LAS “AUGUSTAS” VACACIONES DEL JURISTA.

Vacaciones

Hemos llegado al octavo mes del año, agosto, que debe su nomenclatura a Cayo Julio César Octaviano, conocido en la historia como Augusto, primer emperador de Roma. De igual manera que el séptimo mes del año recibe su nombre del padre adoptivo de éste, el famoso Cayo Julio César. El emperador Cayo Julio César Germánico, a quien la historia recuerda por su apelativo Caligula, decretó que el mes de septiembre pasase a denominarse Germánico en honor a su padre, pero la medida no gozó de la estabilidad que la de los dos anteriores.

De ahí que pueda decirse en estricta Justicia que las vacaciones del jurista son, ciertamente, “augustas”, aunque tan sólo en dicho sentido. Porque lo cierto es que no es inhabitual que a medida que se acerca la mágica fecha del treinta y uno de julio, la tensa calma que suele presidir la Administración no sea más que el preludio de la tempestad que se desata en los últimos instantes del último día hábil a efectos procesales. En efecto, no es nada infrecuente que periodos más o menos dilatados de inactividad den paso a una pléyade de resoluciones que los órganos administrativos y judiciales regurgitan sin freno para desesperación de quien ya tenía la mente puesta en la jornada vacacional y a quien ese alud de Diligencias de Ordenación, Providencias, Autos y Sentencias arruinan los primeros días del periodo vacacional. Y eso por lo que a la Administración de Justicia se refiere, dado que en lo que al sector público respecta el mes de agosto, hábil a efectos administrativos, suele ser la época predilecta para que del vientre administrativo emanen los más variados efluvios, en ocasiones tras una pausada y pesada digestión.

Siempre me ha llamado la atención tal hecho, es decir, cómo es posible que sea precisamente en las últimas jornadas hábiles del año judicial, y en algunos casos apuradas hasta extremos casi hilarantes, cuando se resuelvan asuntos que en algunos casos llevaban tiempo en las dependencias judiciales. Creo que pueden ofrecerse tres respuestas, que no son necesariamente incompatibles o excluyentes entre sí.

I.- La necesidad de cerrar los casos en el año judicial. Conviene tener en cuenta que el año judicial no comienza en enero y finaliza en diciembre, sino que se inicia de ordinario el primer día hábil del mes de septiembre y finaliza el último día hábil del mes de julio. De ahí que sea preciso liquidar los asuntos para dar comienzo a un nuevo periodo limpio, en lo posible, de polvo y paja. Primera explicación, pues, circunscrita a motivos estadísticos

II.- La inveterada costumbre española de dilatar los asuntos resolviéndolos a última hora. Es un hecho público y notorio que, salvo rarísimas y honrosas excepciones, el principio que suele regir en nuestro país es “no resuelvas hoy lo que puedas dejar para mañana.” Este principio general es aplicable en todos los extremos y situaciones. Si, por ejemplo, han de presentarse las declaraciones trimestrales antes del día veinte, lo más habitual es que el grueso de los contribuyentes demoren tal actividad hasta los tres o dos últimos días, y en ocasiones hasta en los minutos finales del último día. Hay letrados que han hecho de presentar los escritos el último día hábil un auténtico modo de vida. De igual manera que hay empleados públicos que se toman con auténtica calma oriental la tramitación de asuntos. También he de reconocer que esas personas jamás suelen tener problemas, aunque el redactor de estas líneas es de la filosofía opuesta: cuanto antes se quite de en medio un asunto, mejor que mejor, de ahí que en caso de serle otorgado diez días para evacuar un trámite raramente suele demorarlo más allá del quinto, más que nada para evitar imprevistos.

III.- Deseo consciente de fastidiar. Si bien no puede decirse que sea un motivo o móvil frecuente, tampoco puede decirse que este afán sea inexistente. Expliquémonos. Es un hecho público y notorio que, salvo en despachos integrados por varias personas, el jurista ve limitado su periodo vacacional al mes de agosto por ser el fijado como inhábil a efectos procesales. No obstante, los empleados públicos no necesariamente las disfrutan ese mes. Es inherente a la condición humana que la persona que acude a su puesto de trabajo contemple con cierta sana envidia cómo otros inician su periodo vacacional, de ahí que, si es posible, se intente de alguna manera picar cual abejita. Es el clásico síntoma del insomne que, incapaz de conciliar el sueño, se encarga de que todos quienes le rodean tampoco puedan disfrutar de los brazos de Morfeo. En algunos casos, ese deseo de reducir la jornada de descanso se explicita, además, con una crueldad de lo más refinada. Recuerdo en cierta ocasión que un procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, iniciado en los últimos días del mes de noviembre, fue resuelto por un magistrado del orden contencioso-administrativo el viernes de la primera semana de agosto, dando además orden expresa de ser notificado ese mismo día…..que curiosamente coincidía con su última jornada laboral, puesto que dicho juez tiene la inveterada costumbre de trabajar la primera semana de agosto e iniciar su periodo vacacional la segunda semana de dicho mes.

A nivel estrictamente personal, jamás me gustó el mes de agosto como propio de las vacaciones estivales. Quizá ello se deba a que mi padre siempre optó por disfrutar sus vacaciones en un periodo distinto, que inicialmente fijó en la primera quincena del mes de junio para, finalmente, trasladarlo a la segunda quincena de septiembre, que es el periodo en el que, desde que quien suscribe frisaba los nueve años, disfrutaba de las vacaciones junto con su familia. Creo que mi padre acertó plenamente con esas fechas, y ello por varios motivos. Económicamente son mucho más rentables, pues no estamos en los meses centrales del estío donde los precios se encarecen, en ocasiones duplicando o triplicando la tarifa normal. Y estacionalmente, porque aun cuando el verano cede el paso al otoño en esa segunda quincena del noveno mes, el tiempo aun es lo suficientemente cálido y los días lo bastante largos como para disfrutar y aprovechar la calidez del sol y los baños de mar. En mi caso a las anteriores consideraciones se sumaba otra circunstancia que hacía de esas fechas algo especial, y es que precisamente en esa franja de tiempo se sitúa el día de mi cumpleaños.

En fin, que aunque las vacaciones del jurista sean ciertamente “augustas”, ello en modo alguno implica o conlleva, cuando menos en mi caso, que se hagan “a gusto” en este octavo mes del año. Pero es lo que hay.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

SOBRE “LA AVISPA”, JEFFERSON Y EL HONOR DE PABLO IGLESIAS.

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Corría el año 1804 cuando el fiscal Ambrose Spencer impulsó una acusación formal contra Harry Croswell por difamar nada menos que al presidente Thomas Jefferson. Este último, una de las personas más siniestras e hipócritas que ha dado la historia de los Estados Unidos, se había mostrado como un defensor a ultranza de la libertad de prensa como medio de control al gobierno, y se había manifestado públicamente contra las Alien and Sedition Acts, sobre todo contra la que criminalizaba el libelo sedicioso. No obstante, desde el momento en que el virginiano accedió a la presidencia de la nación, no tuvo empacho en utilizar esa misma legislación y en tratar de someter a la prensa ideológicamente hostil. Y para ello, se sirvió de un simpatizante que ostentaba en cargo de attorney general de Nueva York.

Las imputaciones que se hacían a Jefferson en la publicación The Wasp (la avispa) eran absolutamente escandalosas tanto desde el punto de vista personal como político, dado que no sólo se afirmaba que el presidente había mantenido relaciones sexuales con una de sus esclavas (algo intolerable para la mentalidad de la época) sino de haber sufragado de su propio bolsillo unas publicaciones denigratorias contra el presidente Washington, a quien se calificaba de “traidor, ladrón y perjuro”. Lo curioso es que la segunda afirmación pudo demostrarse veraz en el seno del correspondiente proceso judicial incoado en el mismo año 1803, y respecto a la primera, aunque a principios del siglo XIX no pasaba de ser un simple rumor, la historia acabó demostrando que era no menos cierta, pues las pruebas de ADN efectuadas ya en pleno siglo XXI acreditaron que, en efecto, Jefferson mantuvo con Sally Hemmings, una de sus esclavas, relaciones que sobrepasaron con creces la frontera del amor platónico. No deja de ser curioso que el que continúa siendo considerado el apóstol de la igualdad no sólo fuera un propietario de esclavos y jamás en su vida liberara a uno solo de ellos (al contrario que otros coetáneos suyos, como John Jay, quien no sólo abogó expresamente por la gradual abolición de la esclavitud, sino que formó parte de la sociedad en favor de la manumisión de esclavos y predicó con el ejemplo otorgando la libertad a los suyos), aunque dicho sea en su honor con ello demostró que no dejaba de considerarlos sus iguales, cuando menos en cuestiones amatorias.

Pero, volviendo al caso People v. Croswell, Jefferson, a través de su amigo el fiscal general de Nueva York, logró una condena, amparándose en que la acreditación de la certeza de los hechos en modo alguno podía servir de base a una absolución, pues lo esencial y relevante era el animus injuriandi. Con ello Jefferson iba más allá de las Alien and Sedition Acts, que sí contemplaban la exceptio veritatis como causa de exención penal, pretendiendo acudir a los viejos principios del common law inglés, que basaban la condena por sedición no en lo falso de las informaciones, sino en el daño producido. Pese a todo, Harry Croswell fue declarado culpable. Apelada la sentencia, al condenado lo defendido Alexander Hamilton en la que sería su última actuación profesional, dado que tuvo lugar poco antes de caer abatido en el célebre lance de honor que tuvo con el vicepresidente Aaron Burr. Hamilton incidió en la validez de la exceptio veritatis, así como en el hecho de que el propio ordenamiento inglés había evolucionado admitiendo tal instituto. El fiscal del caso (que ya no era Ambrose Spencer, recompensado por Jefferson a través de sus acólitos en la gobernación del estado con un nombramiento de juez estatal) sostuvo los mismos principios que su antecesor. Aunque la discrepancia entre los jueces, divididos entre partidarios y detractores de la exceptio veritatis, impidió tomar una decisión y, en consecuencia, ante la imposibilidad de dictar sentencia (lo que en terminología jurídica estadounidense se denomina deadlock) implicaba automáticamente la confirmación de la resolución apelada, lo cierto es que la condena impuesta a Croswell jamás se llevó a efecto.

Las anteriores reflexiones me vinieron a la memoria cuando tuve noticia de la recentísima Sentencia 99/2017 de 28 de junio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Zamora dictada en autos de Procedimiento Ordinario 463/2016, que resuelve el procedimiento seguido a instancias de Francisco Javier Iglesias Peláez frente a Hermann Tertsch del Valle Lersundi por vulneración del derecho al honor, fundamentado en un artículo publicado por el último donde acusaba al padre del demandante de haber sido condenado por participación en una checa durante el periodo de la guerra civil, resolución a la que cualquier persona puede acceder a través de internet, en concreto en la página infolibre.es. La sentencia no pasa de ser una más de las que se enfrentan a dilucidar si existe o no vulneración del derecho al honor de una persona, y si ha adquirido relevancia mediática es por la circunstancia que el demandante es el progenitor del Secretario General de una formación política recientemente creada.

Existen varias consideraciones, respecto a la sentencia, de las que sí quisiera emitir mi respetuoso parecer:

1.- Estructura de la sentencia. Comienza ya a ser preocupante el incumplimiento generalizado del artículo 248.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, que impone a las sentencias (el uso de la forma imperativa “se formularán” no deja la menor duda al respecto) expresar, “en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo.” Bien es cierto que desde el punto de vista estrictamente formal las resoluciones se adecúan a tal precepto, pero materialmente Sus Señorías han decidido a la hora de elaborar las resoluciones imitar la técnica pictórica del sfumato y diluir la distinción, incluyendo en el apartado correspondiente a los fundamentos jurídicos cuestiones estrictamente fácticas. La sentencia comentada es buena prueba de ello, y basta para acreditar dicho particular simplemente asomarse a la lectura del segundo párrafo del fundamento jurídico cuarto: “Para la resolución de la controversia suscitada resultan relevantes para la presente causa los siguientes hechos” y a continuación transcribe íntegramente el artículo publicado y en base al cual se articula la pretensión del demandante. Estructura interna, pues, errónea.

2.- Celebración de la vista a puerta cerrada. El quinto antecedente fáctico indica que “el juicio tuvo lugar el 19 de abril de 2017 celebrándose a puerta cerrada, lo que se acordó oralmente y se documentó por escrito mediante Auto de 5 de junio de 2017.” En este punto, creo que la juez no actuó conforme a Derecho. En este sentido, el artículo 138.1 de la Ley 1/2000 de 7 de enero impone con carácter general la publicidad de las actuaciones. Es el artículo 138.2 el que establece las excepciones a dicha norma general, lo que hace en los siguientes términos: “Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.” En este caso no estamos ante un caso con menores, el asunto tiene relevancia pública que trasciende del ámbito privado, hecho en el que la juzgadora además incide la propia resolución (“el contenido global de la información difundida trata temas de evidente trascendencia pública y se refiere a personas de máxima proyección pública, como es el hijo del actor don Pablo Iglesias” –fundamento jurídico segundo-; “si bien ha de admitirse que concurre el requisito de la relevancia pública de la información facilitada” –fundamento jurídico séptimo-). No alcanza el redactor de estas líneas a barruntar cómo la publicidad de las actuaciones puede perjudicar los intereses de la justicia. Tampoco creo que la última causa (orden público y seguridad nacional) haya sido invocada por las partes, ni mucho menos que se diera tal circunstancia.

Por tanto, no dándose esas circunstancias, entiendo que el acto de la juez acordando la celebración a puerta cerrada, en principio, es contrario a Derecho. Por cierto, la juez “olvida” incluir en la resolución la parte que solicitó la celebración a puerta cerrada (oficiosamente se conoce que fue la demandante) ni los motivos invocados. Y en este punto concreto, estoy convencido (aclaro que en este punto estoy emitiendo una opinión personal, y por tanto es subjetiva y falible) que esa omisión es absolutamente deliberada.

3.-  Planteamiento de la cuestión relevante. En este punto, a la hora de identificar el núcleo esencial del asunto, la juez procede de manera ejemplar y así debe reconocerse. El núcleo esencial del caso, es decir, la afirmación susceptible de vulnerar el derecho al honor, es la afirmación efectuada por el demandado en el sentido de que Manuel Iglesias Ramírez, fue condenado a muerte “por el delito de asesinato”, en concreto, según se contenía en la publicación, por “participar en sacas, es decir, en la caza de civiles inocentes desarmados en la retaguardia de Madrid.” Repárese en que el periodista no separa entre dos hechos (condena a muerte y participación en sacas) sino que vincula ambos en una misma frase (es decir, que la condena a muerte fue debida a la participación en sacas). Ahí está precisamente el truco del almendruco, puesto que con ello el propio Tertsch se ha puesto la soga al cuello. Porque a la parte demandante le bastaría tan sólo acreditar que la condena fue por un delito distinto (como así fue) para demostrar que el periodista habría faltado a la verdad.

4.- Jurisprudencia citada. La juez se apoya casi exclusivamente en la Sentencia 257/2006 de 30 de mayo de la Sección Vigésimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid dictada en recurso número 490/2004 (ES:APM:2006:8770), que resuelve la demanda interpuesta a consecuencia de la publicación del libro El enigma argentino, escrito por Horacio Vázquez Rial y publicado en Ediciones B, que fueron demandadas por un aludido. Más aún, el fundamento jurídico sexto de la Sentencia del Juzgado de Zamora es una transcripción literal de los fundamentos jurídicos segundo a octavo (ambos inclusive) de la resolución de la Audiencia madrileña. La juez, obviamente, omite los razonamientos referidos al concepto de “reportaje neutral” en tanto en cuanto éste únicamente se esgrime frente al medio, siendo así que en el caso en cuestión únicamente se optó por demandar al periodista.

5.- Solución ofrecida. En este punto, considero que la magistrada en cuestión ha tomado la solución acertada. Ha de tenerse en cuenta que no está cuestionando el derecho del periodista a publicar información, ni tan siquiera la que ha publicado si la misma hubiese sido avalada por datos objetivos. Lo que ocurre es que, en primer lugar, la parte actora tuvo el acierto de aportar la causa a la que fue sometido Manuel Iglesias Peláez, y de la misma se deduce que fue condenado por rebelión militar, no por asesinato, lo que ya implica que una de las afirmaciones (condena a muerte por participar en sacas) no es cierta. En este punto, pues, no puede operar la exceptio veritatis, porque el hecho se ha demostrado incierto. Hasta ese punto, suscribo la afirmación de la sentencia porque, en efecto, la condena de Manuel Iglesias Peláez no fue por asesinato, ni por la participación en sacas, sino por otro hecho distinto, sin que para nada la condena se basara en los asesinatos.

Ahora bien, la sentencia comete un exceso en lo que se refiere a la imputacion de que fuese Manuel Iglesias quien hubiese sido el encargado de identificar y capturar a un miembro de la nobleza, que sería finalmente asesinado. Puede imputarse al periodista cierta ligereza por no constatar en el artículo las fuentes de las que bebe, siendo así que las concretó en el acto de la vista. Pero la juez imputa al autor una falta de diligencia en la investigación. En lo referente a que tales hechos fuesen determinantes de la condena penal, ya hemos visto que la juez lleva razón, no fueron tales antecedentes los que llevaron a la condena. Pero de ahí a imputar una falta de investigación y a negar su realidad porque los mismos no fuesen el sustento de la culpabilidad penal, ahí media un abismo. Porque en este punto surge un interrogante que seguramente planea sobre cualquier ciudadano con un mínimo de raciocinio, pero que en este caso la juez parece ni tan siquiera haberse detenido a pensar. Si la acusación no de haber sido condenado por asesinato, sino en haber sido el causante de la muerte de varias personas había aparecido publicada con anterioridad en varios medios, y en este caso el demandado se limitó a recoger lo que ya venía recogido en varios medios con anterioridad. ¿Por qué en este punto el demandante no ha cuestionado dichas fuentes ni ejercido las acciones jurídicas frente a dichas publicaciones? ¿Por qué no ha extendido la acción jurídica frente a las mismas? Dejo simplemente planteada la cuestión.

 

Con todo, y desde el punto de vista estrictamente personal y a modo de opinión, si quisiera plantear varias cuestiones a modo de reflexión:

1.- Es paradójico que quienes exigen a terceros poseer la epidermis de un grosor y dureza cual hipopótamo, a la hora de recibir las más duras descalificaciones muestran tener una extremada sensibilidad en la piel. Así, en el caso comentado, la misma formación a la que pertenece la persona que considera su honor vulnerado por haber manifestado que su padre fue condenado por chequista, calificó de “asesino” (sic) a José María Pemán, justificando la autora de tal afirmación su actuar en que lo hizo como “una señal de alarma” porque en España falta “libertad de expresión.” En definitiva, que se regresa a la vieja tesis alemana del derecho penal de autor, donde no existen delitos basados en hechos objetivos, sino en las características personales del autor o de la víctima: el hecho que en unos casos es susceptible de ser considerado como ilícito penal, en otras circunstancias objetivamente idénticas no lo es por una simple variación de las características personales del sujeto activo o pasivo. Si algo demuestra con ello es que, al igual que ocurriera con Thomas Jefferson, quienes más predican la libertad de expresión y más generosos se muestran en su uso, tanto lo denigran cuando ese mismo derecho se esgrime en perjuicio suyo.

2.- Se demuestra igualmente la irresponsabilidad de quienes publican sin contrastar ni someter a un mínimo análisis determinados hechos. Por ejemplo, en lo referente a Manuel Iglesias Peláez, existen hechos objetivos y reconocidos por el propio afectado que podían haber sido esgrimidos por el señor Tertsch, sin que los mismos hubiesen sido constitutivos de vulnerar el derecho al honor, para cuestionar la imagen que Pablo Iglesias Turrión pretende ofrecer de su abuelo. Por ejemplo, podría haberse limitado a constatar que Manuel Iglesias, en el proceso al que fue sometido en 1939 tuvo por abogado defensor nada más y nada menos que a Alfonso García Valdecasas (uno de los fundadores de Falange Española junto con José Antonio Primo de Rivera y Julio Ruiz de Alda), algo cuando menos inusual. Que la pena de muerte le fue conmutada gracias a la intervención de Pedro Gamero del Castillo (en esos años ministro sin cartera en el gobierno de Franco, amigo personal de Ramón Serrano Suñer y simpatizante alemán). Y, sobre todo, que según las propias declaraciones de Iglesias Peláez, “después de la cárcel, y colocado por una cuñada mía, he trabajado en el Ministerio de Trabajo al Servicio del Seguro Obligatorio de Enfermedad, que nosotros no creamos”; es decir, que entra a trabajar en un departamento ministerial regentado por un camisa vieja, José Antonio Girón de Velasco. Datos todos ellos que proceden del libro La represión franquista en Villafranca de los Barros (1936-1945) debido a Francisco Espinosa Maestre. Cabría preguntarse cómo es posible que Manuel Iglesias Peláez tuviese contactos entre personas integrantes del sector duro del falangismo y sitas en los más altos cargos del régimen que, no sólo parece que le honraran con su amistad, sino que incluso dieron un paso más hasta el punto de interceder por él logrando no sólo se le conmutase la pena de muerte, no, sino otorgarle un trabajo nada menos que en uno de los ministerios claves del Estado. Si a ello se une que, según el propio interesado, tuvo seis hijos “todos ellos con formación universitaria”, en una época en la que no estaba al alcance de cualquier familia el facilitar a sus hijos el acceso a la formación titulada universitaria, permite concluir que la imagen que desde la formación morada pretende ofrecerse del abuelo del líder no es en modo alguno la más exacta.

3.- También es preocupante que exista una minoría de jueces (aunque, por desgracia, su número va en aumento) que no es que bizqueen tanto de mirar con un ojo al código y otro a los medios, sino que ya descaradamente concentran toda su atención en éstos. El hecho de que la juez acordase la celebración de la vista a puerta cerrada no puede explicarse más que por dicha circunstancia.

Con todo, el nieto de Manuel Iglesias Peláez debería tener muy en cuenta una frase que éste dejó consignada por escrito, y que no tengo ningún empacho en suscribir íntegramente: “lo único que odio en este mundo son las dictaduras, lo mismo las del sable que las del partido. Mi libertad termina donde empieza la tuya, y viceversa.”

 

 

 

 

 

 

 

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

DECLARACIÓN COMO TESTIGO DE MARIANO RAJOY: ESTÉTICA PENOSA.

Sala de vistas

Recuerdo que hace ya casi una década, en una conversación amistosa que mantuve fuera de los estrados con un magistrado del orden penal, éste se lamentaba que nuestro país era el único en el que las salas de vistas situaban a jueces y abogados a la misma altura física, dado que en el resto de países el estrado del juez se sitúa en un plano superior. Le manifesté que en ese aspecto yo no tendría ningún inconveniente en situarme desde el punto de vista estrictamente físico en un escaño inferior aunque, animus iocandi, le exigí a mi distinguido interlocutor que a modo de contrapartida estuviese dispuesto a llevar la toga roja ribeteada de armiño y, sobre todo, la peluca rizada con que se adornan los jueces británicos. Mi respuesta le causó una mezcla de asombro y diversión, por lo inesperado y audaz de la misma, y reconoció que en ese caso prefería dejar las cosas como estaban. Lo cierto es que al ilustre magistrado se le escapó una diferencia no menos esencial, y es que en otros países, en los estrados las partes no están situadas de manera que se enfrenten de forma física, sino que ambas miran al juez.

La anécdota relatada en el párrafo anterior me vino hoy a la memoria cuando contemplé la declaración como testigo de Mariano Rajoy Brey. Si todavía existe alguien que a estas alturas piense que la justicia “es igual para todos” el espectáculo de hoy le habrá abierto definitivamente los ojos y le habrá demostrado lo erróneo de tan manida afirmación. Porque cuando la desigualdad trasciende ya a la propia física, es decir, a la escenografía, no creo que a ningún ciudadano de bien pueda exigírsele un descomunal ejercicio de fe y confianza ciega en la Administración de Justicia. Bien es cierto que, como decía el maestro Alejandro Nieto, ya existe desigualdad cuando unas personas declaran “en estrados” y otras en “banquillo”, pero cuando el grueso de los testigos deponen en el sitio habilitado al efecto con carácter general (frente a los magistrados) mientras que a otro se le habilita expresamente un lugar al efecto no ya al mismo nivel, sino en plano paralelo a los magistrados, obligando a éstos al penoso ejercicio de girar sus testas a la derecha (habrá malpensados que piensen que no sea casual el giro en esa dirección) para contemplar al testigo, con eso ya está dicho todo.

Modificar el ritual legalmente preestablecido introduciendo ex profeso una ubicación física inusual para que un testigo se sienta más cómodo no es precisamente un acto ni de buena Administración ni de estricta Justicia. Es más, ni está justificado ni es justificable.

Hemos de partir necesariamente del Auto de 30 de mayo de 2017 de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su fundamento jurídico único incurre en una contradicción interna. Por un lado, indica que: “D. Mariano Rajoy no comparece como presidente del gobierno sino como un ciudadano español (art. 14 CE) en calidad de testigo por hechos que se están juzgando en este Tribunal en razón a los cargos que tenía en el PP, colaboración con la justicia y en un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y del estado de derecho” (subrayado en el original). Para a continuación dar un giro copernicano y señalar que: “El Tribunal de la Audiencia Nacional, sede institucional, se sitúa en el mismo plano en cuanto a los poderes del Estado que el ejecutivo, por lo que la comparecencia personal de su representante máximo, en sana relación institucional, se ajusta a derecho.”

Con todos los respetos, creo que el redactor material del Auto se ha lucido, porque dice una cosa y la contraria en apenas media página. Porque si don Mariano Rajoy no comparece como presidente del gobierno, sino como “un ciudadano español”, no tiene ningún sentido la referencia ulterior a la “comparecencia personal de su representante máximo [del poder ejecutivo] en sana relación institucional”. Decir que el presidente comparece “como ciudadano” ya es ciertamente grave (pues pudiera parecer que se está efectuando una distinción física según la cual aquél o no es un ciudadano o es que es más ciudadano que otros), pero manifestar, tras una larga cambiada, que la comparecencia es “en sana relación institucional” se contradice con lo anterior, porque está situando la comparecencia a ese nivel, al institucional. Y ya puestos, de efectuar una comparación en cuanto a “situación en el plano”, el equivalente judicial al Presidente del Gobierno sería el Presidente del Tribunal Supremo, y no la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que como mucho podría considerarse “en el mismo plano” que el titular de un departamento ministerial.

Pero, centrándonos ya en el asunto que nos ocupa. Sólo caben dos posibilidades:

A.- Si Mariano Rajoy comparece, según el citado Auto, como ciudadano, acondicionarle para su deposición como testigo una ubicación específica y distinta al resto de los que antes y después comparecerán en la misma sala y en la misma vista, es intolerable no sólo estética, sino jurídicamente, y choca de lleno con el artículo 14 de la Constitución. En este caso, los magistrados han vulnerado un principio básico y elemental enunciado en su día por Augusto: la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo. Pues la imagen que se ha dado al pueblo es el célebre aserto orwelliano: “todos los ciudadanos son iguales, pero unos son más iguales que otros.”

B.- Si la comparecencia se efectúa no en calidad de ciudadano, sino como Presidente del Gobierno, los privilegios que pudiera tener la persona física que ostente dicho puesto desaparecen al penetrar en una Sala de Justicia. El Presidente tan sólo puede comparecer en Sala como tal y con los privilegios inherentes a dicho puesto en eventos como la inauguración del año judicial o similares, donde, en efecto, su presencia se hace como máximo representante del Poder Ejecutivo. Pero cuando ha de comparecer en Sala bien sea como persona investigada o como simple testigo, no ha de distinguirse de cualquier otro ciudadano, salvo lógicamente en los aspectos relativos a las medidas de seguridad que han de rodear a su persona, hecho este último que no es objeto de discusión.

Uno de los problemas fundamentales que tiene nuestro país es el excesivo respeto que el tercero de los poderes ha tenido siempre hacia el segundo, y que le ha llevado en numerosas ocasiones a efectuar cesiones intolerables por simple cuestión estética, y esta es una de ellas. Otro, el retraso histórico a la hora de abordar cuestiones que en otros países hace décadas que han obtenido ya una respuesta. Y es que si Sus Señorías hubieran deseado un ejemplo de cómo abordar la comparecencia de un Presidente como testigo en un pleito, no hubieran tenido más que acudir a internet buscar las actas del que en su día fue considerado el “juicio del siglo”, el caso United States v. Aaron Burr, celebrado entre junio y agosto de 1807 en el Tribunal de Circuito de Virginia. Dichas actas son fácilmente accesibles, y en las mismas puede comprobarse que el acusado, nada menos que el antiguo vicepresidente de los Estados Unidos, planteó abiertamente no sólo la comparecencia física del Presidente en Sala, sino que lo hiciese acompañado de documentos que se consideraban oficiales. John Marshall dejó bien claro que a efectos procesales, no existe diferencia entre el Presidente de los Estados Unidos y un ciudadano común: “Si a la hora de ser citado como testigo la ley no discrimina entre el presidente y un ciudadano común […] la citación para la comparecencia y presentación de documentos puede emitirse frente a cualquier persona a la que pueda dirigirse una citación ordinaria.”

En cualquier caso, si comparece como ciudadano porque es como cualquier otro ciudadano, como tal ha de declarar. Sin compadreos ni concesiones estéticas, que si algún prestigio disminuyen es el de la propia Sala que, lo digo con todo respeto pero con total firmeza, en mi opinión no ha quedado en muy buen lugar.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

SOBRE LA LIMITACIÓN DE MANDATOS.

Washington

Cuando el verano de 1787 los representantes de los distintos estados se reunieron en la Convención a la hora de abordar quién habría de ostentar el poder ejecutivo llegaron a plantearse que éste fuese depositado en un Presidente que tuviese un mandato sin posibilidad de reelección. Finalmente, no llegó a prosperar dicha tesis y el artículo segundo fijó un mandato de cuatro años sin establecer cortapisa alguna a las eventuales reelecciones. No obstante, George Washington, el indiscutido líder de los Estados Unidos y primer presidente de dicha nación, allanó el camino al renunciar en el año 1796 a optar a un tercer mandato. Se separaba así de otras personas como George Clinton, el incombustible gobernador del estado de Nueva York, que desde 1777 veía casi automáticamente renovado su mandato hasta que en 1795 fue destronado por John Jay, curiosamente el redactor de la constitución estatal que establecía para el gobernador un mandato de tres años.

Desde la renuncia de Washington, ninguno de sus sucesores en el cargo osó dejar sin efecto el precedente que el ilustre virginiano había sentado, y ninguno intentó presentarse a la reelección más de una vez. Ulises S. Grant tanteó la posibilidad en 1876, el año del centenario, pero desistió al comprobar que la prensa calificó la simple posibilidad de intentarlo como “dictadura”. Tan sólo el inefable Franklin D. Roosevelt fue reelegido en tres ocasiones (1936, 1940 y 1944), si bien la muerte le privó de desempeñar casi la totalidad del último de los mandatos. Precisamente con la intención de evitar otro caso como el de Roosevelt, se aprobó la vigesimosegunda enmienda constitucional, que impide a un candidato optar a más de una reelección a la presidencia. El tenor literal de la enmienda no deja la menor duda: “Nadie puede ser elegido presidente más de dos veces, y tampoco podrá serlo quien haya ocupado el cargo o actuado como presidente durante más de dos años durante el mandato para el cual hubiera sido elegido otra persona.” Quiere ello decir, por ejemplo, que Lyndon B. Johnson podría haber optado a la reelección en 1968 (dado que cuando accedió a la presidencia tras el asesinato de Kennedy no ostentó la misma durante más de dos años en ese mandato), pero, por ejemplo, Harry S. Truman (a quien por derecho transitorio no se le aplicaría) tendría que considerar como mandato propio su primera etapa de presidente, dado que sucedió a Roosevelt tras la muerte de éste. Se quiere evitar, con ello, que una persona concentre todos los poderes durante un amplio lapso de tiempo, dado que el pueblo de los Estados Unidos siempre ha tenido un enorme recelo hacia el poder.

Nuestro país es diferente. No sólo no existe recelo hacia el poder, sino que éste siempre ha hecho de su capa un sayo, ya sea abiertamente o mediante sutilezas legales. Ideas como la de responsabilidad política o temporalidad en el cargo no han logrado arraigar del todo, porque la siembra que tuvo lugar en el periodo inicial del constitucionalismo no logró que la semilla germinase del todo. Y así existen ejemplos de personas que se perpetúan en el cargo inasequibles al desaliento, con el agravante que al hacer referencia a su situación hablan de “sacrificio personal” y de “servicio al público.” Y la idea de responsabilidad, por su puesto muy muy diluida. No hace ni un mes que hemos visto cómo al titular de la cartera de Hacienda, tras ver cómo el Tribunal Constitucional anulaba una de sus medidas estrellas (la denominada “amnistía fiscal”, cuyo nombre técnico era “declaración tributaria especial”) manifestó que iba a asumir su responsabilidad, y que esa asunción iba a consistir en explicar a la ciudadanía por qué hizo lo que hizo. Con todo, lo grave es que lo decía en serio.

El afán de perpetuarse en el cargo no se limita a la alta política estatal, sino a la autonómica, local e institucional. Hemos visto cómo un expresidente autonómico actualmente investigado por corrupción se perpetuó durante tres décadas en el cargo, cómo hay ediles que vegetan en sus poltronas cuatrienio tras cuatrienio. E incluso a nivel del sector público institucional se dan ejemplos curiosísimos. Por ejemplo, el decano del Colegio de Abogados de Gijón, que lleva tres mandatos quinquenales consecutivos como primera autoridad de la abogacía gijonesa (periodo al que habría que añadir otro como miembro de una junta anterior), no sólo rehusó modificar los estatutos del colegio para reducir de cinco a cuatro el periodo de duración del cargo, sino que se empeñó en no introducir un periodo máximo de mandatos invocando la “libertad”, lo que implícitamente supone decir que en aquéllos países donde existe tal límite no son democracias ni tan siquiera formalmente. O qué decir del presidente de la Federación Española de Fútbol, que investigado como presunto cabecilla de una trama corrupta continúa en el cargo desde la prisión provisionalmente acordada….quizá porque desea llegar a las tres décadas en el puesto. O el Presidente del Comité de Árbitros, que también supera las dos décadas en el puesto.

Sí es cierto que en nuestro país hubo quienes prometieron formalmente limitar a dos sus mandatos. Pero que hiciesen honor a su palabra tan sólo me viene a la memoria una persona. La regla general es seguir hasta que el cuerpo aguante, y a veces incluso aún más allá cuando éste ha empezado a flaquear y a dar síntomas de agotamiento.

Nadie, por desgracia, emula a aquél célebre agrimensor virginiano que, elevado a la jefatura del Estado de una nueva nación, en 1796 rehusase optar a un tercer mandato cuando nadie cuestionaba ni su figura ni su derecho a ello.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

HÉROES Y COMPORTAMIENTOS HEROICOS

Attack

Corría el mes de abril del año 1788 cuando en la ciudad de Nueva York una muchedumbre enfurecida se dirigía a la cárcel para linchar a varios reclusos. Los encarcelados eran varios galenos que habían incurrido en un comportamiento que, aun siendo cotidiano a ojos del espectador del siglo XXI, a finales del “siglo de las luces” continuaba siendo considerado no sólo ilícito, sino impío: practicar la disección con cadáveres, que obtenían saqueando tumbas. Las autoridades, más por proteger a los doctores que por estar convencidos de que el comportamiento fuese realmente digno de prisión, optaron por recluir a los físicos en los calabozos de la ciudad. No obstante, la multitud, amparada por la impunidad que otorga al individuo el hecho de diluir su personalidad en la amorfa masa colectiva, considerando que las autoridades estaban siendo bastante complacientes optó por tomarse la justicia por su mano y acudir a la cárcel para “hacer justicia”. Es decir, “su” justicia.

Varias autoridades trataron de oponerse a la muchedumbre, y una de las personas encargadas de mantener el orden se dirigió a casa del entonces Secretario de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, John Jay, quien se encontraba aún convaleciente de una grave enfermedad. Cuando Jay fue informado de la situación, no dudó de lo que había de hacer, y tomando una espada acudió en auxilio de las autoridades para evitar el linchamiento. Cuando, junto con Alexander Hamilton, intentaba repeler a la multitud recibió una pedrada en la cabeza que hizo le hizo perder el conocimiento. Jay tuvo que ser auxiliado por otras personas y llevado a su casa con una gran brecha en la frente que incluso hizo temer por su vida. Afortunadamente, todo quedó en un susto y pudo reponerse. La esposa de Jay narraría en una epístola que dirigió a una de sus amigas los momentos de angustia que pasó cuando vio cómo varias personas introducían en casa el cuerpo ensangrentado de su marido. El que pasaría a la historia como el “doctor´s mob riot” fue sofocado cuando el gobernador de Nueva York, George Clinton, convocó a la milicia estatal para oponerse a los insurrectos. Un año después de este acontecimiento, Jay era nombrado Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Jay era una persona que rechazaba todo tipo de violencia (debido fundamentalmente a sus profundas creencias religiosas), que por principio repelía a sus sentimientos, aun cuando considerase que en ocasiones existía la obligación de oponerse a los comportamientos injustos. Pero su actuación demuestra que no dudó en luchar por defender a quienes creía víctimas de una situación injusta. Nadie le obligaba a oponerse físicamente a una muchedumbre enfurecida, y mucho menos cuando aún se encontraba convaleciente de una enfermedad grave, pero su íntimo sentido de la Justicia con mayúsculas le hizo oponerse, arma en mano, a lo que ha sido considerado por algunos como la mayor bajeza moral en que puede caer un ser humano.

El trágico fallecimiento del español Ignacio Echeverría, que armado únicamente con su monopatín no dudó en defender a varias personas que estaban siendo atacadas por terroristas, me hizo evocar el comportamiento de Jay, enfermo y que, espada en mano, hizo frente a una multitud para evitar el derramamiento de sangre inocente. Lamentablemente, Echeverría no tuvo la suerte que en su día tuvo Jay, dado que no sobrevivió al ataque. Pero sin duda alguna lo que demuestra es una afirmación vertida por el protagonista de un capítulo de la serie Bonanza: los héroes están donde uno menos se lo espera y en muchas ocasiones los comportamientos heroicos provienen de quienes uno menos se lo espera. Nadie pensó en su día que Jay fuese capaz de gestos heroicos, ni por su carácter ni por sus convicciones (muy vinculadas al cristianismo protestante); pero ante una injusticia, cuando varias personas iban a ser injustamente linchadas, no dudó en olvidarse de su propio estado de salud y de su integridad corporal para enfrentarse valientemente a un grupo de enojados ciudadanos que iban a atentar contra las vidas de personas indefensas.

¿QUIÉN CONOCE A UN JUEZ DEL SUPREMO?

Who knows

En cierta ocasión, David Souter, cuando aún era juez en activo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, fue abordado por un matrimonio que se dirigió a él de la siguiente forma: “Usted es Stephen Breyer.” Éste era no sólo uno de sus colegas en el Alto Tribunal, sino uno de sus amigos, y dado que Souter no quería hacer pasar un mal rato a sus dos interlocutores, les siguió la corriente diciendo que, efectivamente, así era. Cuando ya al final, antes de irse, uno de los cónyuges preguntó al juez cual era la mayor satisfacción que le daba el ocupar tal puesto, la divertida respuesta del magistrado fue: “El privilegio de trabajar con David Souter.

La anécdota, totalmente veraz y que Jeffrey Toobin recoge en su libro The nine, muestra un hecho cierto: que el público estadounidense está familiarizado con los jueces que integran su Tribunal Supremo. Pueden confundir físicamente a unos con otros (el propio Toobin reconoce que tomó en cierta ocasión a Anthony Kennedy por William Rehnquist), pero salvo rarísimas excepciones, el público en general conoce quiénes integran en cada momento el más alto órgano judicial de la federación. Los procedimientos de confirmación senatorial permiten conocer hasta el más mínimo detalle de la vida personal y profesional del juez pues en el expediente abierto al efecto quedarán incorporados su currículum vitae, los informes del F.B.I y de la American Bar Association, así como los artículos publicados, sentencias redactadas, conferencias impartidas, seminarios dirigidos y todo el cursus honorum seguido por la persona nominada. El público sabe, pues, no sólo cómo se llama y qué aspecto físico tiene el juez sino, fundamentalmente y lo que importa, cuál es su pensamiento jurídico.

Contrasta esa situación con la del Tribunal Supremo del Reino de España. Salvo en círculos profesionales vinculados al mundo jurídico, el público en general no es ya que desconozca el pensamiento de los magistrados que integran dicho órgano judicial, sino que ni tan siquiera está familiarizado con el nombre de los jueces. En definitiva, que la composición del Tribunal Supremo en nuestro país viene a ser una especie de misterios de Eleusis, una especie de arcano únicamente accesible para los iniciados, pero que deliberadamente se mantiene alejado del público en general.

¿Quién conoce a un juez del Tribunal Supremo? ¿Quién sabe cómo se llaman, lo que piensan, qué han escrito? ¿Son partidarios del activismo o del retraimiento judicial? ¿Ha de otorgarse deferencia a las “political branches” o debe verse en la judicatura un muro que defienda a la persona frente a los ataques del poder público, ya sea éste legislativo o ejecutivo? En este punto, la respuesta no sólo del público en general, sino de gran parte de las personas vinculadas al mundo jurídico sería: no sabe, no contesta. Cierto es que en el portal de transparencia del Tribunal Supremo uno puede encontrar el nombre de los magistrados que integran cada Sala, e incluso existe una breve semblanza biográfica, pero ello de poco nos sirve. Teniendo en cuenta, además, que el procedimiento de selección de los jueces del Tribunal Supremo español si por algo se ha caracterizado es por el hermetismo, tampoco ayuda mucho.

El ya desaparecido juez Antonin Scalia elaboró, en colaboración con Bryan A. Garner, un breve libro de ayuda para los abogados, libro significativamente titulado: Making your case: the art of persuading judges. Uno de los primeros consejos que daban ambos autores era, precisamente, que el abogado que tenía un caso ante un órgano jurisdiccional tenía que: “conocer al juez”. Me temo que en nuestro país, salvo rarísimas excepciones, sería imposible. En el viejo continente se ha identificado independencia judicial con retraimiento social del juez, de igual forma que se equiparaba el rigor jurídico con la severidad en las formas. Craso error, que desgraciadamente aún hoy estamos pagando, aunque desde hace algún tiempo existen motivos para cierto optimismo, pues se comienzan a vislumbrar esperanzadores cambios.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS PRESIDENTES AMERICANOS: EL CASO KENNEDY.

prensa

Ni los periodistas ni la prensa en general son imparciales o inmunes a las filias y fobias, simpatías o antipatías que pueden sentir hacia personas o entidades. Ello es algo perfectamente lógico, natural e irreprochable. Ahora bien, tales orientaciones o tomas abiertas de partido suelen disfrazarse sutilmente como “información”, lo cual ya no es en modo alguno admisible. El problema radica en el hecho que es tan sólo una delgada línea roja la que separa la información objetiva y la opinión subjetiva. Y dada la posición y la capacidad de influencia que los medios tienen en la opinión pública ello puede ocasionar que en muchas ocasiones sean precisamente los medios quienes eleven a la condición de semidioses a determinadas personas y que en otras muchas arrojen al fango a otras, simple y llanamente por esas simpatías o antipatías así como, por qué no decirlo (pues ejemplos hay a dar y tomar) por estar a sueldo o en situación de dependencia de esas personas a las que han de elevar a los altares.

Un ejemplo claro de deconstrucción de la biografía de un hombre para sustituirla por  la leyenda de un semidiós es la que tuvo lugar en los años sesenta con el tratamiento que los medios de comunicación dieron a la figura de John Fitgerald Kennedy, a quien se presentó como la nueva imagen del sueño americano, un hombre a quien caracterizaban la juventud, la fuerza, la vitalidad, su condición de hombre de familia y, sobre todo, una visión políticamente avanzada en pro de los derechos civiles y de las minorías. Su oponente, Richard Nixon, era, por el contrario, era un hombre oscuro, gris, reaccionario hasta las médulas y la imagen de establishment político de Washington. A ello contribuyó no poco la imagen que Theodor H White transmitió en su obra The making of the President, que vino a convertirse en poco menos que la obra de cabecera de todo aquel que deseara acercarse a la imagen del trigésimoquinto presidente de los Estados Unidos. Por si fuera poco, las trágicas circunstancias que rodearon la muerte de Kennedy hicieron que la leyenda en vida se elevara ya a la categoría de mito, al igual que ocurrió con figuras como Abraham Lincoln o Alexander Hamilton, este último persona con una innegable capacidad intelectual, pero carente del más mínimo escrúpulo. John Kennedy era, pues, alguien dotado de todas las virtudes, y esa imagen era la que transmitían los medios. Como ocurre siempre, la realidad no era tan sencilla ni tan plana, pues en la construcción de esta biografía los medios de comunicación se habían puesto literalmente al servicio de los Kennedy, algunos de ellos por motivos tan poco elogiables como el haber sido comprados por dicho clan familiar.

Y es que recientemente ha caído en mis manos el impresionante ensayo The real making of the President, de W.J.Rorabaugh, uno de los volúmenes integrantes de la magnífica colección American Presidential Elections que publica la University Press of Kansas. El ensayo es una refutación en su integridad del ensayo que Theodore White escribiera en los sesenta, y para empezar ya se nos advierte que dicho autor formaba parte del grupo de periodistas contratados por Kennedy para seguir su campaña presidencial, lo que ya en principio debería llevar a acoger las tesis de White con las debidas cautelas al estar teñido por una doble parcialidad. Pero cuando uno se adentra en la obra de Rorabaugh comprueba que si la imagen tradicional de Kennedy no era otra cosa que una farsa, la visión tradicional de Nixon tampoco era cierta. Para empezar, aunque se incidía en la juventud de Kennedy, éste tan sólo era cuatro años más joven que su rival en las elecciones presidenciales de 1960. Ideológicamente tampoco eran tan dispares, puesto que si por algo se caracterizaba el entorno Kennedy era por su conservadurismo (Joseph Patrick Kennedy había sido célebre por oponerse a la entrada de los Estados Unidos en la guerra; Robert Kennedy había formado parte del staff del polémico senador McCarthy) y en el ámbito de los derechos civiles el Partido Demócrata tenía mucho menos que ofrecer que los republicanos, pues había sido precisamente el republicano Dwight Eisenhower quien había tenido que imponerse al gobernador demócrata de Arkansas para llevar al debido cumplimiento la sentencia Brown v. Board of Education of Topeka cuando las autoridades estatales se negaron a llevar a efecto la integración escolar, de ahí que Ike optase por federalizar la milicia estatal y a escoltar militarmente a los que desde entonces se conocían como los “nueve de Little Rock”. Tan sólo había una diferencia personal entre Nixon y Kennedy: mientras el primero era un hombre que se había educado en un entorno relativamente humilde y carecía de fortuna personal, el segundo era un potentado que formaba parte de una de las familias más económicamente pudientes del país; buena prueba de ello es que como indica André Kaspi en su popular biografía de Kennedy, el regalo de cumpleaños que Joseph Kennedy otorgó a cada uno de sus hijos al alcanzar la mayoría de edad fue nada más y nada menos que un millón de dólares.

¿Cómo es posible entonces, que el hijo de un millonario, que desde joven padecía serios problemas de salud, con una vida privada llena de infidelidades matrimoniales y que no gozaba de un currículum muy brillante en lo que a la defensa de los derechos civiles atañe ha pasado a la historia como el hombre joven, fuerte, amante esposo y padre pero y, sobre todo, profeta de la igualdad? Pues simple y llanamente gracias a que su familia compró literalmente a los medios de comunicación. No me resisto a transcribir este largo párrafo de la obra citada de Rorabaugh:

The Kennedys were able to keep stories about the vast sums of money and West Virginia´s corruption out of the media. Money, it appeared, could buy votes and manipulate the press into silence. One enterprising reporter from Baltimore Sun wrote and excelent account of the vote buying that he had personally witnessed. He assumed that the story would run on page one but was surprised to find only a watered-down versión in the paper. The independent, family-owned, and undercapitalized Sun could not afford to take on the powerful Kennedys. At the time, Baltimore had a pair of competing newspapers owned by the wealthy  and privately held Hearst Corporation. There had long been ties between the Hearst and the Kennedys, and the Sun could not at that time risk a newspaper war. Publishers had to be alert. Years later, the Republican Boston Herald Traveler was involved in a telecision license scandal. The Publisher suspected that the paper´s corporate counsel had set it up. It was ruined financially and closed, and the Kennedy-oriented Boston Globe became dominant. After the Hearst gossip columnist Igor Cassini irritated the Kennedys, Cassini was indicted on an unrelated matter and had his column killed.

Como se ve, en esta idealización de la figura de Kennedy tuvo mucho que ver la prensa que se rindió a las “poderosas” armas de la familia, que no eran precisamente las virtudes individuales del candidato, sino el color de los billetes que el patriarca del clan se encargó de distribuir generosamente.

En otras ocasiones la construcción y deconstrucción de biografías tiene un matiz más ideológico, aunque sin descartar el componente económico. Baste para ello contrastar el tratamiento que los medios de comunicación han dado a la figura de Barack Obama y a la de Donald Trump. El primero, una persona de innegables dotes comunicativas, que gana en las distancias cortas por su encanto personal, pero que ideológicamente se caracterizó por los vaivenes más extraños, la hipocresía más evidente y por el incumplimiento sangrante de gran parte de su programa electoral. Sin embargo, la presión mediática en su favor era tal que incluso se le otorgó el Premio Nobel de la Paz sin otro motivo que haber sido elegido Presidente de los Estados Unidos, pues apenas llevaba medio año en el cargo cuando se hizo pública la concesión de dicho galardón. El hecho de que continuase la política exterior de Bush (con tan sólo algún que otro retoque formal), mantuviese abierto Guantánamo, e incluso que recriminase a un periodista hispano que osó criticarle levemente en una rueda de prensa espetándole un lacónico “You are in my house”, poco importaron. Por el contrario, Donald Trump es una persona que carece de la más mínima diplomacia, pues si algo le caracteriza es una excesiva logorrea y un escaso (por no decir nulo) respeto a las formas; pero que, hay que reconocérselo, lo que está haciendo es cumplir a rajatabla el programa electoral para el que fue elegido, y en un tiempo record, algo a lo que en Europa en general, y en España en particular, estamos poco acostumbrados, dado que más bien ocurre lo contrario. Sin embargo, no hay día en que los medios (tanto americanos como españoles) adornen el que podría llamarse “rincón de Trump” con todo tipo de críticas, algunas tan chuscas como el hecho de que su hija apareciese sentada en el sillón presidencial flanqueada por su padre y por el primer ministro de Canadá (habría que ver qué hubiese ocurrido si hubiese aparecido de pie y su padre sentado, entonces igual se criticaría el “machismo”).

No obstante, viendo a Trump uno cada vez echa más de menos a Ronald Reagan, que solía desarmar a sus críticos y oponentes con una hilarante anécdota y con su agudo sentido del humor. Quizá la ocasión más célebre tuvo lugar en el tercero de los debates entre Ronald Reagan y su rival, Walter Mondale, y en el seno del cual un periodista reprochó al republicano ser el presidente de más edad, preguntándole si albergaba dudas sobre su capacidad para ostentar el cargo. La respuesta de Reagan fue directa, clara y fulminante, desarmando no sólo al periodista, sino incluso a su rival, que soltó una carcajada por la adugísima respuesta del veterano Reagan: “Not at all…I will not make age an issue of this campaign. I am not going to explote for political purposes my opponent´s youth and inexperience” He aquí el momento, y la imagen de Mondale y del periodista tras esa respuesta dejó ya bien claro que Reagan tenía asegurada la reelección:

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

SOBRE ABOGADOS Y PERIODISTAS: UN LAMENTABLE ARTÍCULO PUBLICADO EN “EL MUNDO”.

abogado

En los minutos finales de la deliciosa comedia Sabrina (adaptación cinematográfica que en el año 1954 hizo el genial Billy Wilder de la obra teatral de Samuel Taylor), Oliver Larrabee, el anciano patriarca de la familia, clamaba su malestar contra los periodistas con una airada afirmación: “All columnists should be beaten to a pulp and converted back into paper” (Todos los periodistas deberían ser reducidos a pulpa y convertidos en papel). Lo hacía justo cuando  su hijo menor, David Larrabee (muy acertado William Holden) leía a su hermano mayor, Linus (un muy inadecuado Humphrey Bogart, que intentaba acomodarse en un rol que en el último momento rehusara interpretar Cary Grant) una información publicada en uno de los diarios de Nueva York. Y es que, en efecto, son numerosas las ocasiones en que el séptimo arte ha reflejado la cara menos amable del periodismo, desde la apocalíptica Network (que citábamos en nuestro anterior post) a la algo más amable Front Page (Primera plana) que en 1971 dirigía igualmente Billy Wilder (en realidad, la tercera versión de un drama teatral escrito por Ben Hetch y Charles MacArthur), donde ni el periodismo ni quienes integran la profesión salen precisamente bien parados, empezando por el siniestro Walter Burns (Walter Mattau) director de un periódico capaz de sacrificarlo todo por un titular.

Pese a ello, sería injusto generalizar e imputar a toda una profesión los defectos o lacras de un individuo. Porque, en eso forzosamente hay que estar de acuerdo, en todas las profesiones existen garbanzos negros, individuos que son una auténtica deshonra para el colectivo, pero en modo alguno pueden extenderse los defectos individuales a una corporación. Que un empleado público sea indolente no significa que todo el empleo público lo sea; que un abogado sea deshonesto no implica que la abogacía sea inmoral; que un juez sea venal o prevaricador no quiere decir que la judicatura tenga por norma ese comportamiento; que un periodista se venda al mejor postor no quiere decir que todo el periodismo pueda comprarse. En definitiva, que la profesionalidad y la honradez son cualidades que se predican de una persona, de la misma forma que sus opuestos, la dejadez y la deshonestidad.

Viene todo lo anterior con motivo un artículo de dudoso gusto titulado El peor oficio del mundo, que ha escrito un periodista bonaerense y que ha sido publicado hoy en el diario El Mundo. Confieso que tuve conocimiento del mismo al verlo compartido en la red social Facebook por varios amigos, y decidí sumergirme en su lectura. Me costó ciertamente lo suyo, no sólo porque el individuo en cuestión vomita literalmente su odio hacia la abogacía (además de dejar explícito que posee otros traumas personales muy intensos, como puede deducirse del uso excesivo de determinados sustantivos) sino por hacerlo con un estilo literario bastante pedestre, zafio e indigesto a más no poder, hasta el punto que tras finalizar la lectura del mismo se precisa una buena dosis de bicarbonato para digerirlo. Llama la atención que se antepongan al texto tres palabras  (“relato de ficción”) que ya de por sí son una falsedad, pues ni se está ante un relato ni parece en modo alguno que el mismo sea de ficción, y más bien parece que el objetivo de esos tres vocablos sea precisamente utilizarlos como escudo protector frente a las críticas y posibles acciones judiciales que puedan lloverle con motivo de la publicación. Se empieza, pues, con una mentira, algo que no debe sorprender en tanto en cuanto el propio autor hace una excelente descripción de sí mismo ya bien avanzado el artículo: “todo el mundo descubrió temprano que yo había nacido con la ambigua capacidad de engañar, de convencer a la gente sobre cualquier cosa.” Hablando en plata, un mentiroso compulsivo, un vendedor de crecepelos como el personaje que encarnada Humphrey Bogart en el film No somos ángeles, la clásica cinta dirigida por Michael Curtiz en 1955. Pero, además de mentiroso, no se caracteriza nuestro autor por la modestia, dado que pese a las intolerables descalificaciones hacia la abogacía y sus integrantes, resulta que la visión que tiene de sí mismo el inefable es que de no haber recibido la llamada divina del periodismo, hubiera sido poco más o menos que el rey de los pleitos: “Yo habría sido un gran abogado. El más hijo de puta de todos. El más respetado, el que más culpables ricos habría salvado de la cárcel, el que más inocentes pobres habría metido en prisión. Un gran abogado, sí señor. Una mierda de persona. Hasta tendría un chalet con pileta, un auto grandote”. Pero claro, una profesión como esa le hubiera anulado como persona, de ahí que haya optado por integrarse en el periodismo, otro colectivo cuando menos tan respetado como el de los juristas. Lo único que deja patente el meritado artículo es la catadura y el mal gusto del autor así como el del medio que lo reproduce, que si algo patentiza es la degeneración progresiva que viene sufriendo en los últimos años.

En lo que al mundo del periodismo se refiere mucho podríamos decir, pero En modo alguno ello autioriza a cubrir de expresiones denigratorias al colectivo. Hay medios y personas en el mismo que, ciertamente, se han cubierto de gloria en los últimos años y han hecho gala de un comporatamiento manifiestamente mejorable, pero de ahí a denigrar a toda la profesión o a soltar como ex abrupto la afirmación de Oliver Larrabee con la que abríamos la presente entrada media un abismo. El mismo que separa los términos “Hernán Casciari” y “periodista”.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

EL CASO NADIA O LA IRRESPONSABILIDAD DE LA PRENSA ACTUAL: NETWORK REDIVIVO.

network

A finales del año 1898, cuando la prensa española reclamaba a grandes titulares la responsabilidad de quienes habían conducido al país a la pérdida de sus últimas colonias, un joven periodista vasco se atrevió a hacer autocrítica y lanzar un dardo envenenado contra los propios diarios, a quienes acusaba de haber sido los promotores del desastre. En un gesto de valentía sin límites, casi diríamos suicida para alguien que se ganaba la vida precisamente del periodismo, manifestaba entre otras cosas: “¡Depuremos las responsabilidades!…A las órdenes de ustedes, señores periodistas. Pero veamos, ante todo, si somos nosotros los más autorizados para lanzar la primera piedra […] Porque por ninguna parte hemos leído esos informes minuciosos, imparciales, escrupulosos, dignos, con que los grandes diarios de otros pueblos suelen ilustrar a sus lectores. Aquí no hemos visto más que noticias de reporteros, infundios de advenedizos ambiciosos y aduladores del poder o del perro-chico y artículos en los que se han hecho y deshecho, levantado y derribado, docenas de reputaciones, tan inmerecedoras de los elogios que se les prodigara, como de los ataques  con que se los desprestigió.“ El joven periodista se llamaba Ramiro de Maeztu, y el artículo donde hacía gala de tan gallarda actitud llevaba por título Responsabilidades, y debió parecerle tan certero que un año después lo incluyó en su libro recopilatorio Hacia otra España. Y conviene no perder de vista que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX la prensa escrita era mucho más seria, rigurosa y profesional que sus sucesores en el siglo XXI.

Las citadas afirmaciones de Maeztu me vinieron a la memoria al albur del ahora denominado “caso Nadia”. Hagamos memoria. Hace no tanto tiempo un progenitor acudió a diversos medios de comunicación, escritos y televisivos, solicitando dinero para su hija enferma, dado que precisaba importantes cantidades de dinero para someterla a un oneroso tratamiento que por desgracia nuestro país no suministraba. Diferentes programas dieron su asilo al padre y a la niña, a quienes exhibieron en sus shows matutinos logrando beneficios recíprocos, pues mientras las emisiones incrementaban las audiencias excitando el pulso emocional del espectador con las lágrimas dolientes del padre y los inocentes correteos de la menor por el plató, la cuenta corriente del meritado progenitor alcanzaba las seis cifras. Ningún medio de comunicación se molestó en verificar si la historia era cierta o si no había en la misma indicios que permitieran cuando menos sospechar que existía gato encerrado. No. Lo importante era la conjunción de intereses entre los medios a la búsqueda de audiencias y los padres a la búsqueda de ingresos fáciles, de tal forma que la pequeña Nadia pudo ver a su padre convertido poco menos que en la versión masculina de La reina de Nueva York, aunque careciese de la gracia y la prestancia de Carole Lombard. Sin embargo, poco tiempo después saltó la liebre demostrando que esa emotiva historia no era más que un cúmulo de falsedades que encubrían un vulgar intento de estafa aprovechándose de la buena fe de la gente. El dinero recaudado no servía para sufragar el tratamiento médico de la menor, sino para satisfacer los caprichos de los progenitores, siendo detenido el padre cuando éste proyectaba la fuga. Fue entonces cuando esos mismos medios de comunicación que alzaron en volandas a una persona hasta el cielo de la fama le retiraron súbitamente los apoyos para hundirle en el cieno. A partir de entonces, esos medios que no tuvieron empacho en exhibir al ahora investigado por sus platós sin comprobar la veracidad de la historia, esos mismos medios que hicieron de la imprudencia su bandera, tratan de lavar su imagen de la manera más vil, rastrera y cobarde. No es que el sujeto no merezca algunos de los severos calificativos con que se le adorna, muchos de los cuales no es que le cuadren, sino que pecan de generosos. Pero uno se pregunta qué epítetos merecería esa prensa irresponsable, ese periodismo de salón que por un titular sacrifica todo lo que sea menester, incluso lo más sagrado para un periodista: la veracidad, antaño bandera, patrimonio y honra irrenunciable hasta para el más humilde gacetillero.

Hace cuarenta años, Sidney Lumet dirigió la película Network, ambientada en el mundo televisivo y en la lucha por las audiencias. En ella narra la historia de Howard Beale (impresionante Peter Finch, que ganó un oscar por su interpretación), quien en un ataque de ira porque va a ser despedido pronuncia un incendiario discurso en su programa de despedida que, sorprendentemente, cala en la población. Debido al éxito de su soflama la cadena da marcha atrás y le mantiene, pero nada es eterno, y las cifras de audiencia vuelven a caer mientras Beale se vuelve cada vez más difícil en su trato. La cuestión llega a tal punto que los productores no saben qué hacer para aumentar la audiencia, momento en el que una persona, en tono jocoso, propone nada menos que asesinar al presentador al iniciarse el programa. Lo que parecía una boutade dicha a modo de broma, fue tomada en serio, hasta el punto que uno de los directivos, Frank Hackett (encarnado por Robert Duvall), en plena reunión interroga a los presentes absolutamente en serio: “Well, the issue is: Shall we kill Howard Beale, or not? I’d like to get some more opinions on that”. Poco después, cuando se inicia el programa televisivo y Howard Beale saluda al público alguien se levanta y dispara sobre el presentador, mientras una voz en off indica: “This was the story of Howard Beale: The first known instance of a man who was killed because he had lousy ratings.” No cabe duda que lo que en el año 1976 parecía una exageración, hoy puede no serlo tanto. Pero lo que no deja de ser cierto es que a muchos programas que emiten hoy en día les es aplicable una frase pronunciada por Hackett cuando se le opone que su actitud vulnera todas las normas del periodismo responsable: “We’re not a respectable network. We’re a whorehouse network, and we have to take whatever we can get.”

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

LA HIGH COURT OF JUSTICE Y LA SENTENCIA SOBRE EL BREXIT (II): RAZONAMIENTOS JURÍDICOS. EL ATAQUE DE LA PRENSA A LOS JUECES

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Continuaremos en el presente post la glosa de la sentencia dictada por la High Court of Justice del Reino Unido relativa a la competencia para ejercitar las facultades tendentes a iniciar el procedimiento de salida de la Unión Europea.

El núcleo de la controversia jurídica se resume perfectamente en los párrafos 35 y 36 de la sentencia (páginas décima y undécima), aunque un poco más adelante, en el párrafo 73, se contiene una interesantísima advertencia a los potenciales lectores de la misma: “Los razonamientos jurídicos de las partes constan transcritas y son accesibles a través de internet sin coste alguno. Es posible, por tanto, resumir brevemente los mismos”. La tesis principal de los demandantes se adelanta en el párrafo 35: “Es en este contexto legal en la que la parte demandante y otros interesados entienden que la ECA 1972 [European Community Act] y otros textos legales según los cuales el derecho comunitario tiene influencia en el ordenamiento interno no dejan lugar al uso de la prerrogativa regia para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 50 del TUE y otros Tratados”. Por el contrario, el trigésimosexto sintetiza la pretensión de la parte demandada: “Al mismo tiempo, y en este contexto, la Secretaria de Estado alega que la prerrogativa regia para iniciar el procedimiento previsto en el TEU no ha sido derogado por la legislación. Se argumenta que el Parlamento ha reconocido que la Corona tendría la potestad, en el uso de las prerrogativa para dirigir la política internacional, para comunicar el inicio del proceso establecido en el artículo 50…” En definitiva, se trata de verificar si la competencia para iniciar la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea ha de iniciarlo el Gabinete (como órgano que ejercita de ordinario las prerrogativas depositadas históricamente en la Corona) al tratarse de un asunto que afecta a la política internacional o si por el contrario ha de ser el Parlamento quien deba tomar esa decisión.

La resolución judicial ya ofrece una pista de por dónde iban los tiros en el párrafo 41: “la Corona no podría haber ratificado la incorporación del Reino Unido a las Comunidades Europeas a no ser que el Parlamento hubiese aprobado la correspondiente legislación. Era necesario, pues, que el Parlamento legislase para que el ordenamiento comunitario tuviese efecto en el ordenamiento interno de las jurisdicciones en el Reino Unido como requerían los Tratados…” Digo que ya da una pista porque es un principio jurídico existente en casi todos los ordenamientos que para dejar sin efecto una normativa es preciso utilizar el mismo procedimiento que para aprobarla. A continuación la sentencia efectúa un largo excursus sobre la naturaleza jurídica de la European Comunity Act y sus modificaciones, a las que incluso se ha otorgado naturaleza constitucional.

Y es aquí donde la sentencia distingue dos cuestiones que ofrecen soluciones jurídicas distintas. La primera, que la Corona no puede utilizar sus potestades de prerrogativa para modificar el ordenamiento jurídico interno, dado que ello es una función que corresponde al Parlamento. Por otra, no niega que las cuestiones internacionales sí que entran dentro de la prerrogativa regia, pero siempre y cuando carezcan de efecto en el ordenamiento interno, en cuyo caso no es posible utilizarla, salvo que el Parlamento le haya autorizado previamente. Aplicando la tesis general al caso concreto, ello implica que: “Si interpretamos la ECA 1972 a la luz del contexto constitucional, entendemos evidente que con la aprobación de la misma el Parlamento pretendió transformar el ordenamiento comunitario en derecho interno, de tal forma que no puede dejarse sin efecto mediante el ejercicio de la prerrogativa regia. Con la aprobación de dicha ley, la Corona carece de potestad para acordar la retirada de la Comunidad….” Conclusión que reitera en el párrafo final: “Por las razones expuestas, la Secretaria de Estado carece de potestad, bajo la prerrogativa regia, para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 50 del TUE para iniciar la retirada del Reino Unido de la Comunidad Europea.”

Con todo lo anterior, es de indicar que se ha desatado una campaña de prensa auténticamente feroz contra los jueces que han dictado la sentencia que acabamos de glosar. Quien se llevó la palma fue el Daily Mail, quien dedicó al asunto nada menos que su portada a toda página, donde bajo un retrato de cada uno de los tres jueces (con sus togas rojas y dieciochescas pelucas empolvadas) plasmó este brutal titular: “Enemies of the people: fury over out of touch judges who defied 17.4.m Brexit voters and could trigger constitutional crisis” (Enemigos del pueblo: furia contra los jueces “fuera de onda” que desafían a diecisiete millones de votantes favorables al Brexit y que pueden disparar una crisis constitucional). He aquí la polémica página:

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El Daily Express fue menos draconiano, aunque también culpaba a los jueces con el siguiente titular: “Three judges yesterday blocked brexit. Now your country really does need you. WE MUST GET OUT” (Ayer, tres jueces bloquearon el brexit. Ahora, tu país realmente te necesita: DEBEMOS SALIR). El clásico Daily Telegraph sobre una foto de cada uno de los jueces colocaba el siguiente titular: “The judges versus de people” (jueces contra el pueblo. Con todo, lo grave no es eso, sino que nada menos que la Primera Ministra, Theresa May, cuya postura ha sido ciertamente equívoca, pues manifestó “Creo y valoro la independencia de nuestra judicatura, pero también valoro la libertad de prensa.”

Tales críticas no sólo son inusuales, sino desproporcionadas e injustas. Porque la sentencia (y lo dice bien claro) no se pronuncia sobre el fundo del asunto, sino tan sólo sobre un asunto competencial: determinar cual es el órgano que ha de tomar la decisión de iniciar el procedimiento de desconexión. Quizá la brutalidad del ataque se deba a que la peculiaridad del sistema británico, donde la soberanía no reside en el pueblo, sino en el Parlamento, pueda conducir a que éste se aparte de la decisión expresada por el pueblo en el referéndum, algo que no creo sea realmente probable, pero que sí es jurídicamente posible. Pero entonces la culpa no estaría en los jueces, sino en el Parlamento.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión