LA “INFLUENCIA RUSA” EN LA ELECCIÓN DE TRUMP: VERDADES Y MENTIRAS A RAÍZ DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN DEL FISCAL ESPECIAL.

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En los últimos doce meses los medios de comunicación estadounidenses han dedicado notable tiempo y esfuerzo tratando de cuestionar la legitimidad de Donald Trump alegando que su llegada a la Casa Blanca se debió a la injerencia rusa en las elecciones presidenciales, e incluso algunos han ido más allá intentando vincular al propio Trump con la campaña, es decir, transformándolo de mero sujeto pasivo de la acción a nada menos que sujeto activo de la misma. En nuestro país, obvio es decirlo, el asunto ha sido tratado con la “profesionalidad” y el “rigor” característico: dosificación calculada de las noticias, de tal manera que únicamente se ofreciese una visión claramente desfavorable a Trump, magnificando hechos contrarios y silenciando o minusvalorando otros antecedentes fácticos que eran o pudieran serle favorables. Así, por ejemplo, como ya hemos tenido ocasión de indicar anteriormente, los noticiarios de nuestro país anunciaron a bombo y platillo que en el libro de reciente aparición, Fire and fury, contenía una acusación expresa contra el hijo del actual presidente, pero silenciaron que la fuente principal del libro, el antiguo asesor de Trump, no sólo se desmarcó, sino que desautorizó de forma expresa las acusaciones vertidas contra Trump jr., a quien definió como “both a patriot and a good man.”

Pues bien, hace un par de días, el 16 de febrero de 2018, Robert S. Mueller III, el special counsel designado por el Departamento de Justicia, redactaba el indictment (escrito de acusación) relativo a las investigaciones sobre la trama rusa, que el lector interesado puede consultar aquí. No nos encontramos ya ante meras especulaciones, rumores, afirmaciones en los medios más o menos interesados, sino ante un documento jurídico stricto sensu. Conviene indicar que, en el momento de comunicar formalmente dicha circunstancia, Rod Rosenstein incidió en que “en esta acusación particular”, no existe prueba alguna que evidencie que las acciones rusas incidieron en el resultado electoral o que ningún americano participase, conscientemente, en las acciones denunciadas.

Pero vayamos a lo estrictamente jurídico para, ulteriormente, efectuar una serie de reflexiones sobre el particular.

Primero.- Análisis del escrito de acusación.

El escrito de acusación se extiende a lo largo de treinta y siete páginas. El mismo tiene una estructura muy peculiar: una breve introducción de los hechos (tarea que ocupa un par de páginas), para a continuación entrar de lleno en las tres acusaciones, identificando a las personas imputadas y a los hechos que los hechos concretos y las personas imputadas (tanto físicas como jurídicas). De una lectura del documento, llaman la atención varias circunstancias, que sin duda alguna a un español guiado exclusivamente por las informaciones de los medios de comunicación de su país no sólo le sorprenderían, sino que le servirían para poner cuando menos en reserva la conclusión semi-oficial de los media. Tales circunstancias, son las siguientes:

1.1.- Los hechos que se imputan a los denunciados son los siguientes: “Desde más o menos el año 2014 hasta la actualidad, los acusados voluntaria e intencionalmente conspiraron conjuntamente (y con personas conocidas o desconocidas para el Gran Jurado) para deteriorar, obstaculizar y derrotar las funciones legales del gobierno a través del fraude y el engaño, con el propósito de interferir con los procedimientos políticos y electorales de los Estados Unidos, incluyendo las elecciones presidenciales del año 2016.” (páginas 2-3 del acta de acusación).

1.2.- La tarea de los denunciados en lo relativo a las elecciones presidenciales del año 2016 fueron las siguientes: “utilizaron las personalidades ficticias creadas on line para interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Se enzarzaron en operaciones que primordialmente pretendían comunicar información denigratoria sobre Hillary Clinton, denigrar a otros candidatos como Ted Cruz y Marco Rubio, y apoyar a Bernie Sanders y al entonces candidato Donald Trump” (página 17 del escrito de acusación).

1.3.- Una vez celebradas las elecciones presidenciales del año 2016, el comportamiento de los acusados fue ciertamente peculiar. “Tras la elección de Donald Trump en Noviembre de 2016, los acusados y sus cómplices utilizaron personalidades falsas para organizar y coordinar campañas políticas en apoyo del presidente electo Trump, mientras simultáneamente utilizaban otras identidades falsas para organizar y coordinar campañas políticas impugnando los resultados de las elecciones presidenciales de 2016.”

1.4.- Los cargos o delitos que se imputan a los acusados son tres:

1.4.1.- Primer cargo: Conspiración para cometer fraude en los Estados Unidos.

Este es sin duda el cargo principal, como lo prueba el que se sitúe en primer lugar y el que se encuentra más exhaustivamente desarrollado, puesto que se extiende desde la cuarta a la trigésima página del escrito, es decir, casi dos tercios del mismo.

Ha de tenerse en cuenta que las elecciones federales se rigen fundamentalmente por dos normas legales. La primera, la Act to promote fair practices in the conduct of election campaigns for Federal political offices, and for other purposes (denominación abreviada, Federal Election Campaing Act), aprobada el 7 de febrero de 1972 y que entró en vigor dos meses más tarde, el día 7 de abril. Dicha norma atribuye las competencias de gestión de los procesos electorales a una agencia, la Federal Election Commission (FEC); dicha norma prohíbe a los extranjeros efectuar aportaciones económicas con destino a sufragar todo o parte de una campaña electoral, estableciendo además que quienes sí lo hagan deban comunicar dichas aportaciones a la FEC. La segunda norma es la Act to require the registration of certain persons employed by agencies to disseminate propaganda in the United States and for other purposes (denominación abreviada, Foreign Principal Registration Act), texto legal aprobado el 6 de septiembre de 1938. Dicho texto, según el escrito de acusación, “regula las obligaciones de registro, informe y publicidad para los agentes de entidades públicas extranjeras (lo que incluye entidades no gubernamentales e individuos extranjeros) para que el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos estén informados de la fuente de información y la indentidad de las personas que pretendan influir en la opinión pública, política y ley.”

En lo que respecta a este cargo, el escrito de acusación establece que “la conspiración ha tenido como objeto deteriorar, obstaculizar y derrotar el correcto ejercicio de funciones de los Estados Unidos por medios deshonestos en orden a permitir a los acusados interferir con los procesos electorales y políticos estadounidenses, incluyendo las elecciones presidenciales de 2016.”

1.4.2.- Segundo cargo: Conspiración para cometer fraude electrónico y bancario.

En este caso nos encontramos ante un delito común y su objeto con la política es tangencial o conexo. Según el escrito, “la conspiración tuvo como objeto la apertura de cuentas bancarias con nombre falso en entidades financieras estadounidense, y pagos digitales en orden a recibir y enviar dinero dentro y fuera de los Estados Unidos para apoyar las operaciones de la Organización en los Estados Unidos y para el autoenriquecimiento.”

1.4.3.- Tercer cargo: Robo agravado de identidad.

De nuevo nos encontramos ante un delito común, cual es el apropiarse de otras identidades para determinados propósitos.

Segundo.- Reflexiones sobre los hechos denunciados.

De todo lo anterior, podemos colegir varias cuestiones:

2.1.- La presunta campaña rusa no tenía por objeto la elección de Donald Trump, ni su fin único era el inclinar la balanza del resultado de las elecciones presidenciales del año 2016. No, su objetivo era mucho más amplio, puesto que el mismo consistía, básicamente, en minar desde dentro el sistema político estadounidense.

2.2.- La presunta campaña no tuvo como beneficiario único a Donald Trump, como tampoco la única perjudicada fue Hillary Clinton. Según explicita el escrito de acusación, la campaña ensalzó al senador Bernie Sanders, rival de Hillary Clinton para obtener la candidatura demócrata a las elecciones presidenciales y, por cierto, mucho mejor valorado que ella. De igual manera, se sembró la discordia en las filas republicanas, difundiendo información perjudicial para candidatos como Ted Cruz o Marco Rubio.

A la vista de lo anterior, y visto que (insistimos, según el escrito de acusación) Bernie Sanders fue beneficiario de la campaña rusa, habría que ver si los medios de comunicación imputan a éste el ser colaborador de la misma por el mero hecho de ser sujeto pasivo de información beneficiosa, de la misma forma que se ha hecho con Trump.

2.3.- En modo alguno puede considerarse ilícito intentar influir en el resultado de los comicios de un país, como no es ilícito que los medios de una nación siembren de información parcial a otra. Que de forma oficial, un país no se inmiscuya en los asuntos internos de otro es una antigua tradición que se basa en el respeto a la soberanía de los estados. Pero que de forma más sibilina, y a través de sus terminales mediáticas oficiales u oficiosas, se intente orientar la política de un país hasta aproximarla a la propia, tampoco es de extrañar. Un ejemplo: la presión mediática, tanto estadounidense como foránea, en las elecciones presidenciales de 2008 a favor de Barack Obama fue de una parcialidad y un descaro sin precedentes, sin que nadie se haya escandalizado.

De todas formas, como se ha reconocido de forma expresa al anunciar públicamente cuando se hizo público el escrito de acusación, no hay prueba alguna de que la campaña rusa haya influido o determinado el resultado de los comicios presidenciales de 2016.

2.4.- La difusión de noticias perjudiciales para un candidato no puede considerarse que sea un intento de influir en el resultado de las elecciones. Porque, por esa regla de tres, si publicar noticias perjudiciales para Hillary Clinton es tratar de orientar el resultado electoral, a contrario sensu la publicación de noticias no favorables para Trump sería, igualmente, un intento de inclinar la balanza de los comicios.

2.5.- En este caso, lo ilícito no consiste en la difusión de información perjudicial para Hillary Clinton (dado que eso se viene haciendo desde hace mucho, mucho tiempo, casi desde que era tan sólo la primera dama), ni tan siquiera el hecho de que fuentes rusas hicieran uso de datos perjudiciales para la candidata demócrata y la difundieran. No. Lo ilícito consiste en que lo efectuasen contraviniendo la normativa estadounidense en vigor. En otras palabras: lo ilícito no consiste en tratar de influir en las elecciones, sino en hacerlo mediando la comisión de ilícitos penales. Si los denunciados hubiesen cumplido con los requisitos de la normativa indicada en el apartado 1.4.1 del presente escrito, podrían haber vertido toda la información perjudicial sobre Hillary que les hubiera venido en gana sin que pudiera serles objetado.

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MCCOY v. LOUISIANA: ¿PUEDE UN ABOGADO RECONOCER LA CULPABILIDAD DE SU CLIENTE CUANDO ÉSTE LA NIEGA SI LAS PRUEBAS EN SU CONTRA SON ABRUMADORAS?

BOSTON LEGAL, Rene Auberjonois, Candice Bergen, William Shatner, 'From Wence We Came', (Season 1), 2

En el séptimo episodio de la segunda temporada de la divertidísima serie Boston legal, el inimitable y exitoso abogado Denny Crane era convocado a dependencias judiciales, a fin de que asumiese la defensa de un acusado puesto que, según el juez dada la naturaleza de los delitos que se le imputaban a aquél se precisaba de un abogado de prestigio y con experiencia. Al preguntar el letrado la naturaleza de los cargos, el juez le informó que la persona cuya defensa había de asumir se enfrentaba a la acusación de violar y asesinar a una niña de trece años. Tras echar un vistazo a “su” cliente y ver una provocadora sonrisa en un rostro que explicitaba la culpabilidad más indubitada, Denny Crane, asqueado, se vuelve hacia el juez y pronuncia su alegato: “La defensa se declara culpable y asume la condena y el castigo solicitado por el Ministerio Fiscal. Denny Crane.” El juez, obviamente, no permitió al abogado tal aserto por cuanto el acusado rehusaba declararse culpable, y ante la negativa del letrado, que alegaba la imposibilidad de asumir la defensa del violador y asesino de una niña, le espetó que “alguien tiene que hacerlo, y le ha tocado a usted porque lo digo yo”. Denny Crane, ante tal respuesta, contraataca diciendo: “Ello me lleva al segundo punto. Usted es un gilipollas, y no trabajo bien con gilipollas”, ante lo que el juez le espeta un “Buen intento, pero infructuoso. Tendrá que llevar este caso.”

Pues bien, lo que hace diez años se planteaba en el episodio de una comedia televisiva ambientada en el mundo jurídico, hace apenas un mes ha llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso McCoy v. Louisiana, puesto que la cuestión jurídica a resolver por el máximo órgano judicial de la federación se plantea en los siguientes términos: “si es inconstitucional para la defensa asumir la culpabilidad del acusado en contra del criterio expreso de dicho acusado.” Si uno echa un vistazo a los antecedentes fácticos del caso en cuestión verá que el acusado era un “angelito” acusado de un triple homicidio (el de sus suegros y el de su propio hijo, que se encontraba con ellos). El sujeto en cuestión fue detenido y acusado de un triple homicidio en primer grado, y dado que era un indigente el Indigent Defend Board, el organismo público encargado de prestar asistencia legal y defensa a quienes carezcan de recursos (en Estados Unidos afortunadamente ese servicio no lo prestan los colegios de abogados y quizá por ello, sin estar bien pagado a los ojos de un norteamericano las retribuciones son infinitamente mayores que las que percibe un abogado de oficio en nuestro país) le asignó un letrado que se encargase de su defensa. Más tarde, el presunto homicida solicita ante el juez que se le permita defenderse a sí mismo, tras alegar un “conflicto de intereses” con su abogado defensor, siéndole judicialmente estimada tal pretensión “hasta que encontrase otro abogado que asumiese su defensa.” Poco después, un abogado con el curioso nombre de Larry English comparece asumiendo la defensa del procesado, aunque honestamente reconoció que “aun cuando no estaba acreditado para llevar casos que pudiesen implicar pena de muerte, había formado un equipo con personas que sí gozaban de dicha acreditación.” Trasladada dicha información al defendido, éste no formuló objeción y aceptó que Larry English le defendiese.

El conflicto surge porque la estrategia del nuevo abogado pasaba no por negar los hechos (las evidencias y pruebas contra su cliente eran abrumadoras), sino por aceptar un veredicto de culpabilidad tratando de lograr una condena no por homicidio en primer grado, sino en segundo grado alegando alteraciones mentales, algo a lo que el acusado se negó, rehusando toda declaración explícita que supusiese un reconocimiento de los hechos; aclararemos para el lector que el homicidio en primer grado es el equivalente a nuestro delito de asesinato (es decir, el homicidio con premeditación), mientras que el de segundo grado es idéntico al delito español de homicidio stricto sensu. El acusado solicita del juzgado que se le permita prescindir del abogado y asumir su propia defensa, petición que se rechaza por extemporánea.

En conclusiones, el abogado del presunto homicida reconoce explícitamente la culpabilidad y tiende a orientar la defensa según su estrategia, pero sus intentos se saldan con un fracaso: el jurado no sólo condena al acusado como autor de homicidio en primer grado, sino que se pronuncia de forma unánime recomendando al juez la imposición de la pena capital. Impugnada la sentencia, el Tribunal Supremo del estado de Luisiana confirma íntegramente la condena, dado que estimaba correcto que un letrado no siga los criterios del cliente en relación a la culpabilidad siempre y cuando mantenga una estrategia procesal razonable. El asunto llega finalmente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que admite a trámite el recurso y celebró la vista oral del caso el pasado día 17 de enero.

Aun cuando el asunto se encuentra pendiente de resolución, conviene tener en cuenta varias consideraciones, que trascienden al ordenamiento jurídico norteamericano y que son plenamente aplicables a este lado del Atlántico.

Primero.- El abogado es un asesor jurídico, no un mago ni Dios todopoderoso. Quiere ello decir que no puede crear hechos de la nada o suprimir los que efectivamente se han producido. Cuando un hecho relevante queda acreditado de forma clara, fehaciente y rotunda, el abogado no puede negarlo sistemáticamente, porque con ello no sólo perjudica su propia credibilidad, sino la de su cliente. En varias ocasiones, cuando algún cliente se empeña en negar la evidencia, siempre le digo lo mismo: “Soy abogado, no el Gran Houdini.”

Segundo.- La efectividad de un hecho y la interpretación que se dé al mismo son dos cuestiones distintas y no incompatibles entre sí. Pongamos dos ejemplo. Si un trabajador percibe unas retribuciones brutas anuales de 24.000 euros y se acredita de forma indubitada que en su declaración de la renta únicamente refleja 14.000, no puede negar que ha declarado la totalidad de sus ingresos; podrá decir que ha sido un error involuntario (al estar las teclas numéricas del 1 y el 2 una al lado de otra) y que, como mucho, es culpable de negligencia, no de una ocultación deliberada. Si un vehículo es multado por estacionamiento en doble fila y se acredita tal aspecto con una fotografía que muestra al vehículo en tal posición, no puede negarse el hecho (la doble fila), aunque sí la interpretación (puede argumentarse que no era un estacionamiento, sino una detención mínima).

Tercero.- Que un abogado siga el juego al cliente y se empeñe en negar la realidad, puede reportarle beneficios a corto plazo (la retribución de la minuta, siempre y cuando gane el caso –y no siempre- dado que si no sale a entera satisfacción del cliente la cosa se complicará), pero a la larga es contraproducente, porque mina su credibilidad ante el resto de la comunidad jurídica y, sobre todo, ante los jueces. Un abogado que goce de una credibilidad tendrá mucho más fácil la defensa que uno que tenga fama de trolero o mentiroso. En su imprescindible libro Making your case: the art of persuade judges, Antonin Scalia y Bryan A. Garner aconsejan a los letrados no perder nunca ese norte, esa estrella polar por la que todo abogado debe guiarse, y que es la credibilidad; porque una vez perdido el rumbo, es muy, muy difícil volver a encontrarlo y regresar al buen camino.

Por cerrar a la vez el círculo y la entrada, diremos que en el episodio en cuestión, Denny Crane logró evitar defender a tan incómodo cliente. Cuando éste le confesó, en el encuentro que mantenía a puerta cerrada, que tenía SIDA y que asesinar a la niña era el mejor favor que le podría haber hecho, Denny Crane abrió su maletín e hizo ademán de buscar papeles, pero lo que sacó fue un revólver con el que pegó un tiro en las rodillas al asesino confeso, y cuando los guardias de seguridad acudieron arma en mano ante el ruido del disparo, el ilustre abogado alzó las manos gritando: “Me atacó y tuve que defenderme. Temí por mi vida.”

 

 

LA EVOLUCIÓN DE LA JUDICATURA FEDERAL NORTEAMERICANA EN SUS DOCUMENTOS.

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Cualquier aficionado a la historia jurídica y al derecho constitucional y administrativo norteamericano tiene a su disposición y de forma gratuita un conjunto de documentos y fuentes que le permiten acceder a utilísima información de primera magnitud que, además, en muchas ocasiones pasa o bien desapercibida o bien minimizada en nuestro país.

En esta ocasión, es el Federal Judicial Center, uno de los organismos encargados de gestionar la administración de la judicatura federal estadounidense, la que acaba de culminar hace escasos días la utilísima recopilación documental en tres volúmenes titulada Debates on the Federal Judiciary: A Documentary History, a la que cualquier lector interesado puede acceder a través del siguiente enlace.

La verdad es que para el interesado en la historia constitucional estadounidense así como en la organización de la judicatura federal esta obra es una auténtica joya, y ello por varios motivos:

Primero.- No se trata de un ensayo debido a un historiador o a un jurista, que aun por mucho que se esmere en lograr la ansiada objetividad, no podrá menos que incluir en el análisis su propia visión sobre el tema. No. La presente obra es una recopilación documental (de ahí la apostilla de “documentary history”), que toma como punto de partida la regulación del poder judicial estadounidense en el denominado Virginia Plan (borrador elaborado por James Madison para que sirviese como punto de partida en los debates constituyentes que tuvieron lugar en Filadelfia durante el verano de 1787) y finaliza con un informe elaborado en agosto de 1993 para la National Commission on Judicial Discipline and Removal, es decir, la encargada de velar por que los jueces federales mantengan una conducta profesional intachable y castigar, incluso con la remoción del cargo, cualquier infracción a la normativa deontológica y profesional.

Segundo.- Es una obra relativamente breve. Si tenemos en cuenta que se abordan dos siglos de historia, condensar en apenas novecientas páginas distribuidas en tres tomos (277 el primero, 267 el segundo y 345 el tercero) la documentación más relevante acerca de las principales iniciativas, informes, proyectos, debates, leyes y sentencias acerca de la organización y planta judicial estadounidense, la labor de recogida y síntesis es digna de elogio.

Tercero.- Al optar por un criterio cronológico y no sistemático, permite al lector comprender mejor la evolución legislativa y judicial en la materia. Incluso si uno está familiarizado con la historia general de los Estados Unidos, o cuando menos con los aspectos más relevantes, le permite cruzar datos históricos y legislativos, lo que sin duda alguna facilitará una mejor lectura y comprensión pues todo documento jurídico (ya sea un proyecto normativo, una ley, un acto, una sentencia, un simple informe o un debate legislativo) está siempre indisolublemente ligado a unas coordenadas sociotemporales muy concretas, de las cuales no puede aislarse y que, por tanto, únicamente interpretándolo en el seno de la realidad de la que emana puede comprenderse en su integridad. Uno no puede comprender, por ejemplo, las airadas reacciones a la sentencia Chisholm v. Georgia (1793) sin no se sitúa en el larvado y a veces no tan soterrado enfrentamiento entre federalistas y antifederalistas en la década final del siglo XVIII. Tampoco puede comprender el borrador de carta que los seis jueces del Tribunal Supremo dirigieron al presidente Washington en 1790 quejándose de las penosas obligaciones impuestas por el riding circuit si no conoce las previsiones de la Judiciary Act de 1789, que convertía a los jueces del Tribunal Supremo en magistrados de circuito y les obligaba a efectuar continuos desplazamientos a lo largo del territorio (lo cual añadía a lo penoso del viaje la circunstancia que los gastos de desplazamiento, manutención, estancia y pernocte debían sufragarlo los jueces de su propio bolsillo). Uno no puede comprender el denominado Court Packing Plan de Franklin D. Roosevelt (frustrado intento de alterar la composición del Tribunal Supremo para modificar la mayoría y provocar un giro en la jurisprudencia del organismo) si no tiene en cuenta los pronunciamientos judiciales adversos a las principales reformas del New Deal.

Cuarto.- Por último, last but not least, el lector no ha de abonar cantidad alguna por dicha colección, dado que se pone a disposición de todos los interesados de forma gratuita.

En definitiva, nos encontramos ante un interesantísimo acervo documental que el Federal Judicial Center pone gratuitamente a disposición de todos los interesados en la evolución de la judicatura federal estadounidense. Una auténtica joya.

ALEJANDRO NIETO Y SUS “TESTIMONIOS DE UN JURISTA”: DESGARRADORA Y CREPUSCULAR VISIÓN DEL DERECHO PÚBLICO ESPAÑOL.

Testimonios de un jurista

Acabo de cerrar la última página de un delicioso y jugosísimo libro, Testimonios de un jurista (1930-2017) una especie de memoria-compendio debida a la sin par pluma de Alejandro Nieto. Se trata de una memoria porque a lo largo de sus páginas desgrana sus recuerdos y experiencias ligados al Derecho público desde su entrada como alumno en la Universidad de Valladolid hasta prácticamente el año pasado, constituyendo así una especie de mirada retrospectiva sobre los aspectos más destacados de la evolución institucional a lo largo de las últimas seis décadas. Pero también se trata de un compendio, porque a modo de síntesis se condensa todo el pensamiento del autor durante su más de medio siglo de vinculación al mundo del Derecho; síntesis, además, que estructura en compartimentos en forma de capítulos, cada uno de los cuales nos muestra la evolución de un sector del Derecho público: la Universidad, el Estado, la Administración, el Poder Judicial, el Derecho Administrativo. Todo ello con el peculiar estilo del autor, cuyo realismo le impide mantenerse en silencio como el público de la célebre fábula cuando ve a su monarca desprovisto de todo atuendo que cubra sus vergüenzas.

Varias son las notas características de este libro:

Primero.- Realismo. Si por algo se caracteriza Alejandro Nieto en todas sus obras es por su defensa a ultranza de un tratamiento eminentemente realista de los temas analizados. Las evasiones metafísicas hacia un mundo idealizado (ya sea la República de Platón o la Utopía de Tomás Moro) no están, ciertamente, desprovistos de valor, pero su campo propio es el de la literatura o la filosofía, no en el mundo del Derecho. De ahí que Alejandro Nieto no se deslumbre por los oropeles normativos ni por las erudiciones meramente académicas, sino que se atenga a los “acontecimientos que cotidianamente suceden en la rua”, por utilizar la célebre definición de Antonio Machado. Para llevar a cabo dicha tarea, el autor ha tenido que efectuar su personal depuración crítica, que describe con palabras harto divertidas en la página inicial:

Tengo ochenta y seis años. A los dieciocho entré en la universidad, llamada el Templo de la Ciencia. De los 23 a los 20 he deambulado por los pasillos de los Juzgados donde mora la Justicia, y habitado en las covachuelas de la Administración, en las que se gestionan los intereses públicos y el bien común Luego, durante otros tres años cumplidos y seguidos, he rodado por el mundo sin becas ni empleo para ir perdiendo el pelo de la dehesa académica y lavarme la mugre burocrática. Completada así mi formación personal regresé a la universidad y desde la altura de una cátedra entre los 22 y los 55 he estado enseñando a los estudiantes y lectores los secretos del Derecho que con tanto esfuerzo había estado recogiendo hasta entonces: los arcanos de la ley, del Estado y de la Administración que hacen posible la convivencia pacífica y social.

Hasta que me di cuenta que estaba actuando como un maestro sin pulso, de que vivía engañado y del engaño y engañando a los que me escuchaban, puesto que la justicia de que yo hablaba era un fata morgana, y el Derecho y el Estado que explicaba eran instrumentos de explotación inventados por los poderosos y desarrollados por los sabios de plantilla. No me fue fácil, ciertamente, abrir los ojos a la realidad que había descubierto y aún menos obrar de acuerdo con esta nueva diosa;…”

Es difícil no resistirse a la lectura de una obra que se inicia con tan sincera declaración de intenciones.

Segundo.- Crepuscular. Se trata de una obra claramente crepuscular, una especie de evocación efectuada al barojiano modo, como el genial autor vasco hiciera en sus crepusculares memorias tituladas Desde la última vuelta del camino. En efecto, el propio autor reconoce que lo avanzado de su edad le permite otear la evolución de las instituciones jurídico-públicas con el bagaje intelectual, cultural y realista que le han facilitado su experiencia y el camino recorrido. Es, en efecto, como el alpinista que contempla el paisaje desde la llanura, sube la montaña y otea el panorama desde la cumbre para, en el descenso, efectuar un contraste entre ambos, de tal manera que lo que inicialmente le parecía ver con lo que realmente ha visto desde las alturas. Si en la célebre novela La marcha Radetzky su autor, Joseph Roth, evoca el declive del imperio austrohúngaro con un tono melancólico aunque sin ocultar las miserias y disfunciones institucionales y sociales del régimen, la descarnada crudeza de Alejandro Nieto permite intuir, en determinadas ocasiones, una cierta melancolía a la hora de evocar el lejano pasado, como ocurre, por ejemplo, a la hora de describir la Universidad.

Tercero.- Pesimismo. Aunque, como hemos dicho el libro es realista, está muy bien escrito y en ningún momento se rinde a las exigencias de la nueva inquisición cultural que es la “corrección política”, no obstante, si una sensación invade al lector, y máxime al jurista, es el pesimismo. Los negros tintes con los que describe al Poder Judicial (en línea con sus anteriores publicaciones), al Estado, a la Universidad, casi sumen a uno en la desazón. Valga un ejemplo entre otros muchos que, como jurista práctico, me ha llamado sumamente la atención, no porque considere que el juicio es equivocado, sino porque no es usual un reconocimiento tan explícito. El ejemplo en cuestión es el párrafo en el que quien fuera catedrático de la disciplina, describe la situación del Derecho Administrativo en la segunda década del siglo XXI:

El Derecho Administrativo -en la Administración, en los tribunales y en la universidad- se ha desnortado por completo, ha perdido el pie, no sabe dónde está ni acierta a reaccionar. Sencillamente la realidad le ha desbordado. Los derechos subjetivos que reconocen pomposamente las leyes se han convertido en privilegio de unos pocos. Los tribunales se han cerrado para el común de los mortales y están sólo a disposición de quienes tienen paciencia y dinero para pleitear, que no son todos, y lo que se entrega como pan de la justicia al cabo de tantos años de litigios ya no es pan, sino piedras; mientras que la Administración obra a su antojo apoyada en su impunidad. En estas condiciones la vía que queda es la de la consabida picaresca con un aumento vertiginoso de la corrupción, que es el Derecho Administrativo verdaderamente eficaz.” (página 279)

Es no sólo atípico, sino valiente, reconocer que allá donde fracasa la defensa efectiva de los derechos fundamentales, al ciudadano no le quede otra opción, ya que las vías legales fracasan, acudir no a la ilegalidad, sino a la alegalidad, mientras que gran parte de la élite bordea abiertamente los muros de ambas sobrepasando con creces los muros de aquélla. Es frecuente, cuando en las alturas se destapan una y otra vez casos de corrupción, la tan manida frase de “no fallan los controles, fallan las personas”, lo cual constituye una bufonada monumental; por cuanto tal afirmación sería cierta para un caso o dos, pero cuando la corrupción y los escándalos no son casos aislados, sino sistémicos, no se puede, con un mínimo de seriedad, burlarse de los ciudadanos arrojándoles a la cara tan manida frase, a no ser que abandonamos el buenismo roussoniano del “hombre bueno por naturaleza” o “buen salvaje” y regresemos a la visión hobbessiana del homo homini lupus.

Pero esa visión realista y negativa no la ostenta el autor sólo del Derecho Administrativo. No me resisto a finalizar la presente reseña sin ofrecer un párrafo sobre la judicatura, que suscribo al cien por cien. Nieto salva y reconoce la labor de los jueces (con la excepción, y no total sino parcial, de la que en otras ocasiones califica como “alta magistratura”), pero el tener buenos jueces no implica necesariamente tener un Poder Judicial independiente. Y es aquí donde introduce esta reflexión que el autor de estas líneas suscribe hasta la última coma:

Los partidos políticos tienen atrapados a los jueces a través del Consejo General del Poder Judicial, que es una de las farsas institucionales más cínicas que conocemos. Porque este organismo, que fue creado para asegurar la intangibilidad de los jueces, se ha convertido en un instrumento de su envilecimiento. Partiendo de un pretendido autogobierno se ha terminado en la manipulación más descarada: aquí no se engaña a nadie, todo se hace a la vista del público. No oculta su sumisión a los partidos políticos como estos no ocultan sus intenciones de dominación. Los nombramientos se hacen para cargos importantes -que es su tarea más delicada- se hacen en una feria al aire libre en cuotas escrupulosamente predeterminadas sin necesidad de esconderse en un callejón. Y luego, a la hora de proceder a la provisión de vacantes, vuelve a abrirse el mercadillo y los feriantes se cambian una presidencia por dos vocalías de Sala, un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional por un par de miembros de Tribunales Superiores y al final todos tan amigos, aunque el regateo haya sido duro y se hayan dejado vacantes durante varios años.” (página 198)

La situación descrita no es ni mucho menos exagerada, puesto que a la vista de todos está que la negociación para nombramientos del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional (instituciones ambas que están pidiendo a gritos su supresión y que, en una eventual reforma constitucional, debieran pasar a mejor vida) es más propia de un zoco que de otra coas.

Por ello, tras recomendar vivamente a los seguidores de este blog la lectura de estos imprescincibles testimonios de Alejandro Nieto, para levantar algo el ánimo tras la desasosegada visión que a uno le queda de nuestras instituciones, pongamos fin a esta entrada con una obra musical que debiera sonar de fondo en cada una de las negociaciones que tienen lugar a la hora de cubrir una vacante tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional: En un mercado persa, de Ketelbey.

LAS “NATIONAL INJUNCTIONS” A DEBATE.

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En el ámbito académico estadounidense tiene lugar estos días un intenso debate acerca de la conveniencia o no de mantener la institución denominada national injunction. Diremos, para el jurista español no familiarizado con la jerga procesal del ordenamiento jurídico norteamericano, que con dicha expresión se designa la medida cautelar adoptada por un órgano judicial consistente en suspender la ejecución de la actividad impugnada, pero con la particularidad que dicha medida se extiende a todo el territorio nacional.

Pongamos dos ejemplos. Cuando el presidente Barack Obama decidió incumplir abiertamente la legislación sobre extranjería y detener la expulsión de extranjeros indocumentados, en diversos juzgados federales se impugnó dicha actuación, logrando en varios casos la injunction solicitada, lo que suponía que la actuación administrativa quedaba automáticamente en suspenso. De igual manera, y de nuevo en la esfera del derecho de extranjería, el presidente Donald Trump aprobó sus polémicas órdenes prohibiendo la entrada de nacionales de varios estados de oriente medio, de igual forma sufrió en sus carnes lo mismo que unos años atrás había tenido que soportar su antecesor.

Los argumentos que manejan los expertos para oponerse a dicha institución son varios:

1.- Con ello se está politizando la justicia, dado que se trata de asuntos con gran relevancia e incidencia en el mundo político. Esta objeción, a mi juicio, no se sostiene, y ello por una potísima razón: no estamos ante una cuestión política, sino estrictamente administrativa. El hecho de que en algunos casos lo polémico o trascendente de la materia origine que salte a los medios causando cierto revuelo en las redes, en los titulares de la prensa escrita o en la cabecera de las noticias televisadas no convierte necesariamente en político un asunto. Por esa regla de tres, podríamos convertir en política toda actuación administrativa. Cualquier sanción administrativa, denegación de licencia, apertura de procedimiento de comprobación e investigación puede saltar de la esfera administrativa a la política a simple golpe de agitación mediática, simplemente buscando alguna condición intrínseca en el ciudadano que tenga la condición de sujeto pasivo de la actuación administrativa.

2.- Se adopta por un órgano con jurisdicción limitada y se extiende a todo el territorio nacional. Esta crítica puede, en principio, tener cierta base y, evidentemente, al lector español sin duda alguna le parecerá extraño que un órgano unipersonal con jurisdicción territorial limitada pueda adoptar una medida cautelar que afecte a todo el territorio nacional. Es cierto, pero de nuevo nos encontramos con la particularidad del ordenamiento procesal estadounidense. El gobierno nacional puede ser demandado en cualquiera de los juzgados federales sitos en el territorio estadounidense, y cualquier actividad suya puede caer en uno de ellos. Por ejemplo, un residente en Los Ángeles a quien deba aplicarse una determinada actuación federal puede impugnar la misma en el juzgado de su domicilio, y si éste adopta la medida cautelar de suspensión, ésta no se limita necesariamente a las partes en conflicto. Por tanto, esta objeción sería relevante en nuestro país debido a nuestra planta judicial y a las competencias de nuestros órganos jurisdiccionales, pero no es tan extraña en la otra orilla del Atlántico, pero sí que nos lleva a la siguiente objeción.

3.- La medida es general, no limitada a las partes en conflicto. Supongamos que un ciudadano se encuentra legitimado para impugnar una normativa legal o una actuación administrativa que le afecta directamente. Pongamos por ejemplo, la Patient Protection and Affordable Care Act, es decir, el polémico “obamacare”. Supongamos que entre los motivos de su impugnación se encuentra el precepto que obliga al ciudadano a contratar un seguro con una cobertura mínima, y que solicita del juez que mientras no se resuelva el asunto, suspenda con carácter general la norma. El juez adopta la injunction y, en efecto, el gobierno estadounidense no puede llevar a cabo lo dispuesto en la norma. Nos encontramos ante una situación que sin duda alguna a los juristas españoles sonará extraña, pero que no es infrecuente en el ordenamiento norteamericano. Quizá porque en la otra orilla del Atlántico a los jueces no les tiembla el pulso a la hora de adoptar medidas cautelares y no se dejan engatusar por conceptos tan vagos y vacuos como “autotutela administrativa” (desconocida en el ordenamiento norteamericano) o “interés público” (tan manoseado y ensuciado por nuestros entes públicos que ya hiede, pese a que tal hedor al parecer aún no ha traspasado los muros de las sedes judiciales).

Con todo, lo relevante es que en ocasiones un juzgado federal adopta una injunction cuando en otro territorio otro juez, tras valorar los intereses en conflicto, no ha considerado oportuno hacerlo. Esa es la grandeza del sistema judicial americano, porque lo más probable es que en esos casos, en un tiempo record, el asunto acabe recorriendo todas las instancias (en realidad dos, juzgado federal y Tribunal de Apelaciones) hasta llegar al Tribunal Supremo, que acabará teniendo la última palabra sobre el particular.

4.- Se critica que tal situación propicia la “búsqueda artificial” de un juez propicio, puesto que es evidente que hay determinados jueces más propicios a adoptar las medidas y otros no. Estamos ante una cuestión que no es privativa ni de la injunction ni del sistema judicial estadounidense, sino de cualquier sistema. Cualquier abogado que se precie ha de conocer la doctrina del órgano jurisdiccional donde puede recaer un asunto, a fin de advertir a su cliente las posibilidades reales que tiene e incluso, de encontrarse ante un juez poco propicio, lo lógico y normal es que trate de buscar una alternativa si las normas atributivas de competencia se lo permitan.

Un ejemplo básico en nuestro país. Cualquier abogado con un mínimo conocimiento práctico relativo a asuntos de personal de las Administraciones públicas, sabe perfectamente que en la medida de lo posible debe evitarse el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón, pues su titular es tan favorable a los intereses de los entes públicos, que incluso algunos funcionarios, motu proprio, han agudizado el ingenio hasta extremos verdaderamente hilarantes para evitar que un eventual asunto que, en principio, debiera recaer en dicha sede, pueda saltar la barrera de la norma competencial y trasladarse a otro juzgado menos leonino.

Parece ser que el Congreso y el Tribunal Supremo van a tomar cartas en el asunto, el primero a través de la legislación y el segundo mediante la interpretación jurisprudencial.

Veremos cómo resuelve el asunto, que mientras tanto es objeto de debate permanente en revistas especializadas, conferencias públicas e incluso en comités del Congreso.

IN MEMORIAM. JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA (1954-2018): PROFESOR, MAESTRO, AMIGO.

Joaquín Varela

Cuando a las diez y media de esta mañana recibí una llamada telefónica, no podía ni tan siquiera imaginar que la misma tuviese por objeto informarme de la triste noticia del fallecimiento de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Sabía que tenía problemas de salud, que afrontaba desde hacía varios años caracterizados por una heroica y constante lucha contra la enfermedad, e incluso conocía que en los últimos meses había sufrido ciertas complicaciones, pero nada me hacía presagiar un funesto desenlace en una persona que, con tan sólo sesenta y tres años, era aún joven y a quien parecían quedar muchos años por delante.

Sería ocioso intentar resumir en unas apretadas líneas, escritas al calor de la noticia y aún bajo el impacto anímico que la misma me ha dejado, lo que Joaquín Varela representó para los estudios de Historia Constitucional, que renovó por completo tanto desde el punto de vista metodológico como en los avances materiales. Desde que en 1981 se doctorase con su Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (obra que obtuvo la máxima calificación), y desde que sentase plaza en la Universidad de Oviedo (primero como doctor, ulteriormente como catedrático) orientó su trayectoria profesional hacia la historia del constitucionalismo, español y comparado. En sus numerosos artículos publicados en las más prestigiosas revistas y en sus libros arrojó nueva luz sobre los orígenes del parlamentarismo británico, así como sobre el liberalismo español del siglo XIX que, si tuviese que sintetizar en dos publicaciones, lo haría citando dos de sus libros: Sistema de gobierno y partidos políticos: de Locke a Park y La monarquía doceañista. Pero en modo alguno se ciñó a dichas épocas, sino que su mirada desbordó con creces la Gran Bretaña de finales del XVIII y la España del XIX, y buena prueba de ello es su recentísimo Liberalismos, constituciones y otros escritos (publicado en la editorial In Itinere, y que el lector interesado puede descargar gratuitamente aquí). En este volumen (que Joaquín Varela, ya muy enfermo, tuvo oportunidad de ver publicado) el autor pasa su aguda y escrutadora mirada por los temas más diversos relacionados con el Derecho Público, no sólo español, sino europeo y americano.

Pero más que su obra (que permanece y permanecerá incólume), quiero hoy recordar, lógicamente desde mi propia visión y mis recuerdos, a la persona en su triple faceta: profesor, maestro y amigo.

1.- Mi primer encuentro con Joaquín Varela tuvo lugar en octubre del cada vez más lejano 1991, cuando me incorporé como estudiante a la Facultad de Derecho, que no sólo estrenaba plan de estudios (aprobado, por cierto, a instancias de un catedrático hoy convertido en juez que, tras colapsar y dejar en quiebra técnica a tres órganos jurisdiccionales, deambula por el Servicio de Inspección del Poder Judicial), sino también ubicación. Como profesor, Joaquín Varela era (o cuando menos, a mí me lo parecía) distinto al resto. No se limitaba a llegar al aula y dictar mecánicamente apuntes salpimentándolos muy de cuando en cuando con algún ejemplo, como hacia la inmensa mayoría de la comunidad docente. No. Joaquín Varela transmitía en el aula su pasión por la asignatura sin necesidad de dictar, y prácticamente sin consultar datos o notas. Sus clases me parecían una bocanada de aire fresco, una ventana abierta en medio de la cerrazón de una facultad que, aun con el reto de afrontar el inminente tránsito al siglo XXI, materialmente permanecía anclada no ya en los años cincuenta del siglo XX, sino en algunos aspectos en el siglo XIX.

Tuve la suerte de que el profesor Varela fuese mi docente en las asignaturas de Derecho Constitucional en primer y segundo curso, pero quizá donde brilló con luz propia fue en la optativa Historia del Constitucionalismo, quizá por ser la que en cuanto a su contenido material se sentía más cercano. Aun cuando a lo largo de los años mutó su programa ciñéndose a la historia constitucional española, cuando en 1994 (año en que la cursé) se impartió por primera vez, en ella se estudiaba el constitucionalismo de los cuatro grandes países: Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España. Quizá el mejor elogio que se pueda decir de Joaquín Varela como profesor es que fue la única asignatura que aprobé sin estudiar absolutamente nada, pues me bastó y sobró con acudir a sus clases y leer sus trabajos.

Joaquín Varela, como docente y como persona, era de una honestidad intelectual a toda prueba, lo que puedo acreditar con una reveladora anécdota. En el examen oral que hube de efectuar  a finales del año 1994 para optar a una matrícula de honor en Historia del Constitucionalismo, tras unos escarceos preliminares sobre las diferencias entre el constitucionalismo inglés y americano, se entró en el auténtico mar de los sargazos: la Constitución de 1931. El joven que era yo en aquellos años aún no tenía el trato con Joaquín Varela que llegaría a tener con posterioridad, y en aquel entonces lo veía como el inalcanzable profesor situado muy por encima de mi, pero con todo, no dudé en transmitir una visión muy crítica del periodo republicano y del propio texto constitucional, amparándome en la visión crítica de Stanley G. Payne y de Joaquín Tomás Villarroya. Aun cuando Joaquín Varela discrepó con mi análisis y  mi visión de ese período histórico, me concedió la matrícula.

2.- Al finalizar la carrera, mi intención originaria era la de permanecer como docente en la facultad, algo que por circunstancias que no vienen al caso, se frustró. En su momento contacté con el profesor Varela, a quien transmití mis inquietudes y mis intenciones, y en su honor diré que desde el primer momento dejó claro que estaría encantado de ayudarme. Por entonces aún no había creado escuela, pues Ignacio Fernández Sarasola (su discípulo directo), a quien me presentó en aquellos momentos, se encontraba inmerso en la redacción de su tesis doctoral. Y pese a que la opción de ser docente se frustró, jamás olvidé ni olvidaré que mostró en todo momento disponibilidad para ofrecerme, total y desinteresadamente, su ayuda.

El hombre propone y Dios dispone, y aunque orientado hacia el ejercicio de la abogacía, profesión que hoy por hoy (toquemos madera) es la que me sustenta, sin embargo, mi condición de jurista práctico no mató al gusanillo de la investigación jurídica ajena al foro. Es entonces cuando por pura casualidad (una conferencia que impartió en el 2005 en el Ateneo Jovellanos para, si no me falla la memoria, presentar su biografía del conde de Toreno), retomé el contacto con Joaquín Varela, que aun cuando había dejado de ser mi profesor, no dejó ni dejaría de ser mi maestro.

Desde entonces, no cesó de otorgarme su apoyo y su aliento. A Joaquín Varela debo el haber despertado nuevamente mi veta investigadora, paradójicamente más orientada hacia el constitucionalismo estadounidense que al británico. Fue Joaquín quien me animó a publicar mi primer libro, Tres controvertidas elecciones presidenciales estadounidenses: Thomas Jefferson, Rutherford B. Hayes y George Bush, al que tuvo la amabilidad de incorporar un generosísimo prólogo. Desde entonces, siempre le remitía mis artículos antes de enviarlos para su publicación, al igual que siempre tuvo la generosidad de remitirme los suyos.

Por ello, aunque desde el punto de vista formal no puede considerárseme stricto sensu integrado en el ámbito del personal investigador de la Universidad, ello no impide que considere y siga considerando a Joaquín como mi maestro.

3.- Durante la última década, Joaquín Varela no sólo era un maestro, sino un amigo. Aunque no con la frecuencia que a ambos nos gustaría, sí que manteníamos contacto telefónico, y todos los veranos durante el mes de agosto nos citábamos en Gijón, en la terraza del café Dindurra, para tomar algo y conversar sobre lo humano y lo divino. En esas animadas conversaciones no sólo nos poníamos al día de nuestros respectivos planes y trabajos, sino que pasábamos revista a la actualidad, y aunque nuestras perspectivas ideológicas no eran exactamente iguales (Joaquín tendía más hacia un liberalismo progresista, social-demócrata, mientras que yo nunca oculté mi preferencia por un liberalismo más conservador), sin embargo ambos respetábamos profundamente el punto de vista del contrario, y además, curiosamente, en los últimos años nuestros puntos de vista estaban muy próximos en las cuestiones esenciales.

Precisamente en una de las últimas ocasiones en que nos vimos personalmente, Joaquín me manifestó su deseo de, una vez llegase inexorable el momento de la jubilación, disponer de tiempo que dedicar a las lecturas más diversas. De igual forma, me mantenía al día del estado de elaboración de la que consideraba su obra más acabada: el manual de Historia constitucional española, que al parecer tenía muy avanzado. Por desgracia, la enfermedad se lo ha llevado sin poder haber visto publicado el volumen que culminaría sus cuatro décadas de investigación a la historia constitucional. Esperemos no obstante que aun cuando sea de forma póstuma, dicha obra vea la luz.

Descansa en paz Joaquín Varela Suanzes-Carpegna. Profesor, maestro, y, sobre todo, amigo. Te echaré de menos.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL PARLAMENTO DE CATALUÑA: INVESTIDURA SUSPENDIDA…….O NO.

En la inolvidable e indispensable película El golpe, dirigida en 1973 por George Roy Hill, Henry Gondorf, un timador especializado en estafas a peces gordos, logra ser incluido, bajo nombre falso, en una partida de póker donde uno de los jugadores es nada menos que Doyle Lonegan, un gangster que busca limpiar su imagen dedicándose a negocios financieros más o menos legales. Éste jugaba con cartas marcadas y, tras eliminar a todos los jugadores de la mesa buscando un cara a cara con tan incómodo rival, a quien pretendía dar una lección, se encontró con que Gondorf le ganó la partida por la mano. Cuando, poco después, uno de sus guardaespaldas le aseguraba que: “I know I gave him four threes. He had to make a switch. We can´t let him get away with that” (se que le di cuatro treses; tuvo que cambiar las cartas; no podemos dejarle irse así como así), se encontró con una atinadísima respuesta de Lonegan: “What was I supposed to do? Call him for cheating better than me, in front of the others?” (qué se supone que debía hacer? Acusarle, en frente de los otros, de hacer trampas mejor que yo?).

La respuesta de Lonegan a su guardaespaldas viene como anillo al dedo a la vista del recentísimo Acuerdo de 27 de enero de 2018 del Pleno del Tribunal Constitucional, en virtud del cual se tiene por “promovido” (sic) el recurso del Gobierno de la Nación frente al acuerdo del Presidente del Parlamento de Cataluña proponiendo a Carlos Puigdemont y Casamajor como candidato a la Presidencia de la Generalidad de Cataluña así como frente a la Resolución del Presidente por la que se convoca a sesión plenaria para la investidura. Acuerdo en el que se adopta como medida cautelar (aunque no se utilice expresamente dicho término) que no puede celebrarse el debate y votación de investidura “a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario”, así como (aspecto éste que ha pasado desapercibido) la investidura “sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión” así como la imposibilidad de delegación de voto por parte de los miembros sobre los que pese orden judicial de busca y captura.

La verdad es que el brillantísimo comentario que de la meritada resolución ha efectuado el profesor Miguel Presno Linera en su magnífico blog El derecho y el revés, que compartimos totalmente, nos excusa de efectuar una reflexión en profundidad sobre el extraño Acuerdo del Tribunal Constitucional, sumamente extraño desde la óptica jurídica, aunque no tanto si se utilizan criterios estricta o mayoritariamente políticos. Únicamente me gustaría añadir unas precisiones simplemente de detalle:

1.- La mera invocación del artículo 161.2 de la Constitución implica la suspensión automática de la actuación autonómica impugnada. Ahora bien, si eso es así, el automatismo en la suspensión se extiende a toda la actuación, y no a parte de ella.

2.- Si los Magistrados optan por aplicar los preceptos de la Ley 29/1998 de 13 de julio, se supone que debieran aplicar igualmente la jurisprudencia dictada en aplicación de la misma, que, dicho sea de paso, no es precisamente generosa en cuanto a la adopción de las medidas cautelares.

3.- Se supone que si la demanda cumple con los requisitos formales, por muy absurda que sea en cuanto al fondo debiera ser admitida a trámite, como indicamos ayer en nuestra entrada analizando el particular. Cosa distinta es que en cuanto al fondo se desestime por carecer de base jurídica alguna, o que ulteriormente se inadmita por extemporánea o por no ser el acto impugnado susceptible de recurso, que es algo distinto que la admisión a trámite de la demanda.

4.- ¿Desde cuándo pueden adoptarse medidas cautelares sobre un acto futuro? Guste o no guste (y en este sentido, la opinión de quien esto suscribe es bien conocida) en nuestro país el control de legalidad sobre leyes y actos administrativos es siempre ex post facto, y no ex ante. Ya no existe en nuestro ordenamiento el recurso previo de inconstitucionalidad (tal y como existía previa su supresión en el año 1985), y por suerte o por desgracia (yo me inclino más por lo segundo) la tutela judicial frente a actuaciones administrativas es igualmente posterior al acto, y no anterior.

Se podrá argumentar que la convocatoria de la sesión de investidura ya está acordada y, por tanto, se está impugnando una actuación expresa. Cierto. Pero el objetivo último perseguido, y así se ha explicitado, es evitar no cualquier investidura, sino únicamente que se celebre la misma permitiendo que el candidato defienda su programa de forma virtual, evitando su presencia física. Pero en este caso nos encontraríamos que, jurídicamente hablando, lo que se estaría impugnando en realidad no es el propio acto de convocatoria de la sesión, sino el acto de la mesa que autorizase el uso de medios telemáticos para la comparecencia o la delegación de voto, que procesalmente sería una actuación impugnable de forma autónoma.

5.- Como decíamos en nuestra anterior entrada, lo que se está evidenciando ante la ciudadanía es una pérdida del ya escaso desprestigio de las instituciones, tanto autonómicas como estatales. Las catalanas, por inclinar la cerviz ante las pretensiones bufonescas de quien pretende crear una especie de gobierno virtual; las estatales, por no actuar cuando deben y hacerlo mal cuando no deben. Respecto al Tribunal Constitucional, acostumbrado como está (y así lo evidencia su historia) a echar bastante más mano de argumentos políticos que jurídicos, sin duda alguna se habrá sentido en su salsa, pero ello no habrá hecho más que añadir no ya una gota, sino un auténtico chorro más de vinagre a su desprestigio institucional.

En definitiva, a diferencia de la situación descrita en El golpe, donde se enfrentaban un timador y un gangster, en este caso el conflicto político e institucional entre el Gobierno nacional y el Parlamento de Cataluña podría describirse con el título de otra no menos célebre película: Duelo de pillos.

DE CANDIDATOS, INVESTIDURAS E IMPUGNACIONES. VISIÓN JURÍDICA

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Los dos últimos días ha llenado los titulares de los medios de comunicación escritos y audiovisuales la decisión del Gobierno de España de impugnar ante el Tribunal Constitucional la decisión del Presidente del Parlamento de Cataluña de proponer a Carlos Puigdemont y Casamayor como candidato a la presidencia de la Generalidad, algo que no cuenta con el aval del Consejo de Estado. Al igual que ocurre en numerosas ocasiones, en los debates sobre el particular aparecen sesudos contertulios que pontifican con igual maestría acerca de cuestiones jurídicas como sobre las interioridades del matrimonio de quienes día sí y día también copan las páginas rosa.

Conviene, a la hora de abordar un asunto tan trascendente y delicado, que los árboles no nos impidan ver el bosque, y analizar detenida y desapasionadamente la situación, sin que pasiones de uno u otro tipo influyan a la hora de adentrarnos en tan espinoso asunto. Y conviene, igualmente, analizar el evento con un mínimo de rigor jurídico.

Por lo anterior, es necesario deslindar los aspectos estrictamente jurídicos de las consideraciones de mera oportunidad o de naturaleza política, ajenas aunque conexas a aquéllos.

I.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

Primero.- El procedimiento de elección del Presidente de la Generalidad.

1.1.- Normativa aplicable

A la hora de abordar jurídicamente la cuestión de la investidura del Presidente de la Generalidad de Cataluña, hemos de partir de tres preceptos fundamentales:

1.1.1.- El artículo 152.1 de la Constitución, a la hora de articular la estructura institucional de las Comunidades Autónomas, contempla: “un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla.”

1.1.2.- El artículo 67.2 de la Ley 6/2006 de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, dispone que: “el Presidente o Presidenta de la Generalitat es elegido por el Parlamento de entre sus miembros. Puede regularse por ley la limitación de mandatos.”

1.1.3.- El artículo 4 de la Ley 13/2008 de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, regula el procedimiento de elección del Presidente. De dicho precepto, han de tenerse en cuenta los párrafos 1 a 3, que transcribimos literalmente.

1. El presidente o presidenta de la Generalidad es elegido por el Parlamento entre sus miembros, según lo establecido en el Estatuto, en el Reglamento del Parlamento y en la presente ley.
2. En el plazo de los diez días siguientes a la constitución de la legislatura, o en el plazo de los diez días siguientes al hecho causante de otro de los supuestos en los que corresponda proceder a la elección, el presidente o presidenta del Parlamento, previa consulta a los representantes de los partidos y grupos políticos con representación parlamentaria, debe proponer al Pleno un candidato o candidata a la presidencia de la Generalidad.
3. El candidato o candidata propuesto presenta ante el Pleno su programa de gobierno y solicita la confianza de la cámara. Después de un debate sobre el programa presentado, se procede a la votación. Para que el candidato o candidata resulte investido, debe obtener los votos de la mayoría absoluta. La investidura comporta la aprobación del programa de gobierno.

1.2.- Interpretación de la normativa.

En realidad, el procedimiento es muy similar al establecido en el texto constitucional para el nombramiento del Presidente del Gobierno, con una salvedad importantísima. En el ámbito estatal, el Presidente de Gobierno no precisa tener la condición de diputado o senador, mientras que para ser Presidente de la Generalidad (en realidad, y por imperativo constitucional, para ser presidente de cualquier autonomía) se precisa ser miembro de la Asamblea Legislativa.

Por tanto, hay que distinguir jurídicamente dos actos diferenciados:

1.2.1.- El acto del Presidente del Parlamento en virtud del cual propone el candidato a Presidente de la Generalidad. En este punto, jurídicamente la discrecionalidad que posee el Presidente del Parlamento es absoluta (aunque políticamente se encuentre reducida o limitada al candidato que presuntamente cuente con más apoyo parlamentario), y únicamente posee dos límites que no pueden sobrepasarse: no es posible trasladar a la Cámara el nombre de alguien que no tenga la condición de diputado del Parlamento catalán como tampoco puede proponerse a alguien que haya sido privado por sentencia judicial firme del derecho de sufragio pasivo.

En este caso, la actuación del Presidente se agota con la simple propuesta y traslado a la Cámara.

1.2.2.- El acto de investidura. En este caso, la responsabilidad se traslada al Pleno del Parlamento, donde el candidato propuesto habrá de exponer su programa y solicitar la confianza de la Cámara.
Es en este momento donde se plantearía el problema de si es jurídicamente posible el desarrollo de investidura sin la presencia física del candidato en sede parlamentaria. En este sentido, el informe elaborado el día 15 de enero de 2018 por los Servicios Jurídicos del Parlamento de Cataluña responde a dicha cuestión de forma negativa, al interpretar que es indispensable que el candidato a la presidencia comparezca personalmente en el debate.

Segundo.- Actuación del Gobierno impugnando la propuesta.

2.1.- Solicitud de informe al Consejo de Estado.

El artículo 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril establece que: “La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes asuntos: Impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo a la interposición del recurso.” Quiere ello decir que si el Gobierno pretende impugnar ante el Tribunal Constitucional cualquier tipo de actuación emanada de un órgano autonómico, la solicitud de informe previo al Consejo de Estado es preceptiva, es decir, obligatoria, sin perjuicio de que el mismo no sea vinculante, pues la regla general es que no lo sean salvo que una norma establezca lo contrario (artículo 2.2 párrafo segundo).

En este caso, con una velocidad digna del superhéroe Flash, la Comisión Permanente del Consejo de Estado emite su Dictamen 85/2018 de 25 de enero. El alto órgano consultivo considera que “no puede considerarse contraria al orden constitucional” la convocatoria del Pleno del Parlamento de Cataluña para la sesión de investidura de Carlos Puigdemont. Ahora bien, lo que sí considera que “sería contraria al orden constitucional” sería las eventuales resoluciones del Parlamento autorizando las delegaciones de voto solicitadas por los diputados ausentes, la intervención a distancia del candidato propuesto (es decir, que le permitiera intervenir por medios telemáticos) y en su caso la investidura.

En otras palabras, que el Consejo de Estado distingue, como habíamos indicado anteriormente, la simple propuesta de candidato por el Presidente del Parlamento (que no puede considerarse ilícita por cuanto la persona propuesta tiene la condición de diputado y no está privada de sus derechos políticos) y los actos dictados por el Parlamento en el seno del debate de investidura, que sí pueden ser contrarios al orden constitucional en los términos indicados.

2.2.- Impugnación ante el Tribunal Constitucional.

El artículo 161.2 de la Constitución establece que: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.”

El artículo 77 de la Ley Orgánica 2/1979 dispone que: “La impugnación regulada en este título, sea cual fuere el motivo en que se base, se formulará y sustanciará por el procedimiento previsto en los artículos sesenta y dos a sesenta y siete de esta Ley. La formulación de la impugnación comunicada por el Tribunal producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida hasta que el Tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia.”

En este sentido, conviene separar dos cuestiones jurídicamente distintas:

1.- Trámite de admisión. El trámite de admisión del recurso no supone una verificación o análisis previo del asunto en cuanto al fondo, sino comprobar que el escrito de interposición reúne los requisitos formales exigidos por la normativa. Es decir, no se trata de ver si el impugnante tiene razón en su petitum, sino comprobar si la demanda cumple con los requisitos legales exigidos. De estar en regla, no queda otra opción jurídica que admitir el asunto a trámite, por mucho que en cuanto al fondo sea un disparate, porque el pronunciamiento sobre el fondo se dilucida en la sentencia, no en el trámite de admisión.

2.- Suspensión de la disposición impugnada. La admisión a trámite de un recurso por parte del Gobierno de la Nación donde se invoque de forma expresa el artículo 161.2 de la Constitución tiene como consecuencia inmediata que se suspenda la ejecución del acto o disposición impugnada, suspensión sobre la que el Tribunal habrá de pronunciarse manteniéndola o levantándola, para lo que dispone de un plazo de cinco meses.

Tercero.- Conclusiones jurídicas.

Visto lo anterior, considero que un análisis estrictamente jurídico arrojaría las siguientes conclusiones:

3.1.- El Presidente del Parlamento de Cataluña no actuó de forma ilícita o contraria a Derecho al proponer a la Cámara a Carlos Puigdemont como candidato. Por tanto, la impugnación de dicha candidatura ante el Tribunal Constitucional considero que es, en cuanto al fondo, jurídicamente inviable. Cuestión distinta sería impugnar la decisión que admitiese la presencia virtual y no física del candidato, pero no es eso lo que se está impugnando.

3.2.- Una vez presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional, si el mismo reúne los requisitos formales, el máximo intérprete de la Constitución está obligado a admitirla a trámite con las consecuencias inherentes a dicha admisión, por cuanto para admitir a trámite un asunto no se examina el fondo del mismo, sino cuestiones estrictamente formales.

II.- CONSIDERACIONES DE OPORTUNIDAD.

Distintas a las cuestiones jurídicas, son las políticas o de mera oportunidad, que pueden diferir de las anteriores. No obstante, en este punto quisiera incidir en varios hechos:

2.1.- En no pocas ocasiones el mismo Poder Judicial confunde o no duda en entremezclar con razonamientos jurídicos cuestiones de naturaleza estrictamente política. Un ejemplo de ello es el Auto de 22 de enero de 2018 dictado en la causa especial 20907/2017 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que deniega reactivar la euroorden contra el fugado Puigdemont. Dicho Auto es incomprensible si se analiza con una óptica estrictamente jurídica, aunque no tanto si los en teoría ciegos ojos de la Diosa de la Justicia alzan su venda para abrirse al mundo de la alta política.

2.2.- A la intromisión de los argumentos políticos en el mundo de la justicia se añade la continua incursión del ejecutivo en el tercero de los poderes. Y ello por la patológica cobardía del actual ejecutivo a tomar decisiones controvertidas, buscando que sean otros quienes den la cara, llámense Consejo de Estado, Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo.

2.3.- Que el Tribunal Supremo acepte incluir argumentos estrictamente políticos en sus resoluciones y que el Gobierno busque esconderse bajo las togas de los jueces para eludir el cumplimiento de sus obligaciones de máximo órgano ejecutivo no sólo diluye las fronteras que delimitan los poderes del Estado, sino que contribuye al desprestigio absoluto de dichas instituciones, ya de por sí pésimamente valoradas por los ciudadanos.

2.4.- Aunque pueda ser lícito a un particular que acomode su actuación al viejo refrán español “allí donde fueres, haz lo que vieres”, los entes públicos no gozan de ese privilegio. En este caso el Gobierno está dando palos de ciego, y el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad no contra cualquier acto, sino contra este acto en concreto, sin apoyatura jurídica alguna que lo sustente y que tiene todas las posibilidades de terminar con una resolución contraria a sus intereses, lejos de reforzar su postura, la debilita. Algo incomprensible, salvo que sea esto último precisamente lo que se busca.

2.5.- Es innegable que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante y que, por tanto, el Gobierno no está obligado a seguir el parecer de dicho órgano consultivo. Pero no conviene perder de vista que los más furibundos críticos del gobierno son los mismos que se han pasado por montera resoluciones del Tribunal Constitucional y los propios informes de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Cataluña. Es decir, que en este caso el refrán aplicable sería: “consejos vendo que para mí no tengo.”

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

NAM v DEPARTMENT OF DEFENSE: REPASO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO ESTADOUNIDENSE A CUENTA DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

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El día 22 de enero de 2018, mientras el gobierno federal se enfrentaba a su primer día cierre debido a la ausencia de acuerdo entre las cámaras legislativas para aprobar el compromiso de gasto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no sólo continuó funcionando con normalidad, sino que ese día hizo públicas tres resoluciones. Cuando decimos que “hizo públicas” lo decimos en el sentido literal, puesto que en este caso sí que se podría decir con total justicia y sin faltar a la verdad “leída y publicada la sentencia”, dado que dicha frase no constituye una siniestra cláusula de estilo como en las resoluciones españolas.

De las tres sentencias, quiero detenerme especialmente en la National Association of Manufacturers v. Department of Defense et al. No es que la misma sea, en cuanto al fondo, ciertamente interesante, puesto que se limita a aclarar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de determinadas pretensiones relativas al dominio público hidráulico (los juzgados de distrito o los Tribunales de Apelación). Pero una lectura permite al lector otear de forma clara, amena y comprensible los rudimentos del Derecho administrativo estadounidense. Veámoslo.

Primero.- El 18 de octubre de 1972 el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Federal Water Pollution Control Act. El objetivo de dicho texto legal es mantener y restaurar la integridad de las aguas estadounidenses, si bien su alcance o ámbito de aplicación no se extiende a todas las aguas, puesto que no incluye las subterráneas.

Parece claro que un jurista español de forma inmediata asimilará este texto legal al Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, con la salvedad de que la norma española tiene un ámbito integrador, mientras que la regulación estadounidense referida al dominio público hidráulico se encuentra dispersa en varios textos legales.

El caso es que tenemos una coincidencia prácticamente absoluta en cuanto al primer estadio de la regulación: la intervención del órgano que tiene atribuida la potestad legislativa, quien lo hace a través de un texto con rango de Ley.

Segundo.- El órgano administrativo encargado de ejecutar las previsiones del texto legal indicado en el punto anterior es la Environmental Protection Agency. Dicho órgano administrativo fue creado en 1970 a instancias del presidente Richard Nixon, quien propuso al Congreso unificar todas las competencias medioambientales en una única agencia administrativa. Así pues, nos encontramos con que la Environmental Protection Agency es la encargada no sólo de efectuar una interpretación de las previsiones del texto legal que ha de llevar a efecto (aunque dicha revisión se encuentre sujeta a control judicial) y de resolver en vía administrativa las controversias que surjan derivadas de la materia que se le atribuye.

En el caso concreto enjuiciado, los problemas vienen por la extensión que ha de darse a un concepto jurídico indeterminado, en concreto “aguas de los Estados Unidos”, para verificar cuáles ha de entenderse que entran dentro del ámbito de aplicación de la ley y cuáles no. A estos efectos, la agencia administrativa aprobó en el año 2015 la denominada Water of the United States Rule, que intentaba clarificar la situación estableciendo qué tipo de aguas se encontraban comprendidas en el ámbito regulatorio de la Federal Water Polution Act.

Aquí, al jurista español ya le empiezan a rechinar varias cuestiones:

2.1 En primer lugar, en el propio ámbito organizativo. Cualquier jurista práctico conoce el principio de la “potestad autoorganizatoria” de las Administraciones públicas. En este caso, vemos que a nivel federal dicha potestad simple y llanamente no existe. El presidente de los Estados Unidos no puede crear, modificar ni suprimir la estructura administrativa, para lo cual tiene que remitir su propuesta a las dos cámaras legislativas y que éstas le den el visto bueno.

2.2 En segundo lugar, la extensión de las facultades del ente o agencia administrativa. Es cierto que en nuestro país existe la potestad reglamentaria que puede desarrollar un texto legal, e incluso en textos legales muy concretos se permite a las Administraciones efectuar una interpretación auténtica de textos legales. Por ejemplo, en el ámbito fiscal (donde el artículo 12.3 de la Ley 58/2003 atribuye la competencia para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las leyes y demás normas en materia tributaria) o en el ámbito electoral (donde la actuación de las Juntas Electorales se asemeja en cierta medida a la actuación de las agencias estadounidenses). Pero lo cierto es que las facultades tanto de regulación como de resolución de los órganos administrativos estadounidenses son mucho más amplias.

2.3 Aunque no venga recogido en la sentencia ni en el texto legal, existen dos circunstancias que alejan aún más la Administración federal estadounidense de la española:

2.3.1 Blindaje de los puestos directivos. En estos casos, la facultad de nombramiento de las cúpulas de los órganos administrativos suele estar blindada como medio de garantizar su independencia, de tal forma que una vez designados no pueden ser removidos salvo causa muy grave.

2.3.2 Inexistencia de autotutela declarativa y ejecutiva. En este punto, los órganos administrativos, incluidos los tributarios, carecen de las draconianas potestades que tienen los organismos públicos españoles. En este punto, no ya cualquier ciudadano, sino la judicatura en pleno y todos y cada uno de los funcionarios que desempeñan sus funciones en los organismos tributarios, deberían tener grabada a fuego la sentencia United States v. Clarke, hecha pública el 19 de junio de 2014, y sobre todo una frase decisiva en dicha sentencia (que, por cierto, fue adoptada por unanimidad): “Los órganos que tienen encomendadas las funciones de recaudación pueden abusar de las potestades que se les atribuye, de igual forma que se puede abusar de cualquier potestad. Consciente de tal posibilidad, el Congreso dispuso que para que el Internal Revenue Service lleve a efecto sus resoluciones precise de la aprobación judicial. Y hemos dicho una y otra vez que el requisito del procedimiento judicial no es ex parte, sino contradictorio.” Como ciudadano y como jurista, siento auténtica envidia al leer en una resolución judicial frases como esta.

Lo que nos lleva al último punto.

Tercero.- El control judicial de la actividad administrativa se contempla, con carácter general, en la Administrative Procedure Act. Pero dicho texto legal no deja de ser supletorio, y aplicable en defecto de ley específica. En este caso, la Federal Water Pollution Act establece una regulación concreta del control judicial para asuntos derivados del dominio público hidráulico. Pero, y aquí viene lo peliagudo, sus disposiciones en este aspecto se bifurcan, porque para el grueso de las actuaciones se atribuye la competencia a los juzgados federales de distrito, pero para un núcleo reducido de asuntos la norma opta por desviar la competencia a los Tribunales de Apelación, es decir, al segundo nivel jerárquico de la organización judicial estadounidense.

Aquí sí que la diferencia entre el sistema español y el norteamericano es brutal. El jurista español posee la seguridad de que las normas atributivas de competencia se contienen en un único texto legal, la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Bien es cierto que el artículo 10 no es precisamente un ejemplo de técnica legislativa y que su redacción parece una auténtica afrenta al lenguaje y un desafío a la lógica, pero no puede negarse la seguridad en cuanto a normas competenciales. Por el contrario, en los Estados Unidos no existe un texto general aplicable, sino uno supletorio (la Administrative Procedure Act) en defecto de normativa específica, por lo que el jurista debe estar muy atento a la existencia de regulaciones especiales que pueden ofrecer sorpresas.

En definitiva, dos sistemas con sus similitudes y sus diferencias, cada uno con sus grandezas y sus miserias. Pero en todo caso, ambos funcionan a la perfección. Lo cual demuestra que ciertos dogmas de fe administrativa (como la necesidad imperativa de la prerrogativa de autotutela y el correlativo control judicial ex post facto) no son ni mucho menos inatacables e indiscutibles, ni tampoco presupuestos necesarios para un correcto funcionamiento del sector público.

DONALD TRUMP, FRANCISCO UMBRAL Y LA “PUTREFACTA” TELEVISIÓN ESPAÑOLA.

trump

Hace ya un cuarto de siglo, en el año 1993, el escritor Francisco Pérez Martínez, conocido en el mundo literario como Francisco Umbral, fue protagonista de un ya célebre episodio cuando, en el programa Queremos saber, presentado por la incombustible Mercedes Milá, mostró su enojo porque si había acudido al programa era para “hablar de su libro.” Aun cuando es posible que en tan inesperada salida de tono influyera el quizá excesivo culto al dios Dionisio, en determinado momento el inefable Paco Umbral lanzó esta afirmación: “Esto es un engaño como toda la televisión, que es putrefacta, como dicen todos los días los columnistas de televisión.” Es altamente significativo que ninguno de los intervinientes, ni tan siquiera la presentadora, rebatiesen dicho aserto; y de todos es sabido que quien calla otorga.

La frase pronunciada en su día por Francisco Umbral vino a mi memoria hace apenas unos días al comprobar el tratamiento que los noticiarios españoles hacen de los acontecimientos que tienen lugar en los Estados Unidos. Pero si alguien lleva la palma es, sin duda, José Ángel Abad, corresponsal de Antena 3 Televisión en dicho país, porque lo cierto es que, al escucharle, uno oscila entre la hilaridad y la arcada, dado que el meritado individuo parece haberse marcado como objetivo convertirse en el portavoz oficioso de la derrotada candidata demócrata a la presidencia.

Ahí van, a título ilustrativo, algunos botones de muestra.

Primero.- Hace apenas un par de semanas, los noticiarios se hicieron eco a bombo y platillo de la inminente aparición del libro Fire and fury: inside the Trump White House, escrito por Michael Wolff y que, en principio, se basa en información suministrada por Steve Bannon, antiguo asesor de Donald Trump. Incluso antes de que saliera a la venta, ya los medios españoles se hicieron eco de su inminente aparición en el mercado editorial y de su jugoso contenido, donde el nuevo inquilino de la Casa Blanca no era favorablemente retratado (entre otras cosas, se cuestionaba su salud mental), y donde se acusa al hijo del mandatario de reunirse con determinadas personalidades rusas, comportamiento que se llega a equiparar a la traición. El inefable José Ángel Abad, a la hora de comentar el evento, no pudo resistirse a aportar su peculiar granito de arena contra Trump, realizando una afirmación antológica: “El hecho de que se cuestione su estado mental ya es sin duda algo preocupante.” Obviamente, dicho corresponsal no consideró oportuno poner en conocimiento de los espectadores que el día 7 de enero de 2018 el New York Times publicaba una noticia titulada Bannon tries backing away from explosive comments, donde la teórica fuente de la que bebe el autor del libro trató de marcar distancias con éste, y donde se refierió explícitamente a Donald Trump jr  como “both a patriot and a good man” (tan buen patriota como buen hombre).

Con todo, hay un hecho que demuestra la “imparcialidad” del corresponsal español. A mediados del pasado año 2016, en plena campaña electoral, apareció un libro titulado Crisis of character, escrito por Gary J. Byrne, un antiguo miembro del Servicio Secreto de los Estados Unidos, donde narraba sus años de servicio en la Casa Blanca en la época del presidente Clinton. En dicha obra, se cuestiona abiertamente la salud mental de Hillary Clinton, a quien se presenta como una persona bipolar. En las propias líneas iniciales describe su visión de la entonces primera dama con la siguiente frase: “It was like watching Humphrey Bogart in The Caine Mutiny obsessing about a quart of missing strawberries-and losing sight of the world war raging about him.” (era como ver a Humphrey Bogart en el Motín del Caine, obsesionado con unas cuantas fresas perdidas, perdiendo la visión del mundo en guerra que le rodeaba). Cierto es que salieron voces que, al igual que en el reciente libro de Wolff, cuestionaron las afirmaciones de Byrne, pero lo relevante es que el corresponsal español no consideró oportuno informar a los españoles de la existencia de dicha obra ni a considerar “preocupante” que se dudase de la sanidad mental de la señora Clinton. Claro que, de haberlo hecho, es muy posible que con su rigor habitual hubiese indicado que la misma estaría sufragada con fondos rusos, en una campaña orquestada para desprestigiar la imagen de Hillary, de quien, por cierto, el senador demócrata Bernie Sanders (que le disputaba la candidatura por dicha formación) dijo expresamente que: “no está cualificada para la presidencia.”; pero claro, con toda probabilidad para nuestro corresponsal el senador Sanders seguramente también forma parte de la campaña rusa para desprestigiar a Hillary.

Segundo.- Comparecencia del Presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Una voz se alza entre los miembros del público, la de un hispano que protesta contra la política de deportaciones que sigue el ejecutivo norteamericano. El inquilino de la Casa Blanca corta abruptamente al individuo recordándole: “You are in my house. It´s not respecful when you are invited by somebody…” (estás en mi casa; no es educado cuando alguien te invita…). Sin duda alguna una escena muy propia del actual presidente. El problema es que el protagonista de dicha escena no fue Donald Trump, sino por Barack Obama. ¿Cuál creen que fue la reacción del público asistente y de los representantes de los medios? Aciertan de pleno: aplausos al mandatario. En honor al señor Abad diremos que sí ofreció las imágenes en cuestión (mutilando el minuto y medio de grabación y reduciéndolo a unos pocos segundos), pero, como no podía ser menos, sus comentarios en esta ocasión se centraron en la habilidad de Obama y en la falta de respeto de quien le interpelaba.

Por cierto, que hablando de política migratoria. En mayo de 2017 se publicaba en la Harvard Law Review un trabajo sobre el tema, titulado Immigration and the bully pulpit. Cuando la autora asiste a una reunión en California para hablar sobre la política migratoria de Trump, se encuentra con que un joven activista le espeta lo siguiente: “We are glad you are here, but we felt so alone during the Obama years” (nos encanta que esté aquí, pero nos encontramos tan solos en los años de Obama). Sobra todo comentario.

Tercero.- Sobre la ausencia de acuerdo presupuestario. No es la primera vez que la Administración estadounidense se ve abocada al cierre por la inexistencia de un acuerdo presupuestario. En octubre de 2013, cuando Barack Obama apenas llevaba nueve meses de su segundo mandato, hubo de enfrentarse al cierre de la Administración federal (algo que en terminología jurídico-política estadounidense se denomina shutdown of government), algo que sirvió para que desde esta bitácora dedicáramos un post específico al análisis jurídico de dicho particular. La situación se repite ahora. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Adivinan? ¿A quien se culpaba en el año 2013 del desacuerdo presupuestario? En efecto, al Congreso. ¿A quien se culpa en 2018? Aciertan nuevamente, a la Casa Blanca. Por cierto, ayer tuve la curiosidad de escuchar el programa Washington today, de la cadena C-SPAN, cuya credibilidad está a años luz de los medios españoles, y lo cierto es que la versión que pude escuchar (en un perfecto inglés) difería bastante de la que nos transmiten los medios españoles, pues incluso el líder de los demócratas en el Senado reconoció que tuvo una reunión con el presidente en la Casa Blanca y explícitamente se refirió a la voluntad de negociación del jefe del ejecutivo. Aun sin decirlo expresamente, apuntó a otra dirección en cuanto a la falta de acuerdo.

Cuarto.- Cuestión del machismo. El corresponsal español facilitó las imágenes de una manifestación que protestaba contra los modos del mandatario en lo que se refiere al trato que profesa a las integrantes del género femenino. Bien, en este punto es incuestionable que sus formas no son lo que se dice las más adecuadas. Pero lo cierto es que no he visto ni una sola manifestación, ni una sola crítica al programa de Howard Stern (y desafío a cualquiera a que me diga si el modo de tratar a las mujeres en el mismo no es, cuanto menos, tan denigratorio como el que se imputa a Trump, si no abiertamente peor). Tampoco estaría de más recordar que Bill Clinton tuvo varias denuncias por acoso sexual, y que su mujer, en lugar de permanecer callada (algo que todo el mundo entendería porque no puede pedirse a una mujer que condene públicamente a su marido) lo que hizo fue precisamente atribuirlo todo a una campaña mediática que tenía como único objetivo de acabar políticamente con su esposo. Es decir, se alineó con el acosador, y no con las víctimas.

Quinto.- Por último, un hecho anecdótico pero que sirve para retratar nuevamente a nuestro corresponsal y su nunca suficientemente ponderado sentido de la imparcialidad. Es costumbre habitual que el mandatario estadounidense se someta anualmente a un chequeo médico para verificar su estado de salud. En este caso, parece que la Trump no tiene en ese aspecto problema alguno. Pero el señor José Ángel Abad no quiso desaprovechar la ocasión para hacer méritos como portavoz de los opositores al Presidente, y deslizó el siguiente comentario, absolutamente antológico: “El médico que lo reconoció, militar y por tanto a sus órdenes” (sic); insinuaba hábilmente, con ello, una posible manipulación (sin pruebas, por supuesto). Silenció este personaje, no podía ser menos, que el único caso donde se ha constatado que hubo no manipulación, sino compra abierta de un médico para falsificar un informe sobre el estado de salud fue el caso de John F. Kennedy, quien hubo de procurarse un falsísimo certificado médico de salud para acreditar que gozaba de perfecta salud, cuando lo cierto es que (y en la actualidad ha costado, pero se admite) de haberse hecho públicos sus problemas de salud jamás hubiera sido elevado a la presidencia.

Una cosa no se puede negar: el nuevo presidente de los Estados Unidos está cumpliendo a rajatabla o, cuando menos, intentando en la medida de lo posible cumplir con el programa electoral en base al cual fue elegido. Podrá gustar más o menos, pero ello es así. Es claro que en un país como el nuestro, donde se ha insertado en nuestro ADN político el incumplimiento masivo y constante de las promesas electorales, ello puede parecer chocante y, por tanto, ser objeto de crítica. Pero lo lógico y normal es que quien sale elegido en base a un programa electoral trate de cumplir lo máximo posible.

Es cierto, y sería ocioso negarlo, que Donald Trump no es una persona que despierte simpatías. Sus dotes como diplomático son las mismas que tenía el barón Sergei Ivanoff, el diplomático ruso encarnado por el actor Kurt Kasznar en la película 55 días en Pekín. No es una persona de trato fácil y le falta sutileza en sus formas. Tiene un ego y una megalomanía infinitas. Pero una cosa es reconocer eso y otra muy distinta el efectuar un tratamiento de la información tan sesgado y parcial como el que realizan los medios españoles en general y el corresponsal citado en particular. No es preciso retorcer y manipular los hechos hasta extremos hilarantes ni ocultar información relevante, pues lo único que ello demuestra es la falta de credibilidad de quien lo efectúa.

Por ello, una vez más, el consejo profesional de quien suscribe es que el lector interesado en conocer con cierto grado de fiabilidad los acontecimientos que suceden en los Estados Unidos de América, se abstenga, bajo prescripción médica, de consultar medios españoles. Es perjudicial para la salud.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión