JAMES WILSON (1742-1798): DE BRILLANTÍSIMO INTELECTUAL A JUEZ ENCARCELADO POR DEUDAS.

James Wilson

James Wilson (1742-1798), es sin duda alguna uno de los padres fundadores de los Estados Unidos cuya figura es más desconocida para el gran público. Dotado de un poderoso intelecto, podemos encontrarle en la avanzadilla del proceso independentista norteamericano y en los estadios fundacionales del nuevo orden constitucional puesto en marcha en los primeros meses de 1789, puesto que desde ese año hasta su fallecimiento ostentó el cargo de juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sin embargo, su trágico final, consumido por la enfermedad y, sobre todo, por la ruina económica, ha diluido un tanto sus decisivas aportaciones al sistema constitucional estadounidense.

Nacido y educado en tierras escocesas, Wilson se traslada a las colonias británicas de Norteamérica a mediados de la década de los sesenta del siglo XVIII, en pleno conflicto derivado de la aprobación de la Stamp Act. Fijó su residencia en la ciudad de Filadelfia, donde inició el ejercicio de la abogacía y donde contrajo matrimonio con una rica heredera. Una vez que se produce el inevitable enfrentamiento con los ingleses, Wilson pone todas sus amplias dotes intelectuales a favor de la causa americana, y cuestiona de forma abierta la autoridad del Parlamento británico en un opúsculo que sale a la luz en 1774 con el título Considerations on the Nature and Extent of the Legislative Authority of the British Parliament. Fue, además, una de las seis personas cuya firma puede encontrarse tanto en la Declaración de Independencia como en la Constitución de 1787.

Y es, precisamente, en la Convención donde Wilson se muestra abiertamente partidario de basar el sistema constitucional en el consentimiento del pueblo. A diferencia de James Madison (cuyo Virginia Plan descansaba en un sistema de representación proporcional para elegir la Cámara Baja, siendo los miembros de ésta quienes eligieran tanto los de la Cámara Alta como el ejecutivo colegiado), Wilson es partidario de la elección popular de senadores y de un ejecutivo unipersonal elegido directamente por el pueblo de los Estados Unidos, para un mandato de tres años. Sin embargo se da una curiosa paradoja en la que incide Kermit L Hall en su breve estudio introductorio a los Collected Works of James Wilson: “Irónicamente, en los años previos a la Guerra de Secesión, tanto John C. Calhoun como Abraham Lincoln encontraron en las ideas expresadas pro Wilson argumentos para apoyar la naturaleza perpetua o limitada de la Unión.” Y es que, en efecto, Wilson era una paradoja viviente. Su defensa a ultranza de la soberanía popular no ocultaba su enorme recelo hacia el populacho, sobre todo a raíz de un suceso acaecido en el otoño de 1779, cuando una masa anárquica asedió la residencia de aquél y la de otros miembros de la alta sociedad de Filadelfia. Dicho episodio insufló en Wilson la necesidad de defender un gobierno fuerte y poderoso que pudiese garantizar el orden público como base del crecimiento económico, de tal manera que la élite económica, entre la que Wilson se encontraba en aquéllos momentos, pudiese retener el control.

Aun cuando aspiraba a ser el primer chief justice y su nombre, en efecto, llegó a sonar para ocupar dicho puesto, careció de apoyos para ello, e incluso el propio John Adams manifestó por escrito que en modo alguno defendería la candidatura de Wilson, porque la persona indicada para situarse al frente de la judicatura era John Jay, como así fue. No obstante, James Wilson fue uno de los primeros seis jueces nombrados por Washington para servir en el Tribunal Supremo. Sin duda alguna, sus dos intervenciones más destacadas fueron en el caso Hayburn y en Chisholm v. Georgia. En el primer caso, actuando como juez de circuito, se negó a aplicar determinadas previsiones de la Invalid Pensions Act por considerar que vulneraban el texto constitucional, convirtiéndose así en el primer juez federal en inaplicar una norma aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. En el segundo, muy polémico y discutido, afirmó que frente a las tesis que defendían las excepciones procesales de inmunidad estatal derivada de la soberanía de los estados, éstos, a los efectos de la Unión y, por tanto, de su enjuiciamiento como demandados en órganos judiciales federales, no eran soberanos. Durante esta época, además, Wilson destacó como profesor, y de tal forma que entre 1790 y 1791 impartió en Filadelfia sus célebres Lectures on the Law, donde trataba de sistematizar todo el saber jurídico y las esencias del nuevo sistema constitucional, obra que sería publicada por vez primera en 1804 en una edición a cargo de Bird Wilson, primogénito de James.

Cuando John Jay dimitió en junio de 1795 para ocupar el puesto de gobernador de Nueva York, Wilson aspiró a sucederle, pero se le adelantó John Rutledge, quien se autoofreció a Washington para el puesto, que ocupó durante apenas seis meses, puesto que el Senado rechazó el visto bueno al nombramiento en diciembre de ese mismo año, por lo que Washington optó por Oliver Ellsworth. La decepción de Wilson fue tal que pensó incluso en renunciar a su puesto, algo que, sin embargo, no hizo por razones única y exclusivamente económicas, dado que no podía prescindir del salario que percibía.

Y es que James Wilson tenía un punto débil, que no era otro que sus inmensos deseos de acumulación de riqueza para situarse en la élite social de la nueva nación, lo que le llevó a involucrarse en operaciones de especulación inmobiliaria que le acabaron llevando no sólo a la ruina económica, sino a la propia degradación moral. En efecto, siendo juez del Tribunal Supremo, sufrió brevemente prisión por deudas en junio de 1797, lo que hundió su imagen pública hasta extremos difícilmente comprensibles. En febrero de 1798 no pudo desempeñar efectivamente sus funciones como juez del Tribunal Supremo porque, de comparecer en Sala, sus acreedores solicitarían su ingreso en prisión. Uno de los acreedores de Wilson le reclamaba nada menos que 197,000 dólares, una cantidad enorme para la época según nos indica Kermit Hall, y el lector puede hacerse una idea de lo elevado de la suma si tenemos en cuenta que como juez del Tribunal Supremo sus emolumentos ascendían a 3,500 dólares anuales.

En 1798 Wilson sufrió nuevamente prisión por deudas, aunque finalmente sus acreedores accedieron a que fuera puesto en libertad. No obstante, Wilson estaba física y moralmente destrozado. Según el cruce de cartas entre varios ilustres personajes de la época, Wilson se dio a la bebida para evadirse de su triste situación personal. A mediados de 1798 cayó gravemente enfermo, falleciendo el 21 de agosto de dicho año, convirtiéndose así en el primer juez del Tribunal Supremo que fallecía en el ejercicio del cargo. Trágico final para uno de los más brillantes intelectos de la etapa fundacional estadounidense.

Un dato final a modo de coda. El presidente John Adams, al enterarse de tan triste noticia, únicamente barajó dos nombres para cubrir la vacante de Wilson: los de John Marshall y Bushrod Washington, por este orden. Marshall declinó amablemente el ofrecimiento porque deseaba continuar ejerciendo como abogado, por lo que finalmente el elegido fue el segundo, sobrino carnal del héroe de la independencia norteamericana.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Historia

LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO RECUERDA A JOAQUÍN VARELA SUANZES.

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A las doce del mediodía de hoy veinte de abril de dos mil dieciocho, en el Paraninfo del antiguo edificio de la Facultad de Derecho de Oviedo, tuvo lugar un acto de homenaje al triste y prematuramente desaparecido Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y auténtico titán de la historia constitucional española y comparada. A dicho evento asistió prácticamente todo el área de Derecho Constitucional (además de quienes disertaron, pudo verse entre el público a Miguel Presno Linera, Leonardo Álvarez, Ignacio Villaverde, María Valvidades, Patricia Majado y Benito Aláez), algunos miembros destacados de áreas vinculadas al Departamento de Derecho Público (como Leopoldo Tolivar y Alejandro Huergo Lora), docentes de materias extramuros del derecho público (caso de Javier Avilés) así como familiares y amigos de Joaquín, entre ellos algunos de sus hermanos (a quien, por cierto, la persona que se encontraba sentada a mi diestra reconoció sin dificultad por el extraordinario parecido físico).

Abrió el acto Isabel García Ovies, directora del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Oviedo, con una breve intervención introductoria sobre la figura de Joaquín y su vinculación con la Universidad de Oviedo. Tras ello tomaron la palabra, por este orden, Francisco Bastida Freijedo, Ramón Punset Blanco, Clara Álvarez Alonso e Ignacio Fernández Sarasola; el primero de ellos, por cierto, en una intervención no prevista, pues hubo de sustituir al inicialmente previsto José Antonio González Casanova, quien no pudo acudir debido a una súbita enfermedad pero que tuvo la delicadeza de remitir las líneas que tenía redactadas y con las que pretendía glosar el impacto que supuso la trayectoria académica y profesional de Joaquín Varela en el mundo del Derecho Constitucional, y más específicamente, en la Historia Constitucional.

Las cuatro intervenciones fueron ciertamente complementarias. La de Francisco Bastida (con cuya voz cobraron forma las palabras de González Casanova) y Ramón Punset evocaron aquéllos lejanos años finales del franquismo, de la transición política y del inicio de la democracia, cuando un grupo de jóvenes constitucionalistas capitaneado por Ignacio de Otto y Pardo (otro gran astro prematuramente desaparecido a finales de los ochenta del siglo XX, cuando tan sólo contaba cuarenta y dos años) se desplazaron desde Barcelona a la Universidad de Oviedo (que, como indicó el profesor Punset, era considerada una estación “de tránsito” en espera de otros destinos) y con su ilusión, y gracias a categorías dogmáticas tributarias sobre todo de Alemania y de Italia, articularon el Derecho Constitucional de la democracia. En ese grupo destacó Varela, quien en 1981 sorprendió con su tesis dedicada a la teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico, que sería el primer paso de una larga trayectoria vinculada a la historia constitucional. La tesis doctoral, publicada en 1983 por el Centro de Estudios Constitucionales con un prólogo de Ignacio de Otto, fue reeditada en 2012 con motivo del bicentenario de texto constitucional gaditano, y en el prólogo a esa segunda edición, su propio autor reconocía que, aunque era una obra que contemplaba “con cariño”, tres décadas de investigación hacían que viese tal libro “como si no fuera del todo” suyo. Y es que, ciertamente, quien se adentre en su lectura y la contraste con La monarquía doceañista, obra que puede considerarse complementaria de la anterior, podrá comprobar la diferencia no de estilo, sino de metodología. Fue este pronto acercamiento a los problemas de nuestro constitucionalismo histórico el que marcó ya de forma indeleble la vida y obra de Joaquín, quien ya en su etapa como docente pretendió insuflar vida a esa materia dotándola de unos principios, una metodología y unas estructuras propias que durante casi dos décadas transmitió en la asignatura Historia del Constitucionalismo. Por cierto, que la supresión de esa asignatura, a la que tan vinculado se sentía y por la que tantas y lógicas querencias tenía, supuso un duro golpe para él.

Clara Álvarez Alonso ofreció una visión más personal de Joaquín Varela, que efectuó a través de tres fechas muy concretas (1983, 1996 y 1998) que vinculó a tres momentos muy concretos en la trayectoria profesional de aquél. Lo hizo, sobre todo, compartiendo con el auditorio el impacto que los estudios iniciales de Varela tuvieron nada menos que en Francisco Tomás y Valiente (una vez recuperado por la Universidad tras el paso por el Tribunal Constitucional) y en varios proyectos académicos y bibliográficos que éste tenía, y que por desgracia su asesinato impidió vieran la luz. También compartió Álvarez Alonso la forma en que conoció a Joaquín Varela en un café de la Plaza de Oriente. Clara Álvarez Alonso permaneció, desde entonces, muy vinculada profesionalmente a Joaquín, a quien mostró un apoyo impagable en los momentos más duros, cuando la traicionera enfermedad hizo su aparición.

Por último, Ignacio Fernández Sarasola sintetizó los logros profesionales de Joaquín Varela, a la vez que explicitó cómo es posible suplir con verdadero talento, esfuerzo y ganas la ausencia de medios materiales. En primer lugar, Joaquín Varela aportó un método para el estudio de la disciplina en un importantísimo artículo, Algunas reflexiones metodológicas sobre la Historia Constitucional, que ulteriormente recogió como capítulo inicial del libro Historia e Historiografía constitucionales, publicado en 2014 por editorial Trotta. En segundo lugar, puso todo su empeño en crear una publicación especializada, y de esa manera vio la luz en el año 2000 el primer número de la Revista Electrónica de Historia Constitucional; no debe llevar a engaño el hecho de que hoy en día esté integrada en un ámbito más extenso (el Seminario, al que a continuación me referiré) y que cuente en la actualidad con financiación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pues sus inicios fueron modestísimos hasta el punto de que si nació en el mundo virtual (en aquéllos tiempos no tan desarrollado como lo está hoy) fue precisamente por la carencia absoluta de sustento económico. Pero, sobre todo, el gran legado de Varela es el Seminario Martínez Marina de Historia Constitucional (del que, por cierto, tengo el inmenso honor de formar parte como investigador, precisamente por iniciativa de Joaquín Varela), un espacio común donde se reúnen integrantes de varias disciplinas: Derecho Constitucional, Historia del Derecho, Ciencia Política e Historia general. El Seminario cuenta con una revista (la anteriormente mencionada), una editorial digital donde cualquier visitante puede acceder a los libros publicados de forma absolutamente gratuita, y una biblioteca virtual. En la actualidad, el Seminario ya posee un espacio físico y una modesta biblioteca. Todo eso se debe a Joaquín Varela.

Pero, sin duda, el momento más emotivo del acto fue cuando en los minutos finales se proyectaron varias fotografías de Joaquín, alternando las tomadas en actos académicos con otras mucho más personales.

Un más que merecido homenaje para una persona que sentía auténtica pasión por la disciplina, a la que cuidó con mimo y a la que tanto aportó. Y que honró con su presencia durante casi cuatro décadas a la institución que hoy le homenajeó con un merecidísimo acto-homenaje.

Y, ciertamente, no podemos dejar de glosar en esta bitácora el recuerdo a un maestro y amigo al que tanto debo en muchos sentidos. No sólo en mi afición por la historia constitucional española y comparada (aunque en este último caso, más orientada hacia el constitucionalismo norteamericano, sobre el cual Joaquín apenas había publicado), sino por el constante apoyo y aliento que recibí durante todos los años de amistad con la que me honró. Y jamás podré olvidar que, ya muy enfermo, sacó fuerzas de flaqueza para hacerme una llamada y felicitarme por el estudio preliminar que elaboré para la antología de textos de John Jay que, con el título Independencia, Estado y Constitución, ha publicado el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Aun cuando tuvo la oportunidad de leer dicho estudio introductorio (que le había remitido con anterioridad), lamentablemente no pudo ver publicada la obra, que finalmente salió al mercado este mes de abril y que precisamente va dedicada a su memoria.

UN BREVE E INTERESANTE ESTUDIO SOBRE LA RESURRECCIÓN.

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Estas navidades mi biblioteca se ha visto incrementada con un buen lote de libros. Unos no sólo beneméritos, sino absolutamente descatalogados, como los once tomos de las Obras completas de Jacinto Benavente (publicados en los años cincuenta del siglo XX por la editorial Aguilar), o dos tomos encuadernados del Club del Misterio, recopilación de novelas de dicho tipo que en los años ochenta sacó al mercado la extinta editorial Bruguera. Pero junto a ellos cayó en mis manos una novedad editorial recién salida de la imprenta: el notable estudio debido a Javier Alonso López que lleva por título La resurrección: de hombre a Dios, editado por Arzalia, precisamente el que deseo comentar en esta entrada. Se trata de una obra muy accesible, tanto en cuanto a tamaño (no llega a las doscientas páginas) como por el cuidadoso estilo, que huye de la simple y pura erudición para intentar llegar al lector no especializado en una materia tan árida y compleja como es el mundo del cristianismo primitivo.

Conviene deshacer ya de mano un posible equívoco: no se trata de un libro teológico ni religioso, sino pura y exclusivamente histórico, pues pretende analizar con las fuentes bibliográficas disponibles el tratamiento de un asunto clave para el nacimiento de la religión cristiana, pero abordándolas desde una óptica de historiador, no de teólogo. He de confesar que, al principio, pensé que no se trataría más que una adaptación al español del estudio que hace ya un trienio publicó Bart D. Erhman con el título How Jesus became God: The exaltation of a jewish preacher from Galilee, que aun cuando no ha sido traducido al español, gracias a las maravillas del siglo XXI cualquier interesado (como fue y es mi caso) puede uno hacerse con el mismo sin salir de casa, simplemente con una Tablet y una aplicación para la lectura de libros electrónicos. No obstante, aunque obviamente existen coincidencias tangenciales en cuanto a la temática, el estudio de Erhman es mucho más amplio, pues aborda el proceso sistemático de transformación de la figura de Jesús de Nazaret de simple profeta judío apocalíptico en una figura divina, lo que hace a través de un recorrido histórico por los principales hitos que jalonaron tal devenir. Frente a ello, Alonso López se centra única y exclusivamente en el aspecto de la resurrección.

El libro comienza con un recorrido por las diversas ideas que en la resurrección existían en el mundo del siglo I, tanto entre la comunidad judía como en la religión pagana, de la que se ofrecen numerosos ejemplos de ilustres personajes que, si bien no se puede decir estrictamente que resucitaran (puesto que para ello previamente deberían haber fallecido) sí que hicieron un viaje de ida y vuelta al Hades, lugar donde moraban las ánimas de los fallecidos; y así, desde Perséfone hasta Odiseo, Heracles y Orfeo. Una vez expuesto el marco histórico relativo a las creencias de la resurrección, el autor expone el hecho concreto objeto de estudio de una manera muy concreta: analizando las narraciones sobre el particular desde el punto de vista cronológico, y no desde el orden tradicional del Nuevo Testamento, donde la ubicación de los textos se hace en base a criterios de extensión y no de elaboración. Este punto de vista es revelador, por cuanto permite otear la evolución del tratamiento, que pasa de una consideración inicial que limita la resurrección al alma y no al cuerpo (textos paulinos) a una resolución corporal (los evangelios). Pero facilita al lector verificar las contradicciones existentes entre los distintos relatos evangélicos sobre el particular, y que contra lo que suele ser creencia habitual, predomina más la confusión que la claridad. Preguntas como dónde fue enterrado Jesús (en una fosa común o en una tumba particular), quién era en realidad José de Arimatea (si un simple funcionario judío encargado de dar sepultura a todos los ajusticiados o un seguidor de las doctrinas del nazareno), quiénes asistieron al entierro, quiénes fueron los primeros en tener noticia de la resurrección; interrogantes que el Alonso López va respondiendo puntualmente. Y, lo que es más, el autor es valiente y tras exponer una lectura crítica de los relatos neotestamentarios se aventura a dar su hipótesis sobre el particular.

No quisiera finalizar sin ofrecer al lector un curioso episodio, que es precisamente con el que se abre el primer capítulo del libro How Jesus became God. Erhman, profesor de cristianismo primitivo, indica que siempre plantea a sus alumnos que traten de adivinar, a través de una serie de pistas, la identidad de un personaje histórico que vivió en el primer siglo en un remoto lugar del Imperio Romano y cuya vida fue descrita por sus seguidores como milagrosa:

Antes de nacer, su madre tuvo una visita de un ser celestial que le anunció su hijo no sería un simple mortal, sino una divinidad. Su nacimiento vino acompañado por inusuales signos divinos en los cielos. De adulto, abandonó su hogar para dedicarse a una predicación itinerante. Fue por villas y ciudades predicando a todo el que quisiera escuchar que no debían preocuparse por los bienes materiales, sino por la vida espiritual y eterna. Logró rodearse de un número de seguidores que no lo consideraban un simple mortal, sino el Hijo de Dios. Obró milagros para confirmarles en sus creencias: podía curar a los enfermos, expulsar demonios y resucitar a los muertos. Al final de su vida se opuso a las autoridades romanas y fue juzgado. Pero no pudieron matar su alma. Ascendió a los cielos y allí continúa hasta hoy. Para acreditar que había resucitado tras su existencia terrenal, se apareció al menos a uno de sus dubitativos seguidores, quien se convenció así de que permanecía entre nosotros. Posteriormente, algunos de sus seguidores escribieron libros sobre él que aún podemos leer hoy en día.”

La tarea parece simple, pues las pistas encajan como un guante a Jesús de Nazaret. Sin embargo, Erhman tendió una sutil trampa a sus alumnos, porque en realidad se estaba refiriendo a Apolonio de Tiana, un pagano sobre el cual existe un libro escrito por su seguidor Filóstrato.

Y es que la historia antigua (reitero, historia), nos ofrece a veces curiosos ejemplos de “vidas paralelas”, aunque no sean las narradas por el gran historiador latino Plutarco.

de Monsieur de Villefort Publicado en Historia

LOS “NUEVE DE LITTLE ROCK”: REFLEXIONES SOBRE EL EPISODIO HISTÓRICO.

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En el año 1957 la ciudad de Little Rock, capital del estado de Arkansas, vivió una situación ciertamente explosiva desde el punto de vista social y político, y el motivo no era otro que la oposición de las autoridades (amparadas en el descontento popular) a llevar a puro y debido efecto una resolución judicial, a la que desobedecieron abiertamente.

Arkansas era un estado situado al sur de la línea Mason-Dixon y uno de los que en 1861 abandonó los Estados Unidos de América para integrarse en los Estados Confederados de América. Tras el final de la guerra volvió al seno de la Unión, pero políticamente las élites pro sureñas retomaron el control de las instituciones estatales a partir de 1873, y socialmente la abolición de la esclavitud jamás fue bien vista, perviviendo un clima de racismo y de abierto menosprecio a los esclavos liberados, algo que incluso recibió en 1896 el aval del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia Plessy v. Fergusson, que institucionalizó la doctrina separate but equal, en base a la cual se avalaba la constitucionalidad de la segregación racial siempre y cuando el nivel de los servicios para la población blanca y la de color tuviesen unos mismos niveles de calidad. Así, la doctrina “iguales, pero separados”, permitió la segregación racial en viviendas, transportes y centros educativos. La situación dio un giro radical en 1954, cuando en su conocidísima sentencia Brown v. Board of Education of Topeka, el Tribunal Supremo modificó su criterio y declaró inconstitucional la segregación por motivos raciales, por lo que la separación de poblaciones en los centros educativos basados en criterios exclusivamente de raza se consideró contrario al texto constitucional.

Tres años más tarde de la sentencia Brown, nueve estudiantes de color solicitaron su ingreso en el Little Rock Central High School, es decir, en uno de los centros de enseñanza secundaria de la ciudad. El gobernador del estado, el demócrata Orval Faubus, se comprometió a facilitar el cumplimiento de la sentencia y el acceso normal de los nueve estudiantes en el centro educativo. Pero los padres de los restantes alumnos, apoyados por la práctica mayoría de la población de la ciudad, presionaron para que se vetase la admisión de los nueve estudiantes de color. Incapaz de hacer frente a la presión popular, Faubus “sugirió” a los nueve estudiantes que desistiesen de su propósito, a lo que éstos se opusieron. Es más, cuando intentaron acceder al centro se encontraron no sólo con que un amplio grupo de segregacionistas les impedían la entrada, sino que el gobernador Faubus envió a la Guardia Nacional no para ayudar a los estudiantes de color, sino para apoyar a quienes impedían llevar a puro y debido efecto la sentencia Brown.

El Presidente de los Estados Unidos, Dwigt D. Eisenhower, que gozaba de una gran popularidad, se puso en contacto con el gobernador de Arkansas para recordarle que las resoluciones judiciales debían cumplirse, y para pedirle que no se situase en abierta rebelión institucional, pero Faubus se mantuvo en sus trece, temeroso de perder el favor de la población estatal, mayoritariamente opuesta a la integración escolar. La reacción de Eisenhower no se hizo esperar: ante el desafío abierto del gobernador del estado y la defección de la guardia nacional de Arkansas, al Presidente de los Estados Unidos no albergó duda alguna de cual era su deber, y en este sentido movilizó a las tropas del ejército federal, ordenándoles que escoltasen a los estudiantes de color al instituto y garantizasen la integridad física de los mismos. En este sentido, dieron la vuelta al mundo las fotografías de los nueve estudiantes acudiendo al instituto rodeados de los soldados que, con la bayoneta calada, les servían de escolta. También se hizo muy famosa la fotografía de una de las jóvenes estudiantes rodeada de toda una multitud que la abucheaba, fotografía que el juez Stephen Breyer reproduce en su libro Making our democracy work a la hora de evocar este episodio histórico.

No cabe duda que Orval Faubus podía esgrimir legítimamente que, como gobernador de Arkansas, únicamente debía responder ante sus electores, que no eran otros que los ciudadanos de dicho estado, que nadie cuestionaba eran mayoritariamente partidarios de la segregación racial. Pero igualmente, como gobernador de uno de los Estados Unidos, debía lealtad a las instituciones federales. De igual forma, el presidente Eisenhower podía haber sido políticamente correcto y haberse negado a apoyar con la fuerza una resolución judicial, limitándose a considerar lo ocurrido en Little Rock como un asunto interno estatal. Pero, como veterano soldado, optó por hacer cumplir la ley, no temblándole el pulso y demostrando que en ocasiones, como manifestó en su día John Jay en carta al general Washington, la Justicia precisa de una espada tanto como de una balanza.

LA REBELIÓN DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA VISTA POR ALEJANDRO NIETO.

Rebelión militar

La situación jurídica de Cataluña es clarísima. Nos hallamos ante un ordenamiento legal vigente cuyos órganos de ejecución han quebrado totalmente. Subsiste, pues el Estatuto. Lo que no existe es el presidente de la Generalidad, ni el Consejo Ejecutivo ni el Parlamento regional […] El Estado debe proceder a la gestión de la generalidad dentro del máximo respeto a las leyes en vigor, procurando que todo el pueblo catalán, sin excepción, colabore a esa obra necesaria.”

Aunque la cita anterior pudiera considerarse extraída de alguno de los incontables informes jurídicos que el actual Gobierno ha solicitado en los últimos meses, lo cierto es que no es así, sino que corresponde a unas declaraciones efectuadas en octubre de 1934 por José Oriol Anguera del Sojo, que entonces ostentaba el cargo de Ministro de Trabajo de la República española en un gabinete presidido por Alejandro Lerroux. Barcelonés de nacimiento, perfecto conocedor de la situación catalana, su entrada en el gobierno bajo las siglas de la CEDA fue el detonante (que no la causa) para la sublevación que se produjo en octubre de 1934. Y la cita la he extraído de una obra cuya atenta lectura merece abordarse, máxime en los tiempos actuales. Se trata de La rebelión militar de la Generalidad de Cataluña contra la República. El 6 de octubre de 1934 en Barcelona, de la que es autor el gran Alejandro Nieto y que fue publicada hace tres años en la editorial Marcial Pons.

En la obra se muestra Alejandro Nieto de cuerpo entero: con la precisión del científico disecciona minuciosamente los hechos, pero sin renunciar a efectuar tomas de posición y a efectuar valientemente afirmaciones por muy políticamente incorrectas que sean o pese a estar formuladas a contracorriente. Valga como ejemplo el tratamiento que hace de la figura de Luís Companys (páginas 77 a 85), respecto del cual incide en un hecho tan evidente y notorio que por esa misma circunstancia pasa desapercibido: “se da la circunstancia de que Companys ya no es sólo un hombre, sino que se ha convertido en un mito, en un icono catalán, y el objeto directo de la historia son los hombres y sus hechos, no los mitos creados por la literatura y la ideología. Con su fusilamiento en los fosos de Montjuic ese personaje salió literalmente de la Historia, ha quedado sacralizado en el altar catalanista y es ya intocable –so pena de sacrilegio- aunque no sin protesta de algunos autores que prefieren ser historiadores a hagiógrafos.” Pero también efectúa nuestro autor reflexiones en voz alta que trascienden de la época estudiada al ser plenamente aplicables al momento actual, como esta en concreto vertida a la hora de analizar el victimismo: “Con el victimismo puede cubrirse todo. Allí donde ha arraigado este espíritu, cuando un político es acusado de deslealtades, e incluso de delitos personales, le basta envolverse en una bandera y asegurar que está siendo víctima de un ataque dirigido contra su patria; y con este ardid ya nadie pensará en sus culpas, sino en la agresión del enemigo” (páginas 54-55).

Este voluminoso estudio sobre la rebelión de la Generalidad (muy a tener en cuenta que el autor circunscribe la rebelión a la “Generalidad”, no a “Cataluña”), la divide en tres partes. La primera, titulada “antes de la rebelión”, sitúa al lector en el complejo y conflictivo panorama existente en la España del año 1934, y desciende a ofrecer pinceladas de los personajes más relevantes de entonces, las formaciones políticas con representación en Cataluña y en las explicaciones ofrecidas tradicionalmente como justificativas del levantamiento. En este punto, Nieto despeja (si es que existían aún) las tesis de quienes veían en el levantamiento de la Generalidad una defensa de la República frente a la amenaza “fascista” de la C.E.D.A, que había accedido al gobierno precisamente en octubre de 1934 en un gobierno presidido por Alejandro Lerroux. Para destruir dicha tesis, se ampara en varios hechos. El primero, que los preparativos para el levantamiento eran anteriores a la propia entrada de la C.E.D.A. en el gabinete. El segundo, que en un gobierno integrado por quince ministros, dicha formación política (que era la más votada y a quien, en puridad, según la aritmética parlamentaria, correspondía la propia jefatura del gobierno) tan sólo había logrado tres carteras ministeriales, y no precisamente las más decisivas (como Gobernación o Defensa). En tercer lugar, por la propia personalidad, nada radical, de los tres ministros cedistas. En este último punto, aun cuando Nieto no lo utiliza, conviene no perder de vista el testimonio del socialista Juan Simeón Vidarte en su obra El bienio negro y la insurrección en Asturias, donde incluye el siguiente párrafo: “Indalecio Prieto, que había bajado de su apartamento para comentar con nosotros la noticia, le decía a Caballero que si se daba un lugar en el gabinete a Anguera del Sojo nuestra posición al declarar la huelga general estaba poco justificada, pues éste había sido fiscal general de la República y gobernador de Barcelona en 1931, durante los gobiernos de colaboración republicano-socialista y desde entonces se hizo amigo de Azaña y Casares. No podíamos alegar su falta de republicanismo….”

Tras exponer los antecedentes, nos ofrece una crónica de la rebelión (utilizando para ello el testimonio de los protagonistas y ciñéndose a fuentes principalmente catalanas) y los acontecimientos que siguieron a la misma, más en concreto los debates en torno a la suspensión del Estatuto de Autonomía y a la causa seguida en el Tribunal de Garantías Constitucionales frente a los principales autores de la intentona. Destacan, a lo largo de esas páginas, la lucidez con la que se enuncia la teoría que el autor denomina del “doble alzamiento”: el político (protagonizado por las instituciones políticas, más concretamente por el Presidente y el Consejo Ejecutivo) y el social (por las fuerzas obreras), coincidentes en el tiempo aunque con objetivos y fines distintos y, en ocasiones, opuestos. Pero, sobre todo, permite distinguir claramente entre el Nieto historiador (el que expone acontecimientos previos a la rebelión y nos ofrece una visión del propio alzamiento y su derrota) y el Nieto jurista, que aparece en el capítulo final para lucir con gran altura a la hora de sumergirnos en los debates jurídicos acerca de la naturaleza del Estatuto de autonomía de Cataluña (en el debate de las Cortes sobre las medidas a adoptar tras la derrota de la insurrección) como al enfrentarse a la causa abierta en el Tribunal de Garantías Constitucionales.

En el momento de abordar las consecuencias del levantamiento, Alejandro Nieto distingue entre la explicación y la justificación del mismo, tesis que expone didácticamente en este delicioso párrafo: “A diferencia de la justificación, la explicación se mueve en el ámbito causal, físico o psicológico, no en el ético, y consecuentemente no suele coincidir con la justificación […] El historiador constata que el autor de una conducta se justifica (es decir, se cubre política o éticamente) invocando una razón (una agresión previa, por ejemplo) que él estimará plausible o no. El analista busca por su cuenta el hecho que causó el fenómeno físico (el disparo al que siguió la muerte)  o provocó el acontecimiento (las arbitrariedades del príncipe, a las que siguió la rebelión de los súbditos). En este último ejemplo, la justificación ética y la explicación causal coinciden. Ahora bien, lo ordinario es que sean distintas. El nombramiento del Gobierno radicalcedista pudo justificar la rebelión armada en opinión de aquellos que lo consideraron agravio o amenaza suficiente; pero no vale como explicación dado que no fue causa de la rebelión, aunque sólo sea porque ésta se preparó ya antes del cambio de Gobierno. La crisis psicológica de un presidente bipolar pudo ser, quizás, la causa que provocó la rebelión armada y, por tanto, sirve como explicación, pero en modo alguno la justificaría” (página 254)

Se trata de una magnífica obra cuya lectura recomendamos desde el presente blog.

 

de Monsieur de Villefort Publicado en Historia

HÉROES Y COMPORTAMIENTOS HEROICOS

Attack

Corría el mes de abril del año 1788 cuando en la ciudad de Nueva York una muchedumbre enfurecida se dirigía a la cárcel para linchar a varios reclusos. Los encarcelados eran varios galenos que habían incurrido en un comportamiento que, aun siendo cotidiano a ojos del espectador del siglo XXI, a finales del “siglo de las luces” continuaba siendo considerado no sólo ilícito, sino impío: practicar la disección con cadáveres, que obtenían saqueando tumbas. Las autoridades, más por proteger a los doctores que por estar convencidos de que el comportamiento fuese realmente digno de prisión, optaron por recluir a los físicos en los calabozos de la ciudad. No obstante, la multitud, amparada por la impunidad que otorga al individuo el hecho de diluir su personalidad en la amorfa masa colectiva, considerando que las autoridades estaban siendo bastante complacientes optó por tomarse la justicia por su mano y acudir a la cárcel para “hacer justicia”. Es decir, “su” justicia.

Varias autoridades trataron de oponerse a la muchedumbre, y una de las personas encargadas de mantener el orden se dirigió a casa del entonces Secretario de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, John Jay, quien se encontraba aún convaleciente de una grave enfermedad. Cuando Jay fue informado de la situación, no dudó de lo que había de hacer, y tomando una espada acudió en auxilio de las autoridades para evitar el linchamiento. Cuando, junto con Alexander Hamilton, intentaba repeler a la multitud recibió una pedrada en la cabeza que hizo le hizo perder el conocimiento. Jay tuvo que ser auxiliado por otras personas y llevado a su casa con una gran brecha en la frente que incluso hizo temer por su vida. Afortunadamente, todo quedó en un susto y pudo reponerse. La esposa de Jay narraría en una epístola que dirigió a una de sus amigas los momentos de angustia que pasó cuando vio cómo varias personas introducían en casa el cuerpo ensangrentado de su marido. El que pasaría a la historia como el “doctor´s mob riot” fue sofocado cuando el gobernador de Nueva York, George Clinton, convocó a la milicia estatal para oponerse a los insurrectos. Un año después de este acontecimiento, Jay era nombrado Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Jay era una persona que rechazaba todo tipo de violencia (debido fundamentalmente a sus profundas creencias religiosas), que por principio repelía a sus sentimientos, aun cuando considerase que en ocasiones existía la obligación de oponerse a los comportamientos injustos. Pero su actuación demuestra que no dudó en luchar por defender a quienes creía víctimas de una situación injusta. Nadie le obligaba a oponerse físicamente a una muchedumbre enfurecida, y mucho menos cuando aún se encontraba convaleciente de una enfermedad grave, pero su íntimo sentido de la Justicia con mayúsculas le hizo oponerse, arma en mano, a lo que ha sido considerado por algunos como la mayor bajeza moral en que puede caer un ser humano.

El trágico fallecimiento del español Ignacio Echeverría, que armado únicamente con su monopatín no dudó en defender a varias personas que estaban siendo atacadas por terroristas, me hizo evocar el comportamiento de Jay, enfermo y que, espada en mano, hizo frente a una multitud para evitar el derramamiento de sangre inocente. Lamentablemente, Echeverría no tuvo la suerte que en su día tuvo Jay, dado que no sobrevivió al ataque. Pero sin duda alguna lo que demuestra es una afirmación vertida por el protagonista de un capítulo de la serie Bonanza: los héroes están donde uno menos se lo espera y en muchas ocasiones los comportamientos heroicos provienen de quienes uno menos se lo espera. Nadie pensó en su día que Jay fuese capaz de gestos heroicos, ni por su carácter ni por sus convicciones (muy vinculadas al cristianismo protestante); pero ante una injusticia, cuando varias personas iban a ser injustamente linchadas, no dudó en olvidarse de su propio estado de salud y de su integridad corporal para enfrentarse valientemente a un grupo de enojados ciudadanos que iban a atentar contra las vidas de personas indefensas.

CUANDO JOHN JAY SE DIVERTÍA EN SU RETIRO CON LA LECTURA DEL QUIJOTE.

Don Quijote

El día 6 de abril de 1808, mientras el reino de España se debatía en un conflicto interno que le situaba al borde de la crisis (debido a la abdicación de Carlos IV tras el motín de Aranjuez, la entronización de Fernando VII y la ocupación física del país por las tropas francesas) en la otra orilla del Atlántico tenía lugar una curiosa escena que, paradójicamente, tenía cierta conexión con la península ibérica.

Situémonos, pues, en el entorno físico en cuestión. Nos encontramos en el estado de Nueva York, más concretamente en Bedford, una pequeña aldea que apenas alcanza los dos mil cuatrocientos habitantes. Una gran casa familiar construida con exquisito gusto y cuidado preside una vasta extensión de terreno donde coexisten jardines y sembrados. En el interior de la vivienda, una joven lee en voz alta un libro que provoca las delicias de uno de sus oyentes, un venerable familiar, ya de edad provecta para la época. Poco después, en una carta privada dirigida a su madre, la joven lectora describía así la escena: “I am Reading aloud Don Quixote and no one appears more entertained at his absurdities or the humors of the renowed Sancho Panza than Uncle…” (Leo en voz alta Don Quijote, y nadie como el Tío parece divertirse tanto con las locuras del hidalgo y con las humoradas de Sancho Panza). La chica se llamaba Susan L. Ridley y la persona a la que se refería como “tío” era nada más y nada menos que John Jay, una de las personalidades más relevantes de los Estados Unidos, quien hacía siete años tomó la irrevocable decisión de abandonar la vida pública y retirarse a disfrutar de un honroso y merecido descanso tras un cuarto de siglo dedicado en cuerpo y alma tanto a Nueva York, su estado natal, como a los Estados Unidos.

Este pequeño cuadro o viñeta familiar nos hace recordar, sin duda, el Menosprecio de corte y alabanza de aldea que a finales del siglo XV escribiera Antonio de Guevara. Jay lo había sido todo o casi todo en los Estados Unidos y en su propio estado natal. Abogado de éxito, Delegado en el Primer Congreso Continental, redactor de la primera Constitución del estado de Nueva York, primer chief justice del Tribunal Supremo de Judicatura de Nueva York, Presidente del Segundo Congreso Continental, Embajador en España, miembro de la Comisión Negociadora del Tratado de Paz de París y autor del borrador de Tratado, Secretario de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Primer Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, negociador del tratado de paz entre Gran Bretaña y Estados Unidos (que aún hoy es conocido como Tratado Jay) y segundo Gobernador de Nueva York. Aun cuando había dado el salto a la vida pública muy joven, en 1774 cuando tan sólo tenía veintinueve años, en 1790, siendo chief justice, ya comenzó a pensar en retirarse de la vida pública y disfrutar de una vida pacífica y tranquila en el campo rodeado de su familia. En los frecuentes viajes por el territorio que se veía obligado a realizar para cumplir con sus obligaciones como magistrado de circuito, de vez en cuando se desviaba ligeramente hacia la aldea de Bedford para supervisar la construcción de la vivienda que estaba destinada a ser su refugio una vez abandonase la vida política activa. A finales de 1800, a punto de concluir su segundo mandato como Gobernador de Nueva York, Jay anunció su intención de no optar a la reelección y abandonar definitivamente la vida pública. Pudo haberse vuelto atrás, en tanto en cuanto el 1 de enero de 1801 recibió como inesperado regalo de año nuevo una carta del Presidente en funciones, John Adams, acompañado con su nombramiento como chief justice, puesto al que había renunciado seis años atrás en beneficio de la gobernación de su estado natal. Sin duda alguna, de haber sido un político de español de principios del siglo XXI hubiera aceptado sin duda alguna el cargo pese a todo, salpimentando además la aceptación con plañideras lamentaciones alusivas al “sacrificio de la tranquilidad personal” en pro de su “entrega al país”. No obstante, John Jay, persona de cuya honestidad personal e integridad a toda prueba nadie dudó jamás, hizo honor a su palabra y se acomodó en el lugar que años antes había elegido para disfrutar de su vida privada rodeado de su amplia familia.

No obstante, los primeros años de su retiro fueron bastante amargos. Su mujer, Sarah Livingston (once años más joven que su marido) falleció en mayo de 1802, y poco después lo hacían otros miembros de su familia, algunos de los cuales ya habían sido golpeados por la tragedia (a Peter Jay, el hermano mayor de John, una enfermedad le había privado tempranamente de la vista). Jay, persona muy realista y cuya salud siempre fue bastante delicada, era consciente, y así lo dejó por escrito, que: “Sickness and death are Visitors who cannot be excluded by “Not at Home”” (La muerte y la enfermedad son visitantes a quienes no se puede impedir la entrada diciendo “no estoy en casa”). Su profunda fe religiosa, que le acompañó desde su niñez, le ayudó a sobrellevar tan dolorosas pérdidas familiares, en tanto en cuanto siempre consideró que la existencia terrenal no era más que un preludio para la vida eterna, por lo que ello le permitió mitigar su dolor en la convicción de que sus seres queridos se encontraban en una vida mejor.

Por eso, sin duda alguna, adquiere un emotivo valor la escena descrita por la carta de Susan Ridley, en la que describía cómo quien había sido uno de los padres fundadores, que había optado voluntariamente por el retiro a la vida campestre y que se había visto dolorosamente golpeado por la adversidad al perder a su mujer y a varios de sus familiares en poco tiempo, pasaba un rato divertido solazándose con las aventuras de un hidalgo español del siglo XVII que pretendía resucitar los códigos de la caballería medieval.

de Monsieur de Villefort Publicado en Historia

QUITA LA PELUCA….JUEZ. DE PELOS, PELUCAS Y JUECES.

Peluca

Uno de los temas más jocosos e hilarantes de la Orquesta Mondragón es aquel titulado Ponte peluca, cuya frase inicial ya daba una pista sobre el tono y el motivo de la jácara: “A todos el pelo se nos caerá, más tarde o más temprano el otoño llegará.”

Pues bien, hubo una época donde tal adorno capilar adornaba las testas de Sus Señorías, algunos de los cuales podían disimular con el mismo el hecho de no tener ni un pelo….de tonto. En la mente de todos se encuentran las largas pelucas rizadas que lucían y lucen los jueces británicos, muy semejantes a las que adornaban la cabellera de Juan Sebastián Bach o Jean François Arouet, Voltaire, mientras que las de los barrister se asemejaban más a las que lucía el bonachón Carlos IV. Entonces, la peluca no era motivo alguno de burla, sino que, muy al contrario, prestaba cierto toque de distinción.

Es curioso que en estos días he leído dos anécdotas relativas al uso (o, hablando propiamente, desuso) de la peluca en el mundo judicial. Los dos hechos que a continuación voy a narrar tienen lugar en el siglo XVIII, y si geográficamente un vasto océano separa los lugares donde se produjeron, temporalmente son dos décadas la distancia que los separa.

1.- España, año 1768. Un bisoño jurista que aún no frisa el cuarto de siglo va a departir con una de las personalidades más importantes de la corte, Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, conde de Aranda. El joven, que va a tomar posesión como Alcalde del Crimen en la Audiencia de Sevilla, desea ofrecer sus respetos al conde antes de incorporarse a la ciudad bañada por el Guadalquivir. Aranda le aconseja al recién nombrado juez que no utilice la peluca propia del estamento judicial, sino que utilice su propia cabellera, sujetada en coleta con una cinta. Al incorporarse a su destino, el juez hizo caso de tal consejo y, en efecto, desterró personalmente el uso de la peluca. El juez en cuestión, como el lector habrá sin duda adivinado, no era otro que Gaspar Melchor de Jovellanos. La anécdota de la peluca aparece en la célebre Vida y obra de Jovellanos, debida a José Miguel Caso González. En el recentísimo esbozo biográfico Jovellanos: la moderación en la política, debido a Manuel Moreno Alonso (a cuya presentación tuve el inmenso privilegio de asistir) se pone en cuestión la entrevista, pero no el hecho que Jovellanos desterrase el uso de la peluca, dado que tal circunstancia se encuentra perfectamente documentada.

2.- Nueva York, 1 de febrero de 1790. William Cushing, uno de los seis jueces nombrados por George Washington para el Tribunal Supremo, abandona su casa y se dirige a la sede del Tribunal, vistiendo su toga escarlata y negra y adornando su testa con la peluca judicial característica de los jueces ingleses. Súbitamente, se apercibe que un grupo de niños le sigue disimulando la risa, sin que supiese el motivo de tal circunstancia. Es entonces cuando un marinero se acerca a Cushing y le dice: “Señor, menuda peluca!!” Aparentemente, Cushing quedó tan avergonzado que se desprendió de la misma, siendo éste el motivo por el que los jueces norteamericanos no mantienen dicho adorno en sus cabezas. O, cuando menos, eso nos cuenta Bernard Schwartz en el primer capítulo de su History of the Supreme Court of the United States.  Al igual que ocurre en el caso de Jovellanos, hay motivos para dudar de la certeza de este hecho. Cierto es que en el famosísimo retrato que Gilbert Stuart hiciera del chief justice John Jay éste aparece con toga rojinegra, pero dicha obra deja bien claro a ojos del espectador que la alopecia es un problema que no perdona ni a los jueces; en otras palabras, que por muy bien amueblada que estuviera la cabeza de Jay (que lo estaba, en efecto), a la hora de ejercer la alta magistratura su testa se encontraba desnuda de todo adorno que disimulase la calvicie. Por el contrario, en el retrato que se ha conservado de William Cushing, éste aparece tocado con peluca rizada, prueba de que el hecho narrado por Schwartz no es del todo cierto. ¿Se debería, quizá, oscuros complejos relacionados con la caída del cabello, complejos arraigados en Johnson y que en nada importaban a Jay? No podemos saberlo, pero lo que sí es un hecho incuestionable es que bajo John Marshall los jueces se desprenden de todo ornamento tanto capilar como colorista en la toga, que pasa a ser exclusivamente negra.

UNITED STATES v AARON BURR: CUANDO SE CITA EN JUICIO AL PRESIDENTE COMO TESTIGO

United States v. Burr

Richmond, Virginia. 9 de junio de 1807. El Tribunal de Circuito, integrado por el chief justice John Marshall y el juez de distrito Cyrus Griffin preside el caso United States v. Burr, el conocido como “juicio del siglo” no sólo por la personalidad de la persona encausada, Aaron Burr (que desde 1801 a 1805 había sido el tercer vicepresidente de los Estados Unidos) sino por el cargo que se imputaba al acusado, nada menos que haber cometido traición a los Estados Unidos. El juicio despertó un enorme interés en la población no sólo por la identidad del acusado y de la naturaleza del delito, sino porque en el equipo jurídico de la acusación y la defensa se reunieron los abogados más brillantes y experimentados de la época, comenzando por el propio Burr, uno de los letrados más capaces que integraron la abogacía estadounidense en su etapa fundacional.

El presidente Thomas Jefferson había calentado el ambiente buscando influir en el pronunciamiento, pues en su mensaje dirigido al Congreso en enero de ese mismo año, al destapar lo que el consideraba trama criminal ocultó los nombres de quienes estaban implicados en la misma, salvo el de Aaron Burr, “de cuya culpabilidad no puede albergarse la menor duda”, afirmación ésta última que fundamentaba en documentación secreta que obraba en su poder. Lo cierto es que la acusación, fomentada directamente por Jefferson, se fundamentaba no poco en el rencor de éste hacia el acusado, pues el “apóstol de la libertad” siempre creyó (erróneamente) que Burr había intentado disputarle la presidencia en las elecciones de 1800; base sólida ciertamente había poca, y además, el testigo principal contra Burr, James Wilkinson (comandante militar del territorio de Luisiana) sí era un traidor porque se encontraba a sueldo de la corona española (era el agente número 13) y pretendía encubrir sus propios manejos criminales proyectándolos a terceros.

Pues bien, ese día 9 de junio de 1807, Aaron Burr toma la palabra para solicitar del Tribunal la expedición de una subpoena duces tecum, es decir, una citación que tenía la particularidad de que añadía a la obligación de comparecer ante el Tribunal la de adjuntar los documentos que se solicitasen en la misma. Hasta ahí nada fuera de lo común. Pero lo que hizo saltar las alarmas en la acusación y el asombro entre el público fue cuando, tras ser preguntado por Marshall a quien se debía citar, Burr manifiesta impertérrito: “The President of the United States.” George Hay, fiscal de distrito que lideraba formalmente la acusación (aunque materialmente no dejaba de ser una figura de tercera fila) salta automáticamente de la silla y manifiesta que está dispuesto solicitar del Presidente que facilite los documentos precisos para la defensa, aunque reservándose el derecho de retener aquéllos que considerase protegidos por el secreto oficial. John Wickam, uno de los abogados de la defensa, indica que, sin poner en duda las buenas intenciones de su colega en la acusación y que, en efecto, lleve a cabo lo prometido, sin duda alguna Jefferson podía no hacerle caso. Por ello, el día siguiente, 10 de junio de 1807, Burr formula por escrito la solicitud y el juez John Marshall da la palabra a las partes para que defiendan sus tesis.

Lo esencial es que ninguna de las partes cuestionó el hecho de que el Presidente de los Estados Unidos pudiese ser citado como testigo en un asunto. John Wickam manifiesta que aun cuando el Presidente tuviera la obligación legal de comparecer, la defensa estaría dispuesta a renunciar a la presencia física de Jefferson siempre y cuando remitieran la documentación solicitada. Luther Martin, otro de los abogados integrantes del equipo de la defensa (que había ganado fama por haber logrado la absolución de Samuel Chase, uno de los jueces del Tribunal Supremo, en el impeachment al que fue sometido a principios de 1805) aprovechó la ocasión para lanzar un furibundo ataque contra el Presidente, a quien hirió donde más le dolía al acusarle de pretender equipararse jurídicamente al monarca inglés: “Surely these gentlemen do not intend to represent the president as a kind of sovereign or as King of Great Britain, he is no more than a servant of the people”; pero fue incluso más allá y dando por hecho que el Presidente no estaba exento de comparecer en juicio ni tenía privilegio procesal alguno que le eximiese de presentarse como testigo si era requerido para ello, justificó las razones por las que era procedente en el caso concreto la citación: “This is a peculiar case, sir. The president has undertaken to prejudge my client by declaring that ´Of his guilt there can be no doubt`. He assumed to himself the knowledge of the Supreme Being himself, and pretended to search the heart of my highly respected friend. He has proclaim him a traitor in the face of that country which was rewarded him. He has let slip the dogs of war, the hell-hounds of persecution, to hunt down my friend. And would this president of the United states, who has raised all this absurd clamor, pretend to keep back the papers which are wanted for this trial, where life itself is at stake?”. Por la acusación, Alexander McRae se opone a que se cite a Jefferson, pero no por la existencia de privilegio alguno, sino por ser materialmente irrelevante su testimonio. Tras manifestar su ofensa por comparer a Jefferson con el monarca inglés, McRae acepta la tesis principal de la defense, cual es, que el Presidente de los Estados Unidos no ostenta una posición procesalmente privilegiada que le excuse de comparecer ante un Tribunal si éste lo considera necesario: “Elevated as our illustrious president is, yet our principles are that when life is in jeopardy, he may be summoned like any individual, where is able to disclose important facts, and when the national interests will admit of his attendance.” La acusación si se oponía era por motivos de fondo, es decir, por considerer materialmente irrelevante para la defense tanto el testimonio que pudiera prestar tan alta autoridad como los documentos solicitados. El combate dialéctico alcanzó cotas elevadísimas tanto en la altura jurídica de los contendientes como en la intensidad y pasión con que los abogados asumieron su tarea. Tan es así que la acusación llegó a manifestar su disgusto por la agresividad verbal de los abogados defensores, si bien McRae tuvo la deferencia de disculpar a Luther Martin dada la Amistad que le ligaba a Burr, por lo que reconoció noblemente que “In the cause of friendship I can pardon zeal even up to the point of intemperance.”

El día tres días más tarde, el 13 de junio, John Marshall dicta su resolución. En primer lugar, y en lo que respecta a la naturaleza jurídica de la Presidencia, el chief justice aprovecha para dar un sonoro bofetón a su lejano primo Jefferson, pues distingue entre monarca inglés y presidente americano, diferenciando su status jurídico-constitucional: “by the constitution of the United States, the president, as well as every other officer of the government, may be impeached, and may be removed from office on high crimes and misdemeanors […] by that of the United States, the president is elected from the mass of the people, and on the expiration of the time for which is elected, returns to the mass of the people again” Pero, en lo que se refiere al fondo del asunto, es decir, a la citación judicial de un Presidente y la obligatoriedad que tiene éste de comparecer sin que ostente privilegio alguno, Marshall indica que no existe en el texto constitucional precepto alguno que avale la existencia de alguna prerrogativa jurídico-procesal que avale las tesis de Jefferson, sin que tampoco las obligaciones inherentes al cargo justifiquen su incomparecencia: “If, upon any principle, the president could be construed to stand exempt from the general provisions of the constitution, it would be because his duties, as chief magistrate, demand his whole time for national objects. But it is apparent that this demand is not unremitting, and if it should exist at the time when his attendance on a court is required, it would be sworn on the return of the subpoena, and would rather constitute a reason for not obeying the process of the court, than a reason against been issued.”

La doctrina que John Marshall estableció en la lejana fecha de 13 de junio de 1807, dejando bien clara la ausencia de prerrogativas jurídico-procesales del Presidente de los Estados Unidos y su obligatoriedad de comparecer como testigo si es citado, fueron expresamente confirmadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso United States v. Nixon, donde el entonces chief justice Warren E. Burger cita expresamente en varias ocasiones el caso Burr.

Por cierto, en 1977, la Judicial Conference of the United States efectuó una dramatización de cuatro asuntos judiciales resueltos por John Marshall, uno de los cuales fue precisamente United States v. Burr. Este documental está muy bien elaborado, cuidando hasta el detalle algunos extremos como, por ejemplo, respetar que la solicitud de la acusación de que se acordase la prisión sin fianza de Burr y la resolución del caso no se hicieron en sala, sino en la planta superior de la Eagle Tavern, en Richmond. Y, sobre todo, se apoya fundamentalmente en las actas del juicio. Personalmente, me quedo con dos momentos. El primero, la respuesta de Marshall a George Hay cuando éste pretende fundamentar la prisión sin fianza de Burr sin otra prueba que la copia de una carta (recordemos que estamos a principios del siglo XIX y no había fotocopias) y sin pruebas adicionales que lo avalasen en ese momento, aunque se presentarían “in due time”; Marshall es tajante: “In due time? Mr Hay, if you want colonel Burr to be charged on treason without bail, you must show probable cause now, here!” La segunda, cómo un irónico Burr desarma a dos de los testigos de la acusación, en especial al general Morgan cuando éste había declarado que el acusado se jactó de que el gobierno federal era tan débil que con tan solo doscientos hombres podría ocupar la capital de la nación y con quinientos la ciudad de Nueva York. Burr le preguntó: “Do you remember my tone of voice […] How do you describe it? Did I sound as if I were joking about it or did I sound seriously?”, ante lo cual el testigo no tiene otra opción que reconocer: “You sound as if you were joking”.

Para el lector que desee ver esta interesantísima recreación histórica de uno de los grandes juicios estadounidenses, se la ofrecemos a continuación:

LA SOBERANÍA POPULAR EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE NUEVA YORK PROMULGADA EN 1777.

New York Constitution 1777

Estos días he vuelto a leer algunos de los trabajos del recordado Eduardo García de Enterría, y dos son fundamentalmente los más conocidos y con los que me permito tener cierta discrepancia tangencial. Esas obras son Revolución francesa y Administración contemporánea por un lado, y La lengua de los derechos por otro. En ambos trabajos, Enterría desgrana con pasión el nacimiento de las modernas instituciones a raíz del “monumento jurídico” que fue la Revolución francesa, uno de cuyos principales logros fue despojar al monarca de la soberanía para trasladarla al pueblo. Pues bien, aunque respetando como no puede ser menos la pasión que el gran maestro de administrativistas puso a la hora de narrar el impacto que los sucesos revolucionarios franceses implicaron para el mundo actual, lo cierto es que ni los franceses fueron originales, ni crearon nada que no estuviese ya plasmado en textos constitucionales que databan cuando menos de una década antes.

El 4 de julio de 1776 se aprobó en Filadelfia la Declaración de Independencia, donde se proclamaba enfáticamente: “We hold these truths to be self evident. That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty and pursuit of happiness; that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute a new government, laying its foundations of that principles….” Queda plasmado claramente el principio de soberanía popular, pues, en esas frases que han pasado a la historia d ela ciencia política. No sólo eso, sino que los representantes manifestaban actuar claramente “in the name and by the authority of the good people of these colonies”. No obstante, sí que puede decirse que no se trataba en puridad de un texto constitucional, sino de un documento que trataba de justificar la ruptura de lazos políticos entre unas colonias y la metrópoli, pese a lo cual el principio de soberanía popular estaba claramente enunciado. Ese mismo año de 1776 John Adams, un excelente jurista que desempeñaría un papel clave en los Estados Unidos (como uno de los miembros del comité encargado de redactar la Declaración de Independencia, ulteriormente como embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, finalmente como primer Vicepresidente y segundo Presidente del país), enunciaba implícitamente el principio de soberanía popular en su célebre opúsculo Thoughts on government, cuando indicaba: “As government is an empire of laws, how shall your laws be made? In a large society, inhabiting an extensive country, it is impossible that the whole should assemble to make laws. The first necessary step, then, is to depute power from the many to a few of the most wise and good”; opúsculo donde, por cierto, efectúa uno de los ataques más furibundos a una Asamblea unicameral, para finalizar indicando que: “Because a single assembly, possessed of all the powers of government, would make arbitrary laws for their own interest, execute all laws arbitrarily for their own interest, and adjudge all controversies in their own favor.”

Pero sin duda alguna, la fecha clave a tener en cuenta es el mes de febrero de 1777. John Jay, un jurista neoyorkino que se había revelado como un líder moderado de la resistencia colonial en 1774, fue el encargado de redactar la Constitución que habría de regir el estado de Nueva York. Dicho texto, que sería finalmente aprobado el 20 de abril de 1777, consagra el principio de soberanía popular en términos rotundos y enfáticos nada menos que en el primero de los artículos: “This convention, therefore, in the name and by the authority of the good people of this State, doth ordain, determine and declare that no authority shall, or any presence whathever, be exercise over the people or members of these State but such as shall be derived from and granted by them.” Texto que se adelanta nada menos que en una década a la Constitución federal estadounidense y a sus no menos célebres tres vocablos iniciales: “We, the people”.

En 1777, Francia ni tan siquiera había dado comienzo a la fase inicial del proceso revolucionario, que se iniciaría justo diez años más tarde, en 1787, con la denominada “revuelta de los notables”, y ni tan siquiera se había planteado elaborar una Declaración de Derechos y mucho menos un texto constitucional. Sin embargo en la otra orilla del Atlántico, los representantes de las trece colonias ya habían consagrado en un documento el principio esencial de soberanía popular, y diez años antes, la Constitución del estado de Nueva York lo había positivizado nada menos que en el primero de sus artículos.

Como en tantas otras cosas, unos llevan la fama y otros cardan la lana. El canto que los administrativistas españoles, sin duda alguna por la clara influencia de su fundador, hacen de los logros de la Revolución francesa no debe llevar a olvidarnos que el constitucionalismo anglosajón alcanzó mucho de sus principios bastante antes que el galo. Y lo hizo de forma menos pretenciosa, genérica y abstracta y, por tanto, mucho más sustanciosa y apegada al terreno de la realidad. De nada sirve que se proclame enfáticamente un principio si el mismo en la práctica bien se ignora o bien se desvirtúa. Y esto último es, justamente, lo que ocurrió en el constitucionalismo europeo, y muy particularmente en el francés.