ALLEN v COOPER: EL TRIBUNAL SUPREMO ENTRE BARBANEGRA, LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL SENTIDO DEL HUMOR EN LAS SENTENCIAS.

Imagine el amable lector un pleito cuyo fondo último radique en el que el demandante reclama del juzgado la tutela de sus derechos de propiedad intelectual vulnerados por un tercero. Por delimitar aún más la cuestión: una persona que tiene registrados los derechos de propiedad sobre ciertos documentales, observa que la página web de un ente público reproduce sin haber solicitado autorización parte de esos documentales sobre los cuales el autor de los mismos tiene derechos registrados. En principio, cabría suponer que se trata de un abstruso y árido caso donde hayan de manejarse legislación, conceptos y jurisprudencia relativa a la propiedad intelectual y su tutela. Pero seguro no sospecharían que un asunto de tal naturaleza podría suscitar en la sentencia que resuelve definitivamente el caso reflexiones sobre el federalismo y la posición de los estados ante la jurisdicción procesal, la naturaleza de los precedentes judiciales e incluso una nota sobre el pirata Barbanegra, así como dos jocosas bromas que, a cuenta de la piratería, se incluyen en la resolución judicial.

Pues eso y no otra cosa ocurre en el caso Frederick L. Allen et al. V. Roy A. Cooper III, resuelto el pasado día 23 de marzo de 2020 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En una sentencia redactada por Elena Kagan, tras un breve párrafo inicial de nueve líneas donde se resume no sólo el núcleo de la controversia sino la solución final adoptada por el Tribunal Supremo, principia con un párrafo donde resume los hechos del caso principiando con una referencia histórica a la que vincula los antecedentes fácticos del propio caso. Se trata de un párrafo inicial que parece extraído de una novela de Rafael Sabatini y que anima al lector a adentrarse aún más en la lectura:

“En 1717, el pirata Edward Teach, conocido como Barbanegra, capturó en las Indias Occidentales un buque esclavista francés al que rebautizó como “Queen Anne´s Revenge”. El velero se convirtió en su buque insignia. Con 40 cañones y 300 hombres, el “Revenge” capturó numeroso botín en su navegación por el Caribe y las costas de Norte América. En 1718 el buque encalló en un banco de arena a una milla de Beaufort, en Carolina del Norte. Barbanegra y gran parte de su tripulación salió ilesa. No así el “Revenge”. Se hundió bajo las aguas, donde permaneció olvidado durante casi trescientos años”

Podrá discreparse de la judicatura norteamericana, pero desde luego no podrá imputársele carecer de estilo literario y de poder de atracción, ni tampoco, como veremos a continuación, de carecer de sentido del humor. Tras el párrafo de introducción histórica, expone ya los acontecimientos que dan origen al caso y que, como verán, están íntimamente ligados a Barbanegra y a su buque naufragado en las costa sur de los Estados Unidos:

“En 1996, una compañía de rescate marítimo, Intersal Inc., descubrió el buque hundido. Según la legislación federal y estatal, los restos pertenecen a Carolina del Norte. Pero el estado contrató con Intersal hacerse cargo de las actividades de rescate. Intersal a su vez contrató al demandante Frederick Allen, un cámara local, para que documentase la operación. Durante una década, Allen elaboró videos y fotografías de las tareas de salvamento de los cañones, anclas y otros restos del Revenge. Registró todos esos trabajos a efectos de derechos de autor.

El pleito surge a raíz de la publicación por Carolina del Norte de algunas de las fotografías y videos de Allen. Éste formula su primera protesta en 2013, cuando el estado vulneró sus derechos de copyright por colgar en su página web el material sin solicitar la debida autorización. Para resolver la disputa, Carolina del Norte llegó a un acuerdo, abonando a Allen 15.000 dólares y permitiendo a las partes utilizar los respectivos derechos respecto a ese material. Pero Allen y el estado pronto se encontraron inmersos en otra disputa. Allen reclama que Carolina del Norte ha colgado cinco de sus videos online y utilizado una de sus fotografías en una revista sin recabar la oportuna autorización. Cuando el estado sostuvo haber actuado de forma correcta, Allen interpuso un pleito ante el Tribunal de Distrito Federal.”

En este punto es donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace gala de su sentido del humor, puesto que, dado que tangencialmente el asunto tiene vínculos con Barbanegra, se refiere expresamente a la vulneración de derechos de propiedad intelectual como “una forma moderna de piratería”. No es la única ocasión. En su voto particular concurrente, Stephen Breyer para ilustrar su parecer, hace gala del mismo humor al utilizar como ejemplo un moderno y célebre título, para acreditar que un ente público es capaz de cometer las mismas infracciones y causar los mismos daños que un particular:

“Uno puede, por tanto, esperar que alguien perjudicado por la vulneración por el estado de tal deber [respetar la propiedad intelectual] pueda “acudir a las leyes de su país para un remedio” especialmente donde, como aquí, el congreso ha ofrecido uno. O, más concretamente, uno puede pensar que Walt Disney Pictures puede demandar a un estado (o a cualquier otro) por emitir sin licencia el éxito de 2003 “Piratas del Caribe (o cualquiera de sus muchas secuelas”

Barbanegra”, “forma moderna de piratería”, “Piratas del Caribe”. todo ello en una sentencia que, incluyendo los dos votos particulares concurrentes, ocupa apenas veintiún páginas, lo que acredita, desde luego, que la profesionalidad, el rigor, la facultad de síntesis y la justicia no están ni mucho menos reñidas con el sentido del humor. Lo cierto es que en el Tribunal Supremo del Reino de España se echa bastante de menos esa fina ironía de la que ocasionalmente hace gala su homónimo estadounidense. Y, desde luego, se echa bastante en sobra la intolerable prepotencia de la que en no pocas ocasiones suele hacer gala con determinados colectivos, como ha hecho en el caso del infectado Auto de 25 de marzo de 2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al que nos hemos referido extensamente en nuestra anterior entrada; en términos, por cierto bastante, más moderados y generosos de lo que el contenido material de la citada resolución judicial demandaba.

La sentencia Allen v. Cooper (Roy A. Cooper III es el actual gobernador de Carolina del Norte) se adentra en la interpretación que ha de otorgarse a la decimoprimera enmienda constitucional, enmienda que entró en vigor en 1798 precisamente para dejar sin efecto la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo dictada en el caso Chisholm v. Georgia. Aun cuando dicha enmienda proscribe que un estado pueda ser parte demandada en un pleito ante la jurisdicción federal, sin embargo la sentencia recoge la evolución jurisprudencial que ha impuesto un par de limitaciones a esa proscripción:

“No siempre es así. Este Tribunal ha permitido que un tribunal federal pueda tramitar un pleito contra un estado sin su consentimiento bajo dos premisas. Primera, que el Congreso debe haber autorizado con “normativa legal inequívoca” la abrogación de la inmunidad estatal frente a pleitos […] Y segundo, que alguna previsión constitucional debe permitir al Congreso poseer tal facultad para restringir la soberanía estatal”.

Pero la sentencia también contiene una reflexión sobre el principio stare decisis, su aplicación práctica y los límites del mismo:

“Este Tribunal ha manifestado que el stare decisis es la piedra fundacional de nuestro estado de derecho […] Para dejar sin efecto un precedente, necesitamos una “especial justificación” sobre y por encima de la mera creencia que “el precedente se decidió de forma equivocada”.

En fin, toda una lección de sentido de la justicia….y del humor. Porque, como decía en cierta ocasión uno de los protagonistas de una vieja serie animada de los ochenta: “la verdadera sabiduría no es ajena a la risa”.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO CONTAGIADA DEL VIRUS QUE ANIQUILA EL SENTIDO COMÚN.

La situación que durante los últimos meses ha venido afectando a todo el planeta a consecuencia de la extensión del contagio de la enfermedad COVID-19, calificada ya como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ha servido para evidenciar determinados rasgos característicos de nuestro país, lo que ofrece la posibilidad de efectuar reflexiones literarias, sociológicas y jurídicas.

1.- En primer lugar, se evidencia el individualismo español tal y como lo analizaba el diplomático y escritor Ángel Ganivet, para quien la secreta aspiración de sus compatriotas era: “que todos llevasen en el bolsillo una carta foral con un solo artículo, redactado en estos términos breves, claros y contundente:Este español está autorizado para hacer lo que le dé la gana.” En efecto, aun cuando gran parte de la población ha cumplido y viene cumpliendo de mejor o peor gana las restricciones circulatorias impuestas por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, existe un sector ciertamente minoritario pero no desdeñable, que reivindica el “yo, mi, me, conmigo” y la vigencia de la carta foral aludida por Ganivet. Estamos ante un individualismo de corte ácrata que no conoce de edades, pues quienes conculcan la normativa de excepción oscilan entre la juventud y la senectud pasando por la madurez. No me resisto a reflejar la noticia publicada en el diario La Nueva España, donde se informa que un individuo ya talludo (hablamos de una persona que atesora sesenta primaveras) se salta todos los días, insisto, todos los días, la orden de restricción para ir a la playa, donde incluso lleva su comportamiento a la ostentación más indecorosa hasta el punto de tumbarse en la playa a tomar el sol.

El redactor de las presentes líneas nunca ha ocultado que, a diferencia del pensamiento estatalista propio de la mentalidad continental, hubiera sido mucho más beneficioso el incidir en la libertad personal e individual propia del mundo anglosajón. Pero la libertad individual que, obvia e indiscutiblemente tiene que ser preservada (y que no siempre lo es) de los posibles abusos del poder, no puede justificar no ya un incumplimiento de la normativa, sino una infracción salpimentada con una picante dosis de regodeo o recochineo hacia los demás.

2.- En segundo lugar, España es, guste o no, el país de la picaresca, y tan sólo en suelo hispano germinó la semilla que dio como fruto el Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache y El Buscón. El pícaro que cada español lleva dentro ha tenido ocasión de aflorar en estas circunstancias, y algunos ciudadanos han hecho acopio de ingenio para saltarse las restricciones, pero, eso sí, a diferencia del supuesto anterior, suprimiendo el efecto de grosera ostentación para sustituirlo por un simple animus burlesco que, si no fuera por las trágicas circunstancias que nos rodean, podría incluso ser susceptible de provocar una cómplice hilaridad. Nos referimos a supuestos donde un grupo de varias personas se turnan a los efectos de pasear un mismo ejemplar de la raza canina, al caso de gentes que se pasean con bolsas de la compra vacías e incluso de quienes han llegado al punto de salir ya del domicilio con una bolsa llena de productos comestibles, para hacerlos pasar como recién comprados. Se trata de comprobar quién es el más “ingenioso hidalgo” (si bien más cercano en su actuar al descrito por Lázaro de Tormes que al protagonista cervantino) a la hora de buscar las lagunas y los puntos débiles de la excepcional normativa que nos rige.

3.- En el primer capítulo de El árbol de la ciencia manifestaba Baroja que existen comportamientos que sólo se comprenden “por el respeto que ha existido siempre en España por lo inútil”. Y una de las querencias en las que España no es que sea docta, es que es catedrática cum laude, es en su afán por los formulismos arcaicos, por los trámites inútiles, por la burocracia estéril que se impone incluso en las más trágicas circunstancias.

No deja de producirme cierta tristeza la lectura del Auto de 25 de marzo de 2020 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso ordinario 88/2020, denegando la medida cautelarísima solicitada por un sindicato médico para forzar al Ministerio de Sanidad a que:

se provea con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, en todos los Centros hospitalarios, Centros asistenciales de Atención Primaria, Servicios de Emergencias, Servicios de Asistencial Rural, centros con pacientes institucionalizados así como todos los demás centros asistenciales del territorio nacional ya sean públicos o privados y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario, BATAS IMPERMEABLES, MASCARILLAS FPP2, FPP3, GAFAS DE PROTECCIÓN y CONTENDEROS (sic) GRANDES DE RESIDUOS.”

Sin perjuicio de la mejor o peor articulación jurídica, del mayor o menor acierto del escrito de solicitud, lo cierto es que si éste manifestaba carencias o defectos desde el punto de vista del ordenamiento jurídico vigente, lo lógico sería reflejar tal circunstancia y detener el análisis jurídico ahí, lo que no sería acreedor a objeción alguna. Pero lo que es, a todo punto intolerable es la ofensa gratuita (pues eso y no otra cosa es) que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo perpetra contra todo el estamento sanitario, que es quien está soportando el grueso de la lucha contra la enfermedad, desde luego infinitamente más que los seis togados responsables de perpetrar el siguiente párrafo incluido en el fundamento jurídico segundo, cuya lectura provoca un bochorno ilimitado:

“La Sala es consciente de la emergencia en que nos encontramos y también de la labor decisiva que para afrontarla están realizando especialmente los profesionales sanitarios. Tampoco desconoce que deben contar con todos los medios necesarios para que la debida atención a los pacientes que están prestando de forma abnegada no ponga en riesgo su propia salud, ni la de las personas con las que mantengan contacto. Y coincide en que se han de hacer cuantos esfuerzos sean posibles para que cuenten con ellos. Sucede, sin embargo, que no consta ninguna actuación contraria a esa exigencia evidente y sí son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla. En estas circunstancias, como hemos dicho, no hay fundamento que justifique la adopción de las medidas provisionalísimas indicadas. Es decir, no se han traído a las actuaciones elementos judicialmente asequibles, los únicos que cabe considerar en el proceso, en cuya virtud deban acordarse sin oír a la Administración.”

Para valorar las líneas que se acaban de transcribir, tendría que echarse mano de las características del esperpento valleinclanesco, los sainetes de Carlos Arniches, las astracanadas de Pedro Muñoz Seca y el gracejo inimitable con que don Benito Pérez Galdós describía a los servidores públicos. Veamos lo que dice el Alto Tribunal:

A.- Reconoce que nos encontramos ante una situación “excepcional” de la cual la Sala dice (aunque ciertamente lo no parece) ser “consciente”. Pero a pesar de esa excepcionalidad que rige no sólo a nivel social, sino incluso a nivel jurídico, los firmantes de la comentada resolución judicial continúan actuando con los esquemas propios de las situaciones ordinarias.

B.- Es imposible reprimir la ira ante las afirmaciones que se efectúan en un párrafo que debería entrar por méritos propios en los anales de la jurisprudencia como un ejemplo típico de una afrenta al sentido común y una ofensa sin precedentes a un colectivo que se está dejando la piel a los efectos de poner fin a la situación de excepcionalidad. Resulta que a los señores magistrados no les consta “ninguna actuación contraria a esa exigencia evidente” (se refiere a la solicitud de material indispensable para que los profesionales de la sanidad puedan efectuar su labor con unas mínimas garantías de seguridad para evitar ser contagiados de la enfermedad), pero sin embargo afirman a continuación que: “sí son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla”. Es incuestionable que las afirmaciones de las autoridades públicas van por el camino que dicen los señores magistrados, más que nada para intentar poner a buen recaudo su responsabilidad política e incluso penal; pero no es menos cierto que son, cuando menos, igual de “notorias” las llamadas de auxilio de los médicos y sanitarios clamando por unos medios de los que carecen, así como imágenes que demuestran a personal sanitario teniendo que construirse material con bolsas de basura y extremar el ingenio ante la total y absoluta dejación de un poder público robustecido en sus facultades por la excepcional situación de alarma en la que, incluso a nivel jurídico vivimos. No digamos ya si sus señorías tienen cualquier familiar o conocido que tenga la condición de personal médico en cualquier parte del territorio nacional, porque la situación de abandono en la que se encuentran serviría para poner los pelos como escarpias a la persona más templada. ¿Acaso los seis magistrados que firman el auto están tan ciegos o es que estamos ante una situación que acredita la veracidad del refrán según el cual “no hay más ciego que el que no quiere ver“?  Lo que evidencia dicho párrafo es que quienes lo suscriben, en especial el ponente (cuyo nombre cotiza al alza entre quienes lo sitúan al frente del Poder Judicial, algo que quizá puede ayudar a desentrañar el sentido último de la resolución) se encontraban ansiosos de creer a los “responsables públicos” (léase, Ministros), lo que implícitamente conlleva tratar de mentirosos a los sanitarios, pese a que en las líneas iniciales del párrafo transcrito efectúe un mínimo reconocimiento que, a la vista de lo que tan sólo unas letras más abajo indica, deben ser considerado el ejercicio más grotesco de cinismo que se ha visto en las últimas centurias.

Lo expuesto en el párrafo anterior es la acreditación más evidente que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, al igual que las víctimas de la célebre película La invasión de los ultracuerpos, ha sido invadida por un virus que, en esta ocasión, en lugar de aniquilar los sentimientos y las emociones (como en el clásico film de Don Siegel) asesina el sentido común y el decoro. Pero sirve para evidenciar una vez más que la jurisdicción contencioso-administrativa no es más que un fuero privilegiado cuyo único objetivo no es otro que beneficiar a la Administración pública. ¿Desea el amable lector una prueba adicional? El mismo día y en la misma ciudad en la que el Tribunal Supremo ofende gratuitamente al estamento sanitario para echar una manita a las autoridades políticas que concentran en su mano todos los poderes en esta situación excepcional, el Auto de 25 de marzo de 2020 del Juzgado de lo Social número 31 de Madrid estima una medida cautelarísima planteada en los mismos términos, pero en este caso frente a la Comunidad de Madrid. El fundamento jurídico cuarto in fine justifica su adopción en los siguientes términos:

“Atendida dicha situación de urgencia sanitaria, no cabe duda de que en el caso presente concurren los dos requisitos legales necesarios para entrar a conocer sobre las medidas cautelarísimas solicitadas. De una parte, el fumus boni iuris se acredita de modo suficiente porque las medidas preventivas requeridas son las necesarias para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad. Y de otra parte, la situación de urgencia se acredita por la pandemia derivada del virus COVID-19 que está sufriendo todo el país, y en concreto la Comunidad Autónoma de Madrid, y que requiere la actuación urgente de todo el profesional médico y sanitario posible para atender a los enfermos y evitar su mayor propagación.”

Si las afirmaciones efectuadas en el Auto del Juzgado de lo Social son ciertas y, por tanto, la medida cautelarísima se justifica en la “urgente” necesidad de “atender a los enfermos y evitar su mayor propagación”; y si, por tanto, contrastamos una y otra forma de resolver, la conclusión a la que obligatoriamente se llega no puede ser más que una: a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo le importa más hacer ver que cree a los responsables políticos que el evitar la propagación de la enfermedad. Ni en la peor de las pesadillas se hubiera podido imaginar tal circunstancia. Es doloroso, pero no cabe otra interpretación que la citada.

En fin, la lectura de la penosa resolución del Tribunal Supremo (por ser extremadamente desprendido en la valoración, pues lo mínimo que merecería el es ser calificado de “cruel”) me ha hecho recordar la célebre escena final de la ya citada La invasión de los ultracuerpos, donde el protagonista, el doctor Miles J. Bennell (interpretado por Kevin McCarthy) se desgañita infructuosamente para advertir a la población del riesgo que corren sus vidas.

 

¿HA DE PRORROGARSE EL ESTADO DE ALARMA SÓLO POR QUINCE DÍAS, O CABE UN PLAZO SUPERIOR?

Durante una conversación telefónica mantenida esta mañana con uno de mis grandes amigos, más que amigo casi diría pariente (parafraseando a don Celestino Santos del Malvar, el célebre y bonachón clérigo protagonista de dos episodios galdosianos), se planteó un supuesto que dista mucho de ser una mera hipótesis abstracta, sino que lamentablemente tiene visos de convertirse una realidad muy cercana. Ambos considerábamos pacífico e incuestionado que el estado de alarma podría ser objeto de prórroga, siempre y cuando el Gobierno obtuviese la precisa autorización del Congreso de los Diputados. Ahora bien, la discrepancia se planteó a la hora de determinar durante cuánto tiempo se extendería esa prórroga, si durante otro lapso temporal idéntico al de la declaración inicial (es decir, otros quince días naturales) o, por el contrario, era posible una opción distinta y extender la situación durante más tiempo. Surgieron igualmente dudas en cuanto a la posible suspensión del ejercicio de los derechos fundamentales en el estado de alarma.

Como suele recordarse en esta bitácora, son seis los instrumentos que todo sistema jurídico pone a disposición del jurista a la hora de interpretar una norma de cualquier rango: texto, historia, tradición, precedentes, propósitos y consecuencias. Nuestro ordenamiento lo positiviza, además, en el artículo 3.1 del Código Civil, cuando establece que: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.” Tiremos, pues, del hilo y veamos qué puede concluirse.

Primero.- Texto: sentido propio de las palabras.

Si acudimos a una interpretación textual, forzosamente hemos de partir del tenor literal del artículo 116.2 de la Constitución, según el cual: “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.” El artículo 6.2 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, de declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, tampoco nos sirve de ayuda, por cuanto establece que: “Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.”

El problema es que los preceptos no nos dicen nada. El sustantivo “prórroga” implica simplemente la “continuación de algo por un tiempo determinado”. Y es perfectamente posible que un acto o negocio jurídico establezca que, llegado el tiempo de vigencia, las prórrogas se efectúen mediante periodos de tiempo distintos del establecido para el negocio principal del que emanan.

En este caso, si nos limitamos exclusivamente al texto, podemos observar que, al regular el estado de excepción, el artículo 116.3 establece que el mismo no puede exceder de treinta días, “prorrogables por otro igual”. Es decir, que en este supuesto concreto sí que se ha querido vincular o limitar el plazo máximo de la prórroga. Puede no quedar suficientemente claro si ese “igual” se refiere al plazo establecido en la declaración del estado de excepción (en el caso que sea inferior a treinta días) o a los treinta, pero lo que es indubitado es que la duración de la prórroga se vincula a un plazo concreto, algo que no efectúa en el caso de los estados de alarma y sitio.

Lo anterior puede llevar a inducir que si el constituyente hubiera querido establecer una limitación o fijación concreta de esa prórroga para el estado de alarma, lo habría hecho expresamente como sí lo hizo en el caso de excepción.

Por lo tanto, la interpretación textual y concordada del texto constitucional apunta a que la prórroga podría ser por un tiempo superior a treinta días.

Segundo.- Historia y tradición: antecedentes históricos y legislativos.

Ante lo ambiguo del texto, acudamos al procedimiento de elaboración del texto constitucional a fin de verificar si el mismo puede arrojar algo de luz para inclinarnos hacia una u otra opción.

En este sentido, el Anteproyecto de Constitución se refería a los estados de alarma, excepción y “guerra” (en lugar de sitio) en su artículo 94. En el caso del estado de alarma se preveía que el mismo podría declararse por un plazo máximo de quince días, pero no se establecía la posibilidad de prórroga.

Una enmienda de Antonio Carro indicaba que: “no hay razón para distinguir cualitativamente el estado de alarma del de excepción”. Gonzalo Fernández de la Mora propuso eliminar el estado de alarma dado que, agudamente, observó que al mismo no se vinculaba la restricción de derechos fundamentales y por tanto proponía que el estado de excepción fuese declarado por el Gobierno “por un plazo máximo de quince días dando cuenta inmediata al Congreso de los Diputados, quien podrá prorrogarlo a propuesta exclusiva del Gobierno”. La enmienda 424 del Grupo Parlamentario Socialista mantiene el estado de alarma e introduce la posibilidad de prórroga, pero sin establecer plazo o indicación alguna, limitándose a señalar que sin la autorización del Congreso: “no podrá ser prorrogado dicho plazo”. Por su parte, la enmienda número 692 del Grupo Parlamentario Comunista proponía una nueva redacción del artículo 94 donde no se contemplaba el estado de alarma, sino únicamente los de excepción y sitio. El informe de la ponencia acepta incorporar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista incluyendo en el artículo 94 (que pasa a ser el 108 y que llegaría al actual artículo 116) la posibilidad de prorrogar el plazo, pero sin establecer tope, límite o concreción de la prórroga.

La historia constituyente tampoco nos ofrece, en este sentido, orientación interpretativa alguna.

Tercero.- Precedentes.

En este caso, sólo existe un único precedente que nos puede servir de ayuda. El Real Decreto 1673/2010 de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo (publicado en el Boletín Oficial del Estado del mismo día 4 de diciembre) fija una duración de 15 días naturales, es decir, que al entrar en vigor “en el mismo instante” de su publicación oficial, el mismo expiraría el 19 de diciembre. Ahora bien, solicitada la autorización de prórroga al Congreso de los Diputados y autorizada por éste, el Real Decreto 1717/2010 de 17 de diciembre (publicado oficialmente en el Boletín del día 18) prorroga el estado de alarma casi durante un mes, pues lo extiende hasta el 15 de enero de 2011, desbordando, pues, con creces, el plazo de quince días, al que prácticamente duplicó.

La Sentencia 83/2016 de 28 de abril del Pleno del Tribunal Constitucional resuelve el recurso de amparo presentado contra el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitía a trámite el recurso contencioso-administrativo frente a los Reales Decretos de declaración del estado de alarma y sus prórrogas. Hemos de llegar a la vigésima página de la sentencia (tan plúmbea, farragosa y reiterativa como las que suele excretar dicho órgano) para que se refiera a la prórroga de la declaración del estado de alarma, pero sin abordar el núcleo de la cuestión, es decir, si la duración de la prórroga ha de limitarse a quince días o puede sobrepasar los mismos.

No obstante, en este caso sí que la práctica existente nos sirve como brújula para orientarnos en la buena dirección. Ante la impugnación de la prórroga de un estado de alarma por un periodo superior a quince días, el máximo intérprete de la Constitución lo da por bueno, lo cual implica que o nos encontramos ante un despiste del Tribunal Constitucional o es que dicha posibilidad está constitucionalmente permitida. Aunque sin descartar ni mucho menos la primera opción (teniendo en cuenta la naturaleza y el devenir histórico de dicho nefando intérprete) creemos que razones de seguridad jurídica impelen a aceptar la segunda, con las debidas cautelas.

Cuarto.- Propósitos y consecuencias: espíritu y finalidad.

4.1.- Propósito

El artículo 116 contiene una serie de supuestos en los que, precisamente para garantizar el mantenimiento del orden constitucional, se hace preciso imponer una serie bien de restricciones a los derechos fundamentales o bien, simple y llanamente, suspenderlos. La sentencia constitucional anteriormente citada establece, al respecto, que:

“el art. 4 de la Ley Orgánica 4/1981 identifica las situaciones de emergencia o, en sus propios términos, las «alteraciones graves de la normalidad» que pueden dar lugar a su declaración, referidas, en síntesis, a emergencias naturales o tecnológicas, a crisis sanitarias, a situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad y/o a la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garanticen los servicios mínimos (arts. 28.2 y 37.2 CE) y además concurra, respecto a este último supuesto, alguna de las otras situaciones definidas en el precepto.”

En el caso del estado de alarma, dado que la declaración del mismo se vincula a presupuestos fácticos que en la mayoría de los supuestos escapan a la voluntad humana (caso de terremotos, inundaciones, crisis sanitarias) es lógico que la duración de las mismas pueda obedecer a una situación que o bien tenga una dilación superior a los treinta días o que se extienda en el tiempo durante un plazo que no pueda determinarse.

Por tanto, dado que el propósito del estado de alarma es precisamente solventar la situación creada por un acontecimiento imprevisible cuyos efectos pueden proyectarse sobre el sistema, nada impide que la duración del estado de alarma pueda extenderse durante un plazo más dilatado.

4.2.- Consecuencias.

La declaración del estado de alarma no implica en modo alguno la suspensión de los derechos fundamentales (algo que el texto constitucional únicamente permite en supuestos de estado de excepción y de sitio), sino la restricción en el ejercicio de los mismos. Así lo estableció la sentencia constitucional citada en la presente entrada:

“A diferencia de los estados de excepción y de sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio. En este sentido, se prevé, entre otras, como medidas que pueden ser adoptadas, la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos; la práctica de requisas temporales de todo tipo de bienes y la imposición de prestaciones personales obligatorias la intervención y la ocupación transitoria de industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier clase, con excepción de domicilios privados; la limitación o el racionamiento del uso de servicios o del consumo de artículos de primera necesidad; la adopción de las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por una paralización de los servicios esenciales para la comunidad cuando no se garanticen los servicios mínimos; y, en fin, la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento, siéndole aplicable al personal movilizado la normativa vigente sobre movilización.”

Lógicamente, estamos ante una medida que conlleva la restricción en el ejercicio de los derechos fundamentales. Por ello, en este caso ha de efectuarse una interpretación restrictiva, aunque adecuada a los fines perseguidos. Ello no implica que haya de reducirse necesariamente la declaración a un lapso temporal mínimo, sino que la duración del estado de alarma, excepción o sitio ha de ser la mínima necesaria para hacer frente a la situación y, en todo caso, las medidas restrictivas de derechos individuales han de ser igualmente las imprescindibles para lograr poner fin a la situación que origina la propia declaración.

A la vista de lo anteriormente expuesto, parece claro que el estado de alarma, siempre que continúen los hechos que provocaron su declaración, puede ser prorrogado mediante autorización del Congreso, sin que dicha prórroga quede limitada a quince días, sino que puede ser por un plazo superior, eso sí, siempre que sea determinado, puesto que no cabe en el calificado como “derecho de excepción” una declaración sine die.

Por cierto, ya que estos días de confinamiento domiciliario lo permiten, aconsejo a los lectores del blog que, si es posible, se hagan con la magnífica película On the beach (aquí penosamente traducida como La hora final), a la que pertenece la fotografía que ilustra la presente entrada. Se trata una magnífico aunque en extremo pesimista film dirigido en 1959 por Stanley Kramer y protagonizado por Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Aistaire (en un papel muy alejado de su rol habitual de bailarín en comedias musicales) y Anthony Perkins. Cuando la vean, comprenderán la razón. Aquí les dejo el tráiler para ver si el mismo les abre el apetito cinematográfico:

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y PRESCRIPTIVOS.

Ciertamente, los últimos diez años están siendo ricos en acontecimientos inéditos que han obligado a activar preceptos constitucionales que no habían precisado aplicarse durante las cuatro décadas de régimen constitucional. La crisis del bipartidismo y las débiles mayorías parlamentarias hicieron que en el año 2016 por vez primera hubiese de acudirse a la disolución anticipada de las Cortes que, ex constitutione, impone el artículo 99.5 de la norma fundamental. Los desafíos independentistas catalanes hubieron de verse contestados desde los poderes del estado con la activación del artículo 155. Y, en esta ocasión, un acontecimiento ajeno a la política, cual es la ya formalmente declarada pandemia del COVID-19 ha obligado al Gobierno de la Nación a acudir por segunda vez en la historia al mecanismo de suspensión colectiva de los derechos fundamentales, prevista en los artículos 55.1 y 116 del texto constitucional.

A últimas horas de ayer sábado día 14 de marzo de 2020, el Boletín Oficial del Estado sacaba una edición extraordinaria para publicar el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, norma que entra en vigor “en el momento de su publicación” oficial (en otras palabras, “ya”). No es la primera vez que el ejecutivo hace uso de dicha prerrogativa constitucional, pues hace casi diez años, el 4 de diciembre de 2010, se publicó el Real Decreto 1673/2010 que declaró el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo. No obstante, en aquélla ocasión, aun cuando la declaración afectó a todo el territorio nacional, su ámbito material fue mucho más restringido al ceñirse tan sólo a “la totalidad de las torres de control de los aeropuertos de la red y los centros de control” gestionados por AENA. En esta ocasión, el hecho desencadenante es la “crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos”, tal y como explicita el breve preámbulo que también recoge la circunstancia que “la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional”. Tal es el denominado “hecho determinante” para el ejercicio de la potestad, que se justifica por un fin público de “proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”. Tales son los elementos que esgrime el Real Decreto como justificativos y que, en el caso de una futura impugnación judicial, constituirían los “hechos determinantes” y el “fin” del ejercicio de la potestad, inherentes a todo uso de potestades discrecionales. El hecho desencadenante (declaración de pandemia por la OMS) es pacífico y notorio, como lo es igualmente la licitud del fin perseguido (contención de la enfermedad y salvaguardia de la salud colectiva). Resta, por tanto, detenerse en las medidas.

Básicamente, el Decreto pone bajo el control del Gobierno de la Nación las competencias de Salud, Seguridad y Defensa, estableciendo una especie de “núcleo duro” ejecutivo constituido por los titulares de las carteras de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad, éste último con una competencia residual al considerarlo autoridad competente “en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia” de alguno de los otros tres titulares citados (artículo 4.2 in fine). Lo importante es que esas autoridades quedan habilitadas para “dictar órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares”, sin que se encuentren atados por las formalidades y ritos del procedimiento administrativo, pues se estipula que “para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.” En definitiva, estamos ante un “Prometeo desencadenado” que puede emanar actos administrativos eficaces y obligatorios sin tener que transitar por los cauces procedimentales que de ordinario se exigen.

No voy a comentar las limitaciones que el Real Decreto impone a la ciudadanía dado que han sido básicamente explicadas por el Presidente del Gobierno en su tardía comparecencia causada por la imprevista duración del Consejo de Ministros. Pero sí me gustaría incidir en tres circunstancias que afectan al mundo jurídico y que tienden a paliar o compensar las restricciones impuestas en la circulación de personas y el ejercicio de determinadas actividades. Esas medidas son dos:

Primera.- Suspensión de todos los plazos de prescripción y caducidad (Disposición Adicional Cuarta). Se trata de una suspensión universal que afecta a “cualesquiera acciones y derechos”, y que se extiende “durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, prórrogas que se adoptaren.” Es decir, que la acción de seis meses para la reclamación de vicios ocultos, o el plazo de un año para el ejercicio de las acciones de responsabilidad extracontractual con base en el artículo 1902 del Código Civil quedan suspendidas durante estos quince días, pudiendo extenderse la suspensión en caso de que se prorrogue la duración del estado de alarma. Así pues, durante estos el cómputo de los institutos de prescripción y caducidad se detiene, por ministerio de la ley, como se detuvo el sol por mandato divino para ayudar a Josué en su lucha.

Segunda.- Suspensión de plazos administrativos (Disposición adicional tercera). En este caso, se desciende un poco más hacia lo particular, es decir, del universo jurídico al microcosmos del Derecho público, pues el objeto de la suspensión son los “plazos de tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público”, si bien motivadamente podrían acordarse por el órgano competente “las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado”, si bien esta medida está condicionada a la expresa aceptación del interesado.

Lo cierto es que dicha cláusula está redactada en un lenguaje tan vago que permite albergar dudas en cuanto a su extensión práctica. ¿Se aplica única y exclusivamente a procedimientos iniciados por las entidades del sector público o a los iniciados por el interesado? El uso de la preposición “de” que sigue al sustantivo “procedimiento” no aclara la cuestión. Como tampoco queda suficientemente claro y explícito si afecta a procedimientos cuyo inicio debe iniciarse forzosamente durante el periodo del estado de alarma o de sus prórrogas. Por ejemplo: ¿Cabría con base a esta Disposición entender suspendido el inicio del plazo de presentación de la liquidación trimestral de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, de Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido? Es evidente que si se acude a una interpretación finalista (es decir, incidiendo en los propósitos de la norma) la respuesta sería positiva, pero si atendemos a criterios originalistas (texto del Real Decreto) la cuestión sería más dudosa. Pues no me cabe duda que la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social argumentarán que, puesto las declaraciones se efectúan por vía telemática, no es preciso un desplazamiento físico a las entidades y, por ello, las medidas restrictivas acordadas en la normativa de declaración del estado de alarma ni obstan ni impiden tal presentación. Habrá que ver qué ocurre y, sobre todo, si el asunto llega a los órganos judiciales qué resuelven estos.

En este caso, la Administración ha pretendido jugar con cartas marcadas: muestra las mismas para, a continuación, ocultarlas, creando una apariencia de seguridad que en el fondo no es tal y que, como siempre, juega en su beneficio.

Tercera.- Suspensión de plazos procesales (Disposición adicional segunda). En este caso se “suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales en todos los órdenes jurisdiccionales”, medida que se extiende hasta que pierda su vigencia la declaración de estado de alarma. Se trata de una medida general, es decir, que afecta a todo el ámbito de la Administración de Justicia. No obstante, se establecen determinadas excepciones fundamentalmente en determinados asuntos de naturaleza penal (habeas corpus, actuaciones con detenido, órdenes de protección, vigilancia penitenciaria y medidas cautelares en caso de violencia sobre mujer y de menores) y determinados procedimientos preferentes y sumarios como los especiales de protección de derechos fundamentales en materia contenciosa y laboral o el procedimiento de conflicto colectivo.

Contrasta la claridad con que se aborda la suspensión de los plazos procesales con la ambigüedad que se aborda la suspensión en materia administrativa. Quizá sea la malevolencia natural de quien esto suscribe, pero no creo que ello responda a algo accidental o a un simple descuido en la redacción.

Una última cuestión que reconozco es anecdótica, pero que si no fuera por lo trágico de la situación daría para un sainete del inmortal Carlos Arniches. Una comparecencia inicialmente prevista para las tres de la tarde se ha demorado hasta pocos minutos después de las nueve debido a la imprevista duración del Consejo de Ministros, que el Presidente del Gobierno ha justificado por la existencia de un “debate enriquecedor, intenso y sosegado”, que sin duda no diferiría en extremo del discurso ministerial que principia la obra El señor Badanas. Sería deseable que, como en la celebérrima pieza de Luis Vélez de Guevara, un moderno diablo cojuelo hubiese levantado los tejados del Palacio de la Moncloa permitiendo contemplar la escena que allí se vivió entre las dos y las nueve horas del catorce de marzo de dos mil veinte, donde una persona que según sus propias declaraciones se encontraba en “cuarentena” se saltó la misma para acudir a la sesión del Consejo, ofreciendo, sin duda, un elocuente ejemplo de respeto a las prescripciones sanitarias.

Los aficionados al buen cine clásico seguramente recordarán con nostalgia El hidalgo de los mares (espantosa traducción del original Captain Horatio Hornblower), un film dirigido por Raoul Walsh y protagonizado por Gregory Peck y Virginia Mayo, y cuyo guión adaptaba dos de las novelas de Cecil Scott Forrester que integraban la saga que tenía por protagonista a Horacio Hornblower. Pues bien, en dicho film su protagonista, el capitán inglés Horacio Hornblower (un imponente Gregory Peck) debía trasladarse a tierras centroamericanas para entrevistarse con un cacique local, don Julián de Alvarado, que se había sublevado contra España. El rebelde en cuestión era un criollo de escasa estatura que pretendía infructuosamente ensalzar su ridícula figura y posición haciéndose llamar “el supremo” por sus atemorizados compatriotas. Es posible que me equivoque y que de nuevo se deba a mi malevolencia natural, pero estoy casi seguro que en la sesión del Consejo de Ministros en que se ha declarado el estado de alarma más de uno de sus integrantes ha intentado convertirse en un émulo de Alvarado.

NUEVA YORK, EL GOBERNADOR Y LA CRISIS SANITARIA.

Corría el mes de julio del año 1795 cuando en la ciudad de Nueva York tuvo lugar un acontecimiento aparentemente cotidiano: un médico fue llamado para que acudiera a un navío atracado en el East River, a fin de que atendiese a varios miembros de la tripulación que se encontraban enfermos. Apenas unos días más tarde, tanto los marineros como el galeno habían fallecido a causa de lo que se demostró ser una epidemia de fiebre amarilla. Una vez tuvo conocimiento del hecho, el recién elegido gobernador del estado de Nueva York (que había tomado posesión del cargo el día 1 de julio de 1795) no se hizo esperar, pues de forma instantánea no sólo ordenó el cierre del puerto de la ciudad a buques procedentes del Mediterráneo y de las Indias Occidentales, sino que se hizo asesorar por un consejo de expertos en medicina para responder a una medida adoptada por Pennsylvania, que había proscrito la entrada en su territorio a todos los ciudadanos de Nueva York. Aun cuando los doctores consultados afirmaron que la enfermedad no era contagiosa, Pennsylvania mantuvo la cuarentena y vetó la entrada de neoyorkinos en su territorio.

Con todo, el gobernador rehusó abandonar la ciudad de Nueva York, como le recomendaron sus allegados. Cuando le hicieron ver que debía buscar la seguridad abandonando la sede del gobierno y trasladándose al mucho más seguro estado de Nueva Jersey, la respuesta del máximo responsable del empire state no se hizo esperar, y se reafirmó en su deseo de permanecer en la ciudad junto con su familia, manifestando que: “Nuestra situación nos ofrece considerable seguridad frente al desorden, y pienso es mejor que mi familia permanezca aquí, puesto que su marcha aumentaría la alarma, que ya es demasiado grande.” Cuando la epidemia remitió, el jefe ejecutivo del estado emitió en noviembre de ese año 1795 una proclama en la que recomendaba a los ciudadanos del estado elevar sus oraciones dando las gracias al Creador por el fin de la trágica situación. En una carta recibida que le había escrito un juez, éste manifestaba: “He leído con placer la proclama de su excelencia acordando un día de plegarias y acción de gracias; las causas son bien conocidas, y las solicitudes proporcionadas. Todo el mundo coincidirá que hemos recibido grandes e inmerecidos dones, como sociedad, de nuestro Creador; y que es adecuado y propio que, como sociedad, reconozcamos e imploremos su continuación.”

El gobernador en cuestión no era otro que John Jay, uno de los más destacados padres fundadores que, recién abandonada la presidencia del Tribunal Supremo y apenas un mes después de ser elegido gobernador de su estado natal, hubo de enfrentarse a un grave problema de salud pública. Es de destacar no sólo la firmeza con la que se enfrentó al mismo, sino la energía con la que adoptó las medidas que consideraba necesarias, sin que vacilase o le temblara el pulso con ello. También destaca el hecho que se rodease de profesionales en la materia, si bien lógicamente, no puede juzgarse con criterios modernos la situación existente, sino que en justicia ha de efectuarse la valoración conforme al estado de la ciencia en el siglo XVIII. Pero, sobre todo, llama poderosamente la atención el hecho que Jay desoyese las voces que le aconsejaban de huir de la ciudad para evitar el contagio. Jay, cuya vida fue un ejemplo constante de achaques, enfermedades y dolencias que no le impidieron gozar de una “mala salud de hierro”, rehusó abandonar la ciudad en momentos tan difíciles y, lógicamente tomando las precauciones necesarias para evitar la extensión de la enfermedad, optó por permanecer en la urbe, argumentando que su salida de la misma podría ser interpretada como una huida y acrecentar la alarma, ya de por sí bastante crecida.

Es menester valorar enormemente la energía, la prudencia y, sobre todo, la humanidad de Jay. En momentos de una enorme dificultad, no dudó en afronta la situación de forma decidida, pero sin caer en alarmismos innecesarios que tan sólo acrecentarían el temor de la población, lo que podría además ser fuente de conflictos.

Quizá ya iniciada la tercera década del siglo XXI los padres fundadores aún puedan ofrecer algún que otro ejemplo a los desnortados líderes mundiales contemporáneos.

SOBRE EL CARÁCTER “NATURAL” DE LAS IRREGULARIDADES EN EL PAVIMENTO.

La verdad es que el ejercicio de la abogacía en el orden contencioso-administrativo depara en ocasiones sorpresas mayúsculas, por cuanto no dejan de sorprender los argumentos que determinados jueces utilizan para salvaguardar a la Administración, tutelándola hasta extremos tales cual si fuera un menor de edad o un ente o colectivo especialmente vulnerable.

Viene esto a raíz de la publicación de una noticia que se hacía eco de una reciente Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Córdoba que denegaba la solicitud de responsabilidad patrimonial instada por un ciudadano frente a dicho ente local a consecuencia de una caída en la vía pública. Lo sorprendente no es la desestimación, sino el argumento utilizado. Siempre según la noticia, estima la sentencia que es una “situación natural” la irregularidad de las aceras, pues no puede esperarse que: “la superficie de las aceras y las calzadas se encuentren en un absoluto alineamiento, totalmente rasante y carente de la más mínima irregularidad”. Pero, insistimos, siempre según lo publicado, lo que remata el argumento es ya la conclusión final: “la posibilidad de caerse en una acera surge desde el momento mismo en que se transita por ellas, sin que las consecuencias de esa caída puedan ser imputables sin más a la Administración responsable.” Este es un argumento novedoso que se suma al ya tradicional de los: “estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social” al que hacen referencia numerosas resoluciones judiciales, entre otras, por ejemplo, la Sentencia de 18 de junio de 2018 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada en recurso 588/2017.

Lo anterior me hace evocar la loa que el chief justice William H. Rehnquist hizo en su día de Samuel Freeman Miller, un médico que, mientras ejercía la profesión, decidió estudiar la carrera de Derecho y llegó a ser uno de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así describía Rehnquist el que era sin duda alguna el talento innato del juez Miller:

“El gran talento de Miller, que no poseían totalmente algunos de sus más doctos colegas, era el sentido común. Puede sonar extraño en una profesión que actualmente requiere cuatro años de instituto y tres de facultad e incluso la cualificación de superar un examen para acceder a la abogacía y lograr la admisión en el ejercicio., que el sentido común sea calificado tan altamente como atributo de un juez. Pero se ha dicho acertadamente que la educación legal agudiza la mente de una persona estrechándola, y en una liza entre abogados, cada uno de los cuales busca sacar conclusiones diferentes partiendo de una misma premisa, un buen juez debe en cada momento estar dispuesto a hacer una pausa y decir al abogado: “Su argumento es perfectamente lógico, pero el resultado al que conduce me parece absurdo.”

Esa llegada a conclusiones absurdas no sólo es privativo de los razonamientos esgrimidos por los abogados, sino que también puede aplicarse a las tesis defendidas en una sentencia. Con una diferencia esencial: el abogado tiene como única guía el interés de su cliente, y es lógico que su punto de mira sea lograr una victoria que beneficie a la persona a la cual defiende, pues de no actuar así incurriría no sólo en una negligencia profesional, sino incluso en una responsabilidad civil. El juez, por el contrario, no tiene ese norte y guía, pues la independencia que caracteriza su función hace que su único interés sea aplicar estrictamente la ley y el derecho.

En el presente caso, podemos destruir la argumentación del juez (así como la tradicional del tan manido “estándar” de razonabilidad) por simple reducción al absurdo.

La manifestación relativa a la “situación natural” de la irregularidad del pavimento, en primer lugar es una afirmación que en modo alguno consta acreditada o se ha demostrado que sea cierta. Pero, además, afirmar que es imposible que el pavimento de las calzadas esté en un absoluto alineamiento es una afirmación que parece extraída de una de las celebérrimas historias de Pepe Gotera y Otilio, y no del estado de la ciencia en el siglo XXI.

Lo cierto es que cuando la Administración contrata la realización de una obra, para que ésta se entienda debidamente cumplida es necesario que la misma se haya realizado de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción e la Administración, siendo exigible, además, un acto formal de recepción en el que conste la conformidad de ésta o que, en su caso, se expresen los defectos observados. Si no se refleja objeción alguna, es que por muy chapucera que haya sido la obra en su resultado final, la Administración la asume. Y si esa obra afecta, además, a una vía pública, ha de tenerse en cuenta que la Administración es responsable del correcto estado de la vía, que ha de servir para el propósito para el que se instituyó, es decir, que se pueda circular con normalidad por la misma.

Manifestar, además, que “la posibilidad de caer en una acera surge desde el mismo momento en el que se transita por ellas” es absolutamente inaudito, y si algo hace es evocar en el lector el célebre aforismo que el inmortal don Francisco de Quevedo incluyó en su obra Los sueños, según el cual: “lo que llamáis nacer es empezar a morir, y lo que llamáis vivir es morir viviendo.” En efecto, pues dado que según esa triste visión tan característica del barroco, “nacer es ir muriendo”, no todo evento dañoso con resultado muerte será indemnizable porque, al fin y al cabo (siempre siguiendo el razonamiento de la sentencia comentada) qué hay más natural que perder la vida, puesto que como decía en su momento otro ilustre personaje (Benjamín Franklin) en la vida tan sólo hay dos certezas: la muerte y los impuestos.

Lo único que no se aclara es si esa laxitud que se otorga a la Administración con la evidente finalidad de excluirla de responsabilidad, se aplicarían a una persona física o jurídico-privada cuando el perjudicado fuese un ente público.

Imaginemos el supuesto de un consumidor, el señor Bruumm, que adquiere un vehículo automóvil fabricado por una empresa multinacional del sector. Imaginemos que ese vehículo tiene un defecto a consecuencia del cual se provoca un accidente que ocasiona daños estrictamente materiales a una tercera persona. Imaginemos que ésta reclama frente al autor inmediato de los daños y que éste, a su vez, repite frente al responsable mediato de los mismos. ¿Qué ocurriría si la multinacional alegase que, dado el enorme volumen de vehículos producidos, es “natural” conforme a las reglas de la estadística que algún vehículo pueda tener algún defecto menor y que, por tanto, siguiendo los “estándares de razonabilidad” no puede esperarse que todos los automóviles que salen al mercado lo hagan en perfectas condiciones?

Pongamos otro ejemplo. El ejemplar ciudadano don Homobono Santos Envida, ya en su vetustez que, tras una vida sin desviarse un ápice de la legalidad, se ve súbitamente denunciado por una infracción a la normativa circulatoria. Imaginemos que ese ciudadano de trayectoria personal intachable, alega que dado lo complejo de la normativa actual, es no ya “natural” sino “imposible” (Alejandro Nieto dixit, consúltese su imprescindible Derecho Administrativo Sancionador) pasar por la vida sin conculcar algún texto normativo y que por tanto, siguiendo los “estándares de razonabilidad”, dado que nunca ha cometido infracción previa alguna debe exonerársele de responsabilidad. Ya se pueden imaginar el éxito que tendría dicha pretensión.

Pero es que, a expensas de lo anterior, los razonamientos esgrimidos en la sentencia eran absolutamente innecesarios a los efectos de la resolución de la causa. Hubiera bastado al juez indicar única y exclusivamente que en atención a las circunstancias del caso no se daban las circunstancias que legalmente ocasionan la responsabilidad patrimonial de la Administración. Mas se ve que se ha querido aportar un granito de arena literario en los anales de la jurisprudencia española, a la vez que se echa una manita a la Administración, tan necesitada en tiempos de vacas flacas.

En fin, que día tras día uno se va encontrando argumentos que en modo alguno desmerecen y que refuerzan la tesis esencial mantenida en esta bitácora: la jurisdicción contencioso-administrativa no es otra cosa que un fuero privilegiado hecho a medida de la Administración, como antaño lo fue la militar o la eclesiástica. Y esa misma jurisdicción que amplía hasta extremos inimaginables el nivel de exigencia a los ciudadanos, sin embargo, se muestra laxa, comprensiva, y hasta diríamos que “paternal” con la Administración. Algo, por otra parte, nada sorprendente teniendo el origen que tiene dicha jurisdicción.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MODERNIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE.

El actual Ministro de Justicia, en la intervención que ha tenido lugar en el seno de la Jornada sobre la modernización del lenguaje jurídico, abogó por utilizar un lenguaje que sea comprensible para el ciudadano. En la cobertura que los medios han efectuado de la noticia, se incide en que el titular del citado departamento ministerial afirmó que “una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender”, y que “no podemos exigir a un ciudadano que cumpla una ley que no entiende.” Orillando que la última de las afirmaciones llevaría a dispensar del cumplimiento ramas enteras del ordenamiento (como la tributaria, al alcance únicamente a los que, al modo de las antiguas sectas mistéricas del Mediterráneo oriental, han sido iniciados en el conocimiento de lo oculto), lo cierto es que el señor ministro viene a incurrir en una confusión semántica que revela precisamente el poco dominio del lenguaje, pues viene a equiparar como sinónimos dos vocablos que no lo son. Y es que, en efecto, el vocablo “modernización”, como “acción y efecto de modernizar”, no supone otra cosa que “hacer que alguien o algo pase a ser moderno”, mientras que con el término “comprensible” se está haciendo referencia algo que “se puede comprender”, es decir, “entender”, “tener idea clara de las cosas”. La Administración de Justicia puede ser “comprensible” y continuar impertérrita con formas y usos decimonónicos e incluso antediluvianos y, por el contrario, los medios humanos y materiales de la misma pueden adecuarse a la época y, sin embargo, sus resoluciones continuar siendo verdaderos arcanos.

Todo lo anterior me ha hecho evocar un párrafo de la reciente biografía del actual chief justice John Roberts debida a Joan Biskupic. Roberts siempre ha reconocido que, tanto cuando ejercía como abogado como cuando vestía la toga de juez, intentaba redactar sus escritos de la forma más clara y didáctica posible. Biskupic lo relata de la siguiente forma:

“Roberts se esforzaba en mantener un tono coloquial. Resumía los hechos de un caso en razonamientos fáciles de seguir que efectuaba sin referirse a sus notas. Deseaba que los temas estuviesen claros, sucintos y accesibles para los no juristas, y siempre imaginaba a sus tres hermanas como parte de la audiencia mientras elaboraba su aproximación al caso en orden a asegurarse de mantener dicha norma. “Cada asunto es una historia”, reconocía a [Bryan A.] Garner. “No importa si es acerca de una árida interpretación contractual; tienes dos personas que desean lograr algo, y lo plantean juntos; eso es una historia. Y debes contar una buena historia”.

Lo cierto es que al adentrarse en la lectura de las sentencias redactadas por Roberts y, en realidad, en la de cualquier resolución de un órgano judicial estadounidense, uno se percata que bastan unos rudimentarios conocimientos del inglés jurídico para seguir perfectamente la secuencia de hechos y los razonamientos del Tribunal. Es ciertamente envidiable comprobar la envidiable facultad de síntesis, la estricta separación entre hechos y razonamientos jurídicos y el sólido manejo del lenguaje a la hora de articular una sentencia que cualquiera puede comprender. Y no olvidemos que las sentencias norteamericanas ocasionalmente incluyen notas a pie de página y anexos, y aún más frecuentemente efectúan referencias de artículos de revistas jurídicas e históricas, e incluso no es poca la frecuencia con que incluyen citas literarias y cinematográficas.

Por lo tanto, no se trata de asimilar la “modernidad” a la “comprensión”. Porque a la vista de ello a uno le entra el temor que bajo el disfraz de hacer la justicia más “comprensible” se la mantenga en paños menores, en lugar de dotarla de una vestimenta adecuada acorde a la realidad coetánea. Algo que, en modo alguno, interesa a los otros dos poderes, y eso que en nuestro país no ha existido ni un solo ejemplo que pueda asimilarse, por ejemplo, a una desautorización brutal de una acción ejecutiva como la efectuada en el caso Youngstown Sheet & Tube Co v. Sawyer, o la anulación en su totalidad de un instrumento legislativo importante, como ocurrió en el caso Schechter Poultry Corp.v. United States. Si Alexander Hamilton pudo escribir en el número 78 de sus ensayos federalistas que el poder judicial, “por la naturaleza de sus funciones, siempre será el menos peligroso para los derechos políticos de la Constitución” uno se pregunta qué habría escrito el ilustre padre fundador si hubiera tenido a su disposición la historia del poder judicial español.

En fin, que aun cuando el video tiene ya algunos años, ofrecemos al lector una entrevista al citado John G. Roberts jr sobre la importancia del lenguaje en el mundo jurídico. Harían bien muchos jueces, secretarios judiciales y (también, como no) abogados, en tomar buena nota de algunos consejos que ofrece el máximo responsable de la judicatura federal estadounidense. A buen seguro no sólo no perjudicará, sino que obrará en beneficio de la propia Administración de Justicia española, bien necesitada de toda la ayuda posible.