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DIMISIÓN DE CARLOS LESMES Y «DETERIORO» DEL PODER JUDICIAL: BREVE REFLEXIÓN PERSONAL AL RESPECTO

El pasado domingo día 9 de octubre de 2022, Carlos Lesmes hacía pública su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Lo que realmente sorprende no es tanto el hecho en sí, sino la forma y el momento de hacerlo: en cuanto al momento, si no con “nocturnidad” stricto sensu, sí que lo ha efectuado en el día festivo por antonomasia; por la forma, dado que no lo ha hecho con una nota o escrito de renuncia oficial, sino en un vídeo dirigido al público en general y con un tono y maneras más propias de un político que de un magistrado.

La verdad es que el proceso de renuncia de Lesmes recuerda la escena del clásico film Esa pareja feliz en la que un cantante, interpretado por el actor José Franco, entonaba, vestido de marinero, un “amigos, amigos, amigos, me voy” mientras el coro le respondía con un divertido pero veraz: “dice que se va, pero no se va”.

Analicemos los motivos que expone como causa de su renuncia:

Primero.- Se refiere al “patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar” (sic), dando a entender que tiene su origen en la no renovación del Consejo. Ahora bien, yerra el emisor al transmitir ese mensaje, porque el deterioro del denominado por la Constitución “órgano de gobierno de los jueces” no emana de la no renovación, sino que la fuente del desprestigio se encuentra, como en tantas otras ocasiones, en el Tribunal Constitucional. En concreto, en la lamentable Sentencia 108/1986 de 29 de julio, donde el máximo intérprete de la Constitución avaló la constitucionalidad de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, que modificaba la elección de los doce vocales de procedencia judicial pasando a ser elegidos por las dos cámaras legislativas. Como he dejado por escrito en alguna ocasión, el Tribunal Constitucional pretendió lavar su responsabilidad emulando a Casandra y a Pilatos, pues ninguna otra explicación tiene el siguiente párrafo incluido en el fundamento jurídico decimotercero:

“La finalidad de la norma sería así, cabría afirmar de manera resumida, la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios Jueces y Magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda; pero ni cabe ignorar el riesgo, también expresado por algunos miembros de las Cortes que aprobaron la Constitución, de que el procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido) ni, sobre todo, puede afirmarse que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento y, en especial, el de atribuir también a las Cortes la facultad de propuesta de los miembros del Consejo procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, máxime cuando la Ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara (art. 112.3 LOPJ). Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.”

En otras palabras, el Tribunal Constitucional afirma que la “lógica del estado de partidos” apunta a una dirección que, según sus propias palabras “corre el riesgo de frustrar la finalidad” del texto constitucional a la hora de articular el instituto de gobierno de los jueces. Eso sí, como también manifesté por escrito, el máximo intérprete de la Constitución no tuvo el valor, la gallardía y el coraje del que hizo gala la hija de Príamo y Hécuba a la hora de enfrentarse a las consecuencias, algo que el dramaturgo Esquilo nos transmitió en su clásica Agamenón.

Por si esto no fuera ya de por sí prueba suficiente, ofrezco el testimonio de dos juristas emitido, además, con bastante anterioridad a 2018, momento en que se agotó el mandato del actual Consejo. El primero en el tiempo es el de José Eugenio Soriano García, inserto en la página 187 de su estudio El poder, la Administración y los jueces (a propósito de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial), libro publicado en el año 2012:

El Consejo General del Poder Judicial está en completo descrédito, sea cual sea el baremo, criterio, herramienta o técnica que se utilice para medir dicho estigma. Y no sólo lo indican así expertos externos (Consejo General de la Abogacía, Barómetros de calidad de la Justicia o, por ejemplo, académicos claros como Alejandro Nieto); es que internamente, desde asociaciones como Foro Judicial Independiente, o el manifiesto de los 1500 (jueces) hasta la opinión murmurada de decenas y decenas de los propios jueces, confirman el oprobio y la afrenta con las que se califican las actuaciones de tal órgano, especialmente en lo que hace a los nombramientos […] Su falta de prestigio, su completa política en sustitución del Derecho, falta de independencia profesional en general de sus miembros s al estar ligados a las decisiones políticas..”

El segundo testimonio es el del gran administrativista Alejandro Nieto, quien en la página 198 de su imprescindible Testimonio de un jurista (1930-2017), publicado en el año 2018, y donde se incluye el siguiente ilustrativo párrafo que describe de forma descarnada, pero realista, la situación:

“Los partidos políticos tienen atrapados a los jueces a través del Consejo General del Poder Judicial, que es una de las farsas institucionales más cínicas que conocemos. Porque este organismo, que fue creado para asegurar la intangibilidad de los jueces, se ha convertido en un instrumento de su envilecimiento. Partiendo de un pretendido autogobierno se ha terminado en la manipulación más descarada: aquí no se engaña a nadie, todo se hace a la vista del público. No oculta su sumisión a los partidos políticos como estos no ocultan sus intenciones de dominación. Los nombramientos se hacen para cargos importantes -que es su tarea más delicada- se hacen en una feria al aire libre en cuotas escrupulosamente predeterminadas sin necesidad de esconderse en un callejón. Y luego, a la hora de proceder a la provisión de vacantes, vuelve a abrirse el mercadillo y los feriantes se cambian una presidencia por dos vocalías de Sala, un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional por un par de miembros de Tribunales Superiores y al final todos tan amigos, aunque el regateo haya sido duro y se hayan dejado vacantes durante varios años.”

Por si lo anterior no fuera ya de por sí suficiente, añado un último dato. Uno de los vocales del actual Consejo, al ser elegido para el cargo afirmó, sin el menor tapujo, en una entrevista concedida a un medio de comunicación escrito, que ello se debía a que era “un político honrado” (sic). Sin cuestionar en modo alguno la veracidad de la afirmación, lo cierto es que atribuía su acceso al órgano de gobierno de los jueces no a su condición de jurista, sino de político. Era la prueba de cargo definitiva para acreditar que el “humo de la política” se había no ya infiltrado en el Consejo, sino desparramado por las ventanas hacia el exterior.

Segundo.- Continúa el dimisionario afirmando que su presencia “al frente de dichas instituciones carece ya de utilidad”. El interrogante que surge es inmediato, puesto que cabría plantearse de forma inmediata si su presencia en algún momento llegó a ser de utilidad.

Personalmente, la sensación que tengo es que el señor Lesmes siempre que surgía un problema trataba de situarse de perfil y de forma constante, al llegar el momento decisivo optaba por sacar bandera blanca y arriar la toga, con el subsiguiente deterioro a la imagen de la Justicia, ya de por sí debilitada por culpa de su élite rectora.

Pongo tan sólo un ejemplo. Cuando en septiembre de 2020 el Gobierno vetó la presencia del monarca en la entrega de despachos judiciales que tendría lugar en Barcelona, una persona con arrestos hubiera suspendido el acto (pues si el ejecutivo no podía garantizar la seguridad del Jefe del Estado, mal iba a garantizar la de los jueces) o, en su defecto, y dado que se trataba de un acto que afectaba en exclusiva al Poder Judicial, lo hubiese celebrado en Madrid en la sede del Consejo y evitando la presencia de toda persona ajena al poder judicial. ¿En qué consistió la “utilidad” del señor Lesmes? En arriar una vez más la enseña de la independencia judicial y plegarse a lo que mande el ejecutivo y limitarse en su discurso a entonar pías admoniciones a modo de plañidera que al titular de la cartera de Justicia, presente en el acto, debió proporcionarle la misma sensación que la picadura de un mosquito.

Tercero.- Afirma que continuar en el cargo tan sólo serviría para convertirle en “cómplice” de una situación que “aborrece y que es inaceptable”, siendo ello contrario a su “conciencia profesional”. Bien, aceptemos el argumentario. Ahora bien, esa situación que “aborrece” y que considera “inaceptable” se viene prolongando durante los últimos cuatro años, lo cual hasta al español medio lego en Derecho le lleva a preguntarse si la conciencia profesional del señor Lesmes estuvo en hibernación durante todo este periodo.

Cuarto.- Continúa manifestando que adopta esa decisión por “respeto a la dignidad de las instituciones” que preside y “por respeto también a los jueces españoles que esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete el prestigio y funcionamiento de la justicia entera.”

Sobre la “dignidad” de la institución que preside ya me he referido en el primer punto, bastando tan sólo recordar que ya había descendido a niveles subterráneos mucho antes de este penoso asunto.

Pero es mucho más grave la referencia a los “jueces españoles”. Porque, en efecto, la inmensa mayoría de los más de ocho mil jueces que pueblan el estamento judicial español son profesionales dignos, trabajadores y honestos, que con escasos medios y, lo que es más importante, con escaso apoyo de la institución que el señor Lesmes presidió hasta anteayer, sacan adelante como pueden (en ocasiones con más voluntad que medios) su trabajo. Y, si algo compromete el prestigio y dignidad de esa inmensa mayoría de jueces es que un porcentaje no muy alto pero sí significativo de sus miembros que integran lo que Alejandro Nieto denomina “alta magistratura” son, en realidad, políticos con toga y, además, no ocultan en nada tal circunstancia. No se trata sólo de jueces de ida y vuelta a la política, sino a magistrados que lucen la toga con una indisimulada vocación política, algo que desprestigia mucho más la institución que el hecho de no renovar el Consejo.

Recuerdo aquí un acontecimiento que me sorprendió. Cuando el año pasado leí el libro One vote away, escrito por el abogado y senador norteamericano Ted Cruz, me sorprendió encontrar en la página XX de la introducción los siguientes párrafos:

“[Trump] Me preguntó si me interesaría un puesto en el Tribunal Supremo en caso de producirse una vacante. Tras una breve pausa, le dije que no, no lo deseaba. Insistió en el asunto al igual que hizo su equipo durante la tarde. Pero les respondí que no, no deseaba incorporarme al Tribunal.

Esto puede causar sorpresa. Pero no era la primera vez que rechacé entrar en la judicatura. Cuando hace una década fui Solicitor General en Texas, la administración Bush me sondeó para ver si estaba interesado en ser juez del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito Judicial. Les dije que me honraba su interés, pero no deseaba ser juez.

Aunque tengo a los jueces en la más alta estima, hay una razón por la que no deseo ser juez: los jueces deben mantenerse alejados de la política y de las luchas de esa naturaleza. Si fuera juez, es exactamente lo que haría: aplicar la ley, fuese cual fuese.

Pero no deseo alejarme de la política y de sus luchas. Deseo estar en ellas. Deseo luchar por menos impuestos y regulaciones, por más trabajos, por el crecimiento económico, por la libertad individual y por una fuerte defensa nacional. Y en nuestro sistema constitucional, el Senado es el lugar adecuado para hacerlo. Me importan profundamente los jueces en activo, y he participado activamente en cientos de procesos de nominación y confirmación, pero no deseo ser uno de ellos.”

Es un hecho incuestionable e indiscutible que el Consejo General del Poder Judicial no es más que un campo de batalla más entre formaciones políticas, evidenciando así su fracaso y aseverando el célebre y divertido aserto según el cual “CGPJ, cuatro siglas, cuatro mentiras”.

Quizá lo más honesto fuese no modificar el sistema de elección que actualmente se recoge en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino reformar el artículo 122 de la Constitución para suprimir un órgano que no ha cumplido en modo alguno su finalidad, y sustituirlo por un órgano puramente técnico, integrado por jueces y elegido por jueces. Quienes se oponen a ese sistema utilizan el argumentario que el actual Fiscal General del Estado vertió el pasado día 2 de octubre de 2022 en un medio de comunicación que abría una entrevista con dicho cargo con el siguiente titular: “La justicia no pertenece a los jueces, emana del pueblo”. Es cierto, pero también la ley de Lynch o los “tribunales populares” emanan del pueblo de forma directa, y sin que en ambos supuestos sean necesarios, además, fiscales. No obstante, para ser coherente con tal principio, lo lógico sería abogar por el sistema de elección popular de jueces, práctica ésta que continúa vigente en algunos estados norteamericanos aunque se trata de una práctica en retroceso.

En definitiva, que desde esta bitácora se desea lo mejor en lo personal y profesional al señor Lesmes, pero los motivos expuestos en su renuncia no resultan convincentes. Como, dicho sea con todos los respetos, tampoco considero que su presencia haya sido verdaderamente «util» para la magistratura a la que teóricamente representaba.

ISABEL II (1926-2022) O LA CONTINUIDAD Y CAMBIO EN EL SISTEMA INGLÉS. TRES LECTURAS SOBRE EL CONSTITUCIONALISMO BRITÁNICO.

Confieso que en el momento en que ayer se hizo público el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, me vino inmediatamente a la memoria el título con el que mi inolvidable maestro Joaquín Varela Suanzes-Carpegna intituló en su programa de Historia del constitucionalismo el tema dedicado a Gran Bretaña: continuidad y cambio. Estoy seguro que, de estar entre nosotros, Joaquín Varela hubiese elaborado un artículo, brillante como todos los suyos, en el que hubiese cohonestado la biografía de Isabel II con los principales eventos de su largo reinado, así como los principales retos que ha de afrontar la monarquía británica, institución de la que era un reputado experto.

Hay dos datos objetivos que, además, son incuestionables. En primer lugar, que el país que Isabel II deja a su hijo el ya rey Carlos III es política, económica y socialmente muy distinto del que recibió en febrero de 1952 al fallecimiento del rey Jorge VI. En segundo lugar, que es no imposible, pero realmente improbable que Gran Bretaña vuelva a conocer un reinado tan longevo, dado que la monarca fallecida pulverizó el record que ostentaba Victoria I quien se mantuvo en el trono durante 63 años y 216 días, los transcurridos desde su acceso al trono en junio de 1837 hasta su fallecimiento en enero de 1901.  Isabel II la superó en casi siete años justos, pues ostentó la corona 70 años y 214 días, los que separan su entronización en febrero de 1952 y su óbito en septiembre de 2022. Casi tres cuartos de siglo, nada menos.

En febrero de 1952, cuando falleció el rey Jorge VI, Gran Bretaña se enfrentaba a una difícil situación: reinventarse tras haberse liquidado el imperio británico. Al incuestionable éxito que supuso la victoria en la Segunda Guerra Mundial, se unía el inevitable proceso de descolonización, que se inició en 1947 con la independencia de la India (una de las joyas de la corona británica, dado que el monarca inglés llevaba anejo desde los años setenta del siglo XIX el de emperador de la citada colonia, título que, lógicamente, desapareció). La monarquía inglesa, omnipresente en toda la historia británica desde los tiempos de Alfredo el Grande (salvo el breve periodo de once años comprendido entre 1649 y 1660, tras la ejecución de Carlos I a la que siguió la dictadura de Cromwell) afrontaba así un reto inevitable, cual era adecuarse a los nuevos tiempos sin perder con ello la esencia de la institución. En otras palabras, se trataba de mantener el núcleo básico de la monarquía pero con la debida actualización.

Gran Bretaña es la cuna del parlamentarismo, aunque curiosamente no sea nación pionera en establecer un órgano representativo, honor que corresponde al Reino de León, que instituyó sus Cortes en 1188, adelantándose casi cuatro décadas a la articulación del Parlamento inglés. La Glorious Revolution de 1688 no sólo destituyó al rey Jacobo II, sino que articuló desde el punto de vista jurídico una monarquía constitucional, donde el nuevo monarca, Guillermo III, aunque veía notablemente reducidas sus prerrogativas si se comparaban con los soberanos europeos de la época, aún contaba con importantes atribuciones, entre ellas el poder ejecutivo en toda su extensión. Habría que esperar hasta bien entrado el siglo XVIII para que se iniciase la parlamentarización de la monarquía debido a dos acontecimientos: la aparición del Gabinete y la paulatina traslación de la responsabilidad política ante la Cámara de los Comunes en lugar del rey. Un procedimiento que, además, tuvo lugar al margen del derecho escrito, de ahí la divergencia entre la posición jurídica del rey en el derecho positivo y la que realmente gozaba en la realidad. Esa parlamentarización se consolidó, sobre todo, tras la reforma del sistema electoral operada en 1832, cuando se eliminaron los denominados rotten burroughs y se estableció un mecanismo representativo acorde a la realidad. Desde entonces, el monarca fue siendo privado de forma paulatina de muchas prerrogativas que aún atesoraba, aunque su figura continuaba siendo esencial no sólo como máxima encarnación del reino, sino como poder neutro o moderador que desbloquease situaciones políticamente enquistadas. Desde mediados del siglo XIX, el éxito de la monarquía británica no radica sólo en la pompa y circunstancia (por utilizar el título de las célebres marchas de Edwar Elgar que con sólo escuchar algunos de sus acordes -sobre todo la primera- evocan Inglaterra) sino en que el monarca, con independencia de su opinión particular sobre un asunto, se limita a dar curso y a sancionar las medidas aprobadas por el Parlamento y por el Gabinete. Así, el principio ancilar del sistema británico era y continúa siendo la soberanía no del pueblo, sino del Parlamento, entendido éste como reunión de Monarca, Lores y Comunes.

A lo largo de los setenta años del largo reinado de Isabel II mucho ha cambiado el panorama inglés desde cualquier perspectiva que se mire. El omnipresente imperio característico de la era victoriana que se había prolongado durante la primera mitad del siglo XX y que incluso había logrado sobrevivir (aunque ya con notables síntomas de decadencia) a la Gran Guerra, dio paso tras la segunda postguerra a la Commonwealth, de igual forma que Gran Bretaña hubo de ceder su puesto como primera potencia mundial a los Estados Unidos. La posición aún casi sacra que ostentaba la Corona experimentó durante el reinado de Isabel II un proceso en virtud del cual fue desposeída del aura prácticamente mística de que gozaba. Los continuos escándalos que desde el punto de vista familiar afrontó en el ecuador de su reinado (el sonoro divorcio de sus hijos, especialmente el del príncipe de Gales) fueron superados sin que lograran empañar su imagen. Desde entonces, y sobre todo desde la muerte de Diana Spencer, la monarquía inició un procedimiento de apertura y transparencia que la acercó más a los ciudadanos.

En los diversos especiales que los medios de comunicación realizaron al calor de la noticia, se recomendó la película The Queen (y que valió a Helen Mirren, actriz que encarnaba a la monarca, el Oscar a la mejor intérprete femenina en 2007) y a la serie The Crown para a quienes tuviesen interés en acercarse a la vida de Isabel II desde su acceso al trono. Desde esta bitácora, creo que lo mejor es recomendar una serie de lecturas acerca de evolución que desde el punto de vista jurídico experimentó la monarquía inglesa, fundamentalmente su paso desde la monarquía constitucional a la parlamentaria. Para quien desee una visión rigurosa pero accesible sobre el particular, es indispensable la lectura de Sistema de gobierno y partidos políticos: de Locke a Park, estudio de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna que vio la luz en el año 2002 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En caso de no poder acceder al mismo (debido a su antigüedad y a estar prácticamente agotado), puede acceder de forma gratuita a los tres grandes artículos que sirvieron de base a dicha obra: El debate constitucional británico en la primera mitad del siglo XVIII (Bolingbroke v. Walpole), Sistema de Gobierno y partidos políticos en el pensamiento constitucional británico durante el último tercio del siglo XVIII (De Blackstone a Paley) y La monarquía en la teoría constitucional británica durante el primer tercio del siglo XIX. También puede ser el momento adecuado para la lectura de dos autores clásicos del siglo XIX y cuyos estudios pretendían explicitar la esencia del sistema político y jurídico británico. En primer lugar, la que Walter Bagehot publicó en 1867 con el título The english constitution, y en la que describía en un estilo muy literario muy comprensible la esencia del sistema constitucional inglés, y en la que el núcleo esencial de su exposición consistía en contraponer las “partes efectivas” (efficient parts) del sistema, que no eran otras que el Gabinete y los Comunes, a las “partes ornamentales” (dignified parts), que serían la Corona y los Lores; el lector puede consultar de forma gratuita la versión en inglés en el quinto volumen de Life and Works of Walter Bagehot, aunque existe una edición española, La Constitución inglesa, publicada en 2010 por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en su colección “Clásicos Políticos” (si bien en puridad no es mas que una reimpresión de la traducción efectuada en su día por Adolfo Posada, a la que se antepone un amplio e ilustrativo estudio preliminar debido a Joaquín Varela donde se sitúa la obra en su contexto histórico, político e institucional). En segundo lugar, aunque más centrada en el ámbito del Derecho público y la contraposición entre el sistema británico del rule of law y el francés de droit administratif, el amplio estudio de Albert von Dicey, Introduction to the study of the law of the Constitution, al que es posible acceder igualmente de forma gratuita a una edición de la versión inglesa, aunque existe igualmente una recentísima edición en lengua española, El derecho de la constitución, publicada por Tirant en 2019 con una amplia introducción de Héctor Domínguez Benito.

Constatar una curiosidad histórica. El actual monarca inglés, Carlos III, es hijo de Felipe (de Edimburgo) y de Isabel (II). Curiosamente, el rey Carlos III de España, era igualmente hijo de Felipe (V) e Isabel (de Farnesio).

Para finalizar, en vez del himno inglés (God save the King/Queen) creo oportuno, ya que anteriormente se citó a Edward Elgar, poner fin a esta entrada con la Marcha de Pompa y Circunstancia número 1, en una versión histórica muy especial dado que el propio compositor fue el encargado de dirigir a la orquesta que la interpretaba.

EL AGOTAMIENTO DE UNA ETAPA CONSTITUCIONAL: REFLEXIONES A PROPÓSITO DE UN ARTÍCULO DE FRANCISCO SOSA WAGNER Y MERCEDES FUERTES LÓPEZ.

En el año 1998, Joaquín Varela Suanzes-Carpegna publicó un artículo titulado Las cuatro etapas de la historia constitucional comparada, que antepuso como estudio introductorio al libro antológico Textos básicos de la historia constitucional comparada. La primera de ellas, la más extensa, se extendería durante casi un siglo, el comprendido entre la Glorious Revolution de 1688 y el inicio del procedimiento revolucionario en las colonias americanas en 1774. La segunda, la más breve, es la comprendida entre la declaración de independencia estadounidense en 1776 y la restauración de la monarquía francesa tras la derrota de Napoleón en 1815. La tercera, que se extendería durante un siglo, es la comprendida entre el inicio del legitimismo europeo tras la batalla de Waterloo y el final de la segunda guerra mundial en 1918. La cuarta y última sería el constitucionalismo de entreguerras, que es el comprendido entre 1919 y 1939. A esas cuatro etapas a las que se refería Joaquín Varela habría que añadir una quinta, que es la del constitucionalismo de postguerra, que se iniciaría tras la victoria de los aliados en la segunda guerra mundial y que en cierto modo supone la prolongación del modelo ensayado en el periodo de entreguerras: consolidación del estado de derecho, garantía del modelo democrático, y, sobre todo, extensión y constitucionalización de derechos sociales con el inherente reforzamiento del ejecutivo, aunque sin cuestionar la primacía del legislativo. Pues bien, esa etapa del constitucionalismo surgida tras la segunda postguerra desde hace tiempo hace tiempo que viene siendo objeto de serios ataques que amenazan con cuartearlo y reducir tanto la propia Constitución como los derechos y libertades a una simple cobertura de naturaleza formal.

Las anteriores reflexiones vienen a raíz de un magnífico artículo titulado El Congreso, ese costoso decorado, publicado en el diario El Mundo en su edición del 2 de septiembre de 2022, y cuyos autores, los profesores Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes López que aúnan una enorme lucidez jurídica con una depuradísima elegancia literaria, han colgado en sus respectivos blogs. Tres son las notas características de esa pequeña joya periodístico-jurídica: honestidad intelectual, brillantez de estilo y realismo descarnado. Y la idea esencial que pretende transmitir puede resumirse en una simple frase: la continua pérdida de importancia del Congreso de los Diputados en beneficio del Gobierno, o, en otras palabras, entronizar como nervio de la vida jurídico-política al ejecutivo en vez de al legislativo, quedando reducido este último poder a un simple formalismo rituario donde representar semanalmente el espectáculo circense de enfrentamiento entre mayoría y minoría, entre gobierno y oposición. Así, el Congreso de los Diputados quedaría reducido, por utilizar la clásica expresión de Walter Bagehot, a una mera “dignified part” del texto constitucional.

Comienza el análisis mediante un ejercicio de honestidad intelectual: la situación no es imputable ni a este país ni a este gobierno (“Sabemos que este eclipse de los Parlamentos es un proceso que cuenta con una historia dilatada, que no es una truculenta invención del actual presidente del Gobierno, todo lo contrario, está en el centro – desde hace mucho- de las preocupaciones de quienes meditan sobre la esencia de los sistemas democráticos”); lo que sí es imputable al actual ejecutivo es precisamente hacerlo con tal descaro que ya ni se molesta en disimular tal situación (“Lo que sí es marca de su Gobierno es el descaro, la osadía, la inverecundia, con que somete al Congreso a sus designios más perentorios, con que corrompe la dignidad de la representación nacional, con que se mofa de la ciudadanía española que ha conformado esa representación”). De ahí que, los redactores del artículo, utilizando la brillantez literaria de la que siempre hacen gala en sus escritos, no se extrañen de oír: “los quejidos de las campanas tañendo a muerto porque pronto asistiremos a la firma solemne del acta de defunción y consiguiente momificación del Congreso y sus protagonistas.” Es decir, algo parecido a lo que ocurría al comienzo de Star Wars: una nueva esperanza, cuando Moff Tarkin (interpretado por el gran Peter Cushing) afirmaba que el emperador había disuelto el Senado (donde tenían su asiento los representantes de los diversos planetas de la galaxia) por considerarlo una “reliquia” de la antigua república. Tampoco sería de extrañar que ello se produjese haciendo buenas la frase con que Padme Amidala constató la liquidación de la república por parte del canciller Palpatine a en Star Wars: La venganza de los Sith: “Así muere la libertad. Entre aplausos.”

A continuación, expuesta la tesis básica, el artículo se centra en facilitar las pruebas que llevan a formular tal diagnóstico: uso torticero de la pandemia como coartada para restringir determinadas actuaciones parlamentarias; práctica desaparición de la ley como fuente del derecho en beneficio del decreto-ley, norma ésta última que, orillando lo fraudulento de su uso (estirando hasta extremos risibles el concepto de “extraordinaria y urgente necesidad”) algunos de ellos por extensión superan por lo nutrido de su contenido material algunas novelas (así, por ejemplo, el Decreto Ley 3/2020 de 4 de febrero, que cuenta con 228 páginas, supera cualquier edición de La aldea perdida e incluso algunas de La voluntad) y el pernicioso efecto que su contenido material despliega sobre el principio de seguridad jurídica, debido a la multitud de normas de rango legal a las que afecta. Para finalizar, se dedican los dos últimos párrafos a criticar el desvergonzado mecanismo gubernamental utilizado para alterar la actual mayoría en el Tribunal Constitucional, primero, al privar al Consejo General del Poder Judicial de realizar nombramientos mientras se encuentre en funciones para, a continuación, modificar la normativa para incluir como excepción precisamente al máximo intérprete de la Constitución. Un ataque directo a la justicia que ya ni los medios más afines se molestan en disimular (“batalla en torno a la justicia” titulaba ayer un informativo nacional). Si bien es cierto que las dos instituciones afectadas, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, tienen el prestigio tan sumamente reducido (no ya a ras de suelo, sino a nivel subterráneo) que lo más piadoso sería liquidar ambas.

Hace tres lustros, el abogado del estado y político centrista José Manuel Otero Novas publicó su libro El retorno de los césares, cuya tesis principal era que la historia se movía en ciclos alternándose en periodos democráticos (“apolíneos” creo que los denominaba, aunque cito de memoria y es posible que ésta me falle) y otros cesaristas. Es evidente que en la actualidad se está ante un periodo donde el principio democrático parece haber quedado reducido a la simple formalidad de efectuar sufragios periódicos, y donde la actividad en la Carrera de San Jerónimo se ciña a la elección del gobierno y a servir de estampilla a todo lo que proceda del Palacio de la Moncloa. No es, ciertamente, un porvenir halagüeño el que se nos ofrece.

Recomendamos encarecidamente a los lectores del blog que lean atentamente esa brillante pieza de Francisco Sosa y Mercedes Fuertes. No sólo porque siempre es un placer la lectura de cualquier trabajo proveniente de los dos autores citados, sino porque no les decepcionará en modo alguno, sirviendo, además como punto de partida a una serie de necesarias aunque lamentablemente dolorosas y amargas reflexiones sobre la quiebra de una etapa constitucional, no exclusiva de nuestro país, en la cual degradación de los poderes legislativos lleva a entronizar a los ejecutivos como nuevos poderes principales del estado.

LA ADQUISICIÓN DEL «DISTINTIVO AMBIENTAL»: CUANDO LA ADMINISTRACIÓN AÑADE AL HURTO EL ESCARNIO.

Las diversas Administraciones españolas ha adquirido un refinamiento tan exquisito en su crueldad que ya alcanzan cotas verdaderamente artísticas. No se contentan ya con exprimir lo más posible al ciudadano hurtándole periódicamente sus haberes, sino que añaden al descarado hurto el escarnio. Un ejemplo muy reciente puede encontrarse con el distintivo ambiental.

Partamos del hecho que, según el Anexo XI del vigente Reglamento General de Vehículos contempla el “distintivo ambiental” que “identifica la clasificación ambiental que el vehículo tiene en el Registro de Vehículos”, si bien la colocación del distintivo no es en principio obligatoria, en tanto en cuanto se dispone que “la Administración competente podrá establecer la obligatoriedad de la colocación del distintivo en el vehículo, mediante su inclusión expresa en el instrumento normativo que le corresponda por razón de su competencia.” Así, por ejemplo, la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Gijón establece en su artículo 11 la obligatoriedad de su exhibición (“deberá exhibirlo”) para circular y estacionar en el término municipal.

Hemos de partir que el distintivo es algo absolutamente prescindible, puesto que un vehículo contamina o no con independencia de la exhibición de etiqueta o distintivo alguno, sin que fuese preciso otro documento más que el permiso de circulación para acreditarlo, toda vez que en la tercera década del siglo XXI, donde los agentes encargados de vigilar la seguridad y la circulación en las vías públicas cuentan con dispositivos que permiten, introduciendo los datos de un vehículo concreto, verificar si el mismo cumple la normativa medioambiental o no, todo ello con independencia que las revisiones periódicas al que el medio de transporte en cuestión debe someterse en la Inspección Técnica de Vehículos hace que el distintivo ambiental tenga el mismo sentido que pudiera tenerlo una etiqueta o distintivo que debiera obligatoriamente exhibir toda persona para acreditar que es mayor de edad.

La única explicación posible para la imperatividad de exhibir el distintivo ambiental es tan sólo la recaudatoria, en tanto en cuanto que el coste de la etiqueta en cuestión asciende a cinco euros y para cuya obtención ni tan siquiera se precisa el examen físico del vehículo, sino tan sólo el permiso de circulación (y, a veces, ni tan siquiera eso, bastando facilitar el número de matrícula), una prueba más de la absoluta inutilidad práctica del distintivo en cuestión.

No obstante, cuando el infortunado ciudadano que resida en un municipio que haya decidido esquilmar el bolsillo del administrado una vez más acude a cualquiera de las oficinas que expiden tal distintivo, una vez se desprende del billete de cinco euros que pasa a las manos de la Administración, recibirá la etiqueta acompañada de una misiva con el membrete de la Dirección General de Tráfico y de la entidad Correos y Telégrafos, misiva que, iniciándose con la expresión “Apreciado/a titular” y tras exponer la naturaleza del distintivo ambiental y el lugar donde ha de ubicarse dentro del vehículo, finaliza con la siguiente frase:

“Gracias por contribuir a una movilidad más sostenible y segura”

Confieso que al pasar la vista por dichas palabras quien suscribe experimentó una mezcla de estupor e indignación. Y ello por varias razones:

1.- En primer lugar, porque maldita sea la gracia que tiene el forzar al ciudadano a hacerse con un distintivo absolutamente prescindible e inútil (en cuanto el mismo no constituye ni establece nada, tan sólo identifica algo que es posible constatar tan sólo con el permiso de circulación) y que, además, tiene un coste. Dar las gracias por su adquisición tiene exactamente el mismo valor que si los esbirros de Al Capone o Lucky Luciano transmitiesen su agradecimiento a los hosteleros que abonaban cantidades exigidas en concepto de “protección”.

2.- En segundo lugar, quien suscribe está literalmente hasta los mismísimos del adjetivo “sostenible”, cuya omnipresencia ya hiede, aunque quizá esto sea la particular idiosincrasia del autor de estas líneas. El uso del vocablo es tal que sólo falta se predique de las deposiciones realizadas en los excusados o se exija del resultado de la micción.

En definitiva, que a los diversos entes públicos que pueblan nuestro rico y variopinto país ya no les basta el innoble arte de esquilmar al ciudadano, sino que, además, añaden al hurto el escarnio. Un escarnio, eso sí, “sostenible” y “resiliente”.

EVENTOS QUE HACEN CONTEMPLAR LAS COSAS DESDE OTRA PERSPECTIVA Y VALORAR MÁS LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS.

Existen hechos y aconteceres que, aun cuando de gravedad mínima o nula, hacen que uno recapacite y vea las cosas desde otro punto de vista, hasta el punto de valorar algo tan aparentemente cotidiano y habitual como el uso del brazo y la mano derecha o los paseos diarios por la ciudad.

Viene lo anterior a la circunstancia que las dos últimas semanas quien suscribe hubo de ser hospitalizado por primera vez en su vida, y aun cuando el diagnóstico no era ni mucho menos preocupante (el hecho de ir acompañado de una familiar directo que es una profesional de la medicina -muy apreciada por los pacientes del hospital madrileño en el que desarrolla sus funciones- y que ya le había adelantado el diagnóstico nada peligroso, grave o preocupante) y tratarse de una dolencia que precisaba de intervenciones mínimas, lo cierto es que esas dos semanas implicaron un cambio de perspectiva en muchos sentidos. Vaya por ello las reflexiones que provocaron esas dos semanas de encierro forzoso:

1.- La relatividad del tiempo.

El maestro José Martínez Ruiz Azorín, contraponía el transcurso del tiempo en la ciudad y en los pueblos. Si en aquélla el bullicio y las prisas hacían que las horas transcurriesen a enorme velocidad, en los últimos, donde la vida es más pausada y sin las prisas o el ajetreo de la urbe, el tiempo pasaba mucho más despacio.

Pues bien, en la habitación de un hospital la vida transcurre a un ritmo infinitamente más lento que en los pueblos. Uno se ve confinado entre cuatro paredes, dado que con el argumento de la lucha contra el COVID-19 se ha proscrito el deambular por los pasillos y la consiguiente posibilidad de estirar levemente las piernas con algún que otro paseo. Veinticuatro horas encerrado en un cuarto de dimensiones mínimas sin otra posibilidad que dar vueltas por la reducida superficie (y siempre y cuando tenga un compañero de fatigas a quien no moleste dicha actividad) pasa factura, a la vez que hace que la distinción entre días laborales y festivos se diluya.

Afortunadamente, en mi caso no sólo he tenido la suerte de tener un compañero de habitación (por cierto, con un diagnostico bastante grave) que no sólo estaba dotado de un gran sentido del humor y sobrellevaba sus dolencias con un estoicismo envidiable, sino que facilitó enormemente la estancia. También he tenido la suerte de contar con un teléfono móvil que permitía un mínimo contacto con el mundo exterior (a través de videollamadas y la posibilidad de acceder a las plataformas que facilitaban el visionado de películas) y varios libros que le regalaron los amigos que fueron a visitarme al hospital. Buena prueba es que en apenas tres días y medio he podido ventilarme la reciente novela Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, cuya lectura, por cierto, recomiendo encarecidamente.

Pero lo cierto es que lo anteriormente descrito permite otorgar más valor a hechos y circunstancias a las cuales, por el carácter habitual y cotidiano de su ejercicio, apenas se da importancia, como el pasear por las calles de la ciudad o incluso el hecho de estar en el propio domicilio.

2.- La importancia de la empatía.

Encerrado entre cuatro paredes y con el ánimo lógicamente algo abatido por la circunstancia de estar en un hospital, adquiere suma importancia el trato humano que dispensa el personal sanitario.

Pues bien, en mi caso, puedo decir alto y claro que el trato recibido por todo el personal sanitario que trabajaba en los números pares de la tercera planta del Hospital de Cabueñes (médicos, enfermeros, celadores y auxiliares) difícilmente puede superarse en cuanto a amabilidad y empatía. Siempre pendientes de cualquier eventualidad, sin despegar la sonrisa de la cara y con una interlocución amabilísima y siempre insuflando moral y ánimos, es digna de alabanza y es justo que desde esta bitácora se haga constar.

Por eso duele más aún el maltrato que en ocasiones se les dispensa desde los puestos de gestión y recursos humanos, es decir, por quienes, aun intitulándose personal sanitario, no son más que simples burócratas. Cierto es que existirán, como en todo colectivo, garbanzos negros que resten lustre al colectivo, pero lo cierto es que, cuando menos, la experiencia vivida en primera persona por el redactor de estas líneas no puede ser más gratificante en cuanto al trato recibido por todos y cada uno de los profesionales de la sanidad.

Vaya, pues, mi agradecimiento y mi felicitación a todos ellos.

3.- La importancia de la nutrición (y de su carencia).

Los merecidísimos elogios dispensados en los párrafos anteriores al personal sanitario, lamentablemente no pueden extenderse al personal que presta sus servicios en el departamento de cocina.

Es cierto que en estos casos ha de prepararse el menú para un ingente número de personas y, lógicamente, no puede demandarse una calidad análoga a la de un restaurante o pretender que la comida llegue en su punto, pero lo mínimo que puede solicitarse es que los alimentos suministrados sean comestibles, cualidad que algunas veces no podía predicarse de alguno de los platos. En especial, el segundo plato de la cena suministrado el día anterior al alta, que sobre el papel se trataba de filetes de lomo con puré de patatas, aunque en la práctica ignoro qué encubría tal denominación, puesto que ni mi compañero de cuarto ni yo pasamos de un simple mordisco.

En definitiva, estos ataques inmisericordes al aparato digestivo hacen otorgar aún más importancia a la comida casera.

4.- La importancia de los verdaderos amigos.

Mi progenitor solía decir que tenía muchos conocidos, mas por el contrario tenía pocos, pero verdaderos y auténticos amigos. Y en situaciones como ésta, es donde se distingue a los auténticos amigos de los simples conocidos, e incluso donde se permite revelar que incluso hay amigos que son preferibles a ciertos familiares.

La verdad es que, en mi caso, tan sólo comuniqué el ingreso a los dos amigos más cercanos, y aunque rogué que no se difundiera tal circunstancia, lo cierto es que en breve mi hospitalización, aunque no llegó muy lejos, sí que trascendió a ese núcleo íntimo, y no faltaron las llamadas, mensajes y apoyos de los amigos más cercanos, así como los ofrecimientos para cualquier cosa que necesitase, incluso para cubrirme profesionalmente todo el tiempo que se prolongase mi estancia en el centro hospitalario. Porque, evidentemente, la Administración de Justicia continúa impertérrita su funcionamiento, y Lexnet continuaba vomitando notificaciones, pese a que desde el hospital (que, por cierto, carecía de red wifi) era lógicamente imposible acceder a dicha plataforma y desempeñar la actividad profesional ordinaria.

Aquí es donde uno puede apreciar realmente la fortuna de tener verdaderos amigos.

En definitiva, que una circunstancia poco deseada ha servido para contemplar la vida desde otra perspectiva y para otorgar más valor a otras cosas, a las que habitualmente otorgamos escasa o nula importancia.

EL MIEDO COMO CATALIZADOR DE LIMITACIONES Y RESTRICCIONES.

Este mes de agosto, el redactor de las presentes líneas procedió a desconectarse totalmente de su actividad cotidiana, algo que aprovechó para sumergirse de lleno en una de sus pasiones, la lectura en general, y la novela histórica en particular. Así, junto a José María el Tempranillo y Men Rodríguez de Sanabria, dos folletines decimonónicos del prolífico y hoy algo olvidado Manuel Fernández y González (el “Dumas español”) el tercer libro que pasó por mis manos fue nada menos que el ya clásico Africanus, la primera de las novelas de la trilogía que Santiago Posteguillo dedicó al enfrentamiento entre Cartago y Roma, personalizadas en los dos interesantísimos personajes que fueron Aníbal y Publio Cornelio Escipión “el africano”. Y fue en esta última donde me encontré con un párrafo demoledor que trasciende de la obra para aplicarse a cualquier época, y que, de hecho, pese a que la novela fue publicada por vez primera en 2006, parece estar redactado en 2020/2021.

Situémonos en el contexto del párrafo. Aníbal ha obtenido varios éxitos en Hispania (entre ellos, la toma de Sagunto, urbe aliada de Roma pese a estar en territorio cartaginés). Roma ha declarado la guerra a Cartago y Aníbal ha cruzado los Alpes dirigiéndose a Roma. Ante ello, uno de los senadores más veteranos, Quinto Fabio Máximo mantiene una reunión en su finca de las afueras de Roma, a la que asisten su hijo del mismo nombre, su protegido Quinto Porcio Catón y el senador Terencio Varrón. Ante su sorprendida audiencia, Fabio Máximo afirma que los momentos son propicios para que “nosotros construyamos nuestra propia estrategia”, distinta de la que tiene el Senado romano. Y para ello, va a servir de un poderoso aliado: el miedo. Al ser preguntado por Terencio Varrón si “sólo con el miedo vamos a manejar al Senado y al pueblo”, Fabio Máximo responde con un elocuente párrafo ante lo cual, los asistentes “no daban crédito a sus oídos” por lo que implicaba:

“Con el miedo, querido amigo Terencio Varrón, se pueden conseguir muchas cosas, se puede conseguir todo. El miedo en la gente, hábilmente gestionado, puede darte el poder absoluto. La gente con miedo se deja conducir dócilmente. Miedo en estado puro es lo que necesitamos. Lo diré con tremenda claridad, aunque parezca que hablo de traición: necesitamos muertos, muertos romanos; necesitamos derrotas de nuestras tropas, un gran desastre, que nos justifique, que confunda la mente de nuestra gente, del pueblo, del Senado. Nosotros, en ese momento, emergeremos para salvar a Roma.”

Si uno reflexiona un poco, se verá que en la gestión de la pandemia del COVID-19 los distintos ejecutivos (tanto central como autonómicos) han estado más preocupados por agitar el miedo e infundir pavor a la población con la que justificar a veces medidas restrictivas que poco o nada tenían que ver con el COVID, pero aprovechando que el Pisuerga y el Esgueva pasan por la capital pucelana se aprovechó para imponerlas. El miedo agitado desde los distintos gobiernos (ayudados por unos medios de comunicación tan poco escrupulosos como la casta política) sirvió para imponer confinamientos domiciliarios utilizando un instrumento jurídico inadecuado, suprimir o limitar servicios públicos esenciales, imponer el cierre de negocios, paralizar la actividad en general y circunstancias similares. Cuando fue preciso, se acudió al comodín de los “técnicos” (un presunto comité que ulteriormente se demostró que no existía), pero tampoco nuestros dirigentes tuvieron empacho en apartarse de las recomendaciones de los facultativos cuando el interés político predominaba sobre el sanitario.

Quien suscribe facilita tan sólo un ejemplo de que el COVID-19 se ha convertido en el auténtico “comodín” de las Administraciones para, cuando les conviene, tomar medidas absolutamente incoherentes. Dos de los días más calurosos del verano, en la hora punta, se cerró al público la playa de San Lorenzo en Gijón, presuntamente por “exceso de aforo”, justificando la medida, no podía ser menos, por la necesidad de “prevenir contagios”. Tal cierre podría tener sentido si no fuera por dos “pequeños detalles”, que diría el inolvidable teniente Colombo. Primero, que otra de las playas gijonesas, la de Poniente (que, a cierta distancia de la anterior, no es la zona principal de baños), contaba proporcionalmente con bastante más aforo que San Lorenzo, y sin embargo, ni se cerró al público ni daba la impresión que nadie se preocupase por contabilizar los usuarios. Segundo, los autobuses urbanos (que, a diferencia de las playas, son recintos pequeños y cerrados) circulaban abarrotados de gente sin que nadie (ni personal de la empresa ni miembros del cuerpo de policía local) controlase el número de pasajeros. Alguien podría pensar quizá que la circunstancia de que el servicio de transporte urbano, a diferencia del uso de las playas (que, hoy por hoy -veremos cuánto dura- es gratuito) es de pago ha debido tener cierto peso en mirar hacia otro lado en lo que al número de pasajeros se refiere, pero sin duda alguna esto deberá a la malevolencia natural de quien albergue tan erróneo parecer.

Piense el amable lector cuántas medidas absolutamente injustificadas se han tomado esgrimiendo como justificación la lucha contra el COVID. Un ejemplo concreto: suprimir la actualización de las páginas de transparencia. Sin duda alguna, debe ser que la enfermedad debe atacar primordialmente los gobiernos abiertos y de ahí la opacidad.

Como decía Fabio Máximo, tan sólo se trata de gestionar hábilmente el miedo. Una población atemorizada es capaz de tolerar comportamientos intolerables. Lo estamos viendo un día sí y otro también.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO PREMIO DE LA CUCAÑA: REFLEXIONES PERSONALES CON MOTIVO DE LA SENTENCIA SOBRE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA

Ayer lunes se hacía pública la Sentencia de 1 de febrero de 2021 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictada en recurso administrativo especial para la protección de derechos fundamentales 17/2021, y en virtud del cual se impugnaba el Decreto 1/2021 de 15 de enero por el que se dejaba sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña previstas para el 14 de febrero debido a la crisis sanitaria ocasionada por la tercera ola del COVID-19. La misma no constituye ninguna sorpresa, pues de forma excepcional en propio Tribunal había adelantado el fallo el pasado viernes, por lo que tan sólo quedaba por comprobar los razonamientos esgrimidos por la Sala.

Vaya por delante que la presente sentencia ha intentado redactarse de forma comprensible, lo cual en gran medida logra (si bien es cierto que alguna que otra página sobra a la resolución judicial, que habría podido sin mucho esfuerzo reducirse algo en extensión), y si algo cabe lamentar es que esa claridad estilística se considere como algo excepcional “dada la trascendencia general de este asunto”, cuando lo cierto es la redacción de las sentencias de forma que puedan ser accesibles a cualquier ciudadano debería ser regla general, no la excepción. Por otra parte, y ya en cuanto al fondo, la cuestión no es pacífica, dado que se ha formulado un voto particular discrepante.

Mi opinión profesional, que, por supuesto, es subjetiva, falible y sujeta a cualquier otra mejor fundada en Derecho, es que el parecer mayoritario del Tribunal ha intentado como fuese estimar la demanda, forzando en ocasiones hasta extremos difícilmente comprensibles la interpretación del ordenamiento y, además, echando mano de hechos no acreditados, algo esto que constata el voto particular. Y en cuanto a la actitud de la Fiscalía, no voy a decir que sorprenda, porque nada de lo que provenga de dicha institución (que, pese a contar en su seno con grandísimos profesionales, ve justamente lastrado su prestigio ante la ciudadanía y ante la propia comunidad jurídica debido a la degradación más absoluta en su vértice) causa ya estupor.

La sentencia entremezcla argumentos jurídicos con consideraciones de mera oportunidad. Deseo mostrar mi absoluta discrepancia, dentro siempre del más absoluto respeto, en cuanto a varios razonamientos. La Sala dedica gran parte de la argumentación tratando de marcar distancias entre la suspensión actual de los comicios para el Parlamento de Cataluña de la que tuvo lugar el pasado mes de abril en los sufragios para la elección de la Junta de Galicia y del Parlamento Vasco. En síntesis, utiliza dos razonamientos, ninguno de los cuales es explicable:

1.- Las elecciones gallegas y catalanas convocadas el pasado año se convocaron cuando aún no se había declarado el estado de alarma, y las actuales cuando sí mediaba ya la declaración del mismo.

Este argumento, amén de no ser estrictamente jurídico, no es admisible porque lo relevante es la fecha de celebración y las condiciones existentes en la misma. También es cierto que cuando se convocaron las elecciones catalanas la situación no alcanzaba la gravedad que está alcanzando en estos momentos, como es un hecho público y notorio y, como tal, exento de prueba.

1.- Las elecciones convocadas en pasado año se debieron a una decisión voluntaria de los presidentes de las comunidades autónomas, mientras que en el presente caso se trata de una disolución automática. Ello implicaría que en aquéllos: “existe un elemento de discrecionalidad más intenso del que podría derivarse cierto margen de disponibilidad ante circunstancias extraordinarias e imprevistas en el momento de la convocatoria” (sic).

Tal afirmación ya permite otear que la sentencia abandona las cumbres del Derecho para inclinarse por la pendiente las cuestiones ajenas al mismo. Lo relevante no es el origen o la causa de la convocatoria electoral, sino que en ambos supuestos ya se había producido la disolución de los parlamentos autonómicos y existía fecha fijada para la celebración de los comicios. La situación es, por tanto, idéntica, y la Sala está introduciendo una distinción artificial entre hechos objetivamente similares en base a un elemento causal. Esto sería igual (por poner un ejemplo) que si un hospital que ha de tratar a dos pacientes con lesión cerebral, trate a uno de ellos porque la causa de su lesión es la caída de un árbol en la vía pública (elemento imprevisible) mientras que, en el segundo, como procede de una pelea callejera, existían circunstancias que le hubieran permitido evitar la misma.

Entiendo que la Sala, al introducir tal distinción, conculca el principio de igualdad del artículo 14, porque dos situaciones objetivamente idénticas se tratan de forma distinta. Pero, insistimos, lo grave del asunto es que el razonamiento no es propiamente jurídico, sino cuasipolítico.

3.– El estado de alarma entonces vigente no permitía la celebración, mientras que el actual sí contempla expresamente tal la posibilidad. La sala afirma que el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo no contemplaba la posibilidad de celebrar las elecciones autonómicas, posibilidad que se introdujo posteriormente al introducirse, a través del Real Decreto 514/2020 de 8 de mayo, el artículo 7.1.bis, según el cual: “la vigencia del estado de alarma no supondrá obstáculo al desenvolvimiento y realización de las actuaciones electorales precisas para el desarrollo de elecciones convocadas a Parlamentos de comunidades autónomas

Ahora bien, la Sala olvida que la celebración de unos comicios autonómicos es reconducible a un derecho fundamental, el de participación política del artículo 23.1 de la Constitución. Por tanto, el estado de alarma no puede suspender derechos fundamentales, como deja bien claro el artículo 55.1 del texto constitucional. En otras palabras, que orillando la circunstancia que el confinamiento domiciliario impuesto por el Real Decreto 463/2020 desborda con creces el marco constitucional (al implicar una suspensión de un derecho fundamental y no una simple limitación) la introducción del artículo 7.1.bis es superflua e innecesaria, porque un estado de alarma no puede suspender los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el de participación.

Por tanto, esta distinción jurídica que efectúa la Sala no es adecuada ni conforme a Derecho.

4.- En un giro absolutamente extraño, la Sala nuevamente abandona la senda del derecho para entrar por la puerta grande en campos ajenos, en este caso, la gestión sanitaria. Así razona el parecer mayoritario:

“Finalmente, las condiciones para garantizar la seguridad sanitaria eran muy distintas en marzo de 2020 y ahora. Así, además de que en la actualidad hay un conocimiento más cierto de la pandemia y de las medidas de prevención, en marzo de 2020 había una situación de desabastecimiento de medios de protección personal, como es notorio, incluso para las personas que prestaban servicios esenciales. Esta situación no se da en la actualidad, donde existe disponibilidad de medios de protección del contagio, además de otras medidas preventivas que puedan adoptarse. Además, en marzo de 2020, la velocidad de propagación de la enfermedad (Rt en la terminología de los informes sanitarios aportados a los autos) estaba en ese momento disparada, lo que hacía necesario una restricción de movilidad especialmente intensa mediante el confinamiento domiciliario”

Es evidente que, en este caso, los magistrados han sido mucho más sensibles a las voces que emanan de las cumbres políticas que de las provenientes del ámbito sanitario. Basta con encender el aparato de televisión y, salvo que uno pretenda aislarse sintonizando canales temáticos musicales o cinematográficos para evadirse de la realidad, el visionado de cualquier informativo de cualquier canal le permitirá comprobar que, sin excepción alguna, no ya los profesionales de la sanidad, sino incluso algunos ejecutivos autonómicos vienen clamando al ejecutivo nacional la autorización de un confinamiento domiciliario. Item más, algunos ejecutivos autonómicos están recomendando a la población el confinamiento voluntario en sus domicilios. Y ello por no hablar de las cifras de contagio de la tercera ola, que en muchos casos está siendo superior a la primera.

5.- La Sala admite que: “en circunstancias de fuerza mayor impeditiva, que determinen la imposibilidad material o jurídica de seguir adelante con el proceso electoral, podríamos encontrar un fundamento jurídico en la intervención de la autoridad convocante, que ostenta la capacidad ejecutiva, aunque no hubiera habilitación legal expresa, como el que se aprecia en el caso de las elecciones gallegas y vascas conforme se ha expuesto.” Pero la Sala considera que no se dan estas circunstancias, y ello por lo que a continuación expone:

“atención que el actual régimen permite ejercer libremente actividades no esenciales. Es posible para los ciudadanos circular en los términos que serían necesarios para acudir a un colegio electoral, es posible efectuar colas y es posible permanecer en espacios cerrados, en algunos casos sin límite de aforo como sucede en los transportes. En este contexto, y desde esta perspectiva de proporcionalidad relativa, no parece justificada la suspensión de una cita electoral cuando los riesgos que supone no son obstáculo para otras actividades, actividades eventualmente menos trascendentes que el ejercicio del derecho de sufragio.”

Pese a la inseguridad jurídica que caracteriza el actual sistema español, donde existen diecisiete autoridades delegadas para solventar un problema que exigiría unidad de acción, lo cierto es que basta echar un vistazo a los distintos boletines oficiales para constatar las restricciones impuestas a la movilidad, que en algunos casos bordean el límite del confinamiento domiciliario al que no llegan por imposibilidad jurídica, pese a las continuas demandas en tal sentido. ¿Tiene, por tanto, lógica, apelar a una normalidad cuando profesionales y autoridades autonómicas y locales están clamando por un confinamiento y llamar a extremar la precaución?

Pero es que, además, como señala acertadamente el voto particular discrepante:

“El Tribunal no dispone en este proceso, a mi entender, de otros informes técnico-científicos u otros medios o elementos de prueba, idóneos para desvirtuar las anteriores conclusiones. De modo que, con los datos en presencia, no es posible descartar el riesgo de que la continuación del proceso electoral, con los 15 días de campaña y la jornada de votaciones, pueda producir efectivamente los efectos para la salud pública que refiere el referido informe.”

En otras palabras, que, ante la ausencia de datos técnicos y sanitarios obrantes en el expediente, sus Señorías se han constituido en no sólo en magistrados, sino en gestores de la salud pública y expertos epidemiólogos. Una especie de “tres en uno judicial”.

Cabe preguntar, además, en qué posición deja la sala a las autoridades autonómicas que demandan sacrificios a la población, a quien, insisto, demandan incluso el confinamiento voluntario. A la hora de justificar tales medidas, dichas autoridades esgrimen motivos de salud pública, y la protección de la vida y la integridad física. Parece ser que tal derecho cede cuando se trata de elegir un Parlamento, y que tal circunstancia deviene en tan inexcusable que en este caso concreto, a diferencia de otros, no puede dilatarse unos meses. La Sala alude para tratar de aliviar su conciencia al hecho de la situación de gobierno en funciones que se vive en la tantas veces citada autonomía, como si ello fuera una circunstancia impeditiva, cuando es un hecho público y notorio que en el último quinquenio España vivió durante casi la mitad de ese tiempo con un gobierno en funciones.

Sostuve en otra intervención anterior que, por doloroso que pareciese, da la impresión que al Poder Judicial no le importa en exceso la salud de la población, como lo muestra la tibieza con que el Tribunal Supremo trató las reclamaciones de los profesionales sanitarios cuando, en la primera ola, reclamaron la entrega de equipos de protección que les garantizasen su derecho a la integridad física. Entonces, el alto órgano judicial español inclinó una vez más su cerviz ante el poder y se negó a otorgar la medida cautelar, condenando así a muchos profesionales de la sanidad a exponerse a la enfermedad sin medios de protección. Cabría preguntarse en cuantos contagios y en cuantos fallecimientos se tradujo esa decisión del Tribunal Supremo, como cabría preguntarse en cuántos contagios y en cuantos fallecimientos se traducirá la decisión de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y cabría también inquirir si no sería posible vincular ambos hechos (contagio y decisión judicial) y en qué medida el tercero de los poderes como tal ostenta responsabilidades por los daños causados en su actuar, así como si podría exigírsele responder por ellos (entiéndase que esto, como decía un famosísimo locutor deportivo, “no es afirmación, es pregunta”).

Los derechos fundamentales de los ciudadanos no son ya esos ámbitos de libertad indisponibles para el legislador, sino que aprovechando la pandemia, tales derechos han pasado a ser para el ciudadano como el premio situado en lo alto de la cucaña. Y si el ejecutivo es el que sitúa los mismos en la cúspide de la misma, el judicial es el que va untando de jabón y brea el palo para dificultar más el acceso. Duele decirlo, pero es así. Los tres poderes, en este punto, coinciden en lo esencial: el ciudadano es un estorbo o una molestia, y como tal hay que tratarlo.

INFORME DEL SENADO ESTADOUNIDENSE SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL HIJO DE BIDEN Y EL «SÍNDROME DE PELOTO» DE LOS MEDIOS ESPAÑOLES.

En una de las escenas con las que el recordado Escobar ilustraba una aventura de sus inmortales Zipi y Zape, nos ofrecía una estampa evocadora de las costumbres en los colegios de antaño. Se trataba de una situación que se producía con cierta habitualidad, y que el lápiz del dibujante tornó de dramática en cómica. Se trataba del habitual “examen de carteras” efectuado por el profesor. Así, cuando don Minervo (figura a través de la cual se retrataba a todo el colectivo de maestros de escuela, tan bienintencionados y paternales como autoritarios), demanda a sus alumnos que permanezcan firmes y con las carteras a la vista, uno de los alumnos, Peloto Chivatez (cuyo nombre y apellidos ilustraban a la perfección su carácter, acentuado por la silueta con la que Escobar le adornaba) se apresuraba a contestar: “Usted mande, don Minervo. Nuestra obligación de alumnos es obedecer”. He aquí la viñeta en cuestión:

Peloto Chivatez honrando su nombre.

Hoy en día, Peloto ilustraría a la perfección el comportamiento de los medios de comunicación, de tal forma que la frase vertida por aquél podrían asumirla perfectamente todos y cada uno de los medios de comunicación (tanto españoles como estadounidenses) a la hora de abordar las noticias que afectan a Joseph Biden y a su entorno más próximo. Tal afirmación puede acreditarse por un hecho objetivo que, sin embargo, los medios de comunicación silenciaron totalmente. Nos referimos al Informe elaborado el 18 de septiembre de 2020 por el Comité del Senado para la Seguridad Interior y Asuntos Gubernamentales, y que llevaba por significativo título: “Hunter Biden, Burisma y Corrupción. Impacto en la política del gobierno y materias relacionadas.” Se trata de un documento de ochenta y siete páginas (que el lector interesado puede encontrar aquí) documentando exhaustivamente las andanzas del hijo del entonces Vicepresidente Biden y la forma en que su turbio proceder afectaba a la gestión estadounidense en el exterior. Quienes se pasaron literalmente cuatro años día sí y día también relatando los oscuros negocios de Donald Trump, incluso utilizando como fuente simples libros, no consideraron apropiado informar sobre este episodio (por otra parte, de conocimiento bastante extendido allende los mares) que afecta al entorno del próximo inquilino de la Casa Blanca, quizá porque consideraban que el público “no esta preparado” para comprenderlo o porque debía mantenerse a los espectadores en una calculada ignorancia sobre el particular. Quizá por tan ominoso silencio, algún “Abad” debiera ser degradado a simple “Monaguillo”.

Pero veamos lo que dice el informe. Traduciremos literalmente las tres primeras páginas, donde se ofrece un apretado resumen de todos los hechos e informaciones obtenidas. He aquí lo que dicen esas páginas incluidas, insistimos, en un documento público oficial emanado de la Cámara Alta estadounidense:

I. BREVE RESUMEN.

A finales de 2013 y principios de 2014, surgieron protestas masivas en Kiev, Ucrania, solicitando la integración en las economías occidentales y poner fin a la corrupción sistemática que se había extendido a lo largo del país. Al menos 82 personas fueron asesinadas durante las protestas, que culminaron el 21 de febrero cuando el presidente ucraniano Victor Yanukovych renunció al abandonar el país. Menos de dos meses después, durante un lapso de tan sólo 28 días, tuvieron lugar acontecimientos significativos que afectaban a los Biden.

El 16 de abril de 2014, el Vicepresidente Viden se reunió en la Casa Blanca con Devon Archer, socio de su hijo. Cinco días después, el Vicepresidente Biden visitó Ucrania, y poco después fue descrito en la presa como el “rostro público de la Administración en lo relativo a las relaciones con Ucrania” El día siguiente al finalizar dicha visita, el 22 de abril, Archer se incorporó al Consejo [de Administración] de Burisma. Seis días después, el 28 de abril, oficiales británicos se incautaron de 23 millones que en cuentas londinenses poseía Mykola Zlochevsky, propietario de Burisma. Catorce días después, el 12 de mayo, Hunter Biden se incorporó al Consejo [de Administración] de Burisma, y durante el curso de los siguientes años, Hunter Biden y Devon Archer recibieron por su participación en dicho órgano millones de dólares de una corrupta oligarquía ucraniana.

Las protestas que tuvieron lugar en Kiev durante el año 2014 se conocieron como la Revolución de la Dignidad, una revolución contra la corrupción en Ucrania. A consecuencia de dicha revolución, figuras políticas ucranianas buscaron desesperadamente apoyo de los Estados Unidos. Zlochevsky se habría asegurado que relevantes cargos públicos ucranianos estuvieran al tanto del nombramiento de Hunter en Burisma, a modo de protección. La posición de Hunter Biden en el Consejo creó un inmediato potencial conflicto de intereses que se demostraría problemático tanto para los Estados Unidos como para cargos públicos ucranianos y que afectaría al desarrollo de la política en Ucrania.

Las investigaciones del Presidente del Comité sobre estos potenciales conflictos de intereses comenzaron en agosto de 2019, con la carta de Grassley al Departamento del Tesoro respecto a potenciales conflictos de intereses con respecto a la política de la administración Obama en relación a la transacción Henniges. Durante la administración Obama, el Comité sobre Inversiones Exteriores en los Estados Unidos (CFIUS) aprobó una transacción que daría control sobre Henniges, un fabricante americano de tecnologías de antivibración con aplicaciones militares, a una compañía de aviación propiedad del gobierno chino y a una firma de inversión que tenía lazos con el gobierno chino. Una de las compañías implicadas en la transacción Henniges era una fundación privada denominada Bohai Harvest RST (BHR). BHR fue creada en noviembre de 2013 mediante una fusión entre la compañía gubernamental china Bonhai Capital y una compañía denominada Rosemont Seneca Partners. Rosemont Seneca se creó en 2009 por Hunter Biden, hijo del entonces Vicepresidente Joe Biden, y Chris Heinz, hijastro del anterior Secretario de Estado John Kerry, entre otros.

El acceso a testimonios y documentación relevante fue obstaculizada debido a investigaciones penales, procedimientos de impeachment, COVID-19 y diversos intentos de comportamiento obstructivo. Por ello, la presente investigación ha durado más de lo debido. Los esfuerzos del Presidente [del comité] han sido guiados por la creencia de que el público tenía derecho a conocer lo relativo a los comportamientos y conflictos de intereses que han tenido lugar dentro del gobierno, especialmente aquellos que afectaban a los actos de cargos públicos. La presente es una investigación supervisora del gobierno que descansa en documentos y testimonios de oficiales y agencias estadounidenses, no una campaña de desinformación rusa, como nuestros colegas Demócratas han manifestado falsamente.

Lo que el Presidente [del Comité] ha descubierto durante el curso de esta investigación es que la administración Obama conocía que la posición de Hunter Biden en el Consejo de Burisma era problemático e interfería en la eficiente ejecución de la política con respecto a Ucrania. Más aún, esta investigación ha ilustrado hasta qué punto oficiales dentro de la administración Obama ignoraron los clarísimos signos cuando el hijo del vicepresidente se incorporó al Consejo de una compañía propiedad de un corrupto oligarca ucraniano. Y, como se comprobará más adelante, Hunter Biden no fue el único Bidhen que obtuvo beneficios bajo la vicepresidencia de Joe Biden.

Este informe no sólo detalla ejemplos de extensivas y complejas transacciones financieras relativas a los Biden, sino que también describe los apuros sufridos por varios cargos oficiales cuando intentaron orientar y apoyar los esfuerzos contra la corrupción ucraniana. Los Comités continuarán evaluando la información y las pruebas según se vayan haciendo disponibles.

Hechos claves

A principios de 2015, George Kent, antiguo Jefe Adjunto en funciones de la Misión en la Embajada de los Estados Unidos en Kiev, Ucrania, elevó a miembros de la oficina del Vicepresidente Joe Biden sus preocupaciones sobre la percepción de un conflicto de intereses con respecto al rol de Hunter Biden en el Consejo de Burisma. Las preocupaciones de Kent no fueron atendidas, y en septiembre de 2016 éste enfatizó las mismas en un correo electrónico remitido a sus colegas: “Más aún, la presencia de Hunter Biden en el Consejo de Burisma era muy embarazosa para todos los cargos públicos estadounidenses que buscaban apoyar los esfuerzos anticorrupción en Ukrania.” [en negrita en el original]

En octubre de 2015, Amos Hochstein, cargo público del Departamento de Estado, manifestó al Vicepresidente Biden, así como a Hunter Biden, sus preocupaciones debido a que la posición de Hunter en el Consejo de Burisma permitía los esfuerzos de desinformación de Rusia y corría el riesgo de minar la política estadounidense en Ucrania.

Aunque Kent creyó que el rol de Hunter Biden en Burisma era embarazoso para todos los cargos públicos que apoyaban la agenda anticorrupción en Ucrania, los Comités tan sólo tienen constancia que dos individuos (Kent y Amos Hochstein, antiguo enviado especial y coordinador para Asuntos de Energía Internacional), manifestaron sus preocupaciones al Vicepresidente Biden (Hochstein) o a su equipo (Kent).

Las incomodidades para los cargos de la administración Obama continuaron más allá de su presidencia. John Kerry, anterior Secretario de Estado, tenía conocimiento del rol de Hunter Biden en el Consejo de Burisma, pero cuando se le preguntó sobre el particular en una reunión celebrada en Nashua, N.H el 8 de diciembre de 2019, afirmó falsamente: “No tenía conocimiento de nada de Eso. Nada. No”. En la sección V del presente informe se suministran pruebas que lo contradicen.

Victoria Nuland, anterior Secretaria de Estado para los Asuntos Europeos y Eurasiáticos, testificó que enfrentarse a los oligarcas enviaría un mensaje de anticorrupción en Ukrania. Kent manifestó al Comité que Zlochevsky era un “oligarca odioso”. Sin embargo, en diciembre de 2015, en lugar de seguir los objetivos estadounidense de enfrentarse a los oligarcas, el equipo del Vicepresidente Biden le aconsejó evitar comentarios sobre Zlochevsky y le recomendó decir: “No voy a entrar a dar nombres o acusar a individuos”.

Hunter Biden estuvo en el Consejo de Burisma (aparentemente informando sobre gestión corporativa y transparencia) cuando Zlochevsky aparentemente pagó un soborno de 7 millones de dólares a funcionarios que actuaban bajo Vitaly Yarema, fiscal general de Ukrania, para “cerrar el caso frente a Zlochevsky”. Kent testificó que ese soborno tuvo lugar en diciembre de 2014 (siete meses después de que Hunter Biden se uniese al Consejo de Burisma) y que una vez tuvo conocimiento del mismo, tanto él como el Asistente Legal informaron de ello al F.B.I.

Hunter Biden fue un progegido del Servicio Secreto Estadounidense desde el 29 de enero de 2009 hasta el 8 de julio de 2014. El día antes de su último viaje como protegido, la revista Time publicó un artículo informando que Burisma había incrementado los esfuerzos para ganarse a cargos estadounidenses, así como la implicación de Hunter Biden en el Consejo de Burisma. Antes de finalizar su etapa como protegido, Hunter Biden recibió protección del Servicio Secreto en viajes a múltiples ciudades extranjeras, incluidas Moscú, Pekín, Doha, París, Seul, Manila, Tokio, Ciudad de Mexico, Milán, Florencia, Shanghai, Ginebra, Londres, Dublín, Munich, Berlín, Bogotá, Abu Dhabi, Nairobi, Hong Kong, Taipei, Buenos Aires, Copenhagen, Johanesburgo, Bruselas, Madrid, Mumbai y Lago Como.

Andrii Telizhenco, según los Demócratas la personificación de la desinformación rusa, se reunió al menos diez veces con cargos de la administración Obama, incluyendo a Elisabeth Zentos, miembro del Consejo de Seguridad Nacional bajo Obama. Una compañía de presión demócrata, Blue Star Strategies, contrató con Telizhenko entre 2016 y 2017 y continuó requiriendo su asistencia en fechas tan recientes como 2019. Un reciente artículo de prensa detalla otros amplios contactos entre Telizhenko y cargos de la administración Obama.

Además de los más de 4 millones de dólares que Burisma abonó a Hunter Biden y a Archer como miembros del Consejo, Hunter Biden, su familia y Archer recibieron millones de dólares de nacionales extranjeros con antecedentes cuestionables.

Archer recibió 142.300 dólares de Kenges Rakishev de Kazajistán, aparentemente por la venta de un vehículo, el mismo día que el Vicepresidente Joe Biden compareció con el primer ministro ucraniano Arsemy Yasenyuk y se dirigió a los diputados ucranianos en Kiev en relación a las acciones de Rusia en Crimea.

Hunter Biden recibió 3,5 millones de dólares de una transferencia de Elena Baturina, mujer del anterior alcalde de Moscú.

Hunter Biden abrió una cuenta Bancaria con Gorgwen Dong para financiar una juerga con James Biden y Sarah Biden.

Hunter Biden tiene asociaciones laborales con Ye Jianming, Gongwen Dong y otros nacionales chinos vinculados al gobierno comunista y al Ejército de Liberación del Pueblo. Estas asociaciones reportaron millones de dólares en movimientos de dinero.

Hunter Biden pagó a mujeres no residentes nacionales de Rusia y de otros países europeos y que aparecieron vinculadas a una “red de tráfico humano o de prostitución del este de Europa.”

La cita ha sido larga, pero creo que merecía la pena incorporarla. Insistir en que no se trata de un artículo de prensa, ni la información de un medio de comunicación, sino nada menos que de un informe elaborado por un Comité del Senado y elaborado tras el examen de documentación oficial y de la deposición de numerosos testigos. Y creo que incluso el más generoso de los lectores coincidirá en que, cuando menos, los hechos expuestos desprenden cierto tufillo a corrupción de Biden (Hunter y, por extensión, su padre Joe, pleno conocedor de los hechos).

Sin embargo, los medios de comunicación españoles mantuvieron un silencio tan elocuente como el del recordado Harpo Marx, con la diferencia que éste, cuando menos, se hacía entender por medio de gestos y silbidos, mientras que la prensa española, como el no menos recordado Peloto Cotillez, optó por rendirse a quien manda, y como en este caso lo que se mandaba era desplegar un tupido velo de silencio en todo lo que rodeaba a Joseph Biden, pues simplemente, obedecieron entusiastas la consigna.

Jeffrey Toobin, analista del New Yorker (publicación de la que fue despedido al mostrar, en un descuido, sus partes nobles en plena videoconferencia) en su último libro, High Crimes and Misdemeanors (una crónica sobre el procedimiento de impeachment contra Donald Trump) se preguntaba las consecuencias de que una persona incurría en comportamientos inapropiados, y la respuesta que ofrecía era que sería elegida como presidente. A la vista de lo ocurrido con Joseph Biden, no cabe duda que tal afirmación es cierta. Pero mientras los medios en pleno se pasaron un cuatrienio atacando a Donald Trump un día sí y otro también, casi con total seguridad se pasarán los próximos cuatro entonando loas elegíacas a la lozanía, reflejos y juventud de Joseph Biden.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA ANTE SU «CRISIS DE LOS CUARENTA»: LAS LECCIONES DE «LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO».

En 1964 se estrenaba en las salas cinematográficas el film La caída del imperio romano, cinta producida por Samuel Bronston y que Anthony Mann rodó en tierras españolas con un reparto excepcional encabezado por Sophia Loren, Stephen Boyd (en un rol inicialmente ofrecido a Charlton Heston, que lo rechazó), Alec Guiness, Christopher Plummer y James Mason, entre otros. Las tres horas de película narran el periodo histórico transcurrido entre los combates de las legiones romanas en las fronteras del imperio, que contaron con la presencia física del emperador Marco Aurelio, y la muerte del sucesor de éste, el enajenado Cómodo, si bien las circunstancias de la muerte de este último, a efectos cinematográficos, se modificaron ligeramente. Mientras la cámara se aleja poco a poco de la escena y eleva su ojo hacia el cielo, una voz en off pronuncia la siguiente frase: 

“Este fue el inicio de la caída del Imperio Romano. Una gran civilización no es conquistada desde el exterior, hasta que se ha destruido a sí misma interiormente.”

Y es que, en efecto, bastó que en la cúpula del poder un emperador ilustrado y filósofo como Marco Aurelio fuese sustituido por un psicópata ególatra como su sucesor Cómodo (más preocupado por realzar su figura y mostrarse como superior al resto de los mortales hasta el punto de exhibirse disfrazado de Hercules) para que el propio sistema se corrompiese desde el interior. Las presiones externas, en forma de invasiones de los pueblos bárbaros, tan sólo fueron un elemento tangencial al principio. El imperio hacía aguas desde el núcleo del poder.

Hoy día 6 de diciembre, es la fecha en que nuestra vigente Constitución cumple un año más, celebrando así el cuadragésimo segundo aniversario desde su ratificación por el pueblo español en referéndum, donde recibió un apoyo realmente abrumador. La sociedad española, que acababa de salir de una etapa dictatorial no deseaba aventurarse ni repetir enfrentamientos fratricidas, de ahí que se acabase aprobando un texto que, sin recoger totalmente las aspiraciones de cada uno de los antiguos bandos, a diferencia de otras constituciones anteriores se elaboró mediante consenso, donde todas las partes supieron ceder en aras a alcanzar un marco común de convivencia en el seno del cual tuviesen cabida las políticas más diversas. Dicho texto constitucional tuvo un parto difícil, una infancia dura, una adolescencia algo problemática, y una madurez envidiable, hasta que ya llegar a las tres décadas, aunque su salud era en general envidiable, comenzaron a manifestarse los primeros achaques. Al principio de forma tímida, casi imperceptible, luego de forma algo más explícita, para, ya frisando los cuarenta, la enfermedad se ha incubado en su seno, extendiéndose hasta extremos que hacen, si no ciertamente imposible, sí muy difícil la cura.

Son varios los factores que han causado una especie de tormenta perfecta, pero que creo pueden resumirse fundamentalmente en tres:

1.- La presencia no desdeñable en las instituciones de fuerzas cuyos programas sobrepasan con creces el marco constitucional. No es que tal situación sea nueva, puesto que en la primera legislatura constitucional existía un diputado de Fuerza Nueva, en las siguientes hubo representantes de Herri Batasuna, si bien la presencia de ambos en el hemiciclo era más bien anecdótica. También contaban con representación los partidos nacionalista catalán y vasco, pero si bien sus objetivos se limitaban entonces a obtener el mayor grado de autonomía posible dentro del marco constitucional, su presencia era políticamente irrelevante, y continuó siéndolo hasta mediados de los noventa.

Sin embargo, el deslizamiento de los partidos nacionalistas desde la autonomía al independentismo abierto, así como la irrupción de partidos cuyos programas son inequívocamente declaraciones de rechazo al texto constitucional (aunque no se diga expresamente) y, lo que es más, esos partidos se hayan convertido en el engrase de la coalición gubernamental, hace que la situación de un giro de ciento ochenta grados respecto a la existente hace tan sólo un par de décadas.

2.- El nefasto papel desempeñado por los medios de comunicación, que han abdicado de su misión informadora para convertirse en una especie de correa de transmisión de los partidos y, lo que es peor, sin casi disimularlo. Un medio es muy libre de tener la línea editorial y la ideología que desee, pero no subordinar a la misma todo lo demás, llegando al punto de silenciar o, si se ve obligada a efectuar una narración fáctica, acomodarla a su línea editorial. Las manipulaciones (a diestra y siniestra) de los medios escritos y audiovisuales ha sido realmente vergonzosas, y no hace falta poner ejemplos concretos que están a la orden del día.

3.- La progresiva degradación del sistema educativo. Desde los años ochenta se ha producido, bien sea intencional o accidentalmente (mi opinión personal es que ha sido algo buscado, aunque en lo que a este punto se refiere tal circunstancia es una simple creencia) una caída del nivel educativo hasta extremos realmente preocupantes, y cualquiera que se asome por las aulas de cualquier facultad lo podrá comprobar sin mucha dificultad. Hace apenas veinte años causaba hilaridad, por anecdótico, que en el último curso de la facultad de periodismo, un alumno, al ser preguntado si sabía quién fue Godoy, respondiese: “un rey godo”. Hoy en día esa respuesta sería casi general, porque cada reforma educativa ha supuesto el descenso de varios peldaños más en lo que a nivel formativo se refiere. 

Lo anterior, ya de por sí grave, conlleva que en muchas ocasiones el ciudadano se mueva a impulsos que deben más a las tripas o al corazón que al cerebro, y que no se detenga a analizar la información que se le suministra, desmenuzándola y verificando si la misma es correcta o no. Basta que desde ciertas instancias se pulse un botón en forma de dos líneas de Twitter o Facebook para que un montón de personas se lance en pos de ello como los niños tras el flautista de Hamelín. 

Si a lo anterior sumamos los preocupantes índices de lectura y que, sobre todo las generaciones más jóvenes, contemplen como una ardua tarea analizar todo lo que exceda de ciento cincuenta caracteres, pues verde y con asas.

Como decía esa voz en off de la película con cuya cita abríamos el post, una sociedad sólo puede destruirse cuando ella misma se ha destruido interiormente. Y España, lamentablemente, ha comenzado a hacer lo hace ya varios lustros.

EL ÚLTIMO HURRA….APLICADO A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES ESTADOUNIDENSES.

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En el año 1958, el director norteamericano John Ford estrenaba su film The last hurrah (en esta ocasión, el título se tradujo de forma literal en nuestro país como El último hurra), ambientado en la política local de una ciudad de Nueva Inglaterra. Frank Skeffington el eterno alcalde de una urbe que, aun sin designarla expresamente, todo hacía indicar que se estaba refiriendo a Boston, debía afrontar su última campaña para la reelección. Skeffington era un político de raza, que cada mañana recibía en su casa a los vecinos para atender personalmente sus demandas y solicitudes, y que no rehusaba echar mano de artimañas nada ortodoxas ni éticas para alcanzar sus fines. No obstante, a la hora de afrontar la posibilidad de alcanzar ese “último hurra” tiene enfrente a una sañuda y hostil campaña liderada por el jefe del periódico local, Amos Force y el banquero Norman Cash, quienes promueven una campaña (generosamente regada con fondos proporcionados por Cash) para fomentar la imagen del candidato rival, Kevin McCluskey, a quien en la prensa escrita se presentaba como una persona joven, vital, universitaria, familiar y totalmente apta para asumir responsabilidades. Cientos de carteles inundan la ciudad con la imagen de McCluskey, y su rostro se hizo omnipresente en los espacios públicos y en las páginas de los diarios, merced a ingentes cantidades de dinero procedentes de la banca manejada por Cash, y si la figura del rival de Skeffington no aparecía tanto en medios audiovisuales fue porque en el único espacio grabado para la televisión, pese a estar cuidadosamente planificado y escenificado por sus asesores de campaña, quedó en evidencia la total ineptitud, rayana en la idiocidia, del candidato. Skeffington fue incapaz de hacer frente a una conjunción tan poderosa con prácticamente todos los medios en su contra, y pese a una lucha titánica, fue finalmente derrotado. En la entrevista televisiva donde reconoció noblemente la victoria de su rival, se limitó a desearle suerte, añadiendo de forma irónica: “porque la va a necesitar”.

El film no sólo es una auténtica delicia, aunque sea una obra menor dentro de la filmografía de su director, sino que además ofrece momentos gloriosos. El primero es aquel en el que el banquero Cash pretende dar lecciones de integridad a Skeffington, quien le corta por lo sano con una frase lapidaria: “Me conozco toda su vida de la A a la Z, Cash, y no me acercaría a ella ni con unos guantes de basurero.” Podemos contemplar a un Skeffington tan capaz de aprovecharse vilmente del hijo disminuido de Cash para lograr de éste que avale un proyecto de viviendas necesario para la ciudad, como de actuar noblemente para lograr que la viuda de un amigo no quede desamparada y sin recursos. Pero, sobre todo, también puede verse su humanidad, en una secuencia intimista en la que, acompañado de su sobrino y heredero moral (encarnado por el malogrado Jeffrey Hunter) visita los arrabales de la ciudad, lugar del que habían salido todos los que ahora se encontraban en altas instancias y en bandos opuestos. El film tiene igualmente curiosidades, como ver a Spencer Tracy en un rol que Ford deseaba ver encarnado por Orson Welles, y que tan solo un malentendido con el representante de éste impidió que interpretase; o el hecho de que el inepto McCluskey fuese interpretado por Charles B. Fitzsimons (hermano menor de la actriz Maureen O´Hara), a quien si de algo no se le podía calificar era de inepto, pues terminó la carrera de derecho a una edad tan temprana que se vio imposibilitado para ejercer inmediatamente la abogacía al no ostentar la edad mínima requerida para ello, pese a gozar de la titulación profesional.

No he podido evitar que la película citada así como varias de sus escenas y diálogos regresasen a mi memoria en los últimos meses y horas con motivo de la última campaña presidencial estadounidense y el interminable recuento que, en estos momentos, aún no ha finalizado en su totalidad. Bien es cierto que Trump es un personaje que ha sido descrito, no sin razón, como un showman (aunque, también para ser honestos, no menos que otros personajes de la alta política allende y aquende los mares), pero causaba auténtica hilaridad ver cómo se denigraba su imagen a la vez que se potenciaba la de un rival que no sólo le aventajaba en edad, sino que daba muestras de tener sumamente deterioradas sus capacidades cognitivas (algo que incluso fue reconocido por el que fuera médico del presidente Obama, quien llegó a decir refiriéndose a Biden, citamos textualmente: “parece perdido”) y a quien se trató de exponer al público lo menos posible a efectos de no exteriorizar sus «pájaras«, evidenciadas claramente en los debates presidenciales. Se silenciaron logros objetivamente incuestionables en la presidencia de Trump (sus éxitos económicos indudables, el hecho de ser el primer mandatario desde Franklin Roosevelt que no sólo no introduce a los Estados Unidos en ningún conflicto bélico, sino que incluso se retira de algunos de los frentes abiertos) para multiplicar sus errores, mientras se fomentaba la imagen de un Biden (de cuyo deterioro físico y mental, por cierto, los medios guardaron un mutismo absoluto) censurando las noticias de la corrupción que afectaban a sus familiares (principalmente a su hermano y a su hijo, enriquecidos a la sombra de los cargos oficiales que el buen Joe ocupó durante el último medio siglo) y archivando en el baúl de los recuerdos los numerosos episodios de denuncia por comportamiento inapropiado con mujeres que afectaban al demócrata. Los corresponsales españoles, como siempre, demostraron una vez más que si de algo merecen ser acreedores es de partido de homenaje, pues más que informar, proyectaban sus deseos como si fuesen la realidad tangible. Esos diez o doce puntos de ventaja que otorgaban al candidato demócrata ya se ve dónde han quedado, en que el mismo termina ganando de penalty en el último minuto. De mantenerse la proyección actual de los cuatro estados en liza (Nevada para Biden y Pennsylvania, Carolina del Sur y Georgia para Trump) la diferencia sería la más reducida entre candidatos presidenciales desde la que tuvo lugar en 1876, cuando el republicano Rutherford B. Hayes alcanzó la presidencia con 185 votos compromisarios frente a los 184 de su rival, el demócrata Samuel Tilden. En eso quedó la amplísima ventaja que auguraban todas y cada una de las grandes cadenas españolas, para quienes estos comicios debían ser poco menos que una simple formalidad para elevar al candidato demócrata a la Casa Blanca; a la vista de lo ocurrido, no me extrañaría que se hubiese disparado exponencialmente la demanda de pastillas de nitroglicerina para combatir ataques cardíacos entre las diversas corresponsalías españolas.

Claro está que el actual presidente no ha sabido estar a la altura de las circunstancias al cuestionar abiertamente la integridad del proceso electoral, acusación que un dirigente político (mucho menos un cargo público de la entidad del que ostenta Trump) no puede lanzar más que si goza de sólidos indicios para efectuar tan grave acusación, no bastando la meras sospechas. Nadie en su sano juicio osaría cuestionar el derecho de cualquier candidato a utilizar los mecanismos legales (incluida la vía judicial) si considera que sus derechos se han visto conculcados, tal y como hizo, por ejemplo, Al Gore en el año 2000. Tampoco podría cuestionarse que expusiese datos estrictamente objetivos, como por ejemplo, que en el estado de Nevada avance el porcentaje de voto escrutado, pero el número de sufragios obtenidos por ambos candidatos no haya experimentado variación alguna. Pero de ahí a afirmar que existe fraude y no una simple falta de actualización de datos media un abismo.

La actitud nada caballerosa de Trump está a años luz de la elegancia y saber estar de la que hizo gala John Jay cuando en 1792 le robaron (en este caso el vocablo es totalmente adecuado, justo e incluso si de algo peca es de excesivamente generoso) las elecciones a gobernador de Nueva York. Jay había sido el candidato más votado, y su victoria pondría fin a quince años de mandato ininterrumpido de George Clinton al frente del empire state. No obstante, los partidarios de éste lograron anular los votos en diversos condados con argumentos tan peregrinos como que el sheriff que debía certificar las votaciones en uno de ellos tenía su mandato expirado y se encontraba en funciones a la espera de que designasen a su sucesor, por lo que al no ostentar la condición legal de sheriff, los sufragios por él certificados no podían considerarse válidos. Jay no sólo disuadió a los suyos para que se abstuviesen de realizar actuación alguna, sino que en una carta dirigida a su mujer, Sally, el 18 de junio de 1792 (carta, por tanto, privada y que no estaba destinada a ver la luz, como las que dirigía a otros personajes públicos y cargos oficiales), incluía este párrafo que es toda una lección de honestidad:

“El hecho que la mayoría de los votantes lo hiciese por mí es satisfactoria; que esa injusticia haya tenido lugar no me sorprende, y espero que no te afecte de ninguna forma. Me encontraba totalmente preparado para ello. No teniendo nada que reprocharme en relación a tal evento, ni alterará mi ánimo ni turbará mi sueño. Unos pocos años nos reducirán a todos a polvo, y entonces será más importante haberme gobernado a mí mismo, que haber gobernado el estado”.

Un ejemplo más de que la integridad moral y la honestidad de una persona se miden por sus actos y por sus reacciones frente a la adversidad. Por cierto, que la honorabilidad de Jay era tal y tan universalmente reconocida, que cuando el día 13 de junio de 1788 la Convención reunida en Virginia para decidir si ratificaba el proyecto de Constitución federal manifestó sus reservas por la actuación de aquél como Secretario de Asuntos Exteriores en lo relativo a las negociaciones con los representantes de la Corona Española sobre el espinoso tema de la navegación del Mississippi, James Madison, que compartía las reservas de sus conciudadanos en relación a la actividad pública de Jay en este punto, hizo constar textualmente lo que sigue:

“Con respecto al Secretario de Asuntos Exteriores, le trato muy de cerca. Nada diré de sus capacidades y la adhesión a su país, pues su carácter es bien reconocido en ambos aspectos. Ha elaborado unos criterios que rige su actuación. Si se ha equivocado, su integridad y probidad compensan con creces su error.”

Dichosa época y dichosos tiempos donde la política dejaba paso a tan elogioso reconocimiento entre rivales. Como entonaba el personaje de Juan de Eguía en la célebre romanza de La tabernera del puerto: “Son otros tiempos, que ya no vuelven….”

Para el lector que desee acercarse al título con el que abríamos esta entrada, aquí le facilitamos el trailer para abrirle el apetito: