LAS “AUGUSTAS” VACACIONES DEL JURISTA.

Hemos llegado al octavo mes del año, agosto, que debe su nomenclatura a Cayo Julio César Octaviano, conocido en la historia como Augusto, primer emperador de Roma. De igual manera que el séptimo mes del año recibe su nombre del padre adoptivo de éste, el famoso Cayo Julio César. El emperador Cayo Julio César Germánico, a quien la historia recuerda por su apelativo Caligula, decretó que el mes de septiembre pasase a denominarse Germánico en honor a su padre, pero la medida no gozó de la estabilidad que la de los dos anteriores.

De ahí que pueda decirse en estricta Justicia que las vacaciones del jurista son, ciertamente, “augustas”, aunque tan sólo en dicho sentido. Porque lo cierto es que no es inhabitual que a medida que se acerca la mágica fecha del treinta y uno de julio, la tensa calma que suele presidir la Administración no sea más que el preludio de la tempestad que se desata en los últimos instantes del último día hábil a efectos procesales. En efecto, no es nada infrecuente que periodos más o menos dilatados de inactividad den paso a una pléyade de resoluciones que los órganos administrativos y judiciales regurgitan sin freno para desesperación de quien ya tenía la mente puesta en la jornada vacacional y a quien ese alud de Diligencias de Ordenación, Providencias, Autos y Sentencias arruinan los primeros días del periodo vacacional. Y eso por lo que a la Administración de Justicia se refiere, dado que en lo que al sector público respecta el mes de agosto, hábil a efectos administrativos, suele ser la época predilecta para que del vientre administrativo emanen los más variados efluvios, en ocasiones tras una pausada y pesada digestión.

Siempre me ha llamado la atención tal hecho, es decir, cómo es posible que sea precisamente en las últimas jornadas hábiles del año judicial, y en algunos casos apuradas hasta extremos casi hilarantes, cuando se resuelvan asuntos que en algunos casos llevaban tiempo en las dependencias judiciales. Creo que pueden ofrecerse tres respuestas, que no son necesariamente incompatibles o excluyentes entre sí.

I.- La necesidad de cerrar los casos en el año judicial. Conviene tener en cuenta que el año judicial no comienza en enero y finaliza en diciembre, sino que se inicia de ordinario el primer día hábil del mes de septiembre y finaliza el último día hábil del mes de julio. De ahí que sea preciso liquidar los asuntos para dar comienzo a un nuevo periodo limpio, en lo posible, de polvo y paja. Primera explicación, pues, circunscrita a motivos estadísticos

II.- La inveterada costumbre española de dilatar los asuntos resolviéndolos a última hora. Es un hecho público y notorio que, salvo rarísimas y honrosas excepciones, el principio que suele regir en nuestro país es “no resuelvas hoy lo que puedas dejar para mañana.” Este principio general es aplicable en todos los extremos y situaciones. Si, por ejemplo, han de presentarse las declaraciones trimestrales antes del día veinte, lo más habitual es que el grueso de los contribuyentes demoren tal actividad hasta los tres o dos últimos días, y en ocasiones hasta en los minutos finales del último día. Hay letrados que han hecho de presentar los escritos el último día hábil un auténtico modo de vida. De igual manera que hay empleados públicos que se toman con auténtica calma oriental la tramitación de asuntos. También he de reconocer que esas personas jamás suelen tener problemas, aunque el redactor de estas líneas es de la filosofía opuesta: cuanto antes se quite de en medio un asunto, mejor que mejor, de ahí que en caso de serle otorgado diez días para evacuar un trámite raramente suele demorarlo más allá del quinto, más que nada para evitar imprevistos.

III.- Deseo consciente de fastidiar. Si bien no puede decirse que sea un motivo o móvil frecuente, tampoco puede decirse que este afán sea inexistente. Expliquémonos. Es un hecho público y notorio que, salvo en despachos integrados por varias personas, el jurista ve limitado su periodo vacacional al mes de agosto por ser el fijado como inhábil a efectos procesales. No obstante, los empleados públicos no necesariamente las disfrutan ese mes. Es inherente a la condición humana que la persona que acude a su puesto de trabajo contemple con cierta sana envidia cómo otros inician su periodo vacacional, de ahí que, si es posible, se intente de alguna manera picar cual abejita. Es el clásico síntoma del insomne que, incapaz de conciliar el sueño, se encarga de que todos quienes le rodean tampoco puedan disfrutar de los brazos de Morfeo. En algunos casos, ese deseo de reducir la jornada de descanso se explicita, además, con una crueldad de lo más refinada. Recuerdo en cierta ocasión que un procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, iniciado en los últimos días del mes de noviembre, fue resuelto por un magistrado del orden contencioso-administrativo el viernes de la primera semana de agosto, dando además orden expresa de ser notificado ese mismo día…..que curiosamente coincidía con su última jornada laboral, puesto que dicho juez tiene la inveterada costumbre de trabajar la primera semana de agosto e iniciar su periodo vacacional la segunda semana de dicho mes.

A nivel estrictamente personal, jamás me gustó el mes de agosto como propio de las vacaciones estivales. Quizá ello se deba a que mi padre siempre optó por disfrutar sus vacaciones en un periodo distinto, que inicialmente fijó en la primera quincena del mes de junio para, finalmente, trasladarlo a la segunda quincena de septiembre, que es el periodo en el que, desde que quien suscribe frisaba los nueve años, disfrutaba de las vacaciones junto con su familia. Creo que mi padre acertó plenamente con esas fechas, y ello por varios motivos. Económicamente son mucho más rentables, pues no estamos en los meses centrales del estío donde los precios se encarecen, en ocasiones duplicando o triplicando la tarifa normal. Y estacionalmente, porque aun cuando el verano cede el paso al otoño en esa segunda quincena del noveno mes, el tiempo aun es lo suficientemente cálido y los días lo bastante largos como para disfrutar y aprovechar la calidez del sol y los baños de mar. En mi caso a las anteriores consideraciones se sumaba otra circunstancia que hacía de esas fechas algo especial, y es que precisamente en esa franja de tiempo se sitúa el día de mi cumpleaños.

En fin, que aunque las vacaciones del jurista sean ciertamente “augustas”, ello en modo alguno implica o conlleva, cuando menos en mi caso, que se hagan “a gusto” en este octavo mes del año. Pero es lo que hay.

SOBRE “LA AVISPA”, JEFFERSON Y EL HONOR DE PABLO IGLESIAS.

Corría el año 1804 cuando el fiscal Ambrose Spencer impulsó una acusación formal contra Harry Croswell por difamar nada menos que al presidente Thomas Jefferson. Este último, una de las personas más siniestras e hipócritas que ha dado la historia de los Estados Unidos, se había mostrado como un defensor a ultranza de la libertad de prensa como medio de control al gobierno, y se había manifestado públicamente contra las Alien and Sedition Acts, sobre todo contra la que criminalizaba el libelo sedicioso. No obstante, desde el momento en que el virginiano accedió a la presidencia de la nación, no tuvo empacho en utilizar esa misma legislación y en tratar de someter a la prensa ideológicamente hostil. Y para ello, se sirvió de un simpatizante que ostentaba en cargo de attorney general de Nueva York.

Las imputaciones que se hacían a Jefferson en la publicación The Wasp (la avispa) eran absolutamente escandalosas tanto desde el punto de vista personal como político, dado que no sólo se afirmaba que el presidente había mantenido relaciones sexuales con una de sus esclavas (algo intolerable para la mentalidad de la época) sino de haber sufragado de su propio bolsillo unas publicaciones denigratorias contra el presidente Washington, a quien se calificaba de “traidor, ladrón y perjuro”. Lo curioso es que la segunda afirmación pudo demostrarse veraz en el seno del correspondiente proceso judicial incoado en el mismo año 1803, y respecto a la primera, aunque a principios del siglo XIX no pasaba de ser un simple rumor, la historia acabó demostrando que era no menos cierta, pues las pruebas de ADN efectuadas ya en pleno siglo XXI acreditaron que, en efecto, Jefferson mantuvo con Sally Hemmings, una de sus esclavas, relaciones que sobrepasaron con creces la frontera del amor platónico. No deja de ser curioso que el que continúa siendo considerado el apóstol de la igualdad no sólo fuera un propietario de esclavos y jamás en su vida liberara a uno solo de ellos (al contrario que otros coetáneos suyos, como John Jay, quien no sólo abogó expresamente por la gradual abolición de la esclavitud, sino que formó parte de la sociedad en favor de la manumisión de esclavos y predicó con el ejemplo otorgando la libertad a los suyos), aunque dicho sea en su honor con ello demostró que no dejaba de considerarlos sus iguales, cuando menos en cuestiones amatorias.

Pero, volviendo al caso People v. Croswell, Jefferson, a través de su amigo el fiscal general de Nueva York, logró una condena, amparándose en que la acreditación de la certeza de los hechos en modo alguno podía servir de base a una absolución, pues lo esencial y relevante era el animus injuriandi. Con ello Jefferson iba más allá de las Alien and Sedition Acts, que sí contemplaban la exceptio veritatis como causa de exención penal, pretendiendo acudir a los viejos principios del common law inglés, que basaban la condena por sedición no en lo falso de las informaciones, sino en el daño producido. Pese a todo, Harry Croswell fue declarado culpable. Apelada la sentencia, al condenado lo defendido Alexander Hamilton en la que sería su última actuación profesional, dado que tuvo lugar poco antes de caer abatido en el célebre lance de honor que tuvo con el vicepresidente Aaron Burr. Hamilton incidió en la validez de la exceptio veritatis, así como en el hecho de que el propio ordenamiento inglés había evolucionado admitiendo tal instituto. El fiscal del caso (que ya no era Ambrose Spencer, recompensado por Jefferson a través de sus acólitos en la gobernación del estado con un nombramiento de juez estatal) sostuvo los mismos principios que su antecesor. Aunque la discrepancia entre los jueces, divididos entre partidarios y detractores de la exceptio veritatis, impidió tomar una decisión y, en consecuencia, ante la imposibilidad de dictar sentencia (lo que en terminología jurídica estadounidense se denomina deadlock) implicaba automáticamente la confirmación de la resolución apelada, lo cierto es que la condena impuesta a Croswell jamás se llevó a efecto.

Las anteriores reflexiones me vinieron a la memoria cuando tuve noticia de la recentísima Sentencia 99/2017 de 28 de junio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Zamora dictada en autos de Procedimiento Ordinario 463/2016, que resuelve el procedimiento seguido a instancias de Francisco Javier Iglesias Peláez frente a Hermann Tertsch del Valle Lersundi por vulneración del derecho al honor, fundamentado en un artículo publicado por el último donde acusaba al padre del demandante de haber sido condenado por participación en una checa durante el periodo de la guerra civil, resolución a la que cualquier persona puede acceder a través de internet, en concreto en la página infolibre.es. La sentencia no pasa de ser una más de las que se enfrentan a dilucidar si existe o no vulneración del derecho al honor de una persona, y si ha adquirido relevancia mediática es por la circunstancia que el demandante es el progenitor del Secretario General de una formación política recientemente creada.

Existen varias consideraciones, respecto a la sentencia, de las que sí quisiera emitir mi respetuoso parecer:

1.- Estructura de la sentencia. Comienza ya a ser preocupante el incumplimiento generalizado del artículo 248.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, que impone a las sentencias (el uso de la forma imperativa “se formularán” no deja la menor duda al respecto) expresar, “en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo.” Bien es cierto que desde el punto de vista estrictamente formal las resoluciones se adecúan a tal precepto, pero materialmente Sus Señorías han decidido a la hora de elaborar las resoluciones imitar la técnica pictórica del sfumato y diluir la distinción, incluyendo en el apartado correspondiente a los fundamentos jurídicos cuestiones estrictamente fácticas. La sentencia comentada es buena prueba de ello, y basta para acreditar dicho particular simplemente asomarse a la lectura del segundo párrafo del fundamento jurídico cuarto: “Para la resolución de la controversia suscitada resultan relevantes para la presente causa los siguientes hechos” y a continuación transcribe íntegramente el artículo publicado y en base al cual se articula la pretensión del demandante. Estructura interna, pues, errónea.

2.- Celebración de la vista a puerta cerrada. El quinto antecedente fáctico indica que “el juicio tuvo lugar el 19 de abril de 2017 celebrándose a puerta cerrada, lo que se acordó oralmente y se documentó por escrito mediante Auto de 5 de junio de 2017.” En este punto, creo que la juez no actuó conforme a Derecho. En este sentido, el artículo 138.1 de la Ley 1/2000 de 7 de enero impone con carácter general la publicidad de las actuaciones. Es el artículo 138.2 el que establece las excepciones a dicha norma general, lo que hace en los siguientes términos: “Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.” En este caso no estamos ante un caso con menores, el asunto tiene relevancia pública que trasciende del ámbito privado, hecho en el que la juzgadora además incide la propia resolución (“el contenido global de la información difundida trata temas de evidente trascendencia pública y se refiere a personas de máxima proyección pública, como es el hijo del actor don Pablo Iglesias” –fundamento jurídico segundo-; “si bien ha de admitirse que concurre el requisito de la relevancia pública de la información facilitada” –fundamento jurídico séptimo-). No alcanza el redactor de estas líneas a barruntar cómo la publicidad de las actuaciones puede perjudicar los intereses de la justicia. Tampoco creo que la última causa (orden público y seguridad nacional) haya sido invocada por las partes, ni mucho menos que se diera tal circunstancia.

Por tanto, no dándose esas circunstancias, entiendo que el acto de la juez acordando la celebración a puerta cerrada, en principio, es contrario a Derecho. Por cierto, la juez “olvida” incluir en la resolución la parte que solicitó la celebración a puerta cerrada (oficiosamente se conoce que fue la demandante) ni los motivos invocados. Y en este punto concreto, estoy convencido (aclaro que en este punto estoy emitiendo una opinión personal, y por tanto es subjetiva y falible) que esa omisión es absolutamente deliberada.

3.-  Planteamiento de la cuestión relevante. En este punto, a la hora de identificar el núcleo esencial del asunto, la juez procede de manera ejemplar y así debe reconocerse. El núcleo esencial del caso, es decir, la afirmación susceptible de vulnerar el derecho al honor, es la afirmación efectuada por el demandado en el sentido de que Manuel Iglesias Ramírez, fue condenado a muerte “por el delito de asesinato”, en concreto, según se contenía en la publicación, por “participar en sacas, es decir, en la caza de civiles inocentes desarmados en la retaguardia de Madrid.” Repárese en que el periodista no separa entre dos hechos (condena a muerte y participación en sacas) sino que vincula ambos en una misma frase (es decir, que la condena a muerte fue debida a la participación en sacas). Ahí está precisamente el truco del almendruco, puesto que con ello el propio Tertsch se ha puesto la soga al cuello. Porque a la parte demandante le bastaría tan sólo acreditar que la condena fue por un delito distinto (como así fue) para demostrar que el periodista habría faltado a la verdad.

4.- Jurisprudencia citada. La juez se apoya casi exclusivamente en la Sentencia 257/2006 de 30 de mayo de la Sección Vigésimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid dictada en recurso número 490/2004 (ES:APM:2006:8770), que resuelve la demanda interpuesta a consecuencia de la publicación del libro El enigma argentino, escrito por Horacio Vázquez Rial y publicado en Ediciones B, que fueron demandadas por un aludido. Más aún, el fundamento jurídico sexto de la Sentencia del Juzgado de Zamora es una transcripción literal de los fundamentos jurídicos segundo a octavo (ambos inclusive) de la resolución de la Audiencia madrileña. La juez, obviamente, omite los razonamientos referidos al concepto de “reportaje neutral” en tanto en cuanto éste únicamente se esgrime frente al medio, siendo así que en el caso en cuestión únicamente se optó por demandar al periodista.

5.- Solución ofrecida. En este punto, considero que la magistrada en cuestión ha tomado la solución acertada. Ha de tenerse en cuenta que no está cuestionando el derecho del periodista a publicar información, ni tan siquiera la que ha publicado si la misma hubiese sido avalada por datos objetivos. Lo que ocurre es que, en primer lugar, la parte actora tuvo el acierto de aportar la causa a la que fue sometido Manuel Iglesias Peláez, y de la misma se deduce que fue condenado por rebelión militar, no por asesinato, lo que ya implica que una de las afirmaciones (condena a muerte por participar en sacas) no es cierta. En este punto, pues, no puede operar la exceptio veritatis, porque el hecho se ha demostrado incierto. Hasta ese punto, suscribo la afirmación de la sentencia porque, en efecto, la condena de Manuel Iglesias Peláez no fue por asesinato, ni por la participación en sacas, sino por otro hecho distinto, sin que para nada la condena se basara en los asesinatos.

Ahora bien, la sentencia comete un exceso en lo que se refiere a la imputacion de que fuese Manuel Iglesias quien hubiese sido el encargado de identificar y capturar a un miembro de la nobleza, que sería finalmente asesinado. Puede imputarse al periodista cierta ligereza por no constatar en el artículo las fuentes de las que bebe, siendo así que las concretó en el acto de la vista. Pero la juez imputa al autor una falta de diligencia en la investigación. En lo referente a que tales hechos fuesen determinantes de la condena penal, ya hemos visto que la juez lleva razón, no fueron tales antecedentes los que llevaron a la condena. Pero de ahí a imputar una falta de investigación y a negar su realidad porque los mismos no fuesen el sustento de la culpabilidad penal, ahí media un abismo. Porque en este punto surge un interrogante que seguramente planea sobre cualquier ciudadano con un mínimo de raciocinio, pero que en este caso la juez parece ni tan siquiera haberse detenido a pensar. Si la acusación no de haber sido condenado por asesinato, sino en haber sido el causante de la muerte de varias personas había aparecido publicada con anterioridad en varios medios, y en este caso el demandado se limitó a recoger lo que ya venía recogido en varios medios con anterioridad. ¿Por qué en este punto el demandante no ha cuestionado dichas fuentes ni ejercido las acciones jurídicas frente a dichas publicaciones? ¿Por qué no ha extendido la acción jurídica frente a las mismas? Dejo simplemente planteada la cuestión.

 

Con todo, y desde el punto de vista estrictamente personal y a modo de opinión, si quisiera plantear varias cuestiones a modo de reflexión:

1.- Es paradójico que quienes exigen a terceros poseer la epidermis de un grosor y dureza cual hipopótamo, a la hora de recibir las más duras descalificaciones muestran tener una extremada sensibilidad en la piel. Así, en el caso comentado, la misma formación a la que pertenece la persona que considera su honor vulnerado por haber manifestado que su padre fue condenado por chequista, calificó de “asesino” (sic) a José María Pemán, justificando la autora de tal afirmación su actuar en que lo hizo como “una señal de alarma” porque en España falta “libertad de expresión.” En definitiva, que se regresa a la vieja tesis alemana del derecho penal de autor, donde no existen delitos basados en hechos objetivos, sino en las características personales del autor o de la víctima: el hecho que en unos casos es susceptible de ser considerado como ilícito penal, en otras circunstancias objetivamente idénticas no lo es por una simple variación de las características personales del sujeto activo o pasivo. Si algo demuestra con ello es que, al igual que ocurriera con Thomas Jefferson, quienes más predican la libertad de expresión y más generosos se muestran en su uso, tanto lo denigran cuando ese mismo derecho se esgrime en perjuicio suyo.

2.- Se demuestra igualmente la irresponsabilidad de quienes publican sin contrastar ni someter a un mínimo análisis determinados hechos. Por ejemplo, en lo referente a Manuel Iglesias Peláez, existen hechos objetivos y reconocidos por el propio afectado que podían haber sido esgrimidos por el señor Tertsch, sin que los mismos hubiesen sido constitutivos de vulnerar el derecho al honor, para cuestionar la imagen que Pablo Iglesias Turrión pretende ofrecer de su abuelo. Por ejemplo, podría haberse limitado a constatar que Manuel Iglesias, en el proceso al que fue sometido en 1939 tuvo por abogado defensor nada más y nada menos que a Alfonso García Valdecasas (uno de los fundadores de Falange Española junto con José Antonio Primo de Rivera y Julio Ruiz de Alda), algo cuando menos inusual. Que la pena de muerte le fue conmutada gracias a la intervención de Pedro Gamero del Castillo (en esos años ministro sin cartera en el gobierno de Franco, amigo personal de Ramón Serrano Suñer y simpatizante alemán). Y, sobre todo, que según las propias declaraciones de Iglesias Peláez, “después de la cárcel, y colocado por una cuñada mía, he trabajado en el Ministerio de Trabajo al Servicio del Seguro Obligatorio de Enfermedad, que nosotros no creamos”; es decir, que entra a trabajar en un departamento ministerial regentado por un camisa vieja, José Antonio Girón de Velasco. Datos todos ellos que proceden del libro La represión franquista en Villafranca de los Barros (1936-1945) debido a Francisco Espinosa Maestre. Cabría preguntarse cómo es posible que Manuel Iglesias Peláez tuviese contactos entre personas integrantes del sector duro del falangismo y sitas en los más altos cargos del régimen que, no sólo parece que le honraran con su amistad, sino que incluso dieron un paso más hasta el punto de interceder por él logrando no sólo se le conmutase la pena de muerte, no, sino otorgarle un trabajo nada menos que en uno de los ministerios claves del Estado. Si a ello se une que, según el propio interesado, tuvo seis hijos “todos ellos con formación universitaria”, en una época en la que no estaba al alcance de cualquier familia el facilitar a sus hijos el acceso a la formación titulada universitaria, permite concluir que la imagen que desde la formación morada pretende ofrecerse del abuelo del líder no es en modo alguno la más exacta.

3.- También es preocupante que exista una minoría de jueces (aunque, por desgracia, su número va en aumento) que no es que bizqueen tanto de mirar con un ojo al código y otro a los medios, sino que ya descaradamente concentran toda su atención en éstos. El hecho de que la juez acordase la celebración de la vista a puerta cerrada no puede explicarse más que por dicha circunstancia.

Con todo, el nieto de Manuel Iglesias Peláez debería tener muy en cuenta una frase que éste dejó consignada por escrito, y que no tengo ningún empacho en suscribir íntegramente: “lo único que odio en este mundo son las dictaduras, lo mismo las del sable que las del partido. Mi libertad termina donde empieza la tuya, y viceversa.”

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN COMO TESTIGO DE MARIANO RAJOY: ESTÉTICA PENOSA.

Recuerdo que hace ya casi una década, en una conversación amistosa que mantuve fuera de los estrados con un magistrado del orden penal, éste se lamentaba que nuestro país era el único en el que las salas de vistas situaban a jueces y abogados a la misma altura física, dado que en el resto de países el estrado del juez se sitúa en un plano superior. Le manifesté que en ese aspecto yo no tendría ningún inconveniente en situarme desde el punto de vista estrictamente físico en un escaño inferior aunque, animus iocandi, le exigí a mi distinguido interlocutor que a modo de contrapartida estuviese dispuesto a llevar la toga roja ribeteada de armiño y, sobre todo, la peluca rizada con que se adornan los jueces británicos. Mi respuesta le causó una mezcla de asombro y diversión, por lo inesperado y audaz de la misma, y reconoció que en ese caso prefería dejar las cosas como estaban. Lo cierto es que al ilustre magistrado se le escapó una diferencia no menos esencial, y es que en otros países, en los estrados las partes no están situadas de manera que se enfrenten de forma física, sino que ambas miran al juez.

La anécdota relatada en el párrafo anterior me vino hoy a la memoria cuando contemplé la declaración como testigo de Mariano Rajoy Brey. Si todavía existe alguien que a estas alturas piense que la justicia “es igual para todos” el espectáculo de hoy le habrá abierto definitivamente los ojos y le habrá demostrado lo erróneo de tan manida afirmación. Porque cuando la desigualdad trasciende ya a la propia física, es decir, a la escenografía, no creo que a ningún ciudadano de bien pueda exigírsele un descomunal ejercicio de fe y confianza ciega en la Administración de Justicia. Bien es cierto que, como decía el maestro Alejandro Nieto, ya existe desigualdad cuando unas personas declaran “en estrados” y otras en “banquillo”, pero cuando el grueso de los testigos deponen en el sitio habilitado al efecto con carácter general (frente a los magistrados) mientras que a otro se le habilita expresamente un lugar al efecto no ya al mismo nivel, sino en plano paralelo a los magistrados, obligando a éstos al penoso ejercicio de girar sus testas a la derecha (habrá malpensados que piensen que no sea casual el giro en esa dirección) para contemplar al testigo, con eso ya está dicho todo.

Modificar el ritual legalmente preestablecido introduciendo ex profeso una ubicación física inusual para que un testigo se sienta más cómodo no es precisamente un acto ni de buena Administración ni de estricta Justicia. Es más, ni está justificado ni es justificable.

Hemos de partir necesariamente del Auto de 30 de mayo de 2017 de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su fundamento jurídico único incurre en una contradicción interna. Por un lado, indica que: “D. Mariano Rajoy no comparece como presidente del gobierno sino como un ciudadano español (art. 14 CE) en calidad de testigo por hechos que se están juzgando en este Tribunal en razón a los cargos que tenía en el PP, colaboración con la justicia y en un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y del estado de derecho” (subrayado en el original). Para a continuación dar un giro copernicano y señalar que: “El Tribunal de la Audiencia Nacional, sede institucional, se sitúa en el mismo plano en cuanto a los poderes del Estado que el ejecutivo, por lo que la comparecencia personal de su representante máximo, en sana relación institucional, se ajusta a derecho.”

Con todos los respetos, creo que el redactor material del Auto se ha lucido, porque dice una cosa y la contraria en apenas media página. Porque si don Mariano Rajoy no comparece como presidente del gobierno, sino como “un ciudadano español”, no tiene ningún sentido la referencia ulterior a la “comparecencia personal de su representante máximo [del poder ejecutivo] en sana relación institucional”. Decir que el presidente comparece “como ciudadano” ya es ciertamente grave (pues pudiera parecer que se está efectuando una distinción física según la cual aquél o no es un ciudadano o es que es más ciudadano que otros), pero manifestar, tras una larga cambiada, que la comparecencia es “en sana relación institucional” se contradice con lo anterior, porque está situando la comparecencia a ese nivel, al institucional. Y ya puestos, de efectuar una comparación en cuanto a “situación en el plano”, el equivalente judicial al Presidente del Gobierno sería el Presidente del Tribunal Supremo, y no la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que como mucho podría considerarse “en el mismo plano” que el titular de un departamento ministerial.

Pero, centrándonos ya en el asunto que nos ocupa. Sólo caben dos posibilidades:

A.- Si Mariano Rajoy comparece, según el citado Auto, como ciudadano, acondicionarle para su deposición como testigo una ubicación específica y distinta al resto de los que antes y después comparecerán en la misma sala y en la misma vista, es intolerable no sólo estética, sino jurídicamente, y choca de lleno con el artículo 14 de la Constitución. En este caso, los magistrados han vulnerado un principio básico y elemental enunciado en su día por Augusto: la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo. Pues la imagen que se ha dado al pueblo es el célebre aserto orwelliano: “todos los ciudadanos son iguales, pero unos son más iguales que otros.”

B.- Si la comparecencia se efectúa no en calidad de ciudadano, sino como Presidente del Gobierno, los privilegios que pudiera tener la persona física que ostente dicho puesto desaparecen al penetrar en una Sala de Justicia. El Presidente tan sólo puede comparecer en Sala como tal y con los privilegios inherentes a dicho puesto en eventos como la inauguración del año judicial o similares, donde, en efecto, su presencia se hace como máximo representante del Poder Ejecutivo. Pero cuando ha de comparecer en Sala bien sea como persona investigada o como simple testigo, no ha de distinguirse de cualquier otro ciudadano, salvo lógicamente en los aspectos relativos a las medidas de seguridad que han de rodear a su persona, hecho este último que no es objeto de discusión.

Uno de los problemas fundamentales que tiene nuestro país es el excesivo respeto que el tercero de los poderes ha tenido siempre hacia el segundo, y que le ha llevado en numerosas ocasiones a efectuar cesiones intolerables por simple cuestión estética, y esta es una de ellas. Otro, el retraso histórico a la hora de abordar cuestiones que en otros países hace décadas que han obtenido ya una respuesta. Y es que si Sus Señorías hubieran deseado un ejemplo de cómo abordar la comparecencia de un Presidente como testigo en un pleito, no hubieran tenido más que acudir a internet buscar las actas del que en su día fue considerado el “juicio del siglo”, el caso United States v. Aaron Burr, celebrado entre junio y agosto de 1807 en el Tribunal de Circuito de Virginia. Dichas actas son fácilmente accesibles, y en las mismas puede comprobarse que el acusado, nada menos que el antiguo vicepresidente de los Estados Unidos, planteó abiertamente no sólo la comparecencia física del Presidente en Sala, sino que lo hiciese acompañado de documentos que se consideraban oficiales. John Marshall dejó bien claro que a efectos procesales, no existe diferencia entre el Presidente de los Estados Unidos y un ciudadano común: “Si a la hora de ser citado como testigo la ley no discrimina entre el presidente y un ciudadano común […] la citación para la comparecencia y presentación de documentos puede emitirse frente a cualquier persona a la que pueda dirigirse una citación ordinaria.”

En cualquier caso, si comparece como ciudadano porque es como cualquier otro ciudadano, como tal ha de declarar. Sin compadreos ni concesiones estéticas, que si algún prestigio disminuyen es el de la propia Sala que, lo digo con todo respeto pero con total firmeza, en mi opinión no ha quedado en muy buen lugar.

SOBRE LA LIMITACIÓN DE MANDATOS.

Cuando el verano de 1787 los representantes de los distintos estados se reunieron en la Convención a la hora de abordar quién habría de ostentar el poder ejecutivo llegaron a plantearse que éste fuese depositado en un Presidente que tuviese un mandato sin posibilidad de reelección. Finalmente, no llegó a prosperar dicha tesis y el artículo segundo fijó un mandato de cuatro años sin establecer cortapisa alguna a las eventuales reelecciones. No obstante, George Washington, el indiscutido líder de los Estados Unidos y primer presidente de dicha nación, allanó el camino al renunciar en el año 1796 a optar a un tercer mandato. Se separaba así de otras personas como George Clinton, el incombustible gobernador del estado de Nueva York, que desde 1777 veía casi automáticamente renovado su mandato hasta que en 1795 fue destronado por John Jay, curiosamente el redactor de la constitución estatal que establecía para el gobernador un mandato de tres años.

Desde la renuncia de Washington, ninguno de sus sucesores en el cargo osó dejar sin efecto el precedente que el ilustre virginiano había sentado, y ninguno intentó presentarse a la reelección más de una vez. Ulises S. Grant tanteó la posibilidad en 1876, el año del centenario, pero desistió al comprobar que la prensa calificó la simple posibilidad de intentarlo como “dictadura”. Tan sólo el inefable Franklin D. Roosevelt fue reelegido en tres ocasiones (1936, 1940 y 1944), si bien la muerte le privó de desempeñar casi la totalidad del último de los mandatos. Precisamente con la intención de evitar otro caso como el de Roosevelt, se aprobó la vigesimosegunda enmienda constitucional, que impide a un candidato optar a más de una reelección a la presidencia. El tenor literal de la enmienda no deja la menor duda: “Nadie puede ser elegido presidente más de dos veces, y tampoco podrá serlo quien haya ocupado el cargo o actuado como presidente durante más de dos años durante el mandato para el cual hubiera sido elegido otra persona.” Quiere ello decir, por ejemplo, que Lyndon B. Johnson podría haber optado a la reelección en 1968 (dado que cuando accedió a la presidencia tras el asesinato de Kennedy no ostentó la misma durante más de dos años en ese mandato), pero, por ejemplo, Harry S. Truman (a quien por derecho transitorio no se le aplicaría) tendría que considerar como mandato propio su primera etapa de presidente, dado que sucedió a Roosevelt tras la muerte de éste. Se quiere evitar, con ello, que una persona concentre todos los poderes durante un amplio lapso de tiempo, dado que el pueblo de los Estados Unidos siempre ha tenido un enorme recelo hacia el poder.

Nuestro país es diferente. No sólo no existe recelo hacia el poder, sino que éste siempre ha hecho de su capa un sayo, ya sea abiertamente o mediante sutilezas legales. Ideas como la de responsabilidad política o temporalidad en el cargo no han logrado arraigar del todo, porque la siembra que tuvo lugar en el periodo inicial del constitucionalismo no logró que la semilla germinase del todo. Y así existen ejemplos de personas que se perpetúan en el cargo inasequibles al desaliento, con el agravante que al hacer referencia a su situación hablan de “sacrificio personal” y de “servicio al público.” Y la idea de responsabilidad, por su puesto muy muy diluida. No hace ni un mes que hemos visto cómo al titular de la cartera de Hacienda, tras ver cómo el Tribunal Constitucional anulaba una de sus medidas estrellas (la denominada “amnistía fiscal”, cuyo nombre técnico era “declaración tributaria especial”) manifestó que iba a asumir su responsabilidad, y que esa asunción iba a consistir en explicar a la ciudadanía por qué hizo lo que hizo. Con todo, lo grave es que lo decía en serio.

El afán de perpetuarse en el cargo no se limita a la alta política estatal, sino a la autonómica, local e institucional. Hemos visto cómo un expresidente autonómico actualmente investigado por corrupción se perpetuó durante tres décadas en el cargo, cómo hay ediles que vegetan en sus poltronas cuatrienio tras cuatrienio. E incluso a nivel del sector público institucional se dan ejemplos curiosísimos. Por ejemplo, el decano del Colegio de Abogados de Gijón, que lleva tres mandatos quinquenales consecutivos como primera autoridad de la abogacía gijonesa (periodo al que habría que añadir otro como miembro de una junta anterior), no sólo rehusó modificar los estatutos del colegio para reducir de cinco a cuatro el periodo de duración del cargo, sino que se empeñó en no introducir un periodo máximo de mandatos invocando la “libertad”, lo que implícitamente supone decir que en aquéllos países donde existe tal límite no son democracias ni tan siquiera formalmente. O qué decir del presidente de la Federación Española de Fútbol, que investigado como presunto cabecilla de una trama corrupta continúa en el cargo desde la prisión provisionalmente acordada….quizá porque desea llegar a las tres décadas en el puesto. O el Presidente del Comité de Árbitros, que también supera las dos décadas en el puesto.

Sí es cierto que en nuestro país hubo quienes prometieron formalmente limitar a dos sus mandatos. Pero que hiciesen honor a su palabra tan sólo me viene a la memoria una persona. La regla general es seguir hasta que el cuerpo aguante, y a veces incluso aún más allá cuando éste ha empezado a flaquear y a dar síntomas de agotamiento.

Nadie, por desgracia, emula a aquél célebre agrimensor virginiano que, elevado a la jefatura del Estado de una nueva nación, en 1796 rehusase optar a un tercer mandato cuando nadie cuestionaba ni su figura ni su derecho a ello.

MADRES, HIJOS, BOFETONES Y………FISCALES.

Hoy día 19 de julio de 2017, la página web del Consejo General del Poder Judicial nos ofrece la enésima noticia que demuestra el grado de degeneración de una sociedad cada vez más envilecida. Y en dicho envilecimiento pesan no poco factores como el auge de lo “políticamente correcto”, que destierra al ostracismo social a quien ose cuestionar los dogmas de tal “corrección.”

El titular ya es ilustrativo: “El juez absuelve a una madre de un delito de lesiones por dar una bofetada a su hijo.” Pero cuando uno accede al contenido de la resolución judicial y observa los hechos probados, verá que ni existió maltrato y que el menor en modo alguno era un “angelito”, a no ser que entendamos por tal los pequeños monstruos que retrata el genial Francisco Ibáñez (injustamente preterido del galardón que lleva el título del heredero de la Corona, pese a tener merecimientos más que de sobra para ello) retrata en sus álbumes. Y es que en el apartado “hechos probados” de la Sentencia 241/2017 de 30 de junio del Juzgado de lo Penal número Dos de La Coruña (me niego a decir “A Coruña” cuando escribo en castellano), se constata como acreditado lo siguiente:

xxx, con DNI xxx, sin antecedentes penales, guiada por un ánimo de corregir a su hijo xxxx, nacido el xxx–xxx-2004, en la tarde del 24-XII-2015, estando en el domicilio de la acusada en C) xxx de La Coruña, como quiera que el menor hacía caso omiso a sus indicaciones de que colaborase poniendo el desayuno, pues permanecía escuchando música, y debido a que no solo no obedeció sino que llegó a arrojar el teléfono, sin que quedase claro si fue con intención de tirarlo o de lesionar a la acusada, a fin de que depusiese su actitud rebelde y violenta, le dio un bofetón muy fuerte a la altura del pómulo izquierdo. Sobre las 20:10 del 11-11-2016, con posterioridad a una nueva discusión entre madre e hijo, cuando su hijo se pretendía ir de casa, xxx intentó evitar que el pequeño saliese de casa, para lo cual le agarró por la parte posterior del cuello, causándole un arañazo. El menor necesitó, respectivamente, 1 y 3 días no impeditivos pasa su completa curación, necesitando la primera asistencia médica en ambas ocasiones para recuperarse del eritema en pómulo izquierdo y la excoriación en región posterior del cuello.

El Ministerio Fiscal solicitaba la siguiente pena: “la condena de xxx, como autora responsable de dos delitos de lesiones  leves en el ámbito familiar, tipificado en el artículo 153.2, 3 y 4 del Código Penal, a la pena de 35 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 1 años y seis meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y prohibición de comunicarse con su hijo y de aproximarse al mismo y al domicilio donde viva durante seis meses y un radio de 50 metros; por cada uno de los delitos.”

La Sentencia se adentra en la modificación operada en el Código Civil por la Ley 54/2007, y ulteriormente analiza la división jurisprudencial existente entre quienes “proscriben cualquier menoscabo en la integridad del menor” y las que “acogen el derecho de corrección en un contexto puntual.” Por cierto, no deja de ser absolutamente divertida una afirmación que se desliza en el inicio del fundamento jurídico tercero de la sentencia, no porque la misma sea ociosa, incierta o equivocada, sino por la valentía del juzgador al atreverse a afirmar a voz en grito que el rey va desnudo: “Tenemos pues que el legislador, ha regulado únicamente las obligaciones de los padres, y ha eludido de forma intencionada pronunciarse sobre sus facultades, pues incidir en aspectos represivos puede restar votos.” Ya sólo por esta gallarda afirmación el juez merece un aplauso. Pero merece todavía más cuando describe la declaración del “angelito”, el menor de quien el Ministerio Fiscal se erigió en ángel tutelar solicitando del juez el uso del ostrakon. Obsérvense con qué negros tintes describe el juzgador la situación:

ha de indicarse que sorprende la calculada frialdad del menor. Trata de dirigir la declaración y controlar todo el testimonio. No existe la más mínima naturalidad en sus declaraciones. Da pena comprobar su total falta de empatía

 

Pero es todavía más ilustrativa la descripción de los hechos, donde el juez efectúa un magistral retrato psicológico y sociológico del querubín, ejemplo palmario y evidente de lo que antaño y hogaño se conoce vulgarmente como “hijo de papá.” El párrafo en cuestión no tiene desperdicio:

1.- El menor reconoce que la madre le ordenó poner el desayuno y él se niega. Que mantuvo su actitud pues estaba escuchando música en su teléfono nuevo de alta gama. Y aunque niegue haber arrojado el teléfono, sus dudas al contestar indican que de algún modo lo tiró. Puede que simplemente lo lanzase al suelo, ni siquiera a su madre. Ante ello la madre le propina un bofetón con fuerza, puede que dos. Está claro que la actuación del menor, es totalmente equivocada. Por suerte su familia es acomodada y puede permitirse el tirar el dinero de un teléfono de alta gama, cuyo precio, es igual a los ingresos mensuales con los que se ven obligados a vivir más del 50% de la población española. En algunas ocasiones familias enteras. Su comportamiento no solo muestra desprecio

hacia la autoridad materna, sino también hacia el esfuerzo y trabajo que supone ganar un salario con el que adquirir bienes. Y además incurre en el acto de violencia que supone arrojar el teléfono. No estamos ante una discusión de razonamientos en la que se pueda intentar argumentar contra los razonamientos del contrario. Estamos ante una clara exhibición por parte del menor de una actitud de “síndrome de emperador” que únicamente busca humillar y despreciar a su madre. De no mediar una inmediata corrección, el menor trasladará dicho comportamiento a terceros y comenzará a comportarse igual con compañeros, vecinos etc. Acudir a una corrección física moderada está justificado. Y así se hizo. La

acusada xxx no abofeteó a su hijo para causarle una lesión, su intención era clara y trataba de poner fin a la actitud violenta del menor, que es el que primero acude a un acto físico de fuerza, y a su comportamiento totalmente despectivo hacia ella, negándose a algo tan lógico como poner

el desayuno.

 

2º.- Si con relación al incidente anterior podría discutirse algo la culpabilidad, con relación al incidente de fecha 11-02-16 la discusión es estéril. El menor, de once años, decide que abandona la casa en la que vive porque tiene una discusión con su madre y ésta al tratar de agarrarlo le araña el cuello por la parte de atrás. Para empezar el incidente es totalmente fortuito. Trata de agarrar a su hijo y le araña. No intenta arañarlo porque sí. No trata de agredirlo. Simplemente de sujetarlo físicamente dado que su hijo ha decidido con 11 años que abandona la casa. El comportamiento del menor es aberrante. ¿Si la clase no le gusta también se levantará y aprovechando que el profesor no

puede hacer nada, saldrá a tomar algo?. Pues la autoridad de un profesor no puede en modo alguno ser superior a la de una madre. No solo está totalmente justificado que la acusada trate de evitar que su hijo salga de casa. Es que no existe la más mínima intencionalidad de la acusada en lesionar a su hijo, solo de agarrarlo.

El fallo, evidentemente, es absolutorio. Seguramente clamarán las organizaciones de protección de menores, organizaciones políticas y similares. Pero el razonamiento del juez es impecable. Si con once años y por una discusión trivial un infante de apenas once tacos reacciona de tal manera e incluso lleva a juicio a su madre por un incidente aislado, da auténtico pavor imaginar qué no hará en edad más provecta. De aquellos polvos vienen estos lodos.

Lo preocupante, en este caso, es la colaboración activa del Ministerio Fiscal en el despropósito, amparado sin duda por la exención legal de costas. Pues bien, ya es hora de que los órganos judiciales comiencen a utilizar frente al Ministerio Público el artículo 247.3 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, plenamente aplicable a la fiscalía en cuanto parte procesal: “

Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.”

En este tipo de casos, es decir, cuando no estamos un maltrato constante y reiterado a menores, sino una simple corrección puntual de escasa entidad en forma de cachete, máxime cuando el “angelito” es un desvergonzado, debería comenzar a imponerse multas por mala fe al Ministerio Fiscal, para que dejase de marear la perdiz con acusaciones infundadas. Porque de seguir este camino acabaremos con tiernos retoños que, cual los retratados en sus viñetas por el meritado e inmortal Ibáñez, acaben reclamando: “nene no tere biberón. Nene tere güisquiiiii.”

Dicho sea con todos los respetos, y como el redactor de estas líneas se cisca en la corrección política, dicho sea animus iocandi, si alguien en toda esta historia merece un sonoro bofetón es la persona que representaba al Ministerio Fiscal en dicho pleito.

LECCIÓN DE DERECHO PÚBLICO PARA EL SIGLO XXI….DADA EN 1790.

El 12 de abril de 1790 la ciudad de Nueva York acogió la sesión inaugural del Tribunal del Circuito. Dicho órgano judicial estaba integrado por dos jueces del Tribunal Supremo y un juez de distrito. Los jueces del Tribunal Supremo eran el chief justice John Jay y William Cushing, mientras que el juez de distrito era James Duane. Dado que el Tribunal de Circuito tenía, como órgano de instancia, atribuciones civiles y penales, debía escogerse un gran jurado, a quien se encomendaba estudiar las acusaciones y las pruebas que le sometiera el ministerio público para decidir si existía base suficiente para sustentar la acusación y, en consecuencia, iniciar propiamente la fase judicial sobre la base de la acusación que el gran jurado autorizase.

Era habitual en el mundo anglosajón que los jueces pronunciasen un discurso al gran jurado, para concienciarles de la importancia de su labor, pero también para efectuar otro tipo de declaraciones que desbordaban dicho ámbito. En este caso, fue el propio chief justice Jay quien pronunció esas palabras dirigidas al jurado. Fue un discurso relativamente corto, pero del que me gustaría destacar dos puntos esenciales.

En primer lugar, incide en que estamos ante un experimento novedoso, dado que se trataba de poner en funcionamiento una maquinaria judicial creada por la Judiciary Act de 1789, aprobada por el Congreso que a su vez creó la Constitución de 1787. Aún no se habían apagado los ecos de las apasionadas disputas que enfrentaron a partidarios y detractores de dicho texto, cuando Jay incidió en un punto esencial:

Nos hemos convertido en una Nación, y como tal somos responsables ante otros de cumplir el derecho internacional; y como los asuntos nacionales han de ser regulados en leyes nacionales, se hace necesario para interpretarlas la existencia de órganos judiciales de carácter nacional.

La necesidad de reforzar los poderes nacionales se había convertido en una obsesión para Jay, quien había visto cómo bajo un sistema confederal donde la única base de autoridad radicaba en los Estados, que tenían representación en un Congreso Confederal carente de atribuciones efectivas, había llevado a una crisis generalizada al sistema. Los Estados Unidos, que se habían independizado de la Corona británica en 1783, vio amenazada su existencia por la división interna entre los distintos estados. De ahí que Jay, en sus cuatro primeras intervenciones como Publius en El Federalista, incidiese de forma casi obsesiva en esa unidad reforzada por una geografía, cultura, idioma e historia común, como mejor defensa o garantía no sólo ad intra, sino ad extra. De ahí que los Estados Unidos, como nación, precisasen de un Poder Judicial nacional encargado de interpretar las normas emanadas de las autoridades federales.

Pero las reflexiones de Jay no sólo se centraron en cuestiones relativas al carácter nacional, sino que en un párrafo algo extenso ofrecía una de las lecciones más lúcidas y más sentidas de las relaciones que han de existir entre la sociedad y las leyes. No sólo afirma la insuficiencia de la ley por sí misma en el caso que sea incumplida, sino que enuncia en unas pocas líneas lo que ha de ser un sistema penal encargado de sancionar los comportamientos ilícitos y los principios que han de regir el enjuiciamiento criminal. Merece la pena transcribirlo, porque las manifestaciones de John Jay parecen dirigirse no a los veinticuatro ciudadanos neoyorkinos que en 1790 integraban el gran jurado del Tribunal de Circuito, sino al ciudadano del siglo XXI:

Las Constituciones más perfectas, los mejores gobiernos, las leyes más sabias son vanas salvo que sean bien administradas y cumplidamente obedecidas. Los buenos ciudadanos cumplirán las normas, y aquellos que no pensaran hacerlo únicamente lo harán por el temor al castigo. Ante tal situación, es esencial castigar a los infractores, tanto para garantizar el bienestar de la sociedad como para que cada uno de sus miembros pueda ejercer pacíficamente sus derechos. Sin embargo, la finalidad de la pena no radica en expiar los delitos, sino que sirva como elemento disuasorio para quienes pretendan actuar de la misma forma. Para actuar de manera útil, razones tanto políticas como morales no exigen solamente que el castigo sea proporcional al hecho, sino que todos los procedimientos seguidos frente a personas sospechosas o acusadas partan de la idea que éstas pueden ser inocentes. De ahí que sea necesario que una investigación cuidadosa e imparcial deba preceder a los rigores que la Justicia exige, y que siempre han de ser atemperados con tanta humanidad y benevolencia como la naturaleza del caso exija. De ahí que procedimientos parciales y precipitados, y ejecuciones crueles y abominables sean no menos impolíticas que inhumanas. Estas producen disgusto en el público por la bárbara severidad del gobierno, y terminan despertando simpatías por los ofensores, al contrario que ocurre cuando éstos son enjuiciados con templanza y decencia.

Creo que en tan escasas líneas Jay condensó un auténtico tratado de Derecho público. Porque, en efecto, de nada sirve una ley si no se cumple ni se hace cumplir. Si un ciudadano cumple voluntariamente una norma, aunque no le guste, y ve que por el contrario quien la vulnera no es castigado, cundirá el ejemplo hasta el punto que se generalizará la inobservancia del ordenamiento. Pero tan desaconsejable es la inacción como el rigor excesivo, pues éste ha de conducir a que quienes en principio deberían ser objeto de reproche penal sean por el contrario elevados a la categoría de víctimas del despotismo y aureolados con un nimbo de santidad del que en modo alguno son merecedores.

Toda una lección para el gobernante, para el jurista y para el ciudadano del siglo XXI.

RECONOCIDA JUDICIALMENTE LA INDEMNIZACIÓN POR CESE DE UN FUNCIONARIO INTERINO.

En la página web del Consejo General del Poder Judicial podíamos encontrar hoy una noticia de sumo interés. Y es que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de La Coruña había estimado la demanda interpuesta por un funcionario interino que había sido cesado, reconociéndole el derecho a percibir veinte días de salario por año trabajado en la Administración. La resolución judicial es, sin duda, novedosa, porque hasta el momento todas las resoluciones judiciales se referían a empleados públicos vinculados a la Administración por una relación de carácter laboral. En esta ocasión, nos encontramos ante una sentencia que aborda el supuesto de las consecuencias que para un empleado cuya relación con el ente público es de naturaleza estatutaria funcionarial.

Se trata de la Sentencia de 30 de junio de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de La Coruña dictada en autos de Procedimiento Abreviado 78/2017. La misma resuelve la demanda interpuesta frente a la Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia en la que se desestimaba la solicitud de un funcionario para que se reconociese su derecho a percibir veinte días de salario por año trabajado. Invocaba para ello la “Directiva 1999/90 y la doctrina del TJUE atinente a dicha Directiva y su proyección sobre las relaciones de empleo público, laborales y funcionariales y en concreto STJUE de 14 de septiembre de 2016.” Cuestión, pues, novedosa, aunque no puede decirse que inesperada o sorprendente.

La resolución judicial es, en realidad, un auténtico tratado universitario que expone de forma eminentemente didáctica las “transformaciones que en nuestro ordenamiento del empleo público y más concretamente en el estatuto del personal temporal de las Administraciones Públicas, señaladamente el funcionario interino pero también otras categorías de empleados públicos, ha provocado el impacto del ordenamiento comunitario ese subordenamiento que ha venido en llamarse Derecho Social Comunitario y ello tanto desde el plano normativo como sobre todo su desarrollo jurisprudencial.” Análisis que, si alguna pega se le debe poner, es el agrupar en párrafos desmesuradamente largos el razonamiento, necesitado de algún que otro punto y aparte.

Tras exponer la evolución normativa y jurisprudencial en el ordenamiento comunitario, la sentencia cierra la primera de las líneas evolutivas con la siguiente conclusión:

Podemos así concluir en este primer estadio que el empleado público laboral y funcionarial de naturaleza temporal no puede ser discriminado en sus condiciones de trabajo, incluidas sus retribuciones, respecto del empleado público en el que la temporalidad no sea una nota presente en dicho vínculo, excepto cuando se opere una diferenciación que tenga un fundamento razonable, fundamento que insistimos no puede ser la temporalidad del vínculo o por el contrario la ausencia de dicha temporalidad.

Estamos, pues, ante una regla conocida: el empleado temporal, ya sea funcionario o laboral, no puede ser discriminado ni tener otras condiciones inferiores respecto a quien, teniendo un vínculo similar, éste goce de naturaleza indefinida. La única nota distintiva ha de ser, pues, la propia temporalidad.

Ahora bien, dicho principio, ya conocido y consolidado, ¿Cómo se proyecta en el caso de cese del empleado público temporal? En el caso de los empleados públicos temporales vinculados por una relación laboral, el término de comparación era con los trabajadores con un vínculo laboral por tiempo indefinido. En caso de extinción, un trabajador con contrato indefinido tiene derecho a una indemnización, y lo mismo uno de carácter temporal, por lo que el hecho de que un empleado público vinculado por una relación de servicio que se rija por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores no ofrecía duda el derecho a la indemnización, máxime a raíz de la Sentencia que el pasado 14 de septiembre de 2016 hizo pública el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (el célebre asunto “Diego Porras”). Pero ¿Qué ocurría con el funcionario interino? ¿Qué término de comparación se utilizaba? Porque a un funcionario de carrera no es posible cesarle en su puesto debido a la garantía de inamovilidad, salvo que incurra en causa de cese. Se daba así una paradoja: el funcionario interino se encontraba en peor situación que el trabajador interino, porque a éste se le reconocía el derecho a indemnización por cese, mientras que a aquél no. Evidentemente, la justicia material chirriaba. ¿Cómo deshacer el nudo gordiano? ¿Cómo desentrañar la “razón de la sinrazón”? Pues aplicando precisamente el principio de no discriminación del funcionario interino frente al trabajador interino. La sentencia razona de la siguiente forma:

trasladado este cuerpo doctrina al caso que nos ocupa es llano que aparece una manifiesta discriminación entre el empleado temporal laboral en la Administración Pública al que se reconoce un derecho a la indemnización por cese o finalización de la relación laboral, derecho que nace de la igualación entre las relaciones de empleo en el sector público de naturaleza temporal y las fijas justamente en aplicación de la Directiva y doctrina del TJUE que nos ocupa, y el funcionario interino al que se niega idéntica indemnización en razón exclusivamente de su condición de funcionario interino para ello conviene recordar ahora que en el ámbito de las relaciones empleo público la doctrina del TJUE ya ha reconocido a la igualdad de trato en relación con el derecho a la indemnización por extinción de la relación

La sentencia prima el derecho comunitario sobre el nacional, y por ello

atendiendo a ese principio de primacía ya suficientemente referido y razonado supra que impone la inaplicación de la norma nacional cuando la misma entra en contradicción con la norma comunitaria y la doctrina que en interpretación del a misma nace del TJUE dicha diferenciación aparece como discriminación contraria al artículo 4.1 de del Acuerdo Marco debiendo estimarse el recurso accionado

La sentencia no es apelable por razón de la cuantía, aunque sin duda alguna la Junta de Galicia intentará agotar todas las posibilidades. No porque económicamente este asunto le sea excesivamente oneroso, sino por la cascada de asuntos que pueden seguir al presente.

Aunque quien suscribe ni tiene dotes proféticas ni desea tener las facultades de augur, lo cierto es que no hace falta emular al adivino Tiresias para saber cómo va a terminar esta situación. Y creo no equivocarme si el camino o iter que seguirá esta materia será el siguiente:

1.- Las Administraciones no reconocerán en vía administrativa las pretensiones idénticas a la presente, sino que obligarán a los interesados a incoar los correspondientes procedimientos. En este sentido, la sentencia glosada opta, con muy buen criterio, por no imponer las costas “vistos los precedentes en un escenario de mutación normativa ciertamente complejo.” Este razonamiento, impecable en el primer o segundo pleito, decaería a partir del tercero, por lo que desde ese momento la negativa de los entes públicos a aplicar en vía administrativa la doctrina jurisprudencial y obligar al interesado a acudir a pleito debería ser merecedora de una condena en costas con expresa declaración de temeridad.

2.- Cuando exista ya un corpus jurisprudencial sólido y consolidado, intervendrá con total seguridad el legislador, tanto estatal como autonómico para, a través de una modificación legal, restringir al mínimo el quantum indemnizatorio. Lo que a la larga obligará a que en ulteriores pleitos se deduzcan pretensiones de inconstitucionalidad frente a esa eventual reforma, que en un decenio lejano, muy lejano, resolverá si lo tiene a bien el Tribunal Constitucional.

LA JURISDICCIÓN FEDERAL EN ESTADOS UNIDOS (II): LA JUDICIARY ACT DE 1789.

Una vez que en marzo de 1789 se inaugura la primera sesión del Congreso Federal de los Estados Unidos y que el día 4 de ese mes se elige a George Washington como Presidente, ya se encontraban en pleno funcionamiento dos de los tres poderes de la nación. Únicamente quedaba el tercero, que precisaba para ello del inexcusable desarrollo legislativo. Para ello, el Senado pone manos a la obra y nombra un comité de ocho miembros encargado de elaborar una norma que regule la organización judicial de los Estados Unidos.

El proyecto que el Comité remite al Senado se debió en gran medida a la obra de dos senadores: Oliver Ellsworth y William Paterson. Ambos habían formado parte de la Convención constitucional de 1787 y los dos acabarían llegando a ser jueces del Tribunal Supremo, el primero muy fugazmente como chief justice (entre 1796 y 1800, aunque el último año lo pasó casi íntegramente en Francia al haber sido nombrado por Adams como representante especial encargado de negociar un tratado con dicha nación) y el segundo durante poco más de una década (entre 1793 y 1806). El Congreso federal aprueba, con levísimos retoques, el proyecto, que acabaría convirtiéndose en la Act to establish the judicial courts of the United States, sancionada por el Presidente el día 24 de septiembre de 1789, y conocida de forma abreviada como Judiciary Act. Dicho texto legal tiene una importancia decisiva porque articula un sistema y una organización que se mantendrá en vigor hasta el año 1891 (salvo un fugacísimo periodo entre 1801 y 1802).

El texto legal mencionado en el párrafo anterior, erige un Poder Judicial organizado jerárquicamente en tres niveles, y con una peculiaridad interesantísima en el segundo de ellos por lo novedoso y atípico de su regulación. Veámoslo.

I.- Nivel superior: Tribunal Supremo.

En la cúspide del Poder Judicial de los Estados Unidos, se sitúa el Tribunal Supremo, único órgano que, como hemos visto anteriormente, se contemplaba en la Constitución. El mismo, con jurisdicción en todo el territorio de los Estados Unidos, se integraría por un presidente o chief justice (que a su vez sería el responsable máximo de la judicatura federal) y cinco associate justices. El mismo se configuraba básicamente como órgano de segunda instancia (apellate jurisdiction, en terminología legal norteamericana) lo que quiere decir que únicamente conocería de asuntos que le llegasen en vía de recurso, aunque ello no suponía que careciese de competencias como órgano de instancia, (original jurisdiction) aunque se reducían al mínimo y además, estaban contempladas en el texto constitucional. El Tribunal Supremo era el encargado de fijar las normas de habilitación de profesionales de la abogacía para ejercer en el mismo y fijar criterios de admisión. El periodo de sesiones se limitaba únicamente a dos periodos mensuales en el año, fijándose concretamente en los meses de febrero y agosto. ¿Por qué esa limitación? Lo veremos un poco más adelante.

Un último dato para los curiosos: el chief justice percibía una retribución de cuatro mil dólares anuales, y los associate justice, de tres mil quinientos.

II.- Nivel inferior: Juzgados de Distrito.

A estos efectos, la norma legal divide el territorio estadounidense en trece distritos (que prácticamente y salvo levísimos matices en un par de casos, vienen a coincidir con el ámbito territorial de los estados). Son órganos unipersonales de instancia, al frente de los cuales existiría un district judge.

III.- Nivel intermedio: Tribunales de Circuito.

Esta es, sin duda, la novedad más interesante y curiosa de la norma, y la que despertó prontas críticas en los jueces.

A estos efectos, el territorio estadounidense se divide en tres circuitos (Eastern, Middle y Southern). En cada uno de ellos existiría un Tribunal de Circuito, que sería órgano tanto de instancia (para conocer determinados asuntos por razón de la materia) como de apelación de sentencias de los juzgados federales. Pero, y he aquí la curiosidad, este tipo de órganos no tenía sede ni composición fija.

Y es que la ley disponía que dicho Tribunal de Circuito se integraría por dos magistrados del Tribunal Supremo y por un juez de distrito. Es decir, que no sólo era un órgano que se situaba jerárquicamente a nivel intermedio entre juzgado federal y Tribunal Supremo, sino que tenía una composición paritaria integrado por jueces de distrito y jueces del Supremo. No sólo eso, sino que tampoco tenía sede fija, dado que habría una en cada uno de los distritos que integraban el circuito. Ello suponía que para los jueces de distrito la cuestión era muy cómoda dado que no habrían de efectuar desplazamiento alguno, pero a los jueces del Tribunal Supremo no les hacía gracia tener que desplazarse habitualmente por el territorio que se les había asignado para ejercer en varios lugares como jueces de circuito. Esta práctica de viajar a lo largo del territorio que tenían asignado se conocía como riding circuit. Esa obligación de ejercer como jueces de circuito además de como magistrados del Tribunal Supremo era la razón básica por la que el periodo de sesiones de este último órgano se limitaban a dos meses en el año, porque el resto del periodo Sus Señorías habrían de viajar a lo largo de un territorio para ejercer como jueces de un órgano inferior, lo que les ocupaba mucho más tiempo.

La composición de los Tribunales de Circuito provocó airadas críticas en los jueces del Tribunal Supremo. Para empezar, por razones estrictamente jurídicas, dado que como jueces de dicho órgano tendrían que resolver asuntos cuya decisión final ellos mismos tendrían que conocer como magistrados del Tribunal Supremo. Pero con ser dicha crítica jurídicamente impecable, no fue el principal motivo de oposición, sino que la razón clave por la que el riding circuit despertó una furibunda crítica fue estrictamente física: en una época en que ni las vías de comunicación ni los medios de transporte estaban muy desarrollados, a los jueces del Tribunal Supremo no les hacía maldita la gracia ocupar una parte no desdeñable del año viajando y con ello alejados de sus familias, todo ello aderezado porque los gastos de transporte no estaban satisfechos ni eran compensados por el gobierno federal, sino que cada juez habría de abonar de su propio bolsillo tanto el transporte como el hospedaje y comida. Alguno de los jueces ha dejado escritas páginas memorables describiendo las molestias que ello le ocasionaba.

Esta obligación de ejercer como jueces de circuito y tener que desplazarse por todo el territorio fue la que disuadió a muchos de aceptar un cargo como juez del Tribunal Supremo, y lo que llevó a otros a dimitir. Así, por ejemplo, Thomas Johnson (nombrado juez del Tribunal Supremo en 1791 para cubrir la vacante que dejó la renuncia de John Rutledge) aceptó el cargo únicamente cuando recibió la garantía personal tanto del presidente Washington como del chief justice Jay de que el Congreso pondría fin a la obligación de ejercer como juez de circuito; cuando en 1793 comprobó que el legislativo no tenía intención de hacerlo, renunció de manera inmediata e irrevocable. El propio chief justice Jay intentó en 1792 buscarse una salida presentándose a gobernador de Nueva York, su estado natal, algo que no logró en esa ocasión, pero sí tres años más tarde en 1795, optando por renunciar y mantenerse en un puesto, el de gobernador de un estado, más político que jurídico pero, al fin y al cabo, en su estado natal y sin necesidad de efectuar desplazamientos contínuos.

Indicar, por último, que la Judiciary Act creaba el puesto de Attorney General, cuyo primer titular fue el virginiano Edmund Randolph, que había formado parte de la convención constitucional de 1787 y que había sido el encargado de presentar el denominado Virginia Plan, texto base sobre el que se discutió la reforma de los Articles of Confederation. No obstante, su retribución era tan escasa que para aceptar el cargo hubo de reconocérsele la compatibilidad para ejercer la abogacía de forma privada y obtener ingresos extra.

SOBRE LA POSIBLE RENUNCIA DEL JUEZ ANTHONY KENNEDY Y SUS CONSECUENCIAS.

Una entrada que se publicó ayer en el Supreme Court of the United States Blog, la magnífica bitácora que analiza con carácter monográfico la jurisprudencia y el devenir del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, informaba que Anthony Kennedy, uno de los jueces dicha institución, habría manifestado a sus law clerks la intención de renunciar a su puesto a mediados del año 2018, es decir, justo cuando cumpliría treinta años en la institución. En este caso, si en efecto consuma su decisión de retirarse, ello sí que podría por vez primera en muchos años romper el delicado equilibrio que, desde mediados de los años setenta del siglo XX, existe en el Tribunal Supremo.

En la actualidad, Anthony Kennedy es el más veterano de los jueces de la institución no por edad, sino por fecha de nombramiento. Recordemos que Anthony Kennedy accede al Tribunal Supremo a finales de los años ochenta del siglo XX después que el Senado estadounidense rechazase a Robert Bork, candidato inicialmente propuesto por Reagan para cubrir la vacante de Lewis Powell. Aunque Anthony Kennedy hizo honor en sus años iniciales a su talante conservador, progresivamente, y sobre todo tras el polémico asunto Bush v. Gore, fue mutando su criterio y en los asuntos relativos a derechos civiles se inclinó casi invariablemente con los miembros del ala liberal. Tras los nombramientos efectuados ya en el siglo XXI por George W. Bush y Barack Obama, el delicadísimo y fino equilibrio entre cuatro conservatives (el chief justice John Roberts y los jueces antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito) y los liberals (Ruth Bader Gisburn, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) convirtió a Kennedy en “the most powerful justice in decades”, por  utilizar una feliz expresión del analista Jeffrey Toobin.

El fallecimiento de Antonin Scalia el pasado año 2016 y su sustitución por Neil Gorsuch no ha tenido en principio efecto alguno en el equilibrio de fuerzas. Pero es evidente que si al magistrado clave, Anthony Kennedy, le sustituye un magistrado que de forma inequívoca se alinee con el bloque conservador, salvo defecciones imprevistas, cabría decir que por vez primera desde la era Warren el Tribunal Supremo podría iniciar un giro más conservador en determinados asuntos.

PSICOLOGÍA JUDICIAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

En el célebre y utilísimo ensayo Making your case: the art of persuading judges (breve manual práctico que tiene por destinatarios a los abogados), los autores del mismo, el ya fallecido juez Antonin Scalia y Bryan A. Garner, lo primero que aconsejan al letrado que va a iniciar una acción procesal es conocer al juez, entendiendo por ello el documentarse acerca de sus filias y sus fobias, sus puntos de vista legales y personales pero, sobre todo, qué interpretación otorga a las reglas procedimentales. En otras palabras, acercarse al juzgador para efectuar un simple ejercicio de psicología judicial a fin de que el letrado se plantee cómo se enfrentaría, de ser ese juez, al caso que se le va a someter. Y, sobre todo, cómo va a interpretar un determinado precepto o qué tipo de aproximación va a tener en relación a dicho asunto. Cualquier jurista práctico sabe que el juez está vinculado por la Constitución, la ley y el derecho, eso es evidente y nadie lo discute. Pero hay vinculaciones y “vinculaciones” y, sobre todo, y por encima de todo, “interpretaciones” más o menos afortunadas. Y en las últimas influye en no menor medida que una filosofía judicial concreta, la personalidad del juzgador. Y si a ello añadimos que en los últimos años se da la preocupante circunstancia de que la justicia no es que haya dejado de ser invidente, sino que resuelve con un ojo puesto en la normativa y otro en la relevancia mediática que el resultado pueda tener, ello nos da en ocasiones resultados curiosos, como el que vamos a describir en la presente entrada.

Las anteriores reflexiones me vinieron a la mente tras haber leído la recentísima Sentencia 128/2017 de 20 de junio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón dictada en autos de Procedimiento Abreviado 284/2016, que es la prueba del nueve de que en ocasiones si a elementos de psicología judicial añadimos las peculiaridades del Derecho administrativo sancionador el resultado es explosivo. Psicología judicial y derecho son, en ocasiones, como el detonante y espoleta de cuya unión irremediablemente resulta una explosión más o menos controlada.

La sentencia en cuestión se enfrenta a un caso aparentemente sencillo: la aplicación del artículo 23.g de la derogada Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como infracciones graves: “La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana.” Los hechos en base a los cuales se sancionó al demandante en dicho pleito eran bien sencillos: incitar a un numeroso grupo de gente a impedir que dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía identificasen a una persona que había cometido una infracción. La declaración de los agentes transcrita, por cierto, en un fundamento jurídico en lugar de en un antecedente fáctico (una prueba más de que un elevadísimo número de jueces a la hora de abordar la distinción entre cuestiones fácticas y jurídicas optan por utilizar continuamente la técnica del sfumato) da una imagen muy fiel de la situación en base a la cual se aplicó el tipo infractor. La transcribimos literalmente para que el lector se haga una idea:

El agente del CNP con clave — en su comparecencia judicial identificó al actor en las fotografías obrantes en la causa. Señaló que se procedió a la identificación de una persona porque había ocasionado unos desórdenes allí y el recurrente rebasó el cordón policial, y alentó a la masa a impedirlo, no quería que se identificara a esta persona, hubo que echarlo por la fuerza de lo que era el cordón policial, el cordón de seguridad que se establece para que accedieran al local de Liberbank. Se le mostró la fotografía obrante al folio 71 de la causa, señalando que el señor que aparece en la misma es el que estaban identificando para proceder a su denuncia. Preguntado si con el megáfono lanzó consignas al público para impedir su identificación contestó que sí, no recordaba exactamente cuales, pero en definitiva trataba de impedir que se identificara a la otra persona (“vamos a permitir que identifiquen a un compañero, que pase esto”), exactamente no lo recuerda. Preguntado si había concentradas más de veinte personas, contestó que muchos más, porque se congregaban varios colectivos (afectados por el ERA, Hotel León) en conflicto por aquél entonces. Preguntado si con motivo de impedir la identificación el grueso de los concentrados rebasan el cordón policial contestó que no llegan a rebasarlo, únicamente lo rebasa el actor y los otros intentan rebasarlo y el mismo cordón se lo impide. Preguntado sobre si los concentrados rebasan el cordón se produce [sic] una situación de riesgo, contestó que los cordones policiales tratan de garantizar que el ciudadano ejerza el derecho de manifestación y de reunión y permitir que otros ciudadanos ejerzan también sus derechos. Aquí se protegía la entrada a Liberbank. Preguntado si se viven momentos de tensión, contestó que es tenso porque contener una masa es muy complicado, puede ocasionar muchos daños, lesiones a los agentes o se pueden hacer daño ellos. Preguntado que hizo D [el sancionado] contestó que se acercó al lugar de la identificación y con el megáfono alentó al grupo allí concentrado para evitar la identificación. Preguntado que pasó con las personas a las que el actor se dirigió (con el megáfono) contestó que los contuvieron, sin más, ellos se acercaron al cordón con intención de rebasarlo y los contuvieron para evitar que pasaran. Caminan hacia delante y mediante la fuerza intentan rebasar el cordón, cuando ven que hay fuerza policial….

Orillando algún que otro atentado que el juzgador perpetra hacia la lengua castellana, los hechos están claros, como lo está el tenor literal del precepto legal (anteriormente transcrito) en que se amparó la Administración para imponer al ciudadano una sanción económica que, además, se le impuso en la cuantía mínima (trescientos euros).

Es posible que sea la malevolencia natural del redactor de estas líneas y quizá no haya tenido nada que ver en el resultado final hecho de que se tratase de un asunto de relevancia mediática (y donde el destinatario de la protesta era una entidad financiera, vade retro) pero en este caso el juzgador, cuyas resoluciones en un noventa por ciento de los casos se inclinan siempre a favor de la Administración (las sentencias son públicas y esta afirmación puede comprobarse fácilmente), en este caso la desautoriza. Con un argumento ciertamente chocante. No niega el proceder del ciudadano, pero excluye la aplicación del tipo infractor con un argumento curioso: “pese a la actuación del actor, no se produjo en el público la existencia de una reacción que alterase o pudiese alterar la seguridad ciudadana. Tal reacción se caracteriza por un cambio en la actitud o forma del comportamiento del público.” Y como el público en efecto, cambió levemente de actitud intentando traspasar el control policial pero finalmente no lo superó al ver que los agentes de seguridad habían tomado posiciones para rechazar a quienes lo hicieran, entiende que no se dan los elementos del tipo. En definitiva, que se hace depender el tipo infractor no en el acto, sino en el resultado.

Pero lo que importa y conviene retener: la actuación objetivamente reprochable de un ciudadano, que pretende no sólo impedir a dos agentes cumplir con sus funciones e identificar a un potencial infractor, sino incitar a un elevado número de ciudadanos a que impidan dicha identificación le sale al ciudadano absolutamente gratis, administrativamente hablando.

Situémonos en otro caso no muy distinto, el resuelto por la Sentencia 69/2016 de 21 de marzo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Gijón dictada en autos de Procedimiento abreviado 237/2015, y que aborda la multa de ochocientos euros impuesta a un ciudadano por “comportamiento o conducta vejatoria mediante insultos, burlas, molestias intencionadas y otros similares.” En este caso un ciudadano, que veía cómo dos agentes del Cuerpo de Policía Local estaban denunciando por estacionamiento indebido a un vehículo que en modo alguno obstaculizaba el tráfico rodado, se dirigió a los empleados públicos en cuestión indicándoles dicha circunstancia y manifestando que “están molestando más que el coche y no estaban más que para poner multas.”

Impútese nuevamente a este humilde ciudadano su malevolencia natural, pero quizá el hecho que en este segundo caso no tuviese un interés mediático excesivo y no afectase a personas amparadas bajo la protección de una formación política o sindical, tuvo su influencia en el resultado, porque si en el primer asunto todo fue comprensión hacia el ciudadano, en este el rigor judicial se extremó en grado sumo. Porque en este segundo caso el juez, el mismo juez, mantuvo la sanción por considerar que la expresión vertida:

constituye una conducta vejatoria mediante molestias intencionadas hacia los agentes, pues la misma comporta un trato desconsiderado hacia los mismos que menoscaba su capacidad profesional. Y si a ella unimos las demás expresiones a que se refirieron los testigos (“mejor estabais haciendo otra cosa”) se evidencia que la actora con su actuación menospreció la dignidad profesional de los Policías actuantes.

Haciendo uso de la psicología judicial, se nos revela la curiosa escala de valores no ya morales, sino estrictamente jurídicos que estas dos resoluciones judiciales explicitan. Porque si uno aplica un razonamiento elemental, puede concluir que la ciudadana sancionada con ochocientos euros podría haber salido indemne de una forma bastante sencilla. En vez de actuar pacíficamente soltando un ex abrupto inofensivo, le hubiese bastado con incitar a los demás ciudadanos que contemplaban la escena a impedir que los agentes del cuerpo de policía local identificasen el vehículo sancionado. Curiosa, muy curiosa jerarquía de valores, pero la fría realidad nos demuestra que esa es.

Tales son las paradojas que, en ocasiones, nos ofrece la psicología judicial aplicada al Derecho administrativo sancionador.