SIR EDWARD COKE Y LA AGENCIA TRIBUTARIA.

 

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En el año 1610 se celebró en el Court of Common Pleas de Inglaterra el caso de Thomas Bonham v. College of Phisicians, en virtud del cual el cirujano demandante impugnaba una sanción económica que le había sido impuesta por la corporación demandada con base en la circunstancia que aquel ejercía la medicina sin la pertinente colegiación. En la sentencia del caso, el Lord Chief Justice sir Edward Coke anuló la sanción argumentando que no puede actuarse como juez y parte, y en el caso en cuestión el colegio de cirujanos lo había hecho, porque era en parte beneficiario de la multa que él mismo había impuesto. Esta circunstancia ha pasado a un segundo plano hoy en día debido a otra afirmación del juez Coke, aquélla en la cual sostenía que: “it appears in our books, that in many cases, the common law will control Acts of Parliament, and sometimes adjudge them to be utterly void.”

La doctrina esgrimida por Coke debiera ser tenida muy en cuenta por los jueces y magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo a la hora de enfrentarse con determinadas actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, uno de los organismos públicos más tétricos, vampíricos y draconianos que existen urbi et orbi. Y ello porque existen más que fundadas razones para, en determinados casos, cuestionar la objetividad de los empleados públicos encargados de la inspección de los tributos y para concluir, razonablemente, que tienen interés directo en la causa.

Y es que, en efecto, la doctrina tradicional fundamenta la presunción de certeza en la “objetividad de un funcionario público especializado e imparcial”. Ahora bien, en el presente año 2018 el Ministerio de Hacienda alcanzó un acuerdo con los sindicatos en virtud del cual eleva nada menos que el 38% el plus de productividad, eso sí, siempre y cuando se lograse una recaudación bruta de 90.800 millones en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Si uno observa el acuerdo alcanzado, podrá comprobar que en lo que se refiere a la productividad, el mismo implica que: “el componente variable de la productividad extraordinaria por resultados 2018 dependerá del crédito final de productividad del que finalmente disponga la Agencia Tributaria en función de los resultados alcanzados por el Plan Especial de Intensificación de Actuaciones para 2018 en cada uno de los dos periodos de tiempo de referencia del Plan. Su distribución se hará entre los distintos colectivos y las distintas áreas y unidades en que la organización se estructura de acuerdo con la carga de trabajo adicional efectivamente desarrollada y de su grado de contribución a los objetivos alcanzados.”

En otras palabras, que el empleado público, cuya objetividad e imparcialidad proclama abstracta y fríamente la letra de la ley, tiene un interés directo y personal en el aumento de la recaudación, dado que buena parte de su complemento de productividad depende de alcanzar esos objetivos fijados por el Ministerio. Lógicamente, ello implicará efectuar interpretaciones de lo más riguroso y estricto con la finalidad de engrosar con dinero fresco las arcas públicas, pues de ello depende un incremento al alza de sus propias retribuciones. Con el añadido que, dada la configuración legal del sistema, se trasladaría al particular la carga impugnatoria. No todos los ciudadanos tienen la fuerza ni las ganas de entablar una batalla con el Gran Hermano Tributario, que en no poca medida ha incrementado sus ya desproporcionadas facultades gracias a que en un porcentaje nada desdeñable el Poder Judicial opta por mirar hacia otro lado y fallar en contra del particular. Por ello, los ciudadanos ven asaltados sus bolsillos y su patrimonio, que disminuye en forma directamente proporcional a las retribuciones que, como premio por esa acción, obtienen los aparentemente imparciales empleados públicos cuya actuación goza de objetividad.

En alguna que otra ocasión, a los órganos judiciales no les queda más remedio que dar un varapalo a la Administración y recordarle que, por mucha manga ancha que se les pueda dar, existen límites. Así, por ejemplo, la recentísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ratifica el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableciendo que las prestaciones públicas por maternidad se encuentran exentas del IRPF. Sería bueno hacerse varias preguntas:

Primera.- ¿Cuánto dinero ingresó la Agencia Estatal de Administración Tributaria por dicho concepto?

Segundo.- ¿Cuántos contribuyentes han perdido su derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos al haber superado el plazo de cuatro años fijado como plazo de prescripción por la normativa fiscal?

Tercero.- ¿Cuánto supone, en términos económicos, el enriquecimiento injusto del Estado (por ser sumamente benévolo con el calificativo, pues el que realmente merecería utilizarse es el de financiación ilegal)?

Cuarto.- ¿Se hará público quién es el responsable máximo de haber adoptado tal criterio interpretativo y, de ser positiva la respuesta, se depurarán responsabilidades de forma individualizada?

Se argumentará por parte de los empleados públicos que en modo alguno la legítima aspiración de ver incrementados sus emolumentos les cegará hasta el punto de efectuar interpretaciones en perjuicio de los ciudadanos. Pero quien suscribe no es tan joven e ingenuo como para creerse tal boutade y, en todo caso, quienes actuasen de tal forma serían un sector no ya minoritario, sino casi inexistente. Máxime teniendo en cuenta que, en el caso de verse desautorizados, no existiría ningún tipo de responsabilidad ni disciplinaria, ni civil ni penal del empleado público en cuestión, más blindado en este punto que muchas de las mejores cajas acorazadas del país. Porque, al fin y al cabo, quien termina pagando el pato, como dice con una divertidísima expresión cierto comunicador, sois “vosotros, queridos niños.”

Es una lástima que la sombra de sir Edward Coke se proyecte únicamente por los países de la Commonwealth y territorios antaño sometidos a la dominación británica. Porque en Europa siempre ha prevalecido más el espíritu de Luis XIV, aun que el manto de armiño no luzca ya en el Palacio de Versalles ni cubra regios corpachones, sino a “Agencias” y a sus “agentes”.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

REFLEXIONES PERSONALES SOBRE LAS ACUSACIONES CONTRA BRETT KAVANAUGH.

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Cuando en 1991 tuvo lugar el proceso de confirmación senatorial de Clarence Thomas para ocupar un asiento en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los acontecimientos se enturbiaron cuando salió a la luz pública que una mujer, Anita Hill, le imputaba haberla acosado sexualmente cuando ambos trabajaban en la Universidad. La acusación saltó a la luz pública durante la confirmación, sobre unos hechos que habían tenido lugar tan sólo diez años antes y que, además, habían provocado una investigación del F.B.I. Tal acontecimiento enturbió las cosas, dado que Anita Hill compareció en el Comité Judicial del Senado, que se vio obligado a aceptar la comparecencia de personas para que testificasen sobre el particular, si bien las declaraciones no fueron concluyentes, dado que unos apoyaron la acusación de Hill mientras que otros la negaron. Lo que parecía una ratificación tranquila se complicó hasta el punto que Thomas se convirtió en juez por el margen más estrecho que se conoce, 52 votos a favor y 48 en contra.

Pues bien, la situación parece repetirse, si bien haciendo bueno el aserto de Carlos Marx respecto a que los acontecimientos se repiten en la historia, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Cuando ya habían concluido la comparecencia de Brett Kavanaugh ante el Comité Judicial del Senado, un diario hizo público que una mujer (que deseaba permanecer en el anonimato) acusaba al candidato a juez de intentar agredirla sexualmente treinta y seis años atrás, cuando en una fiesta del instituto, y encontrándose el entonces jovencísimo Kavanaugh en un estado de embriaguez, intentó abusar de ella. Según se indicaba en la noticia, habría incluso un testigo presencial de los hechos, que se encontraría presente en el momento que Kavanaugh intentó forzar a la joven. Aun cuando la denunciante intentó permanecer en el anonimato, finalmente su identidad salió a la luz, pudiendo comprobarse que se trata de Christine Blaise Ford, una profesora universitaria y antigua compañera de Kavanaugh en el instituto. Según manifiesta Ford, si finalmente ha decidido sacar los hechos a la luz pública es para evitar que Kavanaugh acceda a un puesto de tanta importancia y que, además, es vitalicio.

Evidentemente, toda persona acusada tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero en este caso, hay varios hechos y circunstancias que, sin perjuicio de lo que resulte de una investigación más detallada, inclinan a mirar la acusación con bastante escepticismo. Basta para ello un simple contraste con el caso de Anita Hill acaecido en 1991 para ver que la situación de 2018 difiere en varios puntos.

Primero.- En el caso de Anita Hill, los hechos que denunciaba no eran en absoluto recientes, pero tenían mucha menor lejanía temporal que los denunciados por Ford. En el caso de Clarence Thomas, su presunta agresión habría tenido lugar diez años antes de hacerse pública la denuncia, mientras que en el caso de Kavanaugh el lapso temporal que separa la presunta agresión de la denuncia pública se eleva a treinta y seis.

La justificación esgrimida por Ford acerca del motivo por el que decide romper su silencio (evitar que el presunto agresor ocupe un puesto de gran importancia), se cae por su propio peso. Kavanaugh ostenta, desde el año 2006 (es decir, la friolera de 12 años) la condición de juez federal y en un órgano de no poca importancia, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, precisamente el encargado de conocer las impugnaciones contra actos de las principales agencias administrativas. No es, evidentemente, un órgano tan importante como el Tribunal Supremo, pero por las peculiaridades de la organización judicial estadounidense es quizá el segundo más importante. Y, además, los jueces que lo integran, como todos los de la judicatura federal, tienen carácter vitalicio.

Surgen ya, pues, un primer interrogante. ¿Por qué Christine Blaise Ford guardó silencio en 2006 cuando Kavanaugh hubo de someterse a un procedimiento de confirmación senatorial para acceder a la condición de juez del Tribunal de Apelaciones? No será porque no tuvo oportunidad, puesto que no sólo el caso de Anita Hill en 1991, sino los de Mónica Lewinsky y Paula Jones nada menos que frente al entonces Presidente de los Estados Unidos.

Segundo.-  En el caso de Anita Hill, las acusaciones saltaron a la luz durante el procedimiento de confirmación senatorial, en este caso la prensa saca la “confesión” de Ford una vez finalizado el procedimiento.

Segundo interrogante, pues. ¿Por qué se ha esperado a que finalizase el procedimiento para lanzar la acusación, en vez de hacerlo en el mismo instante de la nominación o incluso una vez iniciado el procedimiento ante el Comité Judicial del Senado?

Tercero.- En el caso de Anita Hill, la persona que hizo públicos los hechos se amparaba en una investigación previa que había efectuado el F.B.I. En el presente caso, no hay investigación alguna.

Cuarto.- Christine Blaise Ford señaló a una persona, Patrick J. Smith, compañero de instituto tanto de aquélla como de Kavanaugh, como testigo de los hechos. Pues bien, éste ha remitido una carta al Comité Judicial del Senado en la que manifiesta, de forma textual, lo siguiente:

Creo que soy la persona que la doctora Christine Blaise Ford ha identificado como la persona que recuerda como “PJ” y que presumiblemente se encontraba presente en la fiesta que describe en su relato al Washington Post […] Emito esta declaración para dejar claro a todos que no tengo conocimiento alguno de la fiesta en cuestión; ni tengo conocimiento alguno de las alegaciones de conducta impropia que ha lanzado contra Kavanaugh […] Personalmente, conozco a Kavanaugh desde el instituto, y se que es una persona de gran integridad, un gran amigo, y jamás he sido testigo de una conducta impropia suya hacia las mujeres

Quinto.- La declaración de varias mujeres que han trabajado junto al juez Kavanaugh durante estos años también desmienten las alegaciones de Ford, puesto que han reconocido que jamás han sufrido ningún tipo no ya de acoso, sino de comportamiento impropio por parte de Kavanaugh.

Kavanaugh ha negado rotundamente los hechos y se ha ofrecido a comparecer nuevamente ante el Comité Judicial del Senado. El presidente Trump ha defendido a su candidato, de quien ha dicho que es un brillantísimo jurista (aspecto éste que nadie ha cuestionado) y que estas acusaciones han hecho mella en él, puesto que está pasando unos días ciertamente difíciles.

El ser humano es por naturaleza falible y, por tanto, únicamente puede analizar los hechos y extraer consecuencias de los mismos. En este caso, donde no es posible acreditar de forma objetiva una acusación, no podemos más que emitir una simple hipótesis basada en los acontecimientos objetivamente demostrables.

A los anteriores acontecimientos, limitados estrictamente a los antecedentes fácticos del caso concreto, hay que añadir otro de naturaleza política. El Partido Demócrata no perdona que el Senado bloquease el procedimiento de confirmación de Merrick Garland en 2016, impidiendo a Obama nombrar al sustituto de Antonin Scalia, nombramiento que finalmente pudo efectuar Trump. Y, dado que el Partido Demócrata carece de mayoría en el Senado para bloquear el nombramiento o para impedir la votación, tendría que producirse un acontecimiento de primera magnitud para impedir elevar al pleno la decisión final en lo que al nombramiento respecta.

A la vista de todo lo anterior, la hipótesis más factible es que todo se trata de una maniobra para dilatar la votación en el pleno del Senado.

LOS JUICIOS MEDIÁTICOS: EL REGRESO DE LA LEY DE LYNCH.

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En el viejo oeste americano, existía una curiosísima forma de hacer justicia que se consideraba rápida y eficaz: la aplicación de la denominada ley de Lynch; que dio, por cierto, título a una magnífica novela del escritor Gustav Aimard. Su aplicación no exigía rudimentos, sutilezas, argumentaciones, ni formalidad alguna: bastaba con que la masa, debidamente azuzada, considerase a un ciudadano culpable de determinado comportamiento para que aplicase de forma inmediata “su” justicia. La forma concreta de expiación solía consistir en “suspender a la persona del cuello hasta que muera” (forma pudorosa de referirse al ahorcamiento), aunque en casos extremos el “linchamiento” (palabra que deviene, precisamente, de Lynch) consistía nada menos que en ensañarse con el cuerpo del declarado culpable, que acababa despedazado. Bien es cierto que en ocasiones esa forma de justicia inapelable daba lugar a equivocaciones clamorosas (recomiendo al lector interesado el film-denuncia titulado The Ox-Bow incident); también es cierto que la historia ha demostrado que la “espontaneidad” de esta especie de “justicia popular” distaba mucho de ser tal, pues las revueltas populares y andanadas callejeras, desde la rebelión de Fuenteovejuna hasta el motín de Aranjuez (por poner dos ejemplos patrios) siempre tenían su origen en alguna persona con intereses nada altruistas.

Viene lo anterior a raíz de las numerosas manifestaciones que han tenido lugar a raíz de hacerse pública la sentencia del conocido como caso “la manada”. Apenas tuvo lugar la lectura de un resumen de los 371 folios de la sentencia, las calles se inundaron de miles de personas clamando “justicia”, criticando la sentencia, sin que precisaran ni los representantes de los medios de comunicación consideraran oportuno preguntarles si se habían molestado en echar un vistazo, si quiera fugaz a la misma. A tal situación se unió la inevitable aparición de esa especie en auge que son los contertulios que pueblan los distintos programas del espectro audiovisual patrio, que lo mismo pontifican sobre la calidad jurídica de una sentencia que sobre la pericia de un cirujano o la habilidad técnica de un arquitecto.

Vayamos por partes.

Primero.- Sobre la crítica a las sentencias judiciales.

Es evidente e indubitado que las resoluciones judiciales pueden ser sometidas a la debida crítica. En este punto, en efecto, una sentencia puede ser objeto de comentario, ya sea éste favorable o desfavorable, siempre y cuando éste vaya acompañado de la debida motivación. Se trataría, en definitiva, de analizar el contenido material de la sentencia, someterla al debido contraste y exponer los puntos o aspectos en la que ésta se entiende equivocada y los motivos por los cuales se entiende que el razonamiento utilizado es incorrecto.

En este sentido, creo que ningún magistrado en su sano juicio puede esperar que sus resoluciones sean objeto de alabanza universal, y tampoco que las mismas sean infalibles, y debido a la propia falibilidad de la naturaleza humana. Por tanto, exponer públicamente la discrepancia con una sentencia argumentando los motivos por los cuales la misma es incorrecta no sólo no está proscrito, sino que es incluso saludable.

De igual forma es respetable la discrepancia genérica y respetuosa con una resolución judicial por sostener que, incluso siendo ajustada a Derecho, la misma conduce a un resultado injusto. En este caso, las culpas no deberían ser del juez, o cuando menos no en exclusiva, sino que la protesta debe elevarse a las normas aplicadas o, más en concreto, a quienes las han aprobado. Insistimos, cabe igualmente objetar a una resolución judicial que la misma, aun siendo impecable jurídicamente, sea injusta desde el punto de vista material.

Lo que no cabe ya es descalificar de forma grosera una sentencia sin haber leído la misma, única y exclusivamente amparándose en las informaciones de los medios de comunicación, que en muchos casos no sólo ofrecen un contenido sesgado, sino claramente inexacto.

En otras palabras, y por utilizar un lenguaje coloquial, cabe discrepar respetuosamente de una sentencia, pero no descalificarla de forma grosera; se trata de utilizar la cabeza, y no las tripas.

Segundo.- Sobre las críticas a los jueces.

De la misma forma que hemos dicho lo anterior, cabe también la crítica a los jueces en cuanto redactores de las resoluciones cuestionadas. En efecto, puede imputarse al juez el haber errado en la apreciación de la prueba, en valorar de forma inadecuada o incorrecta la misma, e incluso puede en determinados supuestos argumentarse que el mismo ha aplicado de forma inadecuada el ordenamiento jurídico o efectuado una interpretación inexacta del mismo. Al igual que hemos dicho anteriormente, ningún juez en sus cabales se tomará a mal que sus resoluciones sean objeto de la debida crítica jurídica, o sean expuestas sus debilidades o sus contradicciones.

Ahora bien, lo que no cabe es la descalificación in totum del magistrado a nivel estrictamente personal. Eso desborda la crítica jurídica para incurrir en el insulto barato que, aun cuando jurídicamente tolerado siempre que no desborde ciertos límites, hace perder la razón en cuanto al fondo.

Tercero.- Sobre los juicios mediáticos.

Un tercer punto, muy delicado, son los cada vez más frecuentes juicios mediáticos, que aun siendo lícitos no dejan de ser muy peligrosos, porque los mismos en gran parte de las ocasiones se efectúan sobre la base de información incompleta o por confirmar, y los particulares “pre-jueces” no gozan a veces de la preparación jurídica necesaria para efectuar el comentario, de tal manera que lo que es una simple y lícita apreciación personal se convierte mutatis mutandis en una especie de opinión profesional sin la cualificación necesaria. En este punto, conviene no perder de vista varias circunstancias:

3.1.- Un Tribunal de Justicia tiene como misión resolver una disputa entre dos partes, correspondiendo el enjuiciamiento a una persona ajena a las partes y que no tiene ningún otro objetivo, interés o aspiración más que resolver la disputa conforme a Derecho. Para el medio de comunicación la verdad es un objetivo deseable, pero secundario y subordinado simplemente a la misión principal, que no es otra que un incremento de la audiencia, lo cual únicamente se obtiene echando carnaza en el asador.

3.2.- En muchas ocasiones, los juicios mediáticos se efectúan sin tener toda la información disponible o, lo que es más grave, sin contrastar la misma. Todos hemos sido testigos de medios que colaboraron activamente en la recaudación de fondos para ayudar a una menor a obtener un tratamiento médico, para descubrirse posteriormente que todo el asunto no era más que un gigantesco fraude montado por los progenitores. Ninguno de los medios (y no fueron pocos) en que la menor y su padre comparecieron se molestaron en comprobar algo tan sencillo como si los hechos eran ciertos, aunque eso si, ulteriormente pretendieron cubrir su propia irresponsabilidad como es habitual en ellos: echando carnaza en el asador para obtener más audiencia.

3.3.- El linchamiento mediático puede demostrarse un arma mucho más eficaz que la propia condena penal, hecho éste que ya fue destacado por una persona tan intelectualmente honesta como Gaspar Melchor de Jovellanos, quien sufrió en sus propias carnes un encarcelamiento injusto. Así, en su obra El delincuente honrado, hace que uno de los personajes efectúe la siguiente reflexión: “La nota que le puso la opinión pública, ¿Podrá acaso borrarla una sentencia?”.

3.4.- Es cierto que en determinadas ocasiones existen personas que efectúan comentarios, críticas y valoraciones de una manera profesional y ajustada. Pero no es menos cierto que son cada vez más los programas que fomentan no el análisis crítico, sino el jolgorio vocinglero caracterizado por la vaciedad más absoluta, donde se suple la ausencia de argumentación con el aumento de la sonoridad.

A nivel estrictamente particular, creo que en la actualidad más que comentarios razonados se asiste en muchos casos a auténticos linchamientos mediáticos, con la diferencia que se ha sustituido la soga por el receptor de ondas, y la eliminación física por la muerte civil. En definitiva, una “ley de Lynch” mediática.

Cuarto.- Sobre el caso en concreto de “La manada”.

Confieso que no voy a cometer la temeridad de efectuar un comentario o valoración de la sentencia por dos razones: la primera, porque no la he leído y la segunda, porque aun cuando lo hiciese no soy especialista en Derecho penal, por lo que una persona ha de ser consciente de sus limitaciones y, por tanto, en este campo he de reconocer honestamente que mis facultades de crítica se encuentran cercenadas.

Coincido con el análisis que ha efectuado mi admirado José Ramón Chaves en su bitácora. Una cosa es repudiar de la forma más contundente y severa unos hechos como los enjuiciados, y otra cosa muy distinta es acometer una labor de acoso y derribo de tres magistrados descalificando una resolución judicial más con las tripas que con la cabeza. Se podrá discrepar de la resolución, se podrá argumentar que los medios probatorios de la acusación no han sido debidamente valorados, e incluso se podrá sostener que la condena es insuficiente. Ahora bien, de ahí a la campaña que se ha desatado, donde se pretende suplir razonamiento con gritos, hay un largo trecho. Y no deja de ser llamativo que quienes hace apenas un par de meses llamaran ante unos hechos mucho más graves (por muy condenable y repugnante que sea un delito contra la libertad sexual, es evidente que un asesinato es objetivamente un crimen mucho más grave) llamasen a la ponderación y a no efectuar críticas o solicitudes “en caliente”, sean quienes más eleven la voz en estos momentos.

He visto que a alguno de mis amigos que trabajan en la Administración de Justicia le ha dolido el hecho de que se haya iniciado en la plataforma change.org una recogida de firmas para “inhabilitar” a los jueces. No creo que deba preocuparles tal circunstancia. A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, un sector de la población estadounidense disconforme con lo que consideraba una actuación excesivamente benévola del Tribunal Supremo de los Estados Unidos bajo la presidencia de Earl Warren, iniciaron una campaña pública con el lema “impeach Warren.” El propio afectado, Earl Warren (a mi juicio una persona excesivamente mitificada), no sólo no le dio la menor importancia, sino que incluso se lo tomó con humor.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

DE CANDIDATOS, INVESTIDURAS E IMPUGNACIONES. VISIÓN JURÍDICA

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Los dos últimos días ha llenado los titulares de los medios de comunicación escritos y audiovisuales la decisión del Gobierno de España de impugnar ante el Tribunal Constitucional la decisión del Presidente del Parlamento de Cataluña de proponer a Carlos Puigdemont y Casamayor como candidato a la presidencia de la Generalidad, algo que no cuenta con el aval del Consejo de Estado. Al igual que ocurre en numerosas ocasiones, en los debates sobre el particular aparecen sesudos contertulios que pontifican con igual maestría acerca de cuestiones jurídicas como sobre las interioridades del matrimonio de quienes día sí y día también copan las páginas rosa.

Conviene, a la hora de abordar un asunto tan trascendente y delicado, que los árboles no nos impidan ver el bosque, y analizar detenida y desapasionadamente la situación, sin que pasiones de uno u otro tipo influyan a la hora de adentrarnos en tan espinoso asunto. Y conviene, igualmente, analizar el evento con un mínimo de rigor jurídico.

Por lo anterior, es necesario deslindar los aspectos estrictamente jurídicos de las consideraciones de mera oportunidad o de naturaleza política, ajenas aunque conexas a aquéllos.

I.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

Primero.- El procedimiento de elección del Presidente de la Generalidad.

1.1.- Normativa aplicable

A la hora de abordar jurídicamente la cuestión de la investidura del Presidente de la Generalidad de Cataluña, hemos de partir de tres preceptos fundamentales:

1.1.1.- El artículo 152.1 de la Constitución, a la hora de articular la estructura institucional de las Comunidades Autónomas, contempla: “un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla.”

1.1.2.- El artículo 67.2 de la Ley 6/2006 de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, dispone que: “el Presidente o Presidenta de la Generalitat es elegido por el Parlamento de entre sus miembros. Puede regularse por ley la limitación de mandatos.”

1.1.3.- El artículo 4 de la Ley 13/2008 de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, regula el procedimiento de elección del Presidente. De dicho precepto, han de tenerse en cuenta los párrafos 1 a 3, que transcribimos literalmente.

1. El presidente o presidenta de la Generalidad es elegido por el Parlamento entre sus miembros, según lo establecido en el Estatuto, en el Reglamento del Parlamento y en la presente ley.
2. En el plazo de los diez días siguientes a la constitución de la legislatura, o en el plazo de los diez días siguientes al hecho causante de otro de los supuestos en los que corresponda proceder a la elección, el presidente o presidenta del Parlamento, previa consulta a los representantes de los partidos y grupos políticos con representación parlamentaria, debe proponer al Pleno un candidato o candidata a la presidencia de la Generalidad.
3. El candidato o candidata propuesto presenta ante el Pleno su programa de gobierno y solicita la confianza de la cámara. Después de un debate sobre el programa presentado, se procede a la votación. Para que el candidato o candidata resulte investido, debe obtener los votos de la mayoría absoluta. La investidura comporta la aprobación del programa de gobierno.

1.2.- Interpretación de la normativa.

En realidad, el procedimiento es muy similar al establecido en el texto constitucional para el nombramiento del Presidente del Gobierno, con una salvedad importantísima. En el ámbito estatal, el Presidente de Gobierno no precisa tener la condición de diputado o senador, mientras que para ser Presidente de la Generalidad (en realidad, y por imperativo constitucional, para ser presidente de cualquier autonomía) se precisa ser miembro de la Asamblea Legislativa.

Por tanto, hay que distinguir jurídicamente dos actos diferenciados:

1.2.1.- El acto del Presidente del Parlamento en virtud del cual propone el candidato a Presidente de la Generalidad. En este punto, jurídicamente la discrecionalidad que posee el Presidente del Parlamento es absoluta (aunque políticamente se encuentre reducida o limitada al candidato que presuntamente cuente con más apoyo parlamentario), y únicamente posee dos límites que no pueden sobrepasarse: no es posible trasladar a la Cámara el nombre de alguien que no tenga la condición de diputado del Parlamento catalán como tampoco puede proponerse a alguien que haya sido privado por sentencia judicial firme del derecho de sufragio pasivo.

En este caso, la actuación del Presidente se agota con la simple propuesta y traslado a la Cámara.

1.2.2.- El acto de investidura. En este caso, la responsabilidad se traslada al Pleno del Parlamento, donde el candidato propuesto habrá de exponer su programa y solicitar la confianza de la Cámara.
Es en este momento donde se plantearía el problema de si es jurídicamente posible el desarrollo de investidura sin la presencia física del candidato en sede parlamentaria. En este sentido, el informe elaborado el día 15 de enero de 2018 por los Servicios Jurídicos del Parlamento de Cataluña responde a dicha cuestión de forma negativa, al interpretar que es indispensable que el candidato a la presidencia comparezca personalmente en el debate.

Segundo.- Actuación del Gobierno impugnando la propuesta.

2.1.- Solicitud de informe al Consejo de Estado.

El artículo 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril establece que: “La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes asuntos: Impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo a la interposición del recurso.” Quiere ello decir que si el Gobierno pretende impugnar ante el Tribunal Constitucional cualquier tipo de actuación emanada de un órgano autonómico, la solicitud de informe previo al Consejo de Estado es preceptiva, es decir, obligatoria, sin perjuicio de que el mismo no sea vinculante, pues la regla general es que no lo sean salvo que una norma establezca lo contrario (artículo 2.2 párrafo segundo).

En este caso, con una velocidad digna del superhéroe Flash, la Comisión Permanente del Consejo de Estado emite su Dictamen 85/2018 de 25 de enero. El alto órgano consultivo considera que “no puede considerarse contraria al orden constitucional” la convocatoria del Pleno del Parlamento de Cataluña para la sesión de investidura de Carlos Puigdemont. Ahora bien, lo que sí considera que “sería contraria al orden constitucional” sería las eventuales resoluciones del Parlamento autorizando las delegaciones de voto solicitadas por los diputados ausentes, la intervención a distancia del candidato propuesto (es decir, que le permitiera intervenir por medios telemáticos) y en su caso la investidura.

En otras palabras, que el Consejo de Estado distingue, como habíamos indicado anteriormente, la simple propuesta de candidato por el Presidente del Parlamento (que no puede considerarse ilícita por cuanto la persona propuesta tiene la condición de diputado y no está privada de sus derechos políticos) y los actos dictados por el Parlamento en el seno del debate de investidura, que sí pueden ser contrarios al orden constitucional en los términos indicados.

2.2.- Impugnación ante el Tribunal Constitucional.

El artículo 161.2 de la Constitución establece que: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.”

El artículo 77 de la Ley Orgánica 2/1979 dispone que: “La impugnación regulada en este título, sea cual fuere el motivo en que se base, se formulará y sustanciará por el procedimiento previsto en los artículos sesenta y dos a sesenta y siete de esta Ley. La formulación de la impugnación comunicada por el Tribunal producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida hasta que el Tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia.”

En este sentido, conviene separar dos cuestiones jurídicamente distintas:

1.- Trámite de admisión. El trámite de admisión del recurso no supone una verificación o análisis previo del asunto en cuanto al fondo, sino comprobar que el escrito de interposición reúne los requisitos formales exigidos por la normativa. Es decir, no se trata de ver si el impugnante tiene razón en su petitum, sino comprobar si la demanda cumple con los requisitos legales exigidos. De estar en regla, no queda otra opción jurídica que admitir el asunto a trámite, por mucho que en cuanto al fondo sea un disparate, porque el pronunciamiento sobre el fondo se dilucida en la sentencia, no en el trámite de admisión.

2.- Suspensión de la disposición impugnada. La admisión a trámite de un recurso por parte del Gobierno de la Nación donde se invoque de forma expresa el artículo 161.2 de la Constitución tiene como consecuencia inmediata que se suspenda la ejecución del acto o disposición impugnada, suspensión sobre la que el Tribunal habrá de pronunciarse manteniéndola o levantándola, para lo que dispone de un plazo de cinco meses.

Tercero.- Conclusiones jurídicas.

Visto lo anterior, considero que un análisis estrictamente jurídico arrojaría las siguientes conclusiones:

3.1.- El Presidente del Parlamento de Cataluña no actuó de forma ilícita o contraria a Derecho al proponer a la Cámara a Carlos Puigdemont como candidato. Por tanto, la impugnación de dicha candidatura ante el Tribunal Constitucional considero que es, en cuanto al fondo, jurídicamente inviable. Cuestión distinta sería impugnar la decisión que admitiese la presencia virtual y no física del candidato, pero no es eso lo que se está impugnando.

3.2.- Una vez presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional, si el mismo reúne los requisitos formales, el máximo intérprete de la Constitución está obligado a admitirla a trámite con las consecuencias inherentes a dicha admisión, por cuanto para admitir a trámite un asunto no se examina el fondo del mismo, sino cuestiones estrictamente formales.

II.- CONSIDERACIONES DE OPORTUNIDAD.

Distintas a las cuestiones jurídicas, son las políticas o de mera oportunidad, que pueden diferir de las anteriores. No obstante, en este punto quisiera incidir en varios hechos:

2.1.- En no pocas ocasiones el mismo Poder Judicial confunde o no duda en entremezclar con razonamientos jurídicos cuestiones de naturaleza estrictamente política. Un ejemplo de ello es el Auto de 22 de enero de 2018 dictado en la causa especial 20907/2017 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que deniega reactivar la euroorden contra el fugado Puigdemont. Dicho Auto es incomprensible si se analiza con una óptica estrictamente jurídica, aunque no tanto si los en teoría ciegos ojos de la Diosa de la Justicia alzan su venda para abrirse al mundo de la alta política.

2.2.- A la intromisión de los argumentos políticos en el mundo de la justicia se añade la continua incursión del ejecutivo en el tercero de los poderes. Y ello por la patológica cobardía del actual ejecutivo a tomar decisiones controvertidas, buscando que sean otros quienes den la cara, llámense Consejo de Estado, Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo.

2.3.- Que el Tribunal Supremo acepte incluir argumentos estrictamente políticos en sus resoluciones y que el Gobierno busque esconderse bajo las togas de los jueces para eludir el cumplimiento de sus obligaciones de máximo órgano ejecutivo no sólo diluye las fronteras que delimitan los poderes del Estado, sino que contribuye al desprestigio absoluto de dichas instituciones, ya de por sí pésimamente valoradas por los ciudadanos.

2.4.- Aunque pueda ser lícito a un particular que acomode su actuación al viejo refrán español “allí donde fueres, haz lo que vieres”, los entes públicos no gozan de ese privilegio. En este caso el Gobierno está dando palos de ciego, y el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad no contra cualquier acto, sino contra este acto en concreto, sin apoyatura jurídica alguna que lo sustente y que tiene todas las posibilidades de terminar con una resolución contraria a sus intereses, lejos de reforzar su postura, la debilita. Algo incomprensible, salvo que sea esto último precisamente lo que se busca.

2.5.- Es innegable que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante y que, por tanto, el Gobierno no está obligado a seguir el parecer de dicho órgano consultivo. Pero no conviene perder de vista que los más furibundos críticos del gobierno son los mismos que se han pasado por montera resoluciones del Tribunal Constitucional y los propios informes de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Cataluña. Es decir, que en este caso el refrán aplicable sería: “consejos vendo que para mí no tengo.”

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

DONALD TRUMP, FRANCISCO UMBRAL Y LA “PUTREFACTA” TELEVISIÓN ESPAÑOLA.

trump

Hace ya un cuarto de siglo, en el año 1993, el escritor Francisco Pérez Martínez, conocido en el mundo literario como Francisco Umbral, fue protagonista de un ya célebre episodio cuando, en el programa Queremos saber, presentado por la incombustible Mercedes Milá, mostró su enojo porque si había acudido al programa era para “hablar de su libro.” Aun cuando es posible que en tan inesperada salida de tono influyera el quizá excesivo culto al dios Dionisio, en determinado momento el inefable Paco Umbral lanzó esta afirmación: “Esto es un engaño como toda la televisión, que es putrefacta, como dicen todos los días los columnistas de televisión.” Es altamente significativo que ninguno de los intervinientes, ni tan siquiera la presentadora, rebatiesen dicho aserto; y de todos es sabido que quien calla otorga.

La frase pronunciada en su día por Francisco Umbral vino a mi memoria hace apenas unos días al comprobar el tratamiento que los noticiarios españoles hacen de los acontecimientos que tienen lugar en los Estados Unidos. Pero si alguien lleva la palma es, sin duda, José Ángel Abad, corresponsal de Antena 3 Televisión en dicho país, porque lo cierto es que, al escucharle, uno oscila entre la hilaridad y la arcada, dado que el meritado individuo parece haberse marcado como objetivo convertirse en el portavoz oficioso de la derrotada candidata demócrata a la presidencia.

Ahí van, a título ilustrativo, algunos botones de muestra.

Primero.- Hace apenas un par de semanas, los noticiarios se hicieron eco a bombo y platillo de la inminente aparición del libro Fire and fury: inside the Trump White House, escrito por Michael Wolff y que, en principio, se basa en información suministrada por Steve Bannon, antiguo asesor de Donald Trump. Incluso antes de que saliera a la venta, ya los medios españoles se hicieron eco de su inminente aparición en el mercado editorial y de su jugoso contenido, donde el nuevo inquilino de la Casa Blanca no era favorablemente retratado (entre otras cosas, se cuestionaba su salud mental), y donde se acusa al hijo del mandatario de reunirse con determinadas personalidades rusas, comportamiento que se llega a equiparar a la traición. El inefable José Ángel Abad, a la hora de comentar el evento, no pudo resistirse a aportar su peculiar granito de arena contra Trump, realizando una afirmación antológica: “El hecho de que se cuestione su estado mental ya es sin duda algo preocupante.” Obviamente, dicho corresponsal no consideró oportuno poner en conocimiento de los espectadores que el día 7 de enero de 2018 el New York Times publicaba una noticia titulada Bannon tries backing away from explosive comments, donde la teórica fuente de la que bebe el autor del libro trató de marcar distancias con éste, y donde se refierió explícitamente a Donald Trump jr  como “both a patriot and a good man” (tan buen patriota como buen hombre).

Con todo, hay un hecho que demuestra la “imparcialidad” del corresponsal español. A mediados del pasado año 2016, en plena campaña electoral, apareció un libro titulado Crisis of character, escrito por Gary J. Byrne, un antiguo miembro del Servicio Secreto de los Estados Unidos, donde narraba sus años de servicio en la Casa Blanca en la época del presidente Clinton. En dicha obra, se cuestiona abiertamente la salud mental de Hillary Clinton, a quien se presenta como una persona bipolar. En las propias líneas iniciales describe su visión de la entonces primera dama con la siguiente frase: “It was like watching Humphrey Bogart in The Caine Mutiny obsessing about a quart of missing strawberries-and losing sight of the world war raging about him.” (era como ver a Humphrey Bogart en el Motín del Caine, obsesionado con unas cuantas fresas perdidas, perdiendo la visión del mundo en guerra que le rodeaba). Cierto es que salieron voces que, al igual que en el reciente libro de Wolff, cuestionaron las afirmaciones de Byrne, pero lo relevante es que el corresponsal español no consideró oportuno informar a los españoles de la existencia de dicha obra ni a considerar “preocupante” que se dudase de la sanidad mental de la señora Clinton. Claro que, de haberlo hecho, es muy posible que con su rigor habitual hubiese indicado que la misma estaría sufragada con fondos rusos, en una campaña orquestada para desprestigiar la imagen de Hillary, de quien, por cierto, el senador demócrata Bernie Sanders (que le disputaba la candidatura por dicha formación) dijo expresamente que: “no está cualificada para la presidencia.”; pero claro, con toda probabilidad para nuestro corresponsal el senador Sanders seguramente también forma parte de la campaña rusa para desprestigiar a Hillary.

Segundo.- Comparecencia del Presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Una voz se alza entre los miembros del público, la de un hispano que protesta contra la política de deportaciones que sigue el ejecutivo norteamericano. El inquilino de la Casa Blanca corta abruptamente al individuo recordándole: “You are in my house. It´s not respecful when you are invited by somebody…” (estás en mi casa; no es educado cuando alguien te invita…). Sin duda alguna una escena muy propia del actual presidente. El problema es que el protagonista de dicha escena no fue Donald Trump, sino por Barack Obama. ¿Cuál creen que fue la reacción del público asistente y de los representantes de los medios? Aciertan de pleno: aplausos al mandatario. En honor al señor Abad diremos que sí ofreció las imágenes en cuestión (mutilando el minuto y medio de grabación y reduciéndolo a unos pocos segundos), pero, como no podía ser menos, sus comentarios en esta ocasión se centraron en la habilidad de Obama y en la falta de respeto de quien le interpelaba.

Por cierto, que hablando de política migratoria. En mayo de 2017 se publicaba en la Harvard Law Review un trabajo sobre el tema, titulado Immigration and the bully pulpit. Cuando la autora asiste a una reunión en California para hablar sobre la política migratoria de Trump, se encuentra con que un joven activista le espeta lo siguiente: “We are glad you are here, but we felt so alone during the Obama years” (nos encanta que esté aquí, pero nos encontramos tan solos en los años de Obama). Sobra todo comentario.

Tercero.- Sobre la ausencia de acuerdo presupuestario. No es la primera vez que la Administración estadounidense se ve abocada al cierre por la inexistencia de un acuerdo presupuestario. En octubre de 2013, cuando Barack Obama apenas llevaba nueve meses de su segundo mandato, hubo de enfrentarse al cierre de la Administración federal (algo que en terminología jurídico-política estadounidense se denomina shutdown of government), algo que sirvió para que desde esta bitácora dedicáramos un post específico al análisis jurídico de dicho particular. La situación se repite ahora. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Adivinan? ¿A quien se culpaba en el año 2013 del desacuerdo presupuestario? En efecto, al Congreso. ¿A quien se culpa en 2018? Aciertan nuevamente, a la Casa Blanca. Por cierto, ayer tuve la curiosidad de escuchar el programa Washington today, de la cadena C-SPAN, cuya credibilidad está a años luz de los medios españoles, y lo cierto es que la versión que pude escuchar (en un perfecto inglés) difería bastante de la que nos transmiten los medios españoles, pues incluso el líder de los demócratas en el Senado reconoció que tuvo una reunión con el presidente en la Casa Blanca y explícitamente se refirió a la voluntad de negociación del jefe del ejecutivo. Aun sin decirlo expresamente, apuntó a otra dirección en cuanto a la falta de acuerdo.

Cuarto.- Cuestión del machismo. El corresponsal español facilitó las imágenes de una manifestación que protestaba contra los modos del mandatario en lo que se refiere al trato que profesa a las integrantes del género femenino. Bien, en este punto es incuestionable que sus formas no son lo que se dice las más adecuadas. Pero lo cierto es que no he visto ni una sola manifestación, ni una sola crítica al programa de Howard Stern (y desafío a cualquiera a que me diga si el modo de tratar a las mujeres en el mismo no es, cuanto menos, tan denigratorio como el que se imputa a Trump, si no abiertamente peor). Tampoco estaría de más recordar que Bill Clinton tuvo varias denuncias por acoso sexual, y que su mujer, en lugar de permanecer callada (algo que todo el mundo entendería porque no puede pedirse a una mujer que condene públicamente a su marido) lo que hizo fue precisamente atribuirlo todo a una campaña mediática que tenía como único objetivo de acabar políticamente con su esposo. Es decir, se alineó con el acosador, y no con las víctimas.

Quinto.- Por último, un hecho anecdótico pero que sirve para retratar nuevamente a nuestro corresponsal y su nunca suficientemente ponderado sentido de la imparcialidad. Es costumbre habitual que el mandatario estadounidense se someta anualmente a un chequeo médico para verificar su estado de salud. En este caso, parece que la Trump no tiene en ese aspecto problema alguno. Pero el señor José Ángel Abad no quiso desaprovechar la ocasión para hacer méritos como portavoz de los opositores al Presidente, y deslizó el siguiente comentario, absolutamente antológico: “El médico que lo reconoció, militar y por tanto a sus órdenes” (sic); insinuaba hábilmente, con ello, una posible manipulación (sin pruebas, por supuesto). Silenció este personaje, no podía ser menos, que el único caso donde se ha constatado que hubo no manipulación, sino compra abierta de un médico para falsificar un informe sobre el estado de salud fue el caso de John F. Kennedy, quien hubo de procurarse un falsísimo certificado médico de salud para acreditar que gozaba de perfecta salud, cuando lo cierto es que (y en la actualidad ha costado, pero se admite) de haberse hecho públicos sus problemas de salud jamás hubiera sido elevado a la presidencia.

Una cosa no se puede negar: el nuevo presidente de los Estados Unidos está cumpliendo a rajatabla o, cuando menos, intentando en la medida de lo posible cumplir con el programa electoral en base al cual fue elegido. Podrá gustar más o menos, pero ello es así. Es claro que en un país como el nuestro, donde se ha insertado en nuestro ADN político el incumplimiento masivo y constante de las promesas electorales, ello puede parecer chocante y, por tanto, ser objeto de crítica. Pero lo lógico y normal es que quien sale elegido en base a un programa electoral trate de cumplir lo máximo posible.

Es cierto, y sería ocioso negarlo, que Donald Trump no es una persona que despierte simpatías. Sus dotes como diplomático son las mismas que tenía el barón Sergei Ivanoff, el diplomático ruso encarnado por el actor Kurt Kasznar en la película 55 días en Pekín. No es una persona de trato fácil y le falta sutileza en sus formas. Tiene un ego y una megalomanía infinitas. Pero una cosa es reconocer eso y otra muy distinta el efectuar un tratamiento de la información tan sesgado y parcial como el que realizan los medios españoles en general y el corresponsal citado en particular. No es preciso retorcer y manipular los hechos hasta extremos hilarantes ni ocultar información relevante, pues lo único que ello demuestra es la falta de credibilidad de quien lo efectúa.

Por ello, una vez más, el consejo profesional de quien suscribe es que el lector interesado en conocer con cierto grado de fiabilidad los acontecimientos que suceden en los Estados Unidos de América, se abstenga, bajo prescripción médica, de consultar medios españoles. Es perjudicial para la salud.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

ESTRATEGIA Y TÁCTICA DEL SEPARATISMO CATALÁN VISTOS POR ALEJANDRO NIETO.

Urna

El pasado día 18 de septiembre del presente año dedicábamos una entrada a glosar el libro La rebelión militar de la Generalidad de Cataluña contra la República, un lúcido estudio que hace un trienio publicó el sin par Alejandro Nieto y donde disertaba analíticamente sobre la intentona golpista del gobierno catalán que tuvo lugar el día 6 de octubre de 1934. Pues bien, el pasado día 3 de octubre de 2017 el mismo Alejandro Nieto dedicaba su intervención en el seno de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas a plasmar su particular visión del proceso independentista puesto en marcha hace un trienio por el gobierno de Arturo Mas y continuado por el de Carlos Puidgemont. Este breve (dieciséis páginas) pero jugoso opúsculo lleva por título Estrategia y táctica del separatismo catalán y en el mismo se nos ofrece unas impagables pinceladas del conflicto que amenaza seriamente con volar por los aires el sistema constitucional de 1978.

Ya en sus líneas iniciales el autor deja patente tanto la complejidad del sistema como los diversos aspectos o puntos de vista del análisis que puede efectuarse (constitucional, político, social, fiscal, psicológico –“el aspecto que más me atrae”, reconoce el autor-), y el enfoque por el que se ha optado en el trabajo, que se centra, como el propio título indica, en aspectos de estrategia y táctica, prescindiendo, eso sí, de interpretaciones que ofrecen los diversos medios que pueblan nuestro rico y variopinto panorama escrito y audiovisual, sino “tal como yo lo he visto con mis propios ojos y me han informado mis parientes, amigos y discípulos catalanes, que son muchos y de cuya sinceridad me fío.”  Por tanto, no nos encontramos ante un análisis objetivo, sino ante unas meras reflexiones ligadas a la percepción subjetiva de hechos que en ocasiones son vistos en primera persona y en otras a través de la visión de un tercero, lo que evidentemente y por mucha fiabilidad que merezca el interlocutor lastra en cierto modo el análisis, aunque no por ello deja de ofrecer interés, más que nada por la auctoritas del redactor, catedrático de Derecho administrativo y uno de los integrantes de la benemérita generación de la Revista de Administración Pública, autor de diversos trabajos sobre la corrupción y el desgobierno de lo público.

Llama la atención un hecho curiosísimo con el que nuestro autor inicia su análisis, y no es otro que en este caso el separatismo “se ha organizado desde el poder”. No es que otros movimientos de tal carácter no hayan tenido altos impulsos y ayudas de determinadas instituciones, pero sí que en esta ocasión son las propias instituciones autonómicas el núcleo desde el que se irradia la defección constitucional. Instituciones que, además, han decidido optado por una vía insurreccional muy concreta: “no se ha acudido a las armas sino al pueblo. Y más concretamente todavía: no a los representantes del pueblo designados por elección legal ni a su mayoría expresada en un procedimiento con garantías […] sino al pueblo directamente manifestado en la calle sin contar, por tanto, con el pueblo que no sale a la calle.” Sin duda alguna con ello se pretende legitimar el movimiento con la aureola mágica que le otorga el adjetivo “democrático”, pues se daría así una comunión inexcusable entre instituciones representativas y el pueblo representado. Ahora bien, conviene recordar en primer lugar, que como decía hace casi dos siglos José María Blanco White, la tiranía puede provenir igualmente de las Asambleas; y en segundo lugar que ese “pueblo” no está dotado de infalibilidad, pues ejemplos hay en la historia universal y española de tomas de posición que a la postre se demostraron erróneas, y que uno de los regímenes más sanguinarios y opresores, el estalinismo, se adjetivaba como “democracia popular”. Quizá por ello se penetre en el núcleo de ese elemento “popular” para descubrir que, al igual que en otras épocas históricas, por mucho que se agite a la masa en cierta dirección, en pocas ocasiones ese movimiento “popular” merece la calificación de espontáneo. En este sentido, tan “populares” son las manifestaciones pro y anti separatistas como los motines de Esquilache y Aranjuez. De ahí que en mitad de esta reflexión surja Alejandro Nieto de cuerpo entero con este párrafo que explicita su pensamiento tributario de un ultrarrealismo sazonado con tintes pesimistas: “Tal es la gran masa que vota y ocupa las calles cuando es requerida. Su número, obediencia y disciplina son admirables; pero políticamente no son decisivos en unos tiempos en que se congregan poco menos que a diario cientos de miles de personas para celebrar triunfos deportivos, extasiarse ante un divo musical o sencillamente rendir culto a la promiscuidad sexual. Aunque materialmente son los que obran y ejercen la presión. Lo importante no es la masa sino quienes la organizan o dirigen después de haberla formado.”

I.- La estrategia del separatismo se basa, según Nieto, en la “formación de una comunidad cultural consciente de su identidad nacional.” Es evidente que esto se ha logrado por un cúmulo de circunstancias, de las cuales destacan fundamentalmente tres:

1.- Una criminal dejación de funciones del estado, que abdicó sus competencias educativas en los territorios (a diferencia de lo que ha ocurrido en el país vecino), algo que han denunciado personas de ideología y procedencia tan dispar como Federico Jiménez Losantos (Lo que queda de España) o Santiago Muñoz Machado (El problema de la vertebración del estado en España), a lo que habría que añadir la inestimable intervención (no podía faltar este roto para el descosido) del máximo intérprete del texto constitucional, con su Sentencia 337/1994 de 23 de diciembre. Una vez puesta en marcha la educación desde los niveles inferiores, es cuestión de tiempo. Y, como apunta Nieto, a quienes resistan la asimilación de ese sentimiento impuesto, se les puede orientar a través de tres instrumentos: persuasión, coerción (“técnicas manifiestas y ocultas hasta apoderarse de sus facultades de cognición y decisión hasta tal punto que quieren, piensan y actúan como sus manipuladores les indican”), coacción e imposición. En este sentido, y según Nieto, “La estrategia del separatismo catalán ha sido en este punto extraordinariamente ambiciosa puesto que ha utilizado los cuatro mecanismos. Primero ha intentado –en verdad sin demasiado entusiasmo- persuadir racionalmente. Pero, constatada la ineficacia de este método, no ha vacilado en utilizar técnicas de coerción e incluso de coacción.”

2.- La ocupación absoluta del poder autonómico en toda su extensión. En este sentido, los partidos nacionalistas (antigua Convergencia y Unión) y separatistas (Izquierda Republicana de Cataluña) han gobernado prácticamente desde la transición. El primero, se mantuvo en el poder solo o en compañía de alguno de los partidos nacionales (a diestra y siniestra) durante un cuarto de siglo, en el cual la política catalana estuvo monopolizada por la figura de Jorge Pujol, el que fuera auténtica encarnación de Cataluña y hoy convertido en un auténtico “ídolo de barro” debido al enriquecimiento familiar a costa del erario público, demostrando además una escasa querencia por el catalanismo al desviar las sumas a entidades financieras andorranas o suizas. Ulteriormente, tras el declive del nacionalismo, se optó por la experiencia de un “tripartito” en el que el elemento ya abiertamente independentista, numéricamente inferior, era sin embargo quien imponía la agenda política, dando lugar a manifestaciones tan hilarantes como la de un Presidente de la Generalidad, cordobés de nacimiento, que manifestó públicamente que estaba aprendiendo catalán “para enterarse de lo que se decía en el Consejo de Gobierno” (sic); inevitable recordar el personaje encarnado por Alfonso del Real en el musical Cinco minutos nada más, el “presidente de la liga contra la mentira” que, con un acento catalán, espetaba a quien le preguntaba por su origen: “aunque no lo crea, soy de Córdoba.”

3.- La inacción del estado, que en este aspecto ha optado por renunciar a plantear la batalla mediática, dejando el campo libre al separatismo: “puede calcularse que a cada cien actos públicos de propaganda independentista se corresponden tres de signo contrario.” Si tradicionalmente las instituciones estatales se mostraron sumamente comprensivas, tolerantes e incluso dóciles con los excesos, en el último quinquenio el sustantivo que mejor ilustra la situación es el de “abandono”, en proporción directa con el carácter del actual jefe del ejecutivo, que si a alguien recuerda es a Peter Ramsey (el personaje encarnado por Tony Randall en la divertidísima Lover come back –aquí titulada Pijama para dos-) cuya indecisión congénita era tal que en la única ocasión que tomó la iniciativa (con desastrosas consecuencias) lo primero que hizo fue llamar a su psiquiatra para decirle textualmente: “Doctor, ¡he tomado una decisión!” El caso es que esta dejación es descrita por Nieto en los siguientes términos: “Por sorprendente que resulta es el caso que el Poder estatal contempló impávido los excesos de la política autonómica haciendo caso omiso de las denuncias presentadas al respecto; y cuando los tribunales se decidían a intervenir para corregir las ilegalidades, las Autoridades regionales se negaban en redondo y sin tapujos a cumplirlas. Lo legal y lo ilegal, lo constitucional y lo inconstitucional entraban en el mismo saco y, en suma, lo anómalo se convirtió en habitual. En este punto, el territorio de Cataluña se puso fuera de la ley con absoluta impunidad. Y como al amparo de ésta nada se ocultaba y hasta se exhibía, basta leer la prensa para comprobarlo.”

II.- En cuanto a la táctica, el trabajo glosado contempla un conjunto de maniobras que sutilmente combinadas han permitido lograr un grado tal como para permitir cuando menos unas nada desdeñables posibilidades de éxito. Ya nos hemos referido a una de las operaciones a largo plazo, la de la educación. Un segundo es el de los medios, tanto los dependientes de las instituciones (radios y televisiones públicas autonómicas) como los privados que han abrazado abiertamente el separatismo. Y, como no podía ser menos, entra en juego el “victimismo”, es decir, el presentarse como una víctima de agresiones externas, ya sean éstas reales o imaginarias. Y la cúspide del movimiento táctico llega con la que se denomina “provocación”, que en Nieto describe magistralmente en un párrafo que, pese a su extensión, reproducimos textualmente:

La provocación es quizás el arma más eficaz de la táctica separatista porque quien la maneja hábilmente gana siempre, le salga bien o mal. Si le sale bien y el adversario no responde ha dado un paso adelante; y si se le responde adecuadamente, gana como víctima, que es aún más importante. Con las víctimas se asegura una escalada en espiral, que es el camino de la victoria. Esto lo sabe el Gobierno central y por eso ha aguardado estoicamente las constantes provocaciones que ha padecido. Hasta que llegaron las intervenciones policiales del 15 de septiembre (de 2017), cuyas consecuencias –según proclama oficiosa- fue un empujón más al independentismo, puesto que a la calle acudieron en protesta muchos que hasta entonces no se habían pronunciado. El presidente Puigdemunt es un maestro de la provocación: está haciendo constantemente gestos aparentemente suicidas con la deliberada intención de ser detenido; lo que según sus asesores provocaría el incendio final de la lucha. Y, además, trabaja sobre seguro porque seguro es que tarde o temprano vendrá un indulto como lo sabía Companys y sus socios en la rebelión de 1934. 

No es muy optimista don Alejandro Nieto en cuanto a la solución del conflicto. Situado ante una posible “negociación”, plantea que, en efecto, “Negociar está muy bien, desde luego; pero antes habría que ponerse de acuerdo sobre qué es lo que va a negociarse, entre quiénes y cómo.” Orillando una circunstancia no apuntada por nuestro autor (cómo es posible que un cargo público que ha desobedecido reiteradamente resoluciones judiciales puede estar legitimado como parte negociadora) se pone lúcidamente sobre la mesa una circunstancia que, hasta el momento, no he visto exponer a ninguno de los miles de contertulios que pululan por los variopinto panorama mediático español: “¿porqué los protagonistas habían de ser los partidos políticos cuando lo que está en juego son territorios y patrias? El Partido Popular no es quién para hablar en nombre de los intereses de Galicia ni el PSOE en el de los de Andalucía ni ERC por los de las provincias catalanas. ¿Es que se puede dejar a un lado a los viejos reinos cuando se está ventilando el destino del Principado de Cataluña? Mientras no se precise todo esto, mal puede empezar la negociación, salvo que se considere que el asunto únicamente afecta a Barcelona y a Madrid.” Y a tan lúcido y necesario interrogante se acompaña el pesimismo clásico del autor, avalado en este caso por nuestra experiencia histórica: “¿Puede alguien citarme un pacto español negociado de buena fe y que no haya consistido en un reparto de botín presente o futuro?”

Cuando el lector ha finalizado la atenta lectura de esas dieciséis apretadas páginas siente que don Alejandro Nieto le ha inoculado el virus del pesimismo realista (o el realismo pesimista). Lo cierto es que frente al activismo estratégico y táctico del separatismo catalán el gobierno de España no ha demostrado tener previsión alguna, más allá de las simples manifestaciones (que no desbordan el ámbito puramente dialéctico) que muy de cuando en cuando ofrecen el Presidente del Gobierno y sus acólitos, que lo único que provocarían es hilaridad si la situación no fuese trágica.

Y lo cierto es que cualquier aficionado al séptimo arte que haya visto, siquiera una vez, la célebre adaptación cinematográfica de la novela Ben-Hur que en 1959 dirigiera William Wyler, comprobaría que en los minutos iniciales de este largometraje el tribuno Messala (Stephen Boyd) plantea agudamente tanto el problema como la solución al nacionalismo judío que alimenta la resistencia a la dominación romana: “Me has preguntado cómo se combate una idea. Te lo diré. Utilizando otra idea.” Pero claro, para ello hay que tener esa idea, y parece que el ejecutivo nacional ha sido invadido por la nada.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

LAS “AUGUSTAS” VACACIONES DEL JURISTA.

Vacaciones

Hemos llegado al octavo mes del año, agosto, que debe su nomenclatura a Cayo Julio César Octaviano, conocido en la historia como Augusto, primer emperador de Roma. De igual manera que el séptimo mes del año recibe su nombre del padre adoptivo de éste, el famoso Cayo Julio César. El emperador Cayo Julio César Germánico, a quien la historia recuerda por su apelativo Caligula, decretó que el mes de septiembre pasase a denominarse Germánico en honor a su padre, pero la medida no gozó de la estabilidad que la de los dos anteriores.

De ahí que pueda decirse en estricta Justicia que las vacaciones del jurista son, ciertamente, “augustas”, aunque tan sólo en dicho sentido. Porque lo cierto es que no es inhabitual que a medida que se acerca la mágica fecha del treinta y uno de julio, la tensa calma que suele presidir la Administración no sea más que el preludio de la tempestad que se desata en los últimos instantes del último día hábil a efectos procesales. En efecto, no es nada infrecuente que periodos más o menos dilatados de inactividad den paso a una pléyade de resoluciones que los órganos administrativos y judiciales regurgitan sin freno para desesperación de quien ya tenía la mente puesta en la jornada vacacional y a quien ese alud de Diligencias de Ordenación, Providencias, Autos y Sentencias arruinan los primeros días del periodo vacacional. Y eso por lo que a la Administración de Justicia se refiere, dado que en lo que al sector público respecta el mes de agosto, hábil a efectos administrativos, suele ser la época predilecta para que del vientre administrativo emanen los más variados efluvios, en ocasiones tras una pausada y pesada digestión.

Siempre me ha llamado la atención tal hecho, es decir, cómo es posible que sea precisamente en las últimas jornadas hábiles del año judicial, y en algunos casos apuradas hasta extremos casi hilarantes, cuando se resuelvan asuntos que en algunos casos llevaban tiempo en las dependencias judiciales. Creo que pueden ofrecerse tres respuestas, que no son necesariamente incompatibles o excluyentes entre sí.

I.- La necesidad de cerrar los casos en el año judicial. Conviene tener en cuenta que el año judicial no comienza en enero y finaliza en diciembre, sino que se inicia de ordinario el primer día hábil del mes de septiembre y finaliza el último día hábil del mes de julio. De ahí que sea preciso liquidar los asuntos para dar comienzo a un nuevo periodo limpio, en lo posible, de polvo y paja. Primera explicación, pues, circunscrita a motivos estadísticos

II.- La inveterada costumbre española de dilatar los asuntos resolviéndolos a última hora. Es un hecho público y notorio que, salvo rarísimas y honrosas excepciones, el principio que suele regir en nuestro país es “no resuelvas hoy lo que puedas dejar para mañana.” Este principio general es aplicable en todos los extremos y situaciones. Si, por ejemplo, han de presentarse las declaraciones trimestrales antes del día veinte, lo más habitual es que el grueso de los contribuyentes demoren tal actividad hasta los tres o dos últimos días, y en ocasiones hasta en los minutos finales del último día. Hay letrados que han hecho de presentar los escritos el último día hábil un auténtico modo de vida. De igual manera que hay empleados públicos que se toman con auténtica calma oriental la tramitación de asuntos. También he de reconocer que esas personas jamás suelen tener problemas, aunque el redactor de estas líneas es de la filosofía opuesta: cuanto antes se quite de en medio un asunto, mejor que mejor, de ahí que en caso de serle otorgado diez días para evacuar un trámite raramente suele demorarlo más allá del quinto, más que nada para evitar imprevistos.

III.- Deseo consciente de fastidiar. Si bien no puede decirse que sea un motivo o móvil frecuente, tampoco puede decirse que este afán sea inexistente. Expliquémonos. Es un hecho público y notorio que, salvo en despachos integrados por varias personas, el jurista ve limitado su periodo vacacional al mes de agosto por ser el fijado como inhábil a efectos procesales. No obstante, los empleados públicos no necesariamente las disfrutan ese mes. Es inherente a la condición humana que la persona que acude a su puesto de trabajo contemple con cierta sana envidia cómo otros inician su periodo vacacional, de ahí que, si es posible, se intente de alguna manera picar cual abejita. Es el clásico síntoma del insomne que, incapaz de conciliar el sueño, se encarga de que todos quienes le rodean tampoco puedan disfrutar de los brazos de Morfeo. En algunos casos, ese deseo de reducir la jornada de descanso se explicita, además, con una crueldad de lo más refinada. Recuerdo en cierta ocasión que un procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, iniciado en los últimos días del mes de noviembre, fue resuelto por un magistrado del orden contencioso-administrativo el viernes de la primera semana de agosto, dando además orden expresa de ser notificado ese mismo día…..que curiosamente coincidía con su última jornada laboral, puesto que dicho juez tiene la inveterada costumbre de trabajar la primera semana de agosto e iniciar su periodo vacacional la segunda semana de dicho mes.

A nivel estrictamente personal, jamás me gustó el mes de agosto como propio de las vacaciones estivales. Quizá ello se deba a que mi padre siempre optó por disfrutar sus vacaciones en un periodo distinto, que inicialmente fijó en la primera quincena del mes de junio para, finalmente, trasladarlo a la segunda quincena de septiembre, que es el periodo en el que, desde que quien suscribe frisaba los nueve años, disfrutaba de las vacaciones junto con su familia. Creo que mi padre acertó plenamente con esas fechas, y ello por varios motivos. Económicamente son mucho más rentables, pues no estamos en los meses centrales del estío donde los precios se encarecen, en ocasiones duplicando o triplicando la tarifa normal. Y estacionalmente, porque aun cuando el verano cede el paso al otoño en esa segunda quincena del noveno mes, el tiempo aun es lo suficientemente cálido y los días lo bastante largos como para disfrutar y aprovechar la calidez del sol y los baños de mar. En mi caso a las anteriores consideraciones se sumaba otra circunstancia que hacía de esas fechas algo especial, y es que precisamente en esa franja de tiempo se sitúa el día de mi cumpleaños.

En fin, que aunque las vacaciones del jurista sean ciertamente “augustas”, ello en modo alguno implica o conlleva, cuando menos en mi caso, que se hagan “a gusto” en este octavo mes del año. Pero es lo que hay.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

SOBRE “LA AVISPA”, JEFFERSON Y EL HONOR DE PABLO IGLESIAS.

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Corría el año 1804 cuando el fiscal Ambrose Spencer impulsó una acusación formal contra Harry Croswell por difamar nada menos que al presidente Thomas Jefferson. Este último, una de las personas más siniestras e hipócritas que ha dado la historia de los Estados Unidos, se había mostrado como un defensor a ultranza de la libertad de prensa como medio de control al gobierno, y se había manifestado públicamente contra las Alien and Sedition Acts, sobre todo contra la que criminalizaba el libelo sedicioso. No obstante, desde el momento en que el virginiano accedió a la presidencia de la nación, no tuvo empacho en utilizar esa misma legislación y en tratar de someter a la prensa ideológicamente hostil. Y para ello, se sirvió de un simpatizante que ostentaba en cargo de attorney general de Nueva York.

Las imputaciones que se hacían a Jefferson en la publicación The Wasp (la avispa) eran absolutamente escandalosas tanto desde el punto de vista personal como político, dado que no sólo se afirmaba que el presidente había mantenido relaciones sexuales con una de sus esclavas (algo intolerable para la mentalidad de la época) sino de haber sufragado de su propio bolsillo unas publicaciones denigratorias contra el presidente Washington, a quien se calificaba de “traidor, ladrón y perjuro”. Lo curioso es que la segunda afirmación pudo demostrarse veraz en el seno del correspondiente proceso judicial incoado en el mismo año 1803, y respecto a la primera, aunque a principios del siglo XIX no pasaba de ser un simple rumor, la historia acabó demostrando que era no menos cierta, pues las pruebas de ADN efectuadas ya en pleno siglo XXI acreditaron que, en efecto, Jefferson mantuvo con Sally Hemmings, una de sus esclavas, relaciones que sobrepasaron con creces la frontera del amor platónico. No deja de ser curioso que el que continúa siendo considerado el apóstol de la igualdad no sólo fuera un propietario de esclavos y jamás en su vida liberara a uno solo de ellos (al contrario que otros coetáneos suyos, como John Jay, quien no sólo abogó expresamente por la gradual abolición de la esclavitud, sino que formó parte de la sociedad en favor de la manumisión de esclavos y predicó con el ejemplo otorgando la libertad a los suyos), aunque dicho sea en su honor con ello demostró que no dejaba de considerarlos sus iguales, cuando menos en cuestiones amatorias.

Pero, volviendo al caso People v. Croswell, Jefferson, a través de su amigo el fiscal general de Nueva York, logró una condena, amparándose en que la acreditación de la certeza de los hechos en modo alguno podía servir de base a una absolución, pues lo esencial y relevante era el animus injuriandi. Con ello Jefferson iba más allá de las Alien and Sedition Acts, que sí contemplaban la exceptio veritatis como causa de exención penal, pretendiendo acudir a los viejos principios del common law inglés, que basaban la condena por sedición no en lo falso de las informaciones, sino en el daño producido. Pese a todo, Harry Croswell fue declarado culpable. Apelada la sentencia, al condenado lo defendido Alexander Hamilton en la que sería su última actuación profesional, dado que tuvo lugar poco antes de caer abatido en el célebre lance de honor que tuvo con el vicepresidente Aaron Burr. Hamilton incidió en la validez de la exceptio veritatis, así como en el hecho de que el propio ordenamiento inglés había evolucionado admitiendo tal instituto. El fiscal del caso (que ya no era Ambrose Spencer, recompensado por Jefferson a través de sus acólitos en la gobernación del estado con un nombramiento de juez estatal) sostuvo los mismos principios que su antecesor. Aunque la discrepancia entre los jueces, divididos entre partidarios y detractores de la exceptio veritatis, impidió tomar una decisión y, en consecuencia, ante la imposibilidad de dictar sentencia (lo que en terminología jurídica estadounidense se denomina deadlock) implicaba automáticamente la confirmación de la resolución apelada, lo cierto es que la condena impuesta a Croswell jamás se llevó a efecto.

Las anteriores reflexiones me vinieron a la memoria cuando tuve noticia de la recentísima Sentencia 99/2017 de 28 de junio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Zamora dictada en autos de Procedimiento Ordinario 463/2016, que resuelve el procedimiento seguido a instancias de Francisco Javier Iglesias Peláez frente a Hermann Tertsch del Valle Lersundi por vulneración del derecho al honor, fundamentado en un artículo publicado por el último donde acusaba al padre del demandante de haber sido condenado por participación en una checa durante el periodo de la guerra civil, resolución a la que cualquier persona puede acceder a través de internet, en concreto en la página infolibre.es. La sentencia no pasa de ser una más de las que se enfrentan a dilucidar si existe o no vulneración del derecho al honor de una persona, y si ha adquirido relevancia mediática es por la circunstancia que el demandante es el progenitor del Secretario General de una formación política recientemente creada.

Existen varias consideraciones, respecto a la sentencia, de las que sí quisiera emitir mi respetuoso parecer:

1.- Estructura de la sentencia. Comienza ya a ser preocupante el incumplimiento generalizado del artículo 248.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, que impone a las sentencias (el uso de la forma imperativa “se formularán” no deja la menor duda al respecto) expresar, “en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo.” Bien es cierto que desde el punto de vista estrictamente formal las resoluciones se adecúan a tal precepto, pero materialmente Sus Señorías han decidido a la hora de elaborar las resoluciones imitar la técnica pictórica del sfumato y diluir la distinción, incluyendo en el apartado correspondiente a los fundamentos jurídicos cuestiones estrictamente fácticas. La sentencia comentada es buena prueba de ello, y basta para acreditar dicho particular simplemente asomarse a la lectura del segundo párrafo del fundamento jurídico cuarto: “Para la resolución de la controversia suscitada resultan relevantes para la presente causa los siguientes hechos” y a continuación transcribe íntegramente el artículo publicado y en base al cual se articula la pretensión del demandante. Estructura interna, pues, errónea.

2.- Celebración de la vista a puerta cerrada. El quinto antecedente fáctico indica que “el juicio tuvo lugar el 19 de abril de 2017 celebrándose a puerta cerrada, lo que se acordó oralmente y se documentó por escrito mediante Auto de 5 de junio de 2017.” En este punto, creo que la juez no actuó conforme a Derecho. En este sentido, el artículo 138.1 de la Ley 1/2000 de 7 de enero impone con carácter general la publicidad de las actuaciones. Es el artículo 138.2 el que establece las excepciones a dicha norma general, lo que hace en los siguientes términos: “Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.” En este caso no estamos ante un caso con menores, el asunto tiene relevancia pública que trasciende del ámbito privado, hecho en el que la juzgadora además incide la propia resolución (“el contenido global de la información difundida trata temas de evidente trascendencia pública y se refiere a personas de máxima proyección pública, como es el hijo del actor don Pablo Iglesias” –fundamento jurídico segundo-; “si bien ha de admitirse que concurre el requisito de la relevancia pública de la información facilitada” –fundamento jurídico séptimo-). No alcanza el redactor de estas líneas a barruntar cómo la publicidad de las actuaciones puede perjudicar los intereses de la justicia. Tampoco creo que la última causa (orden público y seguridad nacional) haya sido invocada por las partes, ni mucho menos que se diera tal circunstancia.

Por tanto, no dándose esas circunstancias, entiendo que el acto de la juez acordando la celebración a puerta cerrada, en principio, es contrario a Derecho. Por cierto, la juez “olvida” incluir en la resolución la parte que solicitó la celebración a puerta cerrada (oficiosamente se conoce que fue la demandante) ni los motivos invocados. Y en este punto concreto, estoy convencido (aclaro que en este punto estoy emitiendo una opinión personal, y por tanto es subjetiva y falible) que esa omisión es absolutamente deliberada.

3.-  Planteamiento de la cuestión relevante. En este punto, a la hora de identificar el núcleo esencial del asunto, la juez procede de manera ejemplar y así debe reconocerse. El núcleo esencial del caso, es decir, la afirmación susceptible de vulnerar el derecho al honor, es la afirmación efectuada por el demandado en el sentido de que Manuel Iglesias Ramírez, fue condenado a muerte “por el delito de asesinato”, en concreto, según se contenía en la publicación, por “participar en sacas, es decir, en la caza de civiles inocentes desarmados en la retaguardia de Madrid.” Repárese en que el periodista no separa entre dos hechos (condena a muerte y participación en sacas) sino que vincula ambos en una misma frase (es decir, que la condena a muerte fue debida a la participación en sacas). Ahí está precisamente el truco del almendruco, puesto que con ello el propio Tertsch se ha puesto la soga al cuello. Porque a la parte demandante le bastaría tan sólo acreditar que la condena fue por un delito distinto (como así fue) para demostrar que el periodista habría faltado a la verdad.

4.- Jurisprudencia citada. La juez se apoya casi exclusivamente en la Sentencia 257/2006 de 30 de mayo de la Sección Vigésimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid dictada en recurso número 490/2004 (ES:APM:2006:8770), que resuelve la demanda interpuesta a consecuencia de la publicación del libro El enigma argentino, escrito por Horacio Vázquez Rial y publicado en Ediciones B, que fueron demandadas por un aludido. Más aún, el fundamento jurídico sexto de la Sentencia del Juzgado de Zamora es una transcripción literal de los fundamentos jurídicos segundo a octavo (ambos inclusive) de la resolución de la Audiencia madrileña. La juez, obviamente, omite los razonamientos referidos al concepto de “reportaje neutral” en tanto en cuanto éste únicamente se esgrime frente al medio, siendo así que en el caso en cuestión únicamente se optó por demandar al periodista.

5.- Solución ofrecida. En este punto, considero que la magistrada en cuestión ha tomado la solución acertada. Ha de tenerse en cuenta que no está cuestionando el derecho del periodista a publicar información, ni tan siquiera la que ha publicado si la misma hubiese sido avalada por datos objetivos. Lo que ocurre es que, en primer lugar, la parte actora tuvo el acierto de aportar la causa a la que fue sometido Manuel Iglesias Peláez, y de la misma se deduce que fue condenado por rebelión militar, no por asesinato, lo que ya implica que una de las afirmaciones (condena a muerte por participar en sacas) no es cierta. En este punto, pues, no puede operar la exceptio veritatis, porque el hecho se ha demostrado incierto. Hasta ese punto, suscribo la afirmación de la sentencia porque, en efecto, la condena de Manuel Iglesias Peláez no fue por asesinato, ni por la participación en sacas, sino por otro hecho distinto, sin que para nada la condena se basara en los asesinatos.

Ahora bien, la sentencia comete un exceso en lo que se refiere a la imputacion de que fuese Manuel Iglesias quien hubiese sido el encargado de identificar y capturar a un miembro de la nobleza, que sería finalmente asesinado. Puede imputarse al periodista cierta ligereza por no constatar en el artículo las fuentes de las que bebe, siendo así que las concretó en el acto de la vista. Pero la juez imputa al autor una falta de diligencia en la investigación. En lo referente a que tales hechos fuesen determinantes de la condena penal, ya hemos visto que la juez lleva razón, no fueron tales antecedentes los que llevaron a la condena. Pero de ahí a imputar una falta de investigación y a negar su realidad porque los mismos no fuesen el sustento de la culpabilidad penal, ahí media un abismo. Porque en este punto surge un interrogante que seguramente planea sobre cualquier ciudadano con un mínimo de raciocinio, pero que en este caso la juez parece ni tan siquiera haberse detenido a pensar. Si la acusación no de haber sido condenado por asesinato, sino en haber sido el causante de la muerte de varias personas había aparecido publicada con anterioridad en varios medios, y en este caso el demandado se limitó a recoger lo que ya venía recogido en varios medios con anterioridad. ¿Por qué en este punto el demandante no ha cuestionado dichas fuentes ni ejercido las acciones jurídicas frente a dichas publicaciones? ¿Por qué no ha extendido la acción jurídica frente a las mismas? Dejo simplemente planteada la cuestión.

 

Con todo, y desde el punto de vista estrictamente personal y a modo de opinión, si quisiera plantear varias cuestiones a modo de reflexión:

1.- Es paradójico que quienes exigen a terceros poseer la epidermis de un grosor y dureza cual hipopótamo, a la hora de recibir las más duras descalificaciones muestran tener una extremada sensibilidad en la piel. Así, en el caso comentado, la misma formación a la que pertenece la persona que considera su honor vulnerado por haber manifestado que su padre fue condenado por chequista, calificó de “asesino” (sic) a José María Pemán, justificando la autora de tal afirmación su actuar en que lo hizo como “una señal de alarma” porque en España falta “libertad de expresión.” En definitiva, que se regresa a la vieja tesis alemana del derecho penal de autor, donde no existen delitos basados en hechos objetivos, sino en las características personales del autor o de la víctima: el hecho que en unos casos es susceptible de ser considerado como ilícito penal, en otras circunstancias objetivamente idénticas no lo es por una simple variación de las características personales del sujeto activo o pasivo. Si algo demuestra con ello es que, al igual que ocurriera con Thomas Jefferson, quienes más predican la libertad de expresión y más generosos se muestran en su uso, tanto lo denigran cuando ese mismo derecho se esgrime en perjuicio suyo.

2.- Se demuestra igualmente la irresponsabilidad de quienes publican sin contrastar ni someter a un mínimo análisis determinados hechos. Por ejemplo, en lo referente a Manuel Iglesias Peláez, existen hechos objetivos y reconocidos por el propio afectado que podían haber sido esgrimidos por el señor Tertsch, sin que los mismos hubiesen sido constitutivos de vulnerar el derecho al honor, para cuestionar la imagen que Pablo Iglesias Turrión pretende ofrecer de su abuelo. Por ejemplo, podría haberse limitado a constatar que Manuel Iglesias, en el proceso al que fue sometido en 1939 tuvo por abogado defensor nada más y nada menos que a Alfonso García Valdecasas (uno de los fundadores de Falange Española junto con José Antonio Primo de Rivera y Julio Ruiz de Alda), algo cuando menos inusual. Que la pena de muerte le fue conmutada gracias a la intervención de Pedro Gamero del Castillo (en esos años ministro sin cartera en el gobierno de Franco, amigo personal de Ramón Serrano Suñer y simpatizante alemán). Y, sobre todo, que según las propias declaraciones de Iglesias Peláez, “después de la cárcel, y colocado por una cuñada mía, he trabajado en el Ministerio de Trabajo al Servicio del Seguro Obligatorio de Enfermedad, que nosotros no creamos”; es decir, que entra a trabajar en un departamento ministerial regentado por un camisa vieja, José Antonio Girón de Velasco. Datos todos ellos que proceden del libro La represión franquista en Villafranca de los Barros (1936-1945) debido a Francisco Espinosa Maestre. Cabría preguntarse cómo es posible que Manuel Iglesias Peláez tuviese contactos entre personas integrantes del sector duro del falangismo y sitas en los más altos cargos del régimen que, no sólo parece que le honraran con su amistad, sino que incluso dieron un paso más hasta el punto de interceder por él logrando no sólo se le conmutase la pena de muerte, no, sino otorgarle un trabajo nada menos que en uno de los ministerios claves del Estado. Si a ello se une que, según el propio interesado, tuvo seis hijos “todos ellos con formación universitaria”, en una época en la que no estaba al alcance de cualquier familia el facilitar a sus hijos el acceso a la formación titulada universitaria, permite concluir que la imagen que desde la formación morada pretende ofrecerse del abuelo del líder no es en modo alguno la más exacta.

3.- También es preocupante que exista una minoría de jueces (aunque, por desgracia, su número va en aumento) que no es que bizqueen tanto de mirar con un ojo al código y otro a los medios, sino que ya descaradamente concentran toda su atención en éstos. El hecho de que la juez acordase la celebración de la vista a puerta cerrada no puede explicarse más que por dicha circunstancia.

Con todo, el nieto de Manuel Iglesias Peláez debería tener muy en cuenta una frase que éste dejó consignada por escrito, y que no tengo ningún empacho en suscribir íntegramente: “lo único que odio en este mundo son las dictaduras, lo mismo las del sable que las del partido. Mi libertad termina donde empieza la tuya, y viceversa.”

 

 

 

 

 

 

 

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

DECLARACIÓN COMO TESTIGO DE MARIANO RAJOY: ESTÉTICA PENOSA.

Sala de vistas

Recuerdo que hace ya casi una década, en una conversación amistosa que mantuve fuera de los estrados con un magistrado del orden penal, éste se lamentaba que nuestro país era el único en el que las salas de vistas situaban a jueces y abogados a la misma altura física, dado que en el resto de países el estrado del juez se sitúa en un plano superior. Le manifesté que en ese aspecto yo no tendría ningún inconveniente en situarme desde el punto de vista estrictamente físico en un escaño inferior aunque, animus iocandi, le exigí a mi distinguido interlocutor que a modo de contrapartida estuviese dispuesto a llevar la toga roja ribeteada de armiño y, sobre todo, la peluca rizada con que se adornan los jueces británicos. Mi respuesta le causó una mezcla de asombro y diversión, por lo inesperado y audaz de la misma, y reconoció que en ese caso prefería dejar las cosas como estaban. Lo cierto es que al ilustre magistrado se le escapó una diferencia no menos esencial, y es que en otros países, en los estrados las partes no están situadas de manera que se enfrenten de forma física, sino que ambas miran al juez.

La anécdota relatada en el párrafo anterior me vino hoy a la memoria cuando contemplé la declaración como testigo de Mariano Rajoy Brey. Si todavía existe alguien que a estas alturas piense que la justicia “es igual para todos” el espectáculo de hoy le habrá abierto definitivamente los ojos y le habrá demostrado lo erróneo de tan manida afirmación. Porque cuando la desigualdad trasciende ya a la propia física, es decir, a la escenografía, no creo que a ningún ciudadano de bien pueda exigírsele un descomunal ejercicio de fe y confianza ciega en la Administración de Justicia. Bien es cierto que, como decía el maestro Alejandro Nieto, ya existe desigualdad cuando unas personas declaran “en estrados” y otras en “banquillo”, pero cuando el grueso de los testigos deponen en el sitio habilitado al efecto con carácter general (frente a los magistrados) mientras que a otro se le habilita expresamente un lugar al efecto no ya al mismo nivel, sino en plano paralelo a los magistrados, obligando a éstos al penoso ejercicio de girar sus testas a la derecha (habrá malpensados que piensen que no sea casual el giro en esa dirección) para contemplar al testigo, con eso ya está dicho todo.

Modificar el ritual legalmente preestablecido introduciendo ex profeso una ubicación física inusual para que un testigo se sienta más cómodo no es precisamente un acto ni de buena Administración ni de estricta Justicia. Es más, ni está justificado ni es justificable.

Hemos de partir necesariamente del Auto de 30 de mayo de 2017 de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su fundamento jurídico único incurre en una contradicción interna. Por un lado, indica que: “D. Mariano Rajoy no comparece como presidente del gobierno sino como un ciudadano español (art. 14 CE) en calidad de testigo por hechos que se están juzgando en este Tribunal en razón a los cargos que tenía en el PP, colaboración con la justicia y en un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y del estado de derecho” (subrayado en el original). Para a continuación dar un giro copernicano y señalar que: “El Tribunal de la Audiencia Nacional, sede institucional, se sitúa en el mismo plano en cuanto a los poderes del Estado que el ejecutivo, por lo que la comparecencia personal de su representante máximo, en sana relación institucional, se ajusta a derecho.”

Con todos los respetos, creo que el redactor material del Auto se ha lucido, porque dice una cosa y la contraria en apenas media página. Porque si don Mariano Rajoy no comparece como presidente del gobierno, sino como “un ciudadano español”, no tiene ningún sentido la referencia ulterior a la “comparecencia personal de su representante máximo [del poder ejecutivo] en sana relación institucional”. Decir que el presidente comparece “como ciudadano” ya es ciertamente grave (pues pudiera parecer que se está efectuando una distinción física según la cual aquél o no es un ciudadano o es que es más ciudadano que otros), pero manifestar, tras una larga cambiada, que la comparecencia es “en sana relación institucional” se contradice con lo anterior, porque está situando la comparecencia a ese nivel, al institucional. Y ya puestos, de efectuar una comparación en cuanto a “situación en el plano”, el equivalente judicial al Presidente del Gobierno sería el Presidente del Tribunal Supremo, y no la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que como mucho podría considerarse “en el mismo plano” que el titular de un departamento ministerial.

Pero, centrándonos ya en el asunto que nos ocupa. Sólo caben dos posibilidades:

A.- Si Mariano Rajoy comparece, según el citado Auto, como ciudadano, acondicionarle para su deposición como testigo una ubicación específica y distinta al resto de los que antes y después comparecerán en la misma sala y en la misma vista, es intolerable no sólo estética, sino jurídicamente, y choca de lleno con el artículo 14 de la Constitución. En este caso, los magistrados han vulnerado un principio básico y elemental enunciado en su día por Augusto: la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo. Pues la imagen que se ha dado al pueblo es el célebre aserto orwelliano: “todos los ciudadanos son iguales, pero unos son más iguales que otros.”

B.- Si la comparecencia se efectúa no en calidad de ciudadano, sino como Presidente del Gobierno, los privilegios que pudiera tener la persona física que ostente dicho puesto desaparecen al penetrar en una Sala de Justicia. El Presidente tan sólo puede comparecer en Sala como tal y con los privilegios inherentes a dicho puesto en eventos como la inauguración del año judicial o similares, donde, en efecto, su presencia se hace como máximo representante del Poder Ejecutivo. Pero cuando ha de comparecer en Sala bien sea como persona investigada o como simple testigo, no ha de distinguirse de cualquier otro ciudadano, salvo lógicamente en los aspectos relativos a las medidas de seguridad que han de rodear a su persona, hecho este último que no es objeto de discusión.

Uno de los problemas fundamentales que tiene nuestro país es el excesivo respeto que el tercero de los poderes ha tenido siempre hacia el segundo, y que le ha llevado en numerosas ocasiones a efectuar cesiones intolerables por simple cuestión estética, y esta es una de ellas. Otro, el retraso histórico a la hora de abordar cuestiones que en otros países hace décadas que han obtenido ya una respuesta. Y es que si Sus Señorías hubieran deseado un ejemplo de cómo abordar la comparecencia de un Presidente como testigo en un pleito, no hubieran tenido más que acudir a internet buscar las actas del que en su día fue considerado el “juicio del siglo”, el caso United States v. Aaron Burr, celebrado entre junio y agosto de 1807 en el Tribunal de Circuito de Virginia. Dichas actas son fácilmente accesibles, y en las mismas puede comprobarse que el acusado, nada menos que el antiguo vicepresidente de los Estados Unidos, planteó abiertamente no sólo la comparecencia física del Presidente en Sala, sino que lo hiciese acompañado de documentos que se consideraban oficiales. John Marshall dejó bien claro que a efectos procesales, no existe diferencia entre el Presidente de los Estados Unidos y un ciudadano común: “Si a la hora de ser citado como testigo la ley no discrimina entre el presidente y un ciudadano común […] la citación para la comparecencia y presentación de documentos puede emitirse frente a cualquier persona a la que pueda dirigirse una citación ordinaria.”

En cualquier caso, si comparece como ciudadano porque es como cualquier otro ciudadano, como tal ha de declarar. Sin compadreos ni concesiones estéticas, que si algún prestigio disminuyen es el de la propia Sala que, lo digo con todo respeto pero con total firmeza, en mi opinión no ha quedado en muy buen lugar.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

SOBRE LA LIMITACIÓN DE MANDATOS.

Washington

Cuando el verano de 1787 los representantes de los distintos estados se reunieron en la Convención a la hora de abordar quién habría de ostentar el poder ejecutivo llegaron a plantearse que éste fuese depositado en un Presidente que tuviese un mandato sin posibilidad de reelección. Finalmente, no llegó a prosperar dicha tesis y el artículo segundo fijó un mandato de cuatro años sin establecer cortapisa alguna a las eventuales reelecciones. No obstante, George Washington, el indiscutido líder de los Estados Unidos y primer presidente de dicha nación, allanó el camino al renunciar en el año 1796 a optar a un tercer mandato. Se separaba así de otras personas como George Clinton, el incombustible gobernador del estado de Nueva York, que desde 1777 veía casi automáticamente renovado su mandato hasta que en 1795 fue destronado por John Jay, curiosamente el redactor de la constitución estatal que establecía para el gobernador un mandato de tres años.

Desde la renuncia de Washington, ninguno de sus sucesores en el cargo osó dejar sin efecto el precedente que el ilustre virginiano había sentado, y ninguno intentó presentarse a la reelección más de una vez. Ulises S. Grant tanteó la posibilidad en 1876, el año del centenario, pero desistió al comprobar que la prensa calificó la simple posibilidad de intentarlo como “dictadura”. Tan sólo el inefable Franklin D. Roosevelt fue reelegido en tres ocasiones (1936, 1940 y 1944), si bien la muerte le privó de desempeñar casi la totalidad del último de los mandatos. Precisamente con la intención de evitar otro caso como el de Roosevelt, se aprobó la vigesimosegunda enmienda constitucional, que impide a un candidato optar a más de una reelección a la presidencia. El tenor literal de la enmienda no deja la menor duda: “Nadie puede ser elegido presidente más de dos veces, y tampoco podrá serlo quien haya ocupado el cargo o actuado como presidente durante más de dos años durante el mandato para el cual hubiera sido elegido otra persona.” Quiere ello decir, por ejemplo, que Lyndon B. Johnson podría haber optado a la reelección en 1968 (dado que cuando accedió a la presidencia tras el asesinato de Kennedy no ostentó la misma durante más de dos años en ese mandato), pero, por ejemplo, Harry S. Truman (a quien por derecho transitorio no se le aplicaría) tendría que considerar como mandato propio su primera etapa de presidente, dado que sucedió a Roosevelt tras la muerte de éste. Se quiere evitar, con ello, que una persona concentre todos los poderes durante un amplio lapso de tiempo, dado que el pueblo de los Estados Unidos siempre ha tenido un enorme recelo hacia el poder.

Nuestro país es diferente. No sólo no existe recelo hacia el poder, sino que éste siempre ha hecho de su capa un sayo, ya sea abiertamente o mediante sutilezas legales. Ideas como la de responsabilidad política o temporalidad en el cargo no han logrado arraigar del todo, porque la siembra que tuvo lugar en el periodo inicial del constitucionalismo no logró que la semilla germinase del todo. Y así existen ejemplos de personas que se perpetúan en el cargo inasequibles al desaliento, con el agravante que al hacer referencia a su situación hablan de “sacrificio personal” y de “servicio al público.” Y la idea de responsabilidad, por su puesto muy muy diluida. No hace ni un mes que hemos visto cómo al titular de la cartera de Hacienda, tras ver cómo el Tribunal Constitucional anulaba una de sus medidas estrellas (la denominada “amnistía fiscal”, cuyo nombre técnico era “declaración tributaria especial”) manifestó que iba a asumir su responsabilidad, y que esa asunción iba a consistir en explicar a la ciudadanía por qué hizo lo que hizo. Con todo, lo grave es que lo decía en serio.

El afán de perpetuarse en el cargo no se limita a la alta política estatal, sino a la autonómica, local e institucional. Hemos visto cómo un expresidente autonómico actualmente investigado por corrupción se perpetuó durante tres décadas en el cargo, cómo hay ediles que vegetan en sus poltronas cuatrienio tras cuatrienio. E incluso a nivel del sector público institucional se dan ejemplos curiosísimos. Por ejemplo, el decano del Colegio de Abogados de Gijón, que lleva tres mandatos quinquenales consecutivos como primera autoridad de la abogacía gijonesa (periodo al que habría que añadir otro como miembro de una junta anterior), no sólo rehusó modificar los estatutos del colegio para reducir de cinco a cuatro el periodo de duración del cargo, sino que se empeñó en no introducir un periodo máximo de mandatos invocando la “libertad”, lo que implícitamente supone decir que en aquéllos países donde existe tal límite no son democracias ni tan siquiera formalmente. O qué decir del presidente de la Federación Española de Fútbol, que investigado como presunto cabecilla de una trama corrupta continúa en el cargo desde la prisión provisionalmente acordada….quizá porque desea llegar a las tres décadas en el puesto. O el Presidente del Comité de Árbitros, que también supera las dos décadas en el puesto.

Sí es cierto que en nuestro país hubo quienes prometieron formalmente limitar a dos sus mandatos. Pero que hiciesen honor a su palabra tan sólo me viene a la memoria una persona. La regla general es seguir hasta que el cuerpo aguante, y a veces incluso aún más allá cuando éste ha empezado a flaquear y a dar síntomas de agotamiento.

Nadie, por desgracia, emula a aquél célebre agrimensor virginiano que, elevado a la jefatura del Estado de una nueva nación, en 1796 rehusase optar a un tercer mandato cuando nadie cuestionaba ni su figura ni su derecho a ello.

de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión