cargo de Ministro de Trabajo de la República española en un gabinete presidido por Alejandro Lerroux. Barcelonés de nacimiento, perfecto conocedor de la situación catalana, su entrada en el gobierno bajo las siglas de la CEDA fue el detonante (que no la causa) para la sublevación que se produjo en octubre de 1934. Y la cita la he extraído de una obra cuya atenta lectura merece abordarse, máxime en los tiempos actuales. Se trata de La rebelión militar de la Generalidad de Cataluña contra la República. El 6 de octubre de 1934 en Barcelona, de la que es autor el gran Alejandro Nieto y que fue publicada hace tres años en la editorial Marcial Pons.

En la obra se muestra Alejandro Nieto de cuerpo entero: con la precisión del científico disecciona minuciosamente los hechos, pero sin renunciar a efectuar tomas de posición y a efectuar valientemente afirmaciones por muy políticamente incorrectas que sean o pese a estar formuladas a contracorriente. Valga como ejemplo el tratamiento que hace de la figura de Luís Companys (páginas 77 a 85), respecto del cual incide en un hecho tan evidente y notorio que por esa misma circunstancia pasa desapercibido: “se da la circunstancia de que Companys ya no es sólo un hombre, sino que se ha convertido en un mito, en un icono catalán, y el objeto directo de la historia son los hombres y sus hechos, no los mitos creados por la literatura y la ideología. Con su fusilamiento en los fosos de Montjuic ese personaje salió literalmente de la Historia, ha quedado sacralizado en el altar catalanista y es ya intocable –so pena de sacrilegio- aunque no sin protesta de algunos autores que prefieren ser historiadores a hagiógrafos.” Pero también efectúa nuestro autor reflexiones en voz alta que trascienden de la época estudiada al ser plenamente aplicables al momento actual, como esta en concreto vertida a la hora de analizar el victimismo: “Con el victimismo puede cubrirse todo. Allí donde ha arraigado este espíritu, cuando un político es acusado de deslealtades, e incluso de delitos personales, le basta envolverse en una bandera y asegurar que está siendo víctima de un ataque dirigido contra su patria; y con este ardid ya nadie pensará en sus culpas, sino en la agresión del enemigo” (páginas 54-55).

Este voluminoso estudio sobre la rebelión de la Generalidad (muy a tener en cuenta que el autor circunscribe la rebelión a la “Generalidad”, no a “Cataluña”), la divide en tres partes. La primera, titulada “antes de la rebelión”, sitúa al lector en el complejo y conflictivo panorama existente en la España del año 1934, y desciende a ofrecer pinceladas de los personajes más relevantes de entonces, las formaciones políticas con representación en Cataluña y en las explicaciones ofrecidas tradicionalmente como justificativas del levantamiento. En este punto, Nieto despeja (si es que existían aún) las tesis de quienes veían en el levantamiento de la Generalidad una defensa de la República frente a la amenaza “fascista” de la C.E.D.A, que había accedido al gobierno precisamente en octubre de 1934 en un gobierno presidido por Alejandro Lerroux. Para destruir dicha tesis, se ampara en varios hechos. El primero, que los preparativos para el levantamiento eran anteriores a la propia entrada de la C.E.D.A. en el gabinete. El segundo, que en un gobierno integrado por quince ministros, dicha formación política (que era la más votada y a quien, en puridad, según la aritmética parlamentaria, correspondía la propia jefatura del gobierno) tan sólo había logrado tres carteras ministeriales, y no precisamente las más decisivas (como Gobernación o Defensa). En tercer lugar, por la propia personalidad, nada radical, de los tres ministros cedistas. En este último punto, aun cuando Nieto no lo utiliza, conviene no perder de vista el testimonio del socialista Juan Simeón Vidarte en su obra El bienio negro y la insurrección en Asturias, donde incluye el siguiente párrafo: “Indalecio Prieto, que había bajado de su apartamento para comentar con nosotros la noticia, le decía a Caballero que si se daba un lugar en el gabinete a Anguera del Sojo nuestra posición al declarar la huelga general estaba poco justificada, pues éste había sido fiscal general de la República y gobernador de Barcelona en 1931, durante los gobiernos de colaboración republicano-socialista y desde entonces se hizo amigo de Azaña y Casares. No podíamos alegar su falta de republicanismo….”

Tras exponer los antecedentes, nos ofrece una crónica de la rebelión (utilizando para ello el testimonio de los protagonistas y ciñéndose a fuentes principalmente catalanas) y los acontecimientos que siguieron a la misma, más en concreto los debates en torno a la suspensión del Estatuto de Autonomía y a la causa seguida en el Tribunal de Garantías Constitucionales frente a los principales autores de la intentona. Destacan, a lo largo de esas páginas, la lucidez con la que se enuncia la teoría que el autor denomina del “doble alzamiento”: el político (protagonizado por las instituciones políticas, más concretamente por el Presidente y el Consejo Ejecutivo) y el social (por las fuerzas obreras), coincidentes en el tiempo aunque con objetivos y fines distintos y, en ocasiones, opuestos. Pero, sobre todo, permite distinguir claramente entre el Nieto historiador (el que expone acontecimientos previos a la rebelión y nos ofrece una visión del propio alzamiento y su derrota) y el Nieto jurista, que aparece en el capítulo final para lucir con gran altura a la hora de sumergirnos en los debates jurídicos acerca de la naturaleza del Estatuto de autonomía de Cataluña (en el debate de las Cortes sobre las medidas a adoptar tras la derrota de la insurrección) como al enfrentarse a la causa abierta en el Tribunal de Garantías Constitucionales.

En el momento de abordar las consecuencias del levantamiento, Alejandro Nieto distingue entre la explicación y la justificación del mismo, tesis que expone didácticamente en este delicioso párrafo: “A diferencia de la justificación, la explicación se mueve en el ámbito causal, físico o psicológico, no en el ético, y consecuentemente no suele coincidir con la justificación […] El historiador constata que el autor de una conducta se justifica (es decir, se cubre política o éticamente) invocando una razón (una agresión previa, por ejemplo) que él estimará plausible o no. El analista busca por su cuenta el hecho que causó el fenómeno físico (el disparo al que siguió la muerte)  o provocó el acontecimiento (las arbitrariedades del príncipe, a las que siguió la rebelión de los súbditos). En este último ejemplo, la justificación ética y la explicación causal coinciden. Ahora bien, lo ordinario es que sean distintas. El nombramiento del Gobierno radicalcedista pudo justificar la rebelión armada en opinión de aquellos que lo consideraron agravio o amenaza suficiente; pero no vale como explicación dado que no fue causa de la rebelión, aunque sólo sea porque ésta se preparó ya antes del cambio de Gobierno. La crisis psicológica de un presidente bipolar pudo ser, quizás, la causa que provocó la rebelión armada y, por tanto, sirve como explicación, pero en modo alguno la justificaría” (página 254)

Se trata de una magnífica obra cuya lectura recomendamos desde el presente blog.

 

de Monsieur de Villefort Publicado en Historia