BRAVO FERNANDEZ v. UNITED STATES: IMPOSIBILIDAD DE RECURRIR UN VEREDICTO ABSOLUTORIO.

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La reciente sentencia Bravo-Fernández v United States, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha hecho pública el pasado día 29 de noviembre, constituye un pequeño tratado jurídico sobre la aplicación del principio non bis in ídem, que en la terminología jurídica norteamericana recibe la denominación de double jeopardy clause. El principio supone, como todo jurista sabe, que no pueden enjuiciarse dos veces los mismos hechos, y el mismo resulta de aplicación no sólo en el campo del Derecho penal, sino incluso en el del Derecho Civil. La aplicación del mismo es bien clara y en principio, su sencillez obstaría a cualquier pronunciamiento sobre el particular. No obstante, la vida cotidiana es rica en supuestos que desafían esa aparente sencillez y que pueden ocasionar, como en el presente asunto, que el Tribunal Supremo deba enjuiciar si en el supuesto de veredictos inconsistentes, es decir, cuando el jurado sobre unos mismos hechos efectúa a la vez un pronunciamiento condenatorio y otro absolutorio.

Esta sentencia, de la que ha sido ponente Ruth Bader Ginsburn y que ha contado con el apoyo unánime de sus colegas, constituye un auténtico tratado sobre el non bis in ídem y su proyección en el ámbito del derecho penal. No sólo explica el significado del principio, sino que en un cuidadoso estilo literario que no impele un tratamiento jurídico riguroso, enumera los precedentes aplicables en la materia, que desgrana exponiendo no sólo la doctrina jurídica de los mismos, sino las circunstancias fácticas a las que se aplicaron. Quisiera, no obstante, incidir una circunstancia fundamental que esta resolución judicial que comentamos recuerda, y que separa radicalmente el ordenamiento jurídico-penal estadounidense del español, cual es la imposibilidad de que la acusación en una causa penal pueda impugnar un veredicto absolutorio. La sentencia lo explica de la siguiente forma:

In civil suits, inability to obtain review is exceptional; it occurs tipically when the controversy has become moot. In criminal cases, however, only one side (the defendant) has recourse to an appeal from an adverse judgment on the merits. The Government “cannot secure appelate review of an acquittal, even one based upon an egregiously erroneous foundation” (Arizona v. Washington, 434 US 497, 503 [1978])

Lo cual podría traducirse más o menos de la siguiente manera: “En los procesos civiles la supresión del recurso es excepcional, y ocurre fundamentalmente cuando la controversia deja de serlo. En los asuntos penales, sin embargo, tan sólo una parte (el acusado) tiene derecho a apelar una sentencia adversa. La acusación no puede impugnar un veredicto de inocencia, incluso aunque éste se base en razonamientos manifiestamente erróneos.” De ello se extraen fundamentalmente dos circunstancias:

1.- La acusación, es decir, el “pueblo” ya sea de los Estados Unidos o del estado que ejerza la misma, que actúa a través de los district attorneys, ha de poner toda la carne en el asador, porque tan sólo tiene una oportunidad de dar en el blanco. Si falla esa oportunidad, el asunto está perdido para siempre, y ello porque el principio non bis in ídem opera como barrera protectora frente al acusado absuelto. En muchas películas y series de televisión el público español está habituado a contemplar cómo ante una absolución los district attorneys y sus asistentes se muestran entristecidos unas veces y enojados otras, en una actitud incomprensible. Pues bien, he aquí la explicación, la imposibilidad de impugnar un veredicto absolutorio. El acusado, por el contrario, lo tiene mucho más fácil, pues no sólo es la acusación quien ha de probar la culpabilidad, sino que la defensa únicamente ha de sembrar en el jurado la semilla de la “duda razonable” para que proceda la absolución.

Imagínense trasladar este principio a nuestro país las consecuencias que acarrearía.

2.- La absolución puede tener consecuencias directas para quienes ejercen la acusación. Ello nos lleva a la necesidad de hacer una distinción entre la fiscalía española y su equivalente americana:

A.- La fiscalía española se compone de miembros seleccionados en base al principio de mérito y capacidad a través de pruebas selectivas que miden objetivamente los conocimientos de los aspirantes. Sin entrar a cuestionar la adecuación o no de las pruebas a la realidad actual, lo cierto es que si bien en teoría este sistema es riguroso, en la práctica se diluye. No en los pueblos y ciudades, dado que en los mismos ejercen profesionales que han accedido al cargo mediante criterios puramente objetivos: superar las pruebas selectivas y elección de la plaza según el orden del escalafón. Pero cuando se trata de estadios superiores, esa objetividad se difumina poco a poco conforme nos vamos acercando a la cúpula de la carrera fiscal, donde el Fiscal General del Estado es nombrado formalmente por el Rey y materialmente por el Gobierno, sin otro trámite que la preceptiva audiencia al Consejo General del Poder Judicial. Bien es cierto que la Ley 24/2007 de 9 de octubre modificó el artículo 29 de la Ley 50/1981 de 23 de diciembre por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a fin de establecer la posibilidad de que el candidato comparezca ante la Comisión correspondiente de la Cámara, pero lo cierto es que el trámite se configura como potestativo, y la ausencia de rigor en estas comparecencias es de todos conocido.

En otras palabras, que en si comparásemos la fiscalía española con el ejército, podríamos decir que los soldados rasos son elegidos efectivamente mediante criterios objetivos, pero en la selección la oficialidad se relajan sumamente los criterios de selección.

B.- En los Estados Unidos, el Attorney general es nombrado por el Presidente, pero los District Attorneys son elegidos periódicamente por los ciudadanos mediante sufragio. A su vez, el personal de apoyo a éstos se selecciona mediante concurso, primando no sólo el conocimiento (que se presupone en un licenciado en Derecho), sino en otros aspectos como la formación práctica y la experiencia. Además, la retribución económica suele ser bastante inferior a la existente en el sector privado. De ahí que, como indicaba uno de los protagonistas de la benemérita serie Law & Order a una integrante de la fiscalía que estaba meditando renunciar a su puesto: “Contra lo que piensas, no hay gente haciendo cola para ocupar tu puesto.”

En otras palabras, siguiendo con el símil militar, en este caso es la propia comunidad quien elige periódicamente a los oficiales que son, a su vez, los encargados de seleccionar la tropa.

3.- La diferente configuración de los encargados de ejercer la acusación pública en una y otra orilla del Atlántico hace que la responsabilidad sea diferente en ambos casos.

A.- El integrante del Ministerio Fiscal español, por regla general, y permítasenos utilizar una célebre expresión referida al fallecido Caudillo, únicamente son responsables “ante Dios y ante la historia.” Si son bien escasos los asuntos que finalizan con la exigencia de responsabilidad a un juez o magistrado (además de escasos, los poquísimos que han prosperado se deben más a presión mediática por afectar a asuntos de gran calado que a otra cosa), los de la fiscalía son aún mucho más infrecuentes. Y pongo un ejemplo concreto. Si bien la maquinaria periodística y gubernamental se engrasó para exigir y lograr la responsabilidad disciplinaria del juez y de la secretaria judicial en el popular asunto en el que un condenado que estaba pendiente de ingresar en prisión reincidió en el periodo en el que debería haberse ejecutado la sentencia y no se hizo, por el contrario no es ya que se incoara un expediente disciplinario a ningún fiscal, sino que ni tan siquiera nadie se molestó en solicitarlo, y ello pese a que el noveno punto del artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal incluye entre sus competencias la de “velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.” Quiere ello decir que dada la estructura jerárquica que caracteriza el cuerpo de fiscales, éstos únicamente responden ante el superior, y el vértice aunque en teoría es independiente, ya se sabe que en la práctica responde ante la autoridad que lo ha nombrado, es decir, el Gobierno.

B.- En los Estados Unidos la situación es radicalmente opuesta. Los ayudantes responden, evidentemente, ante su superior, el District Attorney, y como además no gozan de inamovilidad, una negligente actuación puede acarrear el cese inmediato. Pero además, el superior jerárquico no es elegido por el ejecutivo, sino por el pueblo, y ha de someterse periódicamente a un sufragio si desea permanecer en el cargo. De ahí que deba procederse con extrema cautela.

En fin, que para terminar este post sobre la fiscalía, no puedo menos que recomendar a los lectores que si tienen la posibilidad, vean la excelente película Boomerang (que el traductor español con el rigor que es habitual en él ha traducido como El justiciero, que si bien hace justicia al argumento no lo hace al título) dirigida en 1947 por Elia Kazan y donde un magnífico Dana Andrews interpreta al fiscal Henry Harvey, quien, ante la presión mediática y policial, se ve en la tarea de ejercer la acusación de John Waldron (magnífico Arthur Kennedy), detenido por el jefe de policía Harold Robinson (Lee J. Cobb) acusado de matar a un párroco local muy querido. Harvey se enfrenta a todos ellos amparándose en un principio fundamental: su labor no es acusar indiscriminadamente, sino la búsqueda de la verdad, y en el juicio que tiene lugar en la sala de vistas de la ciudad demuestra ante el magistrado y ante una sorprendida audiencia que la persona acusada era imposible hubiese sido quien perpetrara el crimen. Y para quien piense que estamos ante una mera ficción, sepa que se basa en un hecho real, y que el personaje encarnado por Dana Andrews encubre en realidad a Homer Cummings, quien llegó a ser Attorney General con el presidente Roosevelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

de Monsieur de Villefort Publicado en Sin categoría

EL TSJ DE ASTURIAS CONFIRMA LA NULIDAD DEL BOICOT A ISRAEL POR VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN.

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La reciente Sentencia 706/2016 de 29 de septiembre de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso número 207/2016, desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Langreo frente a la Sentencia 105/2016 de 25 de mayo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo dictada en autos de procedimiento especial para la Protección de Derechos Fundamentales 207/2016 y, en consecuencia, declara nulo por vulneración de derechos fundamentales el Acuerdo del Ayuntamiento de Langreo adoptado el 28 de enero de 2016 y en virtud del cual se declaraba dicho concejo Espacio Libre de Apartheid Israelí.

La sentencia rechaza un aspecto formal invocado por el Ayuntamiento, cual es la falta de legitimación de la entidad recurrente para interponer el recurso, amparándose para ello en la jurisprudencia constitucional. No obstante, lo más relevante de todo es el razonamiento jurídico que afecta al fondo del asunto, y que podemos desgranar de la siguiente forma:

1.- Infracción del Ordenamiento. La Sentencia contiene un interesantísimo razonamiento en cuanto a la falta de competencia municipal para adoptar dicho acuerdo, algo que supone de por sí una infracción de la legalidad ordinaria: “cabe afirmar, como se hace en la sentencia apelada, la falta de competencia de la Corporación Municipal para hacer un pronunciamiento que afecta a las relaciones internacionales como recoge el artículo 149.1.3º que las atribuye exclusivamente al Estado Español y que en principio supondría una vulneración de la legalidad ordinaria.” En otras palabras, que la propia Sala advierte al Ayuntamiento que está excediendo los límites de las atribuciones que a los entes locales atribuye la Ley 7/1985 de 2 de abril, incidiendo además que la materia afectada por la invasión es de competencia exclusiva estatal.  Pero, insistimos, aun cuando se aprecie dicha circunstancia, la legislación procesal administrativa limita materialmente el contenido de la sentencia dictada en un procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, pues el artículo 121.2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio es claro: “La sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como consecuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo”, lo que implica que no es suficiente la infracción del ordenamiento, sino que es preciso que dicha infracción vulnere un derecho constitucional de los contemplados en la Sección Primera, Capítulo Segundo Título Primero de la Constitución.  Se impone, pues, analizar si se da esa circunstancia.

2.- La Sala procede, a continuación, a analizar si el Acuerdo municipal anulado en la sentencia de instancia vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Y, en efecto, considera que el mismo es discriminatorio y, en consecuencia, que el mismo vulnera dicho precepto constitucional. Lo hace en un breve párrafo de seis líneas y media (no se caracteriza la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por consumir demasiados esfuerzos argumentativos en sus resoluciones), en el cual hace una interpretación conjunta o global del acto administrativo: “El referido acuerdo, en sus apartados 1,2.4 y 5, por su carácter genérico, no cabe hacer reproche alguno, en cuanto recogen principios programáticos susceptibles de ser acogidos, sin que supongan la vulneración de derecho alguno, mas al incluirse dentro del contexto general del acuerdo, en el que se pone de manifiesto que las medidas adoptadas obedecen a crear discriminación en relación con el Estado israelí y los israelitas, entendemos que afectan al derecho a la igualdad que se recoge en el artículo 14 de la Constitución, al igual que sucede con los apartados 3 y 6 del referido acuerdo que de forma directa vienen a reconocer y establecer dicha discriminación como admite la sentencia apelada.”

Todo ello sin duda alguna hará preguntarse al lector interesado en qué situación queda la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón, que en un caso literalmente idéntico en todos sus extremos al analizado por la Sala, había inadmitido a trámite el mismo por no ser un acto administrativo susceptible de impugnación, sentencia a la que habíamos dedicado un análisis en la presente bitácora. En cuanto a este punto, simplemente indicar que la mera consulta a las voces “acto administrativo” y “acto administrativo no impugnable” en el Diccionario del Español Jurídico (dirigido por Santiago Muñoz Machado, elaborado en conjunto por la Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial y publicado por la editorial Espasa en abril del presente año 2016) deja bien clara la cuestión no precisamente en el sentido que propugna la sentencia del Juzgado gijonés; y, por cierto, la segunda de las voces cita de forma expresa la sentencia que recogíamos en nuestro comentario en cuanto a lo que es y no es un acto administrativo, resolución que el propio Santiago Muñoz Machado citaba en el cuarto tomo de su monumental e imprescindible Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, precisamente al analizar el concepto de acto administrativo; y eso que el autor propugnaba una definición del mismo bastante más restrictiva que el del grueso de la doctrina.

EL “SÍNDROME DE MAURICIO CANALES” DE UNA JUEZ DE INSTRUCCIÓN CON UN LETRADO DEL TURNO DE OFICIO.

Mauricio Canales

Siempre he dicho que un amplísimo porcentaje de los empleados públicos no sólo hacen gala en su cotidiano quehacer de una gran profesionalidad, sino de un trato personal exquisito, y de ahí que en la inmensa mayoría de los casos suele ser estimulante el ejercicio de la profesión. Pero agazapado en el conjunto hay un grupúsculo de personajillos que constituyen el auténtico garbanzo negro existente en cualquier colectivo.

Viene lo anterior a cuento de la experiencia sufrida hoy por un amigo muy cercano, que tuvo la amabilidad de exponer a varios compañeros y que demuestra hasta qué punto llega la catadura moral de algunas personas que se ven adornadas con el halo del poder público y que no hacen sino ser la confirmación viviente del célebre aforismo “Si quieres conocer a Perico, dale un carguico.” Y ese grupúsculo no hace otra cosa sino empañar a todo un colectivo integrado en el noventa y cinco por ciento por personas en el amplio sentido de la palabra, es decir, que aúnan actuación profesional y trato cordial, conocimiento y saber estar, sapiencia y educación. Porque, en contra de lo que suele ser creencia habitual, saber y educación no son términos que vayan siempre de la mano, y ni mucho menos son sinónimos.

Pues bien, este amigo, abogado en ejercicio con más de quince años de experiencia, se encontraba de guardia para el enjuiciamiento de delitos rápidos en órganos judiciales. A las nueve y veinte de la mañana recibe, en su teléfono móvil, una llamada de una funcionaria del juzgado de guardia (en concreto, del Juzgado de Instrucción número Dos de Gijón), y donde con un tono bastante áspero le informó que existían varios asuntos que requerían su presencia en el lugar (hasta aquí, salvo por las formas, todo normal) y se exigía compareciese en la sede a las nueve y media, es decir, en diez minutos desde la recepción de la llamada. Dado que este amigo jamás utiliza el vehículo en sus desplazamientos dentro de la ciudad, manifestó que le sería imposible cumplir ese horario, no obstante lo cual trataría de acudir lo más rápido posible y que, en todo caso, y en el peor de los supuestos, estaría físicamente en sede judicial a las diez y cuarto. Ante ello, la funcionaria en cuestión espetó con un tono despectivo un “pues qué bien” y “ahora vamos a tener que esperar”, respondiéndole su interlocutor, sin alterarse lo más mínimo, que puestos a ser estrictos la legislación vigente le otorgaba un plazo máximo de tres horas para acudir y que además, en otras ocasiones tuvo que ser el letrado quien esperase, y precisamente en ese mismo órgano jurisdiccional que ahora demandaba tanta celeridad. Sorprendida (y, con total seguridad, enojada) por dicha respuesta, la funcionaria aparta el auricular pero no lo suficiente como para impedir a su interlocutor escucharla, y lo que manifestó (es de suponer que al resto del personal del juzgado) este ejemplo, flor y nata del empleo público español fue lo siguiente: “mira, dice que otras veces tiene que esperar él.” Consumada esta breve pausa, se incorpora nuevamente al auricular y dice: “Un momento, que la juez quiere hablar con usted.” Llegado a este punto, dado que el abogado en se encontraba ese momento con otras dos personas, y como se temía lo que iba a pasar, tuvo la precaución de poner el manos libres, por lo que hubo dos testigos auditivos de la siguiente intervención de la juez, que el compañero en cuestión tuvo la amabilidad de facilitarme a los efectos de transcribirla en este blog para solaz de los lectores: “Soy [se identificó con su nombre y apellidos], magistrada del Juzgado de Instrucción número dos de Gijón. Está usted de guardia y le estamos citando para las nueve y media, porque sus clientes ya están aquí y nosotros estamos ya desde las nueve de la mañana. Usted sabía que estaba de guardia, por lo que tenía que estar presente como lo estamos nosotros, aunque aquí ya está la profesionalidad de cada uno. Le informo que vamos a hacer constar mediante diligencia que le hemos llamado y a la hora a la que lo hemos hecho” Tras lo cual, sin dar la oportunidad para contestar, colgó el teléfono. Mi amigo, al parecer bastante más calmado y tranquilo de lo que es habitual en él en estas ocasiones, se tomó la situación con bastante calma, llegando a las dependencias judiciales a las 10:07, no sin que antes las dos personas que pudieron escuchar la diatriba de Su Señoría hubiesen adornado a ésta con varios epítetos el más dulce de los cuales fue “grosera”. Por cierto, este mismo compañero nos informaba del disgusto de una de las personas encausadas (quien informó después al abogado que la juez le había indicado textualmente “puede pedir responsabilidad del abogado por el retraso”) por el hecho de que, una vez manifestada la conformidad con el asunto a las 11:49 horas, ese mismo órgano judicial que tanta prisa tenía y que en toda la mañana únicamente tuvo dos juicios rápidos que se solventaron con sendas conformidades, no notificó la sentencia hasta las 13:47. Casi dos horas para una conformidad (y computadas no desde la toma de declaraciones, sino desde que se manifestó la conformidad al fiscal y a la juez). Por cierto, que el compañero no tuvo más que palabras de elogio hacia la persona que hoy representaba al Ministerio Fiscal (con quien ya había coincidido en más ocasiones) porque siempre hizo gala de una corrección en las formas y un trato personal digno de alabanza por su cortesía, respeto y consideración, lo que también es de justicia constatar en esta bitácora.

Al ex abrupto de la magistrada, pues no otro calificativo merece su desafortunada salida de tono que, como veremos, no es ni mucho menos la primera, cabría oponer las siguientes consideraciones:

1.- Cuando el Abogado se encuentra de guardia, su obligación legal es la de estar “disponible”, y en modo alguno se impone su presencia física en el juzgado ad cautelam cuando todavía no han sido requeridos sus servicios profesionales. Lógicamente si está citado a una hora concreta, su obligación no ya legal, sino moral es la de estar allí a la misma, pero este no era el caso, pues la primera comunicación que se hizo al letrado fue mediante la llamada telefónica a las nueve y veinte. Por cierto, si la juez conociera como yo conozco al compañero en cuestión, sabrá que cuando está citado a una hora suele estar incluso diez minutos antes de la misma, para encontrarse en el noventa y nueve por ciento de los casos con que la declaración, comparecencia o vista suelen inevitablemente demorarse bastante más allá de la hora fijada.

2.- El artículo 520.5 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción que al mismo por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, dispone que: “El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente.” Aun cuando dicho precepto se refiere a la detención, es aplicable analógicamente a este asunto, pues “desde la recepción del encargo”, al abogado se le impone, evidentemente, un deber de celeridad, pero siempre que acuda dentro de ese plazo máximo no tiene responsabilidad alguna, ni disciplinaria ni moral.

3.- Sería bueno se aclarase al público en general cómo es posible que un juzgado que a lo largo de una mañana tramita únicamente dos procedimientos por enjuiciamiento rápido (que conllevaron tan sólo la toma de declaración de dos investigados y un perjudicado, tres declaraciones que en conjunto no ocuparon ni tan siquiera media hora), solventados ambos mediante conformidad, dilata nada menos que dos horas la notificación de la sentencia. Ello nos sitúa ante dos alternativas, cada cual más preocupante. Porque o bien esa demora no es intencionada, lo que implica  que la encargada de elaborar la resolución judicial tiene menos de 20 pulsaciones por minuto al escribir en el ordenador (cabría preguntarse legítimamente qué habría ocurrido si en vez de dos fuesen cinco o seis los procedimientos a tramitar); o bien es voluntaria, en cuyo caso el redactor de estas líneas se reserva su opinión por ser susceptible de zaherir los sentimientos de algún lector.

4.- Que la juez haya dicho a una de las personas que “puede pedir responsabilidad” a un abogado por esa circunstancia (cuando la demora en acudir no llegó a los cuarenta minutos, y eso un sábado) no solo es una indignidad que califica por sí sola como persona a dicha magistrada, sino que puestos a ser estrictos y si utilizamos el mismo rasero cada vez que un órgano judicial cita a las partes a una hora y la misma comienza con retraso, me temo que el Consejo General del Poder Judicial iba a ser incapaz de abordar todas las reclamaciones que serían susceptibles de interponerse por dicha circunstancia.

5.- Como hemos dicho en más de una ocasión, el ejercicio de la autoridad no está reñido con las buenas formas y el trato amable. Claro que diremos en defensa de la juez que el poco o nulo respeto a las más elementales reglas de la educación las ha tenido hasta con propios compañeros, pues es una gravísima falta de respeto y un indicio de una preocupante ausencia de la más elemental educación interrumpir una vista cuando se está contemplando la misma como espectador y no como magistrado, hecho éste por el que la juez en cuestión fue incluso sancionada hace seis años por el Consejo General del Poder Judicial (noticia que incluso mereció ser reseñada en prensa), si bien dicho órgano, haciendo gala del mismo corporativismo del que acusan a los letrados, le impuso simplemente la poco menos que simbólica sanción de “apercibimiento”, que es lo mismo que ocurre cuando un padre benévolo castiga a su hijo con dos suaves toquecitos en el hombro mientras le entona un “ah, malo, malo.”

Con todo, si tuviésemos que analizar todo este asunto echando mano de la psiquiatría, es evidente que a la magistrada en cuestión habría que diagnosticarle el síndrome de Mauricio Canales. Para el lector que desconozca quién es el personaje en cuestión, informarle que es uno de los protagonistas de la novela (adaptada ulteriormente como serie televisiva) La sonata del silencio, un siniestro juez de primera instancia e instrucción que aprovecha su cargo y la posición social que ostenta para en ocasiones humillar a quienes considera que están por debajo de su status. En cierta ocasión su abuso es tan sangrante que incluso Rafael Figueroa, vecino suyo, notario de profesión y socialmente muy por encima del magistrado, estalla ante la humillación a que el juez somete a una persona caída en desgracia preguntándole “¿Por qué hace esto?”, el magistrado responde con un lacónico y revelador: “Porque puedo”. Afortunadamente en nuestro país casi no existen especímenes como el descrito en la novela de Paloma Sánchez Garnica, pero sí que en un colectivo tan inmenso es inevitable que aparezca algún residuo (o “residua”, ya puestos) que conserva dicha mentalidad.

“PUYAZO” JUDICIAL A LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA A CUENTA DEL “TORO ENMAROMADO”.

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La reciente Sentencia 1535/2016 de 2 de noviembre de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) dictada en autos de Procedimiento Ordinario 7/2015 aborda de nuevo el tema de la distinción entre potestad discrecional y elementos reglados, y lo hace precisamente al enfrentarse al recurso interpuesto por la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales frente a la Orden por la que se declara como espectáculo taurino tradicional el “Toro enmaromado de Astudillo/Toro del pueblo.” La verdad es que la sentencia, por utilizar un símil taurino, esquiva las chicuelinas y capotazos que la Administración le lanzaba para embestir de lleno y propinar una cornada a la Administración en el costillar de la discrecionalidad. Y llama la atención no sólo la seguridad y firmeza con que la resolución el asunto, pese a que la sede del Tribunal se ubique precisamente en la calle “Angustias”. Analizaremos a continuación los dos aspectos más interesantes de la sentencia.

I.- CONTROL DE LA DISCRECIONALIDAD

El fondo del asunto radicaba en verificar la adecuación o no a Derecho de una Orden que declaraba como espectáculo taurino tradicional el festejo indicado en el punto anterior, amparándose para ello en un precepto que la propia norma autonómica establecía en cuanto a la prohibición de “herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses” así como a “darles muerte en presencia del público”. El acto autonómico impugnado, previa la correspondiente tramitación del procedimiento, había excepcionado dicha prohibición al considerar que la celebración era un festejo tradicional, y ahí radicaba la controversia, pues la Administración aun reconociendo la existencia de elementos reglados, sostenía que el fondo último, la Administración cuenta con un amplio margen de discrecionalidad. Pues bien, la Sala aborda el tema y, valga de nuevo el símil taurino, coge el toro por los cuernos, recordando en su fundamento jurídico segundo la doctrina sobre la discrecionalidad, lo que hace en los siguientes términos: “aunque es cierto que la Administración ostenta facultades de carácter discrecional a la hora de adoptar estas decisiones –tanto para efectuar esa declaración como para revocarla o modificarla- ya que es a quien en definitiva corresponde, apreciando entre otras cosas la sensibilidad social sobre este tipo de espectáculos, decidir si inicia o no un procedimiento para esa declaración o modificar los términos en que se celebra el espectáculo, o efectuar la declaración misma como espectáculo tradicional, también lo es que en la propia declaración del carácter de espectáculo taurino tradicional existen elementos reglados que se recogen en el mencionado Decreto 14/1999, que evidentemente son susceptibles de control jurisdiccional. La observancia del procedimiento y de los requisitos establecidos en dicha disposición constituye presupuesto necesario e indispensable para poder dictarse la resolución autorizadora, aunque persista en la decisión final a adoptar ese margen de discrecionalidad en que pueden valorarse todos los aspectos concurrentes. Ello implica que aunque el núcleo de la decisión en este tipo de actos sea de carácter discrecional no podrá efectuarse la declaración del carácter tradicional del espectáculo sino [sic] concurren los presupuestos reglados previstos en el Decreto 14/1999.”

Por tanto, queda claro que entre los elementos reglados del acto se encuentra el respeto a los presupuestos fijados por la norma reglamentaria para entender como “tradicional” un festejo taurino, entendiéndose por tales, en los términos del artículo 28 de la meritada norma autonómica, que: “son aquellos festejos populares con reses de lidia cuya celebración arraigada socialmente se venga realizando en la localidad de forma continuada desde tiempos inmemoriales, desarrollándose de acuerdo con la costumbre del lugar.” Todo un reto jurídico si tenemos en cuenta que el precepto está plagado no sólo de conceptos jurídicos indeterminados (arraigo social, tiempo inmemorial) sino de remisión expresa a una fuente del derecho tan atípica en el ordenamiento jurídico-administrativo como es la costumbre. Si bien es cierto que la propia norma autonómica despeja la indeterminación en uno de sus elementos, dado que entiende por “inmemorial”, si bien a los únicos efectos de dicha norma, “aquellos espectáculos en los que se acredite que tienen una antigüedad de al menos doscientos años.” No obstante, me permito indicar que en este caso el Decreto ha incurrido en un notable exceso a la hora de fijar las dos centurias como término base. Y ello porque dado que este mismo año he tenido la oportunidad de leer el primero de los trabajos del profesor Eduardo García de Enterría, el publicado en 1955 con el título Dos estudios sobre la usucapión en Derecho Administrativo, en el primero de los cuales analizaba el instituto de la prescripción inmemorial, tengo bien fresco el análisis dogmático que el ilustre administrativista efectuaba acerca de la inmemorial, y los motivos por los que ésta se fijaba en cien años. Término que el Decreto duplica sin ofrecer motivos o explicaciones que justifiquen tal proceder.

II.- LA VALORACIÓN DE LA CONCURRENCIA DEL CARÁCTER “INMEMORIAL” COMO ELEMENTO DE CONTROL DE LA DISCRECIONALIDAD A TRAVÉS DE UN ELEMENTO REGLADO

Es evidente que el término “inmemorial” se convierte en un elemento reglado cuya existencia es preciso acreditar para declarar el carácter tradicional de un festejo taurino. La Sentencia parte de un hecho esencial, cual es que “Y es evidente que lo que debe ser inmemorial es el concreto espectáculo que pretende obtener la calificación de tradicional, y no cualquier otro que se le pueda parecer, que sea similar o que se celebrara tiempo atrás en la misma localidad.” Pues bien, a la hora de enfrentarse a la justificación histórica esgrimida por la Administración, que se remontaba a hechos acaecidos en 1565 e incluso llegaba a echar mano de la legendaria enciclopedia taurina debida a José María de Cossío, la sentencia entra metafóricamente a matar asestando la estocada fatal en la cerviz administrativa: “todos estos antecedentes aluden a funciones de toros o novillos en general sin especificar ninguna de las especiales características con las que se pretende obtener la declaración de festejo tradicional, y más concretamente nada se dice sobre el enmaromamiento de la res, que es lo más característico del festejo, y que precisamente es lo que justifica la declaración solicitada.” Se analizan la descripción de los festejos taurinos en cada una de las fechas invocadas por la Administración (1740, 1751, 1773 y 1786), y la Sala concluye que “aun admitiendo que el paso del tiempo de lugar a cambios en el desarrollo del mismo, no se encuentra reflejada en ninguno de los documentos mencionado, por lo que no sirven para acreditar una antigüedad de al menos 200 años del espectáculo taurino que se pretende declarar tradicional.”

Es decir, que la Sala no niega el carácter inmemorial de los festejos taurinos, pero lo que niega es el carácter inmemorial del concreto festejo taurino que se pretende calificar como tradicional, por no venir acreditados los elementos normativamente exigidos para ello. Estamos, pues, ante un ejemplo claro de cómo es posible controlar la discrecionalidad administrativa simplemente mediante un exhaustivo control de los elementos reglados del acto.

CUANDO EL PODER JUDICIAL PREMIA A LOS ABOGADOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA……EN ESTADOS UNIDOS, QUE NO EN ESPAÑA.

pro-bono

Si uno contempla la situación de los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita en España la situación es para echarse a llorar. Se exige mucho para recibir poco o nada a cambio, a lo que hay que añadir que nadie, absolutamente nadie, reconozca su labor. El Consejo General de la Abogacía se limita a propagar la consabida consigna de que se presta el servicio “las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año” (menos mal que cuando menos deja libre el día adicional de los años bisiestos), mientras que un inmenso porcentaje de Letrados de la Administración de Justicia e integrantes del Poder Judicial en el mejor de los casos se limitan a mantener un elocuente silencio, pues en estos colectivos, lamentablemente, quienes reconocen la labor del abogado de oficio engloban un mínimo porcentaje que se engloba dentro de la honrosísima excepción que confirma la regla.

Por ello, noticias como la que tuvo lugar el pasado mes de junio en el estado de Minnesota muestran lo que debe ser realmente el reconocimiento a la labor de quien presta un servicio público, cuando menos tan respetable como el de impartir justicia. Pues bien, nada menos que la página web del Poder Judicial del estado de Minnesota colgaba el día 17 de junio de 2016 esta noticia: Minnesota´s Seventh Judicial District honors St. Cloud attorney William Kain with Pro Bono award (El Séptimo Distrito Judicial de Minnesota otorga el galardón de justicia gratuita a William Kain,  abogado de St. Cloud). Si el jurista español decide adentrarse en la lectura de la noticia, algo bien sencillo porque consta únicamente de cinco breves párrafos, sin duda alguna se verá gratamente sorprendido por la lectura del segundo párrafo: “Every year, the Seventh Judicial District Pro Bono Award is given to a legal profesional in Minnesota´s Seventh Judicial District who has worked to develop or deliver no-cost legal services to the poor through a pro bono program” (El Galardón Pro Bono del Séptimo Distrito Judicial se otorga cada año a un profesional de la abogacía que, ejerciendo en el séptimo distrito judicial, haya trabajado para ofrecer o mejorar los servicios de justicia gratuita a los pobres a través del programa de asistencia gratuita). Eso en cuanto al premio. En lo que respecta al galardonado este año, podemos observar que se trata de un abogado con amplia experiencia (ha colaborado con Servicios Jurídicos Centrales de Minnesota durante más de tres décadas), que en los tres últimos años ha asumido la defensa de 18 clientes sin recursos en materia concursal de los cuales ha obtenido resultado favorable para sus clientes en 15 de ellos, y eso porque los otros tres “aún se encuentran pendientes de resolución”. No se trata ya sólo del galardón y de quien lo otorga, sino que en el propio acto de la entrega es nada más y nada menos que el máximo responsable de la judicatura estatal quien reconoce explícitamente no sólo la categoría profesional del galardonado, sino que glosa su figura con las siguientes palabras: “A lo largo de toda su carrera, Bill Kain ha demostrado un alto nivel de dedicación y servicio a nuestra comunidad con su trabajo voluntario y de asistencia jurídica gratuita. Le estamos agradecidos por su importante labor en pro de aquéllos que la necesitan, y nos enorgullece reconocer con este premio sus aportaciones a la profesión jurídica.” Ahí queda eso!

Conviene retener dos cuestiones muy importantes que sirven para enfatizar aún más la importancia del evento:

1.- Se trata de un premio que otorga el Poder Judicial. No es la Administración, no es el Poder Ejecutivo, no es la propia comunidad letrada, no, es nada menos que el Séptimo Distrito Judicial del estado quien otorga y, lo que es más importante, entrega formalmente el galardón. Y dado el prestigio y la auctoritas de que goza en los Estados Unidos el tercero de los poderes, ello acrecienta aún más la importancia el mismo.

2.- Premia la dedicación del abogado en la defensa quien no tiene recursos. En los Estados Unidos lo normal es que la atención legal a quienes carezcan de recursos la presten organismos específicos que cuentan con varios letrados a quienes se retribuye anualmente, y en cantidades que si en la otra orilla del Atlántico parecerían ridículas sin duda alguna en nuestro país muchos abogados las aceptarían sin dudar lo más mínimo (hablamos de cuarenta mil dólares anuales, y más en algunos lugares). Pero en ocasiones despachos de tamaño medio o grande, por las razones que fuere, establecen un determinado número de horas para que sus integrantes asuman la defensa de personas sin recursos, o incluso puede ocurrir que sea el propio órgano judicial quien designe a un abogado concreto para defender a quien carece de recursos.

Es evidente que cuando en un país que a lo largo de su historia ha demostrado un respeto absoluto por las decisiones judiciales, que deposita en sus jueces la confianza para la resolución de controversias y que, salvo momentos muy puntuales, ha mostrado una auténtica veneración por sus jueces (que no así por sus abogados), que sea precisamente el Poder Judicial quien reconozca expresa y formalmente la dedicación de la abogacía en pro de la defensa de quienes no tengan recursos (máxime en un país donde la asistencia jurídica gratuita únicamente es preceptiva en el orden penal), sin duda alguna implica toda una declaración de principios.

Claro que en nuestro país esa situación sería impensable, y sirva para ello un ejemplo concreto del que puedo dar fe porque fui testigo presencial del mismo. Hace casi tres lustros, en un encuentro de abogados del turno de oficio que tuvo lugar en una costera ciudad del norte de España, una de las ponencias la impartieron cuatro magistrados, uno de cada orden jurisdiccional. Uno de ellos (por entonces en un juzgado mixto, hoy en uno dedicado exclusivamente a asuntos penales) inició su intervención con la siguiente perla, y cito de forma textual: “Es que, claro, mientras uno de mis compañeros de promoción abrió un despacho, yo me dediqué a estudiar mis oposiciones”, para a continuación dedicarse a despotricar contra los abogados del turno de oficio con expresiones como: “Fíjense que a veces me da que pensar, cuando tomo declaración a un detenido que el único que le hago preguntas soy yo, y el abogado de oficio no dice nada”; hasta tal punto que del público asistente una compañera que ejercía en otro lugar de la geografía española manifestó en voz alta que: “Nos está insultando. Me siento insultada por lo que dice ese señor.” Y sirva como guinda del pastel otra sabrosa anécdota que me suministró un compañero quien, en un asunto de violencia doméstica donde solicitaba una orden de protección, al tener lugar la vista y al ser requerido por la magistrada (no la titular, sino la de un juzgado par de la localidad que la sustituía) para que indicara los extremos solicitados, al remitirse el letrado en cuestión a los expresados en la solicitud se encontró con que Su Señoría Ilustrísima, de muy malos modos y con gesto adusto, le espetó lo siguiente: “Pues me los resume, no pensará que me lo voy a leer ahora.” A siglos luz de un país cuya Constitución cumplirá el año que viene la friolera de doscientos treinta años.

SESIÓN ESPECIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO EN RECUERDO DEL JUEZ ANTONIN SCALIA.

The body of Justice Antonin Scalia arrives at the Supreme Court, on Friday, February 19, 2016. Scalia's casket will remain in the Great Hall inside the Court for most of the day as mourners pay their respects. Photo by Diego M. Radzinschi/THE NATIONAL LAW JOURNAL.

Son habituales en nuestro país las celebraciones de despedida a jueces y magistrados cuando cesan en determinado órgano jurisdiccional por cambio de destino. En esos casos, la norma no escrita impone que sus compañeros de estrado y el resto del personal que presta sus servicios en la Administración de Justicia (procuradores, abogados) se reúnan para ofrecerle un ágape de homenaje donde, ante una mesa más o menos repleta de suculentas viandas, se recuerden los buenos momentos y se manifiesten los buenos deseos para el homenajeado en su nuevo destino. Lo que ya no es tan frecuente es que, si la vacante se produce por el luctuoso hecho del fallecimiento, se ofrezcan jornadas o sesiones de homenaje póstumo, máxime cuando el magistrado lo es de órganos superiores y, sobre todo, cuando ha tenido cierta relevancia por sus aportaciones jurisprudenciales.

Pues bien, el pasado día 4 de noviembre de 2016 tuvo lugar una jornada de recuerdo a Antonin Scalia. Lo que llama la atención no es en sí la propia existencia de la jornada (pues es una más entre otras muchas dedicadas a glosar su trayectoria biográfica y su decisiva influencia en los pronunciamientos del Tribunal Supremo norteamericano), sino que la misma tuvo lugar en una sesión especial del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, bajo la presidencia del chief justice John Roberts y donde intervinieron la Attorney General y el acting Solicitor General. Previamente a la celebración física de la sesión extraordinaria, las personas habilitadas para ejercer profesionalmente como abogados en el Tribunal Supremo (lo que se conoce como Bar of the Supreme Court, dado que para ejercer ante dicho órgano judicial no basta con haber obtenido el título universitario y superado el examen de acceso a la abogacía, sino que debe obtenerse la habilitación en el propio Tribunal para ejercer en el mismo, exigiéndose unos requisitos muy cualificados) aprobaron una Resolución para “ofrecer nuestro respeto a una gigantesca figura en el Derecho americano: juez de convicciones, carácter y coraje; apreciado compañero; mentor irreemplazable y hombre devoto de su país, su Constitución y este Tribunal.”

En lo que respecta a la sesión especial, si algo merece destacarse es que se celebró en la Sala de Vistas del Tribunal en el que durante treinta años el homenajeado prestó sus servicios, y que de la misma se extendió el oportuno acta oficial, que los lectores interesados pueden consultar aquí. Llama igualmente la atención el carácter formalista que se da al acto y que no difiere en este punto de cualquier sesión ordinaria del Tribunal, algo que puede comprobarse con la  solemne fórmula de salutación con que el chief justice declara abierto el acto (“The Court is in Special Session this afternoon to receive the resolutions of the Var of the Supreme Court in tribute to Associate Justice Antonin Scalia,”), solemnidad que es ratificada tanto por el acting Solicitor General como por el Attorney General, quienes dan comienzo a sus intervenciones con la fórmula rituaria que se utiliza para iniciar un alegato en el órgano judicial “Mr. Chief Justice, and may it please the Court.” No obstante, en algo se había de notar la especialidad, y ésta consistió en que John Roberts no sólo se abstuvo de interrumpir para hacer preguntas a los juristas que deponían en Sala, sino que efectuó una intervención final en la que recordó emotivamente a su compañero, haciendo un repaso de su trayectoria profesional en la judicatura, como magistrado en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia (el mismo en el que, por cierto, estuvo destinado Roberts antes de dar el salto al Supremo) y en el más alto Tribunal de los Estados Unidos. Roberts se vio interrumpido en varias ocasiones por las risas del público cuando aquél echó mano de su sentido del humor para referirse a algunas de los aspectos más polémicos del homenajeado, como la frecuencia de sus votos particulares (“También se le conocía por los votos particulares que efectuaba de vez en cuando…”), la visión que Scalia tenía respecto a su visión restrictiva de las garantías penales (“En cierta ocasión [Scalia] manifestó que sus sentencias sobre el ámbito de las garantías penales de la Declaración de Derechos sin duda lo convertirían en el juez favorito de los acusados a lo largo del país…”), sus jugosas confidencias (“Sus comentarios en esta sala incluían impagables confidencias en voz baja compartidas sólo por quienes tuvieron la fortuna de ubicarse a su lado…”) o cuando el propio chief justice reconoció explícita aunque formalmente muy cuidadosa la existencia de momentos difíciles en el seno de la institución (“Bien, sería temerario decir que nunca hubo momentos difíciles en esta sala….). Pero, sobre todo y por encima de todo, Roberts destacó, lo mismo que el resto de los intervinientes, en la devoción que por el mundo del Derecho sintió Antonin Scalia, la decisiva influencia de sus teorías interpretativas que, de precisar ejemplificarse en una única sentencia, ésta sin duda alguna sería District of Columbia v. Heller, el caso donde el Tribunal Supremo efectúa una interpretación de la segunda enmienda y que dio lugar a un auténtico duelo de primeros espadas entre Antonin Scalia (ponente de la sentencia) y John Paul Stevens (autor del voto particular), y donde ambos hacen alarde de una auténtica erudición no sólo jurídica, sino histórica y sociológica, con el añadido de hacerlo con un estilo literario impecable.

En definitiva, que se trató de un recuerdo en toda regla no destacable tanto por su duración, ya que ésta apenas consumió veinticuatro minutos, sino por la intensidad y calidad de las intervenciones, con las que se pretendía evocar a quien, con independencia de que se compartiera su visión o sus teorías constitucionales, fue sin duda alguna una gigantesca figura en la historia constitucional americana y que logró insuflar su pensamiento en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por cierto, no quiero finalizar sin una pequeña nota de humor. En uno de los episodios de la divertida serie Boston Legal, el abogado Alan Shore se encontraba en jornada lúdico-festiva con su jefe y amigo Denny Crane en un lugar llamado Nimo Bay (bahía Nimo). Curiosamente aparecía por allí el juez Antonin Scalia, a quien Shore le decía: “Usted aquí, señor juez!! Puedo llamarle Nimo?” Evidentemente para el público español el juego de palabras carecía de sentido, pero los guionistas efectuaron un divertido juego de palabras entre Nimo (el nombra de la bahía) y Nino, término con el que se referían al juez sus familiares y amigos. Prueba de ello es que Sandra Day O´Connor, al verse jurídicamente cuestionada por Scalia en la primera ocasión que éste discrepó de la juez, se llevó una de las mayores sorpresas por la virulencia del voto particular. Meses más tarde, cuando pudo conocer en más profundidad a su compañero y valorar su bonhomía, manifestaba cuando era preguntada al respecto: “It´s just Nino.” Y buena prueba de ese carácter afable y bondadoso de Scalia lo ofrece un hecho público y notorio: con quien más afinidad personal tenía era con su declarada rival ideológica, la juez Ruth Bader Ginsburn, con quien le unía una amistad tan profunda que incluso la misma dio lugar a una ópera con la figura de ambos jueces como protagonistas. La sentida intervención de Ginsburn recordando a su fallecido compañero puede verse a través de este enlace.

LA HIGH COURT OF JUSTICE Y LA SENTENCIA SOBRE EL BREXIT (II): RAZONAMIENTOS JURÍDICOS. EL ATAQUE DE LA PRENSA A LOS JUECES

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Continuaremos en el presente post la glosa de la sentencia dictada por la High Court of Justice del Reino Unido relativa a la competencia para ejercitar las facultades tendentes a iniciar el procedimiento de salida de la Unión Europea.

El núcleo de la controversia jurídica se resume perfectamente en los párrafos 35 y 36 de la sentencia (páginas décima y undécima), aunque un poco más adelante, en el párrafo 73, se contiene una interesantísima advertencia a los potenciales lectores de la misma: “Los razonamientos jurídicos de las partes constan transcritas y son accesibles a través de internet sin coste alguno. Es posible, por tanto, resumir brevemente los mismos”. La tesis principal de los demandantes se adelanta en el párrafo 35: “Es en este contexto legal en la que la parte demandante y otros interesados entienden que la ECA 1972 [European Community Act] y otros textos legales según los cuales el derecho comunitario tiene influencia en el ordenamiento interno no dejan lugar al uso de la prerrogativa regia para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 50 del TUE y otros Tratados”. Por el contrario, el trigésimosexto sintetiza la pretensión de la parte demandada: “Al mismo tiempo, y en este contexto, la Secretaria de Estado alega que la prerrogativa regia para iniciar el procedimiento previsto en el TEU no ha sido derogado por la legislación. Se argumenta que el Parlamento ha reconocido que la Corona tendría la potestad, en el uso de las prerrogativa para dirigir la política internacional, para comunicar el inicio del proceso establecido en el artículo 50…” En definitiva, se trata de verificar si la competencia para iniciar la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea ha de iniciarlo el Gabinete (como órgano que ejercita de ordinario las prerrogativas depositadas históricamente en la Corona) al tratarse de un asunto que afecta a la política internacional o si por el contrario ha de ser el Parlamento quien deba tomar esa decisión.

La resolución judicial ya ofrece una pista de por dónde iban los tiros en el párrafo 41: “la Corona no podría haber ratificado la incorporación del Reino Unido a las Comunidades Europeas a no ser que el Parlamento hubiese aprobado la correspondiente legislación. Era necesario, pues, que el Parlamento legislase para que el ordenamiento comunitario tuviese efecto en el ordenamiento interno de las jurisdicciones en el Reino Unido como requerían los Tratados…” Digo que ya da una pista porque es un principio jurídico existente en casi todos los ordenamientos que para dejar sin efecto una normativa es preciso utilizar el mismo procedimiento que para aprobarla. A continuación la sentencia efectúa un largo excursus sobre la naturaleza jurídica de la European Comunity Act y sus modificaciones, a las que incluso se ha otorgado naturaleza constitucional.

Y es aquí donde la sentencia distingue dos cuestiones que ofrecen soluciones jurídicas distintas. La primera, que la Corona no puede utilizar sus potestades de prerrogativa para modificar el ordenamiento jurídico interno, dado que ello es una función que corresponde al Parlamento. Por otra, no niega que las cuestiones internacionales sí que entran dentro de la prerrogativa regia, pero siempre y cuando carezcan de efecto en el ordenamiento interno, en cuyo caso no es posible utilizarla, salvo que el Parlamento le haya autorizado previamente. Aplicando la tesis general al caso concreto, ello implica que: “Si interpretamos la ECA 1972 a la luz del contexto constitucional, entendemos evidente que con la aprobación de la misma el Parlamento pretendió transformar el ordenamiento comunitario en derecho interno, de tal forma que no puede dejarse sin efecto mediante el ejercicio de la prerrogativa regia. Con la aprobación de dicha ley, la Corona carece de potestad para acordar la retirada de la Comunidad….” Conclusión que reitera en el párrafo final: “Por las razones expuestas, la Secretaria de Estado carece de potestad, bajo la prerrogativa regia, para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 50 del TUE para iniciar la retirada del Reino Unido de la Comunidad Europea.”

Con todo lo anterior, es de indicar que se ha desatado una campaña de prensa auténticamente feroz contra los jueces que han dictado la sentencia que acabamos de glosar. Quien se llevó la palma fue el Daily Mail, quien dedicó al asunto nada menos que su portada a toda página, donde bajo un retrato de cada uno de los tres jueces (con sus togas rojas y dieciochescas pelucas empolvadas) plasmó este brutal titular: “Enemies of the people: fury over out of touch judges who defied 17.4.m Brexit voters and could trigger constitutional crisis” (Enemigos del pueblo: furia contra los jueces “fuera de onda” que desafían a diecisiete millones de votantes favorables al Brexit y que pueden disparar una crisis constitucional). He aquí la polémica página:

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El Daily Express fue menos draconiano, aunque también culpaba a los jueces con el siguiente titular: “Three judges yesterday blocked brexit. Now your country really does need you. WE MUST GET OUT” (Ayer, tres jueces bloquearon el brexit. Ahora, tu país realmente te necesita: DEBEMOS SALIR). El clásico Daily Telegraph sobre una foto de cada uno de los jueces colocaba el siguiente titular: “The judges versus de people” (jueces contra el pueblo. Con todo, lo grave no es eso, sino que nada menos que la Primera Ministra, Theresa May, cuya postura ha sido ciertamente equívoca, pues manifestó “Creo y valoro la independencia de nuestra judicatura, pero también valoro la libertad de prensa.”

Tales críticas no sólo son inusuales, sino desproporcionadas e injustas. Porque la sentencia (y lo dice bien claro) no se pronuncia sobre el fundo del asunto, sino tan sólo sobre un asunto competencial: determinar cual es el órgano que ha de tomar la decisión de iniciar el procedimiento de desconexión. Quizá la brutalidad del ataque se deba a que la peculiaridad del sistema británico, donde la soberanía no reside en el pueblo, sino en el Parlamento, pueda conducir a que éste se aparte de la decisión expresada por el pueblo en el referéndum, algo que no creo sea realmente probable, pero que sí es jurídicamente posible. Pero entonces la culpa no estaría en los jueces, sino en el Parlamento.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

REFLEXIONES SOBRE LOS COMICIOS PRESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS

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Aunque teníamos previsto abordar la segunda parte de nuestro anterior, post, la rabiosa actualidad de lo acontecido en las elecciones presidenciales norteamericanas celebradas el pasado martes día 8 de noviembre de 2016 impone un análisis que pretende cohonestar aspectos jurídico-constitucionales, políticos e históricos acerca de la naturaleza de los comicios presidenciales en los Estados Unidos.

1.- JURÍDICO-CONSTITUCIONALES.

A.- Ausencia de elección directa presidencial. Ha de partirse de un hecho no por básico bastante olvidado: no existe en los Estados Unidos una elección directa del Presidente, y ello es así porque los founding fathers se mostraban tan recelosos de un Jefe de Estado dependiente hasta la médula del Parlamento, como de una elección presidencial directa que pudiera facilitar a un demagogo invocar la legitimidad popular directa frente a las propias Cámaras legislativas. Por ello, idearon la fórmula del Electoral College, según la cual serían los compromisarios (electors) elegidos por cada estado (en la forma en que la legislatura estatal legalmente estableciera), quienes elegirían al máximo responsable del ejecutivo federal. Los compromisarios de cada estado se reunirían en la capital de dicho estado (no hay una reunión física del Electoral College más allá de esta reunión de los compromisarios estatales), y emitirían dos votos, uno de los cuales habría de ser para una persona que no fuese residente en el Estado. Con ello se pretendía garantizar que fuesen personas de una alta estimación y de amplio reconocimiento quienes ostentasen el cargo. No obstante, este sistema quebró con la aparición de las facciones republicana y federalista, germen de los futuros partidos políticos, y la práctica del electoral ticket, es decir, una coalición electoral entre dos personas del mismo partido en virtud del cual uno se presentaba como candidato a la presidencia y otro para la vicepresidencia. Fue lo que ocurrió desde 1796, y que llevó a una crisis constitucional gravísima en 1800, cuando Thomas Jefferson y Aaron Burr (candidatos de una misma facción, la republicana –pese a la denominación, hoy equivalente al Partido Demócrata-) empataron a voto compromisario y la elección final hubo de recaer en la Cámara de Representantes. La Duodécima enmienda constitucional solventó el problema imponiendo la distinción en el voto, de manera que se separase el de la Presidencia del de la Vicepresidencia.

Otro dato a tener en cuenta es que el compromisario no está ligado por mandato ni vinculado a orden alguna, de manera que sería jurídicamente posible que el mismo emitiera libremente su voto sin ajustarse a la candidatura para la que fue elegido. No obstante, el que sea jurídicamente posible no implica que ello sea políticamente aconsejable, salvo en supuestos muy extremos, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 1796 donde, para evitar el empate a voto entre los candidatos federalistas a la presidencia y a la vicepresidencia, uno de ellos votó por otra persona.

B.- Consecuencias de la existencia del Electoral College.

La existencia del anacrónico Electoral College determina o implica que no necesariamente el candidato más votado sea finalmente el elegido, porque lo que facilita el acceso a la Casa Blanca es el voto compromisario y no el voto popular. Quizá suene extraño, pero es así.

C.- Importancia de la separación de poderes y los frenos y equilibrio.

Estados Unidos es un ejemplo de interpretación bastante eficaz en la práctica de equilibrio de poderes en una doble vía. La primera, se divide entre el poder federal y el de los estados, de manera que son las instituciones estadounidenses federales las que tienen competencias tasadas (las que refleja el texto constitucional) permaneciendo en manos de los estados las no atribuidas expresamente en dicho documento al Congreso de los Estados Unidos. Pero existe un equilibrio muy detallado entre los tres poderes federales, de tal manera que legislativo, ejecutivo y judicial han logrado evitar que uno de los poderes prevalezca sobre ellos.

2.- POLÍTICOS.

Desde el punto de vista político, el candidato republicano hacía una campaña que tenía en su contra no sólo a los grandes medios de comunicación (alineados casi in totum hacia el lado demócrata), sino a parte de la misma formación por la cual se presentaba. Por el contrario, la candidata demócrata era un producto más rancio del establishment político norteamericano, los fondos obtenidos por la misma triplicaban los obtenidos por el republicano y los medios de comunicación la apoyaban de forma casi unánime. Algunas de las manifestaciones de las acusaciones efectuadas hacia Donald Trump eran ciertamente curiosas viniendo de quien venían, pues a sarcasmo y no a otra cosa puede sonar que alguien que lleva el apellido Clinton hable de respeto hacia las mujeres. La candidata demócrata apeló sobre todo al voto femenino e inmigrante, mientras que el republicano apeló al nacionalismo estadounidense frente a la casta política tradicional, a la que atacó de forma inmisericorde. Por cierto, no deja de ser curioso que en las naciones de la vieja Europa las formaciones “del cambio”, las que criticaron de forma inmisericorde a la “casta política” manifestaran abiertamente su apoyo a la candidata que reflejaba las peores costumbres de la casta política estadounidense, la que podríamos denominar la niña mimada del establishment. Bien es cierto que la influencia de esas opiniones en Estados Unidos suelen ser nulas, y si a algo se asemejan es a aquel redactor de periódico que, en la época franquista, se sentó a su mesa impertérrito afirmando: “Voy a hacer un editorial que se van a enterar en el Kremlin.” También queda con ello manifiesta la evidente sensación de superioridad de algunos, que poco más o menos tienen de los estadounidenses la misma opinión que de ellos manifestaba en El árbol de la ciencia (la célebre novela de don Pío Baroja) el padre de Andrés Hurtado: los estadounidenses eran todos unos vendedores de tocino que al ver a los primeros soldados españoles tirarían las armas y echarían a correr.

Aun dándose tan grave desproporción, el republicano logró la victoria, inclinando de su parte a los denominados key state, alguno de los cuales supone un auténtico triunfo, dado que por ejemplo el estado de Pennsylvania no se inclinaba hacia los republicanos desde las elecciones presidenciales de 1988, es decir, desde hace veintiocho años. Es evidente que se trata de simplificar mucho la situación, llevando a caricaturas personales que distorsionan la perspectiva. Pero lo cierto es que el mensaje populista y nacionalista de Trump guste o no ha calado en una gran capa de la población. Y es curioso que Hillary Clinton haya sido la primera candidata derrotada que demoró su concession speach durante más de diez horas.

Eso sí, pasadas las elecciones, los discursos tanto del candidato victorioso, como de la candidata derrotada y del presidente en funciones han sido impecables: llamamiento a la unidad y al patriotismo. Sorprendió en Trump, tras sus virulentos ataques en la campaña hacia su rival, el elogio hacia la misma pronunciado en plena celebración triunfal, de igual forma que Obama recordó las diferencias políticas que él y Bush jr habían tenido que no impidió un pacífico traspaso de poderes.

El resultado electoral sí que tendrá su proyección en el Tribunal Supremo, dado que la vacante que dejó Antonin Scalia será cubierta presumiblemente por alguien ideológicamente afín al fallecido juez. Merrick Garland, el candidato propuesto por Obama en marzo del año pasado, verá como su nombramiento caduca sin que el Senado de los Estados Unidos se haya dignado siquiera establecer un hearing para escuchar sus propuestas lo cual, si bien es políticamente válido, no deja de ser un gesto de mala educación.

3.- HISTÓRICOS.

La prensa española, en su descarada toma de partido por la candidata demócrata, ha efectuado a lo largo de la campaña y, sobre todo, al conocerse la victoria del candidato republicano, afirmaciones que no responden a la verdad. La más grave fue la de afirmar que Donald Trump es el primer Presidente que llega a la Casa Blanca sin experiencia política previa, lo cual supone que los autores de dicha afirmación no deben estar familiarizados con las figuras tanto Ulises S. Grant como Dwight Eisenhower, los dos militares que llegaron a la Presidencia, ninguno de los cuales había ocupado responsabilidades políticas con anterioridad (en el caso de Ike pudiera decirse que ocupó el cargo de Gobernador de la zona americana en Alemania tras la victoria de los aliados, pero no dejaba de ser un puesto militar, y no político). Esos mismos medios inciden también para tratar de mitigar la derrota que el voto popular mayoritario se inclinó del lado de la candidata demócrata. Pues bien, el hoy idolatrado Abraham Lincoln en alguno de los estados del sur no logró ni un solo voto popular, y su victoria se debió a que los demócratas dividieron su voto, pues el sur presentó su propio candidato. Olvidan también que la diferencia de votos en las elecciones presidenciales de 1960 entre John F. Kennedy y Richard Nixon apenas sobrepasó los cien mil votos (Kennedy logró 34.220.984 y Nixon 34.108.157) y con más que fundadas sospechas de que en el estado de Illinois, y más concretamente en Chicago, Kennedy logró la victoria por medios nada limpios (algo que reconoce incluso Andrew Gumbel en su obra Steal this vote, en el apartado que dedica a estos comicios); no obstante lo cual tan reducida diferencia se tradujo en una enorme disparidad en voto compromisario bastante parecida, por cierto, a la de las elecciones presidenciales de 2016, puesto que Kennedy logró 303 votos electorales mientras que Nixon sólo obtuvo 219.

Otro asunto que se suele olvidar es que el Partido Republicano nació en 1854 precisamente para evitar la extensión de la esclavitud en territorio norteamericano, y que fue una gran parte del Partido Demócrata (no todo, justo es decirlo, pero gran parte) quien no sólo se alió con los esclavistas, sino que apoyó precisamente la home rule durante más de un siglo.

4.- CONCLUSIÓN.

El 4 de marzo de 1801, el republicano Thomas Jefferson ponía fin a un lustro de dominio federalista, inaugurando la época que se conocería como “dinastía de Virginia” (presidencias de Thomas Jefferson, James Madison y James Monroe). Cuando tras unos comicios francamente duros y tras una crisis constitucional de primer orden, finalmente el virginiano (por cierto, una de las personas más hipócritas que ha dado la política norteamericana) pronunció su discurso inaugural, hizo un llamamiento a la unidad con una frase que se ha hecho justamente célebre: “We are all republicans; we are all federalist.” Quería incidir con ello en una nota distintiva del carácter estadounidense: por encima de divisiones, querellas intestinas o similares, todos son estadounidenses. En eso radica su gran logro.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

LA HIGH COURT OF JUSTICE Y LA SENTENCIA DEL BREXIT (I): UNA CONDENSADA VISIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL BRITÁNICO.

High Court of Justice

Sin duda alguna, el referéndum celebrado el pasado 23 de junio de 2016 y en virtud del cual el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acordó por una mayoría ajustadísima iniciar los procedimientos para retirarse de la Unión Europea (el popularmente conocido como brexit) ha propiciado una oleada de artículos, ensayos y opiniones que analizan la cuestión desde todos los puntos de vista (económico, sociológico, histórico, jurídico). Pero sin duda alguna el mismo ha propiciado un interesante debate constitucional que ha llegado a los Tribunales de Justicia, y cuya respuesta fue hecha pública el pasado día 3 de noviembre de 2016 en una resolución judicial de la High Court of Justice. Y la respuesta que los órganos judiciales han ofrecido es clara: el Gobierno no puede tomar esa decisión, sino que ha de ser el órgano legislativo soberano, es decir, el Parlamento, quien efectúe el pronunciamiento decisivo de iniciar los trámites del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. La resolución judicial procede de una de las secciones de la High Court of Justice, en concreto de la Queen´s Bench Division (en el caso de que el monarca sea varón, el nombre mutaría al de King´s Bench Division), y si merece nuestra atención es porque la misma constituye un delicioso y sintético resumen del Derecho constitucional del Reino Unido y de los principios que lo informan.

Conviene indicar que las sentencias inglesas gozan de la misma claridad que las norteamericanas, aunque por motivos muy distintos. Las sentencias norteamericanas parecen identificar claridad con sencillez expositiva, de tal manera que pretenden ser accesibles al público utilizando un lenguaje que, sin perjuicio de los lógicos tecnicismos y referencias a legislación y jurisprudencia, sea comprensible para el ciudadano, cuidando tanto el fondo como la forma. Las sentencias inglesas pretenden hacer sencilla su comprensión mediante su división en apartados, epígrafes y subepígrafes, convirtiendo las resoluciones judiciales en una especie de esquemas o cuadros en los cuales cada epígrafe (al que antecede un título que se desarrolla en los correspondientes subepígrafes) permita al lector hacerse una idea de lo que se está hablando y de los temas a tratar.

La resolución judicial indicada, no es otra que la que enfrentó por una parte, a la Reina (si bien se precisa que “on the application of Gina Miller & Deir Tozetti Dos Santos”) como demandante y a la Secretaria de Estado para la Salida de la Unión Europea como demandada. Su extensión material es de treinta y dos folios, y ya en la primera páginadeja bien claro el asunto jurídico a resolver en la primera página, en el punto cuarto (epígrafe introductorio, letra a): “La única cuestión a resolver en este asunto consiste en verificar si, de conformidad con el Derecho constitucional del Reino Unido, la Corona (actuando a través del gobierno ejecutivo del momento) puede utilizar sus prerrogativas para iniciar los trámites previstos en el artículo 50 para que el Reino Unido deje de ser miembro de la Unión Europea. Es público y notorio que la retirada de la Unión tendrá profundas consecuencias en términos de derecho interno en cada una de las jurisdicciones del Reino Unido”; ese mismo epígrafe, letra b) precisa que “las partes coinciden en que se trata de una cuestión sometida a la jurisdicción de los Tribunales. Merece enfatizarse que en este procedimiento el Tribunal aborda exclusivamente cuestiones jurídicas, y nada de lo que se diga tiene nada que ver con el acierto o desacierto de la salida de la Unión, ni con cuestiones de política interior, dado que la política no es Derecho.” En definitiva, que se trata de verificar si la Corona, utilizando sus potestades de prerrogativa (a través, lógicamente, de su Gobierno) puede por su propia autoridad iniciar los trámites para activar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Merece destacarse que la Sentencia hace un análisis exhaustivo no sólo del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, sino de los principios que inspiran el Derecho constitucional británico, principalmente el de soberanía del Parlamento y el de las potestades que la Corona ostenta en concepto de prerrogativa, que desde el siglo XVIII se ejercitan a través del Gabinete, siendo ésta, lógicamente, la parte que más interesa de la sentencia, y que se desarrolla en el epígrafe segundo. Ello nos permite repasar algunos principios esenciales del sistema político-constitucional británico:

1.- Ausencia de Constitución escrita, Estado de Derecho e importancia de los Tribunales. Sistematizado en el párrafo decimooctavo de la sentencia “El Reino Unido no tiene Constitución entendida como un único documento escrito, aunque ello no significa que carezca de Constitución o Derecho Constitucional. Al contrario, el Reino Unido tiene su propio Derecho constitucional, tal y como se reconoce en cada jurisdicción de las cuatro naciones constituyentes. Parte del mismo se encuentra recogido en textos legales que tienen una particular importancia desde el punto de vista constitucional; otros se encuentran recogidos en los principios fundamentales reconocidos por el Parlamento y los Tribunales. Existen principios jurídicos sólidamente asentados que rigen el ejercicio del poder público y que distribuyen la toma de decisiones entre los distintos órganos de la nación y que definen las potestades de cada uno de ellos. El Reino Unido es una democracia constitucional asentada en principios jurídicos y sujeta al estado de Derecho. Y en el mismo, los órganos judiciales tienen una importancia decisiva para hacer cumplir las normas del derecho constitucional de la misma forma que otras ramas del Derecho.” Quiere ello decir varias cosas:

A.- El Reino Unido no tiene Constitución en el sentido racional-normativo del término (es decir, documento escrito formalmente denominado como tal), pero ello no quiere decir que no sea una nación desprovista de Constitución, puesto que en la acepción histórica del concepto (conjunto de normas y principios que organizan el funcionamiento del poder público y su sujeción a Derecho), Inglaterra es la nación en la cual se inició el constitucionalismo como movimiento tendente a limitar el poder.

B.- Que los Tribunales tienen una importancia de primer orden como garantes del cumplimiento de las normas y principios constitucionales.

2.- Soberanía del Parlamento. “Es un hecho notorio que el principio fundamental del constitucionalismo del Reino Unido es que la soberanía reside en la Corona en Parlamento y que la legislación es suprema si la misma es aprobada por la Corona con el consentimiento de ambas Cámaras del Parlamento. El Parlamento puede, mediante la aprobación de las correspondientes leyes, modificar el ordenamiento jurídico a su deseo. No existe fuente jurídica superior a la ley, excepto cuando el propio Parlamento excepcione tal principio. La aprobación de la European Comunity Act de 1972, que otorga superioridad al derecho de la Unión Europea, es el único ejemplo que existe de esa excepción.” Se trata de un principio consolidado desde la Glorious Revolution de 1688, y que, a diferencia de lo que ocurrió en el continente, fundamentó el sistema político inglés sobre la base de la soberanía del Parlamento. No obstante, el papel reconocido en el sistema a los Tribunales de Justicia no hizo derivar el sistema hacia un populismo ni ha llevado nunca a la “dictadura de las asambleas”, puesto que, como notó agudamente José María Blanco White al someter a crítica la Constitución española de 1812, la tiranía también puede provenir de las Asambleas. El principio de soberanía del Parlamento ha sido explícitamente recogido en numerosas resoluciones judiciales que la propia sentencia recoge. Por cierto, que la Sentencia que comentamos recoge expresamente una frase de Albert Von Dicey en su clásico An Introduction to the Study of the Law of the Constitution que, seguramente en nuestro país sonaría a herejía: “Los jueces no conocen otra voluntad del pueblo que la expresada en una Ley del Parlamento, y jamás podrán cuestionar la validez de una ley sobre la base de que la misma haya sido aprobada o se mantenga en vigor en contra de los deseos de los electores.” Se hace eco así la sentencia de un principio esencial: el juez, a la hora de cuestionar la validez de una norma, ha de hacerlo en función de criterios estrictamente jurídicos, sin que pueda fundamentarse en modo alguno en la presunta voluntad del cuerpo electoral. De ahí que, por ejemplo, deba ser rechazable la referencia expresa que el Tribunal Constitucional español (un órgano que cada día más pide a gritos su jubilación) haya hecho en alguna sentencia a “encuestas de opinión” como un argumento más para avalar su toma de postura.

3.- El concepto de prerrogativa de la Corona. Eduardo García de Enterría, al inicio mismo del primer volumen de su Curso de Derecho Administrativo, señalaba que en Gran Bretaña no existía la palabra “Estado”, y que el término equivalente en el derecho público británico es el de “Corona.” Pues bien, el concepto jurídico básico al hablar de Corona es el de “prerrogativa”, que el párrafo vigésimo cuarto de la sentencia define como “el resto de la autoridad legal que permanece en manos de la Corona” y que, según recoge un precedente anterior, “es en realidad una reliquia de tiempos pasados, no abrogada por el desuso, pero únicamente utilizable en casos no previstos por la ley”. Ahora bien, esta prerrogativa regia no sólo es insuficiente para invalidar las normas legales o statute law, sino que se encuentra delimitada a su vez por el common law, de tal manera que la Corona únicamente puede utilizar tal prerrogativa dentro de los límites que dicho common law le otorga; “más allá de esos límites, la Corona carece de atribuciones para modificar el ordenamiento jurídico, ya sea éste de common law o el contenido en la legislación.” Ahora bien, es también otro principio jurídico constitucional establecido a través de convenciones que las prerrogativas de la Corona se ejercen a través del Gabinete. Cualquier lector interesado puede hacerse una idea del proceso de transmisión de las prerrogativas regias de la Corona a los Ministros, y especialmente al Gabinete, en los diferentes trabajos que a este tema ha dedicado Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, sin duda alguna el mejor conocedor de la materia.

Este último punto va a ser precisamente el que deba abordar el Tribunal: si bajo los principios del derecho constitucional inglés la Corona (a través de sus ministros en Gabinete) ha visto mermada sus facultades en el orden del Derecho internacional. En otras palabras, si la relaciones internacionales continúan en manos de la Corona (en cuyo caso la autoridad para iniciar el proceso de desconexión con la Unión Europea podría iniciarlo la reina simplemente ratificando el acuerdo tomado en Downing Street por el Gabinete) o si, por el contrario, la decisión ha de permanecer en manos del órgano soberano, léase, la Corona pero actuando no a través del Gabinete, sino con la aprobación de ambas Cámaras legislativas.

Como ya se ha hecho público y es de general conocimiento, la High Court of Justice se ha inclinado por la segunda opción. No obstante, a analizar dicho razonamiento  dedicaremos nuestra próxima entrada.

de Monsieur de Villefort Publicado en Varios

“AQUEL RITMILLO” JUDICIAL: NOTAS DE LAS SENTENCIAS QUE ABREN EL AÑO JUDICIAL EN ESTADOS UNIDOS.

Supreme Court United States

El pasado día 11 de octubre de 2016 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hacía pública su sentencia en el caso Shaun Michael Bosse v. Ocklahoma, con la que inicia el año judicial 2016-2017 que, como ocurre cada año, inicia su andadura el primer lunes del mes de octubre. Lo de menos en sí es el contenido material de la sentencia, una breve resolución de dos folios y medio, elaborada per curiam, y que afronta en cuanto al fondo la nulidad de actuaciones de una condena a muerte debido a infracciones formales, puesto que el juez había solicitado a un familiar de las víctimas que recomendase al jurado una recomendación de condena (el acusado había asesinado a una mujer y a sus dos hijos, y lógicamente el familiar de las personas asesinadas solicitó la máxima pena, recomendación que el jurado atendió), proceder que el propio Tribunal Supremo, aunque muy dividido internamente, había vedado en su sentencia Booth v. Maryland (15 de junio de 1987) donde el ponente Lewis Powell (que contó con el voto favorable de sus colegas William Brennan, Thurgood Marshall, Harry Blackmun y John Paul Stevens) fijó como doctrina legal que en la fase de sentencia en un juicio con pena capital la introducción de lo que se denomina técnicamente victim impact statement, es contrario a la octava enmienda constitucional. Lo relevante es que, al igual que ocurre al comienzo de cada año, el Tribunal Supremo suele inicial el curso judicial con resoluciones judiciales que reúnen una serie de características, que pasamos a enumerar a continuación:

1.- Invariablemente, durante los últimos años el Tribunal Supremo de los Estados Unidos abre su repertorio jurisprudencial del año con una sentencia que se presenta formalmente como per curiam. Se trata de una fórmula o expresión latina en virtud de la cual se quiere explicitar que la misma, cuando menos de cara al exterior, no aparece como elaborada por un ponente concreto, sino que todos se responsabilizan de la misma sin que se facilite quien es el redactor material de la misma. Se trata de una opción que utiliza igualmente en casos extremadamente complejos. Por ejemplo, la célebre sentencia Bush v. Gore aparece dictada per curiam, aunque lógicamente ha trascendido que el ponente de la misma fue el juez Anthony Kennedy.

2.- También es de destacar que de ordinario la sentencia que abre el año judicial no suele abordar asuntos complejos ni controvertidos, sino cuestiones técnicas limitadas a verificar la corrección técnica de un proceder judicial y si el mismo es consistente o no con la jurisprudencia ya consolidada del Tribunal. En definitiva, que en estos momentos iniciales del curso se muestra la cara amable y la armonía existente en el seno del supremo órgano judicial estadounidense, pues para evidenciar la división de criterios ya habrá tiempo a lo largo de los siguientes nueve meses.

3.- De igual forma, suelen tratarse de sentencias de muy reducida estensión, y así, por ejemplo, la citada sentencia Bosse v. Ocklahoma ocupa tan sólo dos folios y medio, que se elevan a tres si se añade el reducidísimo voto particular concurrente de los jueces Thomas y Alito, que ocupa otro medio folio. Eso sí, reducción material de la extensión de la sentencia no es sinónimo de falta de motivación ni de ausencia de calidad técnica, pues si existe una nota característica de las resoluciones judiciales norteamericanas en general y del Tribunal Supremo en particular es el cuidado extremo que dedican no sólo a la forma, sino en cuanto al fondo. La calidad de las sentencias estadounidenses, con un depuradísimo estilo no sólo forense sino literario, contrasta con la en muchas ocasiones farragosa y pedestre calidad de las sentencias españolas, donde dicho sea con todos los respetos, algunos jueces y magistrados procedentes de las últimas incorporaciones merecerían, en estricta justicia, ser enviados a un curso de reciclaje profesional en lengua castellana, porque sin cuestionar ni poner en duda sus saberes jurídicos, su nivel en cuanto a expresión escrita es, digámoslo con un cierto sentido del pudor, manifiestamente mejorable. De ahí que, un magistrado español que comparte con quien suscribe su admiración por la cultura jurídica anglosajona, me describió personalmente la lectura de las resoluciones estadounidenses como un auténtico “placer intelectual”.

En definitiva, que jurídicamente, como ocurría en el célebre corto de Javier Fresser Aquel ritmillo, todo es cuestión de ritmo….jurídico. Se empieza el año a paso suave, de forma paulatina se acelera a paso ligero para finalizar el curso jurídico a paso marcial. Y es que el mundo judicial, al igual que la vida misma, tiene igualmente sus propios ritmos.