EL INFORME DEL FBI-CIA-NSA SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2016.

clinton-putin-trump

El día 6 de enero de 2017 se produjo un acontecimiento que en España pasó desapercibido, quizá porque hoy en día constituye un mero formalismo: en el Congreso de los Estados Unidos, reunido en sesión conjunta, tuvo lugar recuento de voto compromisario, de tal manera que el legislativo certificó oficialmente que el cuadragésimo quinto Presidente de los Estados Unidos será el magnate Donald Trump. No es casualidad que ese mismo día se haya hecho público parte del informe elaborado conjuntamente por las tres agencias federales estadounidenses con responsabilidades en materia de seguridad interior (la Oficina Federal de Investigación –F.B.I.-, la Agencia Central de Inteligencia –C.I.A.- y la Agencia de Seguridad Nacional –N.S.A-), y que lleva por título Assessing Russian Activities and intentions in Recent US Elections. Veamos lo que dice, y lo que no dice, dicho informe.

CONTENIDO DEL INFORME Y CUESTIONES FUNDAMENTALES A TENER EN CUENTA.

I.- ESTAMOS ANTE UNA VERSIÓN ABREVIADA O SINTÉTICA, Y NO ANTE EL INFORME COMPLETO. Para empezar, ha de tenerse en cuenta que el documento hecho público y que manejan los medios de comunicación no es la versión íntegra, sino un resumen o versión abreviada del mismo, como se deja bien claro en la frase que consta en el encabezado de veintiuna de las veinticinco páginas que lo integran: “This report is a declassified versión of a highly classified assessment; its conclusions are identical to those in the highly classified assesment but this versión does not include the full supporting information on key elements of the influence campaign” (El presente informe es una versión pública de uno altamente clasificado; sus conclusiones son idénticas a la versión clasificada, pero la presente no incluye toda la documentación probatoria relativa a elementos claves de las maniobras de influencia). Ya tenemos, pues, una advertencia inicial: parece constatar la existencia de una campaña tendente a influir en las elecciones presidenciales, pero se pide del lector un ejercicio de fe política, dado que no se incluyen todos los elementos probatorios aunque, eso sí, las conclusiones son las mismas en el informe completo.

II.- OBJETO DEL INFORME: DELIMITACIÓN POSITIVA Y NEGATIVA. A la hora de concretar el objeto del análisis, el mismo se delimita tanto positiva como negativamente:

1.- La delimitación positiva, es decir, lo que el informe analiza: “It covers the motivation and scope of Moscow´s intentions regarding US elections and Moscow´s use of cyber tools and media campaigns to influence US public opinion” (Abarca los motivos y el objeto de las intenciones de Moscú en relación a las elecciones estadounidenses, así como el uso de medios informáticos y campañas mediáticas para influir en la opinión pública americana). Ello permite al lector ya una conclusión: parece ser que las acciones de Moscú a la hora de influir en las elecciones tienen un carácter más mediático que otra cosa, pues su intención última es “influir en la opinión pública americana”. La influencia rusa no sería, pues, directa, sino mediata, es decir, orientando al electorado a través de los medios de comunicación.

2.- La delimitación negativa: “We did not make an assessment of the impact that Russian activities had on the outcome of the 2016 election. The US Intelligence Community is charged with monitoring and assessing the intentions, capabilities, and actions of foreign actors; it does not analyze US political processes or US public opinion.” (No se hace una valoración del impacto de las actividades rusas en el resultado de las elecciones de 2016. La inteligencia estadounidense ha monitorizado y valorado las intenciones, capacidades y acciones de elementos foráneos, pero no analiza los procesos políticos ni la opinión pública estadounidense.) Ante lo cual uno se pregunta: si no entra a valorar la influencia de las actuaciones rusas en el resultado de las elecciones, ni la opinión pública norteamericana, ¿cómo es que los medios de comunicación españoles propalan alegremente la decisiva influencia de los ciberataques rusos en la victoria de Donald Trump?

III.- FUENTES UTILIZADAS. Nada mejor que transcribir el siguiente párrafo: “Some of our judgments about Kremlin preferences and intent are drawn from the behaviour of Kremlin-loyal political figures, state media and pro-Kremlin social media actors, all of whom the Kremlin either directly uses to convey messages or who are answerable to the Kremlin.” (Algunas de nuestras conclusiones relativas a las preferencias del Kremlin se extraen del comportamiento de dirigentes políticos leales al Kremlin, medios estatales y personalidades sociales pro-rusas, bien por ser utilizadas directamente como emisores del Kremlin o por responder ante éste). Es decir, que el informe parte de un análisis exclusivamente de políticos y medios leales a Rusia.

IV.- TESIS PRINCIPALES DEL INFORME. A continuación, tras exponer el objeto y las fuentes, se adelantan las conclusiones del informe, y estas pueden circunscribirse a tres afirmaciones básicas:

1.- “Russian efforts to influence the 2016 US presidential election represent the most recent expression of Moscow´s longstanding desire to undermine the US-led liberal democratic order, but these activities demonstrated a significant escalation in directness, level of activitity and scope of effort compared to previous operations.” (Los esfuerzos de Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016 suponen la expresión más reciente del muy asentado deseo de socavar el orden democrático liberal estadounidense, pero estas actividades muestran una significativa escalada en cuanto a forma directa, nivel de actividad y objeto de esfuerzo, si se compara con operaciones anteriores). Aquí en principio el lector debería sentir cierta perplejidad, puesto que se reconoce abiertamente que no es la primera vez que Rusia intenta influir en las elecciones presidenciales americanas, pues de ser así no se hablaría de “longstanding desire” ni de “previous operations”. En definitiva, que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que lo novedoso es la intensidad de la intervención. Hasta aquí lo que el informe dice. Lo que no dice, y que cualquier persona con un mínimo de sentido se plantearía a la vista de dicha afirmación es ¿Cuáles fueron esas “operaciones anteriores” y los beneficiarios de las mismas? Por centrar algo más el asunto ¿Quiénes fueron los candidatos a quienes Rusia apoyó en las cuatro últimas elecciones presidenciales?

2.- “We assess Russian President Vladimir Putin ordered an influence campaign in 2016 aimed at the US presidential election. Russia’s goals were to undermine public faith in the US democratic process, denigrate Secretary Clinton, and harm her electability and potential presidency. We further assess Putin and the Russian Government developed a clear preference for President-elect Trump” (Afirmamos que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una campaña tendente a influir en las elecciones presidenciales de 2016, con el objetivo de minar la confianza pública en el proceso democrático, denigrar a la Secretaria Clinton y dañar su imagen y potencial presidencia. Afirmamos igualmetne que Putin y el gobierno ruso manifestaron una clara preferencia por el presidente electo Trump). Esta afirmación bien merece una serie de comentarios:

A.- Resulta que el objeto de los ataques rusos tenían un objeto mucho más amplio que influir en los resultados electorales, dado que su objetivo principal (el informe lo sitúa en primer lugar) era “minar la confianza pública en el proceso democrático”.  El ataque iba, pues, contra lo que antaño se denominaba “american way”.

B.- Respecto a denigrar la imagen de Hillary Clinton. En este sentido, cualquier persona en su sano juicio debería concluir que en este punto la campaña se saldó con un rotundo fracaso, pues es un hecho público y notorio que el noventa por ciento de los medios de comunicación norteamericanos y casi idéntico porcentaje de los europeos (el porcentaje en nuestro país alcanzó el cien por cien) eran escandalosa y abiertamente favorables a la candidata demócrata. Además, cualquier persona con un mínimo conocimiento de la política americana sabe que Hillary Clinton es una de las personas más odiadas incluso en el seno de su propio partido. Ya en el año 2008 se estrenó un documental, titulado Hillary: The Movie (que, por cierto, acabó siendo el detonante de la célebre sentencia Citizens United v. Federal Election Commission) abiertamente crítico con quien entonces era una simple aspirante a alcanzar la nominación demócrata para ser candidata de dicho partido a la Casa Blanca. Nadie se escandalizó, porque es normal que en la lucha política se trate de abatir a los rivales, y quizá tuvo no poco que ver que en aquel entonces el perjuicio a Hillary Clinton conllevaba necesariamente un beneficio para Barack Obama, el candidato oficial de los medios de comunicación estadounidenses y europeos. Pero, en resumen, que Hillary Clinton no precisaba de una campaña rusa que empañase su imagen, pues, insistimos, era una de las personas más odiadas incluso entre los propios demócratas.

3.- Existe en el informe una afirmación inquietante: “Russian intelligence obtained and maintained access to elements of multiple US state or local electoral boards. DHS assesses that the types of systems Russian actors targeted or compromised were not involved in vote tallying.” (La inteligencia rusa logró y mantuvo acceso a elementos de múltiples juntas electorales estatales y locales americanas. Sin embargo, el DHS concluye que el tipo de sistemas que los agentes rusos utilizaron o comprometieron no intervinieron en el recuento electoral). En otras palabras, que se reconoce la labor de captación que los servicios de espionaje rusos efectuaron en miembros de los órganos electorales americanos, pero de igual manera se explicita que los mismos no intervinieron para nada en el recuento de votos. Quizá en esta afirmación haya tenido que ver el hecho de que en los estados donde se solicitó un recuento manual los resultados no sólo no variaran, sino que incluso en Wisconsin la ventaja de Trump se incrementó ligeramente con dos centenares de votos.

Con todo, lo más inquietante es el párrafo final con el que se cierra el apartado relativo a las tesis finales del informe, que podríamos resumir con el refrán castellano Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Esto dice el informe: “We assess Moscow will apply lessons learned from its Putin-ordered campaign aimed at the US presidential election to future influence efforts worldwide, including against US allies and their election processes.” (Creemos que Moscú aplicará las lecciones extraidas en este caso para futuras acciones en procesos electorales a lo largo y ancho del globo, especialmente contra aliados norteamericanos.)

V.- PRUEBAS QUE SUSTENTAN LAS TESIS DEL INFORME. En este apartado concreto se desarrollan las tesis adelantadas al principio, con algún que otro aserto que llama poderosamente la atención.

1.- Se hace esta curiosísima afirmación: “Moscow also saw the election of President-elect Trump as a way to achieve an international counterterrorism coalition against the Islamic State in Iraq and the Levant.” (Moscú contemplaba la elección de Trump como medio de lograr una coalición internacional antiterrorista frente al Estado Islámico en Iraq y Oriente). El lógico interrogante que uno se plantea ante esta afirmación es ¿Clinton era percibida como un obstáculo para esa coalición frente al terrorismo islámico?

2.- Los medios de comunicación españoles apuntan a que los ataques rusos tuvieron como destinatario al Partido Demócrata para favorecer a Donald Trump. Veamos qué dice el informe: “Russia’s intelligence services conducted cyber operations against targets associated with the 2016 US presidential election, including targets associated with both major US political parties. We assess Russian intelligence services collected against the US primary campaigns, think tanks, and lobbying groups they viewed as likely to shape future US policies. In July 2015, Russian intelligence gained access to Democratic National Committee (DNC) networks and maintained that access until at least June 2016.” (Los servicios de inteligencia rusa dirigieron operaciones de ciberataque a entidades vinculadas a las elecciones presidenciales de 2016, incluyendo a los dos grandes partidos estadounidenses. Los servicios de inteligencia rusa obtuvieron información de las campañas primarias estadounidenses, laboratorios de ideas y grupos lobistas que se percibieron como vitales para el futuro desarrollo de la política estadounidense. En julio de 2015 la inteligencia rusa logró acceso a la red del Comité Demócrata Nacional y lo mantuvo cuando menos hasta junio de 2016). Ergo, la presunta operación de influencia no se dirigió exclusivamente frente al Partido Demócrata, como interesadamente apuntan los medios, sino frente a todas los dos partidos, y se remonta cuando menos a julio de 2015, cuando Trump aún estaba muy lejos de ser candidato republicano y Hillary Clinton aún no era candidata demócrata. En definitiva, que la actuación rusa se limitó a obtener información interna de ambos partidos (es de destacar la utilización de Wikileaks) y a promover a través de sus medios de comunicación una visión positiva del candidato Trump a través de sus redes de comunicación afines.

VALORACIONES ACERCA DE LO QUE EL INFORME DICE Y LO QUE NO DICE.

Creo que para valorar el contenido del informe y, sobre todo, lo acertado o no de las conclusiones que los medios de comunicación extraen del mismo, es menester dar respuesta a dos interrogantes:

1.- ¿Constituye la preferencia y apoyo del gobierno de un estado a un candidato a presidir un país una “influencia” en el resultado electoral?

Evidentemente, desde el punto de vista de las relaciones internacionales lo normal es que desde los gobiernos de los distintos países se muestre una exquisita neutralidad con respecto a los comicios que tienen lugar en otras naciones. Ahora bien, si esa neutralidad se rompe, en efecto, es posible que la inclinación del gobierno de un país hacia un determinado candidato pueda tener cierto peso en la opinión pública de la nación donde se desarrollen los comicios. Pero si ello es criticable, o se utiliza como base para cuestionar los resultados, entonces habría que empezar por cuestionarse la propia legitimidad de Barack Obama. No ya porque, por ejemplo, el entonces Presidente del Gobierno de España, José Luís Rodríguez Zapatero, afirmase al ser preguntado expresamente sobre ello que “prefería un demócrata en la Casa Blanca” (aunque, dada la jettatura del personaje, ello más bien traería perjuicios al presunto beneficiario), sino porque casi todos los dirigentes, sin excepción, manifestaron sin reservas la preferencia por el afroamericano.

2.- ¿Ha resultado decisiva la campaña rusa en favor de Trump hasta el punto de ser el factor que inclinaba la balanza en su favor?

En cuanto a este interrogante, ha de afirmarse que ateniéndose estrictamente al tenor literal del informe no puede darse una respuesta positiva ni negativa. Y ello porque en sus líneas iniciales el informe deja bien claro y explícito que se ha limitado a analizar las acciones rusas y su intención, pero deja manifiesta y meridianamente claro que ni se pronuncia sobre el éxito de las mismas ni sobre la influencia del mismo en el proceso político ni en la opinión pública estadounidense. Este interrogante, pues, no recibe contestación en el informe. Sin embargo, y a nivel estrictamente personal, tengo mis más que serias dudas que con el noventa por ciento de los medios de comunicación estadounidenses, un porcentaje idéntico de la prensa mundial y con los principales líderes políticos volcados prácticamente en apoyo de Clinton, las acciones de Rusia hayan podido ser decisivas, pues la inclinación mediática hacia la candidata demócrata era escandalosa y hubiera debido llevarle a arrasar en las urnas. De sostener que el gobierno ruso fue el que inclinó la balanza hacia el republicano habría que quitarse el sombrero por una gestión tan hábil como para convencer a la población estadounidense frente a toda la artillería mediática pro-Clinton. Y buena prueba de ello es la forma en que se trató al candidato republicano como “machista” por sus comentarios sobre las mujeres, silenciando el hecho de que la candidata demócrata era la esposa de un expresidente que ha sido denunciado en varias ocasiones por escándalos de naturaleza sexual.

 

CONCLUSIÓN PERSONAL.

 

Ni Barack Obama (que ha basado su mandato única y exclusivamente en pura retórica e imagen) ni el Partido Demócrata han digerido la derrota, y menos cuando esperaban poco menos que un paseo militar. Y en lugar de preguntarse si la candidata del partido era la más adecuada, han tratado de buscar una explicación que cargase las tintas sobre otra persona. Ante ello, y en un gesto que personalmente me parece indigno e impresentable pero en nada impropio del personaje, Obama ha involucrado a las agencias de inteligencia estadounidenses en una operación que tiene como único objetivo el intentar desviar la atención tratando de cuestionar la propia legitimidad de Trump con el indisimulado objetivo de mitigar una derrota aún más amarga cuando se daba por hecha y descontada la victoria. Lo único que ha conseguido el “gran estadista” que abandonará la Casa Blanca en menos de dos semanas es pregonar ante el mundo la vulnerabilidad de todas las instituciones americanas. Ni más, ni menos. Gran jugada la de Barack, demostrar al mundo lo fácil que es infiltrarse en las instituciones americanas.

Las elecciones presidenciales de 2016 si por algo se caracterizaron fue porque en esta ocasión no se escogía al mejor de los candidatos en liza, sino al que suscitaba menos antipatías entre la población. Donald Trump es, ciertamente, un personaje que despierta muchísimos sentimientos en su contra, pero conviene incidir en que Hillary Clinton despierta no menos rechazos que su oponente, aunque esto se ha mantenido deliberadamente oculto fuera del ámbito estadounidense.

Anuncios
de Monsieur de Villefort Publicado en Política

“LA POLÍTICA COMO RELIGIÓN Y LA RELIGIÓN COMO POLÍTICA”. IMPRESCINDIBLES REFLEXIONES DE ALEJANDRO NIETO.

Alejandro Nieto

Sin duda alguna Alejandro Nieto es una excepción en el panorama jurídico español, pues sus análisis jurídicos no suelen limitarse a analizar las disposiciones de todo rango publicadas en los diversos Boletines Oficiales (es decir, al derecho normado) sino que se salpimentan con agudísimas, jugosas y personales visiones acerca de la realidad social en que dichas normas han de llevarse a efecto y, sobre todo, al grado de aplicación de las mismas (léase, derecho practicado). En otras palabras, que sobrepone a las consideraciones jurídicas las imprescindibles consideraciones de carácter sociológico a las que no es infrecuente que añada incluso algunos buceos en el campo de la historia. De ahí que no solo circunscriba sus análisis al campo del Derecho administrativo, como en su indispensable Derecho administrativo sancionador (que va ya por la quinta edición), sino a ensayos sociológicos (como Corrupción en la España Democrática o El desgobierno de lo público) e históricos (Los primeros pasos del Estado Constitucional: historia administrativa de la Regencia de María Cristina de borbón, Mendizábal: Apogeo y crisis del progresismo civil). En algunas ocasiones algunas de sus obras con un compendio de historia, derecho y sociología (El desgobierno judicial, Balada de la Justicia y la Ley) que siempre nos deleitan con ese descenso a la realidad cotidiana, tan alejada del Olimpo conceptual en el que suelen situarse quienes se dedican profesionalmente a la docencia. Pero, en definitiva, lo que me interesa señalar es que Alejandro Nieto no es un paradigma de lo que, parafraseando la célebre distinción de José Ortega y Gasset, sería la “España oficial”, sino de la “España vital”.

De ahí que no pudiera menos que recibir con muchísimo interés la intervención que el pasado día 16 de febrero de 2016 tuvo lugar en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde Alejandro Nieto disertó sobre La política como religión y la religión como política, donde desglosa magistralmente la similitud tanto organizativa como de táctica y fines que presiden a organizaciones políticas y religiosas. La intervención es breve (transcrita ocupa apenas dieciséis folios) está muy bien elaborada se encuentra ayuna de citas bibliográficas, que no de eruditas referencias y jugosísimos ejemplos que sin duda alguna no gustarán a tirios y troyanos, pues igual pone en solfa la organización católica que la de los emergentes partidos del “cambio”. Y así, la tesis central del discurso es muy sencilla y esbozada en los primeros párrafos: “La premisa de la exposición se encuentra en la sorprendente circunstancia de que los partidos políticos pretendidamente laicos conservan unas adherencias de inequívoca tradición religiosa y que, a su vez, la Iglesia católica, confesadamente apolítica, conserva unos rasgos de inequívoca naturaleza política. Así puede comprobarse en los niveles de las estructuras, las doctrinas, las tácticas y las estrategias utilizadas por todos.” En efecto, tanto las formaciones religiosas como políticas parten de una figura mesiánica alrededor de la cual se van a estructurar todos los niveles inferiores: “En una primera y más superficial aproximación lo que mejor se observa es un estrecho paralelismo entre las estructuras de una organización política (un partido, por ejemplo) y una organización religiosa (la de la Iglesia católica, por ejemplo). Una y otra adoptan la figura de círculos concéntricos, en cuyo epicentro se encuentra el profeta o fundador, que alumbra una fe nueva: Jesucristo (como Mahoma) por un lado y en el otro Gil Robles o Pablo Iglesias. En el primer círculo están los apóstoles o barones que apoyan inicialmente al profeta o fundador y luego propagan sus ideas. En el segundo círculo están los fieles o militantes, que forman una comunidad específica. Y en el tercer círculo, los catecúmenos simpatizantes.” Una similitud tan evidente y clara que por simple pasa desapercibida, como los árboles que no dejan ver el bosque. Posteriormente se va creando una burocracia que separa los núcleos superiores o vértice de la pirámide de su base, creando así una disfunción evidente que marca el distanciamiento entre órganos superiores y militancia de base: “La organización queda en consecuencia desdoblada en dos niveles cuando menos: el formal de la superficie y el real del subsuelo, que suele ser el más operativo. Y por lo mismo para ascender hay dos caminos: o bien el del aparato o bien el formal de los congresos y comités ejecutivos. ¿Quién nombró a Hernández Mancha o a Susana Díaz? ¿Qué instrumentos de poder manejaban Juan Pablo II o Alfonso Guerra? ¿Quiénes actúan a la luz y quiénes en oscuros despachos, quizás desconocidos por los no iniciados? Para conocer los verdaderos ejes de una organización no basta la lectura de sus constituciones y reglamentos sino que hacer falta disponer de informaciones que no están al alcance de cualquiera puesto que no suele haber interés ni coraje para romper la reserva que por naturaleza las rodea.” Pero, como siempre, Alejandro Nieto con su maestría y saber indica que para ambas organizaciones, religiosas o seglares, el mundo termina en el último círculo que rodea la organización, cual es el de los simpatizantes. Fuera de ellos, nos adentramos en “las tinieblas del paganismo y de los que no son de los nuestros. Las relaciones con los paganos, con los otros, son ambiguas, dado que en principio son enemigos; pero, por otro lado, son destinatarios de actividades misioneras y, en fin, pueden servir – y esto sucede todos los días- de aliados potenciales en un frente contra enemigos comunes.”

Analizada la organización, pasamos a la táctica, que tanto para organizaciones políticas y religiosas son comunes: “muy simples y se basan en dos pilares: la psicología y la fuerza, claves constantes del misionado y en general de la expansión, mucho más utilizadas, contra lo que pudiera creerse, que la razón o el ejemplo personal.” Todo héroe necesita un villano, y toda organización política y religiosa un enemigo a estigmatizar y que sirve para justificar la propia existencia de la organización: “Para mantener la cohesión del grupo se imaginaba un enemigo en la seguridad de que gracias a la amenaza de éste la comunidad toma conciencia de sí misma, intensifica su solidaridad y produce energías defensivas y ofensivas. Para el cristianismo el pagano primero y luego el islam; para el nacionalismo la pérfida Albión; para la Dictadura franquista la conspiración judeo-masónica-separatista; para le democracia el comunismo; para el catalanismo, España. Al enemigo así inventado de le imputan todas las maldades y se justifica la necesidad de defenderse e incluso de desarrollar una agresión preventiva.” Es ahí donde entra en juego la propaganda y el juego de la manipulación, tan utilizado por unos y por otros: “ante los mismos hechos (la corrupción, la violencia) hay que ser implacable si se trata de enemigos y tolerante si se trata de amigos, pues siempre hay una justificación para los nuestros que no es aplicable a los demás. Denunciar la pederastia de un sacerdote es atacar a la Iglesia, denunciar la corrupción de un gobernante es atacar a la patria; una bandera puede cubrir los pecados más atroces y los delitos más graves; ondear la bandera bicolor es una provocación deliberada mientras que ondear la estelada es un deber.”

Pero, sobre todo, hay un párrafo en esta breve intervención que tiene inequívocos ecos unamunianos. Y es precisamente el que hace referencia a la anulación de la personalidad individual en favor de la cultura de masas, toda vez que, en efecto, ante comportamientos moralmente dudosos, siempre cabe esgrimir el célebre Fuenteovejuna, todos a una. Recordemos las palabras que don Miguel de Unamuno escribiera el día 7 de julio de 1936 en su artículo Justicia y bienestar, donde incidía en esta idea: “Y no se hable de ideología, que no hay tal. No es sino barbarie, zafiedad, sociedad, malos instintos y, lo que es –para mí al menos- peor, estupidez, estupidez, estupidez. De ignorancia no se hable. He tenido ocasión de hablar con pobres chicos que se dicen revolucionarios, marxistas, comunistas, lo que sea, y cuando cogidos uno a uno, fuera del rebaño, les he reprochado, han acabado por decirme: “Tiene usted razón, don Miguel, pero ¿qué quiere que hagamos?” Daba pena oirles en confesión. Pero luego se tragan un papel antihigiénico en que sacian sus groseros apetitos y ganas ciertos pequeños burgueses que se las dan de bolcheviques y de lo que hacen servil ganapanería populachera.” Contrástense con las que Alejandro Nieto pronuncia ochenta años después: “la movilización callejera mediante la cual se refuerza la psicología individual con los mecanismos de la psicología de masas: aquí se cuentan las viejas procesiones religiosas y las actuales manifestaciones políticas. En la procesión y en la “mani” la simpatía se eleva a devoción y la devoción en fervor colectivo. La individualidad se disuelve en la colectividad y la persona se transforma en un mero miembro de la masa con un nuevo espíritu. Es tal la exaltación, indudablemente patológica, que se experimenta en multitud, que sus participantes terminan convencidos de que son los protagonistas de la acción social y no perciben la manipulación a que están sujetos. Mientras el individuo permanece en la masa está dispuesto a creer disparates que aislado no aceptaría y a cometer horrores de los que aislado se avergonzaría. Y esto es cabalmente lo que buscan los pastores de la manada. Conste, sin embargo, que todavía puede darse un paso más hacia la aberración cuanto se participa en un espectáculo: desde los lejanos autos de fe a las misas solemnes y las multicolores manifestaciones actuales. El montaje espectacular de actos masivos se ha convertido en un arte imprescindible. Sin espectáculo ya no hay atractivo y éste ha dejado de concentrarse en el mensaje para atender únicamente a su expresión. La práctica el espectáculo, que en la actualidad ha invadido prácticamente todos los ámbitos sociales ha penetrado con singular intensidad en las ceremonias políticas y religiosas donde, por descontado, era donde mejor se conocían y siempre con efectos bien probados.”

No deseo extenderme más, pues quien desee tiene a su disposición el discurso cuya lectura recomiendo encarecidamente. Intervenciones como la de Alejandro Nieto son necesarias e imprescindibles, aunque sea para recordarnos cosas que, por evidentes, muchas veces se nos escapan. Y que no sólo organizaciones políticas y religiosas tienen estructuras, tácticas y fines similares, sino que incluso las distintas entidades políticas de una y otra ideología no son más que dos caras de una misma moneda o, por utilizar una referencia mitológica, como el dios Jano, un mismo cuerpo con dos caras.

LA RENUNCIA A LA INVESTIDURA: CONSIDERACIONES A LA LUZ DEL DERECHO Y LA CIENCIA POLÍTICA.

Mariano Rajoy

El día 20 de marzo de 1782 en el Reino Unido de Gran Bretaña se produjo un terremoto político de primera magnitud. Frederick North, segundo conde de Guilford y primer ministro del reino desde el año 1770, presentaba su dimisión al rey Jorge III. De conformidad con las leyes inglesas, el poder ejecutivo correspondía al monarca y éste podía elegir a quienes deseara para llevar a cabo su política, y lo cierto es que North gozaba plenamente de la confianza regia. No obstante, el Parlamento había presentado una moción retirando la confianza hacia el primer ministro, por lo que éste consideró que no tenía sentido continuar en el puesto cuando el legislativo le había retirado su confianza. North se convertía, así, en el primer dirigente político en dimitir a consecuencia de la pérdida de confianza del Parlamento.

Ayer día 22 de enero de 2016 se produjo una situación insólita en nuestro país. El líder de la fuerza más votada indica en una rueda de prensa que únicamente puede ser calificada como surrealista, que no optará a la investidura en este momento “por no tener los apoyos suficientes”, pero que “se mantiene como candidato” (sic). El Partido Socialista Obrero Español, en un comunicado emitido hoy día 23 de enero, considera “inaceptable” la decisión de Rajoy y defiende “el cumplimiento escrupuloso de los procedimientos democráticos y, por tanto cree que Rajoy tiene la obligación constitucional de aceptar el encargo real y de presentar su candidatura a la investidura o renunciar definitivamente a ella” (sic). El líder de la tercera fuerza más votada, en un tour de force incomprensible, comparece públicamente rodeado por la plana mayor de su formación y da a conocer los miembros de un futuro gabinete que, con él como vicepresidente, encabezaría Pedro Sánchez, quien no sólo debería aceptar tales exigencias y ofrecer incluso una cartera a Izquierda Unida (cuyo portavoz, por cierto, manifestó desconocer el contenido material de la comparecencia de Pablo Iglesias) sino que debería incluso agradecer el inmenso favor que se le estaba haciendo. El monarca, por su parte, ante la situación creada por la decisión de Mariano Rajoy, opta por efectuar una nueva ronda de consultas.

Como siempre, para analizar la anterior situación ha de deslindarse cuidadosamente el ámbito estrictamente jurídico del político, si bien en esta ocasión ambos están intrínsecamente ligados, pues se trata nada más y nada menos que de la elección del Presidente del Gobierno.

1.- ASPECTOS JURÍDICOS. En este caso ha de partirse necesariamente del artículo 99 de la Constitución de 1978, que es el precepto clave que rige todo el procedimiento. La dicción literal del mismo es la siguiente: “1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. 2.El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 4 Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.” De dicho texto legal se puede deducir, desde el punto de vista estrictamente jurídico, lo siguiente:

A.- El monarca ha de reunirse con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, siendo necesario precisar que no hace falta que sean los portavoces de los grupos, ni tan siquiera que sean diputados de las formaciones, pues el precepto simplemente habla de “representantes designados” por los grupos políticos. Quien suscribe podría ser perfectamente recibido por el monarca si fuese designado como representante a estos efectos por cualquier grupo con representación en el Congreso. Evidentemente, esas consultas tienen como objetivo que el Jefe del Estado se haga una idea de quien puede obtener los apoyos necesarios para acceder a la Presidencia y quien no.

B.- El monarca posee una libertad absoluta a la hora de proponer el candidato a Presidente. No tiene por qué ser la persona que encabeza la lista más votada. De hecho, ni siquiera tiene por qué ostentar la condición de diputado (a diferencia de lo que ocurre con los ejecutivos autonómicos, donde la Constitución establece que el Presidente de la Comunidad Autónoma es elegido por la Asamblea “de entre sus miembros”). Por tanto, jurídicamente hablando el monarca ostenta una potestad absolutamente discrecional para designar a quien considere oportuno.

C.- En ningún lugar del texto constitucional establece que la persona designada por el monarca haya de aceptar necesariamente el encargo. Eso sí, de hacerlo, ha de someterse al procedimiento de investidura con los requisitos que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 99 (exposición del programa político y votaciones de investidura).

D.- De no obtenerse la confianza, se tramitarán sucesivas propuestas “en la forma prevista en los apartados anteriores” (es decir, consultas, proposición regia, exposición del programa político, votaciones de investidura).

E.- Si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, se convocarán nuevas elecciones.

2.- ASPECTOS POLÍTICOS. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, ha de tenerse en cuenta que, desde el punto de vista ya completamente ajeno al mundo del Derecho constitucional, pueden efectuarse las siguientes consideraciones:

A.- Aunque el monarca goza de discrecionalidad jurídica, es claro y evidente que desde el punto de vista político ha de ejercitar esta facultad con absoluto respeto a la composición del Congreso, pues en caso contrario la posición y el prestigio de la Corona quedaría sumamente mermado.

B.- La actuación de Mariano Rajoy es absolutamente impresentable. Es absolutamente claro, lícito, comprensible y admisible por cualquier persona con un mínimo de racionalidad que a nadie puede exigírsele ser masoquista. Por tanto, si considera que carece de los apoyos para ser investido Presidente renuncie a presentar su candidatura. Hasta ahí todo correcto. Lo que ya no tiene un pase es decir que se renuncia a la investidura “en este momento” y que “se mantiene como candidato”, lo cual es incomprensible para cualquiera salvo que utilice los códigos lingüísticos del inmortal Mario Moreno “Cantinflas”. Por tanto, es legítimo que renuncie a su candidatura si cree que no tiene apoyos, mas en tal caso lo lógico y correcto es que lo hiciera sin reservas y actuase como lo haría cualquier político europeo, es decir, marchándose a su casa. Lo contrario únicamente se explica por el egotismo del personaje o por un inconsciente deseo de emular a Sansón y que con él caigan todos los filisteos (hablando en plata: si yo muero, el partido lo hace conmigo).

C.- La posición del Partido Socialista Obrero Español es aún más incomprensible. Parece que dicha formación considera que es una obligación presentarse al debate de investidura, pero no es así, de igual manera que si alguien se presenta a una oposición y pasa el primer examen, pero no tiene posibilidades de alcanzar plaza por lo escaso de su puntuación, no está ni mucho menos obligado a continuar hasta el final del proceso selectivo. Quiere ello decir que si a una persona, por ejemplo, el señor Pedro Sánchez la nombra Secretario de Estado o Director General no puede renunciar, tiene obligatoriamente que aceptar tal nombramiento? Ridículo.

D.- La actitud de Podemos no deja de ser menos sorprendente, máxime aún en un grupo que se presenta como azote de “la casta”. En efecto, la comparecencia del líder rodeado de su plana mayor, a quienes presenta como miembros de un gabinete en el cual el señor Iglesias actuaría como Vicepresidente es un ejercicio de prepotencia tal que no puede dejar de producir sonrojo. Máxime cuando no ha hablado de programas, sino de nombres; no de ideas, sino de cargos. Que, además, se imponen, no se sugieren. Con ello se deja en mal lugar a Pedro Sánchez, a quien se le impone un “trágala” que, de aceptarlo, le debilitará no sólo ante su partido, sino ante la ciudadanía.

E.- Por último, creo, dicho sea con todos los respetos, que el monarca tampoco ha acertado completamente a la hora de abrir un nuevo periodo de consultas. Me explico. Si no se ha propuesto un candidato o si éste no ha llegado a exponer el programa político del gobierno que se propusiese formar, la Constitución no impone abrir una nueva ronda de consultas, que únicamente forzando la letra del texto constitucional, de llevarse a cabo ello tendría lugar una vez rechazado un candidato, pero no antes. Además, el monarca tiene en su mano toda la información precisa. Es más, un uso abusivo de las consultas suele ser más perjudicial que beneficioso, como los asesores jurídicos del monarca podrían comprobar simplemente echando un vistazo al brillantísimo artículo que con el título La formación del gobierno durante la Segunda República, publicara Joaquín Tomás Villarroya en el número 204 (noviembre-diciembre de 1975) de la Revista de Estudios Políticos.

En fin, que como decía hace poco un entrañable amigo, lo que parece necesita más que nada este Congreso de los Diputados es que sea visitado por El Tío La Vara. Ya saben…”Sus vi a crujir vivooooos. A tóos.” Y es que, “no es bueno que la vara quede con veneno dentro

ANÁLISIS PERSONAL DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE AYER DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2015

Votación

Corría el año 1966 cuando el entonces Príncipe Juan Carlos (aún no había sido designado por Francisco Franco, entonces Jefe del Estado, sucesor a título de Rey) mantiene una reunión con varias personas relevantes con el objeto de plantearse hacia dónde avanzará España una vez que fallezca el Generalísimo. Todos, desde el príncipe hasta el último comensal, coinciden en que no existe otra alternativa que un régimen democrático, pero de igual forma existe una coincidencia prácticamente total en lo que respecta a la preocupación por la existencia de un gran número de formaciones que dificulten la formación de gobiernos estables; es entonces cuando se pone sobre el tapete la solución a adoptar: una legislación electoral que favorezca de facto un sistema bipartidista similar al existente en Alemania o en Gran Bretaña, donde la lucha política se limite en la realidad a un enfrentamiento entre un partido democristiano y otro socialdemócrata. Alguien cuya identidad se desconoce pero que evidentemente había de ser uno de los comensales se fue de la lengua, porque un informe sobre la identidad de los asistentes y sobre los temas que se abordaron llegó a manos del Jefe del Estado quien, pese a todo, no descartó a Juan Carlos de Borbón como sucesor. El documento filtrado al Generalísimo obra en los archivos de la Fundación Nacional Francisco Franco, y fue transcrito hace casi veinte años por el periodista Jesús Palacios en su obra Los papeles secretos de Franco, publicado en el año 1996 por la editorial Temas de Hoy.

Lo acordado en aquélla reunión se llevó, en efecto, a cabo. Previamente a la celebración de las primeras elecciones democráticas se aprobó el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales, que establece las líneas maestras del sistema (voto personal en el Senado, sistema proporcional D´Hont en listas cerradas y bloqueadas al Congreso de los Diputados). Ese sistema permanece en vigor, puesto que las líneas maestras las hereda la vigente Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral General, que en la propia Exposición de Motivos reconoce esa continuidad en los principios básicos de la normativa electoral cuando indica que: “Todo este orden de cuestiones requiere, en primer término, aprobar la normativa que sustituya al vigente Real Decreto-ley de 1977, que ha cubierto adecuadamente una primera etapa de la transición democrática de nuestro país. No obstante, esta sustitución no es en modo alguno radical, debido a que el propio texto constitucional acogió los elementos esenciales del sistema electoral contenidos en el Real Decreto-ley.” Lo relevante es que desde 1977 se cumplieron los objetivos fijados en aquélla reunión de 1966, pues pese a que en los años iniciales de la Transición política surgieron innumerables formaciones políticas que dieron lugar a la popularmente conocida como “sopa de letras”, en la práctica únicamente la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español despuntaron como formaciones políticas con serias aspiraciones de Gobierno, pues tanto Alianza Popular como el Partido Comunista quedaban muy descolgadas respecto de aquéllas. Tal situación se prolongó con la desaparición de la Unión de Centro Democrático, pues sus restos fueron recogidos por la entonces Alianza Popular, que con la victoria socialista de 1982 pasó a convertirse en el principal partido de la oposición. La lucha política quedó así limitada en la práctica al Partido Socialista Obrero Español desde la izquierda y a Alianza Popular (luego Partido Popular tras su refundación en 1989). El Partido Comunista, que nunca tuvo posibilidades serias de alcanzar el poder por méritos propios, apenas logró, en el mejor de sus resultados, sobrepasar la veintena de diputados, y quizá viendo que sus siglas podrían ser un lastre optó por establecer una coalición de fuerzas que, con la denominación de Izquierda Unida, serían una opción mucho más presentable formalmente. Así se sucedieron las cosas elección tras elección, comicios tras comicios…….hasta ayer.

Los resultados de las elecciones celebradas ayer día veinte de Diciembre de dos mil quince marcan sin duda alguna un punto de inflexión en la política española. Y ello porque nadie puede hablar, estrictamente hablando, de una victoria electoral, pues todos, absolutamente todos, han sufrido una derrota, de la que únicamente pueden consolarse mirando a su alrededor, como el célebre cuento del mísero que comía altramuces. En efecto, analicemos punto por punto las cuatro principales fuerzas que aspiraban a desempeñar un papel esencial en la política española durante los próximos cuatro años:

1.- Partido Popular. Es, sin duda alguna, el gran derrotado, pues no alcanzo a comprender cómo puede presentarse como una victoria lo que es una pérdida de más de sesenta diputados, pues desciende de los 186 logrados en noviembre de 2011 a los actuales 123. El único responsable de la derrota tiene nombre y apellidos: Mariano Rajoy Brey. Durante estos cuatro años ha tenido como único lema de gobierno el quieta non movere, y cada vez que existía un tema conflictivo que entrañase un mínimo riesgo o bien escurría el bulto o delegaba la resolución en otros, llámense Vicepresidenta del Gobierno o Tribunal Constitucional. En marzo del presente año, al ser interrogado por los periodistas sobre los negros nubarrones que se cernían sobre el Partido Popular en las elecciones municipales, el señor Rajoy decía, con un extraño sentido del humor “Confíen en mí, que les va a ir bien.” Ahí están los resultados: pérdida de poder municipal, autonómico y ahora estatal, porque es casi imposible que pueda formar un gobierno estable. En cualquier país europeo, con unos resultados como los obtenidos ayer, un líder político que se precie hubiese anunciado su dimisión irrevocable.

2.- Partido Socialista Obrero Español. Esta formación tiene un doble problema, tanto de liderazgo como de ideología. Desde los años treinta el socialismo español tiene una doble tendencia: socialdemócrata, moderna y seria por un lado, y extremista por otra. Durante la Segunda República prevaleció la primera durante el bienio 1931-1933, donde Francisco Largo Caballero desempeñó, desde el Ministerio de Trabajo, una labor notable. Al perder las elecciones en 1933, Largo Caballero se radicalizó y arrojó al partido por las alas del extremismo, orillando hasta dejarlo en la insignificancia a la corriente socialdemócrata de Julián Besteiro, persona ésta a la que debe reivindicarse por encima de todo, al ser un ejemplo de honestidad tanto intelectual como personal. Tras la dictadura, en 1979 el PSOE renunció al marxismo y pareció orientarse de nuevo hacia la socialdemocracia moderna, pero en los años noventa, cuando pareció que iba a perder de nuevo el poder, el ala extremista y radical reapareció. Esas dos corrientes permanecen larvadas en el seno del socialismo, que parece incapaz de decidirse por una de las dos. A ello se une una grave crisis de liderazgo que se arrastra tras la marcha de Felipe González. Todo ello ha conducido al peor resultado del Partido Socialista, que jamás, desde las primeras elecciones democráticas celebradas el 15 junio de 1977, había obtenido menos de cien diputados. Únicamente les cabe esgrimir como excusa que las encuestas pronosticaban una debacle aún mayor, pero magro consuelo es. Su líder, Pedro Sánchez, debería haber anunciado su dimisión ayer, puesto que en varias ocasiones durante la campaña electoral dejó bien claro que no obtener una victoria sería para él un fracaso. Sobran las palabras.

3.- Podemos. Sin duda alguna, el gran vencedor de los comicios. Partiendo de cero, han sabido aglutinar a un sector de la población que le es absolutamente fiel y sumarle a un nada desdeñable sector de la población que, sin ser en absoluto simpatizante con la ideología de esta formación, la ve como único medio de otorgar un voto de castigo a las formaciones tradicionales. Hay que reconocer que las cabezas principales de la formación tienen en su haber notables ventajas: juventud, empatía con sus simpatizantes y un manejo admirable de las redes sociales, es decir, del mundo de hoy y del mañana. Sin embargo, con todo, en muchas ocasiones pecan de soberbia y de un excesivo dogmatismo. El principal problema que tiene esta formación, a mi juicio, es que entre reforma y revolución optan por lo segundo, a veces sin parar en mientes, considerando que si la legalidad vigente es un obstáculo, no habría impedimento alguno en saltarse la misma para lograr el ansiado objetivo, haciendo suyo el célebre lema que en la obra La venganza de don Mendo el monarca Alfonso VII otorgaba a su vasallo el marqués de Moncada: “No hay barreras para mi, y si hay barreras, las salto.” Con todo, de justicia es reconocerles que son la única formación política que puede indicar sin faltar a la verdad que pueden considerarse vencedores.

4.- Ciudadanos. Con no ser en modo alguno un mal resultado, lo que ha lastrado la victoria de la formación naranja hasta el punto de convertir un grupo nada desdeñable de diputados en una dulce derrota son las expectativas que se habían creado en torno a ellos. En efecto, este grupo, integrado por personas muy jóvenes y que había surgido de la sociedad civil catalana como medio de oponerse al separatismo imperante en dicha Comunidad Autónoma, dio el gran salto nacional al presentarse a los comicios autonómicos y locales de mayo de 2015, donde obtuvo un muy buen resultado, que revalidó en las elecciones catalanas celebradas el mes de septiembre. Sin embargo, a mi juicio les ha venido grande la campaña electoral. Han estado sobremanera esquivos en temas esenciales (salvo el de la unidad de España, su gran baza electoral y motivo que les vio nacer) y, además, no han sabido gestionar las redes sociales con la misma maestría que sus colegas de Podemos. No es en modo alguno un mal resultado el obtenido partiendo de que nada tenían con anterioridad, pero sí lo es en comparación con lo que de ellos se esperaba.

Desaparece del mapa electoral Unión, Progreso y Democracia, e Izquierda Unida, aunque formalmente no desaparece, deviene en insignificante desde el punto de vista político, pues no logra ni tan siquiera formar Grupo Parlamentario propio al lograr únicamente dos diputados, con lo cual Alberto Garzón tiene en su haber el sin duda alguna nada halagüeño honor de haber logrado igualar el record negativo logrado en su día por Gaspar Llamazares cuando era el coordinador general de la coalición.

Se avecina un panorama muy, muy complicado, por no decir que nuestro país va a ser casi ingobernable, pues aunque un presidente logre la investidura, a la hora de ejercer la dirección política va a tener que seguir el principio que actualmente sigue el Atlético de Madrid bajo la dirección de Diego Simeone: ir “partido a partido” lo que en el mundo de la política quiere decir, “votación a votación.”

Simplemente, apuntar el proceso de elección presidencial sazonado con algunas observaciones que estimo deben tenerse muy en cuenta:

1.- El Congreso ha de ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a las elecciones (artículo 68.6 de la Constitución). Tras la apertura solemne de la legislatura, se constituirán las Cámaras, sus mesas y los grupos parlamentarios.

2.- El monarca iniciará una ronda de consultas con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria y, a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato (artículo 99.1 de la Constitución). Precisar que pese a lo manifestado por los líderes de las formaciones políticas y pese a ser una práctica consolidada, el monarca no necesariamente tiene que proponer al candidato de la lista más votada. El Rey tiene una amplia discrecionalidad en este punto, y pese a que la práctica constitucional lleva a que proponga al cabeza de la lista más votada, ello radica en que es quien habitualmente obtiene un apoyo parlamentario que le lleve a formar gobierno. Pero nada impediría que, constatada por el Rey tras la consulta la falta de apoyos del cabeza de la lista más votada y que existe otro candidato que sí goza de un apoyo mayoritario, se incline por este último en defecto del primero. La anterior es una reflexión desde el punto de vista estrictamente jurídico, lo cual no quiere decir en modo alguno que es lo que vaya a ocurrir.

3.- El candidato expondrá al Congreso el programa político del Gobierno que pretenda formas, y deberá solicitar la confianza de la Cámara, confianza que se entenderá otorgada si obtiene mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en la segunda, a celebrar cuarenta y ocho horas después de la primera (artículo 99.3 de la constitución). Si en el segundo caso tampoco obtiene mayoría “se tramitarán sucesivas propuestas” en la misma forma que la prevista en las anteriores (artículo 99.4 de la Constitución). Este último precepto es significativo, pues en caso de que el candidato no obtenga ni tan siquiera la mayoría simple, queda automáticamente excluido, de ahí que el texto constitucional hable de “sucesivas” propuestas. No cabe, por tanto, trasladar al Congreso de los Diputados la curiosa práctica autonómica en base a la cual puede someterse un candidato a más de dos votaciones, como ocurrió este mismo año en Andalucía y como ocurre en Cataluña, donde el presidente en funciones ha sido rechazado en dos ocasiones y piensa afrontar una tercera votación.

4.- Si transcurridos dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, el Rey disolverá las Cámaras y convocará nuevas elecciones (artículo 99.5 de la Constitución). Incidir en el hecho de que los dos meses no se computan desde la celebración de las elecciones, ni tan siquiera desde la constitución de las Cortes, sino desde la primera votación de investidura, como deja bien sentado y con una claridad meridiana el precepto constitucional indicado. Posibilidad ésta, la de una disolución automática de las Cortes por imposibilidad de lograr un acuerdo sobre el candidato, que ciertamente se ciñe sobre el panorama político español.

de Monsieur de Villefort Publicado en Política

PROFUNDIZAR EN LA DEMOCRACIA: IDEAS PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL A PARTIR DE UNA OBRA CLÁSICA DE HANS KELSEN.

Democracia

En el año 1920, el jurista austríaco Hans Kelsen publicaba una breve obra que, con el título Von Wesen und Wert der Demokratie (De la esencia y valor de la democracia) pretendía ser una enconada defensa del sistema parlamentario liberal-democrático. Lo cual era un notable mérito, pues en el contexto histórico en que se publicaron las dos ediciones de la obra (la primera, como hemos indicado, del año 1920 y la segunda nueve años más tarde) no era ni mucho menos propicio para una defensa del sistema liberal dado que todo parecía indicar que los sistemas parlamentarios del occidente europeo se batían en retirada ante el auge de los autoritarismos. Las heridas abiertas con el fin de la Gran Guerra que el Tratado de Versalles en vez de cauterizar infectó aún más, la aparición del totalitarismo soviético (la negación de la democracia desde la izquierda revolucionaria) y, a consecuencia de los dos anteriores y como reacción frente a los mismos, del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán, no parecía ser el ambiente más idóneo para una defensa del sistema parlamentario. Pues bien, en el año 1920, el mismo año en el que se aprueba la Constitución austríaca (que tanto debe a Kelsen) aparece este breve tratado que se mueve entre la teoría jurídica y la ciencia política. Se trata de una obra breve, diez capítulos que apenas alcanzan las doscientas páginas, y que cuenta con una reciente traducción española debida a Juan Luís Requejo Pagés y publicada en la editorial asturiana KRK dentro de su colección “pensamiento”. El profesor Requejo es autor de un breve nota preliminar que conjuga a la perfección sincretismo y rigor pues, como debiera ser todo estudio introductorio, sin extenderse sobre el particular se limita a hacer unos breves apuntes sobre la historia de la obra glosada, el contexto histórico en el cual se elaboró la misma y apuntar brevemente las características principales de la obra y el objetivo último de Hans Kelsen con su redacción.

Pues bien, pese a que toda obra, máxime una de filosofía política o teoría general del Derecho es evidentemente fruto de unas coordenadas socio-temporales muy concretas, sin embargo paradójicamente esta Esencia y valor de la democracia pueden extraerse varias lecciones. Y dado que en plena precampaña electoral con vistas a las elecciones generales que se celebrarán el día 20 de diciembre casi todos los partidos hablan de reforma constitucional, convendría que los principales líderes leyeran esta obrita. Confieso que Hans Kelsen no es precisamente santo de mi devoción, más que nada porque fue este autor quien ideó un organismo, el Tribunal Constitucional, que al menos en nuestro país ha resultado desastroso. Pero la lectura de esta obra me ha deparado una serie de interesantísimas reflexiones, de las cuales me detengo exclusivamente en dos.

I.- Democracia, libertad y orden. Se trata de tres palabras que hoy en día, como ocurre con el amor en la célebre tonada, se han roto de tanto usarlas. Por una parte, se pretende calificar un régimen como democrático única y exclusivamente porque el Parlamento es elegido mediante sufragio universal, de igual manera que se ha tratado de contraponer democracia y libertad a orden. Pues bien, es un craso error. No hay libertad sin orden, y sin un sistema donde no esté garantizada la libertad mal podrá hablarse de democracia. Así, el propio Kelsen, nada sospechoso de ser contrario a la democracia, señala al inicio del primer capítulo de la obra (dedicado, precisamente, a la libertad) que: “A partir del supuesto de que somos –idealmente- iguales se puede derivar la exigencia de que nadie debe dominar a los demás. Sin embargo, la experiencia demuestra que si queremos ser realmente iguales tenemos que permitir que se nos domine.” Por desgracia, en nuestro país está cada vez más arraigado el anarquismo más feroz, aquel que invoca la libertad cuando se esgrime como escudo protector frente a un tercero pero del que se trata de abatir cuando quien lo esgrime es un tercero. Un ejemplo práctico: quien se divierte un sábado de madrugada dando voces en plena calle, invocará su derecho a divertirse frente al derecho al descanso de los vecinos; pero curiosamente esa misma persona será quien invoque el derecho al descanso y niegue el derecho a la diversión de terceros cuando, en plena resaca mañanera dominical, los sones de la banda municipal le impidan conciliar el sueño tras llegar a su domicilio a primeras horas de la mañana tras una velada jaranera. Por ello, como indica el propio Kelsen “Se ha de haber sociedad y Estado es necesario que exista un ordenamiento vinculante de la conducta recíproca de los hombres, que haya autoridad”. Y en cuanto a la democracia, ésta no puede limitarse a garantizar periódicamente el sufragio para la elección de miembros del Parlamento, pues como indica el pensador austríaco citando a Jean Jacques Rousseau al referirse al pueblo inglés: “sólo es libre durante la elección de los miembros del Parlamento; celebrada la elección, vive en la servidumbre y no es nada” (curiosamente, recuerdo haber leído una frase parecida del gran maestro de administrativistas, Jesús González Pérez, en uno de sus libros –no recuerdo en este momento cuál de ellos- pero venía a decir que el administrado era ciudadano un día cada cuatro años y súbdito el resto del tiempo). Lo cual lleva a la necesidad de profundizar en la esencia de la democracia.

II.- Correcciones democráticas del parlamentarismo. El capítulo IV lleva por título “la reforma del parlamentarismo” y tiene como objetivo expresar las tesis del autor para intentarlo “fortaleciendo el elemento democrático”, pues parte de la circunstancia para él incuestionable de que en el Estado moderno es impracticable la democracia directa, pero sí es posible corregir ciertas desviaciones o disfunciones del sistema parlamentario para potenciar el elemento democrático. Entre los instrumentos que Kelsen propone a los efectos de inyectar dosis masivas de democracia en el sistema parlamentario se encuentran tres.

1.- El referéndum: “Iría claramente en interés del propio principio parlamentario que los políticos profesionales –que hoy, precisamente, son parlamentarios- embridaran su comprensible aversión contra el instituto del plebiscito y no sólo admitiesen –como ya ha ocurrido en algunas constituciones modernas- el llamado referéndum constitucional, sino también un referéndum legislativo, si no preceptivo, al menos facultativo.”

2.- La iniciativa legislativa popular: “un determinado número de ciudadanos con derecho de sufragio puede presentar una proposición de ley a cuya tramitación procedimental viene obligado el Parlamento. También podría darse a esta institución más espacio que el que se le dispensa tanto en las Constituciones más antiguas como en las más modernas. Cabría facilitar técnicamente la tramitación de la pretensión popular disponiendo que la iniciativa no ha de incluir un proyecto de ley elaborado, sino sólo unas directrices generales. Si el electorado no puede dar instrucciones vinculantes a sus hombres de confianza en el parlamento, al menos debe existir la posibilidad de que del seno del pueblo nazcan sugerencias con arreglo a las cuales pueda orientar el Parlamento la dirección de su actividad legislativa.” Comparto en líneas generales esta tesis del gran jurista austríaco con una salvedad: la de que la iniciativa se limite a unas directrices generales. Pues parece claro que si a ello se limita la iniciativa, esta corre el riesgo de ser desnaturalizada cuando el Parlamento ponga en marcha la iniciativa concreta, pudiendo siempre argumentar, frente a posibles desviaciones respecto al espíritu de la iniciativa, que ésta se limitaba precisamente a unas “directrices generales”. Además, es evidente que la realidad política, económica y social es hoy en día mucho más compleja que a la que Kelsen tocó vivir.

3.- Control de los diputados por los electores y eliminación de las inmunidades parlamentarias. Confieso que la lectura de estas líneas me ha impresionado, porque abstrayéndose del contexto en el que se elaboraron, el lector no avisado podría creer provienen de un artículo de opinión publicado en los dos últimos años: “un cambio de pareceres continuo y garantizado por la ley entre los diputados y el electorado podría reconciliar a las masas con el principio parlamentario. La irresponsabilidad del diputado frente a sus electores, que sin duda es una de las causas principales del descontento que hoy existe contra la institución del Parlamento, no es, como ha creído la doctrina del Derecho público del siglo XIX, un elemento consustancial del sistema parlamentario.” Esta afirmación se ha demostrado que es válida en países como Gran Bretaña o Estados Unidos donde, existiendo una evidente organización de partidos, sin embargo existe una cercanía mayor entre diputado y electores, hasta el punto que a veces se rompe la disciplina de partido precisamente porque una medida impuesta por la formación puede ser perjudicial para los electores del representante, quien ante la disyuntiva lógicamente se inclinará más por los electores so pena de perder su asiento, toda vez que si la elección se verifica mediante un sistema de listas abiertas y distritos uninominales, evidentemente aunque no se pierda el favor del partido sí puede perderse el fervor ciudadano.

Pero, sobre todo, tras este razonamiento se incluye un párrafo que contiene la desautorización más rotunda del sistema de inmunidades del que gozan aún hoy los parlamentarios españoles, siendo absolutamente denigrante que en el año 1978 los constituyentes incluyesen el aforamiento y las prerrogativas de diputados y senadores cuando apenas medio siglo antes el gran jurista austríaco escribía lo siguiente: “Ante todo, debería suprimirse o cuando menos limitarse esa irresponsabilidad de los diputados que se denomina inmunidad y que no les protege frente a los electores, sino frente a las autoridades estatales y en particular frente a los Tribunales, y que desde siempre ha constituido un componente inquebrantable del sistema parlamentario. Que un diputado sólo pueda ser perseguido judicialmente por la comisión de un delito y, sobre todo, que sólo pueda ser detenido si el Parlamento lo autoriza, este privilegio, nacido en la época de la monarquía estamental, es decir, en la época del más crudo enfrentamiento entre el Parlamento y el Gobierno real, puede estar aún justificado en la época de la monarquía constitucional, cuando todavía existía, aunque en un sentido diferente, aquélla oposición entre el Parlamento y el Gobierno y no se había suprimido por completo –aunque ciertamente se había mitigado sustancialmente gracias al principio de la independencia de los Tribunales- el peligro de que los parlamentarios fueran privados de su oficio por un Gobierno que abusara de su poder. Pero en una república parlamentaria, donde el Gobierno no es más que una comisión del Parlamento y está sometido al control más incisivo de la oposición y del conjunto de la opinión pública, donde la independencia de los Tribunales no está menos garantizada que en la monarquía constitucional, no tiene ningún sentido querer proteger al Parlamento frente a su propio Gobierno […] No hay ningún supuesto que justifique ya este tipo de protección.”

Pues bien, cuando uno observa en pleno año 2015 las manifestaciones de los distintos grupos y formaciones políticas en lo que a la reforma constitucional se refiere, muy pocos profundizan en las ideas anteriores. Todas ellas se centran en medidas no voy a decir que innecesarias, porque utilidad tienen. Es evidente que el Senado pide a gritos su reforma (para convertirse en una auténtica Cámara de representación territorial) o su supresión; es evidente que instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional están pidiendo a gritos su jubilación al no haber cumplido los objetivos para los que fueron creados, de igual manera que hay otras instituciones que deberían ser definitivamente enterradas por la inanidad en la que se mueven, como el Defensor del Pueblo. Pero no he visto a ninguna formación profundizar en los aspectos ya indicados por Kelsen en 1920. No he visto que a ninguna formación le preocupe reformar la iniciativa legislativa popular para ampliar los supuestos en que es posible y hacerla más eficaz obligando a las Cámaras a tramitarla (y, por tanto, vetando expresamente la facultad de la Cámara de negarse a tomarla en consideración). De igual manera que no he visto tampoco que a nadie interese plasmar constitucionalmente la posibilidad de introducir el referéndum para la aprobación de determinadas leyes, como, por cierto, sí existía en el franquismo, aunque no se hiciese uso de él más que en dos ocasiones.

Una última consideración. Si a principios de los años noventa del siglo XX, cuando quien suscribe se encontraba cursando su primer año de la carrera de Derecho, alguien le hubiese dicho que veinte años después iba a adentrarse voluntariamente en la lectura de una obra de Hans Kelsen, seguramente el redactor de estas líneas hubiese pensado que el autor de tal afirmación no se encontraba en sus cabales. Y ello porque ese año, precisamente, en la asignatura “Teoría del Derecho y metodología jurídica” el catedrático de la asignatura pretendió inocularnos el pensamiento kelseniano con un libro sobre el tema del que, por esas casualidades de la vida, el catedrático (que comparte nombre y apellido con un célebre –por nada honrosas circunstancias- ex director general de la Benemérita) era autor; libro, por cierto, de lectura bastante indigesta y que poco o nada inducía a sumergirse en su lectura. Siempre he dicho que un buen docente no precisa de animar al alumno al estudio, porque si el profesor imparte la asignatura de una forma amena y, sobre todo, haciéndola verdaderamente interesante al destinatario de la docencia, sabrá despertar la curiosidad del alumno y que sea éste quien busque por su cuenta reforzar e incluso ampliar los conocimientos adquiridos en el aula mediante lecturas complementarias. Confieso que eso me sucedió cuando tuve la suerte de contar como profesores con auténticos maestros como Joaquín Varela Suanzes, Leopoldo Tolivar Alas o Joaquín García Murcia. Desgraciadamente, junto a estos auténticos maestros en el más amplio sentido de la palabra, existía algún que otro personajillo como el catedrático de Teoría del Derecho que, demostró (al menos pude comprobarlo personalmente en dos ocasiones –no en carne propia, sino como testigo de su comportamiento con otro compañero de estudios, a quien escarneció en público en una de sus poco recomendables “clases”-) que si como profesor era bastante malo, como persona era infinitamente peor que como docente.

 

de Monsieur de Villefort Publicado en Política

REFLEXIONES SOBRE LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA.

Ruiz Gallardón

Ayer martes días 23 de septiembre de 2014 el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunciaba públicamente en una rueda de prensa convocada por sorpresa y con carácter de urgencia que presentaba su dimisión como Ministro de Justicia, renunciaba a su escaño como diputado y se retiraba de la vida política. Rodeado de sus más cercanos colaboradores e incluso de algún familiar (nombró expresamente a uno de sus hijos), el ya ex Ministro tomó la decisión tras las declaraciones del Presidente del Gobierno indicando que retiraba el Proyecto de Ley del Aborto, del cual de forma algo extraña el señor Gallardón había hecho una especie de casus belli. Casi de forma inmediata las redes sociales se hacían eco de la noticia y el sentimiento más generalizado fue, por ser generoso en el calificativo, de inmenso alivio.
En esta, como en tantas otras ocasiones, conviene realizar un análisis de la trayectoria de Alberto Ruiz Gallardón, pues su renuncia sería incomprensible sin ella, dado que vincularla a la retirada del proyecto de ley en cuestión no deja de ser una mera anécdota. Cierto es que existe el precedente de la dimisión de José Luís Corcuera, pero el supuesto es ciertamente algo distinto, pues su renuncia se vinculó expresamente no a la retirada de un proyecto de ley, sino a la Sentencia 341/1993 de 18 de noviembre del Tribunal Constitucional que declaró contrario a la Constitución el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, de Seguridad Ciudadana, que regulaba lo que en el argot popular se conoció como “patada en la puerta” o “corcusutra”. Analicemos, pues, algo más detenidamente el asunto, porque tiene su miga.

I.- Sobre el proyecto de ley del Aborto. La decisión de impulsar esta iniciativa, cuya denominación técnica es la de Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada fue ciertamente extraña, porque cierto es que el Partido Popular se había manifestado en contra de la legislación sobre el tema aprobada por el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, pero también es cierto que el actual gabinete no se ha mostrado precisamente muy respetuoso con su programa y sus promesas electorales.
Lo cierto es que este es un tema polémico, donde existen opiniones muy firmes y asentadas tanto a favor como en contra. Recuerdo un capítulo de la benemérita serie Ley y Orden donde el fiscal de distrito Adam Schiff manifestaba irónicamente ante sus dos ayudantes, Benjamín Stone y Paul Robinette, “Henos aquí tres hombres discutiendo sobre el derecho de las mujeres a abortar”. Quien suscribe no desea en este punto manifestarse ni a favor ni en contra de la medida, pero sí que cualquier iniciativa que se tome al respecto ha de estar marcada por la prudencia, sin dogmatismos en uno u otro sentido. Cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hubo de decidir el caso Roe v. Wade, el magistrado ponente, Harry Blackmun, se sumergió en el estudio médico de la gestación, consultando el parecer de numerosos médicos y estableciendo finalmente lo que se denomina como “régimen de plazos” (en el primer trimestre del embarazo prevalece el derecho a decidir de la mujer, en el segundo se restringe levemente y en el tercero se prohíbe absolutamente la interrupción del embarazo salvo que médicamente se demuestre que el embarazo pone en peligro la vida de la mujer). Sea cual sea la decisión que se tome al respecto, una parte no desdeñable de la población va a estar enfrentada a ella, porque este es uno de los temas donde el consenso es casi imposible. Con lo cual, la prudencia ha de ser extrema. En este caso (como en el de Zapatero), no lo ha sido.

2.- Sobre la retirada del proyecto: análisis jurídico de la responsabilidad. Vincular la dimisión a la retirada del proyecto es tentador, pero insuficiente y, en todo caso, improcedente. Cierto que la iniciativa partió del Ministerio de Justicia, pero no lo es menos que esa iniciativa con total seguridad se hizo a instancias del Presidente y, en todo caso, con el aval del Consejo de Ministros. No olvidemos que el artículo 4.1.a de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno, establece como atribuciones de los Ministros el “desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno” (el subrayado es mío); tampoco olvidemos que el Consejo de Ministros dio su aval al proyecto, por lo que es de suponer que dicho órgano asumió jurídica y políticamente el contenido del mismo. Según la Exposición de Motivos de la Ley 50/1997 antes citada “tres principios configuran el funcionamiento del Gobierno: el principio de dirección presidencial, que otorga al Presidente del Gobierno la competencia para determinar las directrices políticas que deberá seguir el Gobierno y cada uno de los Departamentos; la colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus miembros, y por último, el principio departamental que otorga al titular de cada departamento una amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su gestión” (los subrayados son míos). No se trata en este caso de un proyecto de Ley auspiciado por el Ministro y que sea rechazado por el Gobierno (en cuyo caso la responsabilidad política última sí que sería del Ministro y, por ende, debiera abandonar el gabinete ante la falta de confianza; se trata de la retirada de un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y del cual, por tanto, es éste órgano el máximo responsable, pues no olvidemos que el “aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado” es una atribución exclusiva del Consejo de Ministros, tal y como explícitamente dispone el artículo 5.1.a de la tantas veces citada Ley 50/1997.

Sin entrar a valorar la falta de coherencia y de valor del Presidente del Gobierno en este tema, lo cierto es que, por utilizar el título de un célebre western de Sergio Leone, hace tiempo que al señor Gallardón le había “llegado su hora”. Llegó a la cartera ministerial rodeado de un aura de jurista competente, de político de ideas avanzadas (“un verso suelto” dentro del partido) y que se propuso de inmediato modernizar la Administración de Justicia, algo que ésta necesita bastante. Pero pronto estas esperanzas se frustraron hasta el punto de que puede, en estricta “justicia” ser considerado uno de los peores ministros del ramo no ya en toda la historia de la democracia, sino incluso si me apuran de toda la historia contemporánea. Se inició como titular de la cartera precisamente quebrando una de las principales promesas electorales de la formación en el ámbito de la Justicia: modificar el sistema de nombramientos de vocales del Consejo General del Poder Judicial para que fuesen los propios jueces quienes lo hicieran. El ministro echó el “freno y marcha atrás” con un argumento absolutamente ridículo, cual es la falta de consenso con la oposición (como si la Ley Orgánica 6/1985 no hubiese sido la imposición de un gobierno sostenido por una amplia mayoría absoluta), con lo cual no sólo se perpetúan las actuales lacras del sistema, sino que incluso se acentúan. Su lamentable gestión incluye la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, de tasas judiciales, que ha contado con la oposición de todos los estamentos vinculados a la Justicia; ley que incluso además ha sido pervertida en su finalidad, dado que la necesaria vinculación del importe de las tasas a la financiación del sistema de asistencia jurídica gratuita (consagrada en la propia legislación) ha sido incumplida de forma flagrante, algo que incluso el propio Gabinete del Ministerio de Justicia ha reconocido. Se ha ganado en sus dos años y medio de gestión la enemistad de jueces, secretarios judiciales, fiscales, empleados públicos vinculados a la Administración de Justicia, Abogados, Procuradores; en resumen, ha logrado la insólita hazaña de poner en su contra a todas las personas sobre las cuales ha de desplegar su gestión. Y eso, a la larga, se paga. Máxime cuando se trata de una persona a la cual el Presidente del Gobierno, una de las personas más rencorosas que ha conocido España desde que Niceto Alcalá-Zamora y Torres ocupara la Presidencia de la República, se la tenía guardada. Y quizá el proyecto de ley del aborto haya sido el instrumento necesario, el desencadenante para desembarazarse de un personaje molesto y, a la postre, políticamente acabado. Parece mentira que alguien presuntamente tan inteligente y despierto como Gallardón haya caído en esta trampa saducea que no sólo ha finiquitado políticamente su carrera, sino lo que es más trágico para él, su propia imagen de político “progresista” y grato a un sector de la izquierda política.

de Monsieur de Villefort Publicado en Política

LAS ABDICACIONES EN ESPAÑA: REFLEXIONES HISTÓRICAS, JURÍDICAS Y POLÍTICAS A RAÍZ DE LA ABDICACIÓN DE JUAN CARLOS I

Corona

Hoy lunes día dos de junio del año dos mil catorce nos sorprendíamos a primeras horas de la mañana con la inesperada noticia de la abdicación del monarca don Juan Carlos I de Borbón, que ocupaba el trono desde que fuera proclamado Rey en aquella ya lejana mañana del día veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y cinco. Son, pues, más de treinta y ocho años de largo reinado, algo que nadie hubiera pensado cuando fue proclamado monarca a la muerte de Francisco Franco. Lo cierto es que pese a ser el heredero a título de rey del general, el referéndum constitucional celebrado el 6 de diciembre de 1978 le otorgó el plus de legitimación popular del que, hasta entonces, carecía. A lo largo de estos años ha tenido momentos gloriosos y momentos desastrosos, épocas de popularidad y épocas de impopularidad.
El año pasado fueron la reina Beatriz de Holanda y ulteriormente el rey Alberto de Bélgica quienes anunciaron públicamente su intención de abdicar la corona en sus herederos. Este año toda a la corona española. En este post pretendemos realizar un triple análisis (histórico, jurídico y político) de las abdicaciones regias.

1.- ASPECTO HISTÓRICO: ABDICACIONES EN LA MONARQUÍA HISPANA.

Aunque inmediatamente las noticias han intentado buscar precedentes, lo cierto es que únicamente son dos las ocasiones en las que un monarca reinante cedió la corona a su sucesor para que éste empuñara el cetro, y tan sólo en una ocasión se produjo por un deseo efectivo de retirarse de la vida pública. Repasemos nuestros últimos quinientos años de historia y las renuncias a la Corona. Distinguiremos en este caso entre abdicaciones (que supone un acto voluntario en virtud del cual se cede voluntariamente la Corona), renuncias (que implican la concurrencia de ciertos elementos que de una u otra manera pueden forzar directa o indirectamente la voluntad regia) y cesión de derechos dinásticos (que implican el simple traspaso de la legitimidad dinástica de un monarca no reinante a sus herederos).

1.- ABDICACIONES. Únicamente existen tres en la historia moderna y contemporánea, y son las siguientes:

A.- Carlos I. Anuncia en 1555 su intención de renunciar al cetro imperial y a la corona española. El monarca, agotado tras tener que bregar la difícil época que le tocó vivir (la reforma protestante, numerosos enfrentamientos en el campo de batalla en los que el emperador se situaba al frente de sus tropas, siendo uno de los últimos en hacerlo de forma efectiva) en su ceremonia de abdicación anunció que pasaba la Corona de España a su hijo Felipe. Carlos I, en efecto, cedió el trono y se retiró de la vida pública, pasando a residir en el monasterio de Yuste, donde falleció en 1558. En ese caso, la renuncia sí estuvo motivada por un deseo de apartarse de la vida pública.
B.- Felipe V. El primer monarca de la casa de Borbón anunció por sorpresa en enero del año 1724 su deseo de renunciar a la corona en favor de su hijo Luis. En este caso el motivo de la abdicación no fue el deseo de retirarse, sino las aspiraciones que el monarca español tenía de empuñar el cetro francés. Los tratados que pusieron fin a la guerra de sucesión vetaron a Felipe de Anjou la posibilidad de acceder al trono francés (para evitar la unión de las coronas hispana y francesa), y por ello decidió abdicar en favor de su hijo. No obstante, las pocas posibilidades de lograr su objetivo último hicieron que, tras el fallecimiento de Luis I en agosto de ese mismo año 1724 debido a la viruela (curiosamente, la misma enfermedad que setenta años más tarde se llevaría a la tumba a Luis XV, el monarca a quien Felipe V deseaba suceder), su padre retomó la Corona nuevamente.
C.- Amadeo I. Tras la revolución gloriosa del mes de septiembre de 1868, los revolucionarios lograron destronar a Isabel II, pero no deseaban prescindir de la monarquía. Los candidatos fueron muchos (desde Antonio de Orleans –duque de Montpensier y cuñado de Isabel II, contra la que conspiró activamente- hasta las pretensiones regias del general Francisco Serrano, pasando por quien tuvo muchas posibilidades, Leopoldo de Hohenzollern Sigmaringen –cuyo apellido el pueblo español “castellanizó” en “ole ole si me eligen”-), pero quien finalmente logró el cetro fue el príncipe Amadeo de Saboya. No obstante, el asesinato de su principal valedor (don Juan Prim y Prats, muerto el 30 de diciembre de 1870, siendo así que el primer acto oficial de Amadeo I una vez llegado a nuestro país fue precisamente el asistir al velatorio del difunto general) y el grave enfrentamiento entre monárquicos, carlistas y republicanos conllevó a que el monarca, harto de la situación, abdicase renunciando a la Corona para sí y para sus descendientes.

2.- RENUNCIAS. Existen tres claros ejemplos de renuncia al trono:

A.- Carlos IV. Este desdichado monarca renunció al trono nada menos que en dos ocasiones. La primera, el 19 de marzo de 1808, tras el motín de Aranjuez, que le obligó a exonerar a Manuel Godoy de todos sus cargos. Fernando VII fue más que proclamado, aclamado popularmente. No obstante, Carlos IV una vez se vio a salvo de las turbas manifestó que su renuncia no fue voluntaria, sino coaccionada, razón por la cual consideró que la misma carecía de validez. Sabido es cómo se solventó el conflicto: apenas dos meses más tarde, Carlos IV renunciaba definitivamente a la corona española en favor de Napoleón Bonaparte. En este caso, en ambas ocasiones la renuncia no fue voluntaria, sino forzada (por las turbas madrileñas la primera, por el entonces amo de Europa la segunda).
B.- Fernando VII. El rey felón renunció a la Corona el día 5 de mayo de 1808 entregándosela de nuevo a su padre. Carlos IV, quien a su vez, como hemos visto, la cede a Napoleón. Se trata claramente de una cesión coercionada, toda vez que, además, se hizo cuando Napoleón responsabilizó a Fernando VII del alzamiento del dos de mayo e incluso amenazó con declararle como rebelde si no restauraba la corona en las sienes de su padre.
C.- Alfonso XIII. Es el acontecimiento histórico más cercano, aunque en esta ocasión la renuncia se denominó pudorosamente “suspensión del ejercicio del poder real”. En el manifiesto dirigido a la nación el 14 de abril de 1931 (redactado por Gabriel Maura y corregido por Francisco Cambó), el monarca indicó que las elecciones celebradas dos días antes le demostraban que “no gozaba del amor” de su pueblo, y ante ello, y con la declarada finalidad de evitar que su presencia o la reivindicación de sus derechos ocasionase un conflicto armado, decidió suspender el ejercicio del poder real. La ausencia de voluntariedad es evidente: el monarca interpretó las elecciones municipales erróneamente como un plebiscito y decidió otorgarles el valor de referéndum sobre la monarquía, y coherentemente con esa interpretación decidió poner tierra de por medio, “antes de la puesta de sol”, en pomposa frase de don Niceto Alcalá Zamora y Torres, quien como primer presidente de la Segunda República se reveló digno heredero político de su regio predecesor, dado que su influencia en los asuntos gubernamentales y en determinadas decisiones no fue interior a la del tan criticado don Alfonso.

3.- CESIÓN DE DERECHOS DINÁSTICOS. Se trata de la transmisión de, llamémoslo así, la legitimidad histórica de un monarca no reinante a su heredero legal. Tenemos igualmente tres ejemplos: el de Isabel II (que destronada en 1868, renunció un par de años más tarde en su exilio parisino sus derechos históricos en favor de su hijo Alfonso), el de su nieto Alfonso XIII (que, exiliado igualmente tras ser destronado en 1931, en su exilio italiano transmitió los derechos históricos a su tercer hijo Juan –tras las renuncias de los príncipes Alfonso y Jaime, a quienes su padre literalmente obligó a renunciar a la sucesión-) y el de don Juan de Borbón, siendo esta última una cesión peculiar, dado que lo hacía un monarca no reinante en favor de un monarca reinante.

2.- ASPECTO JURÍDICO: EL TRATAMIENTO DE LA RENUNCIA EN LA CONSTITUCIÓN.

El Título II de la Constitución, que engloba los artículos 56 a 65, lleva por rúbrica “De la Corona”. Es uno de los títulos que goza de un refuerzo o garantía frente a toda posible modificación constitucional, dado que por mor del artículo 168 de la Constitución exige que se utilice el procedimiento agravado o reforzado, que implica una mayoría más amplia que la reforma ordinaria (se exigen dos tercios en lugar de tres quintos de ambas cámaras) y un necesario referéndum vinculante, fragmentándose además el procedimiento en dos fases distintas que han de ser abordadas por dos legislaturas: una que proponga la reforma y otra distinta (tras la necesaria e imprescindible disolución de las Cortes) que apruebe dicha iniciativa.
Pues bien, el artículo 57.5 de la Constitución establece que “Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”. En definitiva, que la abdicación de don Juan Carlos I ha de “resolverse” por una ley orgánica que la apruebe o la rechace. Jurídicamente el Congreso (que es el único órgano que tiene la iniciativa en materia de Ley Orgánica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1 de la Constitución) no está vinculado a la decisión tomada por el Rey, aunque parece impensable que en la práctica el instrumento legislativo que de solución a la abdicación se aparte de los deseos del monarca.
En cuanto a la proclamación del nuevo monarca, el artículo 61.1 del texto constitucional establece que “El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónoma”. Es decir, que el mismo habrá de ser proclamado ante las “Cortes Generales” (órgano distinto de la mera suma de Congreso y Senado) tras prestar el oportuno juramento constitucional.
Indicar, por último, que en los casi treinta y seis años que han transcurrido desde la aprobación del texto constitucional, no se ha considerado conveniente o necesario desarrollar legislativamente las previsiones del Título II. Como siempre, en nuestro país se hace todo de forma improvisada y con prisas, de tal manera que es presumible que de forma atolondrada desde la cúpula gubernamental se tramite con prisas un proyecto tendente, entre otras cosas, de recoger el futuro status del hasta ahora monarca.

3.- ASPECTOS POLÍTICOS: LUCES Y SOMBRAS.

Para empezar, las formas ya han fallado. El año pasado los monarcas de Holanda y Bélgica no se escondieron tras sus respectivos gobiernos (a quienes es de suponer informaron con anterioridad de su decisión), sino que comparecieron personal y exclusivamente ante las cámaras de televisión para dar la noticia y anunciar las razones que motivaban su renuncia. En nuestro país, por el contrario, el presidente del Gobierno sirvió de telonero a la aparición estelar del monarca tres horas más tarde. Este es un primer punto que entiendo (es una opinión personal) no procede: no es el presidente del Gobierno quien debe ofrecer al público la noticia, sino el propio monarca.
En segundo lugar, se han ofrecido varios datos que son, cuando menos, extraños. Se dice que la decisión estaba tomada desde el mes de enero, y en las últimas horas se ha apuntado que tanto el jefe de Gobierno como el líder de la oposición eran conocedores de la misma. Si la decisión estaba tomada ¿A qué viene el retraso –casi medio año- en su anuncio? ¿Acaso se esperaba que la mera presencia del Rey sirviese como medio de cauterizar la continua perdida de sangre derivada de las numerosas heridas que al texto constitucional están produciendo los órganos centrales como periféricos? ¿Se pensaba acaso que su permanencia sería el bálsamo de Fierabrás frente a las amenazas del separatismo catalán y la más que evidente crisis constitucional derivada de la falta de adaptación del sistema a los tiempos modernos? ¿Acaso esta decisión tiene motivos más profundos que encubren otros de naturaleza física o personal? En este último caso no puedo dejar de traer a colación la anécdota que cuenta Carlos Seco Serrano en las páginas introductorias a Narváez y su época, la obra inconclusa de su maestro Jesús Pabón y Suárez de Urbina; Seco hizo en su día público que Pabón, siendo director de la Real Academia de la Historia, tenía redactado en forma y debidamente firmado un escrito de renuncia, sin más omisión que la fecha, medida precautoria que el maestro de historiadores había tomado por si, según sus propias palabras, en su día sus facultades llegaran a mermar tanto que le incapacitasen para el ejercicio de sus funciones la Academia pudiese contar con ese instrumento que le protegería tanto a él como a la institución.
Lo cierto es que el monarca se va en un momento políticamente delicado. La evidente y notoria crisis constitucional unida a los desafíos del separatismo catalán hacen que estos días sean muy difíciles, y se asemejan peligrosamente a lo ocurrido justo hace cien años, cuando el sistema instaurado por Cánovas en 1876 y que tan buenos e innegables frutos había dado en su momento fue incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos avanzando hacia la democracia. Entonces la clase política dirigente optó por ignorar la realidad, perpetuarse en el poder y mantener un sistema que hacía aguas por todos los lados. Ya sabemos cómo terminó: con una dictadura militar (por cierto, apoyada expresamente por un tal Pablo Iglesias, uno de cuyos sucesores en el partido llegó a figurar como consejero de Estado en el régimen presidido por el Marqués de Estella), dictablanda, república y guerra civil. Debemos aprender de los errores del pasado y no negar la realidad: que es menester un cambio profundo a todos los niveles, con nuevos modos, nuevas formas y nuevas caras.
El monarca ha cedido el paso a una generación más joven; el principal partido de la oposición busca un líder entre las nuevas generaciones, y una formación política que ha irrumpido con fuerza tras las últimas elecciones europeas se ha articulado en torno a la juventud, si orillamos la presencia anecdótica del inefable Carlos Jiménez Villarejo, que formó parte del Ministerio fiscal en la época franquista (el diario entonces denominado Vanguardia Española publicaba en la página 32 de su edición del día 1 de abril de 1962 un breve anuncio: “Por órdenes del Ministerio de Justicia que publica el Boletín Oficial del Estado se destinan a la audiencia Territorial de Barcelona con los cargos de abogados fiscales a don Carlos Jiménez Villarejo y don José Barrenechea de Castro”) y fue nombrado fiscal anticorrupción en los noventa por un gobierno socialista ahogado por escándalos de tal carácter (lo cual, por cierto, determina lo injusto de quienes le acusan de “antisistema”, pues cual nuevo Manolo Vivar de Alda parece acomodarse a cualquiera). Parece ser que el único que ha decidido no sólo no renovarse, sino continuar impasible el ademán es el Presidente del Gobierno, encantado de haberse conocido.

de Monsieur de Villefort Publicado en Política

LA SUPERVISIÓN DEL PUEBLO SOBRE EL GOBIERNO Y SUS LÍMITES: REFLEXIONES ACTUALES A LA LUZ DE LA WHISKEY REBELLION DE 1794.

Whiskey rebellion

En los últimos tiempos, a raíz de las medidas impopulares tomadas por gobiernos democráticamente elegidos y la contestación que a las mismas plantean diversos colectivos a través del ejercicio del derecho de manifestación, se ha planteado una cuestión que está inserta en el nervio de todo sistema con pretensiones democráticas y que en el fondo tiene su miga: la influencia del pueblo en el gobierno. ¿Dicha influencia ha de quedar limitada única y exclusivamente a los comicios, de tal forma que una vez celebrados estos el gobierno electo únicamente responderá en las siguientes elecciones? ¿O por el contrario, el pueblo tiene el inalienable derecho de supervisar continuamente la acción gubernamental? La respuesta no siempre es sencilla, y el autor de estas líneas pretende ilustrarlo con un ejemplo extraído de la historia política estadounidense y que se planteó justo cuando la nueva nación apenas contaba con un lustro de experiencia política bajo la Constitución de 1787 que entró en vigor un par de años más tarde.

Como todo el mundo sabe, los Estados Unidos nacieron precisamente por una rebelión colonial contra la metrópoli por el uso abusivo de la potestad fiscal y la vulneración del principio no taxation without representation. Ya como nación independiente, dotada de un texto constitucional propio y con unas instituciones representativas elegidas, la Cámara de Representantes aprueba en enero de 1791 por una amplia mayoría (35 votos frente a 21) la Excise Whiskey Tax, una ley que creaba un impuesto sobre dicha bebida alcohólica. Dicha norma se englobaba dentro del amplio plan del ambicioso Alexander Hamilton, Secretario del Tesoro, para crear un poder federal robusto así como para garantizar la asunción por el gobierno federal de las deudas de los estados que hubieran sido incapaces de satisfacer las deudas derivadas del conflicto bélico a través del cual habían logrado a la independencia (que afectaba fundamentalmente a los que integraban Nueva Inglaterra, que eran los que asumieron mayor esfuerzo económico en la contienda). Dichas medidas no gozaron de mucha popularidad y generaron lo que la historiografía estadounidense denominó Whiskey rebellion, donde incluso se llegó al punto de amenazar y coartar a los enviados del gobierno federal encargados de recaudar los importes derivados de dicho tributo. El enfrentamiento entre los federalistas liderados ideológicamente por Hamilton y los republicanos encabezados por Thomas Jefferson tuvo en este caso un nuevo foco de conflicto, y se centró en la legitimidad de las protestas y, sobre todo, en la influencia que el pueblo debía tener sobre las autoridades elegidas. En este sentido, la respuesta que se dio fue doble:

1.- Por un lado, Washington, Hamilton y los federalistas estaban absolutamente de acuerdo en que los Estados Unidos era un gobierno del pueblo, no en vano el mismo texto constitucional se iniciaba con las tres célebres palabras “We, the people”. Ahora bien, el pueblo hace oir su voz a través de los procesos electorales en los cuales elige a las Cámaras y al Presidente. Una vez elegidos éstos y si la elección se ha ajustado a los procedimientos constitucional y legalmente establecidos, en modo alguno debían estar mediatizados por ningún poder fáctico, sin perjuicio, obviamente, de que su gestión política sería objeto de censura en el ulterior proceso electoral. No obstante, en el periodo de tiempo que transcurre entre unos y otros comicios, el pueblo carece tipo de influencia sobre las instituciones.

2.- Los republicanos encabezados por Thomas Jefferson sostenían, por el contrario, que el pueblo tenía el legítimo derecho a que sus intereses fueran tenidos en cuenta en todo momento, y no sólo a través de los comicios. Por ello, el pueblo tenía el legítimo e inherente derecho de supervisar la acción de los políticos, pues no en vano el propio líder del republicanismo, redactor material de la Declaración de Independencia, había escrito que los gobiernos están instituidos para lograr la felicidad de los gobernados.

Ahora bien, incluso los propios republicanos abominaron expresamente de la violencia y los métodos expeditivos. Cuando el descontento provocado por la aprobación del impuesto federal llegó incluso a manifestarse a través de las armas, los propios medios de difusión republicanos llamaron al orden. “Si cada parte de la república se alza en armas para evitar la ejecución de leyes que no desean retrocederíamos a un estado de anarquía y barbarie y quedaríamos privados de las ventajas de una sociedad avanzada”, se podía leer en el republicano General Advertiser. Es más, en ese mismo periódico que en aquellos instantes se encontraba en abierta oposición a las medidas gubernamentales, pocos días después un artículo escrito por quien se ocultaba bajo el seudónimo “un demócrata” llegaba a comparar la rebelión armada no ya con un acto retrógrado, sino con un apelativo muchísimo peor, aquel precisamente con el que los seguidores de Jefferson motejaban a sus rivales: aristocrático. “El principio nuclear de una democracia es que el gobierno se instituye para la felicidad de la mayoría. El primer paso es arrojarlo en las manos de unos pocos. Acaso quienes se han opuesto por la fuerza a la ejecución de una norma federal no favorecen introducir este principio aristocrático? Si la minoría piensa que se encuentra oprimida por la ley únicamente existe un modo de solucionarlo: por medio de la razón haciendo que la mayoría se sitúe de su parte; si fracasan, su deber es someterse; pero si acuden a las armas, la mayoría puede hacerlo igualmente, y entonces la minoría o bien se convierte en una aristocracia o bien ha de someterse al castigo debido a su injusta acción”.

Interesantísimo ejemplo que, como el lector podrá comprobar, no carece de actualidad.

EL PARTIDO POPULAR DE GIJÓN EN EL PURGATORIO POLÍTICO Y JURÍDICO.

Purgatorio

El diario La Nueva España de hoy día treinta de Marzo de dos mil catorce ofrece una amplia entrevista a doble página de Ángeles Fernández-Ahuja presidenta de la gestora del Partido Popular de Gijón por la Gracia de doña Mercedes Fernández, a su vez todopoderosa líder del Partido Popular de Asturias por la Gracia del dedo de Mariano Rajoy. Sin duda la manifestación más hilarante de esta señora es achacar a Foro Asturias una “falta de respeto a las reglas del juego democrático”, manifestación que sin duda alguna vendrá derivada del absoluto ejemplo ofrecido en las propias bancadas populares gijonesas, donde el Partido Popular ha vulnerado nada más y nada menos que sus propios estatutos. Uno ya no sabe si el Partido Popular de Gijón, y por extensión el de Asturias, se ha situado definitivamente en las órbitas de los esperpento de don Ramón María del Valle Inclán o de las más cómicas astracanadas de don Pedro Muñoz Seca. Lo que no cabe duda alguna es que tanto Fernández-Ahuja como Fernández a secas se han equivocado de tiempo y de siglo, pues sus actitudes son más propias del más siniestro caciquismo electoral español de finales del siglo XIX. Hagamos un repaso de la situación, tanto desde el punto de vista político como jurídico.

1.- Análisis político. Conviene tener en cuenta las siguientes circunstancias:

A.- El domingo día 22 de Mayo de 2011 se celebraron elecciones en trece de las diecisiete Comunidades Autónomas así como elecciones municipales en todos los Ayuntamientos. En el Principado de Asturias, contra todo pronóstico, la más votada fue una formación política de tan sólo tres meses de antigüedad, Foro Asturias, con 16 diputados autonómicos, seguida muy de cerca por el Partido Socialista Obrero Español con 15 (que perdía 6 escaños), el Partido Popular con 10 (uno de los más sonoros varapalos electorales al perder justo la mitad de su representación política) e Izquierda Unida con 4. En el Ayuntamiento de Gijón el más votado fue el Partido Socialista Obrero Español con 10 concejales (pierde 3), seguido de Foro Asturias con 9, el Partido Popular con 5 (es decir, pierde 7 de sus concejales, más de la mitad de su representación) e Izquierda Unida con 3. Esa misma noche electoral el gran perdedor, el por entonces presidente del Partido Popular de Asturias, Ovidio Sánchez, sale exultante en la televisión diciendo, y cito textualmente: “Hemos ganado”.

2.- En Gijón se produjeron muchas tensiones en el seno del Partido Popular entre quienes deseaban apoyar a Foro Asturias (para poner fin a un ciclo de treinta y dos años ininterrumpidos de socialismo en Gijón) y entre quienes deseaban abstenerse y dejar que el Partido Socialista continuase su desgaste en el Gobierno y Foro se diluyese en la oposición. Finalmente, pensando quizá que la abstención sería un suicidio político, la entonces presidenta del Partido Popular de Gijón, la concejal Pilar Fernández Pardo, decidió apoyar a Foro Asturias, que logró hacerse con el bastón de mando de la Alcaldía, privando al candidato socialista, Santiago Martínez Argüelles del ansiado cargo de primer edil desde el cual pretendía hacer de protector de los suyos, ofreciendo amparo a quienes se quedaron sin hueco en el Principado y pretendiendo, desde Gijón, catapultar así su carrera hacia mayores logros políticos.

3.- Ante el desastre electoral de 2011, Ovidio Sánchez se ve obligado muy a su pesar a dimitir como presidente del Partido Popular de Asturias, siendo elegida sorprendentemente para dicho cargo en febrero de 2012 Mercedes Fernández, la persona que había fracasado estrepitosamente en su carrera política y que obtendría un fracaso más estrepitoso aún en las elecciones autonómicas de 2012. Se cumple así el principio político esencial que inspira a los populares asturianos: fracaso político, puesto seguro.

4.- Ante la inaudita alianza PSOE-PP en el Principado de Asturias, el Presidente del Principado, Francisco Álvarez Cascos, disuelve el Parlamento regional por vez primera y convoca elecciones para el día 25 de marzo de 2012. El Partido Popular decide en un gesto difícilmente comprensible confiar la cabeza de lista autonómica a la gran fracasada política asturiana, Mercedes Fernández, eterna candidata a la alcaldía gijonesa y cuyos “logros” políticos se limitan a haber sido Delegada del Gobierno gracias al dedo de José María Aznar y Síndica de Cuentas del Principado gracias a un intercambio de cromos con el PSOE. Como no podía ser menos, Mercedes Fernández es sinónimo de fracaso electoral. El PSOE obtiene 17 escaños (gracias a una más que discutible sentencia del Tribunal Constitucional que le otorga el decimoséptimo escaño en detrimento de Foro), Foro Asturias 12, el Partido Popular 10, Izquierda Unida 5 y Unión, Progreso y Democracia 1.

5.- Desde su llegada a la Presidencia del Partido Popular de Asturias, la gran fracasada de la política asturiana comenzó la operación acoso y derribo del Partido Popular de Gijón, dado que éste estaba en posición de ser clave para el desarrollo del gobierno local, algo que ella en todos sus infinitos años no había logrado jamás. El desencuentro, que adquirió ribetes incluso personales, finalizó abruptamente cuando Pilar Fernández Pardo solicita la convocatoria de un Congreso local del Partido Popular de Gijón. Desde la dirección regional, Mercedes Fernández se niega en redondo (sin duda alguna dado su proverbial y legendario historial de fracasos políticos que habrá lógicamente derivado en pavor a todo cuanto se parezca a urna electoral o elecciones libres) y mediante Resolución del Comité Ejecutivo Regional de fecha 14 de febrero de 2013 acuerda como especial regalo de San Valentín no autorizar el Congreso ordinario de la Junta Local y constituir una Comisión Gestora al frente de la cual Mercedes Fernandez coloca en base al “ordeno y mando” a Ángeles Fernández Ahúja. El texto de la Resolución supone un ejercicio de cinismo sin precedentes y no tiene desperdicio, porque entre otras cosas imputa a la sección local “debilitamiento de la organización electoral” (por lo que se ve en el Principado de Asturias el apoyo electoral del Partido Popular en las elecciones de 2011 con pérdida del 50% de representación debió considerarse todo un éxito), “imposibilidad de celebrar ningún acto de envergadura en las pasadas elecciones autonómicas” (sin indicar si ello se debió a la dirección regional o a la local y, en caso de ser imputable a esta última, sin inquirir las causas últimas de tamaña situación), la “patente división interna”, la “desatención de los asuntos municipales” (esta es una imputación gravísima que en cualquier país civilizado hubiera determinado una investigación rigurosa, cosa que aquí no se ha hecho); pero, sobre todo, lo más gracioso es que se imputa “la impericia para defender los intereses de Gijón sin perder la identidad y los valores del Partido Popular” (por lo visto los diputados regionales debían considerarse un ejemplo de pericia técnica por los dirigentes regionales, sobre todo don Fernando Goñi, con su extenso currículum académico homologable a esas lumbreras de la política que fueron don José Blanco, don José Montilla o don Celestino Corbacho). En definitiva, que reconociendo la división interna, ésta no se dilucida por vía de un congreso local, sino de una imposición externa al más puro estilo del caciquismo electoral decimonónico.

6.- Pilar Fernández Pardo dimite, y con ella otro concejal, siendo así que Mercedes Fernández tiene el campo libera para intervenir abiertamente la sección local merced a la creación de una gestora al frente de la cual sitúa a una persona de su confianza que ni tan siquiera había pasado por las urnas. Manuel Pecharromán, antaño rival de Mercedes Fernández para optar a la presidencia de los populares asturianos pero que retiró su candidatura al comprobar que su rival era la ungida por el mesías, pasó de ser rival a besapiés, situándose como cabeza visible de los populares en el Ayuntamiento, donde vegeta intentando hacer el lamentable papel que desde la superioridad le imponen.

7.- La gestora local del Partido Popular de Gijón se constituye en febrero de 2013. A fecha de hoy, treinta de marzo de 2014, aún no se ha decidido cuándo se celebrará el Congreso local del Partido Popular de Gijón (quizá porque aún los jefazos regionales no tengan asegurados los votos suficientes), aunque eso sí, con una faz que se la pisan, los jerarcas autonómicos y locales piden a voz en grito que no haya “ni vencedores ni vencidos” (sic).

2.- Análisis jurídico. El artículo 6 de la Constitución indica que “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. El desarrollo legal de dicho precepto se contiene en la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio, de Partidos Políticos, que deroga expresamente la preconstitucional Ley 54/1978 de 4 de diciembre de Partidos Políticos. Pues bien, la Ley Orgánica 6/2002 dispone en su artículo 6 que “Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes” reiterando el artículo 7 el mandato constitucional en el sentido que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Pese a que el artículo 7.2 establece una estructura orgánica mínima, lo cierto es que los partidos se regirán por lo que dispongan sus estatutos que, con la salvedad de estar constreñidos por esos límites constitucionales y legales, son los que regirán imperativamente el funcionamiento d la entidad; así, el artículo 3.1 impone como contenido mínimo imprescindible del documento público fundacional “los estatutos por los que habrá de regirse el partido que trata de constituirse”, remitiéndose el ya citado artículo 7 a los estatutos en cuanto a organización y, lo que es más importante, “Los estatutos deberán prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos”. Por tanto, se establece una jerarquía normativa clara: Constitución, legislación y estatutos.

Pues bien, el artículo 35 letra e) de los Estatutos del Partido Popular, incluye entre las competencias de los Comités Ejecutivos “Nombrar Comisiones que gobiernen transitoriamente algunas de las organizaciones territoriales dependientes de ellas, siempre que se aprecien graves circunstancias que así lo aconsejen. De la misma forma podrá asumir el gobierno de alguna de estas organizaciones a través de las personas que designe. En ambos casos la transitoriedad de la situación no podrá exceder de seis meses. Transcurrido dicho plazo de tiempo se convocarán elecciones en los dos meses siguientes”. Obsérvese que los estatutos utilizan taxativamente la forma verbal imperativa (“no podrá”, “se convocarán”). En otras palabras, que la constitución de comisiones o gobiernos unipersonales como mecanismo de intervención directa de los Comités Ejecutivos Territoriales respecto a las organizaciones inferiores de ellos dependientes se configura como algo excepcional (“cuando se aprecien graves circunstancias”) y con una limitación temporal clara: no podrá superar los seis meses, transcurridos los cuales deberán convocarse elecciones en los dos siguientes.

Pues bien, el Partido Popular de Gijón se encuentra en la peculiar situación de situarse al margen de la legalidad que estipulan sus propios Estatutos. Y es que, constituida la gestora el 14 de febrero de 2013, el plazo máximo que estatutariamente se establece para dicha medida transitoria ha finalizado el 14 de agosto de 2013, por lo cual como fecha tope el día 14 de octubre debieran haberse convocado elecciones. Han transcurrido seis meses desde esa fecha tope del 14 de octubre sin que se conozca aún la fecha del congreso, por lo cual el Partido Popular Gijonés se encuentra al margen de la legalidad vigente.

 Por todo ello no pueden causar más que perplejidad las declaraciones de la señora Fernández Ahúja cuando manifiesta textualmente, refiriéndose a Foro Asturias, que “En un Estado de derecho, si no tienes mayoría absoluta o buscas alianzas o pierdes votaciones.” Es una lástima que la filosofía de ese mensaje no se la aplicasen la propia Ahúja o su valedora principal, Mercedes Fernández, claro que ello supondría nada menos que hacerse el harakiri político. Claro que la desvergüenza y cara dura política de la dirigente regional ha superado ya las líneas de la decencia política cuando comparó su apoyo a las modificaciones presupuestarias del gobierno socialista presidido por Javier Fernández con la trayectoria política del recientemente desaparecido Adolfo Suárez. En parte tiene razón; Mercedes Fernández ha querido, en efecto, emular al Adolfo Suárez que, ante la perplejidad de su amigo el democristiano Alfonso Osorio, manifestó que iba a disputarle el voto de izquierda a Felipe González, con los exitosos resultados que de ello derivaron para la UCD en 1982; eso sí, la señora Fernández se encuentra a años luz de ostentar la dignidad y decencia política de la que hizo gala Suárez cuando el 26 de mayo de 1991, la misma noche electoral que supuso un descalabro para el Centro Democrático y Social en las elecciones autonómicas y locales, dimitió de su cargo.

de Monsieur de Villefort Publicado en Política

IN MEMORIAM: ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ (1932-2014)

Fernando Herrero - Adolfo Suárez

¿Quién le iba a decir a aquel joven abulense que participó como extra en la película Orgullo y pasión (al lado de astros del séptimo arte como Sophia Loren, Cary Grant y Frank Sinatra) que se haría un hueco en la historia política española y universal? Pero lo cierto es que Adolfo Suárez González, nacido en el pueblo de Cebreros, en la provincia de Ávila, ha entrado por méritos propios con letras mayúsculas en la historia política española.

Con motivo del óbito de Adolfo Suárez, que se produjo a las quince horas y tres minutos del día veintitrés de marzo de dos mil catorce, todos los medios de comunicación iniciaron una programación especial repasando la vida pública y privada de quien fuera el primer presidente de la democracia española. Como suele ocurrir con las personas fallecidas, todo aparecía de color de rosa y aunque en la vida del duque de Suárez hay muchas más luces que sombras, no todo es blanco o negro, sino que existe una amplia gama de grises. El propio Suárez lo reconocía así en una entrevista realizada a finales de los años noventa y emitida por la televisión pública. De todos los titulares que la noticia ha provocado, quizá el más atinado por lo certero es el publicado por Libertad Digital: “Adolfo Suárez muere: su legado agoniza”, que no hace más que expresar la tesis central expuesta por Federico Jiiménez Losantos en su breve nota Las tres muertes de Adolfo Suárez, donde su tesis central se expresa en unas pocas líneas: “Por eso, el acabamiento de Suárez no es sólo el del final de una época sino el del final de su gran éxito, el del régimen democrático que, después de una Transición que hoy se antoja milagrosa, ayudó a traer a España. Suárez ha muerto cuando hace tiempo que murieron su talento y su obra política. Y van a celebrar sus exequias los enterradores de lo que, más allá de cualquier valoración, es su legado: el régimen constitucional del 78”. Y es que, en efecto, cuando el sistema constitucional de 1978 hace aguas por todos sitios entre las bravuconadas de unos y las omisiones suicidas de otros, el rostro visible de la época constituyente desaparece físicamente del orbe. Simbólico, ciertamente.

Contra lo que pueda parecer, Adolfo Suárez no fue la primera persona en la que se pensó para capitanear la transición. La persona elegida para ello era Fernando Herrero Tejedor, un brillantísimo profesional del mundo jurídico (llegó a ser Fiscal del Tribunal Supremo) con una amplia experiencia política y que era, precisamente, el que introdujo a Suárez en la política. Persona de honestidad personal probada, con excelentes relaciones de amistad y muy bien visto por todas las familias del régimen, sus cualidades personales le hacían la persona ideal para pilotar el rumbo de la política en los difíciles años que habrían de venir. Cuando a principios de 1975 Arias Navarro decidió incorporar a Herrero Tejedor en el gabinete como Ministro Secretario General del Movimiento, éste llevó como segundo a Adolfo Suárez. Desgraciadamente, en junio de 1975 un accidente de tráfico segó la vida de Herrero y momentáneamente relegó a Suárez a un discreto segundo plano. A la muerte de Franco, el monarca pensó en Torcuato Fernández Miranda como presidente del Gobierno, pero éste le convenció de que serviría mejor al rey como Presidente de las Cortes, aún a costa del enorme sacrificio de mantener a Carlos Arias en la presidencia del gobierno. Carlos Arias, desgarrado interiormente por dos tendencias contradictorias que le anulaban como político (su sincero deseo de cambio –por muy moderado o timorato que fuese- chocaba con la percepción que de sí mismo tenía como albacea político del Caudillo), ofreció su dimisión al rey cuando éste se lo insinuó (tanto el Rey como José María de Areilza reconocieron públicamente que en este sentido Carlos Arias fue un caballero). Entonces llegó el momento Suárez, precisamente cuando Fernández-Miranda anunció que estaba en condiciones de otorgar al Rey lo que éste le había pedido.

Ha de reconocerse que Suárez no fue una persona cultivada. Ello no empequeñece su figura ni su calidad. Joseph Ellis, en el prefacio a su biografía de Washington, indica que: “Creo que Benjamín Franklin era más sabio que Washington; Alexander Hamilton más brillante; John Adams más culto; Thomas Jefferson más intelectualmente sofisticado; James Madison políticamente más astuto. Sin embargo, cada una de estas prominentes figuras reconoció que Washington era incuestionablemente superior a ellos”. En efecto, Manuel Fraga estaba intelectualmente a años luz de Adolfo Suárez; Torcuato Fernández Miranda estaba muchísimo más preparado políticamente; José María de Areilza tenía un prestigio internacional claramente superior; Alfonso Osorio estaba asentado sobre bases políticas mucho más firmes. Sin embargo, Adolfo Suárez tenía algo que le hacía situarse por encima de los demás: su charm, su encanto; la capacidad de llegar no sólo a su interlocutor del momento, sino al español medio que, en la etapa fundamental de la transición, era la base social que habría de asentar el régimen democrático al que España debía llegar. Se ha dicho que Suárez fue el padre de la reforma política; no es cierto. La Ley para la Reforma Política es obra personal del asturiano Torcuato Fernández-Miranda; ahora bien, las innegables cualidades intelectuales de don Torcuato no venían acompañadas de la necesaria capacidad de persuasión, en la que el joven Adolfo Suárez descollaba. Por utilizar un símil musical, Torcuato Fernández Miranda fue el compositor y Adolfo Suárez el intérprete. Uno supo dar con los compases adecuados y el otro ejecutarlos de forma insuperable ante el gran público. Por eso, los años políticamente más brillantes en el mandato de Adolfo Suárez fueron aquéllos en los que don Torcuato estaba en la sombra tutelando desde su privilegiada atalaya de Presidente de las Cortes la marcha de los acontecimientos. Adolfo Suárez quiso volar sólo y se sacudió la tutela del asturiano, que dimitió de su cargo poco antes de las elecciones de junio de 1977 retirándose definitiva y discretamente de la vida pública. Tras la victoria de la Unión de Centro Democrático, seguido a corta distancia por un emergente y poderoso Partido Socialista Obrero Español, aún pudo Suárez gozar de un año de paz debido al consenso o acuerdo básico de todas las fuerzas para elaborar una Constitución. Aprobada ésta por el pueblo español y celebradas las elecciones generales de 1979, todo fue amargura para Adolfo Suárez. El Partido Socialista en general y Felipe González en particular jamás le perdonaron su intervención televisiva en víspera de los comicios, cuando Suárez pintó un negro panorama en caso de una victoria electoral de sus rivales socialistas (¡quién le iba a decir entonces a Suárez que poco después aspiraría a disputarle desde la propia UCE el voto izquierdista a Felipe González, como reconocería a su amigo Alfonso Osorio); la UCD se desgarraba interiormente; los rumores de golpes de Estado arreciaban mientras el país era golpeado de forma inmisericorde por una crisis económica y por un terrorismo que llegó a su culmen precisamente en el año 1980. Acosado por sus propios compañeros de partido, Suárez decidió ser personalmente honesto (aunque también pesó y no poco el deseo de preservar su imagen pública para la historia) y dimitió cuando se enteró oficiosamente que un sector no desdeñable de la UCD estaba en tratos con el PSOE y con otras fuerzas para aprobar una moción de censura. Tal maniobra se abortó el 29 de enero de 1981 con su dimisión tanto como Presidente del Gobierno como de la Unión de Centro Democrático, a la que hundió políticamente al crear su propio proyecto con el Centro Democrático y Social, que tuvo su momento de gloria en las elecciones de 1986 para decaer lentamente hacia su desaparición, a la que contribuyó y no poco la decisión de su fundador de retirarse de la vida pública en 1991.

Suarez tuvo muchos aciertos, pero también equivocaciones, derivadas todas ellas de su osadía política, dicho sea esto en el mejor de los sentidos. A mi entender, son tres los errores básicos de Suárez, uno de los cuales pudo enmendarse, aunque los otros dos aún siguen pesando como una losa. El primero, la legalización del PCE afortunadamente salió bien, aunque a punto estuvo de costar lágrimas amargas. Todo el gabinete estaba convencido de que más tarde o más temprano era una medida que debía tomarse (Rodolfo Martín Villa reconoció que incluso Gabriel Pita da Veiga –el Ministro de Marina, que se sentaba a su lado en las reuniones del Consejo de Ministros- le reconoció que esa decisión habría que tomarla necesariamente) pero Suárez, en lugar de informar al gabinete, la tomó de forma unilateral poniéndola sólo en conocimiento de sus círculo más íntimo, en el que sólo se encontraba Gutiérrez Mellado; la mayoría de los ministros se enteraron por la televisión, y ello estuvo a punto de ocasionar una crisis de gobierno por la deserción masiva de los ministros, que gracias a la labor de Alfonso Osorio y a que Suárez invocó el nombre del Rey la crisis quedó limitada a la marcha del Ministro de Marina. Las otras dos decisiones que siguen pesando hoy negativamente son la decisión de Suárez de enterrar a los guardias civiles víctimas de atentados terroristas de forma discreta y en ocasiones sin reconocimiento y por la puerta de atrás, así como la decisión de generalizar el régimen autonómico con el consabido “café para todos”, otorgando a las autonomías competencias que jamás debieron salir de manos estatales. Sin embargo, ha de reconocerse que estas son decisiones que pueden reconocerse como evidentes errores a posteriori, cuando pueden contemplarse con la perspectiva de los años.

Una única actuación, solo una de Suárez merece reproche. Y no es una decisión política, sino personal: su ausencia en los funerales de Torcuato Fernández Miranda y Joaquín Garrigues Walker, fallecidos ambos en el difícil año de 1980. Y conste que sorprende y mucho esta actitud en quien, católico practicante, nunca ocultó su agradecimiento a su padrino político Fernando Herrero Tejedor (en una entrevista reconoció que iba todos los años a poner flores a su tumba) y que jamás de los jamases (dicho sea en su honor) renegó de haber formado parte del régimen ni habló mal de Francisco Franco.

Con todo, con sus errores y sus aciertos, Adolfo Suárez González entra ya de lleno en la historia española y, para quienes pasamos de la cuna a la infancia bajo su presidencia, recordaremos su figura como la que presidió el país cuando se almacenaban en nuestra memoria los primeros recuerdos. Desde esta bitácora, deseamos con esta entrada rendir un sincero homenaje a la figura de Adolfo Suárez González, por quien (he de reconocerlo con total honestidad) si a nivel humano y personal siempre he sentido simpatía, ésta no se extiende hacia lo político. Descanse en paz.

Post Scriptum: La vida tiene a veces paradojas difíciles de explicar. Hace poco menos de un mes, el veinticinco de febrero de dos mil catorce, fallecía a los sesenta y cuatro años el fiscal Fernando Herrero-Tejedor Algar, hijo del político del mismo nombre que fue el padrino de Adolfo Suárez. Curiosamente, en 1977 fue nombrado teniente fiscal de la provincia de Ávila. La cercanía existente entre la familia Herrero-Tejedor y la familia Suárez la narra de forma magistral Luis Herrero-Tejedor Algar (hermano del recientemente fallecido Fernando) en el libro “Los que le llamábamos Adolfo”.