Una costumbre muy interesante en los países de cultura jurídica anglosajona consiste en recrear acontecimientos judiciales que tuvieron lugar en otras épocas, dando así ocasión al espectador actual de contemplar desde una óptica moderna (pero respetando las esencias del evento que se conmemora) tales hechos. Así, el imprescindible Supreme Court of the United States Blog nos informaba hace dos días de un curioso evento que acaeció en la ciudad de Philadelphia: una recreación del importantísimo caso Georgia v. Brainsford, que el Tribunal Supremo resolvió el 7 de febrero de 1794. Un caso singular amén de único, pues estamos ante la única ocasión en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebró la vista de un pleito con jurado. Ello nos permitirá, sin duda alguna, considerar un caso de interés excepcional por varias cuestiones.
El fondo del caso no era, ciertamente, muy distinto a otros que llegaron al alto Tribunal, puesto que abordaba un supuesto que se repitió en varios de los Estados. En el asunto concreto a enjuiciar, Samuel Brainsfold era un comerciante inglés que prestó dinero a un grupo de colonos americanos; tras la independencia de las colonias, el estado de Georgia aprobó, al igual que hicieron otros, una ley que impedía a los súbditos ingleses o a quienes se habían mantenido leales a la corona británica, reclamar los créditos que ostentasen frente a ciudadanos de los nuevos Estados Unidos, algo que, no obstante, chocaba con las previsiones del Tratado de París de 1783 que había puesto fin a la guerra. El caso, por tanto, se circunscribía a determinar quién ostentaba la posición acreedora en la relación jurídica obligacional: si el estado de Georgia (en virtud de la ley que expropiaba los créditos debidos a súbditos ingleses) o los acreedores originarios (en aplicación del Tratado de Paz de 1783).
Muchas cosas han cambiado desde 1794. Cierto es que para intentar mantener lo más posible el frescor original del asunto, según nos informa el encargado de cubrir la información para el blog: “This reenactment is occurring in the very courtroom the Supreme Court used in Old City Hall from 1791 to 1800.” Es decir, que la recreación se ha efectuado en la sede en la que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebraba sus vistas en aquellos años finales del siglo XVIII cuando, recordemos, Philadelphia era la capital de la nación, capitalidad que no perdería hasta que en el segundo semestre de 1800 las instituciones federales se fueron trasladando poco a poco a Washington D.C., por entonces apenas una sombra de lo que se llegaría a convertir. Pero en el estrado no se encuentran, lógicamente, ni el chief justice John Jay ni los tres de sus cinco colegas que resolvieron el asunto (James Wilson, William Cushing y William Paterson -John Blair y James Iredell no intervinieron), siendo así que su lugar lo han ocupado el actual chief justice John Roberts y dos de sus colegas del Supremo, los jueces Stephen Breyer y Samuel Alito. Los actuales magistrados no visten toga rojinegra con bordes blancos, sino que su atuendo actual es de sobrio color negro. Tampoco la vista del caso ha ocupado cuatro días, como ocurrió en los años crepusculares del siglo XVIII, sino que se limitó a diez minutos por cada una de las partes. Y el actual jurado no lo integraban ciudadanos estadounidenses, sino nada más y nada menos que jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido, puesto que esta recreación formaba parte de unas jornadas de intercambio legal anglo-estadounidense. Otra variación sustancial radica en que en sus años iniciales, el procedimiento seguido en el Tribunal Supremo para dictar sentencias continuaba la práctica inglesa en la cual cada uno de los jueces dictaba la suya propia en cada asunto, algo que jurídicamente se denomina in seriatim; hoy en día, existe una única sentencia con votos particulares, discrepantes o concurrentes.
El chief justice John Jay, que como muchos jueces estadounidenses inició su carrera legal como abogado, reconoció de forma expresa la labor de los defensores de las partes, a quienes dirigió un encendido elogio que es muy difícil (por no decir imposible) encontrar en un juez español tanto en la actualidad como en épocas anteriores: “It has accordingly been treated by the Counsel with great learning, diligence and ability.” (los abogados de las partes han abordado el asunto con gran entendimiento, diligencia y habilidad). Y al dirigirse al jurado, puso en cuestión el principio jurídico según el cual los jurados determinan las cuestiones de hecho reservando las jurídicas al órgano judicial, puesto que afirmó la potestad del jurado para adentrarse en cuestiones jurídicas: “It may not be amiss, here, Gentlemen, to remind you of the good old rule, that on questions of fact, it is the province of the jury, on questions of law, it is the province of the court to decide. But it must be observed that by the same law, which recognizes this reasonable distribution of jurisdiction, you have nevertheless a right to take upon yourselves to judge of both, and to determine the law as well as the fact in controversy. On this, and on every other occasion, however, we have no doubt, you will pay that respect, which is due to the opinion of the court: For, as on the one hand, it is presumed, that juries are the best judges of facts; it is, on the other hand, presumbable, that the court are the best judges of the law. But still both objects are lawfully, within your power of decision.” (Caballeros, quizá no sea inoportuno recordarles el viejo principio, que las cuestiones fácticas son competencia del jurado, mientras que las jurídicas corresponden al Tribunal. Pero quizá deba observarse que por ese mismo derecho, que reconoce tan razonable distribución en la potestad jurisdiccional, ustedes tienen pese a todo el derecho a asumir el enjuiciamiento tanto de las cuestiones legales como fácticas de la controversia. Tanto en esta como en otra ocasión, sin embargo, no dudamos que mostrarán ese respeto debido al criterio del Tribunal: que por un lado, se presume que los jurados son los mejores jueces en lo que se respecta a los hechos, mientras que los magistrados están mejor preparados para resolver cuestiones jurídicas. Pero aún así, ustedes pueden legalmente pronunciarse sobre ambos). ¡Nada menos que el Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, antiguo abogado, antiguo Presidente del Tribunal Supremo de Judicatura de Nueva York, reconociendo al jurado la potestad de abordar cuestiones jurídicas!! Pero, a continuación, y tras exponer quiénes son las partes litigantes y que es el estado de Georgia quien ejercita una acción judicial frente a tres individuos, Jay brilla nuevamente al recordar al jurado otro viejo principio aplicable en cualquier país: que la Justicia es ciega a las condiciones personales de las partes en liza: “En lo que a la Justicia se refiere, no importa que las partes en conflicto sean muchas o pocas, privilegiadas o no, ricas o pobres. La justicia se debe por igual a todos con independencia de números, riqueza o rango.”
El jurado planteó al Tribunal dos cuestiones sobre las que tenía dudas: “1.- Cuando el estado de Georgia aprobó la ley, atribuyó las deudas de Brailsford, Powell y Hopton al propio Estado? 2.- De ser así, pueden los demandados, con amparo en el tratado de paz o cualquier otra norma, reclamar la deuda?” Respecto a la primera cuestión, Jay explica al jurado que los jueces, sin discrepancia, tras analizar el texto de la ley consideran que Georgia no pasa a subrogarse en la posición de los acreedores británicos. Respecto a la segunda, sin duda nadie más autorizado que John Jay, uno de los tres miembros integrantes por la parte norteamericana de la comisión negociadora cuyo fruto sería el Tratado de Paz de 1783, para resolver la cuestión: en efecto, incluso aunque Georgia hubiese confiscado los derechos de crédito de los ciudadanos británicos o de los leales a la corona inglesa, “the mere restoration of peace, as well as the very terms of the treaty, revived the right of action to recover the debt, the property of which had never in fact or law been taken from the defendants” (la mera vuelta a la paz, así como los términos del tratado, hacen renacer el derecho a reclamar la deuda, de la la cual nunca, de hecho o de derecho, se privó a los demandados). Tras exponer tales aclaraciones, el jurado, que no se retiró a deliberar sino que lo hizo en la propia sala, falló a favor de los demandados.
Doscientos veintidós años después del fallo, el chief justice John Roberts explicaba a los jueces británicos y estadounidenses que asistían a la recreación que: “In the broadest sense, it was about a young court beginning to weigh questions of statutory interpretation, the court’s jurisdiction, the separation of powers, and the operation of the treaty. . . And for all this, we drew on the experience and history of our cousins in the United Kingdom for help, as we do on so many occasions” (en sentido amplio, nos encontramos ante un órgano judicial nuevo que comienza a plantearse cuestiones relativas a interpretación de textos legales, cuestiones de competencia, separación de poderes, y aplicación del tratado….y para ello, nos basamos en la experiencia e historia de nuestros primos en el Reino Unido). También, como anécdota, Roberts explicó que Brailford “puede que en realidad fuese americano”, mientras que los otros dos acreedores si se consideraban británicos fue porque al haberse negado a prestar el juramento de fidelidad a los Estados Unidos, “quizá de hecho seguían siendo súbditos británicos.”
Conviene, no obstante, incidir en un dato esencial en el presente asunto, y que sirve para deshacer el mito de que el control de constitucionalidad de las leyes se estableció en 1803 con el caso Marbury v. Madison. En el presente asunto, el chief justice John Jay dejó bien claro que sobre la normativa estatal de Georgia debía prevalecer el Tratado de París firmado en 1783, y sobre esa base el jurado emitió un veredicto en favor de los demandados. Tenemos pues (aunque no se diga expresamente) una declaración de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley aprobada por un Estado….y en 1794, es decir, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos apenas contaba cuatro años en funcionamiento.
Por cierto, como dato curioso, este fue uno de los últimos asuntos en los cuales el Tribunal Supremo estuvo presidido por John Jay. El mes de abril de 1794 fue designado por el presidente George Washington como persona encargada de negociar un tratado de paz con Gran Bretaña, nación a la que se desplazó ese mismo mes y donde permaneció hasta junio de 1795, siendo así que nada más regresar presentó su dimisión como juez al haber sido elegido gobernador del estado de Nueva York.
El número 80 (septiembre de 2016) de la Revista de la Asociación de Antiguos Alumnos CEF-UDIMA publica un breve artículo titulado La rebelión de las máquinas, del que es autor Maximino González Barfaluy. El mismo reflexiona acerca de las consecuencias que acarrea la progresiva implantación de los vehículos autónomos, es decir, aquéllos en los cuales “marcamos un destino y el vehículo hace absolutamente todo. Elige la ruta mejor según el tráfico, frena, acelera, y se ocupa de todo lo relacionado con la conducción […] En estos coches sí que no existe voluntad del conductor, con lo cual podríamos ir literalmente durmiendo y el vehículo seguiría hasta destino de igual manera.” En definitiva, que el conductor no es que haya quedado relegado, sino que ha sido suprimido, pues la única misión del antaño guía del automóvil se limitará a indicar el punto de destino, pudiendo a continuación despreocuparse porque tanto el desplazamiento físico como las decisiones fundamentales relativas a la conducción las tomará el ordenador. Si el público de los años sesenta para imaginarse esto tenía que acudir al ejemplo de Herbie, un volante loco, sin duda alguna quienes crecimos en la década de los ochenta evocaremos las palabras “KITT, te necesito”, con las que Michael Knight demandaba el auxilio del Knight Industries Two Thousand. KITT ya no es un producto de la ficción, sino que ha llegado con este tipo nuevo de vehículos, a los que únicamente les falta un software que proporcione conversación, aunque todo se andará.
Ahora bien, como indica este breve e interesantísimo trabajo, “toda ayuda a la conducción está bien mirada, pero hay un lado oscuro.” Ese lado oscuro no es otro que la excesiva y casi diría enfermiza obsesión por dejar en manos de la tecnología la adopción de decisiones relevantes. Pero en este caso ello puede conducir a resultados no siempre deseables. Pues bien, en el artículo que comentamos el autor ofrece un ejemplo concreto: “Supongamos que un vehículo autónomo atraviesa un cruce, en el que va a impactar con otro vehículo. Tiene varias opciones: una impactar contra el vehículo y otra esquivarlo, pero al evitarlo ha de decidir si subir a una acera con peatones o caer por un terraplén. La decisión debería tomarla el conductor, y en caso de elegir una poco acertada será el responsable de la decisión. En este tipo de vehículos ¿a quién se dará prioridad? A un niño, a un perro, a una farola. Es más, probablemente estemos viendo nuestra serie favorita mientras se produzca el incidente, con lo cual con suerte sabremos qué ha pasado a posteriori, sin poder argumentar nada.” Al aficionado al cine este ejemplo quizá le suene familiar, pues en uno de los títulos célebres de la ciencia ficción, Yo, robot se da una situación parecida: un robot ha de enfrentarse a una decisión que a un ser humano le parecería terrible y dolorosa y que, además, ha de efectuar en apenas varios segundos: en un vehículo accidentado al caer al río y donde existen dos personas atrapadas en el mismo (un adulto y un niño) ha de decidirse, ante la imposibilidad de salvar a ambos, cuál va a ser el elegido; el robot toma esa decisión no en base a sentimientos, sino a meros cálculos probabilísticos.
Desde el punto de vista jurídico, la implantación de este tipo de vehículos puede traer consecuencias sin duda interesantes sobre las que merecería reflexionarse. Sin duda alguna no afecta para nada a la obligación de indemnizar en caso de accidente, pues en este supuesto las compañías aseguradoras estarían obligadas a indemnizar a terceros por los resultados dañosos que se produzcan a consecuencia del hecho circulatorio. Pero desde la óptica civil, penal y, sobre todo, administrativa, sí que pueden darse situaciones curiosas. ¿Qué futuro tiene, por ejemplo, el tipo penal y administrativo de “conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas”? En puridad, en este tipo de vehículos el grado de alcohol que lleve el usuario del mismo sería irrelevante, porque no es él quien conduce y quien toma las decisiones relativas a la circulación, con lo cual no genera ninguna situación de peligro ni puede decirse que suponga un riesgo o una amenaza para el resto de vehículos. Pensemos un ejemplo concreto. Una persona que ha tomado varias copas y que, tras subirse a su automóvil programa correctamente el destino y se limita a reclinarse en su asiento a escuchar la radio mientras su coche le lleva cómodamente a su destino, con la mala suerte de que se ve implicado en un accidente. Los agentes encargados de la seguridad del tráfico le hacen la prueba de alcoholemia y la misma arroja un resultado positivo, pero al mismo tiempo acreditan que esa persona no era quien conducía, pues lo hacía automáticamente el mecanismo tecnológico del vehículo. ¿Es posible imputarle una infracción penal? No, porque falta el elemento culpabilístico, dado que no existe dolo o negligencia si se demuestra que introdujo correctamente las señas de su destino y, por tanto, al no ser físicamente quien conducía no puede imputársele ningún tipo de culpa; tampoco puede imponérsele una sanción administrativa, pues el tipo infractor administrativo implica igualmente que la persona con elevada tasa de alcohol en sangre conduzca físicamente, y en este caso no se daría esa circunstancia. Pero es más, incluso desde el punto de vista civil habría consecuencias, porque la compañía aseguradora del vehículo que ocasiona el siniestro no podría repercutir a su asegurado el importe satisfecho por daños a terceros aún cuando éste estuviese en la práctica en situación de delirium tremens siempre que se demuestre que el mismo no conducía efectivamente. En realidad, gran parte de las sanciones administrativas decaerían, aunque probablemente las distintas Administraciones, que han hecho su agosto con las sanciones administrativas en materia de circulación seguramente idearán algún mecanismo para solventar este problema, como por ejemplo imputar los hechos directamente a la persona ocupante del vehículo aunque el mismo no sea conductor efectivo, o bien a través de algún mecanismo de responsabilidad subsidiaria. Todo antes que perder este suculento pastel en forma de miles de millones de euros con que sangran a los ciudadanos.
No obstante, sí quisiera apuntar una circunstancia, y es la enfermiza y cada vez más preocupante tendencia del ser humano a delegar en máquinas la toma de decisiones. Y ello me recuerda un capítulo de la segunda temporada de la serie SeaQuest DSV, donde el gigantesco submarino que da título a la serie es catapultado a un futuro donde únicamente existen máquinas y donde parte de la tripulación se ve atrapada en medio de la lucha de dos feroces robots, que poco después descubren son manejados a distancia por dos seres humanos, un chico y una chica ambos adolescentes. Cuando llegan a un inmueble donde se ubica un gigantesco ordenador, éste les explica que la humanidad llegó a tal grado de desarrollo tecnológico que los seres humanos cada vez se relacionaban menos entre ellos y lo hacían a través del ordenador, hasta el punto que los dos únicos habitantes de la tierra en ese momento eran el chico y la chica que los tripulantes del SeaQuest habían encontrado. El problema era que su dependencia de las máquinas era tal que, al intentar que éstos de alguna manera entablaran una conversación, lo rechazaban para acudir cada uno a la terminal de un PC. El ordenador central hizo saber a los tripulantes que la única opción de garantizar el futuro de la humanidad consistía en que se liquidase la fuente que alimentaba todos los sistemas informáticos, es decir, liquidar el propio ordenador central, quien llega a demandar en términos realmente dramáticos y suplicantes al responsable tecnológico del submarino que le desconectara, algo que efectivamente hace. ¿Será acaso éste el futuro que nos depara la humanidad?
Es evidente que, según el artículo 23.2 de la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes; pero es igualmente claro que no siempre dicho precepto se respeta, y ahí están las innumerables resoluciones judiciales que integran el meritorio y abundante corpus jurisprudencial al respecto. Irregularidades en los procedimientos selectivos los hubo, los hay y probablemente los habrá, y no porque el sistema sea defectuoso (aunque sí manifiestamente mejorable), sino porque está en la propia naturaleza humana el buscar alternativas y vías de escape a los obstáculos.
No me resisto, por ello, a contar un par de anécdotas relativas a los entonces denominados oficios públicos, y que tienen como protagonista a la villa de Madrid, en el momento que ocurrieron los hechos (año 1602) simple ciudad sita en el centro peninsular que había perdido la capitalidad un año antes por traslado de la corte a Valladolid. Para ello, conviene que nos situemos históricamente. El rey Felipe II había fallecido en septiembre de 1598 y su hijo (sobre cuya capacidad para reinar albergaba más que serias dudas el monarca fallecido), asciende al trono como Felipe III. Albricias, grandes esperanzas en la población y en los sectores cortesanos de que el nuevo reinado pueda superar las crisis congénitas que aquejaban a la monarquía española desde el año 1568. A nuevo monarca, nuevos asesores. Así, Cristobal de Moura, el todopoderoso hombre de confianza del antiguo monarca, ha de ceder su puesto a Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Marqués de Denia y Conde de Lerma, si bien el nuevo monarca elevó el rango nobiliario ascendiéndole de conde a duque. El nuevo valido pronto crea alrededor del monarca una tupida red de leales que suponen un circulo o red de lealtades personales hacia el nuevo sol del poder. La facción anti-Lerma (entre la que se encontraba la propia reina) fue hábilmente orillada simplemente colocando a su alrededor personas de confianza del valido. Pero quizá la maniobra más sutil fue el traslado de la capital a Valladolid durante el tiempo indispensable para que Lerma se hiciese con el control de la antigua capital. Y para ello, nada mejor que hacerse literalmente con el Ayuntamiento. ¿Cómo hacerlo? Aquí entramos de lleno en nuestra historia, con dos episodios muy reveladores.
El primero de ellos consiste en la necesidad de dotar al a villa de un escribano municipal, cargo éste que podríamos decir a grandes rasgos que sería equivalente al actual Secretario. Pues bien, desde la Administración se actuó de forma aparentemente eficaz: en el momento de vacar la plaza, se convocarían dos, de manera que una fuese ocupara por la persona que por méritos lo mereciera (nombramiento que recayó en el licenciado Herrera) y la segunda por alguien de confianza del duque de Lerma, recayendo el nombramiento en el licenciado Silva de Torres. Hay pues, dos oficios, uno cubierto por méritos y otro por “méritos”. Lo que ocurrió después, es fácil barruntarlo: se hizo la vida imposible a Herrera quien, tras numerosos conflictos con Silva de Torres, acabó dimitiendo. La escribanía municipal de la villa se encontraba ya, pues, en manos de un adicto a Lerma.
Pero no bastaba con ocupar la escribanía, sino que se llegó incluso a la ocupación física del Ayuntamiento prescindiendo incluso de las formalidades jurídicas. En mayo de 1602 el monarca otorga a Lerma un regimiento en el consistorio que le permita asistir a las reuniones municipales. Véase el tenor literal del documento: “En este Ayuntamiento, por parte de Su Excelencia, se presentó un título de Su Majestad firmado de su real mano y firmado del señor conde de Miranda, Presidente de los Consejos de Italia y Cámara de Su Majestad y del señor don Alonso de Ágreda de los dichos reales consejos, que no estaba refrendado, registrado ni sellado y juntamente con él un memorial que se dio a Su Majestad con el decreto en las espaldas escrito de su real mano y rubricado de su real rúbrica, cuyo tenor a la letra es como sigue…” ¿Qué decía ese documento que no estaba refrendado, registrado ni sellado? Pues que aunque en las Cortes el monarca se había comprometido a no crear nuevos regimientos en la villa, había decidido hacer esta excepción y conceder a Lerma el más antiguo regimiento de la ciudad, con voz y voto y con asiento inmediatamente detrás del corregidor, ordenando que se den posesión del cargo aunque “le falten las demás solemnidades dispensando todo lo que convenga para conseguirse.”
Bien es cierto que Lerma no volvió a acudir a las reuniones municipales, pero no le hizo falta. Desplegando su influencia a través de las personas leales que sí tenía en la representación municipal, logró incluso manipular a la corporación en su favor. Al perder la capitalidad, el valor del suelo en Madrid descendió abruptamente. Lerma adquirió grandes extensiones de terreno en la villa a precios sumamente bajos, logrando incluso que el Ayuntamiento le urbanizase los mismos. Una vez que ya tenía dominado el consistorio e incrementado su patrimonio con terrenos estratégicamente situados, sospechosamente Madrid recupera su capitalidad en 1606.
El lector interesado puede consultar el amplio estudio de Alfredo Alvar Ezquerra, El duque de Lerma, corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII (La esfera de los libros, 2010) de cuyas páginas 179-182 se han extraído los hechos anteriormente descritos. Por cierto, que esta obra fue objeto de una no menos magnífica reseña debida a Juan Velarde Fuertes, que el lector interesado puede consultar aquí.
En definitiva, que las grandes esperanzas en una regeneración política de la monarquía, un cambio a mejor que desterrase los malos hábitos de los últimos años del reinado de Felipe II, acabaron con un régimen aún mayor de nepotismo administrativo.
A modo de coda, una lección final que nos ofrece la historia. El licenciado Silva de Torres, uno de los leales al valido a quien hemos visto ocupar la plaza de escribano municipal en Madrid, contempló cómo cuando en 1610 se inició una primera campaña contra Lerma, éste a modo de cortafuegos dejó caer a varios de sus partidarios, entre ellos….a Silva de Torres. Y de la misma forma que Lerma dejó caer a Silva sin apoyarle, aquel se vio pagado con la misma moneda, toda vez que el confesor real, Fray Luis de Aliaga, que debía su puesto a Lerma, se convirtió en uno de los más furibundos antilermistas.
A la hora de reflexionar sobre el rol de los jueces tanto en relación al proceso como con las partes en liza, siempre es aconsejable desviar la mirada hacia el norte y tener en cuenta lo que al respecto acontece en Gran Bretaña. Y ello por una razón fundamental: al otro lado del canal de la Mancha la judicatura siempre ha sido una especie de garante o escudo protector de las libertades individuales frente a los abusos del poder, mientras que en el continente históricamente ha sido más bien al contrario, acentuándose la situación en nuestro país hasta extremos que el ilustre y veterano administrativista Jesús González Pérez ha incluido en su obra Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas una demoledora crítica sobre el respeto histórico que en general los jueces han tenido hacia “quienes en cada momento detentan el poder”. Por eso me llevé una grata sorpresa al encontrar un documento de sumo interés que deseo traer a colación: una breve conferencia que, con el título The role of the Judge: umpire in a contest, seeker of the truth or something in between?impartió el pasado 19 de agosto de 2016 Lord Neuberger, presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido. Y lo hizo en un marco adecuado: el Congreso que sobre Ética y Problemas de la Judicatura se celebró en Singapur. Se trata de un discurso breve (apenas diez páginas a doble espacio), muy asequible en su lenguaje y sumamente jugoso en cuanto a su contenido.
Para empezar, hace Lord Neuberger una reflexión que en nuestro país quizá suene un poco extraña: “it is quite right that judges should consider and discuss judicial ethics, and that they should do so not merely among themselves, but with legal and other academics and also with practitioners” (ciertamente, los jueces deben abordar y discutir la ética judicial, y deben hacerlo no sólo entre ellos, sino con otros profesionales del mundo legal y con los abogados). Debe superarse, por tanto, la visión gremialista, cerrada y, podríamos decir, casi doméstica (las discusiones familiares se ventilan en casa) que tradicionalmente ha hecho gala la judicatura, quizá porque en la mente de algunos (afortunadamente cada vez menos) se considere que el superar un proceso selectivo de indudable dureza justifica que nadie ajeno al estamento pueda entrar ni tan siquiera a considerar problemas del mismo. Afortunadamente, esta concepción está siendo desterrada con las nuevas generaciones. Pero Lord Neuberger continúa con otra reflexión que, sin duda, tiene su miga: “we judges should therefore be prepared, indeed eager, for the judiciary to be held at least to the same high standards as, and I would suggest higher standards than, the executive.” (los jueces debemos estar preparados, e incluso ansiar estarlo, para que la judicatura alcance, e incluso supere, los mismos niveles que el ejecutivo). Bien, quizá lo que en Gran Bretaña sea un listón muy alto aquí la clase política lo ha situado tan sumamente a ras de suelo que casi se puede afirmar que en nuestro país cualquier juez supera con creces los niveles de los integrantes no sólo del ejecutivo central, sino de los distintos ejecutivos autonómicos y locales.
Es curioso que Lord Neuberger aborde la reflexión sobre el papel del juez acudiendo a la tradicional visión del mismo como un “árbitro” entre las partes. Y digo que es curioso porque en el año 2005, en el procedimiento senatorial para su confirmación como chief justice de los Estados Unidos, John Roberts utilizó el mismo símil, que incluso desarrolló con una metáfora deportiva: “el público no acude a los acontecimientos deportivos para ver al árbitro.” Neuberger recoge, unas páginas más adelante, el símil del árbitro de un acontecimiento deportivo, aunque marcando las distancias: mientras éstos deben efectuar una decisión de forma inmediata y bajo una agobiante presión del ambiente, los jueces “normalmente tienen la ventaja de poder tomarse su tiempo para dictar sentencia”, a lo que añado yo que el juez toma su decisión en la soledad e intimidad de su despacho, por lo que aun cuando en algunos asuntos evidentemente existe una presión mediática o social, no puede compararse a la que tiene el árbitro, que es una presión ciertamente algo más “material” con los asistentes al evento físicamente presentes.
El juez es, por tanto, un árbitro imparcial, no alguien que tiene por objetivo la búsqueda de la verdad, como ocurre en el continente con los jueces de instrucción. No obstante, el ponente indica que, en su condición de “(veterano) juez del common law y antiguo abogado”, aunque esa tradicional visión del juez le parezca en cierta medida injusta, ha de ser la que adopten los jueces y magistrados: la de árbitros entre las partes, y no buscadores de la verdad. ¿Razones? “Es imposible establecer un sistema judicial que jamás tenga fallos”, y ello porque “en el proceso judicial intervienen seres humanos, y los seres humanos (y en esta categoría se incluye sin duda alguna a los jueces) son falibles a la hora de interpretar o aplicar las normas procesales. Todos los jueces justos saben que en algunas ocasiones creerán a un mentiroso y en otras no otorgarán credibilidad a una persona honesta, e incluso en algunas ocasiones errarán a asuntos jurídicos”. Es más, reconoce que incluso en los casos fácticamente simple, “puede ser muy difícil saber a quién creer”. A todo lo anterior, añade un elemento esencial que es muy difícil ver expuesto en boca de un magistrado: las “conscious and subconscious biases, and such biases will inevitably influence our assessment of evidence and, in particular, of witnesses” (las inclinaciones, conscientes e inconscientes, que de forma inevitable influirán en nuestra valoración de las pruebas y, en especial, de los testigos). Para ilustrar este polémico asunto, lord Neuberger no sólo pone un ejemplo práctico, sino que incluso con una elegancia y honestidad personal elige uno que vivió en primera persona: en los inicios de su carrera tuvo que enfrentarse a un anciano que en su declaración no era nada convincente, pero el propio juez se sorprendió al encontrarse que buscaba una justificación a las inconsistencias de su testimonio, algo que le llevó a preguntarse por qué lo estaba haciendo, para concluir que: “me di cuenta que su apariencia física y su lenguaje me recordaban a mi padre, que había fallecido recientemente, y que ello me inclinaba a su favor.”
También aborda aquéllos casos en los que el juez puede estar tentado de hacer una interpretación peculiar de la ley, e incluso de evitar su aplicación, cuando ésta lleve a resultados que puedan parecer injustos. “En cierto sentido, esto puede verse como un dilema ético, especialmente cuando la ley parece llevar a un resultado que parecería inmoral al no jurista. Pero como principio, el juez debe evitar de plano la tentación de orillar la aplicación de la ley en este caso. No sólo porque sería contrario a los deberes judiciales, e incluso al juramento prestado. Sería igualmente contrario a los intereses de cada parte a quien el juez está tratando de ayudar: la parte contraria apelaría y la beneficiada no sólo se vería derrotada, sino que tendría que abonar las costas de dos instancias” Quiere ello decir que el juez “has to be, and has to be seen, intellectually honest” (ha de ser, y ha de ser visto, como intelectualmente honesto).
En definitiva, que no se trata de buscar “la verdad” en un pleito, entre otras cosas porque en ocasiones la misma se encuentra tan oculta por hojarascas de documentos y pruebas que encontrarla es sumamente difícil incluso para ojos y oídos expertos. Quizá por ello, como indicó en su momento Alejandro Nieto en su clásico Desgobierno judicial, el Estado de Derecho propició desde sus inicios una retirada estratégica y desterró de sus fines el de impartir Justicia (con mayúsculas) situando en su lugar otro más sencillo como ofrecer una respuesta fundada en Derecho. Y es evidente que si las ideas de Justicia y Derecho deberían ir de la mano, es público y notorio que en ocasiones siguen caminos divergentes, y no siempre lo moralmente justo es adecuado a Derecho, y viceversa. Por ello, como dice Lord Neuberger, el juez debe limitarse a ser un árbitro. Claro que todos los aficionados al deporte estamos acostumbrados a ver como en los acontecimientos deportivos los árbitros no siempre actúan aplicando los mismos criterios, y que siempre unos mismos contendientes son sistemáticamente beneficiados cuando otros no lo son, y cómo a unos se les aplica el rigor extremo mientras que la benevolencia y la tolerancia rige con otros. Eso es, precisamente, lo que se trata de evitar. Y por ello esta conferencia de Lord Neuberger es tan importante. Por ser clara, sencilla y, lo que es mucho más importante, intelectualmente honesta.
La doctrina de los “actos políticos” sonará familiar al jurista español, toda vez que el artículo 2 de la Ley de 27 de diciembre de 1956 establecía que no corresponderán a la jurisdicción contencioso-administrativa “las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del Gobierno como son los que afecten a la defensa del territorio nacional, relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización militar sin perjuicio de las indemnizaciones que fueren procedentes, cuya determinación sí corresponde a la Jurisdicción contencioso-administrativa.” Dicho precepto fue objeto de una interpretación en las célebres Sentencias de 4 de abril de 1997 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictadas en recursos número 602, 634 y 726/1996, y ulteriormente fue eliminado de la actual Ley 29/1998 de 13 de enero, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el ordenamiento jurídico norteamericano vigente podemos encontrar como creaciones jurisprudenciales tanto las “political questions” (actos políticos) como la de las “mayor questions” (actos relevantes), que hacen referencia a dos realidades jurídicas: si la primera supone una excepción procesal tendente a excluir un asunto del conocimiento de los órgaos judiciales, la segunda constituye una excepción a la regla de la deferencia judicial hacia el ejecutivo.
1.- La doctrina de las “political questions” como excepción procesal por falta de jurisdicción.
Nos encontramos ante una regla o principio cuya consecuencia fundamental radica en que excluye que el Poder Judicial pueda conocer de un asunto porque su naturaleza hace que la resolución al mismo deba recaer en las ramas democráticamente electas. Aunque el principio se mantiene en vigor, lo cierto es que el propio Tribunal Supremo ha efectuado una interpretación muy restrictiva del mismo, reduciéndolo a casos muy extremos.
Sobre este punto, existe un trabajo muy interesante publicado el 14 de diciembre de 2014 con el título Political questions doctrine: justiciability and the separation of Powers, cuya peculiaridad es que tiene como destinatarios del mismo a los miembros del Congreso norteamericano. En dicho trabajo, que además es muy breve, se bucea en los orígenes y fundamentos de la teoría, los criterios para su adopción y la interpretación actual. Creo, de todas formas, que el trabajo pone su acento en un punto básico, en una distinción que no siempre se tiene lo suficientemente clara: “it is important to distinguish the political question doctrine from cases presenting political issues. Courts adjudicate controversies with political ramifications on a regular basis. For example, the Supreme Court has held that certain electoral processes deny citizens the right to vote bases on their skin color, and has upheld a subpoena directed against the President of the United States. Both decisions necessarily had political consequences. Instead, the political question doctrine applies to issues that courts determine are best resolved within the politically accountable branches of government – Congress or the executive branch.” (Preciso es distinguir entre la doctrina de los actos políticos de aquellos asuntos que tienen implicaciones políticas. Los Tribunales resuelven con cierta frecuencia asuntos que tienen ramificaciones políticas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo sostuvo que ciertos procesos electorales deniegan a los ciudadanos el derecho al voto por motivos raciales, y acordó citar al Presidente de los Estados Unidos. Ambas resoluciones necesariamente tienen consecuencias políticas. Pero, en vez de esto, la doctrina de los actos políticos se aplica a asuntos que los Tribunales estiman que están mejor resueltas por ramas políticamente electas – Congreso o ejecutivo.)
El trabajo bucea en los orígenes y la evolución de la doctrina del acto político, que se remonta curiosamente al caso Marbury v. Madison. Aunque es en un caso de los años sesenta, el Baker v. Carr (369 U.S. 186 [1962]), que resolvía un procedimiento relativo a distritos electorales, donde se establecieron los seis criterios que deberían tenerse en cuenta a la hora de aplicar la doctrina del acto político. De todas maneras, como indica el trabajo citado, el Tribunal no explicitó las bases o fundamentos de la doctrina, limitándose a indicar que la misma responde “esencialmente al principio de división de poderes”. Es curioso, de todas formas, que la doctrina del acto político se invoque en asuntos que afectan a relaciones exteriores y a cuestiones militares, lo que indudablemente lo asimila al antiguo artículo 2 de la Ley Jurisdiccional española.
En resumen, y a lo que a estos efectos importa: la doctrina de los actos políticos lo que implica no es otra cosa que excepcionar un asunto del control jurisdiccional. El asunto, simplemente, ha de solventarse en el seno de los otros dos poderes, bien sea el legislativo o el ejecutivo.
2.- La doctrina de las “mayor questions” como excepción a la aplicación de la doctrina Chevron de la deferencia judicial hacia el ejecutivo.
A diferencia de la doctrina de los “actos políticos”, la de las “cuestiones importantes” no es una regla que excluye un asunto de la jurisdicción, sino que se trata de un principio tendente a excluir la aplicación de la doctrina Chevron (deferencia judicial hacia el ejecutivo). En otras palabras, se trata de cuestiones que, por su trascendencia o importancia, el Poder Judicial estima que tiene que ser él quien fije los criterios, que no pueden en estos casos quedar en manos de las agencias administrativas. A este respecto, el lector interesado puede consultar un brevísimo trabajo que, con el título Mayor questions objections, ha publicado recientemente la Harvard Law Review. Aunque en principio esta doctrina tiene como objeto precisamente aumentar las garantías del ciudadano, lo cierto es que puede decirse que el punto débil de la construcción jurisprudencial radica en que no existe un criterio general que permita identificar en qué tipo de cuestiones es de aplicación, lo que aboga a un casuismo no siempre deseable.
En definitiva, dos cuestiones que no sólo son de rabiosa actualidad, sino que por tratarse de construcciones inevitablemente apegadas a casos concretos, hace muy difícil construir una teoría general sobre las mismas, dependiendo en gran medida de las circunstancias del caso.
Aunque el planteamiento de dicha cuestión pueda sonar extravagante, no crea el lector que la misma ha salido de la imaginación del redactor de estas líneas. A raíz de la frustrada investidura del candidato Mariano Rajoy, he visto ya hasta en un par de ocasiones lanzar este interrogante, al que sorprendentemente se ha dado una respuesta positiva. Así aparece en la edición en papel del diario El Comercio correspondiente al sábado día 3 de septiembre de 2016. Por su parte, la juez y diputada Margarita Robles, en una entrevista que concedió al programa Es la Mañana el viernes 2 de septiembre de 2016, aun no siendo tan categórica o tajante, sí que ha planteado la cuestión indicando que la cuestión plantea serias dudas.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, entiendo que no cabe otra respuesta que la negativa, es decir, que un candidato propuesto por el Rey pierde automáticamente dicha condición si no logra obtener el apoyo en las dos votaciones de investidura. Intentaré motivar mi respuesta.
1.- En principio, hemos de partir del artículo 99 de la Constitución, en concreto el párrafo cuarto: “Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.” Una vez que tenemos ya fijado el texto constitucional a aplicar, hemos de desentrañar el sentido del mismo, aplicando los criterios interpretativos usuales: texto, historia, tradición, precedentes, propósitos y consecuencias.
2.- Partamos de una interpretación literal, que es la primera que ha de efectuarse. Si analizamos el párrafo en cuestión, tanto de forma aislada como junto con el resto del artículo, permite entender que si el candidato es rechazado en la segunda votación la candidatura ha decaído por agotada, en cuanto la Cámara ha rechazado otorgar la confianza al candidato. En efecto, no otorgada la confianza, “se tramitarán sucesivas propuestas”, es decir, que carecería de sentido sostener que se mantiene la candidatura rechazada si han de tramitarse con carácter obligatorio otras propuestas (obsérvese que el texto constitucional utiliza la forma imperativa), que implican la presentación al Congreso de un nuevo candidato a la presidencia del Gobierno. Pero es más, si se interpreta dicho precepto conjuntamente con el artículo 114 de la Constitución, la respuesta es aún más sencilla: carecería de sentido que si el Congreso niega la Confianza al Gobierno este cesa de forma automática, perdiendo lógicamente su condición, y si la niega a un candidato a presidente éste mantenga la candidatura.
3.- Si acudimos a los precedentes, es decir, a la práctica política o a las convenciones constitucionales, éstas son más bien escasas, pues se limitan a lo acaecido en la legislatura precedente. Ahora bien, ello nos permite ratificar la respuesta a la que se llega con la interpretación literal. Cuando el Congreso negó la confianza a Pedro Sánchez, el monarca inició una nueva ronda de consultas en aras de proponer un candidato, explicitando con ello que la candidatura del socialista se encontraba agotada al haber sido rechazada por el Congreso. Nadie se planteó entonces si éste mantenía, tras el rechazo de la Cámara baja, la condición de candidato a presidente.
4.- Si acudimos a los propósitos y consecuencias del artículo, la respuesta negativa al interrogante refuerza aún más la tesis negativa. Lo que pretende el artículo es regular la elección del Presidente del Gobierno estableciendo la forma de proposición de candidato a dicho puesto y el procedimiento de investidura. Ahora bien, no existe propiamente el puesto de “candidato a presidente del gobierno” con visos de continuidad pese a un eventual rechazo de la Cámara. Dicha condición, la de candidato a presidente, tiene una duración temporal cuyos límites están claramente fijados en el texto constitucional: se adquiere con la propuesta formal del Jefe del Estado al Congreso por conducto del Presidente de la Cámara, y se cesa en ella bien cuando el Congreso otorga la confianza tras el debate de investidura (momento en el que pasa a ostentar ya la condición de Presidente, aunque deba aún jurar o prometer el cargo ante el Rey) o cuando la rechaza (momento en que la candidatura pierde formalmente tal carácter al ser rechazada). Pero es más, si forzásemos la interpretación hasta el punto de sostener que el candidato rechazado por el Congreso no pierde tal carácter, ello nos llevaría al absurdo de sostener que podría bloquear la situación, toda vez que podría negarse a ceder dicha condición impidiendo así al Rey efectuar una nueva propuesta.
5.- No debe confundirse el mantener la condición de candidato a presidente con la condición de Presidente del Gobierno en funciones. Mariano Rajoy continúa manteniendo tal condición hasta el momento en que el Congreso otorgue su confianza a un nuevo candidato, esto es incuestionable y nadie se lo ha planteado; pero lo mantiene porque es el último presidente al que el Congreso otorgó la confianza, no porque sea el último “candidato a presidente”. Quiere ello decir que, si tras una nueva ronda de consultas, el monarca propone como candidato a Pedro Sánchez y éste tampoco logra la confianza tras dos votaciones, no mantiene la “candidatura a la presidencia” más allá de las dos votaciones.
Lo dicho anteriormente, creo que es bastante claro. No lo es tanto el hecho de si un candidato que ha visto rechazada su candidatura puede volver a intentar una investidura, algo que sí es jurídicamente interpretable, aunque mi criterio es que, tanto del texto constitucional como de los antecedentes (debates constituyentes) la respuesta sería negativa, es decir, que un candidato rechazado no podría volver a repetir tal condición, puesto que ello entraría en colisión con la expresión “sucesivas propuestas” contenido en el artículo 99. Y ello porque el término “sucesiva”, según la Real Academia Española, hace referencia a la que “sucede o sigue a otra”, y puesto que la Constitución se refiere a “sucesivas propuestas”, ello implica que la propuesta necesariamente ha de ser distinta, puesto que si el candidato es el mismo no nos encontraríamos ante una propuesta “sucesiva”, sino ante la “misma” o “idéntica” propuesta; cosa distinta es si el párrafo hablase de sucesivas “votaciones”, que no necesariamente implicarían una mutación subjetiva en el candidato.
Es evidente que el bloqueo político que supera ya con creces el periodo ordinario de gestación, pues ya están a punto de superarse los nueve meses desde la constitución de las Cortes salidas de los comicios del 20 de diciembre de 2015 sin que se haya logrado constituir un nuevo gobierno, creando con ello una situación inédita en nuestra experiencia constitucional. Pero estimo que no debe enturbiarse aún más con debates artificiales.
El reciente pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón sobre el Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) a Israel, ofrece una curiosísima y peculiar concepción de lo que es un acto administrativo impugnable, que casi podríamos asegurar que es privativa de dicho órgano jurisdiccional y circunscrita exclusivamente al concreto asunto enjuiciado. Porque la resolución judicial mencionada sostiene que el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento no constituye un acto administrativo judicialmente impugnable.
Para que el lector tenga una información lo más detallada posible, comenzaremos por describir el acto administrativo impugnado y que da lugar a tan curiosísima sentencia, el devenir procesal de asuntos materialmente idénticos en cuanto a la forma y fondo en los juzgados de lo contencioso-administrativo de Oviedo y la peculiar forma de resolver este asunto en la ciudad de Gijón.
I.- EL ACUERDO IMPUGNADO JUDICIALMENTE.
El acto administrativo objeto de impugnación no es otro que el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Gijón en la sesión ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2016. En concreto, aquel por el que se aprueba la Proposición presentada conjuntamente por los grupos Socialistas, Xixón Sí Puede e Izquierda Unida sobre la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí (sic). En su parte dispositiva dicho Acuerdo establece lo siguiente:
El Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de la presente Propuesta de Acuerdo, insta al Gobierno Municipal a: 1. Manifestar su adhesión y apoyo a la resolución del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014 por la que se reconoce el Estado de Palestina. 2. Mostrar la solidaridad con la población de los territorios ocupados instando a la ONU a garantizar su protección y a obligar a Israel a cumplir la
legalidad internacional. 3. Declarar el concejo de Gijón/Xixón Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI) y difundirlo entre la ciudadanía, insertando el Sello Espacio Libre de Apartheid Israelí en la página web municipal. 4. Adoptar las medidas legales oportunas para que los procesos de contratación y compra incluyan previsiones que impidan contratar servicios o comprar productos a empresas cómplices de violaciones del Derecho Internacional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 5. –
No suscribir ningún convenio o acuerdo con instituciones públicas, empresas y organizaciones que participan, colaboren u obtengan beneficio económico de la violación del Derecho Internacional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 6. Fomentar la cooperación con el movimiento BDS (Boicot, desinversiones y sanciones), articulado a nivel estatal por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y a nivel auto nómico y local por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Aunque en sus intervenciones los portavoces de los tres grupos que votaron favorablemente la propuesta intentan disimular su intención argumentando que no se trata de ningún boicot al estado israelí, la verdad es que únicamente les faltó citar explícitamente la frase que en el telefilm El ángel de Budapest se pone en boca del diplomático español Ángel Sanz Briz cuando, para templar una difícil situación ante dos miembros de las SS en Hungría que le reprochan la insuficiencia del gobierno español ante la lucha contra los judíos. Ante ello, Sanz Briz les espeta: “Nuestro país no tiene ningún problema con los judíos….[tras una pausa, y ante la cara de estupor de los dos alemanes, continúa diciendo] les expulsamos hace más de quinientos años.”
II.- LA SITUACIÓN EN LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE OVIEDO.
El Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón se suma otros absolutamente idénticos que varios Ayuntamientos de España han ido adoptando en el último año. En el Principado de Asturias existían dos asuntos objetivamente idénticos que acabaron en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo. Uno, el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Avilés, y otro el que aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Langreo.
1.- En el caso de Avilés, se adoptó un acuerdo similar que fue impugnado judicialmente recayendo el asunto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Oviedo y vez incoado el procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, el órgano judicial acordó suspender cautelarmente el acto. Ante ello, el propio Ayuntamiento da marcha atrás. En un informe jurídico firmado conjuntamente el día 17 de febrero de 2016 por la Secretaria General del Pleno, la Directora de los Servicios Jurídicos y el Abogado que lleva el asunto, tras analizar jurídicamente el contenido del Acuerdo (donde, por cierto, se dice expresamente que no existe causa de inadmisibilidad), se finaliza recomendando el allanamiento, no sólo por ser nulo de pleno derecho el acuerdo, sino porque incluso apunta a que “de no allanarse al recurso y anularse los Acuerdos recurridos, cabe la posibilidad de que personas físicas o jurídicas ejercitasen acciones penales que se solventarían en el procedimiento o procedimientos correspondientes”. Y así ocurrió. La Sentencia 52/2016 de 24 de febrero del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Oviedo dictada en Procedimiento de Derechos Fundamentales 20/2016 estima el recurso contencioso-administrativo anulando el acuerdo, al haberse allanado la Administración. Ofrecemos al lector el Informe jurídico y la Sentencia:
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2.- En el caso del Ayuntamiento de Langreo, el asunto recae en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Oviedo, quien tras suspender cautelarmente el acuerdo, finaliza por Sentencia que estima íntegramente el recurso (en este caso no hubo allanamiento), por entender no sólo que el Acuerdo es discriminatorio por vulnerar preceptos constitucionales, sino que incluso ese tipo de asuntos excede de las competencias legalmente atribuidas al Pleno de la Corporación. He aquí el enlace a la noticia publicada en la prensa.
Añadido a todo lo anterior, el Diario La Ley número 8809 correspondiente al 22 de julio de 2016 publica un editorial titulado El boicot aprobado por diversos ayuntamientos contra el estado de Israel, en entredicho legal por anticonstitucional, donde resume la situación anterior y apunta a que en el caso de Gijón (cuya sentencia, redactada cuatro días antes, aún no se había hecho pública) el Ministerio Fiscal abogaba por la estimación del recurso. El meritado editorial finalizaba afirmando que “Hasta el momento no ha surgido ninguna brecha jurídica relevante sobre la inconstitucionalidad del boicot municipal al estado de Israel. Pero el asunto parece que dista bastante de estar cerrado.”
III.- LA SITUACIÓN EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE GIJÓN.
Llegamos a la villa de Jovellanos y la peculiar forma de resolver el asunto al oeste del Piles. En el momento de redactar la sentencia, ya se sabe qué derroteros jurídicos han tomado el resto de órganos judiciales en estos temas, que apuntan todos inequívocamente en la misma dirección. Pero en lo que a control judicial de la Administración se refiere, la práctica cotidiana ha demostrado una y otra vez que para administrado la ciudad de Gijón es territorio comanche, y en este caso no estamos ante una excepción. La desde cualquier punto de vista lamentable Sentencia 149/2016 de 18 de julio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón dictada en autos de Protección de Derechos Fundamentales 15/2016 acuerda inadmitir a trámite el recurso por no constituir el acto administrativo impugnado una actuación susceptible de recurso administrativo, pues “la simple propuesta o petición no constituye un acto administrativo recurrible, que no ha llegado a existir” (sic). Se ampara para ello en el artículo 69.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio en concordancia con el artículo 25.1 del mismo texto legal y en la “STS 26-02-1992” (sic).
A la hora de analizar desde un punto de vista estrictamente jurídico la sentencia, podemos efectuar las siguientes reflexiones:
A.- Una primera cuestión de carácter estrictamente procesal. Si se tenía tan clara la causa de inadmisión, ¿Por qué no se hizo uso del trámite de inadmisibilidad previsto en el artículo 117.2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, según el cual “en el supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento” se convocará a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia con ese único motivo, al día siguiente de recibido el expediente en el juzgado? Sólo se me ocurren tres posibilidades, no excluyentes entre sí y a cual más inquietante. La primera, que el juez no se hubiese asomado por los autos hasta que el pleito se declaró concluso para sentencia. La segunda, que intentase ganar tiempo a ver qué decidían sus colegas a la hora de enfrentarse a supuestos objetivamente idénticos. La tercera, una maniobra para dilatar plazos y hacer que se superasen los dos meses desde la adopción del acuerdo impidiendo así la impugnación por vía ordinaria. Aunque cada lector es libre de escoger la opción que desee, personalmente, me inclino por la última de las opciones, y justifico mi elección por el hecho de que no es la primera vez que dicho órgano judicial incurre en ese irregular comportamiento. El lector interesado puede consultar la Sentencia 65/2010 de 17 de marzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso 384/2009, donde precisamente en el seno de un procedimiento de derechos fundamentales, la Sala, aunque en cuanto al fondo niega la existencia de vulneración de derechos fundamentales, desautoriza expresa y rotundamente al meritado órgano jurisdiccional en términos durísimos por un incumplimiento de las normas procesales: “No existe ninguna duda del incumplimiento de lo prevenido en el artículo 117 de la Ley Jurisdiccional […] aunque el Juzgador trata de amparar el cumplimiento del referido precepto en el hecho de poner de manifiesto a las partes la concurrencia de la posible causa de inadmisibilidad del recurso en la misma resolución que declaraba la firmeza del acto que resolvía la cuestión de competencia suscitado, dicha argumentación, ni por el paso del tiempo transcurrido entre la notificación y la declaración de firmeza, ni con el resto de actuaciones llevadas a cabo hasta la referida convocatoria, puede servir para justificar el mencionado incumplimiento establecido por el carácter especial y sumario del procedimiento seguido”; tan es así que la Sala incluso no hace pronunciamiento especial sobre costas “ante la en principio irregular actuación procesal al declarar la inadmisibilidad del recurso una vez transcurrido el plazo previsto para ello en el art. 117 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción”. Primera infracción, pues, de carácter procesal: vulneración clara y manifiesta del artículo 117 de la Ley 29/1998; y además, con el agravante de reincidencia.
B.- Entrando ya de lleno en la causa de inadmisibilidad invocada, ha de partirse de un hecho fundamental, cual es que únicamente no son susceptibles de impugnación los actos firmes y consentidos (artículo 28 de la Ley 29/1998 de 13 de julio). El resto de actuaciones tan solo precisan del agotamiento de la vía administrativa, siempre y cuando no sean actos de trámite, salvo que estos últimos decidan directa o indirectamente el fondo del asunto determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos (artículo 25.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio). Ahora bien, un acto administrativo emanado del Pleno del Ayuntamiento agota la vía administrativa (artículo 52.2.a de la Ley 7/1985 de 2 de abril) y es manifiestamente claro que en el presente asunto no nos encontramos ante un acto de mero trámite. Por tanto, el mismo es claramente susceptible de impugnación. Avala esta tesis que ningún otro juzgado de lo contencioso ha acogido esta peculiar construcción del juzgado gijonés. La sentencia olvida además (y este es un hecho sumamente grave), que según reiteradas sentencias del propio Tribunal Supremo, que se limita a recoger en este la jurisprudencia constitucional, ha de efectuarse una interpretación restrictiva de las causas de inadmisibilidad por cuanto ello afecta al derecho fundamental del artículo 24 de la Constitución; vid, por ejemplo, el fundamento jurídico quinto de la Sentencia de 15 de junio de 2012 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 4302/2011 o el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia de 6 de abril de 2011 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 1786/2007, donde, citando jurisprudencia constitucional, indica sin el menor atisbo para la duda: “De aquí que las causas de inadmisión, en cuanto vienen a excluir el contenido normal del derecho, han de interpretarse en sentido restrictivo después de la Constitución.” Segunda infracción, pues, en la resolución comentada: infracción del artículo 24 de la Constitución por interpretación generosa o amplia de una causa de inadmisibilidad.
C.- Se pretende utilizar de como escudo protector la “STS 26-02-1992” (sic), según la cual “no estamos ante un acto administrativo en sentido técnico como declaración de voluntad o resolución que produzca efectos jurídicos en la esfera o ámbito jurídico de los administrados”. Esta es una maniobra bastante chusca, por cuanto se manipula abiertamente dicha resolución al cercenar una frase para hacerla decir lo que no dice. Al redactor de estas líneas le parecía tan sumamente extraña tal doctrina que acudió a la fuente original, es decir, a la Sentencia número 632 de 26 de febrero de 1992 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (como no consta número de recurso, citaremos el identificador del CENDOJ: 28079130011992101918), y pudo confirmar lo que hasta entonces era una sospecha: en la cita que de la misma efectúa el órgano judicial gijonés, se omite (¿deliberadamente?) la frase inicial del fundamento jurídico quinto, del que únicamente transcribe lo que le interesa. Porque dicho fundamento comienza diciendo algo muy significativo: “Resulta de lo que se ha expuesto en los fundamentos precedentes que con el Acuerdo cuestionado no se trata de adoptar un acto definitivo y con trascendencia hacia el exterior, sino una instrucción de orden interno con criterios de orientación para la resolución de determinados expedientes.” (los subrayados son nuestros) Y es que el demandante en dicho asunto (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza) impugnaba un Acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Zaragoza relativas a los expedientes de tramitación de licencias y a si los mismos, en aplicación de una normativa autonómica, por qué profesional debían ser informados, y en concreto el acuerdo adoptado fue el siguiente: “Continuar con la tramitación de aquellos expedientes ya presentados. En cuanto a aquellos expedientes que, a partir de esta fecha se inicien, siempre que se trate de nuevos proyectos, modificación o alteración de estructuras, deberá ser forzosamente un técnico superior quien firme dichos proyectos, con las excepciones concernientes a los Ingenieros Técnicos.” Ahora bien, en el caso enjuiciado en Gijón ni nos encontramos ante una simple instrucción y menos aún de una Gerencia Municipal, sino un acto administrativo adoptado por el Pleno, y con innegables efectos jurídicos frente a terceros.
Si se pretendía abordar con un mínimo de rigor jurídico la distinción entre lo que es una actuación administrativa judicialmente impugnable de la que no lo es, hubiera debido acudirse a la algo más reciente Sentencia 798/2000 de 2 de octubre de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictada en recurso número 1927/1997, cuyo fundamento jurídico tercero ofrece este didáctico ejemplo: “Igual que no cabe anular una comida facilitada por la Administración a un interno de un Centro Penitenciario aunque aquélla no reúna las condiciones que exige el Reglamento Penitenciario , ni anular el tratamiento dispensado por un hospital de la Seguridad Social por muy defectuoso e incorrecto que el mismo sea, ni anular un transporte de viajeros efectuado por una empresa municipal por mucho retraso que el mismo tenga y por muchos que hayan sido los preceptos vulnerados del Código de la Circulación o de la Ley de Seguridad Vial, tampoco cabe la anulación, por vía de la revisión de oficio, del envío de un telegrama. La comida ilícita, el tratamiento sanitario defectuoso, el transporte ilegal o la tramitación de un telegrama cabrá que se suspenda pero una vez ejecutados no cabe que se puedan, jurídicamente, ver anulados. Si es posible que, en ciertas condiciones, la comida, el tratamiento sanitario, el transporte o la tramitación de un telegrama puedan ser contrarios al Ordenamiento Jurídico y, en ese caso, podrá basarse en estos hechos una responsabilidad patrimonial de la Administración encargada de la prestación del servicio público pero, desde luego, lo que no cabe es que se anulen por mucho que el servicio se haya prestado de manera ilícita por la sencilla razón de que no constituyen actos administrativos.” Tercera infracción material de la sentencia: infracción de la jurisprudencia.
D.- En el penúltimo párrafo del interminable fundamento jurídico segundo sumerge al lector aún más (si ello es posible) en el abismo de la sorpresa, pues manifiesta que “en realidad solo contiene una petición dirigida a otros órganos del Ayuntamiento distintos del Pleno para que sean ellos los que lleven a cabo la actuación que se les pide. De esta forma se traslada a dichos órganos la decisión sobre los puntos propuestos. Dicha decisión, sí podría originar un acto administrativo, en el sentido de producir efectos jurídicos vinculantes para los destinatarios del mismo.” Para empezar, de una atenta lectura de dicho párrafo veremos que ni el propio juzgador parece tener claro si esa “petición” del Pleno es o no vinculante para la Alcaldía; una lectura conjunta de la resolución judicial permitiría inclinarse por el no, pero también podría argumentarse que el Pleno no puede ir más allá porque las competencias materiales son de la Alcaldía y no de aquél, es decir, que el Pleno únicamente toma la decisión y la Alcaldía sería la encargada de llevarla a cabo. No obstante, a este respecto, la resolución judicial comentada no sólo es jurídicamente muy cuestionable, sino lo que es peor, materialmente absurda. ¿Qué ocurre entonces con una sanción económica impuesta por una Administración a otra (por ejemplo, de la Administración del Estado a una Administración autonómica o local? Dado que en ese supuesto no existen efectos “para los administrados” ¿Nos encontramos ante una sanción no impugnable en vía judicial?
Si en la sentencia se hubiese resuelto inadmitiendo el recurso por falta de legitimación activa, argumentando que como el destinatario único del acto impugnado era el Gobierno municipal únicamente éste se encontraba legitimado para impugnarlo, con ser una tesis equivocada todavía habría tenido un pase. Pero argumentar que no se está ante un acto administrativo impugnable sobrepasa con creces la frontera de lo absurdo.
E.- Con todo lo anterior, la Sentencia evita pronunciarse sobre un asunto clave que, sin duda alguna, supondría una incomodidad para el titular del juzgado: verificar si el Pleno de un Ayuntamiento tiene competencia para adoptar un acuerdo sobre la materia en cuestión, algo que sí han efectuado otros órganos judiciales pronunciándose en sentido negativo.
4.- CODA.
A la vista de lo anterior, parece claro y manifiesto que la sentencia no puede explicarse en términos estrictamente jurídicos, pues hemos visto que todos los órganos judiciales, sin excepción, van en un y tan sólo la sentencia comentada en este post va como el kamikaze, en el sentido contrario de la marcha. ¿Cómo explicarse, pues, la situación? Acudiendo a un viejo aserto de Sherlock Holmes: “when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth” (cuando se ha eliminado lo imposible lo que queda, por improbable que parezca, ha de ser la verdad). Uno de los primeros consejos que ofrece a los letrados el fallecido juez Antonin Scalia, en el libro Making your case: the art of persuading judges, escrito en colaboración con Bryan A. Garner (obra excelente que conjuga un enorme sentido práctico con brevedad expositiva, y que debería ser libro de cabecera de todo abogado) es que se informen de la personalidad y las tendencias del juez que ha de conocer el asunto (información mucho más accesible en los Estados Unidos que en nuestro país. Sin entrar en cuestiones estrictamente personales, basta consultar la jurisprudencia del órgano judicial en cuestión para observar que la misma más que deferencia hacia el ejecutivo se caracteriza por una reverencia más cercana al genuflexo hacia los entes públicos. En estas circunstancias, el planteamiento ha de efectuarse de esta manera: ¿Habría alguna manera de evitar ser la voz discordante entre la judicatura sin desautorizar a la Administración? ¿Existiría algún medio de compatibilizar que la cabra pueda comer las coles sin que las coles ahoguen a la cabra? La respuesta a tales interrogantes nos la ofrece uno de los célebres títulos del comediógrafo Miguel Mihura: Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario. El órgano judicial se retrae no entrando en el fondo del asunto por un ardid técnico procesal, evitando así en el fondo dar la razón al demandante pero sin quitársela tampoco a la Administración. Quizá el redactor de la sentencia barruntó que si en el caso Marbury v. Madison el entonces chief justice efectuó una maniobra jurídica similar (acogerse a un tecnicismo formal y no entrar en el fondo) para evitar un conflicto abierto con el Presidente de los Estados Unidos, lo que valió en Washington D.C en 1803 bien pudiera servir para Gijón en el año 2016. Ahora bien, desgraciadamente ni el titular de dicho juzgado llega ni por asomo a la altura jurídica de John Marshall, ni la sentencia comentada tuvo los efectos que el célebre caso americano, dado que si éste logró robustecer a la larga el prestigio del Tribunal Supremo, aquella ha logrado exactamente todo lo contrario. Es más, ni tan siquiera acudiendo a la doctrina jurisprudencial estadounidense de las “mayor questions” como excepción a la doctrina chevron de la deferencia judicial hacia el ejecutivo (aspecto éste al que dedicaremos nuestro siguiente post) sería explicable esta sentencia, pues si aquélla pretende avocar para los jueces la decisión en tales asuntos, en el presente caso parece haberse efectuado una versión castiza o chusca de tal doctrina para aumentar más si ello cabe el grado de impunidad de la Administración.
En fin, que todo este asunto evoca sobremanera una escena de la ciertamente desigual película The Life and Times of Judge Roy Bean, el film que sobre el legendario personaje dirigiera John Huston en 1972. Cuando un ciudadano afea al juez que éste disparara por la espalda a un detenido, con lo cual no le había ofrecido la más mínima oportunidad de defensa, Bean no sólo reconoce que, en efecto, no le ha dado posibilidad alguna, sino que va más allá al enunciar toda una declaración de principios que inspiran su actuación como juez: “Si alguien quiere una oportunidad, que vaya a otro sitio.” Aunque si algún ejemplo cinematográfico ilustra a la perfección esta sentencia no es otro que aquélla célebre escena del imperecedero clásico The man who shot Liberty Balance, en la que el bandido que da título al film entra con sus secuaces en el mesón del pueblo: ante un previsible conflicto, el sheriff Link Appleyard, encargado de mantener el orden en la ciudad, interrumpe súbitamente su cena, se coloca raudo el sombrero y se apresura a huir por la puerta de atrás. He aquí la secuencia completa en su versión original:
Seguimos aprovechando este tirón vacacional para revisar películas clásicas, y si en nuestro anterior post reseñábamos el film Advise and consent, y las maniobras políticas que tenían lugar en el interior de las instituciones de Washington relativas a la confirmación de un candidato a ocupar el puesto de Secretario de Estado, en esta ocasión analizaremos otra película que aborda igualmente la política norteamericana, pero en esta ocasión centrada no en el seno de las instituciones, sino en la convención de un partido que ha de elegir a su candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El film en cuestión es The best man (en esta ocasión el traductor español respetó literalmente el título al traducirlo como El mejor hombre), la adaptación cinematográfica que en 1964 Franklin J Shaffner (que tan sólo cuatro años más tarde dirigiría la primera versión de Planet of the apes) hiciera de la obra dramática de Gore Vidal que con tanto éxito se había estrenado en Broadway.
Washington, convención de uno de los dos grandes partidos (sin que ni el film ni la obra de teatro especifiquen claramente cual de los dos). Son cinco las personas que pretenden alzarse con la nominación presidencial, siendo decisivo el apoyo del presidente Art Hockstader (Lee Tracy, que repite el papel que con éxito encarnara en los escenarios de Broadway). De entre los cinco candidatos, son dos los destacados: el secretario de Estado, William Russell (magnífico Henry Fonda, en un papel que en la versión teatral encarnaba el legendario Melvyn Douglas) y el senador Joe Cantwell (Cliff Robertson, que hereda un papel interpretado en los escenarios por Frank Lovejoy, que había fallecido pacíficamente mientras dormía un par de años antes). Russell es un hombre honrado, un intelectual que pretende efectuar una campaña centrado en el mensaje y en la ética política. En el otro extremo, Cantwell es un político sin escrúpulos que agita el miedo y que no duda en jugar sucio para allanarse el camino a la Casa Blanca. En los primeros minutos del film nos enteramos que el presidente en funciones, Art Hockstader, está muriendo, y pese a que inicialmente tenía previsto otorgar su apoyo a Cantwell (al creer que la honradez de Russell puede ser precisamente un obstáculo para impedirle tomar decisiones arriesgadas en momentos cruciales) cambia de opinión después de un tenso encuentro con el candidato, dejando así oficialmente la convención abierta sin candidato oficial, pero maniobrando entre bastidores a favor de Russell. Ya iniciada la campaña y al pelear por los votos de los delegados estatales, nos enteramos que Cantwell ha obtenido por medios ilícitos un informe sobre la salud mental de su principal oponente, quien poco tiempo atrás había sufrido una crisis nerviosa de la que hubo de ser tratado médicamente. Pese a lo ilícito de su origen y lo dudoso de su contenido, Cantwell se decide a utilizarlo facilitando una copia del mismo a cada una de las delegaciones estatales. No obstante, pronto la situación da un giro cuando el asesor de campaña de Russell encuentra un testigo que puede acreditar que el senador Cantwell, adalid del pensamiento ultrareligioso y paladín de la moralidad, ha tenido relaciones homosexuales durante la guerra. Russell se plantea si realmente ha de utilizar esa información y caer tan bajo como Cantwell lo que le lleva a una reflexión más profunda: si ha de combatir la indignidad con indignidad o mantenerse fiel a sus principios éticos. Aunque el presidente Hockstader le insta a que use esa información contra su rival, incluso advirtiéndole que de no hacerlo ello implicaría que no está preparado para estar en la alta política, Russell duda……
La obra plantea una de las cuestiones más profundas que subyace en el mundo de la alta política: dignidad y honradez frente a populismo demagógico y rastrero. Ningún rostro mejor que Henry Fonda para encarnar la integridad moral y apego a los principios de la ética política que representa William Russell (que según Gore Vidal está inspirado en Adlai Stevenson, quien por tres ocasiones fue un serio aspirante a lograr la nominación demócrata para la presidencia, siendo derrotado en las tres ocasiones por otros candidatos). En el otro extremo, Cliff Robertson da ese aire de demagógico populismo, incluso diríamos fanatismo que representa Joe Cantwell, que curiosamente no responde a una sola persona, sino a varias distintas y de varios partidos. Es evidente que tiene mucho de Richard Nixon en lo que se refiere al uso de la imagen y en el hecho de que, a diferencia de otros candidatos que provenían de alta cuna, tenía orígenes humildes (de hecho, en una escena del film el personaje de Russell apunta claramente a esa identificación cuando dice que “a este hombre no le compraría un coche usado”), pero también tiene no poco de Joseph McCarthy (agitación indiscriminada del miedo comunista) y, sorpresa sorpresa, de John Fitzgerald Kennedy, quien según parece retiró el saludo a Gore Vidal y rehusó todo contacto con él tras el estreno de la obra.
Las maniobras rastreras de Cantwell que desbordan con creces los límites de la moral y la legalidad, los juegos entre bambalinas de un muy enfermo presidente Hockstader (en esta ocasión, dentro de los límites del juego político tradicional, limitándose a actuar según las reglas de la oferta y la demanda a la hora de buscar apoyos) y el deseo de Russell de mantener su candidatura impoluta de toda sombra de sospecha de inmoralidad son el eje central de la obra, y las dos confrontaciones directas entre Russell y Cantwell, así como la conversación final entre el primero y un literalmente moribundo presidente Hockstader no tienen desperdicio. El desenlace sin duda alguna no dejará indiferente a nadie…
Otra gran obra cinematográfica ambientada en la política norteamericana. Imprescindible.
Quien desee no sólo conocer el funcionamiento básico del sistema institucional norteamericano a la vez que pasar dos horas y veinte de auténtico entretenimiento, sin duda alguna no puede perderse el visionado de la magnífica Advise and consent (nuevo atentado del traductor español, dado que se distribuyó en la península bajo el título Tempestad sobre Washington), que dirigió en 1962 el gran cineasta Otto Preminger. El film adaptaba a la gran pantalla la novela homónima de Allen Drury, un cronista político estadounidense que había obtenido con dicha obra el premio Pulitzer. Curiosamente, aunque ninguno de los protagonistas de la novela son reales, sin embargo todos están basados en algunos relevantes miembros de la clase política norteamericana, y todas las situaciones descritas en la novela están sacadas de episodios reales auténticos a los que Drury se enfrentó como cronista político.
La trama de la película es aparentemente sencilla: el Presidente de los Estados Unidos (Franchot Tone) a quien jamás se le designa por el nombre, aunque casi al final de la cinta uno de los personajes se dirige a él como “Chuck” (en el doblaje español por ignotas razones se muta este diminutivo por el nombre “John”-) pretende nombrar a Robert A. Leffingwell (un Henry Fonda muy elegante en su sobriedad interpretativa) como Secretario de Estado, pero la intención presidencial choca con el necesario y constitucionalmente imperativo consentimiento del Senado (el principio constitucional del “advise and consent” que da título a la novela y al film) y se da la circunstancia de que el mismo partido al que pertenece el Presidente, y que es mayoritario en la Cámara, se encuentra muy dividido sobre el tema, entre otras cosas porque Leffingwell, una persona íntegra y alejada del mundo político que además tiene un elevado sentido del honor, no es ciertamente un hombre “de partido”. Robert Munson (magnífico Walter Pidgeon), senador por Michigan y majority leader, es el encargado de llevar a buen puerto el designio presidencial, ayudado para ello por su fiel escudero el senador Stanley Danta (Paul Ford), así como por Lafe Smith (Peter Lawford) senador por Rhode Island. Sin embargo, en la propia formación mayoritaria surge la voz de Seabright Cooleigh (el gran Charles Laughton en su última aparición cinematográfico), veterano senador por Carolina del Sur (“Le atemoriza a uno. Cuarenta años en el Senado”, según dice su correligionario senador Stanley Danta), que en este caso une su voz a la del partido minoritario, tanto por un evidente desfase generacional como por un rechazo personal hacia el nominado, quien en el pasado le había humillado políticamente. Dado que el nombramiento no es automático, el asunto ha de ser sometido previamente a su conocimiento por el Pleno al debate y votación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que a su vez nombra un Subcomité para cuya presidencia es designado el senador Brigham Anderson (Don Murray), senador por Utah, frustrando así los deseos del senador Fred Van Ackerman (George Grizzard). En el seno de los procedimientos senatoriales en el subcomité, donde queda patente que Leffingwell tiene criterios propios y muy particulares (al sostener que no en todos los casos es necesario un conflicto bélico para solventar una disputa entre dos naciones), surge un foco de conflicto al comparecer como testigo Herbert Gelman (Burgess Meredith), quien acusa a Leffingwell de ser comunista. A partir de entonces la situación se desgrana en múltiples hilos argumentales: los deseos del senador Cooleigh por explotar dicho argumento para boicotear el nombramiento de Leffingwell, la tozudez del Presidente en sostener el nombramiento, el difícil equilibrio en el que ha de mantenerse el senador Bob Munson para lidiar con tan compleja situación, y la propia desventura del presidente del subcomité, el senador Anderson, que se ve sometido a un chantaje para que de luz verde a la designación de Leffingwell. Todo ello aderezado con brillantes sesiones en la Cámara Alta estadounidense. La última media hora, donde se solventan de un plumazo el resultado del chantaje y el designio final del aspirante a Secretario de Estado, es realmente apasionante.
Al comentar esta película, el jurista Miguel Ayuso dijo en cierta ocasión que el sistema norteamericano “te entra visualmente”. Y es cierto. No sólo porque gran parte de la cinta está ambientada en el interior de la Cámara del Senado (para recrear el cual se retomaron los decorados de la clásica Mr Smith goes to Washington), sino porque a través de sutiles comentarios deslizados en el momento oportuno se vienen a explicar reglas procedimentales y principios y normas constitucionales. Por ejemplo, que el vicepresidente de los Estados Unidos es Presidente nato del Senado pero que no es senador y únicamente vota en caso de empate, o que por ejemplo la llamada a quorum suspende todas las intervenciones. Pero muestra igualmente que en la alta política de Washington hay lugar para la honestidad a toda prueba y para las bajezas más abyectas, así como para la expiación sincera de las culpas. Buena prueba de ello son las intervenciones finales del senador Cooleigh entonando de manera brillante un mea culpa y solicitando expresamente el perdón de la cámara, y la réplica del senador Munson, no menos emotiva y donde recoge el guante lanzado por su correligionario a quien rehabilita ante todos sus colegas. De la misma forma que niega el perdón final al senador que había perpetrado el chantaje a Brigham Anderson, a quien lanza una de las filípicas más duras que se recuerdan al hacerse precisamente enfatizando la libertad: “En el Senado lo toleramos todo: prejuicios, fanatismos. El Senado está para tolerar la libertad. Pero usted nos ha deshonrado […] Afortunadamente nuestro país logra sobrevivir a patriotas como usted. Podríamos solicitar un voto de censura y expulsarle, pero conviene que las flaquezas de Brigham Anderson no salgan a relucir. Sean las que fueran. Se puede usted quedar solo….con su vergüenza!”
Lo cierto es que esta película tiene anécdotas curiosas y situaciones ciertamente divertidas. Por ejemplo, el personaje de Lafe Smith está lejanamente inspirado en John Fitzgeral Kennedy, y el actor que lo encarna, Peter Lawford, era miembro del clan Kennedy al emparentar por vía de matrimonio con dicha familia. Por cierto, que la presentación del senador no tiene desperdicio: cuando el majority leader se dirige al cuarto del senador Smith para solicitar su apoyo a Leffingwell y ve salir del mismo a una joven muy elegante, Bob Munson pregunta a Smith por qué no regulariza su situación, a lo que éste responde: “Perdería mi puesto. Fueron las mujeres solteras las que me votaron.” El personaje muy secundario del vicepresidente (que encarna Lew Ayres) le fue ofrecido nada menos que a Richard Nixon, que había ostentado el cargo entre enero de 1953 a enero de 1961 y que acababa de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 1960. Aparece en un papel muy secundario la “chica de oro” Betty White en el que fue su debut cinematográfico. Hay auténticos senadores estadounidenses que tienen cameos en el film, y uno de los más divertidos es el del casi nonagenario Henry Fountain Ashurst (que, al igual que Charles Laughton, fallecería poco después de finalizar el rodaje) en el divertido rol del senador McCafferty, que siempre se queda dormido y que, al ser despertado, siempre lo hace al son de la frase: “Me opongo. Me opongo rotundamente.”
En definitiva, una magnífica película que sirve de forma indubitada para mostrarnos el funcionamiento básico del sistema institucional estadounidense. No se la pierdan!!!!!
Estos días del mes de agosto en el que los juristas bien cierran las oficinas o bien disminuyen su actividad debido a la consideración general de dicho mes como inhábil (salvo excepciones) a efectos judiciales, no sólo conviene aprovecharlo para afrontar esas lecturas pendientes que durante el año la cotidiana actividad profesional ha impedido abordar, sino para revisitar algunas de aquéllas películas clásicas que por cualquier razón, quedaron grabadas en nuestra memoria. Hoy quisiera compartir con los lectores del blog una de ellas, la no tan antigua Evil under sun, dirigida en 1982 y que adaptaba a la gran pantalla la novela homónima de la inmortal Agatha Christie.
La obra, dado que se trata de una adaptación de la célebre autora de misterio, tiene las tres características fundamentales de sus obras: un crimen, un número reducido de sospechosos y un investigador profesional ajeno a las fuerzas del orden que trata de poner su intelecto al servicio de la resolución del crimen. En este caso, el crimen no tiene lugar en el interior de un recinto cerrado (la biblioteca o el dormitorio de una mansión), sino en la playa de una isla donde un grupo de personas pasa sus vacaciones. La asesinada es la célebre artista de vodevil Arlena Marshall (Diane Rigg), estrangulada mientras tomaba el sol en la playa. La particularidad del caso es que en esta ocasión todos tenían motivos para desear la muerte de la actriz: su segundo marido, Kenneth Marshall (Dennis Quiley) quien veía cómo su esposa coqueteaba de manera nada indisimulada con el joven Patrick Redfern (Nicholas Clay), sin que éste considerase un impedimento que su propia esposa, Christine (Jane Birkin) le acompañase en las vacaciones. Pero también eran sospechosos el amanerado Rex Brewster (magnífico Roddy McDowell), quien había terminado una biografía de Arlena cuya publicación ésta había vetado; Odelle Gardner (James Mason, en una de sus últimas apariciones), productor de la obra que se fue a pique cuando Arlena, principal intérprete, la abandonó súbitamente; y sir Horace Blatt (un Colin Blakely que tan sólo tres años antes había encarnado a Watson en Private life of Sherlock Holmes, la cinta dirigida por Billy Wilder y que fue gravemente mutilada para reducir su metraje) millonario y antiguo amante de Arlena a quien había regalado un brillante de cincuenta mil dólares que ésta le sustituyó por una falsificación una vez roto el compromiso matrimonial entre ambos. Incluso la dueña del hotel donde todos residen, Daphne Castle, tenía motivos, pues era una antigua rival de Arlena en los escenarios. Afortunadamente, entre los huéspedes del establecimiento residencial se encuentra el detective belga Hercule Poirot (inconmensurable el gran Peter Ustinov) quien con la ayuda de sus “células grises” tratará de desentrañar un misterio aparentemente insalvable: cómo es posible que una mujer fuera asesinada en una playa sita en un extremo de una isla cuando todos los sospechosos pueden acreditar mediante testigos que en el momento que se perpetró el crimen se encontraban en la otra punta de la ínsula que, sin ser muy lejana, sí se encontraba a una distancia considerable. Como siempre, Poirot no decepciona.
Esta era la segunda ocasión en que Peter Ustinov se metía en la piel de Hercule Poirot, tras hacerlo por vez primera cuatro años antes en Death on the Nile tras la negativa de Albert Finney a repetir el papel que desempeñara en Murder in the Orient Express. Para el público de finales del siglo XX y principios del XXI sin duda alguna la figura del peculiar detective belga estará ligada al actor David Suchet (quien, curiosamente, encarnó al inspector Japp en la adaptación de Lord Edgware dies, donde Ustinov encarnaba de nuevo a Poirot; justo es decir que Suchet manifestó con posterioridad que su interpretación de Japp era manifiestamente mejorable), pero lo cierto es que Ustinov aporta a Poirot un rasgo que Suchet no logra del todo inculcarle: sentido del humor. Pese a que, en efecto, no estamos ante un Hercule Poirot como el que aparece en las novelas de Christie (al estar dulcificada su egolatría, su evidente sensación de superioridad así como sus manías y excentricidades) Ustinov supo dotarle de un aura humorística con su simple presencia, algo a lo que sin duda alguna contribuyó la personalidad del actor, que poseía un gran sentido del humor.
La película cuenta también con la presencia de dos grandes damas de la escena británica (Maggie Smith y Diane Rigg) así como con dos grandísimos intérpretes de la misma nacionalidad: James Mason y Roddy McDowell. A ello se une que los exteriores de la película se rodaron en la isla de Mallorca, y que cuenta con una deliciosa música de Cole Porter.
No estamos, evidentemente, ante una obra maestra de esas que copan las listas de grandes clásicos imperecederos. Pero es sin duda alguna una cinta que merece verse, que sin duda no decepciona y que proporcionará dos horas de entretenimiento donde el espectador puede intentar rivalizar con el inmortal detective belga para averiguar la identidad del asesino. La escena, ya cerca del final, donde un Hercules Poirot con gorra, bastón, bombachos y polainas recorre, cronómetro en mano, la distancia que separa ambos extremos de la isla para comprobar su teoría, mientras como música de fondo suena un Begin the Beguine es sinceramente deliciosa. Como hilarante es aquélla otra en la que el detective, con gorra y llamativo batín, desciende las escaleras de la playa para darse un baño marino……ciertamente peculiar.
