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EL RIESGO DE AFIRMAR LAS CULPABILIDADES «FUERA DE TODA DUDA»: EL EJEMPLO DE THOMAS JEFFERSON EN TORNO A AARON BURR.

El jueves 22 de enero de 1807, Thomas Jefferson, que se encontraba en el ecuador de su segundo mandato presidencial, se dirigió por escrito (como era su costumbre dadas sus pésimas cualidades como orador, inversamente proporcionales a sus inmensas dotes como escritor) a las dos cámaras del Congreso. El objetivo del presidente no era otro que: “trasladar, bajo la reserva expresada, la información recibida en relación a una combinación ilícita de particulares contra la paz y seguridad de la unión y una expedición militar planeada por ellos contra los territorios de una potencia amiga de los Estados Unidos”. Jefferson reconocía que había obtenido la información a través de cartas que “frecuentemente contenían una mezcla de rumores, conjeturas y sospechas que hacen difícil extraer los datos reales”, lo cual hacía necesario que, en tal circunstancia, “ni la seguridad ni la justicia permiten revelar nombres, excepto del del principal protagonista, cuya culpabilidad está fuera de toda duda.” Esa persona sobre cuya culpabilidad ya había dictado veredicto el presidente incluso antes de todo enjuiciamiento penal, no era otro que Aaron Burr, su antiguo vicepresidente. Jefferson iba más allá e identificaba a la persona que le había suministrado toda la información, que no era otro que el general John Wilkinson, gobernador del territorio de Luisiana, de quien manifestaba haber actuado “con el honor de un soldado y la fidelidad de un buen ciudadano.” El problema en cuestión es que el epistolario del que disponía Jefferson no consistía en cartas manuscritas de Burr, sino en misivas cifradas que, a mayor abundamiento eran copias. No obstante, nada menos que el Presidente de los Estados Unidos se pronunciaba sobre la culpabilidad de un particular sin esperar el veredicto de un jurado, y en un asunto de suma gravedad teniendo en cuenta que el comportamiento imputado era nada menos que traición a los Estados Unidos, único delito tipificado en la propia Constitución.

Que las imputaciones no estaban sustentadas por prueba alguna quedó evidenciado cuando Burr fue procesado ante el Tribunal de Circuito de Virginia en lo que fue calificado como “el juicio del siglo.” El juez que presidía el citado órgano jurisdiccional era nada menos que John Marshall, y hubo de hacer frente a comportamientos que explicitaban no sólo la carencia de pruebas objetivas que permitiesen a la acusación transmitir más allá de toda duda razonable que existiese traición, sino que las pruebas que evidenciarían la culpabilidad “más allá de toda duda” de Burr no eran tales. Varios ejemplos:

1.- Al solicitar la prisión provisional del acusado, el fiscal presentó simples “copias” de las cartas cifradas presuntamente emanadas de Burr. Al ser preguntado por Marshall si las mismas eran copias “juradas” (es decir, el equivalente al actual documento testimoniado) la respuesta del attorney George Hay fue que no. Marshall propinó un sonoro varapalo a la acusación, a quien incluso llegó a decir que ningún tribunal en los Estados Unidos aceptaría meras copias sin jurar como pruebas para sustentar algo tan serio como un delito de traición.

2.- A lo largo del juicio, se acreditaron varios extremos que, cuando menos, podían suscitar dudas sobre los verdaderos motivos de Jefferson (que, a distancia, era quien se encargó materialmente de la acusación a través de cartas dirigidas al attorney George Hay, que eran en realidad órdenes e instrucciones de cómo proceder), y entre los cuales destacan los siguientes:

2.1.- En cuanto al fondo, surgieron serias dudas de qué era lo que verdaderamente pretendía Burr. Jefferson le imputaba el deseo de separar el territorio de Luisiana (adquirido a Francia en 1803 de forma jurídicamente irregular) de los Estados Unidos y constituirse en emperador de dicho territorio. Ahora bien, no existía prueba alguna al respecto, aunque sí existían indicios más que razonables de que Burr pretendía invadir el territorio del Virreinato de Nueva España (en manos españolas). El problema es que esto último no sólo era un delito menor, sino que podría tener justificación desde el punto de vista patriótico. Véase lo que ocurrió en 1836 en El Álamo.

2.2.- Los testigos presentados no corroboraron las tesis de la acusación. Un ejemplo concreto fue la divertida bravata, atribuida a Burr, de que “con tan sólo doscientos hombres podría ocupar Washington D.C.” Cuando en el contrainterrogatorio el propio Burr (un brillantísimo abogado) le preguntó al testigo si dicha afirmación manifestaba una afirmación seria y rotunda o fue realizada en tono jocoso o de broma, el testigo reconoció sin tapujos que se había dicho “en tono de broma.” Otro de los testigos que la acusación presentó frente a Burr, «curiosamente» había recibido una nada despreciable cantidad del gobierno federal justo antes de su deposición en la causa.

2.3.- Fue James Wilkinson quien en sus tratos con Burr exigió que la correspondencia se encriptara, pues constaban las quejas de éste por lo difícil de la clave y en varias ocasiones se opuso a continuar con dicho sistema. Es sumamente extraño que el presunto conspirador fue quien se oponía a cifrar la correspondencia.

No obstante, con posterioridad se descubrió que James Wilkinson, el que según Jefferson se había comportado “con el honor de un soldado y la fidelidad de un ciudadano” era en realidad el “agente número 13” de la corona española. Es decir, que Wilkinson era el verdadero traidor al estar a sueldo de una potencia extranjera. En definitiva, el testigo clave sobre el que descansaba la acusación era un traidor.

2.4.- Burr, en el ejercicio de sus derechos constitucionales, solicitó del Tribunal lo que en el argot jurídico estadounidense se denomina subpoena duces tecum, es decir, una orden de entrega de determinada documentación. En concreto, Burr exigió que se entregaran al Tribunal los documentos sobre los cuales Jefferson afirmaba que la culpabilidad de Burr debía estar “fuera de toda duda”. La acusación no sólo se negó, sino que invocó el privilegio ejecutivo para no aportarlos, lo cual ya debía llevar a sospechas. Finalmente, Marshall falló que no cabía esgrimir tal privilegio cuando se encontraba en juego la vida del acusado, dado que la pena por traición era la capital.

2.5.- En su desesperación, Jefferson escribió a Hay que ofreciera sin dudarlo cartas de perdón en blanco a quienes se ofreciesen a testificar en contra de Burr, nuevo indicio de que las presuntas evidencias no debían ser tales. Nadie se acogió a dicha posibilidad.

2.6.- El jurado, tras analizar las pruebas aportadas, resolvió que Aaron Burr era “no culpable”.

Un dirigente público debe obrar con prudencia, y Jefferson no lo hizo. Quien aún hoy pasa por ser un apóstol de la libertad era, en realidad, un personaje difícil y contradictorio. Podía redactar párrafos enteros en favor de la vida humana para ulteriormente justificar una rebelión armada afirmando que “el árbol de la libertad debe ser regado frecuentemente con la sangre de patriotas y tiranos, es su fertilizante natural” y abogar por una revolución “de vez en cuando”. Quien pasa por ser un defensor a ultranza de la libertad de expresión y de la primera enmienda (no en vano en el recentísimo film The Pentagon Papers, dirigido por Steven Spielberg, se hace decir a Benjamin Bradley “Jefferson debe estar revolviéndose en su tumba”) no dudó en favorecer desde la Mansión Presidencial (como se conocía entonces la hoy denominada Casa Blanca) el procesamiento de un periodista que había difundido que Jefferson no sólo había financiado, siendo Secretario de Estado, la publicación de libelos difamatorios contra George Washington, sino que mantenía relaciones sexuales con una de sus esclavas, informaciones que, dicho sea de paso, eran ciertas. En fin, se trata de un personaje que posee un “lado oscuro”, y precisamente así se titula el célebre ensayo de Leonard W. Levy: Jefferson and civil liberties: the darker side.

El lector que desee sumergirse en el interesantísimo proceso seguido frente a Aaron Burr, puede hacerlo consultando las actas, publicadas en dos volúmenes con el título Reports of the trials of coronel Aaron Burr, y accesibles gratuitamente en Google Books. No obstante, quien considere que ventilarse más de mil páginas es una tarea excesiva, puede ver el siguiente documental (cuya duración es de tres cuartos de hora justos) que contiene una dramatización de los acontecimientos que sigue con bastante fidelidad el proceso penal en cuestión:

NUEVA YORK, EL GOBERNADOR Y LA CRISIS SANITARIA.

Corría el mes de julio del año 1795 cuando en la ciudad de Nueva York tuvo lugar un acontecimiento aparentemente cotidiano: un médico fue llamado para que acudiera a un navío atracado en el East River, a fin de que atendiese a varios miembros de la tripulación que se encontraban enfermos. Apenas unos días más tarde, tanto los marineros como el galeno habían fallecido a causa de lo que se demostró ser una epidemia de fiebre amarilla. Una vez tuvo conocimiento del hecho, el recién elegido gobernador del estado de Nueva York (que había tomado posesión del cargo el día 1 de julio de 1795) no se hizo esperar, pues de forma instantánea no sólo ordenó el cierre del puerto de la ciudad a buques procedentes del Mediterráneo y de las Indias Occidentales, sino que se hizo asesorar por un consejo de expertos en medicina para responder a una medida adoptada por Pennsylvania, que había proscrito la entrada en su territorio a todos los ciudadanos de Nueva York. Aun cuando los doctores consultados afirmaron que la enfermedad no era contagiosa, Pennsylvania mantuvo la cuarentena y vetó la entrada de neoyorkinos en su territorio.

Con todo, el gobernador rehusó abandonar la ciudad de Nueva York, como le recomendaron sus allegados. Cuando le hicieron ver que debía buscar la seguridad abandonando la sede del gobierno y trasladándose al mucho más seguro estado de Nueva Jersey, la respuesta del máximo responsable del empire state no se hizo esperar, y se reafirmó en su deseo de permanecer en la ciudad junto con su familia, manifestando que: “Nuestra situación nos ofrece considerable seguridad frente al desorden, y pienso es mejor que mi familia permanezca aquí, puesto que su marcha aumentaría la alarma, que ya es demasiado grande.” Cuando la epidemia remitió, el jefe ejecutivo del estado emitió en noviembre de ese año 1795 una proclama en la que recomendaba a los ciudadanos del estado elevar sus oraciones dando las gracias al Creador por el fin de la trágica situación. En una carta recibida que le había escrito un juez, éste manifestaba: “He leído con placer la proclama de su excelencia acordando un día de plegarias y acción de gracias; las causas son bien conocidas, y las solicitudes proporcionadas. Todo el mundo coincidirá que hemos recibido grandes e inmerecidos dones, como sociedad, de nuestro Creador; y que es adecuado y propio que, como sociedad, reconozcamos e imploremos su continuación.”

El gobernador en cuestión no era otro que John Jay, uno de los más destacados padres fundadores que, recién abandonada la presidencia del Tribunal Supremo y apenas un mes después de ser elegido gobernador de su estado natal, hubo de enfrentarse a un grave problema de salud pública. Es de destacar no sólo la firmeza con la que se enfrentó al mismo, sino la energía con la que adoptó las medidas que consideraba necesarias, sin que vacilase o le temblara el pulso con ello. También destaca el hecho que se rodease de profesionales en la materia, si bien lógicamente, no puede juzgarse con criterios modernos la situación existente, sino que en justicia ha de efectuarse la valoración conforme al estado de la ciencia en el siglo XVIII. Pero, sobre todo, llama poderosamente la atención el hecho que Jay desoyese las voces que le aconsejaban de huir de la ciudad para evitar el contagio. Jay, cuya vida fue un ejemplo constante de achaques, enfermedades y dolencias que no le impidieron gozar de una “mala salud de hierro”, rehusó abandonar la ciudad en momentos tan difíciles y, lógicamente tomando las precauciones necesarias para evitar la extensión de la enfermedad, optó por permanecer en la urbe, argumentando que su salida de la misma podría ser interpretada como una huida y acrecentar la alarma, ya de por sí bastante crecida.

Es menester valorar enormemente la energía, la prudencia y, sobre todo, la humanidad de Jay. En momentos de una enorme dificultad, no dudó en afronta la situación de forma decidida, pero sin caer en alarmismos innecesarios que tan sólo acrecentarían el temor de la población, lo que podría además ser fuente de conflictos.

Quizá ya iniciada la tercera década del siglo XXI los padres fundadores aún puedan ofrecer algún que otro ejemplo a los desnortados líderes mundiales contemporáneos.

PRESIDENTE SÓLO POR TRES VOTOS.

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Conviene que recuerde, señor, el margen por el que fue usted elegido: tres votos”.  Esa es la frase que en la serie magnífica serie televisiva John Adams, le dirige Alexander Hamilton (encarnado por Rufus Sewell) al presidente que da título a la serie, y que personificaba magistralmente Paul Giamatti. Y lo cierto es que el dato histórico es cierto: John Adams fue elegido segundo presidente de los Estados Unidos por un margen de tan solo tres votos.

Pongámonos en situación. En septiembre de 1796 George Washington hace pública su intención de no optar a un tercer mandato presidencial y retirarse de la vida pública. Se trataba de un anuncio que pensaba haber efectuado mucho antes, pero que por presiones de Alexander Hamilton retrasó hasta el último momento para que cogiese por sorpresa a los afines a las tesis de Thomas Jefferson. Lo cierto es que en el periodo comprendido entre 1789 y 1792 se había ido larvando un enfrentamiento entre los federalistas afines a Alexander Hamilton y los afines a Thomas Jefferson, conflicto sordo que fue agigantándose en el segundo mandato presidencial de Washington y que tan sólo era contenido por el respeto unánime que todos mostraban hacia el héroe militar de la independencia norteamericana. Ahora bien, desaparecida la figura que despertaba la adhesión unánime, la división en facciones, un mal que los padres fundadores no habían contemplado y del que abominaban de forma expresa, hizo su aparición de forma tan abrupta que el propio Washington hubo de hacer un llamamiento en su discurso de despedida para superar el mismo. En efecto, en el citado discurso, el general Washington incluyó el siguiente párrafo:

“Ya les he advertido del peligro de los partidos en el Estado, con particular referencia a la fundación de los mismos sobre la base de la división geográfica. Permítanme ahora efectuar una visión más comprensiva, y advertirles de la forma más solemne contra los efectos funestos del espíritu de partido en general.

 

Tal espíritu, desgraciadamente, es inseparable de nuestra naturaleza, y tiene sus raíces en las más fuertes pasiones de la mente humana. Existe bajo diferentes formas en todos los gobiernos, más o menos contenido, controlado o reprimido; pero en aquellos de forma popular, se manifiesta en su enorme grandeza, y es ciertamente su peor enemigo.”

Lo que va a tener lugar en las elecciones presidenciales es, realmente, un duelo entre personalidades del mayor nivel intelectual, pero todas ellas dotadas de un ego inmenso. Alexander Hamilton, tan intelectualmente brillante como falto de todo escrúpulo moral a la hora de conseguir sus objetivos, perseguía controlar la presidencia desde fuera, pero lo cierto es que John Adams, el candidato presidencial, cuando menos tan brillante como Hamilton, tenía un ego no menos inmenso y no toleraba que intentaran manejarle. A esa división interna en el seno del federalismo entre los moderados (acaudillados por Adams) y los extremistas (cuyo líder indiscutido era Hamilton) se unió la división externa entre federalistas y los republicanos cuyo jefe ideológico y político era Thomas Jefferson, otro personaje de una brillantez intelectual inmensa tan sólo superada por su falta de escrúpulos. Cuando el último día de 1793 renunció a su puesto como Secretario de Estado, manifestó que daba por finiquitada su vida pública, aunque debió pensarlo mejor y en 1796 optó por aspirar a la presidencia. No sería la primera vez que Jefferson actuaría de forma contraria a sus manifestaciones previas como, por ejemplo, cuando de ser uno de los adalides de la libertad prensa pasó a ser una vez elegido presidente, a instar bajo cuerda un proceso penal contra un periodista por publicar una información que, además, era cierta: que Jefferson mantenía relaciones sexuales con una de sus esclavas y que, además, era el responsable de haber sufragado una campaña denigrando al presidente Washington.

Las elecciones presidenciales de 1796, aun cuando fueron las terceras desde el punto de vista formal, en realidad fueron las primeras donde hubo un enfrentamiento claro. En las dos primeras, George Washington obtuvo como era previsible el voto unánime de todos los compromisarios y, a mucha distancia suya, en ambas ocasiones John Adams fue elegido como vicepresidente. Ahora bien, Washington y Adams eran de la misma tendencia ideológica y, realmente, no hubo campaña puesto que nadie discutía el prestigio de una figura reverenciada de forma unánime, cuando menos públicamente. Pero Adams no era Washington ni tenía su carisma, y además se enfrentaba a su amigo Thomas Jefferson, que ideológicamente tenía otra sensibilidad.

El sistema de elección presidencial existente en esos momentos no discriminaba en el voto compromisario entre presidente y vicepresidente, sino que cada compromisario emitiría dos votos, uno de los cuales necesariamente debía corresponder a una persona que no fuera residente en el estado del compromisario en cuestión. Una vez escrutadas las papeletas, quien tuviera el mayor número de votos automáticamente quedaba investido como presidente, mientras que el segundo en número de votos se alzaría con la vicepresidencia. Pues bien, el resultado del voto compromisario en las elecciones presidenciales de 1796 fue muy reñido: John Adams obtuvo 71 votos compromisarios, mientras que su amigo y rival Thomas Jefferson logró 68; dándose además la circunstancia que al existir en esos momentos 138 compromisarios, el número mínimo de votos para alcanzar la presidencia sería de 70, pues en caso contrario, la elección recaería, por imperativo constitucional en la Cámara de Representantes (entonces de mayoría federalista y que hubiera proclamado, sin problemas, a Adams). Tan sólo tres votos marcaron la diferencia. Así, de forma harto curiosa, presidente y vicepresidente eran de tendencia ideológica distinta.

Hubo quienes pensaron que se superaría la división partidista y que daría comienzo una colaboración leal entre Adams y Jefferson, máxime en una época difícil que incluso llegó a bordear el conflicto bélico con la Francia revolucionaria. Sin embargo, no fue así, y aquellas severas admoniciones que George Washington dirigiera en su discurso de despedida se revelaron con toda su crudeza. La división entre federalistas y republicanos no sólo disminuyó, sino que se acrecentó aún más, y las elecciones presidenciales de 1796 fueron una broma si se las compara con las de 1800, donde Alexander Hamilton llegó a conspirar contra su propia facción simplemente por desavenencias personales con Adams, quien se negó a que Hamilton le tomase por un simple monigote.

JAMES MADISON Y THOMAS JEFFERSON OFRECEN EN 1787 DOS LECCIONES PARA EL DERECHO PÚBLICO DEL SIGLO XXI.

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Corría el año 1787 cuando el día 24 del mes de octubre, James Madison jr., un joven virginiano miembro del Congreso Confederal, se dirigía por carta a Thomas Jefferson, por entonces embajador estadounidense en el Reino de Francia, para exponerle las principales novedades del proyecto constitucional aprobado un mes antes por la Convención reunida en Filadelfia. El nuevo texto articulaba un sistema que rompía el régimen vigente de los Artículos de la Confederación, inspirado en la soberanía de los estados, para sustituirlo por otro basado en la soberanía del pueblo. La mutación no era baladí, pues surgiría el problema de las extralimitaciones de los estados, en el caso que efectuasen actos o aprobasen leyes en directa contradicción con la norma fundamental emanada de la soberanía popular. Pues bien, sobre dicho particular, James Madison manifestaba lo siguiente:

“Puede decirse que la autoridad Judicial bajo nuestro nuevo sistema mantendrá a los Estados dentro de sus propios límites, y tomará el lugar del veto a sus leyes. La respuesta: es más conveniente prevenir la aprobación de una ley, que declararla nula una vez ha sido aprobada; que este será particularmente el caso, donde la ley perjudique a individuos que no tengan posibilidad de apelar contra el estado ante la judicatura federal; que un Estado que vulnerase los derechos de la Unión, no estaría muy dispuesto a obedecer una resolución judicial en su contra, y que el recurso a la fuerza, que en caso de desobediencia sería necesario, es un mal que la nueva Constitución pretende mantener lo más lejos posible.”

Estas palabras de James Madison constituyen toda una lección que aun hoy en día, transcurridos ya doscientos treinta y dos años desde que fueron escritas, gozan de rabiosa actualidad. Porque, en efecto, Madison reconoce que es el poder judicial federal quien será el encargado de mantener a los Estados dentro de sus competencias, a través de la declaración de inconstitucionalidad de sus leyes y actos, si bien la expulsión del ordenamiento jurídico tendría lugar en una sentencia judicial, y no a través de una declaración del legislativo. Ello es así porque en el proyecto que sirvió de base para la aprobación de la Constitución de 1787 (proyecto redactado por el propio James Madison) el Congreso de los Estados Unidos estaba facultado para anular leyes estatales contrarias a la Constitución federal, si bien esta posibilidad desapareció a lo largo de la tramitación, en favor de la judicial review, es decir, del control de constitucionalidad ejercido por jueces y tribunales. James Madison que, no olvidemos, junto con Thomas Jefferson pasaría a integrar la facción republicana opuesta a los federalistas, por lo que en principio era más sensible a las necesidades de los estados, anticipaba la humana y fácilmente previsible oposición de los estados a sentencias dictadas en su contra, y que en caso de desobediencia, el uso de la fuerza, aun cuando no deseable, sería “necesario”.

Pero Madison no sólo anticipaba dificultades futuras, sino que enumeraba males presentes, como la “mutabilidad de las leyes de los Estados”, que califica de “serio mal”. En este punto, Thomas Jefferson, en su respuesta, coincidía en que “la inestabilidad de nuestras leyes es realmente un mal inmenso” y proponía como solución que “exista siempre un periodo de doce meses entre la presentación de un proyecto y su aprobación: que entonces se permita su aprobación sin cambiar una palabra; y que, si las circunstancias requieren una tramitación más rápida, debería contar con la aprobación de dos tercios de cada cámara, en vez de una mayoría simple.

Casi dos siglos y medio después, los padres fundadores continúan ofreciendo lecciones para el presente.

FRANKLIN ROOSEVELT CONTRA EL TRIBUNAL SUPREMO.

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El 27 de mayo del año 1935, el presidente Franklin Delano Roosevelt entró en estado de shock. El principal instrumento legislativo que se constituía como elemento clave del New Deal, y en el que tantas esperanzas había puesto, era expulsado del ordenamiento jurídico.
En efecto, ese día el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había dictado tres sentencias que suponían un auténtico varapalo jurídico para la Casa Blanca. Destacaba entre ellas la Schechter Poultry Corp v. United States, que declaraba la inconstitucionalidad de la National Industrial Recovery Act, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el día 13 de junio de 1933 y sancionada por el Presidente tres días más tarde. El chief justice Charles Evans Hughes (a quien un coetáneo describió como «semejante a Dios todopoderoso«) asumió la tarea de redactar la sentencia, que gozó del apoyo unánime de sus colegas anuló el texto legal sobre la base de que no sólo vulneraba el principio de separación de poderes (dado que la ley en cuestión efectuaba una amplísima delegación de funciones en favor del ejecutivo) sino que excedía las atribuciones que el texto constitucional otorgaba al Congreso de los Estados Unidos. El bofetón jurídico que el Tribunal Supremo había propinado al ejecutivo fue, pues, notable.
A Roosevelt no le sorprendió la oposición de algunos de los magistrados del Tribunal Supremo, pero sí que no esperaba una sentencia en su contra, y menos aún que la misma fuera unánime, dado que existía una enorme división interna en citado órgano judicial con dos bloques ideológicos equilibrados y con un magistrado, el juez Owen Roberts, que servía de equilibrio entre ellos. Precisamente debido a tal circunstancia, era de esperar que, por ejemplo, la concepción que de la división de poderes tenía James McReynolds (juez que, por cierto, en alguna ocasión se había referido en privado a Roosevelt como “ese hijo de puta”) le llevase a votar en favor de declarar la inconstitucionalidad de la ley. Pero un atónito Roosevelt llegó a preguntar a sus asesores “dónde se encontraban” Cardozo y Brandeis, dos de los jueces de talante más avanzado y que habían sumado sus votos a los del resto de colegas.
Roosevelt no logró digerir el golpe y rumió su venganza, que intentó consumar tras su victoria en las elecciones presidenciales de 1936. Una vez revalidada su mayoría, tomó una decisión a espaldas del partido, y que reveló sólo a su círculo más íntimo: intentaría fabricarse una mayoría en el Tribunal Supremo incrementando el número de miembros de dicha institución, lo que le permitiría nombrar jueces cercanos a sus posturas. Dicha iniciativa, que recibió popularmente el nombre de Court-packing plan, una vez se hizo pública fue recibida con enorme recelo, cuando no abierta hostilidad. La prensa, de forma casi unánime, mostró su oposición a lo que veía como un claro intento de orientar de forma burda la jurisprudencia del Tribunal Supremo en un sentido favorable al poder ejecutivo. Y aunque el mismo Roosevelt salió a la palestra a defender personalmente su iniciativa, la misma no logró recabar el apoyo ni de la propia formación que sustentaba al presidente.

Con todo, el propio Tribunal Supremo se encargó de dar la puntilla al inquilino de la Casa Blanca al denunciar sutilmente los verdaderos motivos que subyacían en la iniciativa. En efecto, Roosevelt había justificado su iniciativa para aumentar el número de jueces del Tribunal amparándose en la provecta edad de los magistrados que lo integraban (cuya media rondaba los setenta) y que ello tenía sus efectos en el ritmo de trabajo de la institución. Sin embargo, los propios jueces del Tribunal Supremo hicieron ver que no existía ningún retraso y que el órgano judicial tramitaba con mucha agilidad los asuntos que le llegaban, por lo que la excusa de las dilaciones no era cierta.
El proyecto con el cual Roosevelt pretendía hacerse un Tribunal a su medida estaba, pues, destinado al fracaso. La puntilla al mismo la ofreció un luctuoso acontecimiento. El 14 de julio de 1937, el Jefe de la Mayoría en el Senado, Joseph T. Robinson, senador por Arkansas y uno de los escasos apoyos del presidente, fallecía en su domicilio a consecuencia de un ataque al corazón.
No obstante, esa fue una dulce derrota, pues Roosevelt permaneció en la Casa Blanca durante doce años completos, lo que le permitió designar, cuando se fueron produciendo vacantes, nada menos que ocho jueces mediante el cauce ordinario constitucionalmente previsto.

EL JUICIO DE LA «MATANZA DE BOSTON»: CUANDO SE IMPARTÍA JUSTICIA Y NO «POPULISMO JUDICIAL»

 

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La mañana del segundo martes del mes de marzo del año 1770, en el Tribunal Superior de Judicatura con sede en la ciudad de Boston, tuvo lugar la vista de un juicio penal de enorme relevancia y que despertó la atención de gran parte de la población de la ciudad portuaria capital de la colonia de Massachussets. En una urbe donde el caldo de cultivo revolucionario hervía cada vez más hasta el punto de desbordarse ya de forma manifiesta, y donde el hostigamiento hacia los soldados británicos era cada vez mayor, un tribunal de justicia y un jurado de hombres libres de la colonia debía pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de varias personas, todas ellas soldados del Vigesimonoveno Regimiento de Infantería de Su Majestad. Los cargos eran ciertamente graves, pues se les imputaba nada menos que el haber abierto fuego y asesinado a cinco personas el lunes día 5 de marzo de 1770, hecho este último que, merced a las exageraciones propagandísticas de los integrantes de la sociedad revolucionaria “hijos de la libertad” comenzó a ser denominada la “matanza de Boston.”

El juicio se celebró en un ambiente manifiestamente hostil hacia los acusados, en quienes se personalizaba el descontento que los líderes independentistas manifestaban hacia la Corona británica, y hacia quienes se trataba de canalizar el odio que en los bostonianos despertó el intento de gravarles con tributos injustos y que, además, habían sido aprobados por un Parlamento en el cual los colonos no tenían representación alguna. La presión social sobre los jueces y sobre los jurados (que, no olvidemos, eran habitantes de la colonia) era, por tanto, evidente y manifiesta, y los propios soldados británicos acusados pocas ilusiones se hacían sobre su nada halagüeño futuro. Nada mejor que una lectura de los hechos imputados:

“No teniendo el temor de Dios ante sus ojos, sino movidos y seducidos por la instigación del diablo y sus propios malvados corazones, el quinto día del presente Marzo, en el citado Boston y en el citado condado, con la fuerza de las armas, de forma criminal, voluntaria y con premeditada malicia, asaltaron a Crispus Attuchs, que se encontraba entonces en la paz de Dios, y del citado Lord el Rey, y que el citado William Warren, con un arma del valor de veinte chelines, que entonces portaba con sus dos manos, cargó la misma con pólvora y dos balas de plomo, que allí y entonces, de forma criminal, voluntaria y con la premeditada malicia ya citada, disparó y descargó en y contra el citado Crispus Attuchs, y el citado William Warren, con las citadas balas de plomo disparadas de la citada arma, entonces y allí por la fuerza de la citada pólvora disparada y descargada de la forma descrita, allí y entonces, de forma criminal, voluntaria y con premeditada malicia, derribó, penetró e hirió al citado Crispus Attuchs en y sobre la parte derecha del pecho en la parte inferior de la tetilla derecha del citado Crispus, una herida mortal de una profundidad de seis pulgadas y una anchura de una pulgada; e igualmente acertando al citado Crispus con la otra bala, disparada y descargada por el citado William Warren, en y sobre la parte derecha del pecho, un poco debajo de la tetilla izquierda del citado Crispus, otra herida mortal de seis pulgadas de profundidad y una pulgada de anchura, heridas mortales de las cuales el citado Crispus Attuchs allí y entonces murió de forma instantánea; y que los citados Thomas Preston, Wiiilam Wemms, James Hartegan, William M´Cauley, Hugh White, Matthew Killroy, William Warren, John Carrol, Hugh Montgomery, Hammond Green, Thomas Greenwood, Edward Manwaring y John Munroe, entonces y allí, de forma criminal, voluntaria y con premeditada malicia, estando presentes, ayudaron, socorrieron, instigaron, apoyaron, asistieron y sostuvieron al citado William Warren a hacer y cometer la felonía y asesinato descrito.”

Imagínense la lectura del párrafo anterior en una sala abarrotada de público lleno de ira hacia los casacas rojas y que clamaba por lo que entendía un asesinato a sangre fría de un pacífico ciudadano por parte de los soldados. E imagínense lo que debió pensar, sentir y, sobre todo, manifestar el público asistente cuando los acusados se declararon “no culpables”.

Samuel Quincey, que ejercía la acusación como letrado de la Corona, en su exposición inicial, aun teniendo el ambiente a su favor, hizo gala de un apego a los ritos procesales y a la necesidad de un pronunciamiento de culpabilidad sobre la base de las pruebas que se presentasen en la vista:

“Con la venia de Sus Señorías, y de ustedes, caballeros del jurado.
Los prisioneros en los estrados son una partida de soldados pertenecientes al Vigesimonoveno regimiento de Su Majestad, que en la noche del 5 de Marzo pasado, fueron inducidos por alguna causa u otra a abrir fuego sobre los habitantes de esta ciudad en King Street.
Se les acusa de cinco delitos distintos, de asesinar premeditada y voluntariamente a cinco personas diferentes mencionadas en los respectivos cargos; de cada uno de ellos se han declarado no culpables; y en base a dicha alegación se arroja sobre la corona la carga de probar los hechos que se les imputa. Es mi deber por tanto ofrecerles las pruebas que apoyan dicha acusación, y el vuestro, caballeros del jurado, determinar si son culpables o no.
La causa es solemne e importante; no menos de ocho de sus compatriotas han de vivir o morir. Una causa fundada en los más melancólicos hechos que ha tenido lugar en el continente americano, y quizás de mayor expectación que cualquiera que ha tenido lugar ante un tribunal de justicia civil en esta parte de los dominios británicos.
Soy consciente de lo difícil que es, en casos de este tipo, y especialmente en estos momentos y en este caso, de mantener la imparcialidad; pero les recuerdo que están vinculados no sólo por las naturales obligaciones hacia Dios y los hombres, sino por su juramento, a examinar las pruebas sin parcialidad o prejuicio; no necesito por tanto advertirles de su deber a este respecto; es sobre las pruebas y el derecho que resulte aplicable a los mismos de los que ustedes, caballeros, por el lenguaje de su juramento, ha de emitir el veredicto.”

Pese a lo impopular que resultaba la defensa de los odiados soldados de Su Majestad, éstos contaron con una defensa de primer orden: la de un brillantísimo abogado de Massachussets llamado John Adams. Éste inició su largo e impresionante alegato final con una cita del Marqués de Becaría en base a la cual pretendía dar cuenta de lo difícil de su posición ante la ciudadanía, pero que esa difícil situación en modo alguno le impediría cumplir con su deber:

“Si fuese el instrumento para preservar una vida, las bendiciones y lágrimas de agradecimiento de ésta serían suficiente consuelo para mí, a pesar del desprecio del resto de la humanidad.”

Demostrando una notable erudición (con numerosas citas de autoridades inglesas) ofreció una apasionada y brillantísima defensa, basada en que los soldados no hacían otra cosa que cumplir con su deber. Ante el hostigamiento que sufrían por parte de una población descontenta que les arrojaba todo tipo de objetos, no quedaba otra opción que la defensa de la posición que, como militares, tenían encomendada:

“Caballeros, la ley ha plantado cercas y barreras alrededor de todo individuo; es un castillo que rodea a cada persona así como a su hogar.”

Tras el largo alegato de John Adams y tras recibir las instrucciones de los jueces, el jurado falló de forma unánime en favor de los acusados, declarándolos no culpables.

Aun cuando los párrafos anteriores se han extraído de las actas del juicio (que constan publicadas), existe una dramatización del célebre proceso en el primer capítulo de la magnífica serie John Adams, que lleva a la gran pantalla la biografía que del personaje elaboró David McCullough. Aquí se la ofrecemos al lector interesado, que puede visualizar cómo era un juicio en un tribunal americano durante los últimos años de la época colonial:

A la vista de lo ocurrido en Boston aquel día del mes de marzo de 1770, no puedo por menos que alabar el alto sentido de la responsabilidad de los miembros del jurado, que adoptaron una decisión ciertamente impopular, pero ajustada a derecho. Fueron doce miembros que en un ambiente claramente hostil hacia todo cuanto representase a Gran Bretaña, absolvió a varios soldados ingleses del cargo de asesinato de ciudadanos americanos.

Es una lástima que a punto de entrar en la tercera década del siglo XXI, el más alto tribunal español no pueda, ni de lejos, compararse con ese humilde Tribunal Superior de Judicatura de la colonia de Massachussets. Basta una simple mirada a las últimas resoluciones emanadas de las distintas Salas de dicho órgano para ver que el mismo parece haber arriado la bandera de la imparcialidad y emitir sus fallos con un ojo puesto en los platós de televisión y otro en las manifestaciones populares. Triste, pero así parece.

RECUPERADAS LAS INTERVENCIONES DE ALCALÁ-ZAMORA EN LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS.

 

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Estas navidades, y gracias a una compañera letrada que, aun originaria de Priego, ejerce en esta comunidad, he podido adquirir dos tomos de la Obra Completa de don Niceto Alcalá-Zamora y Torres, uno de los grandes juristas y políticos de este país. Nacido en esa población cordobesa (bellísima pese a su pequeña extensión) el hijo ilustre de Priego es la celebridad de dicho municipio, en donde se ubica el Patronato Niceto Alcalá-Zamora, encargado de recordar la figura del ilustre prócer cordobés, lo que hace no sólo a través de la publicación y difusión de la obra de don Niceto, sino mediante la celebración de conferencias, actividades y exposiciones dedicadas a su figura.

En la amplísima obra de Alcalá-Zamora, el patronato ya había publicado el que considero uno de sus libros, clave para el estudio de la segunda república: el tan imprescindible como hoy olvidado Los defectos de la Constitución de 1931. Téngase en cuenta que dicho estudio, que vio la luz años después de su elaboración, fue redactado no sólo por un eminente jurista, sino por quien al redactarlo se encontraba en la cúspide de la Segunda República, pues era nada menos que quien presidía la misma. Desde esa atalaya privilegiada, Alcalá-Zamora podía contemplar las disfunciones de un texto que no era, ni desde el punto de vista jurídico ni en el de la ciencia política, el más adecuado para implantar un sistema estable. De tal manera, yuxtaponiendo un análisis jurídico a un funcionamiento práctico, don Niceto diseccionaba artículo por artículo la Constitución, glosando la misma con sus observaciones y propuestas de modificación.

Pues bien, a finales de 2018 vio la luz el por ahora último tomo de los que constituyen la obra completa del ilustre hijo de Priego, que recoge los Discursos y disertaciones en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, obra que puede adquirirse, además, a un precio más que asequible. No quisiera dejar de señalar una disertación (a la cual dedicaremos en breve un post monográfico) que le ocupó nada menos que siete sesiones (18 y 25 de octubre, 2 y 15 de noviembre de 1921 y 9, 16 y 23 de mayo de 1922), y que lleva por título Los derroteros de la expropiación forzosa, y en el que efectúa un amplio análisis teórico-práctico del sistema expropiatorio existente al amparo de la Ley de Expropiación Forzosa entonces vigente, que no era otra que la aprobada el 12 de enero de 1879. Conviene indicar que el tema no debía en modo alguno ser desconocido para Alcalá-Zamora, quien además de tener uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la época, era desde los veintidós años nada menos que Letrado del Consejo de Estado.

Niceto Alcalá-Zamora y Torres es, sin duda alguna, una figura clave en la historia política y jurídica española. Para conocer esta interesantísima figura, además de sus propios libros autobiográficos (en especial, el segundo volumen de sus Memorias, redactadas desde su exilio bonaerense al haberle sido robados los originales -por fuerzas republicanas, dicho sea de paso, que fueron las que asaltaron la caja fuerte del banco donde las tenía depositadas-, felizmente recuperados y publicados en la primera década del siglo XXI), conviene leer un par de aproximaciones: Alcalá-Zamora, el fracaso de la república, debido al hispanista Stanley G. Payne, y Alcalá-Zamora: perfil humano, obra del administrativista Jesús González Pérez. De una memoria absolutamente prodigiosa y de una integridad y honestidad a toda prueba, sin embargo, encumbrado a la cúspide del Estado, incurrió en los mismos errores y comportamientos que él había reprochado a Alfonso XIII. Si a dicho monarca se le reprochó la formación de gabinetes extraparlamentarios, las maniobras efectuadas por Alcalá Zamora en 1935 y 1936 carecen de todo tipo de justificación desde el punto de vista de la ciencia política, amén de superar con creces a su predecesor en la jefatura del Estado. Puntilloso hasta la médula, era frecuente que su honor se sintiese mancillado por las cuestiones más nimias, que su memoria jamás olvidaba ni perdonaba pues, como le dijo en cierta ocasión a su amigo Miguel Maura: “Migué, yo no soy rencoroso, pero a mi quien me la hase me la paga.” Con todo, insisto, Alcalá Zamora es un personaje a quien se debe respeto, recuerdo y consideración, exaltando sus virtudes, que las tuvo (y muchas), pero sin ocultar sus defectos, que también los tuvo.

Por cierto, hace apenas dos semanas se producía en nuestro país la triste noticia del fallecimiento de José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, miembro de la Real Academia de la Historia y uno de los grandes especialistas en nuestros Siglos de Oro, amén de un excelso poeta. Su óbito dio nueva ocasión para demostrar hasta qué punto el periodismo actual no es que haya tocado suelo, sino que incluso perfora éste para descender a niveles subterráneos. Cierto diario (de cuyo nombre no es que no quiera acordarme, sino que renuncio a hacerlo), indicaba que don José era, cito textualmente: “nieto del primer presidente de la República y emparentado con el militar Queipo de Llano”. Pues bien, ignoro “la razón” por la que dicho medio optó por establecer ese distingo parental, más que nada porque el fallecido tenía exactamente el mismo grado de parentesco con don Niceto Alcalá-Zamora y Torres que con Gonzalo Queipo de Llano: aquél era su abuelo paterno, mientras que éste era su abuelo materno. En fin, una prueba más de que el único rigor que parece mantener en los últimos tiempos la prensa española es precisamente el rigor mortis.

JAMES WILSON (1742-1798): DE BRILLANTÍSIMO INTELECTUAL A JUEZ ENCARCELADO POR DEUDAS.

James Wilson

James Wilson (1742-1798), es sin duda alguna uno de los padres fundadores de los Estados Unidos cuya figura es más desconocida para el gran público. Dotado de un poderoso intelecto, podemos encontrarle en la avanzadilla del proceso independentista norteamericano y en los estadios fundacionales del nuevo orden constitucional puesto en marcha en los primeros meses de 1789, puesto que desde ese año hasta su fallecimiento ostentó el cargo de juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sin embargo, su trágico final, consumido por la enfermedad y, sobre todo, por la ruina económica, ha diluido un tanto sus decisivas aportaciones al sistema constitucional estadounidense.

Nacido y educado en tierras escocesas, Wilson se traslada a las colonias británicas de Norteamérica a mediados de la década de los sesenta del siglo XVIII, en pleno conflicto derivado de la aprobación de la Stamp Act. Fijó su residencia en la ciudad de Filadelfia, donde inició el ejercicio de la abogacía y donde contrajo matrimonio con una rica heredera. Una vez que se produce el inevitable enfrentamiento con los ingleses, Wilson pone todas sus amplias dotes intelectuales a favor de la causa americana, y cuestiona de forma abierta la autoridad del Parlamento británico en un opúsculo que sale a la luz en 1774 con el título Considerations on the Nature and Extent of the Legislative Authority of the British Parliament. Fue, además, una de las seis personas cuya firma puede encontrarse tanto en la Declaración de Independencia como en la Constitución de 1787.

Y es, precisamente, en la Convención donde Wilson se muestra abiertamente partidario de basar el sistema constitucional en el consentimiento del pueblo. A diferencia de James Madison (cuyo Virginia Plan descansaba en un sistema de representación proporcional para elegir la Cámara Baja, siendo los miembros de ésta quienes eligieran tanto los de la Cámara Alta como el ejecutivo colegiado), Wilson es partidario de la elección popular de senadores y de un ejecutivo unipersonal elegido directamente por el pueblo de los Estados Unidos, para un mandato de tres años. Sin embargo se da una curiosa paradoja en la que incide Kermit L Hall en su breve estudio introductorio a los Collected Works of James Wilson: “Irónicamente, en los años previos a la Guerra de Secesión, tanto John C. Calhoun como Abraham Lincoln encontraron en las ideas expresadas pro Wilson argumentos para apoyar la naturaleza perpetua o limitada de la Unión.” Y es que, en efecto, Wilson era una paradoja viviente. Su defensa a ultranza de la soberanía popular no ocultaba su enorme recelo hacia el populacho, sobre todo a raíz de un suceso acaecido en el otoño de 1779, cuando una masa anárquica asedió la residencia de aquél y la de otros miembros de la alta sociedad de Filadelfia. Dicho episodio insufló en Wilson la necesidad de defender un gobierno fuerte y poderoso que pudiese garantizar el orden público como base del crecimiento económico, de tal manera que la élite económica, entre la que Wilson se encontraba en aquéllos momentos, pudiese retener el control.

Aun cuando aspiraba a ser el primer chief justice y su nombre, en efecto, llegó a sonar para ocupar dicho puesto, careció de apoyos para ello, e incluso el propio John Adams manifestó por escrito que en modo alguno defendería la candidatura de Wilson, porque la persona indicada para situarse al frente de la judicatura era John Jay, como así fue. No obstante, James Wilson fue uno de los primeros seis jueces nombrados por Washington para servir en el Tribunal Supremo. Sin duda alguna, sus dos intervenciones más destacadas fueron en el caso Hayburn y en Chisholm v. Georgia. En el primer caso, actuando como juez de circuito, se negó a aplicar determinadas previsiones de la Invalid Pensions Act por considerar que vulneraban el texto constitucional, convirtiéndose así en el primer juez federal en inaplicar una norma aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. En el segundo, muy polémico y discutido, afirmó que frente a las tesis que defendían las excepciones procesales de inmunidad estatal derivada de la soberanía de los estados, éstos, a los efectos de la Unión y, por tanto, de su enjuiciamiento como demandados en órganos judiciales federales, no eran soberanos. Durante esta época, además, Wilson destacó como profesor, y de tal forma que entre 1790 y 1791 impartió en Filadelfia sus célebres Lectures on the Law, donde trataba de sistematizar todo el saber jurídico y las esencias del nuevo sistema constitucional, obra que sería publicada por vez primera en 1804 en una edición a cargo de Bird Wilson, primogénito de James.

Cuando John Jay dimitió en junio de 1795 para ocupar el puesto de gobernador de Nueva York, Wilson aspiró a sucederle, pero se le adelantó John Rutledge, quien se autoofreció a Washington para el puesto, que ocupó durante apenas seis meses, puesto que el Senado rechazó el visto bueno al nombramiento en diciembre de ese mismo año, por lo que Washington optó por Oliver Ellsworth. La decepción de Wilson fue tal que pensó incluso en renunciar a su puesto, algo que, sin embargo, no hizo por razones única y exclusivamente económicas, dado que no podía prescindir del salario que percibía.

Y es que James Wilson tenía un punto débil, que no era otro que sus inmensos deseos de acumulación de riqueza para situarse en la élite social de la nueva nación, lo que le llevó a involucrarse en operaciones de especulación inmobiliaria que le acabaron llevando no sólo a la ruina económica, sino a la propia degradación moral. En efecto, siendo juez del Tribunal Supremo, sufrió brevemente prisión por deudas en junio de 1797, lo que hundió su imagen pública hasta extremos difícilmente comprensibles. En febrero de 1798 no pudo desempeñar efectivamente sus funciones como juez del Tribunal Supremo porque, de comparecer en Sala, sus acreedores solicitarían su ingreso en prisión. Uno de los acreedores de Wilson le reclamaba nada menos que 197,000 dólares, una cantidad enorme para la época según nos indica Kermit Hall, y el lector puede hacerse una idea de lo elevado de la suma si tenemos en cuenta que como juez del Tribunal Supremo sus emolumentos ascendían a 3,500 dólares anuales.

En 1798 Wilson sufrió nuevamente prisión por deudas, aunque finalmente sus acreedores accedieron a que fuera puesto en libertad. No obstante, Wilson estaba física y moralmente destrozado. Según el cruce de cartas entre varios ilustres personajes de la época, Wilson se dio a la bebida para evadirse de su triste situación personal. A mediados de 1798 cayó gravemente enfermo, falleciendo el 21 de agosto de dicho año, convirtiéndose así en el primer juez del Tribunal Supremo que fallecía en el ejercicio del cargo. Trágico final para uno de los más brillantes intelectos de la etapa fundacional estadounidense.

Un dato final a modo de coda. El presidente John Adams, al enterarse de tan triste noticia, únicamente barajó dos nombres para cubrir la vacante de Wilson: los de John Marshall y Bushrod Washington, por este orden. Marshall declinó amablemente el ofrecimiento porque deseaba continuar ejerciendo como abogado, por lo que finalmente el elegido fue el segundo, sobrino carnal del héroe de la independencia norteamericana.

LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO RECUERDA A JOAQUÍN VARELA SUANZES.

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A las doce del mediodía de hoy veinte de abril de dos mil dieciocho, en el Paraninfo del antiguo edificio de la Facultad de Derecho de Oviedo, tuvo lugar un acto de homenaje al triste y prematuramente desaparecido Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y auténtico titán de la historia constitucional española y comparada. A dicho evento asistió prácticamente todo el área de Derecho Constitucional (además de quienes disertaron, pudo verse entre el público a Miguel Presno Linera, Leonardo Álvarez, Ignacio Villaverde, María Valvidades, Patricia Majado y Benito Aláez), algunos miembros destacados de áreas vinculadas al Departamento de Derecho Público (como Leopoldo Tolivar y Alejandro Huergo Lora), docentes de materias extramuros del derecho público (caso de Javier Avilés) así como familiares y amigos de Joaquín, entre ellos algunos de sus hermanos (a quien, por cierto, la persona que se encontraba sentada a mi diestra reconoció sin dificultad por el extraordinario parecido físico).

Abrió el acto Isabel García Ovies, directora del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Oviedo, con una breve intervención introductoria sobre la figura de Joaquín y su vinculación con la Universidad de Oviedo. Tras ello tomaron la palabra, por este orden, Francisco Bastida Freijedo, Ramón Punset Blanco, Clara Álvarez Alonso e Ignacio Fernández Sarasola; el primero de ellos, por cierto, en una intervención no prevista, pues hubo de sustituir al inicialmente previsto José Antonio González Casanova, quien no pudo acudir debido a una súbita enfermedad pero que tuvo la delicadeza de remitir las líneas que tenía redactadas y con las que pretendía glosar el impacto que supuso la trayectoria académica y profesional de Joaquín Varela en el mundo del Derecho Constitucional, y más específicamente, en la Historia Constitucional.

Las cuatro intervenciones fueron ciertamente complementarias. La de Francisco Bastida (con cuya voz cobraron forma las palabras de González Casanova) y Ramón Punset evocaron aquéllos lejanos años finales del franquismo, de la transición política y del inicio de la democracia, cuando un grupo de jóvenes constitucionalistas capitaneado por Ignacio de Otto y Pardo (otro gran astro prematuramente desaparecido a finales de los ochenta del siglo XX, cuando tan sólo contaba cuarenta y dos años) se desplazaron desde Barcelona a la Universidad de Oviedo (que, como indicó el profesor Punset, era considerada una estación “de tránsito” en espera de otros destinos) y con su ilusión, y gracias a categorías dogmáticas tributarias sobre todo de Alemania y de Italia, articularon el Derecho Constitucional de la democracia. En ese grupo destacó Varela, quien en 1981 sorprendió con su tesis dedicada a la teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico, que sería el primer paso de una larga trayectoria vinculada a la historia constitucional. La tesis doctoral, publicada en 1983 por el Centro de Estudios Constitucionales con un prólogo de Ignacio de Otto, fue reeditada en 2012 con motivo del bicentenario de texto constitucional gaditano, y en el prólogo a esa segunda edición, su propio autor reconocía que, aunque era una obra que contemplaba “con cariño”, tres décadas de investigación hacían que viese tal libro “como si no fuera del todo” suyo. Y es que, ciertamente, quien se adentre en su lectura y la contraste con La monarquía doceañista, obra que puede considerarse complementaria de la anterior, podrá comprobar la diferencia no de estilo, sino de metodología. Fue este pronto acercamiento a los problemas de nuestro constitucionalismo histórico el que marcó ya de forma indeleble la vida y obra de Joaquín, quien ya en su etapa como docente pretendió insuflar vida a esa materia dotándola de unos principios, una metodología y unas estructuras propias que durante casi dos décadas transmitió en la asignatura Historia del Constitucionalismo. Por cierto, que la supresión de esa asignatura, a la que tan vinculado se sentía y por la que tantas y lógicas querencias tenía, supuso un duro golpe para él.

Clara Álvarez Alonso ofreció una visión más personal de Joaquín Varela, que efectuó a través de tres fechas muy concretas (1983, 1996 y 1998) que vinculó a tres momentos muy concretos en la trayectoria profesional de aquél. Lo hizo, sobre todo, compartiendo con el auditorio el impacto que los estudios iniciales de Varela tuvieron nada menos que en Francisco Tomás y Valiente (una vez recuperado por la Universidad tras el paso por el Tribunal Constitucional) y en varios proyectos académicos y bibliográficos que éste tenía, y que por desgracia su asesinato impidió vieran la luz. También compartió Álvarez Alonso la forma en que conoció a Joaquín Varela en un café de la Plaza de Oriente. Clara Álvarez Alonso permaneció, desde entonces, muy vinculada profesionalmente a Joaquín, a quien mostró un apoyo impagable en los momentos más duros, cuando la traicionera enfermedad hizo su aparición.

Por último, Ignacio Fernández Sarasola sintetizó los logros profesionales de Joaquín Varela, a la vez que explicitó cómo es posible suplir con verdadero talento, esfuerzo y ganas la ausencia de medios materiales. En primer lugar, Joaquín Varela aportó un método para el estudio de la disciplina en un importantísimo artículo, Algunas reflexiones metodológicas sobre la Historia Constitucional, que ulteriormente recogió como capítulo inicial del libro Historia e Historiografía constitucionales, publicado en 2014 por editorial Trotta. En segundo lugar, puso todo su empeño en crear una publicación especializada, y de esa manera vio la luz en el año 2000 el primer número de la Revista Electrónica de Historia Constitucional; no debe llevar a engaño el hecho de que hoy en día esté integrada en un ámbito más extenso (el Seminario, al que a continuación me referiré) y que cuente en la actualidad con financiación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pues sus inicios fueron modestísimos hasta el punto de que si nació en el mundo virtual (en aquéllos tiempos no tan desarrollado como lo está hoy) fue precisamente por la carencia absoluta de sustento económico. Pero, sobre todo, el gran legado de Varela es el Seminario Martínez Marina de Historia Constitucional (del que, por cierto, tengo el inmenso honor de formar parte como investigador, precisamente por iniciativa de Joaquín Varela), un espacio común donde se reúnen integrantes de varias disciplinas: Derecho Constitucional, Historia del Derecho, Ciencia Política e Historia general. El Seminario cuenta con una revista (la anteriormente mencionada), una editorial digital donde cualquier visitante puede acceder a los libros publicados de forma absolutamente gratuita, y una biblioteca virtual. En la actualidad, el Seminario ya posee un espacio físico y una modesta biblioteca. Todo eso se debe a Joaquín Varela.

Pero, sin duda, el momento más emotivo del acto fue cuando en los minutos finales se proyectaron varias fotografías de Joaquín, alternando las tomadas en actos académicos con otras mucho más personales.

Un más que merecido homenaje para una persona que sentía auténtica pasión por la disciplina, a la que cuidó con mimo y a la que tanto aportó. Y que honró con su presencia durante casi cuatro décadas a la institución que hoy le homenajeó con un merecidísimo acto-homenaje.

Y, ciertamente, no podemos dejar de glosar en esta bitácora el recuerdo a un maestro y amigo al que tanto debo en muchos sentidos. No sólo en mi afición por la historia constitucional española y comparada (aunque en este último caso, más orientada hacia el constitucionalismo norteamericano, sobre el cual Joaquín apenas había publicado), sino por el constante apoyo y aliento que recibí durante todos los años de amistad con la que me honró. Y jamás podré olvidar que, ya muy enfermo, sacó fuerzas de flaqueza para hacerme una llamada y felicitarme por el estudio preliminar que elaboré para la antología de textos de John Jay que, con el título Independencia, Estado y Constitución, ha publicado el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Aun cuando tuvo la oportunidad de leer dicho estudio introductorio (que le había remitido con anterioridad), lamentablemente no pudo ver publicada la obra, que finalmente salió al mercado este mes de abril y que precisamente va dedicada a su memoria.

UN BREVE E INTERESANTE ESTUDIO SOBRE LA RESURRECCIÓN.

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Estas navidades mi biblioteca se ha visto incrementada con un buen lote de libros. Unos no sólo beneméritos, sino absolutamente descatalogados, como los once tomos de las Obras completas de Jacinto Benavente (publicados en los años cincuenta del siglo XX por la editorial Aguilar), o dos tomos encuadernados del Club del Misterio, recopilación de novelas de dicho tipo que en los años ochenta sacó al mercado la extinta editorial Bruguera. Pero junto a ellos cayó en mis manos una novedad editorial recién salida de la imprenta: el notable estudio debido a Javier Alonso López que lleva por título La resurrección: de hombre a Dios, editado por Arzalia, precisamente el que deseo comentar en esta entrada. Se trata de una obra muy accesible, tanto en cuanto a tamaño (no llega a las doscientas páginas) como por el cuidadoso estilo, que huye de la simple y pura erudición para intentar llegar al lector no especializado en una materia tan árida y compleja como es el mundo del cristianismo primitivo.

Conviene deshacer ya de mano un posible equívoco: no se trata de un libro teológico ni religioso, sino pura y exclusivamente histórico, pues pretende analizar con las fuentes bibliográficas disponibles el tratamiento de un asunto clave para el nacimiento de la religión cristiana, pero abordándolas desde una óptica de historiador, no de teólogo. He de confesar que, al principio, pensé que no se trataría más que una adaptación al español del estudio que hace ya un trienio publicó Bart D. Erhman con el título How Jesus became God: The exaltation of a jewish preacher from Galilee, que aun cuando no ha sido traducido al español, gracias a las maravillas del siglo XXI cualquier interesado (como fue y es mi caso) puede uno hacerse con el mismo sin salir de casa, simplemente con una Tablet y una aplicación para la lectura de libros electrónicos. No obstante, aunque obviamente existen coincidencias tangenciales en cuanto a la temática, el estudio de Erhman es mucho más amplio, pues aborda el proceso sistemático de transformación de la figura de Jesús de Nazaret de simple profeta judío apocalíptico en una figura divina, lo que hace a través de un recorrido histórico por los principales hitos que jalonaron tal devenir. Frente a ello, Alonso López se centra única y exclusivamente en el aspecto de la resurrección.

El libro comienza con un recorrido por las diversas ideas que en la resurrección existían en el mundo del siglo I, tanto entre la comunidad judía como en la religión pagana, de la que se ofrecen numerosos ejemplos de ilustres personajes que, si bien no se puede decir estrictamente que resucitaran (puesto que para ello previamente deberían haber fallecido) sí que hicieron un viaje de ida y vuelta al Hades, lugar donde moraban las ánimas de los fallecidos; y así, desde Perséfone hasta Odiseo, Heracles y Orfeo. Una vez expuesto el marco histórico relativo a las creencias de la resurrección, el autor expone el hecho concreto objeto de estudio de una manera muy concreta: analizando las narraciones sobre el particular desde el punto de vista cronológico, y no desde el orden tradicional del Nuevo Testamento, donde la ubicación de los textos se hace en base a criterios de extensión y no de elaboración. Este punto de vista es revelador, por cuanto permite otear la evolución del tratamiento, que pasa de una consideración inicial que limita la resurrección al alma y no al cuerpo (textos paulinos) a una resolución corporal (los evangelios). Pero facilita al lector verificar las contradicciones existentes entre los distintos relatos evangélicos sobre el particular, y que contra lo que suele ser creencia habitual, predomina más la confusión que la claridad. Preguntas como dónde fue enterrado Jesús (en una fosa común o en una tumba particular), quién era en realidad José de Arimatea (si un simple funcionario judío encargado de dar sepultura a todos los ajusticiados o un seguidor de las doctrinas del nazareno), quiénes asistieron al entierro, quiénes fueron los primeros en tener noticia de la resurrección; interrogantes que el Alonso López va respondiendo puntualmente. Y, lo que es más, el autor es valiente y tras exponer una lectura crítica de los relatos neotestamentarios se aventura a dar su hipótesis sobre el particular.

No quisiera finalizar sin ofrecer al lector un curioso episodio, que es precisamente con el que se abre el primer capítulo del libro How Jesus became God. Erhman, profesor de cristianismo primitivo, indica que siempre plantea a sus alumnos que traten de adivinar, a través de una serie de pistas, la identidad de un personaje histórico que vivió en el primer siglo en un remoto lugar del Imperio Romano y cuya vida fue descrita por sus seguidores como milagrosa:

Antes de nacer, su madre tuvo una visita de un ser celestial que le anunció su hijo no sería un simple mortal, sino una divinidad. Su nacimiento vino acompañado por inusuales signos divinos en los cielos. De adulto, abandonó su hogar para dedicarse a una predicación itinerante. Fue por villas y ciudades predicando a todo el que quisiera escuchar que no debían preocuparse por los bienes materiales, sino por la vida espiritual y eterna. Logró rodearse de un número de seguidores que no lo consideraban un simple mortal, sino el Hijo de Dios. Obró milagros para confirmarles en sus creencias: podía curar a los enfermos, expulsar demonios y resucitar a los muertos. Al final de su vida se opuso a las autoridades romanas y fue juzgado. Pero no pudieron matar su alma. Ascendió a los cielos y allí continúa hasta hoy. Para acreditar que había resucitado tras su existencia terrenal, se apareció al menos a uno de sus dubitativos seguidores, quien se convenció así de que permanecía entre nosotros. Posteriormente, algunos de sus seguidores escribieron libros sobre él que aún podemos leer hoy en día.”

La tarea parece simple, pues las pistas encajan como un guante a Jesús de Nazaret. Sin embargo, Erhman tendió una sutil trampa a sus alumnos, porque en realidad se estaba refiriendo a Apolonio de Tiana, un pagano sobre el cual existe un libro escrito por su seguidor Filóstrato.

Y es que la historia antigua (reitero, historia), nos ofrece a veces curiosos ejemplos de “vidas paralelas”, aunque no sean las narradas por el gran historiador latino Plutarco.