QUITA LA PELUCA….JUEZ. DE PELOS, PELUCAS Y JUECES.

Peluca

Uno de los temas más jocosos e hilarantes de la Orquesta Mondragón es aquel titulado Ponte peluca, cuya frase inicial ya daba una pista sobre el tono y el motivo de la jácara: “A todos el pelo se nos caerá, más tarde o más temprano el otoño llegará.”

Pues bien, hubo una época donde tal adorno capilar adornaba las testas de Sus Señorías, algunos de los cuales podían disimular con el mismo el hecho de no tener ni un pelo….de tonto. En la mente de todos se encuentran las largas pelucas rizadas que lucían y lucen los jueces británicos, muy semejantes a las que adornaban la cabellera de Juan Sebastián Bach o Jean François Arouet, Voltaire, mientras que las de los barrister se asemejaban más a las que lucía el bonachón Carlos IV. Entonces, la peluca no era motivo alguno de burla, sino que, muy al contrario, prestaba cierto toque de distinción.

Es curioso que en estos días he leído dos anécdotas relativas al uso (o, hablando propiamente, desuso) de la peluca en el mundo judicial. Los dos hechos que a continuación voy a narrar tienen lugar en el siglo XVIII, y si geográficamente un vasto océano separa los lugares donde se produjeron, temporalmente son dos décadas la distancia que los separa.

1.- España, año 1768. Un bisoño jurista que aún no frisa el cuarto de siglo va a departir con una de las personalidades más importantes de la corte, Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, conde de Aranda. El joven, que va a tomar posesión como Alcalde del Crimen en la Audiencia de Sevilla, desea ofrecer sus respetos al conde antes de incorporarse a la ciudad bañada por el Guadalquivir. Aranda le aconseja al recién nombrado juez que no utilice la peluca propia del estamento judicial, sino que utilice su propia cabellera, sujetada en coleta con una cinta. Al incorporarse a su destino, el juez hizo caso de tal consejo y, en efecto, desterró personalmente el uso de la peluca. El juez en cuestión, como el lector habrá sin duda adivinado, no era otro que Gaspar Melchor de Jovellanos. La anécdota de la peluca aparece en la célebre Vida y obra de Jovellanos, debida a José Miguel Caso González. En el recentísimo esbozo biográfico Jovellanos: la moderación en la política, debido a Manuel Moreno Alonso (a cuya presentación tuve el inmenso privilegio de asistir) se pone en cuestión la entrevista, pero no el hecho que Jovellanos desterrase el uso de la peluca, dado que tal circunstancia se encuentra perfectamente documentada.

2.- Nueva York, 1 de febrero de 1790. William Cushing, uno de los seis jueces nombrados por George Washington para el Tribunal Supremo, abandona su casa y se dirige a la sede del Tribunal, vistiendo su toga escarlata y negra y adornando su testa con la peluca judicial característica de los jueces ingleses. Súbitamente, se apercibe que un grupo de niños le sigue disimulando la risa, sin que supiese el motivo de tal circunstancia. Es entonces cuando un marinero se acerca a Cushing y le dice: “Señor, menuda peluca!!” Aparentemente, Cushing quedó tan avergonzado que se desprendió de la misma, siendo éste el motivo por el que los jueces norteamericanos no mantienen dicho adorno en sus cabezas. O, cuando menos, eso nos cuenta Bernard Schwartz en el primer capítulo de su History of the Supreme Court of the United States.  Al igual que ocurre en el caso de Jovellanos, hay motivos para dudar de la certeza de este hecho. Cierto es que en el famosísimo retrato que Gilbert Stuart hiciera del chief justice John Jay éste aparece con toga rojinegra, pero dicha obra deja bien claro a ojos del espectador que la alopecia es un problema que no perdona ni a los jueces; en otras palabras, que por muy bien amueblada que estuviera la cabeza de Jay (que lo estaba, en efecto), a la hora de ejercer la alta magistratura su testa se encontraba desnuda de todo adorno que disimulase la calvicie. Por el contrario, en el retrato que se ha conservado de William Cushing, éste aparece tocado con peluca rizada, prueba de que el hecho narrado por Schwartz no es del todo cierto. ¿Se debería, quizá, oscuros complejos relacionados con la caída del cabello, complejos arraigados en Johnson y que en nada importaban a Jay? No podemos saberlo, pero lo que sí es un hecho incuestionable es que bajo John Marshall los jueces se desprenden de todo ornamento tanto capilar como colorista en la toga, que pasa a ser exclusivamente negra.

UNITED STATES v AARON BURR: CUANDO SE CITA EN JUICIO AL PRESIDENTE COMO TESTIGO

United States v. Burr

Richmond, Virginia. 9 de junio de 1807. El Tribunal de Circuito, integrado por el chief justice John Marshall y el juez de distrito Cyrus Griffin preside el caso United States v. Burr, el conocido como “juicio del siglo” no sólo por la personalidad de la persona encausada, Aaron Burr (que desde 1801 a 1805 había sido el tercer vicepresidente de los Estados Unidos) sino por el cargo que se imputaba al acusado, nada menos que haber cometido traición a los Estados Unidos. El juicio despertó un enorme interés en la población no sólo por la identidad del acusado y de la naturaleza del delito, sino porque en el equipo jurídico de la acusación y la defensa se reunieron los abogados más brillantes y experimentados de la época, comenzando por el propio Burr, uno de los letrados más capaces que integraron la abogacía estadounidense en su etapa fundacional.

El presidente Thomas Jefferson había calentado el ambiente buscando influir en el pronunciamiento, pues en su mensaje dirigido al Congreso en enero de ese mismo año, al destapar lo que el consideraba trama criminal ocultó los nombres de quienes estaban implicados en la misma, salvo el de Aaron Burr, “de cuya culpabilidad no puede albergarse la menor duda”, afirmación ésta última que fundamentaba en documentación secreta que obraba en su poder. Lo cierto es que la acusación, fomentada directamente por Jefferson, se fundamentaba no poco en el rencor de éste hacia el acusado, pues el “apóstol de la libertad” siempre creyó (erróneamente) que Burr había intentado disputarle la presidencia en las elecciones de 1800; base sólida ciertamente había poca, y además, el testigo principal contra Burr, James Wilkinson (comandante militar del territorio de Luisiana) sí era un traidor porque se encontraba a sueldo de la corona española (era el agente número 13) y pretendía encubrir sus propios manejos criminales proyectándolos a terceros.

Pues bien, ese día 9 de junio de 1807, Aaron Burr toma la palabra para solicitar del Tribunal la expedición de una subpoena duces tecum, es decir, una citación que tenía la particularidad de que añadía a la obligación de comparecer ante el Tribunal la de adjuntar los documentos que se solicitasen en la misma. Hasta ahí nada fuera de lo común. Pero lo que hizo saltar las alarmas en la acusación y el asombro entre el público fue cuando, tras ser preguntado por Marshall a quien se debía citar, Burr manifiesta impertérrito: “The President of the United States.” George Hay, fiscal de distrito que lideraba formalmente la acusación (aunque materialmente no dejaba de ser una figura de tercera fila) salta automáticamente de la silla y manifiesta que está dispuesto solicitar del Presidente que facilite los documentos precisos para la defensa, aunque reservándose el derecho de retener aquéllos que considerase protegidos por el secreto oficial. John Wickam, uno de los abogados de la defensa, indica que, sin poner en duda las buenas intenciones de su colega en la acusación y que, en efecto, lleve a cabo lo prometido, sin duda alguna Jefferson podía no hacerle caso. Por ello, el día siguiente, 10 de junio de 1807, Burr formula por escrito la solicitud y el juez John Marshall da la palabra a las partes para que defiendan sus tesis.

Lo esencial es que ninguna de las partes cuestionó el hecho de que el Presidente de los Estados Unidos pudiese ser citado como testigo en un asunto. John Wickam manifiesta que aun cuando el Presidente tuviera la obligación legal de comparecer, la defensa estaría dispuesta a renunciar a la presencia física de Jefferson siempre y cuando remitieran la documentación solicitada. Luther Martin, otro de los abogados integrantes del equipo de la defensa (que había ganado fama por haber logrado la absolución de Samuel Chase, uno de los jueces del Tribunal Supremo, en el impeachment al que fue sometido a principios de 1805) aprovechó la ocasión para lanzar un furibundo ataque contra el Presidente, a quien hirió donde más le dolía al acusarle de pretender equipararse jurídicamente al monarca inglés: “Surely these gentlemen do not intend to represent the president as a kind of sovereign or as King of Great Britain, he is no more than a servant of the people”; pero fue incluso más allá y dando por hecho que el Presidente no estaba exento de comparecer en juicio ni tenía privilegio procesal alguno que le eximiese de presentarse como testigo si era requerido para ello, justificó las razones por las que era procedente en el caso concreto la citación: “This is a peculiar case, sir. The president has undertaken to prejudge my client by declaring that ´Of his guilt there can be no doubt`. He assumed to himself the knowledge of the Supreme Being himself, and pretended to search the heart of my highly respected friend. He has proclaim him a traitor in the face of that country which was rewarded him. He has let slip the dogs of war, the hell-hounds of persecution, to hunt down my friend. And would this president of the United states, who has raised all this absurd clamor, pretend to keep back the papers which are wanted for this trial, where life itself is at stake?”. Por la acusación, Alexander McRae se opone a que se cite a Jefferson, pero no por la existencia de privilegio alguno, sino por ser materialmente irrelevante su testimonio. Tras manifestar su ofensa por comparer a Jefferson con el monarca inglés, McRae acepta la tesis principal de la defense, cual es, que el Presidente de los Estados Unidos no ostenta una posición procesalmente privilegiada que le excuse de comparecer ante un Tribunal si éste lo considera necesario: “Elevated as our illustrious president is, yet our principles are that when life is in jeopardy, he may be summoned like any individual, where is able to disclose important facts, and when the national interests will admit of his attendance.” La acusación si se oponía era por motivos de fondo, es decir, por considerer materialmente irrelevante para la defense tanto el testimonio que pudiera prestar tan alta autoridad como los documentos solicitados. El combate dialéctico alcanzó cotas elevadísimas tanto en la altura jurídica de los contendientes como en la intensidad y pasión con que los abogados asumieron su tarea. Tan es así que la acusación llegó a manifestar su disgusto por la agresividad verbal de los abogados defensores, si bien McRae tuvo la deferencia de disculpar a Luther Martin dada la Amistad que le ligaba a Burr, por lo que reconoció noblemente que “In the cause of friendship I can pardon zeal even up to the point of intemperance.”

El día tres días más tarde, el 13 de junio, John Marshall dicta su resolución. En primer lugar, y en lo que respecta a la naturaleza jurídica de la Presidencia, el chief justice aprovecha para dar un sonoro bofetón a su lejano primo Jefferson, pues distingue entre monarca inglés y presidente americano, diferenciando su status jurídico-constitucional: “by the constitution of the United States, the president, as well as every other officer of the government, may be impeached, and may be removed from office on high crimes and misdemeanors […] by that of the United States, the president is elected from the mass of the people, and on the expiration of the time for which is elected, returns to the mass of the people again” Pero, en lo que se refiere al fondo del asunto, es decir, a la citación judicial de un Presidente y la obligatoriedad que tiene éste de comparecer sin que ostente privilegio alguno, Marshall indica que no existe en el texto constitucional precepto alguno que avale la existencia de alguna prerrogativa jurídico-procesal que avale las tesis de Jefferson, sin que tampoco las obligaciones inherentes al cargo justifiquen su incomparecencia: “If, upon any principle, the president could be construed to stand exempt from the general provisions of the constitution, it would be because his duties, as chief magistrate, demand his whole time for national objects. But it is apparent that this demand is not unremitting, and if it should exist at the time when his attendance on a court is required, it would be sworn on the return of the subpoena, and would rather constitute a reason for not obeying the process of the court, than a reason against been issued.”

La doctrina que John Marshall estableció en la lejana fecha de 13 de junio de 1807, dejando bien clara la ausencia de prerrogativas jurídico-procesales del Presidente de los Estados Unidos y su obligatoriedad de comparecer como testigo si es citado, fueron expresamente confirmadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso United States v. Nixon, donde el entonces chief justice Warren E. Burger cita expresamente en varias ocasiones el caso Burr.

Por cierto, en 1977, la Judicial Conference of the United States efectuó una dramatización de cuatro asuntos judiciales resueltos por John Marshall, uno de los cuales fue precisamente United States v. Burr. Este documental está muy bien elaborado, cuidando hasta el detalle algunos extremos como, por ejemplo, respetar que la solicitud de la acusación de que se acordase la prisión sin fianza de Burr y la resolución del caso no se hicieron en sala, sino en la planta superior de la Eagle Tavern, en Richmond. Y, sobre todo, se apoya fundamentalmente en las actas del juicio. Personalmente, me quedo con dos momentos. El primero, la respuesta de Marshall a George Hay cuando éste pretende fundamentar la prisión sin fianza de Burr sin otra prueba que la copia de una carta (recordemos que estamos a principios del siglo XIX y no había fotocopias) y sin pruebas adicionales que lo avalasen en ese momento, aunque se presentarían “in due time”; Marshall es tajante: “In due time? Mr Hay, if you want colonel Burr to be charged on treason without bail, you must show probable cause now, here!” La segunda, cómo un irónico Burr desarma a dos de los testigos de la acusación, en especial al general Morgan cuando éste había declarado que el acusado se jactó de que el gobierno federal era tan débil que con tan solo doscientos hombres podría ocupar la capital de la nación y con quinientos la ciudad de Nueva York. Burr le preguntó: “Do you remember my tone of voice […] How do you describe it? Did I sound as if I were joking about it or did I sound seriously?”, ante lo cual el testigo no tiene otra opción que reconocer: “You sound as if you were joking”.

Para el lector que desee ver esta interesantísima recreación histórica de uno de los grandes juicios estadounidenses, se la ofrecemos a continuación:

LA SOBERANÍA POPULAR EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE NUEVA YORK PROMULGADA EN 1777.

New York Constitution 1777

Estos días he vuelto a leer algunos de los trabajos del recordado Eduardo García de Enterría, y dos son fundamentalmente los más conocidos y con los que me permito tener cierta discrepancia tangencial. Esas obras son Revolución francesa y Administración contemporánea por un lado, y La lengua de los derechos por otro. En ambos trabajos, Enterría desgrana con pasión el nacimiento de las modernas instituciones a raíz del “monumento jurídico” que fue la Revolución francesa, uno de cuyos principales logros fue despojar al monarca de la soberanía para trasladarla al pueblo. Pues bien, aunque respetando como no puede ser menos la pasión que el gran maestro de administrativistas puso a la hora de narrar el impacto que los sucesos revolucionarios franceses implicaron para el mundo actual, lo cierto es que ni los franceses fueron originales, ni crearon nada que no estuviese ya plasmado en textos constitucionales que databan cuando menos de una década antes.

El 4 de julio de 1776 se aprobó en Filadelfia la Declaración de Independencia, donde se proclamaba enfáticamente: “We hold these truths to be self evident. That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty and pursuit of happiness; that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute a new government, laying its foundations of that principles….” Queda plasmado claramente el principio de soberanía popular, pues, en esas frases que han pasado a la historia d ela ciencia política. No sólo eso, sino que los representantes manifestaban actuar claramente “in the name and by the authority of the good people of these colonies”. No obstante, sí que puede decirse que no se trataba en puridad de un texto constitucional, sino de un documento que trataba de justificar la ruptura de lazos políticos entre unas colonias y la metrópoli, pese a lo cual el principio de soberanía popular estaba claramente enunciado. Ese mismo año de 1776 John Adams, un excelente jurista que desempeñaría un papel clave en los Estados Unidos (como uno de los miembros del comité encargado de redactar la Declaración de Independencia, ulteriormente como embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, finalmente como primer Vicepresidente y segundo Presidente del país), enunciaba implícitamente el principio de soberanía popular en su célebre opúsculo Thoughts on government, cuando indicaba: “As government is an empire of laws, how shall your laws be made? In a large society, inhabiting an extensive country, it is impossible that the whole should assemble to make laws. The first necessary step, then, is to depute power from the many to a few of the most wise and good”; opúsculo donde, por cierto, efectúa uno de los ataques más furibundos a una Asamblea unicameral, para finalizar indicando que: “Because a single assembly, possessed of all the powers of government, would make arbitrary laws for their own interest, execute all laws arbitrarily for their own interest, and adjudge all controversies in their own favor.”

Pero sin duda alguna, la fecha clave a tener en cuenta es el mes de febrero de 1777. John Jay, un jurista neoyorkino que se había revelado como un líder moderado de la resistencia colonial en 1774, fue el encargado de redactar la Constitución que habría de regir el estado de Nueva York. Dicho texto, que sería finalmente aprobado el 20 de abril de 1777, consagra el principio de soberanía popular en términos rotundos y enfáticos nada menos que en el primero de los artículos: “This convention, therefore, in the name and by the authority of the good people of this State, doth ordain, determine and declare that no authority shall, or any presence whathever, be exercise over the people or members of these State but such as shall be derived from and granted by them.” Texto que se adelanta nada menos que en una década a la Constitución federal estadounidense y a sus no menos célebres tres vocablos iniciales: “We, the people”.

En 1777, Francia ni tan siquiera había dado comienzo a la fase inicial del proceso revolucionario, que se iniciaría justo diez años más tarde, en 1787, con la denominada “revuelta de los notables”, y ni tan siquiera se había planteado elaborar una Declaración de Derechos y mucho menos un texto constitucional. Sin embargo en la otra orilla del Atlántico, los representantes de las trece colonias ya habían consagrado en un documento el principio esencial de soberanía popular, y diez años antes, la Constitución del estado de Nueva York lo había positivizado nada menos que en el primero de sus artículos.

Como en tantas otras cosas, unos llevan la fama y otros cardan la lana. El canto que los administrativistas españoles, sin duda alguna por la clara influencia de su fundador, hacen de los logros de la Revolución francesa no debe llevar a olvidarnos que el constitucionalismo anglosajón alcanzó mucho de sus principios bastante antes que el galo. Y lo hizo de forma menos pretenciosa, genérica y abstracta y, por tanto, mucho más sustanciosa y apegada al terreno de la realidad. De nada sirve que se proclame enfáticamente un principio si el mismo en la práctica bien se ignora o bien se desvirtúa. Y esto último es, justamente, lo que ocurrió en el constitucionalismo europeo, y muy particularmente en el francés.

 

RAMIRO DE MAEZTU Y ANTONIO MACHADO REIVINDICAN LA HISPANIDAD.

hispanidad

Ayer día 12 de octubre se celebró, como todos los años, la fiesta de la hispanidad. Tantas manifestaciones se han efectuado, con tanta hojarasca en uno y otro lado, que no queda más remedio que efectuar una serie de precisiones.

El día 12 de octubre tradicionalmente se conmemoraba el “día de la raza”. Fue un sacerdote católico vasco, Zacarías de Viczarra, quien propuso sustituir dicho término por el de Hispanidad, y lo hizo en un artículo titulado La hispanidad y su verbo, publicado en Buenos Aires en el año 1926. Con ello, lo que se pretendía era conmemorar no una conquista ni una colonización, sino un acontecimiento que enlazó a dos continentes, y en modo alguno ni el término ni la festividad preconizados por Vizcarra implicaban otra cosa que una simple comunidad cultural. Fue en dicho lugar donde el escritor vasco Ramiro de Maeztu (que por aquel entonces desempeñaba el cargo de embajador español en Argentina), tomó contacto con el mismo y lo importó a nuestro país, donde en la revista Acción Española fue publicando por entregas varios trabajos que ulteriormente publicaría en forma de libro, su célebre Defensa de la hispanidad. Puede que haya quien crea que como Ramiro de Maeztu experimentó una evolución que le llevó de su socialismo inicial hasta el conservadurismo de sus últimos años (en los que da a luz el título indicado) y el hecho de provenir el vocablo hispanidad de un sacerdote católico el mismo implica algo retrógrado o cavernícola. Pues bien, en la introducción que Federico Suárez hace a la edición del citado libro de Maeztu que Rialp publicó en 1998, transcribía una carta que Antonio Machado, nada sospechoso de derechismo, envió a Maeztu, y que decía lo siguiente:

Querido Maeztu: Con todo el alma le agradezco el envío de su hermoso libro Defensa e la Hispanidad, que he leído y releo con deleite. Sigo su obra con gran interés desde los días en que todos pecamos algo contra la hispanidad. Lo que juzgo difícil, querido Maeztu, es que se despierte en España una corriente de orgullo españolista parecida al patriotismo de los franceses o de otros pueblos. Cuando el Cid Campeador de nuestro poema se dispone a combatir con los moros que tienen cercada Valencia, llama a su mujer y a sus niñas para que vean –dice él- “cómo se gana el pan” El heroísmo español suele tener esa elegancia de expresión. Y es que el español, y especialmente el castellano, tiene “el orgullo  modesto”, quiero decir, el orgullo profundo, basado siempre en lo esencial humano, que no puede ser español, ni francés, ni teutón. En esta opinión, me confirma la lectura de su libro. Sólo un español es capaz de pensar como nuestros conquistadores de América, que un indio no sea un ser superior. “Nadie es más que nadie”, reza un proverbio castellano, y lo que se quiere decir en el fondo es esto: por mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el valor de ser hombre. También es cierto que esa sobreestimación de lo humano tiene el fondo religioso cristiano que usted señala. Pero por eso mismo no es fácil que salgamos por el mundo a darnos pisto de españoles; y si sacamos la espada, antes será por Dios o por el diablo que por España. Porque España ha sido siempre muy poca cosa para un español. Tal vez sea ésta la causa de nuestra decadencia actual y de nuestra pasada grandeza. Aun todavía, si habla usted de las banderas de Cristo, encontrará usted quien le siga; con la bandera española no entusiasmará usted a nadie. No quiero molestar más su atención, sino expresarle el placer con que leo sus obras, mi creciente admiración y mi antigua amistad. Siempre suyo, Antonio Machado.

No deja de ser tan lúcido como descarnado el análisis que el grandísimo poeta sevillano hace de la situación. Y téngase en cuenta que cuando escribió dichas líneas los políticos de uno y otro signo jamás rehuían el referirse explícitamente a España, ni renegaban de la misma. Pero si el delicado autor de Campos de Castilla pudiera contemplar la situación actual qué no diría si ya en 1934 reconocía amargamente que “España ha sido siempre muy poca cosa para un español.”

No quisiera finalizar este post sin referirme las reivindicaciones que de la población indígena americana han efectuado algunas destacadas personalidades. Desde que Juan Jacobo Rousseau con su obra reivindicase el “buen salvaje” y el hombre feliz en su estado de naturaleza, se piensa por inercia que todo ser incivilizado ha de ser bueno por naturaleza. No es cierto, pero ni los habitantes del centro y sur de la América precolombina estaban sin civilizar ni los mismos tenían una bondad a toda prueba. Bastaría que cualquier lector interesado se sumergiese en la Historia verdadera de la conquista de Nueva España (esa magnífica crónica redactada por Bernal Díaz del Castillo) o incluso en la magnífica novela El dios de la lluvia llora sobre México (cuyo autor, Lazslo Passuth, era un especialista en culturas precolombinas) para comprobar que los habitantes del continente americano tenían su propia cultura, en ocasiones muy avanzada, y que incurrían en los mismos vicios que sus hermanos del continente europeo, pues, por ejemplo, existían en Tenochtitlán sacrificios humanos, y había enfrentamientos entre facciones y pueblos rivales como había en el viejo continente con las distintas naciones. Es cierto que gran parte de la población indígena pereció a consecuencia de las enfermedades importadas por los europeos, de la misma forma que en La guerra de los mundos, la célebre novela de Herbert George Wells (por cierto, traducida a nuestro idioma por Ramiro de Maeztu), la avanzada civilización alienígena no era derrotada por las armas terrestres, sino por algo tan diminuto como las bacterias terrestres. Pero no es menos cierto que ni esa fue la intención de los colonizadores ni podían, con el insuficiente desarrollo de la ciencia médica, ser conscientes de tal circunstancia.

La historia de la conquista española de América tiene sus luces y sus sombras, y tan inexacta es la leyenda blanca como la negra. Pero en modo alguno hay que avergonzarse de una página esencial de nuestra historia que, como todas, tiene sus aspectos más y menos brillantes.

de Monsieur de Villefort Publicado en Historia

MADRID, 1602: EPISODIOS DE CORRUPCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN EL URBANISMO MUNICIPAL.

Madrid

Es evidente que, según el artículo 23.2 de la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes; pero es igualmente claro que no siempre dicho precepto se respeta, y ahí están las innumerables resoluciones judiciales que integran el meritorio y abundante corpus jurisprudencial al respecto. Irregularidades en los procedimientos selectivos los hubo, los hay y probablemente los habrá, y no porque el sistema sea defectuoso (aunque sí manifiestamente mejorable), sino porque está en la propia naturaleza humana el buscar alternativas y vías de escape a los obstáculos.

No me resisto, por ello, a contar un par de anécdotas relativas a los entonces denominados oficios públicos, y que tienen como protagonista a la villa de Madrid, en el momento que ocurrieron los hechos (año 1602) simple ciudad sita en el centro peninsular que había perdido la capitalidad un año antes por traslado de la corte a Valladolid. Para ello, conviene que nos situemos históricamente. El rey Felipe II había fallecido en septiembre de 1598 y su hijo (sobre cuya capacidad para reinar albergaba más que serias dudas el monarca fallecido), asciende al trono como Felipe III. Albricias, grandes esperanzas en la población y en los sectores cortesanos de que el nuevo reinado pueda superar las crisis congénitas que aquejaban a la monarquía española desde el año 1568. A nuevo monarca, nuevos asesores. Así, Cristobal de Moura, el todopoderoso hombre de confianza del antiguo monarca, ha de ceder su puesto a Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Marqués de Denia y Conde de Lerma, si bien el nuevo monarca elevó el rango nobiliario ascendiéndole de conde a duque. El nuevo valido pronto crea alrededor del monarca una tupida red de leales que suponen un circulo o red de lealtades personales hacia el nuevo sol del poder. La facción anti-Lerma (entre la que se encontraba la propia reina) fue hábilmente orillada simplemente colocando a su alrededor personas de confianza del valido. Pero quizá la maniobra más sutil fue el traslado de la capital a Valladolid durante el tiempo indispensable para que Lerma se hiciese con el control de la antigua capital. Y para ello, nada mejor que hacerse literalmente con el Ayuntamiento. ¿Cómo hacerlo? Aquí entramos de lleno en nuestra historia, con dos episodios muy reveladores.

El primero de ellos consiste en la necesidad de dotar al a villa de un escribano municipal, cargo éste que podríamos decir a grandes rasgos que sería equivalente al actual Secretario. Pues bien, desde la Administración se actuó de forma aparentemente eficaz: en el momento de vacar la plaza, se convocarían dos, de manera que una fuese ocupara por la persona que por méritos lo mereciera (nombramiento que recayó en el licenciado Herrera) y la segunda por alguien de confianza del duque de Lerma, recayendo el nombramiento en el licenciado Silva de Torres. Hay pues, dos oficios, uno cubierto por méritos y otro por “méritos”. Lo que ocurrió después, es fácil barruntarlo: se hizo la vida imposible a Herrera quien, tras numerosos conflictos con Silva de Torres, acabó dimitiendo. La escribanía municipal de la villa se encontraba ya, pues, en manos de un adicto a Lerma.

Pero no bastaba con ocupar la escribanía, sino que se llegó incluso a la ocupación física del Ayuntamiento prescindiendo incluso de las formalidades jurídicas. En mayo de 1602 el monarca otorga a Lerma un regimiento en el consistorio que le permita asistir a las reuniones municipales. Véase el tenor literal del documento: “En este Ayuntamiento, por parte de Su Excelencia, se presentó un título de Su Majestad firmado de su real mano y firmado del señor conde de Miranda, Presidente de los Consejos de Italia y Cámara de Su Majestad y del señor don Alonso de Ágreda de los dichos reales consejos, que no estaba refrendado, registrado ni sellado y juntamente con él un memorial que se dio a Su Majestad con el decreto en las espaldas escrito de su real mano y rubricado de su real rúbrica, cuyo tenor a la letra es como sigue…” ¿Qué decía ese documento que no estaba refrendado, registrado ni sellado? Pues que aunque en las Cortes el monarca se había comprometido a no crear nuevos regimientos en la villa, había decidido hacer esta excepción y conceder a Lerma el más antiguo regimiento de la ciudad, con voz y voto y con asiento inmediatamente detrás del corregidor, ordenando que se den posesión del cargo aunque “le falten las demás solemnidades dispensando todo lo que convenga para conseguirse.”

Bien es cierto que Lerma no volvió a acudir a las reuniones municipales, pero no le hizo falta. Desplegando su influencia a través de las personas leales que sí tenía en la representación municipal, logró incluso manipular a la corporación en su favor. Al perder la capitalidad, el valor del suelo en Madrid descendió abruptamente. Lerma adquirió grandes extensiones de terreno en la villa a precios sumamente bajos, logrando incluso que el Ayuntamiento le urbanizase los mismos. Una vez que ya tenía dominado el consistorio e incrementado su patrimonio con terrenos estratégicamente situados, sospechosamente Madrid recupera su capitalidad en 1606.

El lector interesado puede consultar el amplio estudio de Alfredo Alvar Ezquerra, El duque de Lerma, corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII (La esfera de los libros, 2010) de cuyas páginas 179-182 se han extraído los hechos anteriormente descritos. Por cierto, que esta obra fue objeto de una no menos magnífica reseña debida a Juan Velarde Fuertes, que el lector interesado puede consultar aquí.

En definitiva, que las grandes esperanzas en una regeneración política de la monarquía, un cambio a mejor que desterrase los malos hábitos de los últimos años del reinado de Felipe II, acabaron con un régimen aún mayor de nepotismo administrativo.

A modo de coda, una lección final que nos ofrece la historia. El licenciado Silva de Torres, uno de los leales al valido a quien hemos visto ocupar la plaza de escribano municipal en Madrid, contempló cómo cuando en 1610 se inició una primera campaña contra Lerma, éste a modo de cortafuegos dejó caer a varios de sus partidarios, entre ellos….a Silva de Torres. Y de la misma forma que Lerma dejó caer a Silva sin apoyarle, aquel se vio pagado con la misma moneda, toda vez que el confesor real, Fray Luis de Aliaga, que debía su puesto a Lerma, se convirtió en uno de los más furibundos antilermistas.

de Monsieur de Villefort Publicado en Historia

EJERCICIO DE LA PRERROGATIVA DE GRACIA Y POLICÍA DEL DOMINIO PÚBLICO: DOS LECCIONES DE JOHN JAY COMO GOBERNADOR DE NUEVA YORK.

John Jay

Corrían los últimos años del siglo XVIII cuando John Jay, gobernador del estado de Nueva York, se enfrentó a un asunto muy peculiar. Un ciudadano había sido declarado culpable de falsificación y condenado a cadena perpetua. El padre del condenado, un soldado veterano mutilado en la guerra contra los ingleses, acudió a la residencia del gobernador con numerosas peticiones de clemencia, e incluso funcionarios y personas cercanas a la máxima autoridad estatal abogaron en defensa del condenado. John Jay no tenía duda alguna: se imponía una distinción entre sus convicciones personales y sus obligaciones como gobernador del estado.  Si a nivel particular en efecto, Jay se hubiese inclinado hacia el perdón, como gobernador su deber estaba bien claro: el condenado había sido declarado culpable y perdonarlo sobre la base de las recomendaciones que se efectuaban hubiera sentado el principio que los hijos de padres eminentes podrían cometer delitos impunemente, de tal forma que el culpable que tuviese la suerte de tener poderosas influencias o contactos tendría mayor benevolencia que aquellos que careciesen de tales amistades. En consecuencia, rehusó ejercer la prerrogativa de gracia. En otra ocasión en que le fue solicitado el indulto para otro condenado, Jay pronunció varias frases que deberían estar grabadas a fuego en la memoria de todos aquéllos que en alguna ocasión han de enfrentarse a la prerrogativa de gracia: “La prerrogativa de indulto está constitucionalmente otorgada al Gobernador para ejercerse sobre la base de la prudencia y la discreción, no sobre la de los deseos o sentimientos. Si hubiesen de prevalecer los últimos criterios, pocas serían las personas que estuviesen cumpliendo largas condenas…Conceder o rechazar el indulto no depende de mi voluntad, sino de mi juicio, y debo actuar de forma altamente responsable a la hora de ejercer de forma imparcial y discreta esta prerrogativa.” Toda una lección de derecho penal y administrativo concentrada en unas pocas frases: no es la voluntad, sino el juicio; no el deseo, sino el razonamiento el que ha de prevalecer; no la discrecionalidad absoluta, sino el ejercicio responsable de las prerrogativas.

La anterior anécdota la puede encontrar el lector en la página 410 de la biografía John Jay: defender of liberty, escrita en el año 1935 por Frank Monaghan, quien a continuación nos ofrece otro ejemplo de cómo pese al rigor y honestidad con que ejercía sus prerrogativas constitucionales como gobernador del estado, a nivel personal sabía mantenerse siempre en unas posiciones mucho más cercanas a criterios humanistas y acordes a sus creencias religiosas que nunca le abandonaron. En cierta ocasión, un herrero llamado Daniel Gregory, que carecía de medios suficientes para comprar una parcela de terreno donde construir su vivienda y taller, decidió hacerlo en pleno camino. Se le requirió fehacientemente en varias ocasiones para que demoliera tales construcciones, e incluso el propio Jay se encontraba en una posición algo incómoda, puesto que el camino que iba desde su casa particular a la residencia oficial pasaba directamente por la construcción ilegal y, en su condición de gobernador “no podría cumplir diligentemente con mi deber si continúo pasando por dicho lugar como si nada ocurriese.”  Como Gobernador, John Jay acordó el inicio de acciones legales contra el herrero, pero a nivel estrictamente particular adquirió una pequeña parcela de terreno que ofreció  al herrero para que pudiese construir en dicho lugar su vivienda y el taller que constituía su medio de vida. “Se despejó el camino y Gregory construyó la tienda y casa en la tierra de Jay, donde continuó viviendo sin abonar renta alguna durante el resto de su vida.”

Dos lecciones de ética, probidad y ejercicio intachable de cargo público que, aún cuando tuvieron lugar en los cuatro años finales del siglo XVIII, pueden servir de lección hoy en día.

1953-54. INTENSO DEBATE SOBRE LA REFORMA FISCAL ENTRE GOBIERNO Y ECONOMISTAS DE FALANGE.

Plaza de España años 60

El Boletín Oficial del Estado del día 17 de diciembre de 1954 publicaba, justo después de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, la Ley de 16 de diciembre de 1954 por la que se modifican y refunden los preceptos reguladores de la contribución general sobre la renta. Dicho texto legal trataba de imponer un poco de orden en el sistema impositivo español, que hasta entonces descansaba básicamente en la imposición directa. No obstante, más que la norma en sí, lo realmente interesante es el debate doctrinal que tuvo lugar con motivo de la elaboración de la ley, y que enfrentó dos concepciones absolutamente distintas: la estrictamente liberal y la propiamente social que buscaba en la imposición directa un instrumento de redistribución equitativa de los recursos. Este interesantísimo debate lo expone detalladamente Miguel Martorell en el trabajo que con el título La razón en las palabras de José Antonio: Pensamiento y acción política de los jóvenes economistas de Falange en los años 50, publicó en el número 27 de la revista Historia y Política.

Situémonos en el tiempo. La Falange, prácticamente desaparecida tras la Segunda Guerra Mundial, vivió una época de revitalización en los años cincuenta, que a nivel político se saldó con una derrota total tras la frustrada reforma constitucional auspiciada por José Luís de Arrese. Pero a nivel estrictamente económico, un grupo de jóvenes economistas liderado por Juan Velarde (y en el cual se encontraba Enrique Fuentes Quintana) comenzó a difundir sus ideas desde dos focos principales: la sección de economía del diario Arriba y la Revista de Economía Política, vinculada al Instituto de Estudios Políticos. La novedad principal es que estos autores trataban de recuperar la vertiente social del pensamiento joseantoniano, plagada de críticas al liberalismo y al capitalismo. Como resume muy bien Martorell en su trabajo, el programa en cuestión defendido a ultranza por estos jóvenes “abogaba por la reforma agraria, apostaba por la inversión estatal, combatía los monopolios privados y reivindicaba la redistribución de las rentas a través de la reforma tributaria. Un programa, en definitiva, que defendía la intervención del Estado en la economía y recelaba de la iniciativa privada”. En definitiva, que retomando el programa social del fundador, se combatían los monopolios privados y se defendía la necesaria intervención del Estado en la actividad económica. En este sentido, como indica el autor “Velarde había defendido la esencia anticapitalista de la Falange en un artículo titulado ´La economía española en unas pocas manos`, publicado como editorial de Arriba el 3 de noviembre de 1953, y que ganó el Premio 1ª de octubre concedido por la Secretaría General del Movimiento”. El propio discurso fundacional de la Falange estaba plagado de críticas al sistema liberal, que reducía al obrero a la miseria aunque proclamándole enfáticamente sus derechos a nivel teórico (“Y, por último, el Estado liberal vino a depararnos la esclavitud económica, porque a los obreros, con trágico sarcasmo, se les decía: “Sois libres de trabajar lo que queráis; nadie puede compeleros a que aceptéis unas u otras condiciones; ahora bien: como nosotros somos los ricos, os ofrecemos las condiciones que nos parecen; vosotros, ciudadanos libres, si no queréis, no estáis obligados a aceptarlas; pero vosotros, ciudadanos pobres, si no aceptáis las condiciones que nosotros os impongamos, moriréis de hambre, rodeados de la máxima dignidad liberal”. Y así veríais cómo en los países donde se ha llegado a tener Parlamentos más brillantes e instituciones democráticas más finas, no teníais más que separamos unos cientos de metros de los barrios lujosos para encontramos con tugurios infectos donde vivían hacinados los obreros y sus familias, en un límite de decoro casi infrahumano. Y os encontraríais trabajadores de los campos que de sol a sol se doblaban sobre la tierra, abrasadas las costillas, y que ganaban en todo el año, gracias al libre juego de la economía liberal, setenta u ochenta jornales de tres pesetas. Por eso tuvo que nacer, y fue justo su nacimiento (nosotros no recatamos ninguna verdad), el socialismo. Los obreros tuvieron que defenderse contra aquel sistema, que sólo les daba promesas de derechos, pero no se cuidaba de proporcionarles una vida justa”). En este sentido, el programa económico de los jóvenes falangistas de los años 50 “aportó un programa económico coherente y atractivo, que daba un aire radical y renovado a una institución excesivamente burocratizada y anquilosada”.

A nivel legislativo, existía un amplísimo acuerdo y consenso en la necesidad de reformar la legislación tributaria. Pero el acuerdo finalizaba ahí, dado que en ese punto se enfrentaron dos concepciones opuestas de lo que debía ser la reforma tributaria:

1.- La auspiciada por José María Naharro Mora, “respaldado por empresarios y entidades financieras públicas y privadas con una notable influencia en medios políticos”. Esta reforma era de corte liberal, abogaba por promover el ahorro y la inversión privada. La vinculación a la banca de su promotor y el hecho de que los grandes empresarios y la banca en general apoyase la reforma da una idea de por donde iban los tiros. “Naharro consideraba que la contribución sobre la renta, durante un largo periodo, debía ser un tributo débil, casi testimonial, que complementara, pero no remplazara, los viejos impuestos directos sobre el producto […] un impuesto sobre la renta pequeño, que no gravara en exceso el capital, que recaudara poco, que no detrajera capitales desde la iniciativa privada hacia el Estado”. Este fue el armazón principal del proyecto de ley que presentó Naharro, apoyado por los grandes bancos.

2.- Opuesta a la anterior, Manuel de Torres, con el apoyo de los jóvenes economistas, pretendía una reforma tributaria que hiciera de la imposición sobre la renta un instrumento para redistribuir la riqueza. Los economistas de la Falange no sólo combatieron el proyecto de Naharro desde las páginas del diario Arriba, sino que fueron quienes redactaron las principales enmiendas al proyecto de Naharro, al que finalmente lograron hacer sucumbir pese al aparente fracaso final de sus esfuerzos. El proyecto elaborado por Manuel de Torres, sin llegar a colmar del todo las aspiraciones del grupo falangista, sí que se acercaba más a su ideario. Llama la atención del artículo la lealtad de Velarde y su grupo hacia su maestro, pues como indica Martorell: “Velarde y Fuentes Quintana salieron en más de una ocasión en defensa de su maestro desde la tribuna de Arriba, aún a costa de poner en peligro su continuidad en el diario. Y es que las críticas de Torres a la política económica no siempre eran bien recibidas en el gobierno”.

Sin embargo, todo este esfuerzo, que cristalizó en la Ley de 16 de diciembre de 1954, se volatilizó por el hecho de que el propio Ministro trató de dejar sin efecto las previsiones más radicales del texto legal en el desarrollo reglamentario, hecho que fue denunciado en el propio diario Arriba merced a un artículo publicado el 13 de junio de 1955 por Juan Velarde y que, como indica Martorell “Fue uno de los primeros artículos del grupo de Arriba que señalaban la responsabilidad de Gómez de Llano en el fracaso de la reforma y arremetían directa o veladamente contra el ministro”. Lo cierto es que con los sucesos de febrero de 1956, el fracaso de la reforma constitucional de Arrese y, sobre todo, tras la remodelación gubernamental de 1957 que supuso la entrada en el gobierno de los tecnócratas vinculados al opus dei, supuso la derrota final de la Falange, tanto a nivel político como económico.

CUANDO SÓLO HABÍA 36 ABOGADOS EN NUEVA YORK.

Court

Hubo una época en que en Nueva York contaba únicamente con treinta y seis abogados. Una época en que la ciudad, una de las más populosas de la costa este, tenía dieciocho mil almas y territorialmente se limitaba a una pequeña franja en el área sur de lo que hoy es Manhattan. Una época en que no existían facultades de derecho y donde los futuros letrados se iniciaban en el aprendizaje a través de la pasantía en los despachos ya abiertos. Una época donde el ciudadano podía acudir a los tribunales de derecho y a los de equidad. Una época en que las leyes aprobadas duraban décadas, e incluso centurias. Una época en que los abogados portaban toga negra y peluca corta, mientras que los jueces se adornaban con toga rojinegra y peluca larga rizada. Una época, en fin, donde la abogacía, al igual que el comercio, era considerada una profesión no sólo digna, sino lucrativa, y quienes las desempeñaban eran considerados la élite intelectual de la ciudad.

Lo anterior no es una fabulación, sino una simple descripción de Nueva York a mediados del siglo XVIII. La colonia, antiguamente denominada Nueva Amsterdam y que mutó ulteriormente su nombre a Nueva York tras la conquista británica (en homenaje al hermano del rey Carlos II, por entonces duque de York, y que ascendería al trono en 1685 con el nombre de Jacobo II) era una de las ciudades más densamente pobladas de la costa este norteamericana, pese a no llegar ni tan siquiera a los veinte mil habitantes. Pues bien, según consta documentalmente, tan sólo treinta y seis personas se encargaban de la abogacía en el territorio. Pero no es ya que el colectivo tuviese garantizado un elevado nivel de ingresos debido a lo reducido de su número, sino que tenía en sus manos la posibilidad de congelar el acceso de nuevos miembros a la profesión simplemente negándose a acoger pasantes en sus bufetes. Y es que, por aquel entonces, no existían facultades de derecho, sino que los futuros letrados se adentraban en el mundo de los tecnicismos jurídicos a través de una pasantía en un despacho de abogados, en el que debía permanecer como mínimo cinco años antes de poder emanciparse y pasar a ser un nuevo y flamante miembro de lo que antaño y hogaño se conoce en terminología anglosajona como “the bar”. La vida del law clerk a mediados del siglo XVIII era dura, pues no sólo era un aprendiz de letrado y como tal efectuar tareas que ayudasen a consolidar en su intelecto un sólido poso de sapiencia jurídica (consulta a los libros existentes, búsqueda de jurisprudencia, que por entonces no era tan accesible como lo es hoy) sino que en numerosas ocasiones debía efectuar la no tan envidiable tarea de amanuense. La abogacía neoyorkina adoptó en octubre de 1756 un acuerdo según el cual durante los próximos quince años, los abogados ejercientes en el territorio no acogerían en sus despachos a ningún nuevo pasante. Pese a todo, ese acuerdo se dejó sin efecto el 5 de enero de 1764, y apenas un año más tarde el Tribunal Supremo de Nueva York acordó reducir el periodo de pasantía de cinco a tres años. Se podrá objetar que el sistema era defectuoso, pero lo cierto es que funcionaba a la perfección, y no olvidemos que todo un nutrido grupo de excelentes abogados (desde John Jay a John Marshall, pasando por Alexander Hamilton, Edmund Randolph o Aaron Burr) se formaron en tales condiciones.

Es evidente que tal situación no podría sostenerse hoy en día, y ello por varias razones:

1.- En primer lugar, por motivos geodemográficos. Es evidente que el Nueva York de mediados del siglo XVIII en nada se parece al de la segunda década del siglo XXI, ni en extensión ni en población. Es evidente que el territorio de la antigua colonia y el del actual empire state no han variado mucho, pero sí que la extensión de la ciudad desborda y con creces el reducidísimo marco territorial que ostentaba en el siglo de las luces, cuando la ciudad aún se encontraba protegida por cercas y murallas. No digamos ya la auténtica explosión demográfica, puesto que los apenas dos decenas de habitantes que tenía la urbe en 1760 se multiplicaron hasta llegar a los doscientos mil en la primera década del siglo XIX, teniendo en cuenta que en la primera década del siglo XIX y en el año 2016 alcanza los ocho millones y medio.

2.- En segundo lugar, por motivos culturales y legales. El mundo de hoy es infinitamente más complejo en todos los aspectos. A ello debe añadirse que la legislación es muy diferente en la actualidad. Aquella legislación estable, consolidada, que aún se consideraba inspirada por la divinidad o por la razón, que gozaba de reconocimiento y estabilidad, muy simple en cuanto al sistema de fuentes, ha dado lugar a una pluralidad de fuentes y a un sistema donde las leyes se caracterizan por su volatilidad y por su fugacísima vigencia. De igual manera, la vieja distinción entre tribunales de derecho y de equidad se ha visto superada, de manera que esta última prácticamente ha desaparecido del mapa.

3.- Ante lo anterior, es necesaria una sólida formación que permita al jurista el orientarse en el sistema legal a través de una serie de principios mínimos o básicos que, lógicamente, no pueden aprenderse en los despachos. Hoy en día, tan peligroso es la práctica sin teoría como la teoría sin práctica. De ahí que las enseñanzas universitarias únicamente sean válidas para asentar sólidamente en el intelecto del futuro licenciado los cimientos del futuro edificio intelectual. De esa base, o auténtica viga maestra, depende el futuro del jurista. De la labor conjunta de la Universidad y el estudiante depende que los cimientos sean sólidos y puedan resistir cualquier terremoto o, por el contrario, que se asienten sobre una marisma y por tanto sean derribados a la mínima sacudida. Pero, como hemos indicado, por muy sólidos y firmes que sean esos cimientos no dejan de ser eso, unos simples y mínimos cimientos, y no puede pretenderse que los mismos sean el edificio completo, sino el simple esqueleto.

4.- Una vez asentada la base, procede erigir la construcción, y ello es lo que se consigue con la práctica. Este ha sido, es, y quizá siga siendo el principal defecto del sistema español, a diferencia del anglosajón. En los países del common law hoy en día a ninguna persona con un mínimo de raciocinio se le pasa por la cabeza sostener que ha de prescindirse de la formación universitaria; pero la diferencia principal radica en que ésta no es el final, sino, como hemos indicado, únicamente el principio, y que tanto o más importante que las ideas lo constituye la práctica cotidiana que es donde, al fin y al cabo, se va a curtir diariamente el abogado. Nuestro país siempre ha valorado infinitamente más el conocimiento teórico que la práctica, y la tradicional querencia por el papeleo, la burocracia, el conocimiento superfluo y prescindible sobre la práctica cotidiana y el ejercicio práctico ha lastrado y sigue lastrando en buena medida el sistema.

No obstante, existe una línea de continuidad en el tiempo. Si en 1790 el chief justice se llamaba John, en 2016 un homólogo ocupa el mismo cargo. Si John Jay había nacido en el estado de Nueva York, John Roberts vino al mundo también en el empire state. Si Jay estuvo cuatro años como law clerk en el despacho del abogado Benjamin Kissam, John Roberts ejerció las mismas funciones durante dos años, el primero para Henry Friendly (juez del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito) y el segundo para William Rehnquist (por entonces juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, del que aún no había llegado a ser chief justice). Si Jay tuvo una lucrativa carrera profesional como abogado durante seis años, Roberts también ejerció en el sector privado como abogado en el bufete Hogan & Hanson. Jay orilló la abogacía para dedicarse a la política como delegado de Nueva York al Congreso Continental en 1774, y Roberts dejó igualmente la abogacía para entrar en la oficina del Solicitor General. Claro que John Jay dimitió de su cargo en 1795 al ser elegido gobernador de su estado natal, y como ha indicado en alguna ocasión su lejano sucesor en el cargo, hoy en día nadie en su sano juicio haría algo así, aunque fuera comprensible la decisión de Jay si tenemos en cuenta tanto sus circunstancias personales y familiares como las penosas obligaciones del cargo, que en la década final del siglo XVIII y hasta el año 1891 obligaba a los jueces del Tribunal Supremo a desplazarse por todo el territorio para ejercer como jueces de apelación.

EL “BREXIT” PROFETIZADO POR SIR HUMPHREY APPLEBY A MEDIADOS DE LOS SETENTA.

Sir Humphrey Appleby

En uno de los episodios de la magnífica serie británica Yes, minister, centrada en la vida interna del ficticio Ministerio de Asuntos Administrativos, sir Humphrey Appleby, secretario permanente del sufrido ministro James Hacker, explicaba a éste los entresijos de la política exterior británica en lo que se refiere a la Unión Europea. Cuando el ingenuo ministro pregunta a su secretario: “Sure the Foreign Office is pro-Europe, isn´t it?” (Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores no es pro-europeo?), el Secretario le contesta con un “Yes and no, if you forgive the expression” (Sí y no, si me perdona la expresión). Y a continuación tiene lugar esta larga explicación que, no por ser divertida y estar incluida en una serie de política-ficción deja de tener un evidente poso de realidad:

The Foreign Office is pro Europe because it is really anti Europe. The Civil Service was united in its desire that united market didn´t work. That´s why we went into it […] Minister, Britain has had the same foreign policy objective for at least the last five hundred years: to créate a disunited Europe. In that cause we had fought with the dutch against the spanish, with the germans against the french, with the french and italians against the germans and with the french against the germans and italians. Divide and rule, you see. Why would we change now, when it worked so well.  We had to brake the all thing up, so we had to get inside. We tried to brake up from outside, but it didn´t work. Now that we are inside we can make a complete big pig breakfast with the all thing. (El Ministerio de Asuntos Exteriores es proeuropeo porque en realidad es antieuropeo. El Civil Service está unido en el objetivo de hacer que el mercado común fracase. Por eso nos incorporamos. Señor ministro, Gran Bretaña ha tenido el mismo objetivo en su política exterior durante al menos los últimos quinientos años: crear una Europa dividida. Por ello luchamos con alemanes contra españoles, con alemanes contra franceses, con franceses e italianos contra alemanes y con franceses contra alemanes e italianos. Divide y vencerás. Por qué cambiar las cosas cuando han funcionado tan bien. Teníamos que romperlo todo, por eso teníamos que incorporarnos. Tratamos de hacerlo desde fuera, pero no funcionó. Ahora que estamos dentro, podemos hacer un estropicio)

He aquí el divertido momento de la serie:

En otra secuencia de la misma serie, se contiene el siguiente diálogo entre el Ministro y el Secretario Permanente, aunque en esta ocasión el núcleo de la controversia no es el papel de Gran Bretaña en la entonces aún denominada Comunidad Económica Europea, sino el motivo por la que ésta se ha instituido. Ante ello, tiene lugar el siguiente diálogo:

MINISTRO: To strenghen the brotherhood of free western nations (Para reforzar la hermandad de las naciones libres occidentales).

SECRETARIO: Really? We wanted to screw the french by splitting them off from the germans? (Usted cree? Queríamos fastidiar a los franceses apartándoles de los alemanes)

MINISTRO: Well, why did the french go into it then? (Entonces por qué se incorporaron los franceses)

SECRETARIO: To protect its inefficients farmers from comercial competition. (Para proteger a sus ineficaces granjeros de la competencia comercial)

MINISTRO: Well, sure that doesn´t apply to the germans. (Bien, pero eso seguro que no es predicable de los alemanes)

SECRETARIO: No, they wanted to claim themselves from the genocide and applied from readmision to the human race (No, quieren lavarse las culpas del genocidio y solicitar la readmisión al género humano)

De nuevo, ofrecemos al lector el momento concreto de este diálogo.

Lo cierto es que, como hemos indicado, tras esa puesta en escena subyace una idea esencial que informa la política exterior británica: su autonomía e individualidad frente al exterior. Téngase en cuenta que si, es cierto que Gran Bretaña se incorporó en la Unión Europea y que desde la European Communities Act de 17 de octubre de 1972 ha incorporado el derecho comunitario a su ordenamiento interno, por lo que ha tenido que efectuar profundos cambios incluso a nivel constitucional a resultas de exigencias normativas comunitarias, siendo una de las más visibles la creación del Tribunal Supremo del Reino Unidos, institución desconocida que ha pasado a ejercer las competencias judiciales que hasta su creación ejercía la Cámara de los Lores.

Con todo, deben hacerse algunas observaciones a la situación, máxime teniendo en cuenta que la prensa está silenciando un dato esencial: no es el primer referéndum celebrado en Gran Bretaña sobre la permanencia en la Unión Europea.

1.- En efecto, siendo Primer Ministro británico el laborista Harold Wilson se convocó el día 5 de junio de 1975 un referéndum en Gran Bretaña, para que el electorado manifestase su opinión de acuerdo con la siguiente pregunta: “El Gobierno ha anunciado los resultados de la renegociación de las condiciones del Reino Unido como miembro de la Comunidad Europea. Cree que el Reino Unido debe permanecer en la Comunidad Europea (Mercado Común).” Tanto el Primer Ministro como la líder de la oposición conservadora, Margaret Thatcher, abogaban por el voto al sí a la permanencia. Celebrada la votación, una amplia mayoría de votantes, en concreto 17.378.581 votos que suponían el 67,23% apoyaron la permanencia, mientras que 8.470.073 sufragios que representaban al 32,77% del electorado votaron por la salida. Ello debe llevar a la reflexión porque, en primer lugar, existía una amplia mayoría favorable a la permanencia en las instituciones comunitarias, pero si uno lo analiza fríamente verá que existe un sólido bloque de casi un tercio de la población reacia a la integración.

2.- Los noticiarios no paran de referirse “plazo mínimo” de dos años para la efectiva desconexión de los ingleses. Ahora bien, si uno echa un vistazo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea comprobará que el plazo de dos años no es un plazo mínimo, sino máximo, es decir, en defecto de acuerdo entre las partes. Porque, una vez que el estado comunique su intención de retirarse, la Unión deberá celebrar con dicho estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada y el marco de sus relaciones futuras, estableciendo en el apartado tercero de dicho precepto que: “Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado dos, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.” Por tanto, el plazo de dos años es el fijado como máximo con carácter subsidiario y, aunque cabe prorrogar el mismo, en la actual situación se hace muy difícil, pues la ampliación del mismo exige no sólo acuerdo con el Estado, sino unanimidad de los miembros que, a la vista de las declaraciones, no parece que los distintos Estados vayan a poner facilidades para ello.

Es evidente que la Unión Europea goza de un claro déficit de legitimidad. Su construcción se efectuó a impulso de las élites políticas nacionales, sin consulta alguna a la ciudadanía, y mucho menos sin explicaciones claras sobre el particular. Y de aquellos polvos, vienen estos lodos.

Con todo, no deja de ser paradójico que una serie británica rodada a mediados de la década de los setenta del siglo XX haya expresado de forma hilarante pero a la vez sin merma del rigor, los objetivos últimos de la política británica en relación a Europa.

UNA EXCELENTE BIOGRAFÍA DE NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.

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Coincidiendo con el octogésimo aniversario de la destitución de Niceto Alcalá-Zamora y Torres como presidente de la Segunda República española, acaba de aparecer una excelente biografía sobre el personaje debido a Stanley G. Payne, sin duda alguna uno de los hispanistas más brillantes y un profundo conocedor de la época. La obra en cuestión no es otra que Alcalá-Zamora. El fracaso de la república conservadora, título algo equívoco porque la pretensión de quien ocupara durante un lustro la jefatura del Estado (y que llegó a constituir para él una verdadera obsesión) no era otra que “centrar” la República. El libro constituye el sexto volumen de la colección Biografías políticas que edita la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, y se añade a las ya publicadas de Antonio Cánovas del Castillo, Antonio Maura, Francisco Silvela, José Canalejas y del administrativista Javier de Burgos.

Nacido en 1877 en la ciudad cordobesa de Priego, Alcalá-Zamora provenía de una familia que, sin ser de la aristocracia ni gozar de excesivas riquezas, su familia sí que tuvo una posición lo suficientemente desahogada como para que sus miembros no pasasen estrecheces. Poseedor de una memoria prodigiosa, la carencia de recursos económicos le impidió cursar estudios de matemáticas o botánica, y estudió por libre la carrera de Derecho. Cuando las circunstancias le posibilitaron trasladarse a Madrid para completar sus estudios, con tan solo veinte años se doctoró en leyes, y con veintidós accedió por oposición al cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, siendo el número uno de su promoción. Ulteriormente (al igual que medio siglo más tarde haría otro ilustre miembro del mismo cuerpo de Letrados, el profesor Eduardo García de Enterría) decidió abrir su propio bufete y, además (en este caso a diferencia del ilustre administrativista) se adentró en la política ingresando en el Partido Liberal, y llegó a ser ministro de Fomento y de Guerra, este último cargo en el año 1922, en una situación ciertamente delicada. Tras el advenimiento de la Dictadura ejerció una levísima oposición al régimen (si bien teniendo mucho cuidado en mantenerse siempre al límite para evitar ser encausado) y tras la caída del Primo de Rivera se pasa al campo republicano. Sus críticas a Alfonso XIII por haber contemporizado con la dictadura (críticas que, por cierto, compartía el Partido Socialista Obrero Español, que había contemporizado con Primo cuando menos lo mismo que el monarca) fueron antológicas, si bien se hacían a través de una oratoria algo pasada de moda más propia del liberalismo decimonónico que del primer tercio del siglo XX. Juzgue el lector por si mismo, pues de esta forma tan florida y “equina” describía la situación política don Niceto en un mitin celebrado el año 1930: “Cuando el corcel del impulso absolutista se rinda pasajeramente por el sudor de la marcha y por haber recibido en los ijares el espolazo del jinete que tuvo que encumbrar, esos palafreneros acudirán a sujetarle la brida, a ponerle una gualdrapa con el emblema de la Constitución y alojarlo, por un instante, en los palacios de las Cámaras, más hollados como caballerizas que respetados como alcázares…Y luego, cuando repuestas las fuerzas y pasado el peligro, el corcel del impulso absolutista, incorregible en su condición atávica, de el relincho alegre de la aventura, esos palafreneros se presentarán a otra vez a enjaezarlo, y más aún haciendo de la rodilla de su reverencia o de la espalda de sus culpas el auxilio del estribo sobre el cual se alce el caudillo de turno a quien corresponda la dictadura, quedará grabada sobre sus espaldas, como castigo, la huella en que esté el polvo del corcel…” Evidentemente que una gran parte del auditorio de la época hubiera sido incapaz de comprender el sentido ultimo de la metáfora, es decir, que la vuelta al régimen constitucional impulsada por Alfonso XIII en 1930 era, según Alcalá-Zamora, un mero paréntesis impuesto por las circunstancias y que con el tiempo se acabaría en otra dictadura. Ante ello, el cordobés abogaba por una república bien centrada, donde pudieran servir “gentes que han estado y están mucho más a la derecha mía”, con un Senado y donde la Iglesia pudiese tener cabida. Su posición era clara: “Una república viable, gubernamental, conservadora, con el desplazamiento consiguiente hacia ella de las fuerzas gubernamentales de la mesocracia y la intelectualidad españolas, la sirvo, la gobierno, la propago y la defiendo. Una república convulsiva, epiléptica, llena de entusiasmo, de idealidad mas falta de razón, no asumo la responsabilidad de un Kerenski para implantarla en mi patria.” Por desgracia para don Niceto, fue esto último lo que sucedió.

A Alcalá-Zamora se debe en gran parte el triunfo republicano en las grandes ciudades el día 14 de abril de 1931. Muchas personas que votaron candidatos republicanos lo hicieron amparándose en el aval de personas como el de Priego o como Miguel Maura (el hijo del prócer conservador Antonio Maura). Esa confianza la expresa magistralmente el personaje encarnado por Fernando Fernán-Gómez en la película Belle epoque, cuando le dice al párroco de la localidad: “¿Revolucionario Alcalá-Zamora, católico y que va a misa?”. Lo cierto es que, cuando se proclama pacíficamente la República ese mismo día, es a Niceto Alcalá-Zamora a quien se debe el primer instrumento jurídico del que se dota el régimen: el Decreto de 14 de abril de 1931 fijando el Estatuto jurídico del Gobierno que, según cuenta Miguel Maura en Así cayó Alfonso XIII, fue dictado por don Niceto de forma absolutamente improvisada y sin consultar una sola nota, haciendo gala de sus prodigiosas dotes intelectuales que llevaron incluso a Indalecio Prieto a decir de él que “era un tío de circo.” Por desgracia, ese entusiasmo inicial se frenó en poco menos de un mes, cuando de forma innecesaria la República inició su rabiosa política anticlerical y sus ataques gratuitos no sólo al ejército, sino a gran parte de la población (al prohibir, por ejemplo, toda exhibición de símbolos alusivos a la monarquía). A la hora de elaborar el texto constitucional, se optó por un radicalismo extremo llevando a aprobar un texto que no sólo “invitaba a la guerra civil” (como escribiría el propio Alcalá-Zamora el poco tiempo) sino que era jurídicamente muy tosco, como el lector interesado puede comprobar consultando el trabajo que, con el significativo título Ni república parlamentaria ni presidencialista, publicó Manuel Álvarez Tardío en el número 123 (enero-marzo de 2004) de la Revista de Estudios Políticos.

Elegido primer presidente de la Segunda República en el mes de diciembre de 1931, Niceto Alcalá-Zamora se mantuvo más o menos dentro de sus funciones durante el primer bienio. Pero tras resquebrajarse la coalición republicano-socialista en 1933 y, sobre todo, tras la victoria de la coalición de centro-derecha en los comicios de ese mismo año, Alcalá-Zamora comenzó a hacer gala de un comportamiento que desbordaba claramente sus prerrogativas hasta incurrir abiertamente en actuaciones que contravenían el texto constitucional, hasta el punto de que llegó a convertirse en lo que tanto criticó en sus mítines en 1930: en un rey sin corona, y de hecho sus enemigos políticos lo zaherían denominándolo “don Alfonso en alpargatas”. Con todo, lo más grave es que su odio a José María Gil Robles (a quien José Ortega y Gasset denominó “joven atleta victorioso”) no tenía raíces exclusivamente políticas, sino únicamente personales. Y es que Niceto Alcalá-Zamora era una persona cultivadísima, austera hasta la médula (se negó a tener residencia y coche oficial durante su mandato, de tal forma que residió siempre en su propio domicilio) pero tenía por el contrario un defecto que en muchas ocasiones nublaba su juicio: una enorme vanidad y una inagotable capacidad de rencor. Una de sus célebres frases fue la que le dirigió a su amigo Miguel Maura, a quien con el acento andaluz tan característico del presidente le espetó: “Migué, yo no soy rencoroso, pero quien me la hase me la paga” El hecho de que José María Gil Robles hubiese logrado articular en torno a su persona a la derecha católica y hubiese logrado una victoria en las urnas es algo que Alcalá-Zamora no le perdonó jamás, entre otras cosas porque entendía que era a él a quien correspondía esa posición. Por ello se negó a conceder a la Confederación Española de Derechas Autónomas (la fuerza más votada en los comicios de 1933 y que alcanzaba, con el Partido Radical de Lerroux, mayoría absoluta) la posibilidad de acceder al Gobierno. El líder conservador catalán Francisco Cambó, refiriéndose a Alcalá-Zamora, dejó escrito en sus Memorias el siguiente párrafo que describe magistralmente la situación que vivió España en el bienio 1934-1935: “…no dejó de intrigar un solo momento…Tenía odio a Lerroux, tenía odio a Gil Robles y tenía odio a socialistas y azañistas; tenía, en fin, odio a todo lo que representaba un valor personal, una fuerza política. Sus preferencias iban a hombres insignificantes de su partido. Así se enamoró sucesivamente de Miguel Maura, de Joaquín Chapaprieta y finalmente de Manuel Portela Valladares. Él tuvo gran parte de la culpa de que viniera la república, él tuvo la culpa principal de que viniera la revolución y ni una vez ni otra actuó impulsado por una ilusión, por un entusiasmo que, equivocados incluso, son una excusa: en las dos veces obró por resentimiento.”

Y es que, en efecto, desde la Presidencia de la República don Niceto Alcalá-Zamora desde el mes de noviembre de 1935 decidió apostar por gobiernos débiles sin apoyo parlamentario y que, por tanto, dependieran única y exclusivamente de la voluntad del Presidente de la República, quien podría manejar así a su antojo la situación. Es entonces cuando, en una maniobra típicamente caciquil más propia de mediados del siglo XIX que de los años treinta del siglo XX, decide convocar elecciones en febrero del año 1936 y fomentar desde la Presidencia una formación centrista que sirviera de contrapeso entre una derecha y una izquierda cada vez más radicalizadas. El tiro le salió por la culata. Las nuevas Cortes, en una maniobra ciertamente extraña y de dudosa constitucionalidad declararon que la disolución efectuada en el mes de enero de 1936 era la segunda efectuada por el Presidente (lo cual era, cuando menos, dudoso, porque en 1933 se habían disuelto las Cortes Constituyentes –no ordinarias- que en una situación absolutamente inconcebible en cualquier Estado prolongaron su mandato hasta dos años después de aprobarse el texto constitucional) y, lo más extraño aún, reconocieron que esa disolución no había sido necesaria. Ello supuso la destitución automática del Presidente.

Sin embargo, como indica Stanley G. Payne, es precisamente en estos años que transcurren desde su destitución en abril de 1936 hasta su muerte en febrero de 1949 los que reconcilian con su figura y demuestran que fue uno de los pocos en mantener la dignidad. Pese a sufrir una serie de tragedias personales, como el fallecimiento de su esposa y de uno de sus hijos, combatiente en el ejército popular de la República. Payne describe así el fallecimiento de su hijo: “El Gobierno republicano les utilizó como arma de propaganda mientras continuaba insultando a su padre. Pepe fue muy pronto ascendido a alférez y tomó parte en las grandes batallas de los alrededores de Madrid en febrero y marzo de 1937. En otoño de ese año cayó gravemente enfermo y requirió atención quirúrgica. Mientras su vida pendía de un hilo don Niceto hizo todo lo posible para que le concedieran el traslado por enfermedad a Francia, pero los líderes republicanos no quisieron renunciar a ese arma de propaganda, por lo que Pepe murió en un sanatorio de Valencia el 21 de marzo de 1938.”

Tras una auténtica odisea que se prolongó durante más de un año, logra llegar a Buenos Aires, donde rechazó totalmente hacer uso de fondos gestionados por los socialistas y obtenidos de diversos saqueos durante la guerra (es conocidísimo el episodio del pícaro Indalecio Prieto y cómo se hizo con el tesoro del yate Vita) y con los que pretendían aliviar la situación de los exiliados. Niceto Alcalá-Zamora rechazó, igualmente (en esta ocasión al igual que todos los líderes republicanos en el exilio) una oferta británica de apoyo armado para desalojar a Franco del poder en 1945, coincidiendo con los estertores finales de la Segunda Guerra Mundial, pues todos coincidían en que a Franco deberían desalojarle los españoles, y poco valor y escasa categoría moral tendría que los exiliados regresasen sobre la base de un apoyo extranjero (por cierto, que la misma oferta fue hecha a don Juan de Borbón, quien, al contrario que los republicanos, llevó a valorarla, aunque al final la rechazara de igual forma, aunque no al inicio y de forma tajante como hicieran los republicanos en el exilio). Niceto Alcalá-Zamora se estableció en Buenos Aires, donde vivió de las ganancias que obtenía por los artículos que publicaba en prensa, por sus libros, y por sus conferencias. De igual forma, y amparándose en su prodigiosa capacidad, reescribió el segundo volumen de sus Memorias, que en España no se publicarían hasta el año 1977; memorias claramente autojustificativas e interesadas, pero que constituyen evidentemente un testimonio de primera mano del apasionante periodo que comprende el lustro republicano. Los papeles y documentos que las milicias del Frente Popular robaran de las cajas de seguridad que tenía en el Crédit Lyonais y que se daban por perdidos reaparecieron en el año 2008 gracias a una operación de la Guardia Civil (que había sido alertada por los historiadores César Vidal y Jorge Fernández Coppel cuando el hijo de la persona que había perpetrado el latrocinio se puso en contacto con el primero para venderle la documentación). Una parte de esos dietarios elaborados por Alcalá-Zamora fueron publicados por la editorial La Esfera de los libros. Curiosamente, el primogénito de Alcalá-Zamora (llamado igualmente Niceto), catedrático de Derecho al igual que su padre, contrajo matrimonio con la hija del general Gonzalo Queipo de Llano y el hijo de ambos, José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, es hoy uno de los mayores expertos en nuestros siglos de oro.

En definitiva, que nos encontramos ante una magistral biografía que nos acerca de forma brillante a un personaje que con sus innegables luces y con sus evidentes sombras, ha sido una de las personalidades más decisivas del primer tercio del siglo XX.

 

de Monsieur de Villefort Publicado en Historia