DAWSON v STEAGER: PROHIBIDA LA DISCRIMINACIÓN TRIBUTARIA ENTRE MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD ESTATALES Y FEDERALES.

Imagínese usted que es un Policía Nacional que ha accedido a la jubilación y que su Comunidad Autónoma de residencia no establece ningún tipo de ventaja o bonificación fiscal a la hora de tributar anualmente por su pensión. Ahora bien, imagínese que su vecino es un miembro de la Policía Autonómica de esa misma Comunidad Autónoma en la que usted reside que ha accedido igualmente a la jubilación al igual que usted, pero que, en este último caso, la legislación autonómica le establece una generosa bonificación fiscal a la hora de tributar por su pensión. La situación, desde el punto de vista de la justicia material, hace aguas por todos lados, pero la pregunta es si jurídicamente hablando tal situación es posible.

Pues bien, esa situación es a la que se ha tenido que enfrentar la recentísima sentencia Dawson v. Steager, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha hecho pública ayer día 20 de febrero de 2019. Tal resolución judicial, como todas las que emanan de dicho órgano, se encuentra redactada de una forma accesible al público (lejos de barroquismos y arcanos tan característicos de otros sistemas); es absolutamente tajante con la Administración del estado de Virginia Occidental, al que desautoriza de la forma más rotunda; y, sobre todo, es un auténtico ejemplo de síntesis narrativa, pues en tan sólo siete páginas y media expone los antecedentes fácticos del caso y la argumentación jurídica.

No es preciso adentrarse en la lectura de toda la resolución judicial para hacerse una idea de los hechos determinantes y de las cuestiones jurídicas planteadas, porque el juez Neil Gorsush (ponente de una sentencia adoptada por unanimidad) lo solventa en el párrafo inicial de la sentencia de forma magistral:

Si usted ha desempeñado toda su vida profesional como agente de la policía estatal en Virginia Occidental, puede beneficiarse de una generosa exención fiscal en el momento de su jubilación. Pero si usted desarrolló su carrera en la policía federal, Virginia Occidental le niega el mismo beneficio. La cuestión que afrontamos consiste en determinar si el Estado puede discriminar en tal forma a los agentes federales.

Se trata, por tanto, de un clarísimo supuesto de discriminación fiscal en función de las condiciones personales del sujeto obligado tributario, pues la exención tributaria se vincula únicamente a la pertenencia de éste a un cuerpo concreto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, más en concreto al dependiente del estado que aprueba la legislación; exención que se niega a miembros del cuerpo nacional aun cuando desarrollasen su actividad en el mismo estado.

La sentencia Dawson se remonta nada menos que a McCullough v. Maryland (el celebérrimo caso resuelto en 1819) para justificar la acción del Tribunal Supremo cuestionando la validez de leyes estatales que pretenden beneficiar a entidades o individuos de un estado en perjuicio de la organización federal. A continuación ofrece diversos pronunciamientos en los cuales el Tribunal Supremo anuló leyes estatales por introducir elementos discriminatorios en base precisamente a tal circunstancia. Al abordar ya el supuesto concreto enjuiciado, el razonamiento del Tribunal es demoledor con la normativa tributaria de Virginia Occidental:

Creemos que el juzgado de instancia del estado lleva razón. Un estado vulnera la normativa existente cuando ofrece a los empleados públicos estatales que se jubilan un tratamiento más favorable que a los empleados federales, sin que existan “diferencias significativas entre ambos colectivos” que justifiquen un tratamiento desigual.

No sólo eso, sino que desciende aún más al concretar:

Si un estado opta por eximir de tributación a todos sus empleados públicos, debe igualmente eximir a todos los empleados públicos federales. De igual manera, si el estado decide incluir una exención que afecte tan sólo a un mínimo porcentaje de los jubilados estatales, el estado cumple con los criterios normativos eximiendo a un grupo similar de jubilados federales.

A continuación, el Tribunal Supremo se enfrenta a una sorprendente línea defensiva esgrimida por la defensa de Virginia Occidental: con la normativa legal cuestionada no se buscó en modo alguno perjudicar a los jubilados federales, sino de ayudar a ciertos jubilados estatales. Es decir, que en una curiosa maniobra dialéctica se pretende alterar la naturaleza de la discriminación añadiéndole tan sólo un adjetivo para hacerla más digerible: no estaríamos ante un trato desigual, sino ante una medida de discriminación positiva. De nuevo, la Sentencia propina un sonoro bofetón jurídico al estado sureño:

Asumimos ciertamente que las normas discriminatorias, como es el caso de la aprobada por Virginia Occidental, casi siempre tienen como objeto beneficiar a los empleados públicos estatales más que perjudicar a sus homólogos federales. Aun así, tal argumentación no es suficiente para considerar dichas leyes como válidas. Lo importante no es la intención o espíritu de la ley, sino si “la letra de la ley ofrece al empleado federal un tratamiento igual a los empleados del mismo estado

En otras palabras, no se trata de enjuiciar la bondad de los objetivos últimos perseguidos con la norma legal, sino de los efectos que esta despliega ante situaciones idénticas.

Toda una lección no sólo de derecho tributario, sino de aplicación práctica del principio de igualdad en tan sólo ocho páginas, de lectura francamente sencilla que permite, por tanto, la accesibilidad a cualquier persona. Porque de eso se trata, de que las sentencias sean comprensibles, y no sólo estén al alcance de quien las redacta.

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MNN v HALLECK: PRIMERA ENMIENDA, “STATE ACTORS” Y CENSURA DE CONTENIDOS.

El próximo lunes día 25 de febrero de 2019 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebrará la vista oral del caso Manhattan Community Acces Corp v. Halleck, un asunto donde de nuevo el foco de atención jurídica se centrará en la primera enmienda constitucional, léase, la garantía del “freedom of speech” o libertad de expresión, si bien no abiertamente o de forma directa, sino a través de una cuestión tangencial, cual es la personalidad jurídica pública o privada de un canal de televisión por cable de titularidad privada pero legalmente reservado para uso público. Un asunto de cierta relevancia en tanto en cuanto afronta las potestades de supervisión o incluso de supresión que un medio que destinado a la libre difusión de contenidos (es decir, algo parecido a Facebook, Linkedin o Tweeter pero en versión televisiva) tiene sobre éstos.

Partamos del marco normativo y de los hechos del caso para hacernos una idea de lo que está en juego.

Primero.- Marco normativo: facilitar a personas la emisión de todo tipo de contenidos en la televisión por cable.

1.1.- Normativa federal.

El 30 de octubre de 1984, el presidente Reagan sanciona la Act to amend the Communications Act of 1934 to provide a national policy, cuya denominación abreviada es la de Cable Comunications Policy Act, integrada en el United States Code. Al igual que ocurre en nuestro país, los titulares de canales de emisión por cable precisan obtener una autorización (franchise) para emitir por dicho medio. Ahora bien, la normativa les impone una curiosa exigencia cuando un mismo titular posee un volumen de canales que supere determinado umbral. Así, a la hora de regular los “canales de emisión por cable para uso comercial” el precepto contenido en el 47 USC 532 Sec 612 (a) enuncia un principio general informador de la normativa reguladora: “El propósito de esta sección consiste en asegurar que las fuentes de información más diversas posibles sean de acceso al público de los canales de emisión por cable, de una forma adecuada al crecimiento y desarrollo de los sistemas por cable”; léase, trata de imponer, precisamente para garantizar la libertad de información, que los canales permitan el acceso de las más diversas fuentes informativas para evitar el monopolio informativo. ¿Y cómo logra ese objetivo? El precepto contenido en el 47 USC 532 Sec 612 (b) da respuesta a ese interrogante: “Un operador por cable habrá de fijar la capacidad para uso comercial por parte de personas no suscriptoras del operador, de conformidad con los siguientes requisitos…”, para a continuación establecer un porcentaje en función del volumen de canales que posee el operador; así, por ejemplo, un titular que posea entre 36 y 54 canales habrá de destinar a este objetivo un 10% de los mismos al objeto de facilitar la emisión de contenidos que le remitan personas que incluso no sean suscriptores del canal.

1.2.- Normativa estatal de Nueva York.

Junto a la regulación federal coexiste la estatal, en este supuesto la existente en el New York Codes, Rules and Regulations, cuyo Título 16 lleva por rúbrica “Departamento de Servicio Público.” Dentro de este título, el Capítulo VIII integra las normas reguladoras de la televisión por cable, y establece los requisitos mínimos para “acceso público, educacional y gubernamental” de los canales. Y, más concretamente, establece en su apartado 895.4.a.(1) que: “La autorización de un sistema de televisión por cable con una capacidad de 36 o más canales deberá asignar: (I) como mínimo un canal a tiempo completo para acceso público.”

Segundo.- Los antecedentes fácticos del caso.

Uno de los canales de televisión por cable destinados a uso público, en concreto el Manhattan Community Access Corporation (que gira bajo la abreviatura MNN) cubrió la inauguración de “El Barrio Firehouse Community Media Center”. Dos personas, Jesús Papoleto Meléndez (poeta y autor teatral) y Deedee Halleck (productora cinematográfico de documentales) estuvieron en el evento entrevistando a los asistentes a la inauguración. Discrepantes con la cobertura, elaboraron un documental titulado “El 1% visita el Barrio”, que remitieron al canal de acceso público para su emisión. El mismo era sumamente crítico con la información ofrecida por la MNN, y en el mismo se manifestaba que dicho canal: “estaba más interesado en agradar al 1% de asistentes que en señalar las necesidades comunitarias de quienes viven en el este de Harlem”.

La reacción de la cadena MNN no se hizo esperar y fue fulminante. En una carta dirigida el 11 de octubre de 2012 a Deedee Halleck le comunica que de forma inmediata quedaba suspendido su derecho a emitir programas en el canal de acceso público de la MNN durante un mes, argumentando que el contenido del documental vulneraba las restricciones de la cadena proscribiendo la “participación en el acoso o amenazas graves hacia el personal y/o productores de la cadena”. Con todo, la represalia hacia Halleck fue sumamente benévola si se compara con la sufrida por Melendez, a quien se privó del mismo derecho: “indefinidamente“; o, como decía irónicamente el personaje encarnado por Stewart Granger en la versión cinematográfica de Scaramouche cuando en un lance de honor terminaba con la vida de un noble con asiento en los Estados Generales, el ilustre diputado estará ausente: “a perpetuidad.”

Los hechos, pues, son bastante simples. Cobertura mediática de un evento. Remisión por parte de dos personas de un documental sumamente crítico con la cobertura e importancia que la cadena le ha dado en relación con el volumen de destinatarios a la vez que critica el silencio del medio acerca de las necesidades de los colectivos sitos en otras áreas de la ciudad. Y, por último, represalia del medio de comunicación.

Tercero.- Iter procedimental.

Halleck y Meléndez no se resignaron a sufrir en silencio la represalia y acudieron a los tribunales en defensa de sus derechos vulnerados. Su defensa era clara: se estaba cercenando su derecho a la libertad de expresión, garantizado por la primera enmienda, en cuanto la reacción de la cadena MNN no dejaba el menor asomo de duda en cuanto que nos encontrábamos ante un supuesto de represalia que tenía su origen en una información crítica con la productora.

Sin embargo, el Juzgado federal del Distrito Sur de Nueva York, a la hora de resolver el asunto Halleck v. City of New York, inadmite de plano la demanda, pero impugnada dicha resolución, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, en su sentencia Halleck v. Manhattan Community Acces Corp (882 F.3d 300 [2d Cir. 2018]) revoca la sentencia de instancia y ordena tramitar el asunto.

¿Cuál es el razonamiento por el cual el Tribunal de Apelaciones da la razón a los demandantes? Muy sencillo. Sostiene que los canales de acceso público son “foros públicos”, es decir, lugares equiparables a las calles, plazas, vías de comunicación públicas; y, además, el canal MNN es lo que en terminología jurídica estadounidense se denomina “state actor”, es decir, una persona (física o jurídica) que no actúa en nombre propio como particular, sino en representación de un ente público. Por tanto, le son de plena aplicación las restricciones que a los entes públicos impone el Bill of rights, lo que incluye la libertad de expresión garantizada por la primera enmienda que, a través de la decimocuarta y de la doctrina jurídica de la incorporation, es igualmente de aplicación a los estados.

En otras palabras: un medio privado puede tener control sobre los contenidos que emite, pero un medio de acceso público (como se entiende es un canal reservado para este fin) no.

Obviamente, el canal MNN acudió vía certiorari ante el Tribunal Supremo, quien ha decidido a trámite el recurso. El fondo del asunto no se centra estrictamente sobre el derecho a la libertad de expresión, ni siquiera sobre si la acción de la MNN es una represalia por el contenido del documental crítico con la cadena, sino sobre si un canal reservado ex lege para la emisión pública de contenidos que le remitan personas incluso ajenas o no vinculadas ni por vía de suscripción a los mismos puede entenderse que es un “state actor” y, por tanto, tiene cercenadas las facultades de supervisión sobre los contenidos.

Un tema, sin duda alguna, apasionante desde el punto de vista jurídico.

DOS ILUSTRATIVOS PÁRRAFOS DEL MAESTRO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ SOBRE EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

 

El fallecimiento de don Jesús González Pérez el pasado mes de enero de 2019 ha supuesto nada menos que la desaparición del último vínculo que existía con la denominada justamente “generación de la Revista de Administración Pública”, a quien debemos nada más y nada menos que el moderno Derecho Administrativo. La longevidad de don Jesús, discípulo del legendario procesalista Jaime Guasp (cuya memoria, por cierto, siempre honró en sus escritos) le ha permitido sobrevivir a todos sus colegas de generación y a verse rodeado por un ordenamiento, unos sistemas y unos principios que, aun cuando herederos directos de los que él y sus compañeros llegaron a implantar en la década de los cincuenta, se alejaban lenta pero imperceptiblemente de ellos. Le sucedió a González Pérez algo parecido a lo que le ocurrió a otro legendario personaje, don José Martínez Ruiz “Azorín”, integrante de la titánica “generación del 98”, que en los años cincuenta y sesenta constituía una leyenda viva del periodismo y ensayismo noventayochista así como vínculo directo de las nuevas generaciones con figuras de la talla de Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Antonio y Manuel Machado, Ramón Valle Peña (alias “Valle Inclán”).

Si algo ocupó y preocupó a don Jesús fue sin duda alguna la garantía de los derechos ciudadanos frente a la Administración, auténtico eje cartesiano que vertebró toda su magna obra. No en vano el libro de homenaje que le tributaron sus colegas en el momento de su jubilación se titulaba, precisamente, La protección jurídica del ciudadano. Todas las páginas de don Jesús rezuman esa preocupación por garantizar unos derechos individuales y que éstos no fuesen pisoteados por una omnipotente Administración, fuertemente armada con todas sus prerrogativas y potestades. Y frente a ello, no dudó en dejar en sus páginas afirmaciones tajantes que revelaban la profunda decepción por un sistema que se refugiaba cada vez más en esos formalismos tan caros a la tradición española, y que en no pocas ocasiones primaban casi siempre en contra del particular.

No quisiera, por ello, dejar de transcribir dos párrafos de Jesús González Pérez que, cuando menos para el redactor de estas líneas, valen por todo un Tratado de Derecho Administrativo y constituyen una enseñanza a tener en cuenta por todos quienes se mueven cotidianamente en el orden contencioso-administrativo.

El primero de ellos es el que incluye en el prólogo a la tercera y última edición de su Manual de Derecho Procesal Administrativo, (que vio la luz en el 2001), que trataba de poner al día para adecuarlo a la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El párrafo que a continuación no sólo tiene la auctoritas de provenir de uno de los autores materiales del Proyecto de la que acabaría por convertirse en Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, sino que revela, junto con su permanente recuerdo a su maestro Guasp, la profunda decepción que uno de los padres fundadores del moderno derecho procesal administrativo experimentó con la jurisprudencia elaborada al amparo del texto legal que con tanta ilusión había contribuido a aprobar:

Mantengo, por supuesto, el sistema que, con tanta devoción hacia mi maestro Jaime GUASP, reflejé en aquel Derecho procesal administrativo, que dentro de muy pocos años cumplirá medio siglo. Fue una obra escrita con la ilusión y el ímpetu de la juventud, sobre una Ley que acababa de nacer y en la que tanta esperanza pusimos muchos. El mismo sistema que sintetiza en esta tercera edición del Manual también descansa sobre una ley nueva. Pero está escrito después de cincuenta y cinco años de diario ejercicio en la profesión de Abogado en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en los que, al ver cómo se iba degradando la justicia administrativa y renacían con más vigor que nunca los viejos formulismos, la desilusión ha ido desplazando a la esperanza.

Percátese el lector en dos cuestiones. A la hora de referirse a la evolución de la justicia administrativa, don Jesús utiliza el vocablo: “degradación”, que, como “acción y efecto de degradar”, nos posibilita tres opciones de comprensión: la primera, “reducir o desgastar las cualidades inherentes a alguien o algo”; la segunda: “humillar, rebajar o envilecer”; y, la última, “disminuir progresivamente la fuerza, la intensidad o el tamaño de algo”. No puedo ofrecer una interpretación auténtica al desconocer cuál de las tres acepciones (cuando no las tres en conjunto) era la que pretendía utilizar don Jesús, pero es evidente que cualquiera de las tres no es muy halagüeña para la justicia administrativa. Lo cierto es que, casi dos décadas después de haberse redactado el párrafo transcrito, no veo motivo alguno para corregir la visión que tenía uno de los puntales de la disciplina administrativa en nuestro país, aunque sí puedo afirmar que la situación no sólo no ha mejorado, sino que se agravó en extremo. No es, por tanto, extraño, que González Pérez experimentase una “desilusión”, estado de ánimo que precisó de medio siglo para que tal desánimo calase en su espíritu, imagínese lo que es la situación en la actualidad, donde a un letrado le bastan únicamente dos quinquenios para ver su ánimo decaer.

El segundo de los párrafos es el que abre su magno tratado Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y que mantuvo incólume desde sus primeras ediciones sin que lo eliminase. El mismo revela el escaso aprecio que tan ilustre autor tenía de la judicatura española en cuanto a su papel en la protección de los derechos de los particulares:

En este, como en tantos otros aspectos de la estructuración del Estado de Derecho, nuestros Jueces no se han caracterizado por su originalidad ni por su audacia. Respetuosos, sumamente respetuosos con quienes, en cada momento, han detentado el poder, tradicionalmente han sido una rémora en las conquistas del ciudadano en sus relaciones con los Poderes públicos que definen un Estado de Derecho.

Para quien, como el autor de estas líneas, está familiarizado con la jurisprudencia estadounidense, esa afirmación no es una hipótesis, ni mucho menos una afirmación insultante: es, simplemente, la constatación de un hecho histórico. Mientras en la otra orilla del Atlántico los jueces siempre se han constituido en un escudo protector del individuo frente al ciudadano, en nuestro país la situación, durante los dos últimos siglos, ha sido justo la inversa. Es más, las contadísimas ocasiones en las que la jurisprudencia se plegó a los intereses del poder coinciden con puntos donde el prestigio de la institución judicial se encuentra en sus niveles más bajos.

En fin, dos lecciones muy a tener en cuenta.

BOMBA ADMINISTRATIVA: LA REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PASA A SER DE ACCESO TOTALMENTE GRATUITO.

Hace justo una semana el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales hacía público que la Revista de Administración Pública pasa a ser de acceso totalmente gratuito en su versión electrónica. Lo cierto es que desde hace tiempo uno podía acceder a casi todos los números, excepto los del último año, que se encontraba bloqueado durante doce meses; pero esa restricción se ha eliminado en enero de 2019, de ahí que a partir de este momento se puede acceder a cualquier artículo publicado en cualquier sección de cualquier número de la revista. Un auténtico regalo para los administrativistas, a quienes la casi septuagenaria publicación ofrece el regalo de que de ahora en adelante todos sus números sean de acceso libre.

Hoy en día nadie discute que en el momento de hacer su aparición en el primer trimestre del año 1950, la Revista de Administración Pública supuso una auténtica bocanada de aire fresco en la disciplina, por desgracia todavía anquilosada en principios decimonónicos. Supliendo la carencia de medios con un entusiasmo y una entrega sin parangón, un grupo de jóvenes juristas, bajo la dirección de Eduardo García de Enterría, asumieron la tarea de modernizar una disciplina que en modo alguno podía decirse que se encontrase en su mejor momento. Fue precisamente en dicha publicación donde surgieron estudios, principios, ideas y bases que informarían la legislación aprobada en los años cincuenta del siglo XX, la auténtica “década prodigiosa” del Derecho administrativo español, de ahí que con total justicia se hable en la actualidad de la “generación de la Revista de Administración Pública”.

Lo que muy pocos saben, y de hecho no se hico público hasta que el propio Eduardo García de Enterría lo desveló en un breve opúsculo titulado Para una historia interna de la RAP (con el que cerraba el número 150 de la Revista) es que el germen, el origen de la Revista se sitúa precisamente en tierras asturianas, más en concreto en la playa de Llanes. Porque fue allí, en esa bella ciudad costera del oeste asturiano, más concretamente en el verano de 1948, cuando un Enterría que apenas frisaba el cuarto de siglo y que acababa de ingresar por oposición en el cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, se encontró con Javier Fernández Conde (entonces director del Instituto de Estudios Políticos) y marido de una amiga de juventud de Eduardo. Como rememoraba el célebre iuspublicista justo cuando se cumplía el medio siglo de dicho evento, estando los tres “en traje de baño”, Fernández Conde pidió a Enterría que una vez en Madrid pasase a verle por la sede del Instituto de Estudios Políticos, puesto que quería revitalizar el mismo. Y, en efecto, en el encuentro que se produjo en la capital de España pocos meses después, a raíz de ese encuentro playero, surgió la idea de dar a luz una revista, que se titularía Revista de Administración Pública porque en su origen pretendía no reducirse exclusivamente al mundo jurídico, sino abrirse a la ciencia de la Administración, idea esta última que no llegó a cuajar y que constituye el “único fracaso”, en palabras de su creador.

Pasearse por los más de doscientos números publicados en casi setenta años no permite al lector únicamente constatar la evolución de la disciplina, sino de la propia organización estatal y de la sociedad, así como encontrarse con valiosísimas piezas que, aun cuando superada la realidad histórica en la que vieron la luz y quedar normativamente desfasadas, sus principios informadores sin embargo continúan vigentes. Es el caso, por ejemplo, del artículo La actividad industrial del Estado en el Derecho Administrativo, que en el tercer número de la revista publicara el inolvidable José Luís Villar Palasí; pese a estar redactado en un momento donde la empresa pública era el vértice de la economía, sin embargo siete décadas después continúa siendo de lectura obligada; los trabajos incluidos en el sexto número, monográficamente dedicado al Estado de Derecho; o el ya clásico número 150 (septiembre-diciembre 1999), que hacía un repaso por la evolución del Derecho Administrativo en el medio siglo transcurrido entre la aparición de la revista y el año que cerraba el siglo XX.

Nombres como los de Eduardo García de Enterría (que fue primero Secretario, y ulteriormente Director de la Revista, cargo este último que el maestro conservó hasta su fallecimiento a finales del año 2013), Jesús González Pérez, José Luís Villar Palasí, Fernando Garrido Falla o Manuel Alonso Olea acaparan los primeros números de la revista. Ulteriormente se fueron incorporando otros como Alejandro Nieto, Ramón Parada, Tomás Ramón Fernández y tantos y tantos otros, legítimos herederos de ese núcleo originario básico que construyó los pilares del moderno Derecho Administrativo y a quienes hoy debemos gratitud por haber logrado no sólo modernizar, sino en algunos casos prácticamente crear prácticamente de cero la disciplina. Una disciplina que en casi siete décadas hubo de evolucionar y adaptarse a los cambios políticos, históricos, sociales y tecnológicos que experimentó el país.

Todo ese riquísimo acervo jurídico está ahora a disposición de cualquiera, y absolutamente gratis. Tan sólo es necesario un click.

JUNE v GEE: LECCIONES PRÁCTICAS SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL A RAÍZ DE UNA MEDIDA CAUTELAR SUSPENDIENDO LA APLICACIÓN DE UNA LEY.

Desde que el día 22 de enero de 1973 se hizo pública la sentencia del caso Roe v. Wade, dicha resolución judicial fue objeto de encendidos elogios y apasionadas críticas. Dicha resolución judicial, que ponderaba los intereses el conflicto (el derecho de las madres a optar por no continuar con un embarazo y el del estado a tutelar los derechos del nasciturus, uno de los cuales es, precisamente, la vida) solventó la cuestión de forma salomónica: dividiendo el periodo de gestación en tres trimestres, durante el primero de los cuales la madre goza de libertad de elección para interrumpir el embarazo, no siendo lícito al estado proscribir o tipificar como delito tal proceder; por el contrario, en el último trimestre la regla general es la proscripción del aborto, de tal manera que es lícito al estado no sólo tutelar la vida del aún no nacido, sino incluso tipificar penalmente como delito la práctica del aborto, si bien puede permitirse en circunstancias extremas, fundamentalmente en caso de riesgo para la vida de la madre.

Desde entonces, el caso Roe se situó en el centro del huracán, y si un amplio sector defendía la doctrina, otro sector no menos amplio clamaba por su revocación. Una de las ocasiones en que más cerca se estuvo de retrotraer la situación al momento anterior a 1973 fue en el año 1992, en el célebre asunto Planned Parenthood v. Casey, donde un borrador inicial de sentencia redactado por el chief justice William Rehnquist (en el cual, sin revocar formalmente la sentencia Roe, en la práctica la dejaba sin efecto), no llegó a ver la luz gracias a tres jueces republicanos: Sandra Day O´Connor, Anthony Kennedy y el entonces recién nombrado David Souter. Los tres admitían que las leyes podían establecer válidamente requisitos que limitasen el derecho al aborto, pero nunca suprimirlo en su totalidad. Desde entonces, tal criterio es el que ha seguido el Tribunal Supremo, analizando caso por caso si las restricciones impuestas a nivel legislativo imponen una carga excesiva hasta el punto de dejar sin efecto el derecho.

El 27 de junio de 2016, en el caso Whole Whoman´s Health v. Hellerstedt, el Tribunal Supremo por una mayoría de cinco votos (los de Anthony Kennedy, Ruth Bader Gisburn, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) frente a tres (los del chief justice John Roberts, Clarence Thomas y Samuel Alito -aún no se había elegido a Gorsuch para sustituir al fallecido Scalia-) declaró la inconstitucionalidad de una ley aprobada por el estado de Texas que imponía “obstáculos indebidos” (undue burden) a las mujeres que deseasen interrumpir voluntariamente el embarazo.

Pues bien, en junio de 2016 se aprueba la Ley 640 del estado de Luisiana, que imponía una serie de restricciones a los doctores que efectuasen la práctica de abortos. Dicha norma legal fue impugnada y el juzgado de distrito anuló la misma al ser contraria a la Constitución, utilizando para ello la doctrina que el Tribunal Supremo acababa de explicitar para resolver el caso Whole Whoman´s Health v. Hellerstedt. No obstante, la resolución del juzgado de distrito fue impugnada, y la Sala del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en el caso June Medical Services LLC et al v. Doctor Rebeca Gee (actuando ésta no como médico a nivel profesional, sino como responsable de la Secretaría de Salud y Hospitales del Estado de Luisiana), revocó la sentencia de instancia al considerar que la ley impugnada no imponía ninguna restricción indebida al derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. Una petición de elevar el asunto al pleno de dicho Tribunal de Apelaciones fue rechazada, pese a que tal rechazo contó con dos votos discrepantes que se manifestaban contrarios al rechazo, a la vez que sometían a una profunda crítica la sentencia de la Sala.

La sentencia del caso June Medical Services LLC et al v. Doctor Rebeca Gee fue impugnada, a través de un certiorari, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con la petición de queque se adoptase una stay order, es decir, el mandato judicial a las autoridades de que se abstengan de aplicar la ley impugnada en tanto en cuanto no se resolviese sobre el asunto; en otras palabras, una medida cautelar de suspensión pero con la peculiaridad de que el objeto de la medida no es un acto administrativo, ni tan siquiera una disposición de carácter general, sino un texto legal. Lo sorprendente es que, cuando el propio Tribunal no ha decidido aún si aceptará conocer el asunto, el pasado jueves día 7 de febrero de 2019 aceptaba suspender cautelarmente la ley impugnada, y lo hacía por cinco votos frente a cuatro.

Quien esté al tanto de la composición del Tribunal Supremo en estos momentos sin duda alguna se verá sorprendido por la adopción, en cuanto los jueces “conservadores” (el chief justice Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neal Gorsuch y Brett Kavanaugh) superan a los “liberales” (Ruth Bader Gisburn, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) y, en principio, ello hubiera debido conllevar la negativa a la adopción de la medida cautelar si uno se atiene a criterios de predictibilidad ideológica. No obstante, el chief justice Roberts unió su voto al de los cuatro liberales para adoptar la medida, que cesará su vigencia de forma automática en el momento en el que se decida no conocer el asunto (en cuyo caso, la sentencia del Tribunal de Apelaciones pasará a ser firme) o, en caso contrario, al dictarse sentencia definitiva. Esa medida contó con un voto particular del juez Brett Kavanaugh, al que se adhirieron sus colegas Thomas, Alito y Gorsuch, en el que sostiene que la medida se solicita no sobre la base de hechos concretos, sino sobre predicciones o elucubraciones

La situación altamente descrita es sumamente ilustrativa del sistema de justicia constitucional estadounidense y, sobre todo, permite explicitar, por vía de contraste, las carencias del sistema español de justicia constitucional. Veámoslo:

Primero.- La norma legal es objeto de impugnación directa ante un juzgado de distrito, es decir, en el órgano sito en la base de la pirámide trifásica judicial estadounidense y por las personas directamente afectadas por la normativa legal. Por el contrario, en nuestro país una norma legal ha de impugnarse directamente ante el Tribunal Constitucional, y con una brutal restricción de la legitimación activa (que no es que sea reducida, es que es rácana y miserable), de tal forma que los afectados por la regulación legal no puede más que impugnar la norma de forma indirecta, aun cuando pueda acreditar que la misma le afecte directamente.

Segundo.- El iter procesal revela cómo una norma legal aprobada en junio de 2016 aborda dos instancias en apenas dos años. En nuestro país, el Tribunal Constitucional si por algo se caracteriza es por la calma oriental con la que tramita los asuntos, de tal forma que en el más generoso de los casos de un trienio de espera no se salva nadie, llegando incluso a superar los dos e incluso tres trienios. Eso salvo que existan casos muy concretos en los que, por razones inexplicables desde el punto de vista jurídico y tan sólo entendibles echando mano de la psiquiatría, acelere la tramitación de determinados casos; por ejemplo, sólo el odio feroz hacia la profesión letrada explique que la Ley 2/2017 de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, recurrida ante el Tribunal Constitucional el día 27 de septiembre de 2017, fuese resuelta en menos de un año a través de la Sentencia 103/2018 de 4 de octubre. Ello demuestra que cuando se trata de fastidiar o perjudicar a colectivos a quienes se detesta, el nefando legislador negativo sabe darse prisa.

Tercero.- Por último, la diferencia más evidente es la posibilidad que existe en el ordenamiento estadounidense de suspender de forma cautelar la aplicación de un texto legal, algo que pueden hacer tanto los juzgados de distrito, como los Tribunales de Apelación y, obviamente, el Tribunal Supremo. Por el contrario, en nuestro país esa posibilidad se encuentra vedada salvo en el único supuesto de que el gobierno invoque el artículo 161.2, como ha recordado en bastantes ocasiones el Tribunal Constitucional (por ejemplo, en el Auto 267/2014 de 4 de noviembre). Con ello, se sitúa una espada de Damocles sobre el propio intérprete de la Constitución, en cuanto una norma legal impugnada sobre cuya constitucionalidad se duda continúa su aplicación en el tiempo; lo cual, en el caso de que en el futuro, tres, cuatro, cinco o incluso diez años después se declare la inconstitucionalidad de la misma, la aplicación de la norma habrá producido situaciones irreversibles.

PELIGRO: HACIENDA Y TRIBUNALES SUELTOS!. LA COMPRA DE INMUEBLES QUE EL VENDEDOR ADQUIRIÓ POR HERENCIA.

Imagínense ustedes que adquieren en el mercado de vivienda de segunda mano un inmueble que determinada persona ha adquirido en herencia. Imagínense además que, como en la nota registral consta nota marginal informando que el mismo está afecto al pago del Impuesto de Sucesiones y en el mismo aparece trabado un embargo preventivo del Ente Público Servicios Tributarios, exigen al vendedor la acreditación del pago de dicho tributo. Extremen aún más la imaginación, y piensen que el comprador le muestra no sólo el abono del importe del tributo, importe que procede, además, de una liquidación y no de una autoliquidación (dato este último importantísimo) y un acto el Ente Público Servicios Tributarios que alza el embargo ante el pago, que no ha podido ser inscrito aún en el Registro de la Propiedad, siendo así que ambos documentos son auténticos, es decir, que no se trata de una falsificación para incitar al eventual interesado a consumar la compra. Ante ello, el ciudadano, que ha extremado toda la diligencia posible, opta por adquirir el inmueble y registrar la escritura de compraventa. Hasta ahí, todo correcto.

Pero imaginen ahora que, con posterioridad a dicho negocio jurídico y a la inscripción registral del inmueble en favor del comprador, el Ente Público Servicios Tributarios efectúa una revisión al alza de su propia liquidación, cuadruplicando el importe inicial de la cuota tributaria. E imaginen que, fallida la acción de cobro frente al vendedor, se dirige frente al comprador merced a una acción de derivación de responsabilidad, amparándose en la afección real de bienes. El comprador, lógicamente, alega que en el momento de adquisición ya se había satisfecho la cuota del Impuesto de Sucesiones, cuota que, además, procedía de una liquidación tributaria, es decir, practicada por la propia Administración, y que es un tercero amparado por la buena fe registral. El Ente Público Servicios Tributarios se opone alegando la afección real de bienes y amparándose en la nota según la cual el inmueble está afecto al pago del impuesto, y continúa, impasible el ademán, con su acción, dictando acto de derivación de responsabilidad y obligando al adquirente a abonar la nueva cuota tributaria con la obligada consecuencia de que, en caso de impago, responderá con el bien inmueble adquirido.

Les adelanto que no es necesario forzar la imaginación, pues nos encontramos ante un supuesto auténtico, en concreto una actuación seguida por el Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias y que dio lugar a la lamentable Sentencia 556/2017 de 27 de junio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso 138/2016 (ES:TSJAST:2017:2164), resolución judicial que en cualquier país civilizado no sólo sería inimaginable, sino que de haberse producido hubiera causado bochorno entre la propia judicatura. Claro que, por ejemplo, en los Estados Unidos sería inconcebible no ya la sentencia, sino una actuación como la del Ente Público Servicios Tributarios del Principado de Asturias, uno de los organismos más nefastos que existen y donde su personal únicamente busca sangrar el bolsillo del sufrido ciudadano.

El supuesto fáctico resuelto es el que hemos relatado en los dos párrafos iniciales de la presente entrada. Pero conviene que el lector posea unos datos adicionales que revelan, cuando menos, la ineptitud o desidia (en el más generoso de los supuestos) de ciertos empleados públicos del ente recaudador tantas veces citado.

Primero.- El organismo autonómico recaudador incoa el expediente de Impuesto de Sucesiones una vez presentada la escritura pública en el registro del organismo. Dado el elevado importe de los bienes, de forma inmediata el Ente Público adopta medidas cautelares para asegurar el pago y procede al embargo de diversos inmuebles, embargos que con una inusual celeridad se traban.

Segundo.- El funcionario encargado de tramitar el expediente lo tiene durmiendo el sueño de los justos un año, pues tarda exactamente doce meses en dictar la liquidación provisional.

Tercero.- El contribuyente procede al abono de la cuota tributaria y el organismo tributario, sabedor de que se desea transmitir los inmuebles (porque fue expresamente informado no sólo de dicho extremo, sino de la fecha de la venta) alza los embargos a fin de que pueda transmitirlos.

Cuarto.- Justo diez días después de perfeccionada la venta y depositada en el registro de la propiedad la escritura, el empleado público que tramitó el expediente despierta de nuevo de su letargo y pone en marcha la maquinaria para rectificar al alza la liquidación provisional, de tal forma que concluye con una liquidación definitiva que cuadruplica la provisional. Pero con la peculiaridad de que para ello no se tienen en cuenta datos o documentos nuevos, sino los que ya constaban en el propio expediente.

Quinto.- Ante la ineficacia de la acción dirigida frente al contribuyente, el Ente Público Servicios Tributarios dirige su acción frente a los adquirentes del inmueble, quien lo había adquirido previamente al inicio de las actuaciones de revisión de la liquidación provisional. Es decir, que ni tan siquiera la Administración podía alegar que el comprador era consciente de que se estaba tramitando una revisión.

Sexto.- Nota chusca que explicita de forma harto descarnada la verdadera naturaleza del organismo administrativo autonómico y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Ante lo voluminoso del expediente administrativo, el comprador solicitó se le expidiera copia del mismo en formato digital. La respuesta del Ente Público Servicios Tributarios fue la que sigue, y citamos textualmente: “No se entrega en formato electrónico porque no es posible garantizar la seguridad e integridad de la misma” (sic). Sin embargo, al judicializarse el asunto, el expediente se remite al juzgado en soporte CD-ROM. Sobra todo comentario en relación al desprecio con que el nefando organismo ha tratado al ciudadano en este asunto.

Y llega la solución judicial del caso, que avala el actuar administrativo, lo cual si bien es sorprendente en términos jurídicos, no lo es tanto si de lo que se trata es de ayudar en cierta medida a la Comunidad Autónoma a paliar el lamentable estado de sus arcas públicas. La resolución debía ofrecer respuesta a dos cuestiones: si la afección real cesaba para el tercero si adquiere el inmueble una vez efectuado el pago de la liquidación provisional y ésta no ha sido aún no ya rectificada, sino iniciado el proceso de rectificación; y, en segundo lugar, si la Administración ha vulnerado el principio de confianza legítima.

Conviene señalar, a título de mera anécdota, que la resolución judicial emana de un dictador, pues es un hecho notorio e incluso reconocido públicamente por el mismo ponente que éste no redacta, sino que dicta las resoluciones judiciales; y recordemos que, precisamente por esa circunstancia, Ernesto Giménez Caballero tituló su libro de recuerdos Memorias de un dictador, porque el mismo fue dictado a una secretaria, y no redactado materialmente por el autor, como suele ser habitual.

Pero, entrando de lleno en el asunto, lo cierto es que el magistrado en cuestión se manifestó sumamente comprensivo con las tesis de la Hacienda autonómica.

Primero.- Aun reconociendo y teniendo por hecho incontrovertido que en el momento de adquisición únicamente existía una liquidación provisional y ni tan siquiera se había iniciado el procedimiento de revisión de la misma (es decir, que el adquirente no se le podía exigir el conocimiento de la existencia de unas actuaciones que aún no se habían iniciado), rechaza que la afección real cesase en ese momento, sino que se prolonga hacia el futuro. Así razona, así así:

La argumentación de la parte recurrente se fundamenta en que realizada la liquidación inicial y abonado el impuesto ya no existe afección real del bien en caso de que se produzca una liquidación definitiva dentro del plazo de prescripción. A juicio de esta Sala este motivo impugnatorio no puede prosperar. Y decimos esto por cuanto como se desprende de lo contenido y previsto en el art. 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , en relación con el art. 9 del Reglamento de la Ley del Impuesto de Sucesiones , aprobado por R.D. 1629/91 de 8 de noviembre, esa responsabilidad subsidiaria de los adquirientes de los bienes afectos al pago de la deuda, lo es en relación a la que se derive de una liquidación definitiva del tributo que es la que determina la deuda tributaria finalmente y de forma definitiva. Efectivamente las liquidaciones provisionales siempre están sujetas a la existencia de una actividad de comprobación o de inspección que pueda considerar que todos los elementos de la valoración tributaria se hayan liquidado correctamente. Por tanto conforme establece el art. 101 de la Ley General Tributaria, solo serán liquidaciones definitivas las que se practiquen por la inspección de tributos previa investigación y comprobación de todos los elementos de la obligación tributaria, así como aquellas otras a las que la normativa tributaria atribuya tal carácter de definitivas. Desde esta perspectiva la deuda tributaria realmente debida es la que se contiene en una liquidación definitiva o en una provisional una vez que transcurra el plazo de prescripción. En el caso que aquí se decide, la liquidación definitiva fue la que dio lugar a la deuda tributaria tras la correspondiente acta de disconformidad. Por tanto, esa era la cantidad finalmente adeudada y esa era también la cantidad asegurada conforme los preceptos más atrás citados. No cabe en consecuencia considerar que la afección se limitaba a la liquidación inicial o provisional y no a la definitiva. La propia anotación registral se refiere a la afección “a las liquidaciones que procedan”, y no solo a la provisional a que dio lugar la declaración inicial del contribuyente.

Para, a continuación, negar al adquirente la condición de tercero protegido por la buena fe registral.

Segundo.- En lo que a la invocación del principio de buena fe y confianza legítima se refiere, la resolución judicial, tras acumular cita tras cita de sentencias relativas a lo que ha de entenderse por confianza legítima (algunas de las cuales habían sido citadas en la demanda), a la hora de aplicar la misma al fondo del asunto, se limita a este breve y cantinflesco párrafo:

no puede la parte recurrente invocar buena fe ni confianza legítima en una actuación administrativa determinada cuando es así que, de un lado, y como ya hemos dicho, existen unos preceptos legales que clara y taxativamente establecen una afección real del bien adquirido por el recurrente al pago del Impuesto de Sucesiones, y por el otro lado, cuando existe una inscripción registral que publicita esa afección real. En estas condiciones considera esta Sala que la parte recurrente no puede invocar que existió la infracción de los principios de confianza legítima o buena fe

La anterior resolución judicial supone, más que un bofetón, una auténtica puñalada mortal al principio de seguridad jurídica y coloca una verdadera espada de Damocles sobre los compradores de bienes inmuebles adquiridos por herencia. En efecto, téngase en cuenta que en el caso resuelto por la sentencia, nos encontrábamos ante una liquidación administrativa, pero trasladen ese razonamiento a la situación actual, donde en el Principado de Asturias tan sólo existen autoliquidaciones y ya no liquidaciones administrativas. Si un comprador adquiere un inmueble que el vendedor ha recibido por herencia, teniendo en cuenta que la acción administrativa para comprobar las autoliquidaciones se prolonga durante cuatro años, aun cuando en el momento de la compra el vendedor acredite el pago del impuesto autoliquidado, si dentro del plazo de prescripción el Ente Público efectúa una comprobación y rectifica al alza la cuota tributaria, el comprador habrá de responder por afección real, aun cuando el procedimiento de comprobación se haya iniciado con posterioridad a la adquisición. Quiere ello decir que en la práctica lo que les está recomendando esta sentencia es no adquirir ningún bien inmueble procedente de una sucesión mortis causa en tanto no hayan transcurrido cuatro años desde que el sujeto pasivo haya presentado la autoliquidación del draconiano tributo que grava dicha operación.

Don César Vidal, en el programa La Voz (que dirige y presenta desde su actual residencia en Miami) utiliza el verbo robar para describir las actuaciones llevadas a cabo por los órganos tributarios españoles, para a continuación afirmar que éstos pierden el cincuenta y uno por ciento de los casos en los tribunales. La primera afirmación es no sólo defendible, sino probablemente cierta; la segunda, es harto discutible y tan sólo se explica porque el citado comunicador traslade o trasponga la jurisprudencia norteamericana a nuestro país. En efecto, los organismos fiscales estadounidenses son extremadamente cuidadosos, entre otras cosas porque los órganos judiciales priman los derechos del individuo sobre el mero afán recaudatorio, y no pierden de vista que fue precisamente una insurrección frente a un tributo injusto coactivamente impuesto lo que determinó el nacimiento de los Estados Unidos, siendo, además, la potestad tributaria y recaudatoria la que se presta a más abusos. Hasta el punto se lleva inserta en la médula esa desconfianza, que, como recuerda el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia United States v. Clarke, para evitar abusos incluso el organismo encargado de la inspección y recaudación, el Internal Revenue Service, carece de facultades de autotutela, precisando en todo caso de autorización judicial para que sus actos tengan efectos frente al interesado. O tempora, o mores.

Post Scriptum.- El magistrado dictador de la sentencia se doctoró con una tesis que llevaba por título: “El control judicial de la actividad administrativa. Anomalías y disfunciones competenciales en nuestro sistema de justicia administrativa.” Ignoro si la tesis fue dictada o redactada, pero de lo que sí estoy seguro que, de conocer el título de la misma, los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que suscribieron por unanimidad la sentencia United States v. Clarke, se hubieran partido de risa, considerando dicho título un sarcasmo o una broma de mal gusto que ilustra a la perfección el país cuna de Guzmán de Alfarache.

EL TRIBUNAL SUPREMO ESTADOUNIDENSE PONE BAJO ASEDIO LA SEGUNDA GRAN “DEFERENCIA” JUDICIAL HACIA LA ADMINISTRACIÓN.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos accede en ocasiones a conocer asuntos cuyo único objetivo es que dicho órgano reconsidere sus anteriores pronunciamientos; es más, en ocasiones el asunto jurídico a resolver queda planteado explícitamente en dichos términos. Así ha ocurrido en el asunto Kisor v. Wilkie, cuya vista oral ha sido fijada para el próximo día 27 de marzo de 2019 y en el que se ha planteado como cuestión sometida a debate y enjuiciamiento: “Si el Tribunal Supremo debería dejar sin efecto Auer v. Robbins y Bowles v. Seminole Rock & Sand, que ordena a los tribunales otorgar deferencia a la interpretación razonable que una agencia efectúe de su propia regulación cuando ésta es ambigua.” Un asunto de enorme trascendencia en el campo del Derecho administrativo norteamericano. Intentaremos explicarlo brevemente. El propio recurrente, en su escrito formalizando el certiorari, lo ha explicitado sin dejar resquicio alguno a la duda: “Este caso es un cauce adecuado para que el Tribunal reconsidere un asunto significativo y recurrente que afecta al corazón del Derecho administrativo: qué grado de deferencia han de otorgar los órganos judiciales a la interpretación que las agencias efectúen de preceptos ambiguos de su propia normativa.”

En el ordenamiento jurídico norteamericano no existe figurado un ejecutivo colegiado encargado de la ejecución de las leyes al modo que existe en los ordenamientos europeos. La Constitución estadounidense únicamente contempla en la rama ejecutiva al Presidente y al Vicepresidente, pero en modo alguno un ejecutivo colegiado, ya que precisamente uno de los debates más intensos de la Convención constitucional que tuvo lugar en Filadelfia entre el 24 de mayo y el 17 de septiembre de 1787 fue precisamente ese, la dicotomía ejecutivo colegiado/unipersonal. Por ello, los distintos órganos unipersonales, es decir, las Secretarías o Departamentos, no son creados de forma libérrima y discrecional por el Presidente, quien carece de atribución alguna al respecto. Es el Congreso quien mediante ley específica crea los departamentos, y es dicha norma quien diseña las atribuciones o competencias y el organigrama de la Secretaría. La potestad autoorganizatoria del presidente es, por tanto, nula, en cuanto no es que pueda alterar el diseño de la estructura interna de un departamento, sino que ni tan siquiera puede mutar su denominación. No quiere decir que el Presidente esté cruzado de manos, pero carece de atribuciones en la materia, pudiendo únicamente someter sus propuestas al Congreso, quien decidirá si las aprueba o no. Por ejemplo, en 1970 el presidente Richard Nixon remitió al legislativo un programa de reformas administrativas con una serie de medidas entre las cuales se encontraba la creación de una agencia independiente, la Environmental Protection Agency, encargada de la acción ejecutiva y administrativa relacionada con el medio ambiente.

Lo mismo ocurre a otros niveles en lo que se refiere a las distintas Agencias que pueblan el ámbito estadounidense. Éstas son creadas mediante una ley concreta (enabling statute) que le faculta para ejercer una serie de competencias tanto normativas como ejecutivas en el ámbito material que la ley regula, siendo las más importantes las de dictar resoluciones o actos administrativos (adjudication) y la de aprobar rules o normas de rango inferior a la ley y que vinculan a todos los ciudadanos (rulemaking), algo esto último que, con las debidas salvedades, podríamos equiparar con la potestad reglamentaria.

A la hora de desarrollar su labor, tanto en lo que respecta a las labores de ejecución, las Agencias administrativas cuentan con dos poderosos instrumentos de creación jurisprudencial:

Primero.- Deferencia judicial hacia la interpretación administrativa de preceptos legales dudosos (Chevron deference).

Este principio debe su nombre a la celebérrima sentencia Chevron USA v. Natural Resources Defense Council Inc, hecha pública el 24 de junio de 1984. Según esta sentencia, los órganos judiciales han de otorgar deferencia a la interpretación que las agencias administrativas efectúen de la normativa de rango legal que estén encargados de aplicar y ejecutar, deferencia justificada en el hecho que las agencias tienen personal cualificado y con un altísimo nivel de conocimiento en la materia concreta (algo a lo que la jurisprudencia se refiere como expertise), superior al que puedan tener los jueces.

Ahora bien, para que pueda operar la doctrina Chevron es preciso que se den dos circunstancias, por lo que los órganos jurisdiccionales han de verificar si se dan las mismas a través de un proceso que se ha calificado de two setps system. En primer lugar (step one), es preciso determinar si el texto legal interpretado es, efectivamente, ambiguo o de interpretación dudosa, pues si su tenor literal es claro o si del proceso de elaboración legislativa se explicita la auténtica voluntad del legislador, no cabe sino estar a dicho criterio, siendo en este caso inaplicable nivel de deferencia alguno. En segundo lugar (step two), debe analizarse si la interpretación que del texto legal efectúa la agencia es razonable, y si se da tal circunstancia, entonces la doctrina Chevron despliega toda su eficacia.

En resumen, la deferencia Chevron no implica otra cosa que otorgar un amplio margen de actuación a las agencias administrativas en la interpretación de las normas de rango legal que están encargados de aplicar cuando preceptos legales son de naturaleza dudosa. Si bien conviene indicar que esa doctrina general ha sido ulteriormente excepcionada en numerosas ocasiones, siendo los más relevantes los resueltos en las sentencias Christensen v. Harris County y en United States v. Mead Corp.

Conviene tener en cuenta dos circunstancias para que no se corra el riesgo de ensalzar el sistema garantista español frente al estadounidense. En primer lugar, los procedimientos administrativos en Norteamérica se asemejan mucho a las vistas de los procedimientos, existiendo incluso vistas (hearings) y donde las alegaciones de los ciudadanos son mucho más valoradas que en el ámbito español. Y, en segundo lugar, no existe en la mentalidad estadounidense ese principio general del derecho que inspira el procedimiento administrativo español (no escrito pero cuya vigencia está fuera de toda duda) que tan bien supo explicar Galdós en su novela Miau, a la hora de acercar al lector a la psicología de un funcionario del Ministerio de Hacienda: el “odio” al particular, y dado que es la Administración quien paga, siempre debe apoyarse a ésta, aunque no tenga razón, de ahí que los asuntos cuyo resultado pueda perjudicar a ésta no deben resolverse nunca, o de resolverse, siempre debe cometerse alguna irregularidad que justifique tener que repetir las actuaciones. La mentalidad puramente individualista existente en Norteamérica también hace imposible que la defensa de los entes públicos puedan refugiarse en ese comodín multiusos que es el “interés público”, concepto jurídico indeterminado que en la mayor parte de las ocasiones únicamente es un disfraz que encubre el interés particular de la Administración por los motivos más diversos, aunque el más frecuente es el de recaudar cuanto más mejor.

Segundo.- Deferencia judicial hacia la interpretación que una agencia efectúe de las normas infralegales que ella misma ha aprobado (Auer deference).

El 19 de febrero de 1997, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública la sentencia Francis Bernard Auer et al v. David A Robbins, redactada por Antonin Scalia y que contó con el apoyo unánime de sus ocho colegas de estrado. La sentencia se enfrentaba la reclamación dineraria de dos agentes de policía de San Luis, que fue rechazada debido a la interpretación que el Secretario de Trabajo había efectuado de normativa que él mismo había aprobado al amparo de la Fair Labor Standards Act de 1938. Scalia rechazó que hubiera de efectuarse una interpretación distinta de la que efectuó el Secretario, en tanto en cuanto:

“Un principio que requiriese al Secretario a interpretar de forma restrictiva las normas que él mismo aprobó tendría poco sentido, dado que es libre para aprobar una normativa tan amplia como desee, sin otras limitaciones que las que le imponga la ley.”

Lo cual, traducido a nuestro ordenamiento, quiere decir que la interpretación que de una norma infralegal efectúe el órgano que la ha elaborado ha de tenerse por interpretación auténtica y estarse a ella, a salvo, lógicamente, de que tal interpretación sea irracional o que implique excederse de las competencias que le atribuya la ley.

En definitiva, que si ya en varios pronunciamientos jurisprudenciales anteriores el Tribunal Supremo ha puesto cerco a la deferencia Chevron, es posible que en esta ocasión se coloque bajo sitio a la deferencia Auers.

Habrá quien esté descorchando botellas de champán y también quienes se lleven las manos a la cabeza. No se trata de que el cerco termine en destrucción, como ocurrió en la guerra judeo-romana que finalizó con el incendio y desaparición del Templo de Jerusalén, pero tampoco de mantener una continua rebelión administrativa contra el principio de legalidad y contra los derechos de los ciudadanos. Y si hay algo que los órganos jurisdiccionales norteamericanos tienen muy presente en todos los ámbitos es el de respeto a las garantías (legales, administrativas y procesales) del individuo; algo que en nuestro país, desgraciadamente y pese a los lentos y continuos avances, dista aún mucho de haberse logrado.

EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS ABORDA DE NUEVO LA RESTRICCIÓN AL DERECHO A PORTAR ARMAS: NEW YORK STATE RIFLE & PISTOL ASSOCIATION v CITY OF NEW YORK.

Ralph Waldo Emerson escribió en el año 1836 un poema titulado Concord Hymn, para colocarlo en la base del obelisco que en 1837 se erigiría en dicha localidad, con el objetivo de conmemorar una de las primeras escaramuzas de la guerra de independencia norteamericana. Los dos versos finales del primer cuarteto indicaban que: “Here once the embattled farmers stood /and fired the shot heard round the world.” (En cierta ocasión aquí se situaron los granjeros en orden de batalla / y efectuaron el disparo que se oyó en todo el mundo). De esta manera, con un disparo, se inició el conflicto que en apenas ocho años finalizaría con el reconocimiento de las por entonces colonias británicas como estados independientes, que pasarían a ser los Estados Unidos de América del Norte.

Es imposible, por tanto, separar la historia de los Estados Unidos de las armas. Ya fuesen estas mosquetes, fusiles, colts o ametralladoras. Desde el conflicto bélico con Gran Bretaña hasta la actualidad, pasando por la conquista del oeste y los difíciles años de la prohibición, las armas han estado presentes en el devenir de los Estados Unidos. En los estadios iniciales de su nacimiento y expansión no sólo era lógico, sino absolutamente imprescindible la posesión de un arma de fuego por simples motivos de autodefensa, debido la insuficiente dotación de los cuerpos de seguridad, y eso allí donde éstos existían.

La posesión de armas se consideró incluso un derecho tan inherente al ciudadano, que se llevó nada menos que al texto constitucional, garantizándose en la segunda enmienda aprobada en 1791. Según dicho precepto: “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed” (siendo necesaria para la seguridad de un estado libre una milicia bien regulada, no se vulnerará el derecho de los ciudadanos a tener y portar armas). El tenor de dicho precepto admite dos interpretaciones: la estrictamente individual, desligada de cualquier otra consideración (es el derecho de los ciudadanos, de cualquier ciudadano, el tener y portar armas, con independencia de la existencia o no de la milicia) y la colectiva, es decir, la que considera que ese derecho de naturaleza individual únicamente puede ejercitarse a través de la milicia, para la cual está pensado. En otras palabras, mientras que la tesis individualista liga la posesión de las armas al individuo sin ninguna otra consideración, la colectiva vincula su ejercicio a la integración en la milicia.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos efectuó una interpretación de la segunda enmienda en su célebre sentencia District of Columbia v. Heller, hecha pública el 26 de junio de 2008, donde por cinco votos (en este caso fue decisiva la orientación de Anthony Kennedy, quien unió su voto al de John Roberts, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito) frente a cuatro (los de John Paul Stevens, David Souter, Ruth Bader Gisburn y John Paul Stevens) la sentencia, redactada por Scalia, buceó en las fuentes historiográficas remontándose a la época fundacional, concluyendo que se estaba ante un derecho de naturaleza individual totalmente desligado de la milicia; derecho, eso sí, que admitía determinadas restricciones, como, por ejemplo, la prohibición de armas a personas con disminuciones psíquicas. Dicha sentencia contó con un largo voto particular de Jon Paul Stevens, quien pretendió utilizar igualmente criterios históricos para refutar las tesis de Scalia. De todas formas, a efectos jurídicos, lo importante es que dicha resolución interpretaba la segunda enmienda siguiendo las tesis individualistas, es decir, garantizando el derecho de todo individuo a la tenencia de armas. Dejaba en el aire la cuestión de si dicha enmienda era de aplicación únicamente al gobierno federal o si vinculaba a los estados. Dicho interrogante se solventó justo dos años y dos días más tarde, el 28 de junio de 2010, cuando en el caso McDonald v. City of Chicago, por idéntica mayoría y con las mismas personas en los mismos bandos, se consideró que la enmienda vinculaba igualmente a los gobiernos estatales.

Desde entonces, se perpetúa el eterno debate entre los partidarios de una libertad absoluta de armas y quienes abogan no por la supresión de tal derecho (algo que nadie, absolutamente nadie, defiende en Estados Unidos) sino únicamente por un mayor control en la venta. Incluso el inefable Barack Obama, antes de llegar a la Casa Blanca, en su campaña electoral para alcanzar la presidencia manifestó públicamente, con un notable enfado, en un mitin celebrado en agosto de 2008 que mentían quienes le acusaban de querer privar a los ciudadanos de sus armas: “No te voy a quitar tu rifle, no te voy a quitar tu escopeta, no te voy a quitar tu pistola”.

Pues bien, hace apenas tres días, el 22 de enero de 2019, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos accede a tomar en consideración el asunto New York State Rifle & Pistol Association Inc v. City of New York, donde se plantea como interrogante jurídico a resolver: “Si la prohibición que la ciudad de Nueva York establece al transporte de armas de mano con licencia, aseguradas y descargadas en el hogar o en campos de tiro fuera de los límites de la ciudad es conforme con la Segunda Enmienda, la cláusula de comercio y el derecho constitucional a desplazarse libremente.” Se aborda, por tanto, no sólo una restricción a la posesión de armas establecida a nivel estrictamente municipal (la normativa impugnada emana de los órganos de gobierno de la ciudad de Nueva York, no del estado) sino su vinculación o posible afectación de otros derechos, en este caso como el de desplazarse libremente.

En esta ocasión, el bloque que constituyó la mayoría en los asuntos Heller y McDonald cuenta con dos bajas, las de Scalia por fallecimiento y la de Kennedy por renuncia, pero ambas han sido sustituidas por Gorsuch y Kavanaugh, que mantienen la misma línea ideológica de sus predecesores en el cargo, e incluso en el caso de Kavanaugh mucho más acentuada que la de Kennedy.

RECUPERADAS LAS INTERVENCIONES DE ALCALÁ-ZAMORA EN LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS.

 

Estas navidades, y gracias a una compañera letrada que, aun originaria de Priego, ejerce en esta comunidad, he podido adquirir dos tomos de la Obra Completa de don Niceto Alcalá-Zamora y Torres, uno de los grandes juristas y políticos de este país. Nacido en esa población cordobesa (bellísima pese a su pequeña extensión) el hijo ilustre de Priego es la celebridad de dicho municipio, en donde se ubica el Patronato Niceto Alcalá-Zamora, encargado de recordar la figura del ilustre prócer cordobés, lo que hace no sólo a través de la publicación y difusión de la obra de don Niceto, sino mediante la celebración de conferencias, actividades y exposiciones dedicadas a su figura.

En la amplísima obra de Alcalá-Zamora, el patronato ya había publicado el que considero uno de sus libros, clave para el estudio de la segunda república: el tan imprescindible como hoy olvidado Los defectos de la Constitución de 1931. Téngase en cuenta que dicho estudio, que vio la luz años después de su elaboración, fue redactado no sólo por un eminente jurista, sino por quien al redactarlo se encontraba en la cúspide de la Segunda República, pues era nada menos que quien presidía la misma. Desde esa atalaya privilegiada, Alcalá-Zamora podía contemplar las disfunciones de un texto que no era, ni desde el punto de vista jurídico ni en el de la ciencia política, el más adecuado para implantar un sistema estable. De tal manera, yuxtaponiendo un análisis jurídico a un funcionamiento práctico, don Niceto diseccionaba artículo por artículo la Constitución, glosando la misma con sus observaciones y propuestas de modificación.

Pues bien, a finales de 2018 vio la luz el por ahora último tomo de los que constituyen la obra completa del ilustre hijo de Priego, que recoge los Discursos y disertaciones en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, obra que puede adquirirse, además, a un precio más que asequible. No quisiera dejar de señalar una disertación (a la cual dedicaremos en breve un post monográfico) que le ocupó nada menos que siete sesiones (18 y 25 de octubre, 2 y 15 de noviembre de 1921 y 9, 16 y 23 de mayo de 1922), y que lleva por título Los derroteros de la expropiación forzosa, y en el que efectúa un amplio análisis teórico-práctico del sistema expropiatorio existente al amparo de la Ley de Expropiación Forzosa entonces vigente, que no era otra que la aprobada el 12 de enero de 1879. Conviene indicar que el tema no debía en modo alguno ser desconocido para Alcalá-Zamora, quien además de tener uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la época, era desde los veintidós años nada menos que Letrado del Consejo de Estado.

Niceto Alcalá-Zamora y Torres es, sin duda alguna, una figura clave en la historia política y jurídica española. Para conocer esta interesantísima figura, además de sus propios libros autobiográficos (en especial, el segundo volumen de sus Memorias, redactadas desde su exilio bonaerense al haberle sido robados los originales -por fuerzas republicanas, dicho sea de paso, que fueron las que asaltaron la caja fuerte del banco donde las tenía depositadas-, felizmente recuperados y publicados en la primera década del siglo XXI), conviene leer un par de aproximaciones: Alcalá-Zamora, el fracaso de la república, debido al hispanista Stanley G. Payne, y Alcalá-Zamora: perfil humano, obra del administrativista Jesús González Pérez. De una memoria absolutamente prodigiosa y de una integridad y honestidad a toda prueba, sin embargo, encumbrado a la cúspide del Estado, incurrió en los mismos errores y comportamientos que él había reprochado a Alfonso XIII. Si a dicho monarca se le reprochó la formación de gabinetes extraparlamentarios, las maniobras efectuadas por Alcalá Zamora en 1935 y 1936 carecen de todo tipo de justificación desde el punto de vista de la ciencia política, amén de superar con creces a su predecesor en la jefatura del Estado. Puntilloso hasta la médula, era frecuente que su honor se sintiese mancillado por las cuestiones más nimias, que su memoria jamás olvidaba ni perdonaba pues, como le dijo en cierta ocasión a su amigo Miguel Maura: “Migué, yo no soy rencoroso, pero a mi quien me la hase me la paga.” Con todo, insisto, Alcalá Zamora es un personaje a quien se debe respeto, recuerdo y consideración, exaltando sus virtudes, que las tuvo (y muchas), pero sin ocultar sus defectos, que también los tuvo.

Por cierto, hace apenas dos semanas se producía en nuestro país la triste noticia del fallecimiento de José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, miembro de la Real Academia de la Historia y uno de los grandes especialistas en nuestros Siglos de Oro, amén de un excelso poeta. Su óbito dio nueva ocasión para demostrar hasta qué punto el periodismo actual no es que haya tocado suelo, sino que incluso perfora éste para descender a niveles subterráneos. Cierto diario (de cuyo nombre no es que no quiera acordarme, sino que renuncio a hacerlo), indicaba que don José era, cito textualmente: “nieto del primer presidente de la República y emparentado con el militar Queipo de Llano”. Pues bien, ignoro “la razón” por la que dicho medio optó por establecer ese distingo parental, más que nada porque el fallecido tenía exactamente el mismo grado de parentesco con don Niceto Alcalá-Zamora y Torres que con Gonzalo Queipo de Llano: aquél era su abuelo paterno, mientras que éste era su abuelo materno. En fin, una prueba más de que el único rigor que parece mantener en los últimos tiempos la prensa española es precisamente el rigor mortis.

DE HAVILLAND v. FX (TRIBUNAL SUPREMO DE CALIFORNIA): PRIMERA ENMIENDA Y HECHOS HISTÓRICOS DRAMATIZADOS.

Olivia de Havilland, que goza de un envidiable estado de salud con ciento dos primaveras y media a sus espaldas, es, sin duda alguna, una de las grandes damas del séptimo arte y una de las dos personas vivas que aún mantienen el nexo de unión con la época dorada del Hollywood clásico. Esa apariencia de mujer frágil y quebradiza encubre una voluntad de hierro que le ha llevado, ya centenaria, a emprender una batalla judicial que ha intentado llevar incluso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con un resultado final no favorable a sus intereses.

Todo comienza en marzo del año 2017, cuando se inicia la emisión de la serie Feud: Bette and Joan, cuyo argumento básico se centra en la rivalidad que dentro y fuera de las pantallas mantuvieron las actrices Bette Davis y Joan Crawford, encarnadas respectivamente por Jessica Lange y Susan Sarandon. Uno de los personajes de la trama era Olivia de Havilland, encarnada al efecto por Catherine Zeta Jones (curiosamente nuera en la vida real de Kirk Douglas, el otro centenario superviviente de la era de los grandes estudios). Aun cuando la aparición del personaje en la trama podía considerarse ciertamente episódico si se tiene en cuenta la duración total de la serie (sobre un total de 392 minutos, el personaje apenas sobrepasa diecisiete minutos de aparición en pantalla) la “verdadera” de Havilland consideró que la imagen que de ella transmitía la serie no era “auténtica” y, por tanto, entabló acciones legales contra la productora, FX Networks. Alegaba en síntesis un uso indebido de su imagen, vulneración del derecho a la intimidad, enriquecimiento injusto y reclamación por daños ocasionados por el “trastorno emocional y el daño ocasionado a su reputación”; negaba haber efectuado una entrevista en la entrega de los Oscar del año 1978 (como se indicaba en el telefilme) y rechazaba haberse referido a su hermana, la también actriz Joan Fontaine (con quien mantenía unas relaciones tormentosas, por no decir que ambas se detestaban cordialmente) como “my bitch sister”, palabras que la serie ponía en su boca. La productora, en su defensa, alegaba que no se estaba propiamente ante una serie “histórica”, sino ante un “docudrama”, es decir, una “dramatización de la historia” lo que implica el partir de hechos históricos acreditados y de la existencia de personajes reales, pero asumiendo ciertas licencias y coqueteos con la ficción.

El Tribunal Superior del condado de Los Ángeles rechazó las tesis de la productora y dio la razón a De Havilland. Los productores impugnaron judicialmente la sentencia y el 23 de marzo de 2018, el Tribunal de Apelaciones del Estado de California en su sentencia De Havilland v. FX Networks revoca la sentencia de instancia. No me resisto a transcribir los cuatro párrafos iniciales de la sentencia en los que se resumen las treinta y ocho páginas de la resolución:

“Los autores escriben libros. Los cineastas duedan películas. Los dramaturgos elaboran piezas teatrales. Y los guionistas, directores y productores de televisión crean shows y los emiten a través de las ondas..o, en estos tiempos modernos, online. La primera enmienda protege tales trabajos y la libertad de expresión de sus creadores. Algunos de esos trabajos son ficción, algunos reales, y algunos mezclan realidad y ficción. El hecho que dichas creaciones generen ingresos para sus autores no disminuye su protección constitucional. La primera enmienda no exige que autores, cineastas, dramaturgos y productores de televisión ofrezcan sus obras gratuitamente al público.

 

Libros, películas, obras teatrales y espacios televisivos con frecuencia representan a personajes reales. Algunos son famosos, y otros ciudadanos corrientes. Si uno de los personajes representados en tales obras es una estrella de fama mundial (una “leyenda viva”) o una persona que nadie conoce, el o ella no es propietaria de la historia ni tiene el derecho a controlar, dictar, aprobar, rechazar o vetar la representación que hace el autor de la misma.

 

En este caso, la actriz Olivia de Havilland demanda a FX Networks LLC y Grupo de Entretenimiento Pacífico 2.1, autores y productores de la miniserie de televisión Feud: Bette and Joan. En el docudrama sobre las actrices Bette Davis y Joan Crawford, una actriz interpreta a de Havilland, gran amiga de Davis. De Havilland interpone una acció judicial basándose en vulneración de la normativa legal vigente sobre publicidad y en el derecho común de daños por apropiación indebida. Basa su reclamación en el hecho (no controvertido) que “no ha otorgado su permiso a los creadores de Feud para utilizar su nombre, identidad o imagen de ninguna manera”. También basa su pretensión en la imagen falsa que transmite FX en una entrevista ficticia donde el personaje de De Havilland se refiere a su hermana como “puta” cuando en la realidad el término utilizado fue “lady dragon”. De Havilland solicita se detenga la distribución y emisión del programa y una indemnización por daños.

 

El Tribunal de instancia rechazó la moción especial de FX para desestimar la pretensión, concluyendo que, dado que Feud intentó ofrecer una imagen de Havilland lo más realista posible, el programa no era “transformativo” bajo los criterios seguidos en Comedy III Productions Inc v. Gary Saderup Inc y, por tanto, no se encontraba protegido por la primera enmienda. Como tanto apelantes como númerosos intervinientes han señalado, dicho razonamiento implicaría sentar la base para futuros litigios frente a cualquier libro, obra y programa de televisión que represente a gente real, de tal forma que cuanto más realista sea la representación, el trabajo sería potencialmente más impugnable. La primera enmienda no permite tal resultado.”

Insistimos, esto es un simple resumen de todo el caso, dado que los jueces americanos tienen extremadamente desarrollada la facultad de síntesis para comprimir en apenas unas líneas todo un asunto. Pero ello no impide que la resolución, muy bien redactada, con estricta separación de hechos y derecho y donde cada uno de los apartados aparece con rotulación que facilita enormemente el acudir a un fundamento concreto. Por ejemplo, en este caso, la página 14 de la sentencia rotula un epígrafe de la siguiente forma: “La primera enmienda protege la representación que FX efectúa de Olivia de Havilland sin necesidad de obtener su permiso”, para a continuación desarrollar in extenso dicho particular. Es curioso el énfasis que la sentencia pone en un caso resuelto por el Tribunal Supremo del Estado de California justo cuatro décadas antes, en concreto el Guglielmi v. Spelling-Goldberg Productions, donde un familiar de Rodolfo Valentino reclamaba frente a la productora de un telefilm sobre la vida del celebérrimo astro del cine mudo, film en el que se tomaban ciertas licencias; y digo que es curioso porque en el caso De Havilland, los jueces descansan más en el voto particular concurrente del chief justice que en la opinión mayoritaria, y en concreto en esta frase que se reproduce literalmente:

“Rodolfo Valentino fue una estrella de Hollywood y su vida y carrera son parte de la historia cultural de una era. Su persona es claramente una fuente de inspiración para poesías o canciones, biografías o ficciones. Si el trabajo final de los productores constituye una aproximación seria de Valentino o una mera fantasía es algo que ha de dejarse a la conclusión del lector o del espectador, no de los tribunales.”

De Havilland no dio la batalla por perdida e interpuso un certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el cual identificó como cuestión jurídica a resolver la siguiente:

“Se encuentran las afirmaciones temerarias o deliberadamente falsas sobre una figura pública, contenidas en un formato de docudrama protegidas por la primera enmienda y en consecuencia exentas de reclamaciones interpuestas por la víctima sobre la base de difamación y derecho a la publicidad, hasta el punto de justificar una inadmisión en la fase inicial del procedimiento?”

 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos llevó el asunto a la reunión celebrada el día 1 de enero de 2019 (anoten bien la fecha, porque en el calendario del máximo órgano jurisdiccional no es día de vistas –argument day-, pero sí día de reunión de los jueces –conference day-) y el pasado día 7 de enero hizo público que rechazaba conocer el asunto.