TRUMP v IRAP: EL TRIBUNAL SUPREMO ALZA PARCIALMENTE LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA PROHIBICIÓN DE ENTRADA DE EXTRANJEROS.

Hoy lunes día 26 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha hecho pública su sentencia Donald Trump v. International Refugee Assistance Project, que resuelve varios recursos acumulados relativos a la medida cautelar de suspensión que varios órganos federales adoptaron frente a la Orden Ejecutiva 13780 de 6 de marzo. La resolución judicial, aunque únicamente afecta a la medida cautelar, es una victoria para el ejecutivo, que ve así como se levanta la suspensión en gran parte, manteniendo no obstante en suspenso una mínima porción de la norma impugnada. Así pues, tras los diversas estocadas judiciales que recibió la normativa presidencial, el Tribunal Supremo le hace unos primeros auxilios que permiten a la misma regresar al mundo de los vivos.

I.- ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Hay varias cuestiones que merecen destacarse:

I.- La sentencia aparece elaborada per curiam, expresión que se utiliza cuando no se desea explicitar quién ha sido el ponente de la misma. No obstante, teniendo en cuenta que existe un voto particular parcialmente coincidente y discrepante de Clarence Thomas (al que se adhirieron Samuel Alito y el recién nombrado Neil Gorsuch) forzosamente la misma hubo de contar con el apoyo de los otros seis jueces, entre los que están, por cierto, los cuatro magistrados del ala liberal nombrados a instancias de mandatarios demócratas (Ruth Bader Gisburn, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan).

II.- Muy a tener en cuenta el elemento temporal. La Orden Ejecutiva impugnada está fechada el día 6 de marzo de 2017. El Tribunal Supremo resuelve la medida cautelar el día 26 de junio de 2017, es decir, que la resolución final en lo que respecta a la medida cautelar se ha demorado en el tiempo tan sólo tres meses y veinte días, tiempo durante el cual la impugnación ha recorrido tres instancias procesales (juzgado federal, Tribunal de Apelaciones, Tribunal Supremo).

III.- No se trata de un documento judicial muy extenso, dado que la sentencia ocupa trece páginas y el voto particular otras tres. Sin embargo, se ofrece todo un relato de los antecedentes fácticos y jurídicos del caso fácilmente legible por cualquier persona, incluso lega en Derecho.

IV.- El Tribunal Supremo efectúa unas consideraciones sobre la tutela cautelar que en este punto sonarán familiares a oídos del jurista español, por cuanto los principios jurídicos que la rigen son los mismos en ambas orillas del Atlántico (así, por ejemplo, que se trata de ponderar los intereses en conflicto, otorgando prevalencia al interés público sobre el interés particular; que no ha de anticipar un fallo sobre el fondo del asunto).

Pero a continuación, el Tribunal propina un sonoro varapalo a la decisión de los Tribunales inferiores. Entiende y acepta que acuerde la medida cautelar de suspensión en lo que afecte a los demandantes originarios (es decir, la parte recurrida en el Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo) e incluso a personas que se encuentren en situación jurídica análoga a los mismos (es decir, personas y entidades en los Estados Unidos que tienen vínculos con nacionales extranjeros y cuyos derechos pueden resultar igualmente afectados), pero reprocha que extiendan la medida cautelar de suspensión a extranjeros que carecen de vínculo alguno con los Estados Unidos. “Proscribir la entrada de dichos extranjeros no afecta a ningún americano con motivo de su relación con el nacional extranjero, y los órganos judiciales inferiores no motivan que dicha exclusión en tales circunstancias imponga alguna privación legal relevante a un nacional extranjero”.

Utilizando un lenguaje más sencillo. El Tribunal Supremo separa claramente dos tipos de situaciones. La primera, aquélla en que la persona que pretende la entrada en territorio estadounidense tiene algún vínculo con dicho país (por tener algún tipo de visado, residencia legal en territorio americano o ser familiar de algún nacional estadounidense), en cuyo caso la medida cautelar de suspensión de la Orden se mantiene. Y, en segundo lugar, aquéllos ciudadanos extranjeros que pretenden entrar en territorio americano sin vínculo o relación alguna con dicho país, supuesto en el cual el órgano judicial opta por alzar la suspensión. Se remite, para ello, al articulado de la norma cuestionada. “La propia Orden ejecutiva distingue entre extranjeros que tienen algún tipo de conexión con este país, y quienes no la tienen, estableciendo un sistema de excepciones caso por caso dirigido fundamentalmente a los individuos sitos en la primera categoría.”

Por ello, el Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso y alza la suspensión cautelar de la Orden ejecutiva para aquéllos extranjeros que carezcan de relación o vínculo alguno con los Estados Unidos, manteniendo por el contrario la suspensión de sus previsiones en lo relativo a población foránea que tengan una relación con personas o entidades norteamericanas. Pero el Tribunal va más allá y concreta el tipo de relación que se exige para que la suspensión se mantenga vigente. “Para los individuos, se requiere una relación de parentesco cercana. Un extranjero que desee la entrada en territorio estadounidense para visitar o incluso vivir con un miembro de su familia, claramente posee dicho vínculo. En lo que respecta a la relación con personas jurídicas, el vínculo debe ser formal, documentado y efectuado de forma ordinaria, no con la finalidad de evadir el cumplimiento de la orden. Los nacionales de los países mencionados en dicha Orden que han sido admitidos como estudiantes por la Universidad de Hawaii ostentan dicha relación, de la misma forma que lo hacen los trabajadores que hayan aceptado una oferta de empleo de una empresa estadounidense, o quien haya sido invitado a impartir una conferencia en territorio americano.”

V.- El voto particular considera que debió alzarse la medida cautelar en su integridad, y no parcialmente. Acoge para ello los argumentos del gobierno utilizando precisamente un criterio que los órganos judiciales españoles aplican un día sí y otro también para denegar medidas cautelares, por lo que en modo alguno sonará extraño a los juristas españoles: “Ponderando el interés del gobierno en preservar la seguridad nacional y los daños que podría causar a los recurrentes la ejecución del acto, ha de prevalecer el interés público.” No obstante, el voto particular manifiesta a continuación que: “Habría sido, quizá, razonable que el Tribunal mantuviese la suspensión únicamente en lo que respecta a las partes recurridas. Pero se extiende la medida a partes sin identificar, integrantes de un grupo no identificado de nacionales extranjeros. Y no consta que ninguna parte procesal haya solicitado la medida que el Tribunal adopta hoy.” En definitiva, que el voto particular imputa a la sentencia un vicio de incongruencia extra petita. Anticipa, además, que la salomónica decisión adoptada por quienes integran la mayoría en este caso será una potencial fuente de conflictos judiciales hasta que no se resuelva finalmente sobre el fondo del asunto. Porque, en efecto, la cuestión litigiosa se trasladará ahora a verificar si se cumple o no el requisito del “vínculo” con personas físicas o jurídicas estadounidenses.

II.- LECCIONES QUE OFRECE EL CASO A LA JUSTICIA ESPAÑOLA.

Una vez expuesto jurídicamente el asunto, cabe preguntarse qué lecciones puede extraer del mismo el jurista español. Y para ello, optaré por hacerlo al modo de un célebre entrenador de un no menos célebre club de fútbol español, persona que se encuentra en la actualidad en el ojo del huracán por ser objeto de una investigación por presunto fraude al fisco. Así que me preguntaré, simplemente……Por qué?

Por qué en los Estados Unidos una medida cautelar de suspensión de una Orden ejecutiva presidencial tarda únicamente tres meses y medio en recorrer tres instancias procesales? Por qué en nuestro país ese plazo se multiplicaría cuando menos por cuatro? Por qué?

Por qué las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuidan tanto la forma y el estilo literario como el fondo del asunto? Por qué las resoluciones de los órganos judiciales españolas son plúmbeas, farragosas y en algunos casos son (por utilizar una expresión del profesor Higgins) un auténtico insulto la lengua castellana? Por qué?

Por qué en Estados Unidos los órganos judiciales de carácter colegiado funcionan de manera que todos los magistrados conocen las interioridades del asunto de tal manera que todos tienen acceso a los documentos del mismo? Por qué en nuestro país eso únicamente está al alcance del ponente? Por qué?

Por qué en los Estados Unidos los jueces están menos sometidos a la influencia mediática? Por qué en nuestro país los jueces resuelven con un ojo puesto en la ley y otro en los medios de comunicación? Por qué?

SOBRE ALTOS CARGOS Y REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO.

Corrían los últimos años del siglo XVIII cuando en el estado de Nueva York se produjo una vacante en un determinado cargo administrativo. El encargado de avalar el nombramiento de cargos públicos era el Council of Appointment, un organismo público de composición paritaria entre miembros de los poderes legislativo y ejecutivo. Uno de los miembros de dicho órgano urgió el nombramiento de un candidato determinado, ofreciendo como méritos justificativos su ardiente celo en la defensa de las tesis del partido federalista, que era el que por primera vez desde la creación dominaba no sólo el poder legislativo, sino el propio ejecutivo. El gobernador, que era un federalista convencido, tras escuchar impertérrito la soflama partidista, cortó de raíz la cuestión al hacer una pregunta atinadísima: “That, sir, is not the question. Is he fit for the office?” (Esa no es la cuestión, señor. Está capacitado para el puesto?) El gobernador en cuestión era John Jay, uno de los padres fundadores, co-autor de los Federalist papers y redactor de la propia Constitución del estado de Nueva York.

Y es que, en efecto, uno de los peligros que acechan en toda organización política es la efectiva tentación de los gobernantes de copar los más altos puestos con gente de su confianza o simplemente con personas leales al partido, con independencia de si los mismos son adecuados o no para ello y, por supuesto, con olvido total de los principios de mérito y capacidad. Es la técnica del spoil system, del winner takes all, que en nuestro país alcanzó cotas realmente indignas en el siglo XIX dando origen a la curiosísima figura de los cesantes, inmortalizados por don Benito Pérez Galdós en su celebérrima novela Miau, cuya lectura recomendamos encarecidamente (más que nada por las tétricas, a la vez que trágicamente actuales, descripciones que hace del Ministerio de Hacienda y del funcionario Pantoja).

En el ordenamiento jurídico vigente, el artículo 23.2 de la Constitución consagra como derecho fundamental “el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.” Ahora bien, se da una curiosísima diferencia a la hora de abordar los requisitos de acceso al cargo. Para acceder a cuerpos superiores de la Administración se exige no sólo una titulación superior, sino culminar con éxito un proceso selectivo integrado en varias fases donde es habitual que una de ellas tenga por objeto acreditar el dominio de un segundo idioma. En el caso de órganos directivos de la Administración, para ser titular de los mismos se exige ser funcionario perteneciente al grupo A1 en cualquiera de las Administraciones, como ocurre en el caso de los Subsecretarios de Estado (artículo 63.3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), Secretarios Generales Técnicos (artículo 65.2), Directores Generales (artículo 6.2), y Subdirectores Generales (artículo 67.2). Sin embargo, para los órganos superiores no se establece requisito alguno pues ni en el caso de los Ministros (artículo 61) ni en el de los Secretarios de Estado (artículo 62) se establece ningún tipo de requisito o exigencia para desempeñarlo. Se da así una curiosísima paradoja: se exige una preparación notable para quien ha de ejecutar las políticas diseñadas por los órganos superiores, pero a éstos no se les exige absolutamente nada, ni titulación mínima ni mucho menos dominio de cuando menos una lengua foránea. Así se han producido en los últimos años espectáculos vergonzosos de titulares de un Departamento ministerial cuyos estudios finalizaron en el bachiller, y que en cuanto a idiomas sus conocimientos se limitaban, y con muchos esfuerzos, al castellano.

No obstante, la propia normativa se ha cuidado de facilitar la posibilidad de eludir su cumplimiento. Así, por ejemplo, la redacción original del artículo 10.5 de la Ley 8/1991 de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, establecía lo siguiente: “Los Secretarios generales técnicos y los Directores regionales, salvo supuestos individualmente estimados por el Consejo de Gobierno, serán designados entre funcionarios de carrera de cualquier Administración, pertenecientes a Cuerpos, grupos o Escalas para cuyo ingreso se exija titulación superior” (el subrayado es nuestro). La corrupción en la práctica fue evidente y el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias se lanzó a nombrar a personas que no tenían la condición de funcionarios sin tan siquiera ofrecer justificación alguna. Quien tenga curiosidad, puede echar un vistazo al Decreto 179/2008 de 28 de noviembre (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 278 de 29 de noviembre de 2008, página 26548) donde se nombra Director General de Mayores a una persona que ni tenía la condición de empleado público, ni posee titulación superior ni se le conoce otra relación con la materia que estar afiliado y ser jerarca local de una formación política teóricamente cercana a los colectivos sociales más necesitados. Por cierto, y como anécdota curiosa: el ungido con dicho cargo anunció en enero del año 2015 que dejaba la política activa para “iniciar otro proyecto personal”….en el que no debió tener mucho éxito porque a los seis meses regresaba a la política y aspiraba a dirigir la sección autonómica de la entidad política en la que se integraba.

Frente a esta anómala situación los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo trataron de poner orden en esa especie de patio de Monipodio en que se había convertido el nombramiento de altos cargos administrativos. Así, la Sentencia de 28 de marzo de 2011 de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada en recurso número 3035/2009 (ES:TS:2011:2180) enmienda la plana a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y declara nulo el nombramiento de un Director General. Frente a las dos cartas marcadas con las que juega siempre la Administración (discrecionalidad administrativa y potestad autoorganizatoria), la Sala fue tajante al invocar ya entonces el control judicial de la primera y la decidida apuesta que la normativa legal ha emprendido por la profesionalización. Y lo hace en el siguiente párrafo del fundamento jurídico quinto:

En este punto, han de tenerse en cuenta dos datos esenciales. El primero es el que refleja la línea seguida por nuestro Derecho Público bajo el imperio de la Constitución de 1978 dirigida a someter cada vez más intensamente a Derecho la actuación administrativa y a limitar y controlar con la mayor profundidad posible la que se sirve de potestades discrecionales. El segundo, ya en el plano de la organización, es el que muestra la evolución decidida hacia su profesionalización, entendiéndose por tal, entre otros extremos, el desempeño de los centros directivos y cargos similares por funcionarios de carrera

 

No fue la única vez que el Tribunal Supremo hubo de enmendar la plana al Gobierno del Principado de Asturias por su curiosísima política de nombramientos en los que se evadía claramente la normativa legal. Pese al pronunciamiento del Tribunal Supremo, el Gobierno del Principado de Asturias procedió en 2012 al nombramiento de varios Directores Generales sin reunir los requisitos fijados. En esta ocasión, la Sentencia 621/2012 de 28 de octubre de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso número 1188/2013 (ES:TSJAS:2013:3340), estima parcialmente el recurso y anula el nombramiento de nada menos que doce Directores Generales. Pero, como siempre, la maquinaria de la Justicia más que con la agilidad de una gacela se mueve con los nada gráciles movimientos de un paquidermo, razón por la cual con ánimo exclusivamente dilatorio los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias interpusieron recurso de casación frente a la misma. La Sentencia de 15 de junio de 2015 de la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada en recurso número 3891/2013 (ES:TS:2015:3405) declara no haber lugar al recurso de casación, confirmando, pues, la sentencia anulatoria. Y he aquí la prueba de la grandeza y miseria de la Administración de Justicia en general y de la jurisdicción contencioso-administrativa en particular. Si uno es optimista y observa el vaso medio lleno, se limitará a manifestar la tan manida coletilla de que “el Estado de Derecho funciona” y que “nadie está por encima de la ley.” Pero si uno es pesimista y opta por ver el vaso medio vacío contemplará con tristeza que las dos sentencias no valen ni la tinta que se consumió en imprimirlas, pues cuando el Tribunal Supremo hace pública la sentencia ya se habían celebrado nuevos comicios autonómicos y los Directores Generales cuyo nombramiento se anuló ya habían cesado. Lo que implica que a efectos prácticos las dos resoluciones no se traducen en nada, pues ni a los indebidamente nombrados se les detraerán los haberes públicos recibidos por desempeñar un cargo que jamás deberían haber desempeñado, ni los actos dictados por los mismos van a ser afectados por la sentencia anulatoria, ni la autoridad que los nombró habrá de responder por ello.

Quiere ello decir que toda la pérdida de tiempo, de impugnaciones, de sentencias y de recursos, se hubiera evitado simple y llanamente si al frente de los ejecutivos estatal, autonómicos y locales hubiese personas tan intelectualmente honestas como John Jay, y prescindiesen del celo partidista simplemente ofreciendo la misma contestación que éste dio a quien le recomendaba a un simpatizante: “Esa no es la cuestión, señor. Está capacitado para el puesto?”

DEAN MARTIN: EL “KING OF COOL” EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO.

Cuando el grueso de las fuerzas políticas han canalizado sus esfuerzos a recordar bien el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas, bien el centenario de la revolución soviética, quisiera incorporarme a esa ola de conmemoraciones, pero no para evocar en esta ocasión el aniversario de un acontecimiento político, sino para evocar el recuerdo de un personaje que este mes de junio, habría cumplido los cien años.

Y es que el siete de junio del año mil novecientos diecisiete, en una ciudad perteneciente al estado de Ohio, venía al mundo Dino Paul Crocetti, que sería universalmente conocido como Dean Martin, uno de los integrantes del “Rat Pack” junto con sus grandes amigos Frank Sinatra, Sammy Davis jr. y Peter Lawford. Sin duda alguna, fue el King of Cool y su inimitable y característica voz de crooner ha proporcionado horas y horas de entretenimiento a un público de lo más variado durante casi cuatro décadas.

Aunque sus inicios en el mundo del espectáculo fueron como cantante en clubes nocturnos, dio el salto a la primera plana como pareja artística con el actor cómico Jerry Lewis, con quien durante una década protagonizó una serie de películas donde invariablemente el elemento cómico predominaba, mediante el contraste entre el pícaro y elegante seductor que era Martin y el desastroso y cómico patán que era Lewis. Era cuestión de tiempo que “Dino” (como se le conocía entre sus amistades) fuese cansándose de interpretar siempre el mismo rol y finalmente, en el año 1956 el dúo acordase su separación, más o menos amistosa. Se llegó a decir que incluso la ruptura se produjo tras una agresión física de Martin a Lewis, y que este se habría tomado la revancha en el film The nutty profesor (El profesor chiflado), donde el personaje de Buddy Love (el galán caradura pero seductor en el que se transforma el genial pero físicamente poco agraciado y torpe profesor Kelp) era, en realidad, un ataque a Martin; incluso llegó a filtrarse el comentario de la mujer del cómico al ver el guión: “qué cruel eres con el pobre Dean.” De justicia es decir que Lewis negó siempre la mayor. Aun reconociendo que, en efecto, ambos estuvieron distanciados, se reconciliaron públicamente en 1976 en el programa que anualmente celebraba Jerry Lewis para recaudar fondos destinados a la Asociación de Distrofia Muscular. Sinatra, tras la lectura de una carta de sus nietos, le dijo a Lewis que “a friend of mine loves what you do every year”, y dio paso a Martin, quien se fundió en un sentido y fraternal abrazo con quien había sido su partenaire durante los diez años iniciales de su carrera. El pasado año 2016, en una entrevista efectuada a Jerry Lewis, al ser preguntado expresamente por Martin y, específicamente, si “aún considera que fue su mejor amigo”, la respuesta de Lewis fue automática y sentida: “Oh, God yes. Oh yes. He was the nicest, warmest, most genuine, honorable, integral man I´ve ever known in my life.” A continuación, el emotivo momento en que Martin y Lewis se reencuentran en 1976 de la mano de Frank Sinatra:

 

 

 

Dean Martin, emprendió una carrera en solitario, tanto en el séptimo arte como en los escenarios y en la televisión. Compartió protagonismo con leyendas como John Wayne (Rio Bravo, The sons of Catie Elder), Robert Mitchum (Five card stud) e incluso con sus colegas del Rat Pack (Ocean´s eleven, Sergeants three, Four for Texas, Robin and the seven hoods). En el séptimo arte tuvo incluso el sentido del humor suficiente para reírse de sí mismo, como lo demuestra el hecho de que aceptase tener un papel secundario en Kiss me stupid, donde interpretaba a un cantante seductor y mujeriego llamado…..Dino Latino.

Tuvo igualmente su propio show televisivo, donde aportó su inequívoco encanto y sentido del humor al lado de personalidades como John Wayne, Orson Welles o James Stewart. Particularmente hilarante fue el momento en el que Wayne se “mofó” cómicamente de los talentos vocales de Martin diciéndole que “cantar es muy fácil”, puesto que sólo hay que “practicar un poco.” Tras confesarle que “yo practico bastante”, Martin desafía a Wayne a que cante en público con él y, tras hacerse de rogar, éste accede a interpretar Everybody loves somebody…..con la voz de Frank Sinatra. La cara de sorpresa de Martin, vale por todo un poema. He aquí el momento:

 

 

Pero sin duda alguna, Dean Martin destacó por su prodigiosa voz de crooner. En este sentido, aun a riesgo de ser ciertamente heterodoxo, considero que fue Martin quien debiera ser conocido como “la voz”, y no su amigo Sinatra. Es realmente difícil concebir que una persona que se caracterizaba por un consumo excesivo de tabaco y alcohol podía tener una voz tan prodigiosa que le permitía interpretar tanto música country (Green, Green Grass of Home), baladas románticas (Return to me), melodías italianas (Torna a Surriento, Santa Lucia), villancicos (Jingle bells, White christmas) y temas de lo más variado, como Raindrops keep falling on my head o los clásicos I walk the line y King of the Road. Han sido muchas y muy variadas las interpretaciones de este gran cantante que ha marcado una época. No quisiera finalizar este post sin ofrecer dos de las que a mí me parecen más significativas. La primera, es el My rifle, my pony and me, un fragmento de la película Rio Bravo, y donde Martin alivia la tensión del momento (el sheriff y sus ayudantes asediados en la oficina del Marshall custodiando a un acusado de asesinato) interpretando una balada country (lo que hace, por cierto –y no sería la primera vez- dando caladas a un cigarrillo) y ofreciendoo la alternativa a un entonces jovencísimo Ricky Nelson. La segunda, su divertidísima e irreverente interpretación del King of the road…..que finaliza convirtiendo en Queen of the Road. Único, grande, inolvidable y siempre, siempre, con clase…..Dean Martin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÉROES Y COMPORTAMIENTOS HEROICOS

Corría el mes de abril del año 1788 cuando en la ciudad de Nueva York una muchedumbre enfurecida se dirigía a la cárcel para linchar a varios reclusos. Los encarcelados eran varios galenos que habían incurrido en un comportamiento que, aun siendo cotidiano a ojos del espectador del siglo XXI, a finales del “siglo de las luces” continuaba siendo considerado no sólo ilícito, sino impío: practicar la disección con cadáveres, que obtenían saqueando tumbas. Las autoridades, más por proteger a los doctores que por estar convencidos de que el comportamiento fuese realmente digno de prisión, optaron por recluir a los físicos en los calabozos de la ciudad. No obstante, la multitud, amparada por la impunidad que otorga al individuo el hecho de diluir su personalidad en la amorfa masa colectiva, considerando que las autoridades estaban siendo bastante complacientes optó por tomarse la justicia por su mano y acudir a la cárcel para “hacer justicia”. Es decir, “su” justicia.

Varias autoridades trataron de oponerse a la muchedumbre, y una de las personas encargadas de mantener el orden se dirigió a casa del entonces Secretario de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, John Jay, quien se encontraba aún convaleciente de una grave enfermedad. Cuando Jay fue informado de la situación, no dudó de lo que había de hacer, y tomando una espada acudió en auxilio de las autoridades para evitar el linchamiento. Cuando, junto con Alexander Hamilton, intentaba repeler a la multitud recibió una pedrada en la cabeza que hizo le hizo perder el conocimiento. Jay tuvo que ser auxiliado por otras personas y llevado a su casa con una gran brecha en la frente que incluso hizo temer por su vida. Afortunadamente, todo quedó en un susto y pudo reponerse. La esposa de Jay narraría en una epístola que dirigió a una de sus amigas los momentos de angustia que pasó cuando vio cómo varias personas introducían en casa el cuerpo ensangrentado de su marido. El que pasaría a la historia como el “doctor´s mob riot” fue sofocado cuando el gobernador de Nueva York, George Clinton, convocó a la milicia estatal para oponerse a los insurrectos. Un año después de este acontecimiento, Jay era nombrado Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Jay era una persona que rechazaba todo tipo de violencia (debido fundamentalmente a sus profundas creencias religiosas), que por principio repelía a sus sentimientos, aun cuando considerase que en ocasiones existía la obligación de oponerse a los comportamientos injustos. Pero su actuación demuestra que no dudó en luchar por defender a quienes creía víctimas de una situación injusta. Nadie le obligaba a oponerse físicamente a una muchedumbre enfurecida, y mucho menos cuando aún se encontraba convaleciente de una enfermedad grave, pero su íntimo sentido de la Justicia con mayúsculas le hizo oponerse, arma en mano, a lo que ha sido considerado por algunos como la mayor bajeza moral en que puede caer un ser humano.

El trágico fallecimiento del español Ignacio Echeverría, que armado únicamente con su monopatín no dudó en defender a varias personas que estaban siendo atacadas por terroristas, me hizo evocar el comportamiento de Jay, enfermo y que, espada en mano, hizo frente a una multitud para evitar el derramamiento de sangre inocente. Lamentablemente, Echeverría no tuvo la suerte que en su día tuvo Jay, dado que no sobrevivió al ataque. Pero sin duda alguna lo que demuestra es una afirmación vertida por el protagonista de un capítulo de la serie Bonanza: los héroes están donde uno menos se lo espera y en muchas ocasiones los comportamientos heroicos provienen de quienes uno menos se lo espera. Nadie pensó en su día que Jay fuese capaz de gestos heroicos, ni por su carácter ni por sus convicciones (muy vinculadas al cristianismo protestante); pero ante una injusticia, cuando varias personas iban a ser injustamente linchadas, no dudó en olvidarse de su propio estado de salud y de su integridad corporal para enfrentarse valientemente a un grupo de enojados ciudadanos que iban a atentar contra las vidas de personas indefensas.

SOBRE LA SENTENCIA ANULATORIA DE LA “DECLARACIÓN TRIBUTARIA ESPECIAL” (ALIAS “AMNISTÍA FISCAL”)

Ayer día ocho de junio de dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Constitucional hacía pública la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 3856-2012, en virtud del cual se impugnaba la Disposición adicional primera del Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo. La Disposición Adicional objeto de impugnación, pudorosamente denominada en la fría prosa jurídica como “declaración tributaria especial”, fue de inmediato popularmente conocida como “amnistía fiscal”. La misma no se incluía en una ley formal, sino en una disposición con fuerza de ley, pero emanada del ejecutivo, aunque ulteriormente fuese convalidada por un Congreso en el que el partido que sostenía al gabinete tenía por entonces mayoría absoluta. Veamos el asunto más detenidamente.

I.- ANTECEDENTES DEL CASO

Conviene tener en cuenta dos circunstancias muy relevantes para la resolución del asunto:

1.- El Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo llevaba por rúbrica la siguiente: “Por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.” La denominación no era caprichosa, pues fue precisamente la necesidad de reducir el déficit público la causa que justificaba la “extraordinaria y urgente necesidad” esgrimida por el ejecutivo para utilizar esta figura normativa. Así, en el último párrafo del primer punto de la Exposición de Motivos se indicaba que “La consecución de estos objetivos, ciertamente exigentes, hace imprescindible la incorporación de estas medidas al ordenamiento sin más dilación razón por la cual concurren los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad que el artículo 86 de la Constitución Española exige.” Primer dato, pues: el Gobierno utiliza como “excusa” de la “urgente necesidad” la prioritaria reducción del déficit público.

2.- Si la justificación o motivo genérico que amparaba el Real Decreto Ley era la imperativa reducción del déficit (excusa ésta que igual vale para un roto que para un descosido), se utilizó también para avalar la introducción de la denominada “amnistía fiscal”. Así, el punto primero de la Exposición de Motivos anunciaba que “también con el fin de reducir el déficit público se establece una declaración tributaria especial para determinadas rentas”, ampliando la justificación el apartado séptimo en los siguientes términos: “se considera importante favorecer que los obligados tributarios puedan ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias regularizando también situaciones pasadas, siguiendo en esta línea la norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por estas regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación o, en su caso, antes de la interposición de la denuncia o querella.”

3.- 105 diputados del Grupo Parlamentario Socialista interponen el día 25 de junio de 2012 recurso de inconstitucionalidad frente a la Disposición Adicional Primera del Real Decreto Ley 12/2012.

II.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ASPECTOS RELEVANTES DE LA MISMA

Existen en este punto varias cuestiones de interés.

1.- Aspecto temporal. El Tribunal Constitucional dicta la sentencia del caso el día 8 de junio de 2017. Es decir, justo a dos semanas de cumplirse el lustro desde que el asunto entró en el registro de dicho órgano.

Pues bien, que un asunto duerma cinco años el sueño de los justos es una auténtica vergüenza desde el punto de vista no sólo jurídico, sino desde el más amplio de la justicia material. Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional, según sus propias resoluciones, carece de competencia para declarar la suspensión de la normativa impugnada (salvo la invocación expresa por el Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución, y en los términos establecidos en dicho precepto), puede tener aspectos perniciosos en todos los ámbitos. En efecto, dado que no se suspende la vigencia de la norma cuestionada, ésta continuará aplicándose, lo que puede dar lugar, teniendo en cuenta los peculiarísimos ritmos del “legislador negativo”, que en el momento de dictarse la resolución definitiva, ésta se limite a una mera declaración de intenciones al haberse producido ya situaciones que no admiten revisión, como, por cierto, ha ocurrido en el presente caso.

Contrástese nuestro sistema con el sito en la otra orilla del Atlántico. Al aprobarse la Patient and Affordable Care Act, (el popularmente conocido como “Obamacare”), fueron precisos únicamente dos años para que el Tribunal Supremo dictara sentencia sobre el asunto (National Federation of Independent Business v. Sebelius), y durante ese plazo la impugnación recorrió tres fases o instancias procesales (juzgado federal, Tribunal de Apelación, Tribunal Supremo) y el juzgado federal había adoptado una medida cautelar de suspensión.

2.- Aspecto formal. El Tribunal Constitucional demuestra que sus magistrados (o los letrados al servicio del mismo, si son ellos quienes redactan los borradores de las sentencias) no saben efectuar una síntesis de los antecedentes fácticos. De ahí que, aun cuando en este caso la sentencia es relativamente breve (veintidós folios) casi la mitad la ocupan los antecedentes de hecho, apartado en el que el máximo intérprete de la Constitución perpetúa su nefasta costumbre de introducir una relación excesivamente detallista y farragosa que, además, reitera parcialmente en el primer fundamento jurídico. La resolución bien pudiera haber ocupado doce o trece folios simple, lisa y llanamente con un mínimo esfuerzo sintetizador en los hechos.

3.- Fondo del asunto.  En realidad, el asunto se circunscribe, como el propio Tribunal señala en el fundamento jurídico primero in fine, a “velar por el recto ejercicio de la potestad de dictar decretos-leyes dentro del marco constitucional.” En definitiva, se trata de dilucidar si el Real Decreto Ley es el instrumento adecuado para abordar dicha normativa o si, por el contrario, se ha efectuado un uso abusivo del mismo. Y, más concretamente, el espacio que el ordenamiento constitucional acota al Real Decreto Ley en materia tributaria.

A.- Doctrina General: Posibilidad de utilizar el Decreto Ley en el ámbito tributario. En este punto, la Sentencia recuerda la doctrina general: la reserva de ley en materia tributaria con templada en el artículo 31.3 no excluye la utilización del Decreto Ley en la materia, “que podrá penetrar en la misma siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no afecte en el sentido constitucional del término a las materias excluidas.” En otras palabras: reserva de ley no es sinónimo de reserva de ley formal, es decir, que únicamente la ley en sentido formal pueda penetrar en la materia. Cabe legítimamente utilizar el Decreto Ley siempre y cuando no se aborden materias excluidas de su ámbito y, sobre todo y por encima de todo, que se de el presupuesto habilitante, la “extraordinaria y urgente necesidad.”

B.- El Tribunal aborda a continuación si se ha vulnerado el principio de “igualdad en el sostenimiento de los gastos públicos” analizando tres cuestiones: tributo en el que ha incidido el Decreto Ley, elementos del tributo modificados por la norma y, por último, alcance de la regulación.

El Tribunal Constitucional pone el dedo en la llaga en varios aspectos de la sentencia que constituyen un durísimo alegato contra el precepto impugnado y, por extensión, contra el promotor del mismo. En cuanto a los destinatarios del precepto, se indica:

la medida controvertida va destinada a quienes han dejado de cumplir con la obligación de tributar por los impuestos personales y directos que gravan la renta de las personas físicas o jurídicas, residentes o no en territorio español. A estos se les ofrece la posibilidad de regularizar voluntariamente cualesquiera rentas que eventualmente hubieran podido dejar de declarar en alguno de esos impuestos. Además, acudiendo a los datos oficiales sobre los ingresos tributarios del año 2010 (Informe anual de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria), resulta que del total de ingresos tributarios (159.536 millones de euros) el IRPF representó el 41,98 por 100, el IS el 10,15 por 100, y el IRNR el 1,61 por 100.

En otras palabras, que tres figuras tributarias cuyo volumen de ingresos representa más del cincuenta por ciento de la recaudación, se ven modificadas para favorecer a quienes no han cumplido en tiempo y forma sus obligaciones tributarias, beneficiándoles con exclusión de intereses y sanciones. Esto, de por sí, ya es un atentado a la lógica y una gravísima discriminación, pues lo que realmente se hace es, a contrario sensu, penalizar a quien realmente ha cumplido con sus obligaciones fiscales. En este sentido, el Tribunal Constitucional entiende que con la reforma se altera el modo de reparto de la carga tributaria.  Aun cuando entiende que la modificación del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aisladamente considerado, por su escasa entidad no conllevaría tales efectos, “la alteración conjunta entre los tres impuestos del gravamen que soporta la generalidad de las personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes, podría afectar al modo de reparto de dicha carga.”

En cuanto al “regalo” que se hace a los infractores, consiste en crear un tipo específico del diez por ciento, cuyo “pago, a modo de cuota de aquéllos tributos, sustituye y extingue las obligaciones tributarias pendientes por estos impuestos, en todos sus eventuales componentes, al excluir la exigencia de intereses de demora por el retraso en el cumplimiento de la obligación tributaria, de los recargos por la presentación extemporánea de declaraciones con ingreso y, en fin, de las sanciones administrativas o penales, que eventualmente pudieran proceder.” En otras palabras, que el Ministerio de Hacienda, “limpia, fija” aunque ciertamente no da ningún esplendor a las cantidades no declaradas en su momento (a las que convierte en “renta declarada a todos los efectos”) , y al obligado tributario lo declara limpio de polvo y paja. Paja que no es, precisamente, liviana, puesto que no sólo implica la renuncia del Estado a exigir intereses y recargos, sino incluso a la propia exigencia de responsabilidad administrativa y, lo que es más grave, penal.

En consecuencia, “con esta medida normativa se ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE, al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el art. 86.1 CE”

Pero la sentencia va aún más allá. El segundo párrafo del fundamento jurídico quinto letra b) contiene un durísima patada al autor de la medida, aunque quien la sufre en sus posaderas sea directamente el miembro de los Servicios Jurídicos del Estado que se encargó de defender la legalidad de la medida. El Tribunal no puede ser más tajante:

En suma, la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario en general y las concretas medidas que lo integran en particular.

Hablando en sobria prosa castellana: el Estado ha penalizado al ciudadano que adecuó su comportamiento a la legalidad y premiado a quien la conculcó.

III.- OTRAS CONSIDERACIONES.

Ya desde el punto de vista ajeno al Derecho, cabe hacerse legítimamente varias preguntas:

1.- Si el autor de la norma conocía la identidad de las personas que se acogerían a la misma. Parece evidente que ni la persona más benévola e ingenua puede sostener con un mínimo de racionalidad que el autor del texto legal anulado no sabía perfectamente la identidad de quienes iban a acogerse a la misma. Sin duda alguna se opondrá que la medida era genérica y que cualquiera que quedase incluido en su ámbito podía acogerse a los beneficios de la misma. Si, ciertamente. Pero también la ordenanza municipal aprobada a mediados del siglo XIX por la ciudad de San Francisco y según la cual a todos los reclusos que entrasen en calabozos o prisiones se les cortaría el pelo “en toda longitud que exceda de un centímetro” tenía por destinatarios a la generalidad de los ciudadanos, y nadie en su sano juicio cuestionó que la misma estaba dirigida explícitamente contra los inmigrantes chinos, que por entonces eran los únicos que llevaban coleta.

2.- Las consecuencias políticas que la declaración de inconstitucionalidad debiera conllevar. Aunque es cierto que estamos ante un Real Decreto Ley convalidado por el Congreso y que, por tanto, la responsabilidad política recaería no sólo en sus redactores, sino en quienes aprobaron el texto legal (Gobierno) y lo convalidaron (diputados que votaron favorablemente al mismo), sin duda alguna la cabeza del Ministro de Hacienda debería rodar (en sentido metafórico, se entiende) de forma inmediata, ya fuese mediante harakiri o decapitación ordenada. No es el autor de estas líneas tan ingenuo como para esperar del actual jefe del ejecutivo y del titular de la cartera un ejercicio de dignidad.

No obstante, sí quiero recordar un episodio histórico no tan alejado en el tiempo. Cuando la Sentencia 341/1993 de 18 de noviembre del Pleno del Tribunal Constitucional declaró nulo el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana (precepto que se conoció popularmente como la “patada en la puerta” y que por ello dio lugar a una divertidísima e ingeniosa viñeta de Ricardo y Nacho titulada “el Corcusutra”), el promotor del texto legal, José Luís Corcuera, Ministro del Interior, anunció de forma inmediata su dimisión por ello. Ciertamente, no se había anulado toda la ley, sino un apartado de uno de los treinta y nueve artículos del texto, pero la relevancia que el mismo había adquirido y la oposición suscitada al mismo hizo que asumiese (de mayor o menor gana, eso ya es otra cuestión) su responsabilidad política.

Para finalizar con una nota de humor esta quizá excesivamente larga entrada, quiero recordar un epigrama que el genial y nunca igualado Luis Sánchez Pollack Tip dedicó a José Luís Corcuera (electricista de profesión) cuando accedió a la cartera de Interior:

Y yo que soy optimista / A Corcuera pregunté: / “¿Ha encontrado alguna pista?” / Me contestó: “Yó qué sé! / ¿Es que no se ha “enterao” usted / que yo soy electricista”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUMP v IRAP ET AL.: LA RESTRICCIÓN DE ENTRADA DE NACIONALES EXTRANJEROS LLEGA AL TRIBUNAL SUPREMO.

Como era de esperar, la Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado día 6 de marzo de 2017 acaba de iniciar su andadura en el Tribunal Supremo. Es de suponer que en breve se dictará resolución en este caso, denominado Donald Trump et al. v. Internacional Refugee Asistance Project et al.

La denominada jurídicamente Executive Order 13.780, Protecting the Nation from foreign terrorist entry into the United States, a pesar de su corta existencia ya tiene un intenso periplo judicial que sin duda asombraría a cualquier jurista español. La misma ya es una respuesta a una norma anterior, la Executive Order 13769 firmada el día 27 de enero de 2017 (es decir, justo una semana después que el nuevo Presidente hubiera tomado posesión del cargo), y que ya había sido muy contestada política, social y jurídicamente. Ante los primeros reveses judiciales, el Presidente optó por emitir una nueva Orden Ejecutiva que sustituyese la anterior. Pero ello no evitó que se produjesen nuevos litigios, nuevas peticiones de suspensión y, por tanto, nuevas dilaciones en cuanto a su cumplimiento. Y es que el Maryland, un juez federal acordó la suspensión cautelar de la orden, decisión que el pasado día 25 de mayo de 2017 fue confirmada por resolución del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito (decisión que fue corregida en algunos extremos el día 31 de mayo). Pues bien, el día 5 de junio de 2017 ya ha entrado en el Tribunal Supremo la solicitud de certiorari planteada por el acting solicitor general, y no hace falta tener dotes de augur ni ser un lince para aventurar que el órgano jurisdiccional aceptará conocer el asunto para zanjar jurídicamente el asunto, si bien conviene recordar que no estamos abordando aún el fondo del asunto, sino una mera suspensión cautelar. La solicitud de certiorari plantea tres interrogantes: si es “justiciable” la impugnación jurídica instada por los demandantes (en otras palabras, si no nos encontramos en realidad ante un acto exento de control judicial); determinar si la sección segunda de la orden vulnera la establishment clause (es decir, la primera enmienda, que viene a ser el equivalente a nuestro artículo 16.3 de la Constitución); y si la medida cautelar solicitada con carácter general es nula debido a su amplitud.

Conviene, hacer varias precisiones al respecto de este asunto:

1.- En primer lugar, conviene incidir que, en contra de lo que suele indicarse en los medios de comunicación, los órganos jurisdiccionales en modo alguno han cuestionado todavía la legalidad de la Orden por no haberse pronunciado sobre el fondo del asunto. Los distintos pronunciamientos judiciales existentes hasta este momento lo que suponen no es otra cosa que una temporary injunction, es decir, una medida cautelar de suspensión de la orden ejecutiva. Por lo tanto, el Tribunal Supremo se pronunciará sobre la procedencia o no de mantener esa suspensión cautelar, y no sobre el fondo.

2.- En modo alguno está en cuestión toda la orden ejecutiva, sino tan sólo una porción de la misma, en concreto el apartado c) de la Sección segunda, que es la que hoy por hoy se encuentra cautelarmente en suspenso. Dicho apartado lo que establece es que durante noventa días “desde la entrada en vigor de la presente orden ejecutiva” los nacionales de seis estados (Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen) no podrán acceder al territorio estadounidense. Conviene precisar igualmente dos cuestiones que la prensa española casi siempre olvida mencionar: la primera, que la medida no es definitiva, sino temporal (la propia sección se inicia con la palabra “temporarily” y la restricción se limita a noventa días desde la entrada en vigor de la orden); y en segundo lugar, que la misma no es absoluta, sino que admite excepciones, es decir, que existen nacionales de esos seis países a quienes no afectará la medida (por ejemplo, los que gocen de residencia legal permanente en los Estados Unidos).

3.- Eficacia de la Administración de Justicia. Al jurista español sin duda alguna le llamará la atención no sólo el aspecto material de la controversia jurídica, sino los aspectos puramente cronológicos. El día 6 de marzo de 2017 se dicta la Orden Ejecutiva, y el 5 de junio de ese mismo año (es decir, a un día de cumplirse los tres meses desde la aprobación de la norma cuestionada) el asunto llega al Tribunal Supremo tras superar dos instancias procesales, la del Juzgado federal y la del Tribunal de Apelaciones. Aun tratándose única y exclusivamente de una medida cautelar, dicho asunto en nuestro país tardaría, en el más generoso de los supuestos, no menos de seis meses en llegar al Tribunal Supremo, cuando no un año o año y medio.

4.- El núcleo central o pilar básico en el que se centra la defensa del solicitor general radica en que “el Congreso ha otorgado al Presidente una amplia discrecionalidad para limitar o suspender la entrada de extranjeros” Lógicamente, y al igual que ocurre en nuestro ordenamiento, discrecionalidad no implica arbitrariedad, por lo que el ejercicio de dicho tipo de potestades está igualmente sujeto a control allende los mares, y uno de los principales elementos del control de la discrecionalidad administrativa es el control del fin. Para ello uno ha de basarse en la motivación del acto, y si la discrecionalidad es adecuada o conforme al fin que se esgrime como causa del ejercicio de la potestad. En el presente asunto, según el solicitor general, el propio texto de la orden explicita el motivo y las razones por la que se adopta la medida. El Presidente adopta la misma no a ciegas, sino “basándose en la recomendaciones del Secretario de Seguridad Interior, oídos el Secretario de Estado y el Director Nacional de Inteligencia” y se recuera que “los seis países designados han colaborado con los terroristas y están comprometidos con organizaciones terroristas o bien tienen en activo zonas conflictivas”, razones por las cuales “el Congreso y el ejecutivo los han mencionado.” En otras palabras, que muy hábilmente se trata de inocular en los jueces del Tribunal Supremo dos ideas básicas a tener en cuenta para defender la legalidad del acto y lo ilícito de la suspensión cautelar: el primero, que el Presidente cuenta con sólidos informes de los órganos administrativos encargados de la seguridad nacional y, segundo, que el propio Poder Legislativo ha sido quien acordó citar a los seis países mencionados en la Orden Ejecutiva como estados que colaboran activamente con el terrorismo.

Aguardaremos a ver en qué sentido se pronuncia finalmente el Tribunal Supremo.

PROPOSICION DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA: MÁS DE LO MISMO……

En los últimos días ha tenido lugar en las redes sociales un intenso debate acerca de la Proposición de Ley de Modificación de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 18 de mayo de 2017. Entre las críticas que se han vertido al mismo la más dura radica en que el mismo convierte la prestación del servicio en obligatoria para los abogados.

En esta bitácora, como siempre, intentaremos deslindar los aspectos estrictamente jurídicos de las valoraciones que a nivel político o de estricta oportunidad merece el proyecto.

I.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1.- Sobre el Preámbulo.

La Proposición se inicia con un breve preámbulo según el cual se trata de “garantizar la plena efectividad” del derecho a la asistencia jurídica gratuita, según el cual, “los profesionales vienen obligados a prestar asistencia en los términos previstos en la citada Ley 1/1996 de 10 de enero con un importante compromiso vocacional en favor de una Justicia gratuita, de calidad y que permita el desarrollo pleno de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.” (el subrayado es nuestro). El objetivo último de la ley no es otro que “afianzar el carácter de servicio público de esta actividad prestacional, reforzándola y garantizando que esté debidamente subvencionada por los poderes públicos y reconociendo el abono de las indemnizaciones a favor de los profesionales obligados a su prestación.”

Quiere ello decir que, de innovación, poca. Porque, en primer lugar, el carácter de servicio público nadie lo negaba, que estuviese subvencionada mucho menos (otra cosa es el importe de dicha subvención) y reconocer el abono de las indemnizaciones a favor de los profesionales, menos aún, como lo demuestra que durante todos estos años los letrados que prestaban dicho servicio venían percibiendo (con mayor o menor celeridad, eso es igualmente otro debate) las cantidades establecidas. Con lo cual, a efectos prácticos, las pretendidas “novedades” de la proposición son más bien escasas.

2.- Sobre la reforma del artículo 1 en relación con el artículo 23.

En el artículo 1 se intercala un nuevo párrafo entre los dos actuales, con el siguiente tenor literal: “El servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en esta Ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen.” En este punto, el artículo 23 se modifica igualmente en el sentido de sustituir la expresión “profesionales inscritos en los servicios de justicia gratuita” por “profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita.”

La pregunta, pues, es bien clara y salta a la vista. ¿Se deriva de la modificación legal que el servicio de justicia gratuita es obligatorio para todos los abogados, es decir, que se pierde la voluntariedad en la inscripción al mismo?

Si la interpretación que efectúa este humilde profesional es acertada, la respuesta es negativa, y en el fondo los servicios permanecerán tal y como en la actualidad, es decir, prestados mediante los letrados que voluntariamente decidan incorporarse al mismo. Y ello por dos razones:

A.- Lo que es obligatorio es la existencia misma del servicio. En otras palabras, que el servicio no puede ser suprimido o su prestación ser interrumpida.

B.- No se pierde la voluntariedad en su prestación para el abogado. En otras palabras, que ningún letrado va a ser impelido a prestar el mismo contra su voluntad. El hecho de que la ley hable de los “profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita” es significativa, pues de estar obligados a prestarlo todos los integrantes de un colegio profesional la existencia misma del artículo 23 devendría automáticamente en innecesaria.

C.- A mayor abundamiento, la organización del servicio incluso pudiera entenderse, tal y como está redactado el proyecto, que es potestativa para los Colegios profesionales, en cuanto en el artículo primero se indica que “los colegios profesionales podrán organizar el servicio” (es decir, no utiliza el término imperativo “organizarán”, sino el facultativo “podrán organizar”, lo cual es significativo).

II.- OTRAS CONSIDERACIONES.

Situados ya extramuros del mundo jurídico, y ya dentro del terreno de la mera oportunidad, conveniencia y política jurídica deberían tenerse en cuenta varias precisiones:

1.- Cinismo del legislador con el uso de la expresión “compromiso vocacional en favor de la justicia.” En efecto, cabría legítimamente preguntarse si los Padres de la Patria tendrían a bien prestarse a representar a los ciudadanos mediante una retribución simbólica (salario mínimo y sin dietas por desplazamiento, manutención e instancia) amparándose en el “compromiso vocacional en favor de la representación política.” No estamos más que ante otra expresión utilizada para encubrir una situación que se asemeja cada vez más a la de la población esclava que se benefició de la Emancipacion Proclamation Act en 1863, y a quienes los antiguos dueños pretendieron aherrojar con los denominados black codes. Un esclavo emancipado era un hombre libre, y como tal no podía ser, evidentemente, obligado a trabajar, pero los estados sureños se las arreglaron para aprobar una legislación que tipificaba como delito que un ciudadano de color careciese de ocupación laboral, a la vez que estipulaba para el unas retribuciones que llegaban apenas a la décima parte de lo que percibía por la misma actividad un ciudadano blanco.

Hubo incluso algún integrante del Ministerio Público que en algún pleito llegó a poner en su escrito para justificar este servicio argumentos tan arcaicos como hecho de que la Abogacía históricamente consideró un “timbre de honor” (sic) la prestación de la asistencia a gente sin recursos. Me abstendré de todo comentario sarcástico, aunque basta para desvirtuar ese argumento simple y llanamente una interpretación del término “honor” de acuerdo con la realidad social: cuando la abogacía consideraba un “honor” la defensa de los menesterosos, aún existían los “lances de honor”, y las disputas que afectaban al buen nombre no se solventaban en los Tribunales y con el Ministerio Público presente en la Sala, sino en las afueras de la urbe, con dos padrinos en lugar de fiscales y un par de pistolas de duelo o floretes en lugar de magistrados.

2.- Inadecuación del sistema. Aunque el redactor de este blog reconoce que en este punto se encuentra en minoría, considero que el sistema actual hace aguas por todos los sitios. Si la Asistencia Jurídica Gratuita es, en efecto, un servicio público, el mismo debiera o ser prestado directamente por la Administración y con su propio personal o mediante gestión indirecta. ¿Por qué no se hace así? Porque si la Administración opta por la gestión directa, o bien deberían prestar el mismo los miembros de los Servicios Jurídicos del Estado o de los Servicios Jurídicos Autonómicos (quienes ni de broma iban a tolerar eso y, como son empleados públicos –es decir, profesionales que prestan el servicio por cuenta ajena-, podrían acogerse constitucionalmente al derecho de huelga) o bien deberían contratar más personal en cantidad suficiente, lo cual saldría económicamente mucho más oneroso. De optar por la gestión indirecta, lo lógico sería licitar el servicio, pero aquí se encontraría con el mismo problema: que debería hacerse un estudio realista (cohonestando volumen previsto de asuntos, personal necesario para poder asumir la tarea de forma eficaz y coste real que ello conlleva) para evitar que el mismo se declarara desierto, o para evitar el riesgo de quejas indiscriminadas cuando el contratista que fuera finalmente concesionario del servicio fuese objeto de quejas por defectuosa prestación del servicio.

A la Administración le es mucho más barato y cómodo imponer el servicio obligatoriamente a los Colegios Profesionales y no sólo eso, sino lo que es más grave, imponerles las tarifas retributivas. Es decir, es como si usted tiene un familiar con un fuerte dolor de muelas y que no tiene recursos para acudir a un odontólogo, por lo que usted acude directamente a dicho profesional y le espeta: “va a atender a un familiar mío que no tiene recursos, pero además de hacerlo obligatoriamente, en vez de cobrar los ciento cincuenta euros que cobraría a un particular, cobrará sólo veinte euros que yo mismo le pagaré dentro de seis meses.”

3.- Responsabilidad subsidiaria de la Administración. Creo que la Administración debería ser considerada responsable subsidiaria del pago en los casos en que, denegado el derecho de asistencia jurídica gratuita, la persona que se ha visto beneficiada del servicio de asistencia letrada no retribuye al profesional o está en una situación que hace imposible hacer efectiva dicha retribución. En efecto, téngase en cuenta que normalmente el abogado actúa conforme a una “designación provisional” (no digamos ya en las guardias, donde ni eso hay) y que su actuación es imperativa, por lo que si desarrolla ésta y ulteriormente el Colegio Profesional o la Comisión deniegan el servicio, el abogado no tendrá otra opción que dirigirse al defendido. Casos hay en que el mismo o no paga y hay que entablar una acción de reclamación de cantidad, o se encarga de colocarse en una situación que imposibilita el cobro, con lo cual el abogado se encuentra con que ha efectuado un trabajo que tendrá la condición de no retribuido. La Administración contenta (no paga un euro), el defendido, encantado (no le pueden cobrar porque no tienen de donde sacarle nada) y el abogado, entre unos y otros, sin cobrar. En este caso debería responder subsidiariamente la Administración, siquiera por haber sido negligente en su actuar (otorgar provisionalmente un derecho cuando el solicitante del mismo carecía de los requisitos para ello).

Indicar, por último, que gran parte de la situación en que se encuentra la asistencia jurídica gratuita la tienen los Colegios Profesionales, que son los grandes responsables del actual estado de cosas. Inclinados siempre ante la Administración, ante la que se postran genuflexos, se han mostrado siempre muy reticentes y dubitativos en su defensa del profesional, pues bien por temor, bien por inercia o bien por simple corrección política, siempre han motivado sus plañideras lamentaciones en pro del “justiciable”. La complicidad de los entes corporativos ha llegado a tan grotescos que, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Gijón al contestar a un informe de insostenibilidad de la pretensión que se le elevó, aun reconociendo la certeza de la ausencia total de defensa de quien solicitaba el derecho, rechaza la misma con un argumento digno de los mármoles: “el ciudadano tiene derecho a perder un pleito” (sic).

 

¿QUIÉN CONOCE A UN JUEZ DEL SUPREMO?

En cierta ocasión, David Souter, cuando aún era juez en activo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, fue abordado por un matrimonio que se dirigió a él de la siguiente forma: “Usted es Stephen Breyer.” Éste era no sólo uno de sus colegas en el Alto Tribunal, sino uno de sus amigos, y dado que Souter no quería hacer pasar un mal rato a sus dos interlocutores, les siguió la corriente diciendo que, efectivamente, así era. Cuando ya al final, antes de irse, uno de los cónyuges preguntó al juez cual era la mayor satisfacción que le daba el ocupar tal puesto, la divertida respuesta del magistrado fue: “El privilegio de trabajar con David Souter.”

La anécdota, totalmente veraz y que Jeffrey Toobin recoge en su libro The nine, muestra un hecho cierto: que el público estadounidense está familiarizado con los jueces que integran su Tribunal Supremo. Pueden confundir físicamente a unos con otros (el propio Toobin reconoce que tomó en cierta ocasión a Anthony Kennedy por William Rehnquist), pero salvo rarísimas excepciones, el público en general conoce quiénes integran en cada momento el más alto órgano judicial de la federación. Los procedimientos de confirmación senatorial permiten conocer hasta el más mínimo detalle de la vida personal y profesional del juez pues en el expediente abierto al efecto quedarán incorporados su currículum vitae, los informes del F.B.I y de la American Bar Association, así como los artículos publicados, sentencias redactadas, conferencias impartidas, seminarios dirigidos y todo el cursus honorum seguido por la persona nominada. El público sabe, pues, no sólo cómo se llama y qué aspecto físico tiene el juez sino, fundamentalmente y lo que importa, cuál es su pensamiento jurídico.

Contrasta esa situación con la del Tribunal Supremo del Reino de España. Salvo en círculos profesionales vinculados al mundo jurídico, el público en general no es ya que desconozca el pensamiento de los magistrados que integran dicho órgano judicial, sino que ni tan siquiera está familiarizado con el nombre de los jueces. En definitiva, que la composición del Tribunal Supremo en nuestro país viene a ser una especie de misterios de Eleusis, una especie de arcano únicamente accesible para los iniciados, pero que deliberadamente se mantiene alejado del público en general.

¿Quién conoce a un juez del Tribunal Supremo? ¿Quién sabe cómo se llaman, lo que piensan, qué han escrito? ¿Son partidarios del activismo o del retraimiento judicial? ¿Ha de otorgarse deferencia a las “political branches” o debe verse en la judicatura un muro que defienda a la persona frente a los ataques del poder público, ya sea éste legislativo o ejecutivo? En este punto, la respuesta no sólo del público en general, sino de gran parte de las personas vinculadas al mundo jurídico sería: no sabe, no contesta. Cierto es que en el portal de transparencia del Tribunal Supremo uno puede encontrar el nombre de los magistrados que integran cada Sala, e incluso existe una breve semblanza biográfica, pero ello de poco nos sirve. Teniendo en cuenta, además, que el procedimiento de selección de los jueces del Tribunal Supremo español si por algo se ha caracterizado es por el hermetismo, tampoco ayuda mucho.

El ya desaparecido juez Antonin Scalia elaboró, en colaboración con Bryan A. Garner, un breve libro de ayuda para los abogados, libro significativamente titulado: Making your case: the art of persuading judges. Uno de los primeros consejos que daban ambos autores era, precisamente, que el abogado que tenía un caso ante un órgano jurisdiccional tenía que: “conocer al juez”. Me temo que en nuestro país, salvo rarísimas excepciones, sería imposible. En el viejo continente se ha identificado independencia judicial con retraimiento social del juez, de igual forma que se equiparaba el rigor jurídico con la severidad en las formas. Craso error, que desgraciadamente aún hoy estamos pagando, aunque desde hace algún tiempo existen motivos para cierto optimismo, pues se comienzan a vislumbrar esperanzadores cambios.

CUANDO JOHN JAY SE DIVERTÍA EN SU RETIRO CON LA LECTURA DEL QUIJOTE.

El día 6 de abril de 1808, mientras el reino de España se debatía en un conflicto interno que le situaba al borde de la crisis (debido a la abdicación de Carlos IV tras el motín de Aranjuez, la entronización de Fernando VII y la ocupación física del país por las tropas francesas) en la otra orilla del Atlántico tenía lugar una curiosa escena que, paradójicamente, tenía cierta conexión con la península ibérica.

Situémonos, pues, en el entorno físico en cuestión. Nos encontramos en el estado de Nueva York, más concretamente en Bedford, una pequeña aldea que apenas alcanza los dos mil cuatrocientos habitantes. Una gran casa familiar construida con exquisito gusto y cuidado preside una vasta extensión de terreno donde coexisten jardines y sembrados. En el interior de la vivienda, una joven lee en voz alta un libro que provoca las delicias de uno de sus oyentes, un venerable familiar, ya de edad provecta para la época. Poco después, en una carta privada dirigida a su madre, la joven lectora describía así la escena: “I am Reading aloud Don Quixote and no one appears more entertained at his absurdities or the humors of the renowed Sancho Panza than Uncle…” (Leo en voz alta Don Quijote, y nadie como el Tío parece divertirse tanto con las locuras del hidalgo y con las humoradas de Sancho Panza). La chica se llamaba Susan L. Ridley y la persona a la que se refería como “tío” era nada más y nada menos que John Jay, una de las personalidades más relevantes de los Estados Unidos, quien hacía siete años tomó la irrevocable decisión de abandonar la vida pública y retirarse a disfrutar de un honroso y merecido descanso tras un cuarto de siglo dedicado en cuerpo y alma tanto a Nueva York, su estado natal, como a los Estados Unidos.

Este pequeño cuadro o viñeta familiar nos hace recordar, sin duda, el Menosprecio de corte y alabanza de aldea que a finales del siglo XV escribiera Antonio de Guevara. Jay lo había sido todo o casi todo en los Estados Unidos y en su propio estado natal. Abogado de éxito, Delegado en el Primer Congreso Continental, redactor de la primera Constitución del estado de Nueva York, primer chief justice del Tribunal Supremo de Judicatura de Nueva York, Presidente del Segundo Congreso Continental, Embajador en España, miembro de la Comisión Negociadora del Tratado de Paz de París y autor del borrador de Tratado, Secretario de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Primer Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, negociador del tratado de paz entre Gran Bretaña y Estados Unidos (que aún hoy es conocido como Tratado Jay) y segundo Gobernador de Nueva York. Aun cuando había dado el salto a la vida pública muy joven, en 1774 cuando tan sólo tenía veintinueve años, en 1790, siendo chief justice, ya comenzó a pensar en retirarse de la vida pública y disfrutar de una vida pacífica y tranquila en el campo rodeado de su familia. En los frecuentes viajes por el territorio que se veía obligado a realizar para cumplir con sus obligaciones como magistrado de circuito, de vez en cuando se desviaba ligeramente hacia la aldea de Bedford para supervisar la construcción de la vivienda que estaba destinada a ser su refugio una vez abandonase la vida política activa. A finales de 1800, a punto de concluir su segundo mandato como Gobernador de Nueva York, Jay anunció su intención de no optar a la reelección y abandonar definitivamente la vida pública. Pudo haberse vuelto atrás, en tanto en cuanto el 1 de enero de 1801 recibió como inesperado regalo de año nuevo una carta del Presidente en funciones, John Adams, acompañado con su nombramiento como chief justice, puesto al que había renunciado seis años atrás en beneficio de la gobernación de su estado natal. Sin duda alguna, de haber sido un político de español de principios del siglo XXI hubiera aceptado sin duda alguna el cargo pese a todo, salpimentando además la aceptación con plañideras lamentaciones alusivas al “sacrificio de la tranquilidad personal” en pro de su “entrega al país”. No obstante, John Jay, persona de cuya honestidad personal e integridad a toda prueba nadie dudó jamás, hizo honor a su palabra y se acomodó en el lugar que años antes había elegido para disfrutar de su vida privada rodeado de su amplia familia.

No obstante, los primeros años de su retiro fueron bastante amargos. Su mujer, Sarah Livingston (once años más joven que su marido) falleció en mayo de 1802, y poco después lo hacían otros miembros de su familia, algunos de los cuales ya habían sido golpeados por la tragedia (a Peter Jay, el hermano mayor de John, una enfermedad le había privado tempranamente de la vista). Jay, persona muy realista y cuya salud siempre fue bastante delicada, era consciente, y así lo dejó por escrito, que: “Sickness and death are Visitors who cannot be excluded by “Not at Home”” (La muerte y la enfermedad son visitantes a quienes no se puede impedir la entrada diciendo “no estoy en casa”). Su profunda fe religiosa, que le acompañó desde su niñez, le ayudó a sobrellevar tan dolorosas pérdidas familiares, en tanto en cuanto siempre consideró que la existencia terrenal no era más que un preludio para la vida eterna, por lo que ello le permitió mitigar su dolor en la convicción de que sus seres queridos se encontraban en una vida mejor.

Por eso, sin duda alguna, adquiere un emotivo valor la escena descrita por la carta de Susan Ridley, en la que describía cómo quien había sido uno de los padres fundadores, que había optado voluntariamente por el retiro a la vida campestre y que se había visto dolorosamente golpeado por la adversidad al perder a su mujer y a varios de sus familiares en poco tiempo, pasaba un rato divertido solazándose con las aventuras de un hidalgo español del siglo XVII que pretendía resucitar los códigos de la caballería medieval.

EL TRIBUNAL SUPREMO ESTADOUNIDENSE DESGRANADO EN CUARENTA MINUTOS.

El pasado día 11 de abril de 2017 el chief justice John Roberts fue entrevistado por la rectora de una universidad estadounidense, entrevista que fue documentada en video y a la que se puede acceder en internet. Dicho evento, de apenas cuarenta minutos de duración, tiene la virtud de acercarnos a las entrañas del poder judicial estadounidense. John Roberts es un gran profesional que une a sus amplísimos conocimientos jurídicos una gran empatía y una enorme facilidad para llegar al oyente, y sabe de vez en cuando introducir en el momento adecuado las notas de humor precisas para amenizar la aridez de unos temas que, de su mano, adquieren mucha más amenidad.

La entrevista tocó muchos y muy variados temas, y a mi entender hay varias circunstancias que me parecen muy dignas de mención:

1.- Los amplios conocimientos históricos del chief justice. Si la historia es magister vitae (Cicero dixit), es imprescindible ostentar unos conocimientos, aun rudimentarios, de nuestro pasado. Roberts demuestra estar familiarizado con la historia de la institución que preside, y así a lo largo de esos cuarenta minutos cita a John Jay, John Rutledge, Oliver Ellsworth, John Marshall (a quien considera el modelo de juez), Louis D. Brandeis, Hugo Black y el caso Brown v. Board of Education, del que muchos hablan sin conocerlo y que el chief justice desgrana minuciosamente hacia la mitad de la entrevista.

2.- La reivindicación de la independencia judicial y el toque de alerta hacia el partidismo en los procesos de confirmación. John Roberts parte de un hecho indubitado, cual es que el Tribunal Supremo no es una “political branch” como lo son el ejecutivo y el legislativo, sino una “non partisan branch”, de ahí que la polarización que en los últimos años han caracterizado las confirmaciones senatoriales puedan afectar a la imagen del Tribunal Supremo. El chief justice evoca la larga y penosa travesía que hubo de soportar el juez Louis D. Brandeis en el Senado, que demoró su placet nada menos que cuatro meses simplemente por motivos religiosos, dado que Brandeis era judío y en el primer tercio del siglo XX aún existía mucho sentimiento antisemita. De todas formas, en este punto Roberts efectúa dos afirmaciones muy tajantes que explícitamente deseó quedasen bien sentadas. La primera, que desde el fallecimiento de Antonin Scalia hasta el nombramiento de Neil Gorsuch el Tribunal Supremo continuó desarrollando su actividad y resolviendo los asuntos en “a non political way”; la segunda, parafraseando el discurso inaugural de Thomas Jefferson, que el nuevo juez “is not a democrat, is not a republican, it´s a justice of the Supreme Court.”

3.- El volumen de asuntos que se plantean ante el Tribunal Supremo y los que finalmente son resueltos. Anualmente son cerca de ocho mil quinientos los asuntos que se plantean vía certiorari, y tan sólo se resuelven entre setenta y setenta y cinco de los mismos, es decir, menos del uno por ciento. La mayoría de esos asuntos no son, según sus palabras “ni interesantes ni controvertidos”. Tan sólo en los casos de división jurisprudencial entre dos o más Tribunales de Apelación o la impugnación de la constitucionalidad de una norma legal el Tribunal Supremo se planteará conocer un asunto.

4.- La importancia de que el cargo de juez sea vitalicio como garantía de que no se sucumba a la presión popular a la hora de resolver un asunto. Aquí el juez utiliza un caso práctico y su sentido del humor. Roberts habla de un asunto relativo a un grupo de manifestantes que efectuaba la protesta en los funerales de miembros del ejército americano caídos en acto de servicio. El chief justice evocaba que los familiares que únicamente deseaban enterrar a sus seres queridos muertos en combate se encontraban con los grupos que les increpaban en ocasiones de forma muy desagradable. El Tribunal Supremo estableció que aun cuando fuese reprobable y ciertamente de moralidad muy dudosa, los manifestantes tenían derecho a expresar su protesta, amparada por la primera enmienda. John Roberts indicó que pudo hacer eso porque tiene un cargo vitalicio que le permite obrar en conciencia, pues, como indicó ulteriormente haciendo gala de su fabuloso sentido del humor: “si el cargo de juez estuviese sujeto a votación popular y hubiera de enfrentarme a una elección, yo no hubiera votado por mí.”

5.- El papel de las tecnologías en la justicia. Las nuevas tecnologías evidentemente han de suponer un impacto en el modo de administrar justicia. Tradicionalmente los Tribunales de Apelación y el Tribunal Supremo se configuraban como órganos de apelación (es decir, como revisores de criterios jurídicos, no fácticos) sobre la base de que es el juez de instancia quien mejor es capaz de apreciar las consideraciones fácticas debido al principio de inmediación, sobre todo en el interrogatorio de los testigos. Pero lógicamente desde el momento en que las vistas se documentan en formato video esa excusa pierde gran parte del sentido. También se mostró contrario a la instalación de cámaras de televisión en el Tribunal Supremo. Y ofrece un argumento que no deja de tener cierto sentido, aunque sólo “cierto”. Justifica su negativa en la circunstancia que las vistas se caracterizan por la celeridad, y que las preguntas de los jueces son en ocasiones muy directas, hipotéticas y en función de los argumentos de las partes. De haber cámaras de televisión, ello mediatizaría la labor no sólo de los jueces, sino la de los letrados, y unos y otros “quizá empezarían a hablar como los miembros del Congreso.”

6.- Liderazgo. En este punto el chief justice da una auténtica lección magistral que algunos de quienes ostentan cargos importantes en la judicatura española deberían grabarse a fuego en su cerebro. John Roberts manifiesta que uno comienza a ser más líder cuando acepta que en determinadas materias hay siempre otras personas mejores. Es decir, que el reconocimiento de que otros colegas u otras personas puedan ostentar en sectores concretos un grado de especialización o conocimiento superior en modo alguno empece ni disminuye el liderazgo, sino que lo fortalece. De nuevo el chief justice ofrece un ejemplo  concreto: a la hora de solicitar el aumento de las partidas destinadas al Tribunal Supremo, reconoce sin tapujos que existen dos colegas “que lo hacen infinitamente mejor que yo”, de ahí que a la hora de comparecer ante el Congreso sean esas dos personas quienes defiendan ese aumento.

7.- Relaciones personales entre los jueces. Confieso que de esta entrevista he aprendido un dato que desconocía. Los días en que no hay vistas, sino que se dedican a la votación de los casos, los jueces comen juntos y, por imperativo del chief justice, “está prohibido hablar de trabajo”, sino de temas como deportes, libros, aficiones, de tal forma que ello contribuye a que los magistrados se conozcan mucho mejor a nivel personal.

En definitiva, un interesantísimo documento audiovisual que facilitamos al lector por si desea visionar el mismo, algo que, decididamente, recomendamos.