LOS “NUEVE DE LITTLE ROCK”: REFLEXIONES SOBRE EL EPISODIO HISTÓRICO.

Nine of Little Rock

En el año 1957 la ciudad de Little Rock, capital del estado de Arkansas, vivió una situación ciertamente explosiva desde el punto de vista social y político, y el motivo no era otro que la oposición de las autoridades (amparadas en el descontento popular) a llevar a puro y debido efecto una resolución judicial, a la que desobedecieron abiertamente.

Arkansas era un estado situado al sur de la línea Mason-Dixon y uno de los que en 1861 abandonó los Estados Unidos de América para integrarse en los Estados Confederados de América. Tras el final de la guerra volvió al seno de la Unión, pero políticamente las élites pro sureñas retomaron el control de las instituciones estatales a partir de 1873, y socialmente la abolición de la esclavitud jamás fue bien vista, perviviendo un clima de racismo y de abierto menosprecio a los esclavos liberados, algo que incluso recibió en 1896 el aval del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia Plessy v. Fergusson, que institucionalizó la doctrina separate but equal, en base a la cual se avalaba la constitucionalidad de la segregación racial siempre y cuando el nivel de los servicios para la población blanca y la de color tuviesen unos mismos niveles de calidad. Así, la doctrina “iguales, pero separados”, permitió la segregación racial en viviendas, transportes y centros educativos. La situación dio un giro radical en 1954, cuando en su conocidísima sentencia Brown v. Board of Education of Topeka, el Tribunal Supremo modificó su criterio y declaró inconstitucional la segregación por motivos raciales, por lo que la separación de poblaciones en los centros educativos basados en criterios exclusivamente de raza se consideró contrario al texto constitucional.

Tres años más tarde de la sentencia Brown, nueve estudiantes de color solicitaron su ingreso en el Little Rock Central High School, es decir, en uno de los centros de enseñanza secundaria de la ciudad. El gobernador del estado, el demócrata Orval Faubus, se comprometió a facilitar el cumplimiento de la sentencia y el acceso normal de los nueve estudiantes en el centro educativo. Pero los padres de los restantes alumnos, apoyados por la práctica mayoría de la población de la ciudad, presionaron para que se vetase la admisión de los nueve estudiantes de color. Incapaz de hacer frente a la presión popular, Faubus “sugirió” a los nueve estudiantes que desistiesen de su propósito, a lo que éstos se opusieron. Es más, cuando intentaron acceder al centro se encontraron no sólo con que un amplio grupo de segregacionistas les impedían la entrada, sino que el gobernador Faubus envió a la Guardia Nacional no para ayudar a los estudiantes de color, sino para apoyar a quienes impedían llevar a puro y debido efecto la sentencia Brown.

El Presidente de los Estados Unidos, Dwigt D. Eisenhower, que gozaba de una gran popularidad, se puso en contacto con el gobernador de Arkansas para recordarle que las resoluciones judiciales debían cumplirse, y para pedirle que no se situase en abierta rebelión institucional, pero Faubus se mantuvo en sus trece, temeroso de perder el favor de la población estatal, mayoritariamente opuesta a la integración escolar. La reacción de Eisenhower no se hizo esperar: ante el desafío abierto del gobernador del estado y la defección de la guardia nacional de Arkansas, al Presidente de los Estados Unidos no albergó duda alguna de cual era su deber, y en este sentido movilizó a las tropas del ejército federal, ordenándoles que escoltasen a los estudiantes de color al instituto y garantizasen la integridad física de los mismos. En este sentido, dieron la vuelta al mundo las fotografías de los nueve estudiantes acudiendo al instituto rodeados de los soldados que, con la bayoneta calada, les servían de escolta. También se hizo muy famosa la fotografía de una de las jóvenes estudiantes rodeada de toda una multitud que la abucheaba, fotografía que el juez Stephen Breyer reproduce en su libro Making our democracy work a la hora de evocar este episodio histórico.

No cabe duda que Orval Faubus podía esgrimir legítimamente que, como gobernador de Arkansas, únicamente debía responder ante sus electores, que no eran otros que los ciudadanos de dicho estado, que nadie cuestionaba eran mayoritariamente partidarios de la segregación racial. Pero igualmente, como gobernador de uno de los Estados Unidos, debía lealtad a las instituciones federales. De igual forma, el presidente Eisenhower podía haber sido políticamente correcto y haberse negado a apoyar con la fuerza una resolución judicial, limitándose a considerar lo ocurrido en Little Rock como un asunto interno estatal. Pero, como veterano soldado, optó por hacer cumplir la ley, no temblándole el pulso y demostrando que en ocasiones, como manifestó en su día John Jay en carta al general Washington, la Justicia precisa de una espada tanto como de una balanza.

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LA REBELIÓN DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA VISTA POR ALEJANDRO NIETO.

Rebelión militar

La situación jurídica de Cataluña es clarísima. Nos hallamos ante un ordenamiento legal vigente cuyos órganos de ejecución han quebrado totalmente. Subsiste, pues el Estatuto. Lo que no existe es el presidente de la Generalidad, ni el Consejo Ejecutivo ni el Parlamento regional […] El Estado debe proceder a la gestión de la generalidad dentro del máximo respeto a las leyes en vigor, procurando que todo el pueblo catalán, sin excepción, colabore a esa obra necesaria.”

Aunque la cita anterior pudiera considerarse extraída de alguno de los incontables informes jurídicos que el actual Gobierno ha solicitado en los últimos meses, lo cierto es que no es así, sino que corresponde a unas declaraciones efectuadas en octubre de 1934 por José Oriol Anguera del Sojo, que entonces ostentaba el cargo de Ministro de Trabajo de la República española en un gabinete presidido por Alejandro Lerroux. Barcelonés de nacimiento, perfecto conocedor de la situación catalana, su entrada en el gobierno bajo las siglas de la CEDA fue el detonante (que no la causa) para la sublevación que se produjo en octubre de 1934. Y la cita la he extraído de una obra cuya atenta lectura merece abordarse, máxime en los tiempos actuales. Se trata de La rebelión militar de la Generalidad de Cataluña contra la República. El 6 de octubre de 1934 en Barcelona, de la que es autor el gran Alejandro Nieto y que fue publicada hace tres años en la editorial Marcial Pons.

En la obra se muestra Alejandro Nieto de cuerpo entero: con la precisión del científico disecciona minuciosamente los hechos, pero sin renunciar a efectuar tomas de posición y a efectuar valientemente afirmaciones por muy políticamente incorrectas que sean o pese a estar formuladas a contracorriente. Valga como ejemplo el tratamiento que hace de la figura de Luís Companys (páginas 77 a 85), respecto del cual incide en un hecho tan evidente y notorio que por esa misma circunstancia pasa desapercibido: “se da la circunstancia de que Companys ya no es sólo un hombre, sino que se ha convertido en un mito, en un icono catalán, y el objeto directo de la historia son los hombres y sus hechos, no los mitos creados por la literatura y la ideología. Con su fusilamiento en los fosos de Montjuic ese personaje salió literalmente de la Historia, ha quedado sacralizado en el altar catalanista y es ya intocable –so pena de sacrilegio- aunque no sin protesta de algunos autores que prefieren ser historiadores a hagiógrafos.” Pero también efectúa nuestro autor reflexiones en voz alta que trascienden de la época estudiada al ser plenamente aplicables al momento actual, como esta en concreto vertida a la hora de analizar el victimismo: “Con el victimismo puede cubrirse todo. Allí donde ha arraigado este espíritu, cuando un político es acusado de deslealtades, e incluso de delitos personales, le basta envolverse en una bandera y asegurar que está siendo víctima de un ataque dirigido contra su patria; y con este ardid ya nadie pensará en sus culpas, sino en la agresión del enemigo” (páginas 54-55).

Este voluminoso estudio sobre la rebelión de la Generalidad (muy a tener en cuenta que el autor circunscribe la rebelión a la “Generalidad”, no a “Cataluña”), la divide en tres partes. La primera, titulada “antes de la rebelión”, sitúa al lector en el complejo y conflictivo panorama existente en la España del año 1934, y desciende a ofrecer pinceladas de los personajes más relevantes de entonces, las formaciones políticas con representación en Cataluña y en las explicaciones ofrecidas tradicionalmente como justificativas del levantamiento. En este punto, Nieto despeja (si es que existían aún) las tesis de quienes veían en el levantamiento de la Generalidad una defensa de la República frente a la amenaza “fascista” de la C.E.D.A, que había accedido al gobierno precisamente en octubre de 1934 en un gobierno presidido por Alejandro Lerroux. Para destruir dicha tesis, se ampara en varios hechos. El primero, que los preparativos para el levantamiento eran anteriores a la propia entrada de la C.E.D.A. en el gabinete. El segundo, que en un gobierno integrado por quince ministros, dicha formación política (que era la más votada y a quien, en puridad, según la aritmética parlamentaria, correspondía la propia jefatura del gobierno) tan sólo había logrado tres carteras ministeriales, y no precisamente las más decisivas (como Gobernación o Defensa). En tercer lugar, por la propia personalidad, nada radical, de los tres ministros cedistas. En este último punto, aun cuando Nieto no lo utiliza, conviene no perder de vista el testimonio del socialista Juan Simeón Vidarte en su obra El bienio negro y la insurrección en Asturias, donde incluye el siguiente párrafo: “Indalecio Prieto, que había bajado de su apartamento para comentar con nosotros la noticia, le decía a Caballero que si se daba un lugar en el gabinete a Anguera del Sojo nuestra posición al declarar la huelga general estaba poco justificada, pues éste había sido fiscal general de la República y gobernador de Barcelona en 1931, durante los gobiernos de colaboración republicano-socialista y desde entonces se hizo amigo de Azaña y Casares. No podíamos alegar su falta de republicanismo….”

Tras exponer los antecedentes, nos ofrece una crónica de la rebelión (utilizando para ello el testimonio de los protagonistas y ciñéndose a fuentes principalmente catalanas) y los acontecimientos que siguieron a la misma, más en concreto los debates en torno a la suspensión del Estatuto de Autonomía y a la causa seguida en el Tribunal de Garantías Constitucionales frente a los principales autores de la intentona. Destacan, a lo largo de esas páginas, la lucidez con la que se enuncia la teoría que el autor denomina del “doble alzamiento”: el político (protagonizado por las instituciones políticas, más concretamente por el Presidente y el Consejo Ejecutivo) y el social (por las fuerzas obreras), coincidentes en el tiempo aunque con objetivos y fines distintos y, en ocasiones, opuestos. Pero, sobre todo, permite distinguir claramente entre el Nieto historiador (el que expone acontecimientos previos a la rebelión y nos ofrece una visión del propio alzamiento y su derrota) y el Nieto jurista, que aparece en el capítulo final para lucir con gran altura a la hora de sumergirnos en los debates jurídicos acerca de la naturaleza del Estatuto de autonomía de Cataluña (en el debate de las Cortes sobre las medidas a adoptar tras la derrota de la insurrección) como al enfrentarse a la causa abierta en el Tribunal de Garantías Constitucionales.

En el momento de abordar las consecuencias del levantamiento, Alejandro Nieto distingue entre la explicación y la justificación del mismo, tesis que expone didácticamente en este delicioso párrafo: “A diferencia de la justificación, la explicación se mueve en el ámbito causal, físico o psicológico, no en el ético, y consecuentemente no suele coincidir con la justificación […] El historiador constata que el autor de una conducta se justifica (es decir, se cubre política o éticamente) invocando una razón (una agresión previa, por ejemplo) que él estimará plausible o no. El analista busca por su cuenta el hecho que causó el fenómeno físico (el disparo al que siguió la muerte)  o provocó el acontecimiento (las arbitrariedades del príncipe, a las que siguió la rebelión de los súbditos). En este último ejemplo, la justificación ética y la explicación causal coinciden. Ahora bien, lo ordinario es que sean distintas. El nombramiento del Gobierno radicalcedista pudo justificar la rebelión armada en opinión de aquellos que lo consideraron agravio o amenaza suficiente; pero no vale como explicación dado que no fue causa de la rebelión, aunque sólo sea porque ésta se preparó ya antes del cambio de Gobierno. La crisis psicológica de un presidente bipolar pudo ser, quizás, la causa que provocó la rebelión armada y, por tanto, sirve como explicación, pero en modo alguno la justificaría” (página 254)

Se trata de una magnífica obra cuya lectura recomendamos desde el presente blog.

 

de Monsieur de Villefort Publicado en Historia

HÉROES Y COMPORTAMIENTOS HEROICOS

Attack

Corría el mes de abril del año 1788 cuando en la ciudad de Nueva York una muchedumbre enfurecida se dirigía a la cárcel para linchar a varios reclusos. Los encarcelados eran varios galenos que habían incurrido en un comportamiento que, aun siendo cotidiano a ojos del espectador del siglo XXI, a finales del “siglo de las luces” continuaba siendo considerado no sólo ilícito, sino impío: practicar la disección con cadáveres, que obtenían saqueando tumbas. Las autoridades, más por proteger a los doctores que por estar convencidos de que el comportamiento fuese realmente digno de prisión, optaron por recluir a los físicos en los calabozos de la ciudad. No obstante, la multitud, amparada por la impunidad que otorga al individuo el hecho de diluir su personalidad en la amorfa masa colectiva, considerando que las autoridades estaban siendo bastante complacientes optó por tomarse la justicia por su mano y acudir a la cárcel para “hacer justicia”. Es decir, “su” justicia.

Varias autoridades trataron de oponerse a la muchedumbre, y una de las personas encargadas de mantener el orden se dirigió a casa del entonces Secretario de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, John Jay, quien se encontraba aún convaleciente de una grave enfermedad. Cuando Jay fue informado de la situación, no dudó de lo que había de hacer, y tomando una espada acudió en auxilio de las autoridades para evitar el linchamiento. Cuando, junto con Alexander Hamilton, intentaba repeler a la multitud recibió una pedrada en la cabeza que hizo le hizo perder el conocimiento. Jay tuvo que ser auxiliado por otras personas y llevado a su casa con una gran brecha en la frente que incluso hizo temer por su vida. Afortunadamente, todo quedó en un susto y pudo reponerse. La esposa de Jay narraría en una epístola que dirigió a una de sus amigas los momentos de angustia que pasó cuando vio cómo varias personas introducían en casa el cuerpo ensangrentado de su marido. El que pasaría a la historia como el “doctor´s mob riot” fue sofocado cuando el gobernador de Nueva York, George Clinton, convocó a la milicia estatal para oponerse a los insurrectos. Un año después de este acontecimiento, Jay era nombrado Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Jay era una persona que rechazaba todo tipo de violencia (debido fundamentalmente a sus profundas creencias religiosas), que por principio repelía a sus sentimientos, aun cuando considerase que en ocasiones existía la obligación de oponerse a los comportamientos injustos. Pero su actuación demuestra que no dudó en luchar por defender a quienes creía víctimas de una situación injusta. Nadie le obligaba a oponerse físicamente a una muchedumbre enfurecida, y mucho menos cuando aún se encontraba convaleciente de una enfermedad grave, pero su íntimo sentido de la Justicia con mayúsculas le hizo oponerse, arma en mano, a lo que ha sido considerado por algunos como la mayor bajeza moral en que puede caer un ser humano.

El trágico fallecimiento del español Ignacio Echeverría, que armado únicamente con su monopatín no dudó en defender a varias personas que estaban siendo atacadas por terroristas, me hizo evocar el comportamiento de Jay, enfermo y que, espada en mano, hizo frente a una multitud para evitar el derramamiento de sangre inocente. Lamentablemente, Echeverría no tuvo la suerte que en su día tuvo Jay, dado que no sobrevivió al ataque. Pero sin duda alguna lo que demuestra es una afirmación vertida por el protagonista de un capítulo de la serie Bonanza: los héroes están donde uno menos se lo espera y en muchas ocasiones los comportamientos heroicos provienen de quienes uno menos se lo espera. Nadie pensó en su día que Jay fuese capaz de gestos heroicos, ni por su carácter ni por sus convicciones (muy vinculadas al cristianismo protestante); pero ante una injusticia, cuando varias personas iban a ser injustamente linchadas, no dudó en olvidarse de su propio estado de salud y de su integridad corporal para enfrentarse valientemente a un grupo de enojados ciudadanos que iban a atentar contra las vidas de personas indefensas.

CUANDO JOHN JAY SE DIVERTÍA EN SU RETIRO CON LA LECTURA DEL QUIJOTE.

Don Quijote

El día 6 de abril de 1808, mientras el reino de España se debatía en un conflicto interno que le situaba al borde de la crisis (debido a la abdicación de Carlos IV tras el motín de Aranjuez, la entronización de Fernando VII y la ocupación física del país por las tropas francesas) en la otra orilla del Atlántico tenía lugar una curiosa escena que, paradójicamente, tenía cierta conexión con la península ibérica.

Situémonos, pues, en el entorno físico en cuestión. Nos encontramos en el estado de Nueva York, más concretamente en Bedford, una pequeña aldea que apenas alcanza los dos mil cuatrocientos habitantes. Una gran casa familiar construida con exquisito gusto y cuidado preside una vasta extensión de terreno donde coexisten jardines y sembrados. En el interior de la vivienda, una joven lee en voz alta un libro que provoca las delicias de uno de sus oyentes, un venerable familiar, ya de edad provecta para la época. Poco después, en una carta privada dirigida a su madre, la joven lectora describía así la escena: “I am Reading aloud Don Quixote and no one appears more entertained at his absurdities or the humors of the renowed Sancho Panza than Uncle…” (Leo en voz alta Don Quijote, y nadie como el Tío parece divertirse tanto con las locuras del hidalgo y con las humoradas de Sancho Panza). La chica se llamaba Susan L. Ridley y la persona a la que se refería como “tío” era nada más y nada menos que John Jay, una de las personalidades más relevantes de los Estados Unidos, quien hacía siete años tomó la irrevocable decisión de abandonar la vida pública y retirarse a disfrutar de un honroso y merecido descanso tras un cuarto de siglo dedicado en cuerpo y alma tanto a Nueva York, su estado natal, como a los Estados Unidos.

Este pequeño cuadro o viñeta familiar nos hace recordar, sin duda, el Menosprecio de corte y alabanza de aldea que a finales del siglo XV escribiera Antonio de Guevara. Jay lo había sido todo o casi todo en los Estados Unidos y en su propio estado natal. Abogado de éxito, Delegado en el Primer Congreso Continental, redactor de la primera Constitución del estado de Nueva York, primer chief justice del Tribunal Supremo de Judicatura de Nueva York, Presidente del Segundo Congreso Continental, Embajador en España, miembro de la Comisión Negociadora del Tratado de Paz de París y autor del borrador de Tratado, Secretario de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Primer Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, negociador del tratado de paz entre Gran Bretaña y Estados Unidos (que aún hoy es conocido como Tratado Jay) y segundo Gobernador de Nueva York. Aun cuando había dado el salto a la vida pública muy joven, en 1774 cuando tan sólo tenía veintinueve años, en 1790, siendo chief justice, ya comenzó a pensar en retirarse de la vida pública y disfrutar de una vida pacífica y tranquila en el campo rodeado de su familia. En los frecuentes viajes por el territorio que se veía obligado a realizar para cumplir con sus obligaciones como magistrado de circuito, de vez en cuando se desviaba ligeramente hacia la aldea de Bedford para supervisar la construcción de la vivienda que estaba destinada a ser su refugio una vez abandonase la vida política activa. A finales de 1800, a punto de concluir su segundo mandato como Gobernador de Nueva York, Jay anunció su intención de no optar a la reelección y abandonar definitivamente la vida pública. Pudo haberse vuelto atrás, en tanto en cuanto el 1 de enero de 1801 recibió como inesperado regalo de año nuevo una carta del Presidente en funciones, John Adams, acompañado con su nombramiento como chief justice, puesto al que había renunciado seis años atrás en beneficio de la gobernación de su estado natal. Sin duda alguna, de haber sido un político de español de principios del siglo XXI hubiera aceptado sin duda alguna el cargo pese a todo, salpimentando además la aceptación con plañideras lamentaciones alusivas al “sacrificio de la tranquilidad personal” en pro de su “entrega al país”. No obstante, John Jay, persona de cuya honestidad personal e integridad a toda prueba nadie dudó jamás, hizo honor a su palabra y se acomodó en el lugar que años antes había elegido para disfrutar de su vida privada rodeado de su amplia familia.

No obstante, los primeros años de su retiro fueron bastante amargos. Su mujer, Sarah Livingston (once años más joven que su marido) falleció en mayo de 1802, y poco después lo hacían otros miembros de su familia, algunos de los cuales ya habían sido golpeados por la tragedia (a Peter Jay, el hermano mayor de John, una enfermedad le había privado tempranamente de la vista). Jay, persona muy realista y cuya salud siempre fue bastante delicada, era consciente, y así lo dejó por escrito, que: “Sickness and death are Visitors who cannot be excluded by “Not at Home”” (La muerte y la enfermedad son visitantes a quienes no se puede impedir la entrada diciendo “no estoy en casa”). Su profunda fe religiosa, que le acompañó desde su niñez, le ayudó a sobrellevar tan dolorosas pérdidas familiares, en tanto en cuanto siempre consideró que la existencia terrenal no era más que un preludio para la vida eterna, por lo que ello le permitió mitigar su dolor en la convicción de que sus seres queridos se encontraban en una vida mejor.

Por eso, sin duda alguna, adquiere un emotivo valor la escena descrita por la carta de Susan Ridley, en la que describía cómo quien había sido uno de los padres fundadores, que había optado voluntariamente por el retiro a la vida campestre y que se había visto dolorosamente golpeado por la adversidad al perder a su mujer y a varios de sus familiares en poco tiempo, pasaba un rato divertido solazándose con las aventuras de un hidalgo español del siglo XVII que pretendía resucitar los códigos de la caballería medieval.

de Monsieur de Villefort Publicado en Historia

QUITA LA PELUCA….JUEZ. DE PELOS, PELUCAS Y JUECES.

Peluca

Uno de los temas más jocosos e hilarantes de la Orquesta Mondragón es aquel titulado Ponte peluca, cuya frase inicial ya daba una pista sobre el tono y el motivo de la jácara: “A todos el pelo se nos caerá, más tarde o más temprano el otoño llegará.”

Pues bien, hubo una época donde tal adorno capilar adornaba las testas de Sus Señorías, algunos de los cuales podían disimular con el mismo el hecho de no tener ni un pelo….de tonto. En la mente de todos se encuentran las largas pelucas rizadas que lucían y lucen los jueces británicos, muy semejantes a las que adornaban la cabellera de Juan Sebastián Bach o Jean François Arouet, Voltaire, mientras que las de los barrister se asemejaban más a las que lucía el bonachón Carlos IV. Entonces, la peluca no era motivo alguno de burla, sino que, muy al contrario, prestaba cierto toque de distinción.

Es curioso que en estos días he leído dos anécdotas relativas al uso (o, hablando propiamente, desuso) de la peluca en el mundo judicial. Los dos hechos que a continuación voy a narrar tienen lugar en el siglo XVIII, y si geográficamente un vasto océano separa los lugares donde se produjeron, temporalmente son dos décadas la distancia que los separa.

1.- España, año 1768. Un bisoño jurista que aún no frisa el cuarto de siglo va a departir con una de las personalidades más importantes de la corte, Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, conde de Aranda. El joven, que va a tomar posesión como Alcalde del Crimen en la Audiencia de Sevilla, desea ofrecer sus respetos al conde antes de incorporarse a la ciudad bañada por el Guadalquivir. Aranda le aconseja al recién nombrado juez que no utilice la peluca propia del estamento judicial, sino que utilice su propia cabellera, sujetada en coleta con una cinta. Al incorporarse a su destino, el juez hizo caso de tal consejo y, en efecto, desterró personalmente el uso de la peluca. El juez en cuestión, como el lector habrá sin duda adivinado, no era otro que Gaspar Melchor de Jovellanos. La anécdota de la peluca aparece en la célebre Vida y obra de Jovellanos, debida a José Miguel Caso González. En el recentísimo esbozo biográfico Jovellanos: la moderación en la política, debido a Manuel Moreno Alonso (a cuya presentación tuve el inmenso privilegio de asistir) se pone en cuestión la entrevista, pero no el hecho que Jovellanos desterrase el uso de la peluca, dado que tal circunstancia se encuentra perfectamente documentada.

2.- Nueva York, 1 de febrero de 1790. William Cushing, uno de los seis jueces nombrados por George Washington para el Tribunal Supremo, abandona su casa y se dirige a la sede del Tribunal, vistiendo su toga escarlata y negra y adornando su testa con la peluca judicial característica de los jueces ingleses. Súbitamente, se apercibe que un grupo de niños le sigue disimulando la risa, sin que supiese el motivo de tal circunstancia. Es entonces cuando un marinero se acerca a Cushing y le dice: “Señor, menuda peluca!!” Aparentemente, Cushing quedó tan avergonzado que se desprendió de la misma, siendo éste el motivo por el que los jueces norteamericanos no mantienen dicho adorno en sus cabezas. O, cuando menos, eso nos cuenta Bernard Schwartz en el primer capítulo de su History of the Supreme Court of the United States.  Al igual que ocurre en el caso de Jovellanos, hay motivos para dudar de la certeza de este hecho. Cierto es que en el famosísimo retrato que Gilbert Stuart hiciera del chief justice John Jay éste aparece con toga rojinegra, pero dicha obra deja bien claro a ojos del espectador que la alopecia es un problema que no perdona ni a los jueces; en otras palabras, que por muy bien amueblada que estuviera la cabeza de Jay (que lo estaba, en efecto), a la hora de ejercer la alta magistratura su testa se encontraba desnuda de todo adorno que disimulase la calvicie. Por el contrario, en el retrato que se ha conservado de William Cushing, éste aparece tocado con peluca rizada, prueba de que el hecho narrado por Schwartz no es del todo cierto. ¿Se debería, quizá, oscuros complejos relacionados con la caída del cabello, complejos arraigados en Johnson y que en nada importaban a Jay? No podemos saberlo, pero lo que sí es un hecho incuestionable es que bajo John Marshall los jueces se desprenden de todo ornamento tanto capilar como colorista en la toga, que pasa a ser exclusivamente negra.

UNITED STATES v AARON BURR: CUANDO SE CITA EN JUICIO AL PRESIDENTE COMO TESTIGO

United States v. Burr

Richmond, Virginia. 9 de junio de 1807. El Tribunal de Circuito, integrado por el chief justice John Marshall y el juez de distrito Cyrus Griffin preside el caso United States v. Burr, el conocido como “juicio del siglo” no sólo por la personalidad de la persona encausada, Aaron Burr (que desde 1801 a 1805 había sido el tercer vicepresidente de los Estados Unidos) sino por el cargo que se imputaba al acusado, nada menos que haber cometido traición a los Estados Unidos. El juicio despertó un enorme interés en la población no sólo por la identidad del acusado y de la naturaleza del delito, sino porque en el equipo jurídico de la acusación y la defensa se reunieron los abogados más brillantes y experimentados de la época, comenzando por el propio Burr, uno de los letrados más capaces que integraron la abogacía estadounidense en su etapa fundacional.

El presidente Thomas Jefferson había calentado el ambiente buscando influir en el pronunciamiento, pues en su mensaje dirigido al Congreso en enero de ese mismo año, al destapar lo que el consideraba trama criminal ocultó los nombres de quienes estaban implicados en la misma, salvo el de Aaron Burr, “de cuya culpabilidad no puede albergarse la menor duda”, afirmación ésta última que fundamentaba en documentación secreta que obraba en su poder. Lo cierto es que la acusación, fomentada directamente por Jefferson, se fundamentaba no poco en el rencor de éste hacia el acusado, pues el “apóstol de la libertad” siempre creyó (erróneamente) que Burr había intentado disputarle la presidencia en las elecciones de 1800; base sólida ciertamente había poca, y además, el testigo principal contra Burr, James Wilkinson (comandante militar del territorio de Luisiana) sí era un traidor porque se encontraba a sueldo de la corona española (era el agente número 13) y pretendía encubrir sus propios manejos criminales proyectándolos a terceros.

Pues bien, ese día 9 de junio de 1807, Aaron Burr toma la palabra para solicitar del Tribunal la expedición de una subpoena duces tecum, es decir, una citación que tenía la particularidad de que añadía a la obligación de comparecer ante el Tribunal la de adjuntar los documentos que se solicitasen en la misma. Hasta ahí nada fuera de lo común. Pero lo que hizo saltar las alarmas en la acusación y el asombro entre el público fue cuando, tras ser preguntado por Marshall a quien se debía citar, Burr manifiesta impertérrito: “The President of the United States.” George Hay, fiscal de distrito que lideraba formalmente la acusación (aunque materialmente no dejaba de ser una figura de tercera fila) salta automáticamente de la silla y manifiesta que está dispuesto solicitar del Presidente que facilite los documentos precisos para la defensa, aunque reservándose el derecho de retener aquéllos que considerase protegidos por el secreto oficial. John Wickam, uno de los abogados de la defensa, indica que, sin poner en duda las buenas intenciones de su colega en la acusación y que, en efecto, lleve a cabo lo prometido, sin duda alguna Jefferson podía no hacerle caso. Por ello, el día siguiente, 10 de junio de 1807, Burr formula por escrito la solicitud y el juez John Marshall da la palabra a las partes para que defiendan sus tesis.

Lo esencial es que ninguna de las partes cuestionó el hecho de que el Presidente de los Estados Unidos pudiese ser citado como testigo en un asunto. John Wickam manifiesta que aun cuando el Presidente tuviera la obligación legal de comparecer, la defensa estaría dispuesta a renunciar a la presencia física de Jefferson siempre y cuando remitieran la documentación solicitada. Luther Martin, otro de los abogados integrantes del equipo de la defensa (que había ganado fama por haber logrado la absolución de Samuel Chase, uno de los jueces del Tribunal Supremo, en el impeachment al que fue sometido a principios de 1805) aprovechó la ocasión para lanzar un furibundo ataque contra el Presidente, a quien hirió donde más le dolía al acusarle de pretender equipararse jurídicamente al monarca inglés: “Surely these gentlemen do not intend to represent the president as a kind of sovereign or as King of Great Britain, he is no more than a servant of the people”; pero fue incluso más allá y dando por hecho que el Presidente no estaba exento de comparecer en juicio ni tenía privilegio procesal alguno que le eximiese de presentarse como testigo si era requerido para ello, justificó las razones por las que era procedente en el caso concreto la citación: “This is a peculiar case, sir. The president has undertaken to prejudge my client by declaring that ´Of his guilt there can be no doubt`. He assumed to himself the knowledge of the Supreme Being himself, and pretended to search the heart of my highly respected friend. He has proclaim him a traitor in the face of that country which was rewarded him. He has let slip the dogs of war, the hell-hounds of persecution, to hunt down my friend. And would this president of the United states, who has raised all this absurd clamor, pretend to keep back the papers which are wanted for this trial, where life itself is at stake?”. Por la acusación, Alexander McRae se opone a que se cite a Jefferson, pero no por la existencia de privilegio alguno, sino por ser materialmente irrelevante su testimonio. Tras manifestar su ofensa por comparer a Jefferson con el monarca inglés, McRae acepta la tesis principal de la defense, cual es, que el Presidente de los Estados Unidos no ostenta una posición procesalmente privilegiada que le excuse de comparecer ante un Tribunal si éste lo considera necesario: “Elevated as our illustrious president is, yet our principles are that when life is in jeopardy, he may be summoned like any individual, where is able to disclose important facts, and when the national interests will admit of his attendance.” La acusación si se oponía era por motivos de fondo, es decir, por considerer materialmente irrelevante para la defense tanto el testimonio que pudiera prestar tan alta autoridad como los documentos solicitados. El combate dialéctico alcanzó cotas elevadísimas tanto en la altura jurídica de los contendientes como en la intensidad y pasión con que los abogados asumieron su tarea. Tan es así que la acusación llegó a manifestar su disgusto por la agresividad verbal de los abogados defensores, si bien McRae tuvo la deferencia de disculpar a Luther Martin dada la Amistad que le ligaba a Burr, por lo que reconoció noblemente que “In the cause of friendship I can pardon zeal even up to the point of intemperance.”

El día tres días más tarde, el 13 de junio, John Marshall dicta su resolución. En primer lugar, y en lo que respecta a la naturaleza jurídica de la Presidencia, el chief justice aprovecha para dar un sonoro bofetón a su lejano primo Jefferson, pues distingue entre monarca inglés y presidente americano, diferenciando su status jurídico-constitucional: “by the constitution of the United States, the president, as well as every other officer of the government, may be impeached, and may be removed from office on high crimes and misdemeanors […] by that of the United States, the president is elected from the mass of the people, and on the expiration of the time for which is elected, returns to the mass of the people again” Pero, en lo que se refiere al fondo del asunto, es decir, a la citación judicial de un Presidente y la obligatoriedad que tiene éste de comparecer sin que ostente privilegio alguno, Marshall indica que no existe en el texto constitucional precepto alguno que avale la existencia de alguna prerrogativa jurídico-procesal que avale las tesis de Jefferson, sin que tampoco las obligaciones inherentes al cargo justifiquen su incomparecencia: “If, upon any principle, the president could be construed to stand exempt from the general provisions of the constitution, it would be because his duties, as chief magistrate, demand his whole time for national objects. But it is apparent that this demand is not unremitting, and if it should exist at the time when his attendance on a court is required, it would be sworn on the return of the subpoena, and would rather constitute a reason for not obeying the process of the court, than a reason against been issued.”

La doctrina que John Marshall estableció en la lejana fecha de 13 de junio de 1807, dejando bien clara la ausencia de prerrogativas jurídico-procesales del Presidente de los Estados Unidos y su obligatoriedad de comparecer como testigo si es citado, fueron expresamente confirmadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso United States v. Nixon, donde el entonces chief justice Warren E. Burger cita expresamente en varias ocasiones el caso Burr.

Por cierto, en 1977, la Judicial Conference of the United States efectuó una dramatización de cuatro asuntos judiciales resueltos por John Marshall, uno de los cuales fue precisamente United States v. Burr. Este documental está muy bien elaborado, cuidando hasta el detalle algunos extremos como, por ejemplo, respetar que la solicitud de la acusación de que se acordase la prisión sin fianza de Burr y la resolución del caso no se hicieron en sala, sino en la planta superior de la Eagle Tavern, en Richmond. Y, sobre todo, se apoya fundamentalmente en las actas del juicio. Personalmente, me quedo con dos momentos. El primero, la respuesta de Marshall a George Hay cuando éste pretende fundamentar la prisión sin fianza de Burr sin otra prueba que la copia de una carta (recordemos que estamos a principios del siglo XIX y no había fotocopias) y sin pruebas adicionales que lo avalasen en ese momento, aunque se presentarían “in due time”; Marshall es tajante: “In due time? Mr Hay, if you want colonel Burr to be charged on treason without bail, you must show probable cause now, here!” La segunda, cómo un irónico Burr desarma a dos de los testigos de la acusación, en especial al general Morgan cuando éste había declarado que el acusado se jactó de que el gobierno federal era tan débil que con tan solo doscientos hombres podría ocupar la capital de la nación y con quinientos la ciudad de Nueva York. Burr le preguntó: “Do you remember my tone of voice […] How do you describe it? Did I sound as if I were joking about it or did I sound seriously?”, ante lo cual el testigo no tiene otra opción que reconocer: “You sound as if you were joking”.

Para el lector que desee ver esta interesantísima recreación histórica de uno de los grandes juicios estadounidenses, se la ofrecemos a continuación:

LA SOBERANÍA POPULAR EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE NUEVA YORK PROMULGADA EN 1777.

New York Constitution 1777

Estos días he vuelto a leer algunos de los trabajos del recordado Eduardo García de Enterría, y dos son fundamentalmente los más conocidos y con los que me permito tener cierta discrepancia tangencial. Esas obras son Revolución francesa y Administración contemporánea por un lado, y La lengua de los derechos por otro. En ambos trabajos, Enterría desgrana con pasión el nacimiento de las modernas instituciones a raíz del “monumento jurídico” que fue la Revolución francesa, uno de cuyos principales logros fue despojar al monarca de la soberanía para trasladarla al pueblo. Pues bien, aunque respetando como no puede ser menos la pasión que el gran maestro de administrativistas puso a la hora de narrar el impacto que los sucesos revolucionarios franceses implicaron para el mundo actual, lo cierto es que ni los franceses fueron originales, ni crearon nada que no estuviese ya plasmado en textos constitucionales que databan cuando menos de una década antes.

El 4 de julio de 1776 se aprobó en Filadelfia la Declaración de Independencia, donde se proclamaba enfáticamente: “We hold these truths to be self evident. That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty and pursuit of happiness; that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute a new government, laying its foundations of that principles….” Queda plasmado claramente el principio de soberanía popular, pues, en esas frases que han pasado a la historia d ela ciencia política. No sólo eso, sino que los representantes manifestaban actuar claramente “in the name and by the authority of the good people of these colonies”. No obstante, sí que puede decirse que no se trataba en puridad de un texto constitucional, sino de un documento que trataba de justificar la ruptura de lazos políticos entre unas colonias y la metrópoli, pese a lo cual el principio de soberanía popular estaba claramente enunciado. Ese mismo año de 1776 John Adams, un excelente jurista que desempeñaría un papel clave en los Estados Unidos (como uno de los miembros del comité encargado de redactar la Declaración de Independencia, ulteriormente como embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, finalmente como primer Vicepresidente y segundo Presidente del país), enunciaba implícitamente el principio de soberanía popular en su célebre opúsculo Thoughts on government, cuando indicaba: “As government is an empire of laws, how shall your laws be made? In a large society, inhabiting an extensive country, it is impossible that the whole should assemble to make laws. The first necessary step, then, is to depute power from the many to a few of the most wise and good”; opúsculo donde, por cierto, efectúa uno de los ataques más furibundos a una Asamblea unicameral, para finalizar indicando que: “Because a single assembly, possessed of all the powers of government, would make arbitrary laws for their own interest, execute all laws arbitrarily for their own interest, and adjudge all controversies in their own favor.”

Pero sin duda alguna, la fecha clave a tener en cuenta es el mes de febrero de 1777. John Jay, un jurista neoyorkino que se había revelado como un líder moderado de la resistencia colonial en 1774, fue el encargado de redactar la Constitución que habría de regir el estado de Nueva York. Dicho texto, que sería finalmente aprobado el 20 de abril de 1777, consagra el principio de soberanía popular en términos rotundos y enfáticos nada menos que en el primero de los artículos: “This convention, therefore, in the name and by the authority of the good people of this State, doth ordain, determine and declare that no authority shall, or any presence whathever, be exercise over the people or members of these State but such as shall be derived from and granted by them.” Texto que se adelanta nada menos que en una década a la Constitución federal estadounidense y a sus no menos célebres tres vocablos iniciales: “We, the people”.

En 1777, Francia ni tan siquiera había dado comienzo a la fase inicial del proceso revolucionario, que se iniciaría justo diez años más tarde, en 1787, con la denominada “revuelta de los notables”, y ni tan siquiera se había planteado elaborar una Declaración de Derechos y mucho menos un texto constitucional. Sin embargo en la otra orilla del Atlántico, los representantes de las trece colonias ya habían consagrado en un documento el principio esencial de soberanía popular, y diez años antes, la Constitución del estado de Nueva York lo había positivizado nada menos que en el primero de sus artículos.

Como en tantas otras cosas, unos llevan la fama y otros cardan la lana. El canto que los administrativistas españoles, sin duda alguna por la clara influencia de su fundador, hacen de los logros de la Revolución francesa no debe llevar a olvidarnos que el constitucionalismo anglosajón alcanzó mucho de sus principios bastante antes que el galo. Y lo hizo de forma menos pretenciosa, genérica y abstracta y, por tanto, mucho más sustanciosa y apegada al terreno de la realidad. De nada sirve que se proclame enfáticamente un principio si el mismo en la práctica bien se ignora o bien se desvirtúa. Y esto último es, justamente, lo que ocurrió en el constitucionalismo europeo, y muy particularmente en el francés.

 

RAMIRO DE MAEZTU Y ANTONIO MACHADO REIVINDICAN LA HISPANIDAD.

hispanidad

Ayer día 12 de octubre se celebró, como todos los años, la fiesta de la hispanidad. Tantas manifestaciones se han efectuado, con tanta hojarasca en uno y otro lado, que no queda más remedio que efectuar una serie de precisiones.

El día 12 de octubre tradicionalmente se conmemoraba el “día de la raza”. Fue un sacerdote católico vasco, Zacarías de Viczarra, quien propuso sustituir dicho término por el de Hispanidad, y lo hizo en un artículo titulado La hispanidad y su verbo, publicado en Buenos Aires en el año 1926. Con ello, lo que se pretendía era conmemorar no una conquista ni una colonización, sino un acontecimiento que enlazó a dos continentes, y en modo alguno ni el término ni la festividad preconizados por Vizcarra implicaban otra cosa que una simple comunidad cultural. Fue en dicho lugar donde el escritor vasco Ramiro de Maeztu (que por aquel entonces desempeñaba el cargo de embajador español en Argentina), tomó contacto con el mismo y lo importó a nuestro país, donde en la revista Acción Española fue publicando por entregas varios trabajos que ulteriormente publicaría en forma de libro, su célebre Defensa de la hispanidad. Puede que haya quien crea que como Ramiro de Maeztu experimentó una evolución que le llevó de su socialismo inicial hasta el conservadurismo de sus últimos años (en los que da a luz el título indicado) y el hecho de provenir el vocablo hispanidad de un sacerdote católico el mismo implica algo retrógrado o cavernícola. Pues bien, en la introducción que Federico Suárez hace a la edición del citado libro de Maeztu que Rialp publicó en 1998, transcribía una carta que Antonio Machado, nada sospechoso de derechismo, envió a Maeztu, y que decía lo siguiente:

Querido Maeztu: Con todo el alma le agradezco el envío de su hermoso libro Defensa e la Hispanidad, que he leído y releo con deleite. Sigo su obra con gran interés desde los días en que todos pecamos algo contra la hispanidad. Lo que juzgo difícil, querido Maeztu, es que se despierte en España una corriente de orgullo españolista parecida al patriotismo de los franceses o de otros pueblos. Cuando el Cid Campeador de nuestro poema se dispone a combatir con los moros que tienen cercada Valencia, llama a su mujer y a sus niñas para que vean –dice él- “cómo se gana el pan” El heroísmo español suele tener esa elegancia de expresión. Y es que el español, y especialmente el castellano, tiene “el orgullo  modesto”, quiero decir, el orgullo profundo, basado siempre en lo esencial humano, que no puede ser español, ni francés, ni teutón. En esta opinión, me confirma la lectura de su libro. Sólo un español es capaz de pensar como nuestros conquistadores de América, que un indio no sea un ser superior. “Nadie es más que nadie”, reza un proverbio castellano, y lo que se quiere decir en el fondo es esto: por mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el valor de ser hombre. También es cierto que esa sobreestimación de lo humano tiene el fondo religioso cristiano que usted señala. Pero por eso mismo no es fácil que salgamos por el mundo a darnos pisto de españoles; y si sacamos la espada, antes será por Dios o por el diablo que por España. Porque España ha sido siempre muy poca cosa para un español. Tal vez sea ésta la causa de nuestra decadencia actual y de nuestra pasada grandeza. Aun todavía, si habla usted de las banderas de Cristo, encontrará usted quien le siga; con la bandera española no entusiasmará usted a nadie. No quiero molestar más su atención, sino expresarle el placer con que leo sus obras, mi creciente admiración y mi antigua amistad. Siempre suyo, Antonio Machado.

No deja de ser tan lúcido como descarnado el análisis que el grandísimo poeta sevillano hace de la situación. Y téngase en cuenta que cuando escribió dichas líneas los políticos de uno y otro signo jamás rehuían el referirse explícitamente a España, ni renegaban de la misma. Pero si el delicado autor de Campos de Castilla pudiera contemplar la situación actual qué no diría si ya en 1934 reconocía amargamente que “España ha sido siempre muy poca cosa para un español.”

No quisiera finalizar este post sin referirme las reivindicaciones que de la población indígena americana han efectuado algunas destacadas personalidades. Desde que Juan Jacobo Rousseau con su obra reivindicase el “buen salvaje” y el hombre feliz en su estado de naturaleza, se piensa por inercia que todo ser incivilizado ha de ser bueno por naturaleza. No es cierto, pero ni los habitantes del centro y sur de la América precolombina estaban sin civilizar ni los mismos tenían una bondad a toda prueba. Bastaría que cualquier lector interesado se sumergiese en la Historia verdadera de la conquista de Nueva España (esa magnífica crónica redactada por Bernal Díaz del Castillo) o incluso en la magnífica novela El dios de la lluvia llora sobre México (cuyo autor, Lazslo Passuth, era un especialista en culturas precolombinas) para comprobar que los habitantes del continente americano tenían su propia cultura, en ocasiones muy avanzada, y que incurrían en los mismos vicios que sus hermanos del continente europeo, pues, por ejemplo, existían en Tenochtitlán sacrificios humanos, y había enfrentamientos entre facciones y pueblos rivales como había en el viejo continente con las distintas naciones. Es cierto que gran parte de la población indígena pereció a consecuencia de las enfermedades importadas por los europeos, de la misma forma que en La guerra de los mundos, la célebre novela de Herbert George Wells (por cierto, traducida a nuestro idioma por Ramiro de Maeztu), la avanzada civilización alienígena no era derrotada por las armas terrestres, sino por algo tan diminuto como las bacterias terrestres. Pero no es menos cierto que ni esa fue la intención de los colonizadores ni podían, con el insuficiente desarrollo de la ciencia médica, ser conscientes de tal circunstancia.

La historia de la conquista española de América tiene sus luces y sus sombras, y tan inexacta es la leyenda blanca como la negra. Pero en modo alguno hay que avergonzarse de una página esencial de nuestra historia que, como todas, tiene sus aspectos más y menos brillantes.

de Monsieur de Villefort Publicado en Historia

MADRID, 1602: EPISODIOS DE CORRUPCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN EL URBANISMO MUNICIPAL.

Madrid

Es evidente que, según el artículo 23.2 de la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes; pero es igualmente claro que no siempre dicho precepto se respeta, y ahí están las innumerables resoluciones judiciales que integran el meritorio y abundante corpus jurisprudencial al respecto. Irregularidades en los procedimientos selectivos los hubo, los hay y probablemente los habrá, y no porque el sistema sea defectuoso (aunque sí manifiestamente mejorable), sino porque está en la propia naturaleza humana el buscar alternativas y vías de escape a los obstáculos.

No me resisto, por ello, a contar un par de anécdotas relativas a los entonces denominados oficios públicos, y que tienen como protagonista a la villa de Madrid, en el momento que ocurrieron los hechos (año 1602) simple ciudad sita en el centro peninsular que había perdido la capitalidad un año antes por traslado de la corte a Valladolid. Para ello, conviene que nos situemos históricamente. El rey Felipe II había fallecido en septiembre de 1598 y su hijo (sobre cuya capacidad para reinar albergaba más que serias dudas el monarca fallecido), asciende al trono como Felipe III. Albricias, grandes esperanzas en la población y en los sectores cortesanos de que el nuevo reinado pueda superar las crisis congénitas que aquejaban a la monarquía española desde el año 1568. A nuevo monarca, nuevos asesores. Así, Cristobal de Moura, el todopoderoso hombre de confianza del antiguo monarca, ha de ceder su puesto a Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Marqués de Denia y Conde de Lerma, si bien el nuevo monarca elevó el rango nobiliario ascendiéndole de conde a duque. El nuevo valido pronto crea alrededor del monarca una tupida red de leales que suponen un circulo o red de lealtades personales hacia el nuevo sol del poder. La facción anti-Lerma (entre la que se encontraba la propia reina) fue hábilmente orillada simplemente colocando a su alrededor personas de confianza del valido. Pero quizá la maniobra más sutil fue el traslado de la capital a Valladolid durante el tiempo indispensable para que Lerma se hiciese con el control de la antigua capital. Y para ello, nada mejor que hacerse literalmente con el Ayuntamiento. ¿Cómo hacerlo? Aquí entramos de lleno en nuestra historia, con dos episodios muy reveladores.

El primero de ellos consiste en la necesidad de dotar al a villa de un escribano municipal, cargo éste que podríamos decir a grandes rasgos que sería equivalente al actual Secretario. Pues bien, desde la Administración se actuó de forma aparentemente eficaz: en el momento de vacar la plaza, se convocarían dos, de manera que una fuese ocupara por la persona que por méritos lo mereciera (nombramiento que recayó en el licenciado Herrera) y la segunda por alguien de confianza del duque de Lerma, recayendo el nombramiento en el licenciado Silva de Torres. Hay pues, dos oficios, uno cubierto por méritos y otro por “méritos”. Lo que ocurrió después, es fácil barruntarlo: se hizo la vida imposible a Herrera quien, tras numerosos conflictos con Silva de Torres, acabó dimitiendo. La escribanía municipal de la villa se encontraba ya, pues, en manos de un adicto a Lerma.

Pero no bastaba con ocupar la escribanía, sino que se llegó incluso a la ocupación física del Ayuntamiento prescindiendo incluso de las formalidades jurídicas. En mayo de 1602 el monarca otorga a Lerma un regimiento en el consistorio que le permita asistir a las reuniones municipales. Véase el tenor literal del documento: “En este Ayuntamiento, por parte de Su Excelencia, se presentó un título de Su Majestad firmado de su real mano y firmado del señor conde de Miranda, Presidente de los Consejos de Italia y Cámara de Su Majestad y del señor don Alonso de Ágreda de los dichos reales consejos, que no estaba refrendado, registrado ni sellado y juntamente con él un memorial que se dio a Su Majestad con el decreto en las espaldas escrito de su real mano y rubricado de su real rúbrica, cuyo tenor a la letra es como sigue…” ¿Qué decía ese documento que no estaba refrendado, registrado ni sellado? Pues que aunque en las Cortes el monarca se había comprometido a no crear nuevos regimientos en la villa, había decidido hacer esta excepción y conceder a Lerma el más antiguo regimiento de la ciudad, con voz y voto y con asiento inmediatamente detrás del corregidor, ordenando que se den posesión del cargo aunque “le falten las demás solemnidades dispensando todo lo que convenga para conseguirse.”

Bien es cierto que Lerma no volvió a acudir a las reuniones municipales, pero no le hizo falta. Desplegando su influencia a través de las personas leales que sí tenía en la representación municipal, logró incluso manipular a la corporación en su favor. Al perder la capitalidad, el valor del suelo en Madrid descendió abruptamente. Lerma adquirió grandes extensiones de terreno en la villa a precios sumamente bajos, logrando incluso que el Ayuntamiento le urbanizase los mismos. Una vez que ya tenía dominado el consistorio e incrementado su patrimonio con terrenos estratégicamente situados, sospechosamente Madrid recupera su capitalidad en 1606.

El lector interesado puede consultar el amplio estudio de Alfredo Alvar Ezquerra, El duque de Lerma, corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII (La esfera de los libros, 2010) de cuyas páginas 179-182 se han extraído los hechos anteriormente descritos. Por cierto, que esta obra fue objeto de una no menos magnífica reseña debida a Juan Velarde Fuertes, que el lector interesado puede consultar aquí.

En definitiva, que las grandes esperanzas en una regeneración política de la monarquía, un cambio a mejor que desterrase los malos hábitos de los últimos años del reinado de Felipe II, acabaron con un régimen aún mayor de nepotismo administrativo.

A modo de coda, una lección final que nos ofrece la historia. El licenciado Silva de Torres, uno de los leales al valido a quien hemos visto ocupar la plaza de escribano municipal en Madrid, contempló cómo cuando en 1610 se inició una primera campaña contra Lerma, éste a modo de cortafuegos dejó caer a varios de sus partidarios, entre ellos….a Silva de Torres. Y de la misma forma que Lerma dejó caer a Silva sin apoyarle, aquel se vio pagado con la misma moneda, toda vez que el confesor real, Fray Luis de Aliaga, que debía su puesto a Lerma, se convirtió en uno de los más furibundos antilermistas.

de Monsieur de Villefort Publicado en Historia

EJERCICIO DE LA PRERROGATIVA DE GRACIA Y POLICÍA DEL DOMINIO PÚBLICO: DOS LECCIONES DE JOHN JAY COMO GOBERNADOR DE NUEVA YORK.

John Jay

Corrían los últimos años del siglo XVIII cuando John Jay, gobernador del estado de Nueva York, se enfrentó a un asunto muy peculiar. Un ciudadano había sido declarado culpable de falsificación y condenado a cadena perpetua. El padre del condenado, un soldado veterano mutilado en la guerra contra los ingleses, acudió a la residencia del gobernador con numerosas peticiones de clemencia, e incluso funcionarios y personas cercanas a la máxima autoridad estatal abogaron en defensa del condenado. John Jay no tenía duda alguna: se imponía una distinción entre sus convicciones personales y sus obligaciones como gobernador del estado.  Si a nivel particular en efecto, Jay se hubiese inclinado hacia el perdón, como gobernador su deber estaba bien claro: el condenado había sido declarado culpable y perdonarlo sobre la base de las recomendaciones que se efectuaban hubiera sentado el principio que los hijos de padres eminentes podrían cometer delitos impunemente, de tal forma que el culpable que tuviese la suerte de tener poderosas influencias o contactos tendría mayor benevolencia que aquellos que careciesen de tales amistades. En consecuencia, rehusó ejercer la prerrogativa de gracia. En otra ocasión en que le fue solicitado el indulto para otro condenado, Jay pronunció varias frases que deberían estar grabadas a fuego en la memoria de todos aquéllos que en alguna ocasión han de enfrentarse a la prerrogativa de gracia: “La prerrogativa de indulto está constitucionalmente otorgada al Gobernador para ejercerse sobre la base de la prudencia y la discreción, no sobre la de los deseos o sentimientos. Si hubiesen de prevalecer los últimos criterios, pocas serían las personas que estuviesen cumpliendo largas condenas…Conceder o rechazar el indulto no depende de mi voluntad, sino de mi juicio, y debo actuar de forma altamente responsable a la hora de ejercer de forma imparcial y discreta esta prerrogativa.” Toda una lección de derecho penal y administrativo concentrada en unas pocas frases: no es la voluntad, sino el juicio; no el deseo, sino el razonamiento el que ha de prevalecer; no la discrecionalidad absoluta, sino el ejercicio responsable de las prerrogativas.

La anterior anécdota la puede encontrar el lector en la página 410 de la biografía John Jay: defender of liberty, escrita en el año 1935 por Frank Monaghan, quien a continuación nos ofrece otro ejemplo de cómo pese al rigor y honestidad con que ejercía sus prerrogativas constitucionales como gobernador del estado, a nivel personal sabía mantenerse siempre en unas posiciones mucho más cercanas a criterios humanistas y acordes a sus creencias religiosas que nunca le abandonaron. En cierta ocasión, un herrero llamado Daniel Gregory, que carecía de medios suficientes para comprar una parcela de terreno donde construir su vivienda y taller, decidió hacerlo en pleno camino. Se le requirió fehacientemente en varias ocasiones para que demoliera tales construcciones, e incluso el propio Jay se encontraba en una posición algo incómoda, puesto que el camino que iba desde su casa particular a la residencia oficial pasaba directamente por la construcción ilegal y, en su condición de gobernador “no podría cumplir diligentemente con mi deber si continúo pasando por dicho lugar como si nada ocurriese.”  Como Gobernador, John Jay acordó el inicio de acciones legales contra el herrero, pero a nivel estrictamente particular adquirió una pequeña parcela de terreno que ofreció  al herrero para que pudiese construir en dicho lugar su vivienda y el taller que constituía su medio de vida. “Se despejó el camino y Gregory construyó la tienda y casa en la tierra de Jay, donde continuó viviendo sin abonar renta alguna durante el resto de su vida.”

Dos lecciones de ética, probidad y ejercicio intachable de cargo público que, aún cuando tuvieron lugar en los cuatro años finales del siglo XVIII, pueden servir de lección hoy en día.