EL JUICIO SOBRE EL REFERENDUM DEL UNO DE OCTUBRE, ANTICIPADO POR FRANCISCO ASENJO BARBIERI.

barberillo

Confieso a los lectores que una de mis vías de evasión consiste en efectuar largos paseos por la ciudad mientras disfruto de la emisión en podcast de varios programas de Radio Clásica, uno de los cuales es La Zarzuela, magistralmente conducido por Martín Llade, a quien también debemos ese magnífico programa que es Sinfonía de la Mañana. Tanto mi padre como mi abuelo profesaban una gran afición a nuestro género chico (chico tan sólo en el nombre, que no en la calidad de su música) y debido a ello en la actualidad poseo un enorme repertorio de grabaciones zarzuelísticas fruto del legado de las dos generaciones anteriores, repertorio que a su vez he ampliado con ulteriores incorporaciones. De ahí que muchas de las piezas que semanalmente ofrece Martín Llade en su programa monográfico sobre la zarzuela no me sean del todo desconocidas, al haberme acompañado prácticamente desde la cuna.

El pasado sábado, mi paseo vespertino se efectuó al son de El barberillo de Lavapiés, la inmortal pieza cuya música se debe al maestro Francisco Asenjo Barbieri sobre un libreto de Luis Mariano de Larra, el hijo del “pobrecito hablador”; y en una grabación, además, que a mi juicio es la mejor de las que existen en el mercado, con intérpretes como Luis Sagi-Vela, Dolores Pérez, Mari Carmen Ramírez y Francisco Saura, todos ellos dirigidos magistralmente por el gran Federico Moreno Torroba al frente de la Orquesta Lírica Española. La zarzuela en cuestión se ambienta en el Madrid carlotercerista, más concretamente a mediados de los años setenta del siglo XVIII, sobre un fondo histórico que refleja las luchas partidistas que buscan un cambio en el poder, sustituyendo al todopoderoso marqués de Grimaldi por José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca. En medio de esas luchas de poder que apenas llegan al vulgo, que se divierte al son de seguidillas bailadas por majos y manolas, el simpático barbero Lamparilla, protagonista de la obra se ve inmerso, por el amor que profesa a Paloma (una costurera del barrio) en plena lucha de poder, en la que se ven enfrentados dos jóvenes de la nobleza, una marquesita partidaria de Floridablanca y don Luis de Haro, sobrino del ministro Grimaldi. Ciertamente, este contexto se pierde en las horrendas “escenografías” actuales, que sitúan a los personajes en épocas totalmente alejadas a aquéllas en los que debe situarse, descontextualizando así la obra y contribuyendo a que ésta pierda su encanto; adaptaciones, por cierto, a las que es bastante propenso cierto director escénico unido por vínculos familiares a uno de los intérpretes de la versión a la que nos hemos referido.

Pues bien, al inicio del Acto II, cuando el simpático barberillo explica a sus vecinos por qué fue retenido en la Cárcel de Corte, y lo hace con unos versos que me trajeron de forma automática a la memoria la deposición de cuatro miembros del anterior gobierno en el juicio que actualmente se sigue ante el Tribunal Supremo frente a los autores e instigadores del referéndum ilegal del uno de octubre. Porque juzguen ustedes si las declaraciones de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristobal Montoro y Juan Ignacio Zoido parecen inspiradas en este cantar que Lamparilla ofrece a sus vecinos de Lavapiés:

“Creo que hay, yo no se dónde

Un complot, yo no se cual

Para hacer no sé qué cosa

Que es preciso averiguar.

 

Y los jueces y escribanos

Esperaban que iba yo

A aclarar de este misterio

Toda la conspiración.

 

Mas como allí, yo nada ví

Ni nada oí, ni nada hablé

Tan listo fui, que hoy escuché

“¿Qué hace usté aquí?

¡Váyase usté!”

Lo cierto es que el proceso judicial al que hemos hecho referencia está ofreciendo un espectáculo que lo acerca en ocasiones a un ambiente zarzuelero pese a los intentos de los magistrados de cortar por lo sano, algo que no siempre consiguen. Cierto es que tanto los magistrados que integran la Sala como el presidente de la misma, todos ellos personas de amplios y sólidos conocimientos jurídicos, están haciendo un esfuerzo titánico y admirable en la tramitación de las vistas. Pero en ocasiones la situación se les va de las manos, y ello por un único motivo: tan sólo contemplan lo que tienen de frente, obviando lo situado a sus flancos. En su afán por fallar teniendo más a la vista un posible recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, están permitiendo actuaciones y excesos que cualquier acusado o testigo tendría vedadas en un órgano judicial inferior, con el agravante que tales excesos pueden ser observadas por en cualquier persona en cualquier parte del mundo gracias a la retransmisión televisiva del evento.  Que, por temor a un organismo que “pretende dar miedo y que da risa” (Quevedo dixit) una persona citada judicialmente para deponer como testigo diga que no va a contestar a las preguntas del letrado de una de las partes personadas y que el Presidente del Tribunal, con total seriedad, pregunte al letrado sujeto pasivo del veto si tiene inconveniente a trasladarle las preguntas a la presidencia para que ésta, a su vez, las traslade al deponente, es una actitud que, si pudiéramos considerarla aceptable e incluso graciosa en personas que atraviesan su infancia o adolescencia (recordemos aquél célebre episodio de Verano Azul en el que Pancho y Javi se enfadan y articulan sus conversaciones a través de Tito), esa aceptación e hilaridad necesariamente deja paso al estupor cuando el comportamiento lo lleva a cabo un jurista y en el seno de un proceso. He de confesar que hube de frotarme los ojos en varias ocasiones, pues me resistía a creer lo que estaba viendo, con el agravante, además, que no pude evitar plantearme qué estaría pensando un juez o magistrado de otro país al ver lo mismo que yo estaba contemplando.

En fin, que la zarzuela da para mucho. Y por ello finalizamos esta entrada con unos versos de Agua, Azucarillos y Aguardiente, obra de Federico Chueca (discípulo, por cierto, de Barbieri) que ilustran a la perfección lo que estará pasando por la cabeza de muchos de los procesados en cuanto a lo que les espera en el futuro:

“Si entra pronto papá en el poder

(Ilusiones del pobre señor)

Al instante, muy campante

Me voy a una provincia de Gobernador.”

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EL TRIBUNAL SUPREMO ADMITE QUE UN VOTANTE SOLICITE LA ANULACIÓN DE SU VOTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS ELECTORALES.

 

VOTO

NOTA DE URGENCIA: Acaba de ver la luz una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que puede servir de hito para regenerar la democracia, toda vez que estima la demanda interpuesta por un particular solicitando de la Junta Electoral la anulación del voto emitido en las elecciones generales de 2011 alegando haber optado por una formación política basándose lo erróneo de la información suministrada por el partido en cuestión en su programa electoral y en la actuación posterior del mismo una vez en el Gobierno.
Por su evidente e innegable interés, transcribimos íntegramente este impresionante documento.

DOCUMENTO ANEXO:

Recurso 2812/2015
Sección Decimotercera
Sala de lo Contencioso-Administrativo
TRIBUNAL SUPREMO

Vistos por los Iltmos. Sres. Magistrados integrantes de la Sección Decimotercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don HOMOBONO QUIÑONES DE MUNGUÍA, representado por el Procurador de los Tribunales JOSETXU LETÓN DE QUIRÓS y defendido por el letrado JOSEMA TXACO LATXOLA frente a la Junta Electoral Provincial de Vizcaya, representada y defendida por el Letrado de las Cortes FELIPE PINILLOS DE SAN JERÓNIMO.

Ha sido ponente el Iltmo. Sr. Magistrado don LUCAS MARCOS SANTOS EVANGELISTA, que expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El demandante, don Homobono Quiñones de Munguía, vecino de la villa de Urbía pero transitoriamente desplazado a la Línea de la Concepción por motivos laborales, emitió su voto por correo en las elecciones generales celebradas el día 20 de noviembre de 2011. Lo hizo por correo, optando por la formación política “Partido Papilar”. Consta acreditado mediante escritura notarial otorgada el día 3 de noviembre de 2011 por el notario del Ilustre Colegio de Andalucía, don Francisco Jiménez de Cantillana, que, en su presencia, don Homobono Quiñones de Munguía depositó en un sobre la papeleta electoral correspondiente al Partido Papilar, cerrándose en presencia del citado fedatario público y no perdiendo de vista éste el indicado sobre hasta su depósito en las Oficinas de Correos, pues a requerimiento del hoy demandante, acompañó a éste en todo momento para que, citamos textualmente de la escritura, “no se perdiera la cadena de custodia”. El voto fue debidamente emitido.

Segundo.- El día 29 de febrero de 2012, el demandante, a la vista de que el nuevo gobierno salido de las elecciones generales citadas en el párrafo anterior incumplía las promesas efectuadas, interpuso ante la Junta Electoral Provincial un recurso extraordinario de revisión planteado al amparo de lo dispuesto en los artículos 118.1 de la entonces vigente Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común así como en el 169.1 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Alegaba, en síntesis, que la opción de su voto radicó en la información electoral suministrada en los programas electorales de las distintas formaciones políticas que les fueron remitidos vía postal. A la vista de la contradicción entre la información vertida en las papeletas y la actuación del partido político destinatario del voto de don Homobono, es evidente que en la información suministrada se incluyeron errores de hecho que propiciaron la inclinación del demandante por la formación política indicada.

Finalizaba solicitando se suprimiese su papeleta electoral de las contabilizadas en la provincia en cuestión en favor del Partido Papilar, suprimiendo igualmente dicho voto de todos los listados y registros oficiales.

Tercero.- Mediante Resolución 175/12 de 31 de junio, de la Junta Electoral Provincial de Vizcaya, se desestima el recurso presentado. Sin entrar en mayores disquisiciones, la Junta entiende que una vez emitido el voto ciudadano, no cabe formular óbice jurídico alguno, y mucho menos solicitar la nulidad del mismo, por lo que la única acción que cabe al ciudadano recurrente sería el mutar su opción en los siguientes comicios.

Impugnada dicha resolución ante la Junta Electoral Central, ésta mediante Resolución de 31 de septiembre de 2012 confirma íntegramente el pronunciamiento de la Junta Electoral Provincial, llegando a insinuar la existencia de un abuso de derecho del recurrente.

Cuarto.- Con fecha 12 de octubre de 2012, don Homobono Quiñones de Munguía interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Su recurso reproducía en líneas generales, las argumentaciones sostenidas en vía administrativa y que hemos resumido en el segundo antecedente fáctico.

Por la parte demandada se opuso causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, al encontrarnos ante una cuestión de naturaleza estrictamente política y no jurídica, no susceptible, por tanto, de enjuiciamiento por el orden contencioso-administrativo. Subsidiariamente, solicitó la desestimación al no concurrir causa alguna de recurso de revisión por no existir ningún error de hecho y, en todo caso, que el mero incumplimiento por parte de una formación política de las promesas efectuadas puede deberse a causas de naturaleza diversa no imputables a la misma, como la ausencia de una mayoría parlamentaria suficiente que obligue a efectuar renuncias y transacciones.

Mediante Sentencia 2175/2015 de 31 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dicta sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.

Quinto.- El día 28 de diciembre de 2015 la representación procesal de don Homobono Quiñones de Munguía interpone recurso de casación ante esta Sala frente a la resolución judicial citada en el último párrafo del expositivo anterior.

CUESTIONES JURÍDICAS PLANTEADAS

Primera.- Si la solicitud de un ciudadano solicitando se anule su voto emitido en unas elecciones generales es una cuestión política excluida del control judicial por los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Segunda.- Si el incumplimiento de las promesas electorales efectuadas de forma fehaciente puede considerarse como suministro de información errónea a los efectos de solicitar la anulación del voto.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Sobre la naturaleza política o no de la solicitud de anulación del voto por parte del emisor.

1.1.- Legislación aplicable e interpretación.

Forzoso es principiar dilucidando si nos encontramos ante una cuestión de naturaleza política excluida del control jurisdiccional o, por el contrario, ante una pretensión con encaje en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Y para ello, es menester efectuar un breve repaso histórico-normativo.

El artículo 2.b) de la antigua Ley de 26 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa excluía de la misma “las cuestiones que se susciten con los actos políticos del Gobierno, como son los que afecten a la defensa del territorio nacional, relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización militar, sin perjuicio de las indemnizaciones que fueren procedentes, cuya determinación sí corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.” La exposición de motivos de dicha norma afirmaba que los actos políticos: “…no constituyen una especie del género de los actos administrativos discrecionales, caracterizada por un grado máximo de la discrecionalidad, sino actos esencialmente distintos, por ser una la función administrativa y otra la función política, confiada únicamente a los supremos órganos estatales.”

Parece evidente que de una interpretación tanto literal como sistemática se reducía el ámbito de los actos políticos a los emanados “del Gobierno” y únicamente en determinadas áreas, alguna de ellas explícitamente enumeradas en el precepto.

Pero la aprobación del texto constitucional hizo que su artículo 24 desplegase sus efectos sobre el anterior precepto legal, que en la práctica debía considerarse derogado. Buena prueba de ello son las tres Sentencias de 4 de abril de 1997 de esta Sala (asunto “papeles del CESID”) que dejaron bien sentada la superación de la doctrina del acto político excluido del control jurisdiccional.

El artículo 2.a) LJCA incluye en el ámbito del control jurisdiccional: “La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.” Es decir, que se elimina de forma expresa la naturaleza a los actos políticos, algo que, por si aún hubiese el más mínimo asomo de duda, la Exposición de Motivos deja meridianamente claro:

“En cambio, la Ley no recoge ya, entre estas exclusiones, la relativa a los llamados actos políticos del Gobierno, a que se refería la Ley de 1956. Sobre este último aspecto conviene hacer alguna precisión. La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de Derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad -llámense actos políticos, de Gobierno, o de dirección política excluida «per se» del control jurisdiccional. Sería ciertamente un contrasentido que una Ley que pretende adecuar el régimen legal de la Jurisdicción Contencioso-administrativa a la letra y al espíritu de la Constitución, llevase a cabo la introducción de toda una esfera de actuación gubernamental inmune al derecho. En realidad, el propio concepto de «acto político» se halla hoy en franca retirada en el Derecho público europeo. Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genéricamente un ámbito en la actuación del poder ejecutivo regido sólo por el Derecho Constitucional, y exento del control de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho.”

No hay, por tanto, actos de naturaleza política excluidos del control jurisdiccional.

1.2.- Aplicación al caso concreto enjuiciado.

Lo expuesto en el punto anterior basta tanto para estimar la presente casación como para rechazar de forma rotunda las tesis del Letrado de las Cortes Generales en cuanto a la existencia de una cuestión política.

En efecto, no estamos ante un acto “del Gobierno” o de “los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas”, únicos supuestos en los que podría (utilizamos el condicional de forma deliberada) hablarse de una cuestión política, sino ante una pretensión de un ciudadano particular, por lo que mal cabe hablar de cuestión política.

En este caso, el demandante articuló una pretensión que residenció ante los órganos administrativos competentes y ante cuya desestimación acudió, como era su legítimo derecho, a los órganos judiciales en demanda de tutela judicial efectiva.

La pretensión del recurrente tendrá mayor o menor acierto, mejor o peor fundamento o será más o menos acertada, pero en modo alguno cabe sostener que nos encontramos ante una cuestión política excluida del orden jurisdiccional.

Lo que sí constituye un clarísimo ejemplo de mala fe rayana en el abuso de derecho es que en la segunda década del siglo XXI un defensor público considere vigente dicha causa de inadmisibilidad, lo que bordea peligrosamente los muros del artículo 247.3 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En definitiva, que dicho que en este punto el motivo del recurso debe ser estimado y, en consecuencia, casada la sentencia impugnada en dicho particular.

Lo cual nos lleva de lleno a la siguiente cuestión.

Segunda.- Sobre el incumplimiento de las promesas electorales y sus consecuencias jurídicas respecto al voto emitido.

Lo peculiar y novedoso de esta pretensión hace que las consideraciones de este Tribunal deban analizarse de forma ciertamente ponderada.

Está fuera de toda duda que el Partido Papilar, a quien el recurrente en casación votó en las elecciones generales celebradas en noviembre de 2011 incumplió de forma constante y reiterada sus promesas electorales. Las consideraciones efectuadas por el Letrado de las Cortes Generales acerca de las necesarias transacciones y renuncias mutuas en aras a la formación de un gobierno estable no pueden considerarse más que como una afirmación grotesca, dado que la formación política que sustentaba el gobierno había obtenido la mayoría absoluta y, por tanto, no precisaba efectuar transacción o renuncia alguna para alcanzar la jefatura del ejecutivo. Aun cuando este es un dato que no figura en el expediente, claro está que nos encontramos ante un hecho público y notorio del que no podemos prescindir, por cuanto: “No podemos cerrar nuestros ojos a cuestiones de notoriedad pública y conocimiento general. Cuando tomamos asiento en el estrado, no nos vemos afectados por la ceguera ni se nos prohíbe conocer como jueces lo que contemplamos como hombres” (juez Stephen Field, en el caso Ho ah Kow v. Nunan).

Lo decisivo, por tanto, es verificar si las promesas contenidas en la propaganda electoral constituyeron un falseamiento de la realidad hasta el punto de que esa realidad deformada pudiera influir en la voluntad del elector a la hora de emitir su voto. Y consideramos que sí lo es.

Aun cuando, según las palabras de cierto político pronunciadas en los años de la transición, “las promesas electorales están para no cumplirlas”, es evidente para cualquier persona con un mínimo de raciocinio que, cuando una formación, sea de la ideología que fuere, incluye en sus papeletas electorales unas promesas busca la confianza del ciudadano en base a esas manifestaciones de lo que será la acción del futuro gobierno sustentado por la formación política en cuestión. Es evidente, por tanto, que esas promesas constituyen, en innumerables ocasiones, la única guía del elector a la hora de escoger entre las distintas formaciones. Esa confianza en que la formación votada respetará la palabra dada se constituye, así, en el fundamento de la democracia en su más noble acepción.

Por tanto, cuando se acredita que una formación política incumple, desde su misma llegada al gobierno, de forma reiterada lo prometido de forma pública y fehaciente en campaña, ha nublado la voluntad del elector bien ocultándole la realidad o bien presentándola deformada. En otras palabras, suministra información errónea. Ello hace no sólo quebrar la confianza, sino que de forma automática convierte en errónea e incursa en falta de veracidad la información suministrada para la elección de los parlamentarios de dicha formación.

Manifiesto y claro es, por tanto, que nos encontramos ante una causa que fundamenta plenamente la solicitud de revisión instada por don Homobono y que, por tanto, la Junta Electoral Provincial debe acceder a lo solicitado, suprimiendo su voto emitido en favor del Partido Papilar y detrayéndolo de todos los registros y documentos oficiales.

Este Tribunal tiene plena consciencia de la, en principio, radicalidad de la doctrina expuesta en los párrafos anteriores, de ahí que la misma deba ser aplicada con extrema prudencia. Pero una lectura más detenida tanto de los hechos y del fundamento destruye esa impresión inicial. Y ello por cuanto no basta con que un ciudadano simplemente manifieste haber emitido su voto a favor de una determinada formación, sino que ha de acreditar fehacientemente dicho voto, pues la simple afirmación no garantiza la veracidad de la misma, e incluso podría ser invocada por votantes de otra formación con la finalidad de detraer sufragios legítimos a otro partido rival. En el presente caso, don Homobono ha cumplido con creces los elevados requisitos exigidos, pues se aseguró de acreditar la autenticidad de su voto merced a una escritura pública notarial en la que se contempló la introducción en el sobre de la papeleta electoral de la formación política Partido Papilar, el cierre del mismo y el depósito del sobre en las dependencias de correos, sin que el notario otorgante perdiese de vista el mismo en ningún momento, vedando la posibilidad de un cambiazo o de una trampa.

En definitiva, que este segundo motivo debe ser estimado, y revocarse la sentencia impugnada dictando, en su lugar, otra estimando íntegramente la demanda en todos sus extremos, con expresa imposición de costas a la Administración en los términos y con los límites del siguiente fundamento.

Tercero.- Costas.

3.1.- No ha lugar a imponer las costas de la presente instancia.

3.2.- Procede imponer las costas de la instancia a la Administración demandada, con un límite máximo de diez mil euros (10.000 €), IVA no incluido.

Por todo lo anteriormente expuesto

FALLAMOS

Primero.- Estimar el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales JOSETXU LETON DE QUIRÓS en representación de don HOMOBONO QUIÑONES DE MUNGUÍA frente a Sentencia 2175/2015 de 31 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que se casa y se deja sin efecto, todo ello sin expresa imposición de costas en lo que a esta instancia se refiere.

Segundo.- En su lugar, estimar el recurso interpuesto por el Procurador de los Tribunales JOSETXU LETON DE QUIRÓS en representación de don HOMOBONO QUIÑONES DE MUNGUÍA frente a la Junta Provincial de Vizcaya y, en consecuencia:

2.1.- Suprimir el voto de don HOMOBONO QUIÑONES DE MUNGUÍA emitido en favor de la formación política Partido Papilar, detrayéndolo de todos los listados y registros oficiales

2.2.- Imponer las costas a la Administración demandada con un límite de diez mil euros (10.000 €), IVA no incluido.

La presente resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

LA ADMINISTRACIÓN, EN LA BASURA.

CONTENEDOR

En el año 1985, dentro del magazín radiofónico diario Protagonistas, comenzó a emitirse una vez a la semana el espacio titulado Debate sobre el estado de la nación, donde un peculiar e impagable grupo de comediantes que se autodenominaban “señorías” y que se encontraban entre lo más granado del panorama humorístico español  (Antonio Mingote, Manuel Summers, Tip y Coll, Alfonso Ussía, Chummy Chummez, Jordi Estadella, Antonio Ozores), desgranaban la actualidad con un envidiable e intenso sentido del humor. El programa constituía un verdadero oasis donde refugiarse de la triste realidad y durante cincuenta minutos más de una vez el propio Luis del Olmo se vio imposibilitado de contener la risa. En el mismo lo cotidiano se convertía en objeto de severa crítica desde el prisma humorístico, dando lugar a poemas y ripios que iban desde la hilarante escatología de Chummy Chummez (“la llevo dentro de mi/con ella es mi amanecer./Ay, almorrana, almorrana/tienes nombre de mujer”), a la cómica seriedad de Mingote (“A un político ruín, de seso escaso/payaso le han llamado injustamente./¡Nunca será ridículo un payaso.!).

Pero, sin duda alguna, el alma del espacio era Luís Sánchez Pollack Tip, uno de los más brillantes humoristas que han existido en España. En cierta ocasión inauguró una sección dedicada a exponer curiosísimos timos, en los que muchas veces improvisaba. En uno de ellos, creo recordar que era el “timo de las carnestolendas afrodisíacas”, un timador llamaba a la puerta de un domicilio, y al recibirle la señora de la casa, tenía lugar este diálogo, según nos contaba el genial humorista valenciano:

-¿Dónde está su marido? (pregunta el caco, o presunto caco).

-Está haciendo caca (responde la ingenua vecina).

-¿Puedo pasar? Soy el contador de vientres, y vengo a revisar el contador de su marido

Confieso que cuando hace apenas un año en determinado Ayuntamiento de una villa española anunció que los contenedores destinados a la recogida de residuos iban a tener que abrirse con tarjeta identificativa para controlar los residuos que generan los ciudadanos, ello me hizo evocar de forma inmediata la divertida narración que Tip efectuara a principios de los años noventa. ¡Quién iba a decir que la ficción humorística iba a convertirse en realidad!

Exagera usted, me dirá sin duda alguna el atento lector, pues la Administración no ha instalado contadores de vientres. Pues bien, si uno profundiza un poco comprobará que, por el momento (incido en este punto, por ahora) la Administración en efecto, no cuenta todos los vientres, si bien ello no se debe en modo alguno a falta de ganas, sino a la carencia de medios técnicos y humanos para ello, que sin duda alguna con el tiempo no tardará en perfeccionar. Pero sí bien no directamente, de forma implícita sí que cuenta determinados vientres, en concreto los de los más pequeños. Porque es evidente que quienes por su cortísima edad no han aprendido aún a controlar su aparato excretor, han de valerse de los pañales a la hora de efectuar la necesaria deposición, y dichos pañales con su oloroso aditamento habrán de depositarse en los contenedores pertinentes, que no son otros que los destinados al residuo orgánico, para cuya apertura el interesado precisará utilizar la correspondiente tarjeta identificativa. Ya tenemos, pues, el hecho: de forma indirecta la Administración puede controlar la intensidad de emisión y el volumen de las heces de determinados individuos, precisamente la de quienes por edad son más indefensos. No tardarán en idearse inodoros que precisen una identificación cada vez que sean utilizados, y sin duda alguna las autoridades impondrán en el futuro la obligatoriedad de instalarlos en las viviendas so pretexto de que el interés público justifica la medida, para contribuir al ahorro del consumo de agua y suponer una medida contra el cambio climático. No faltarán tampoco quienes defiendan que, además, por cada uso del inodoro deba imponerse el “céntimo defecario” como instrumento de política medioambiental.

En fin, que la Administración se refocila literalmente (y se refocilará aún más en el futuro) en las heces, excrementos, residuos y basuras. Claro está que, para mayor comodidad de sus empleados, lo hará de forma indirecta, trasladando la carga al ciudadano. Es de lamentar tamaña falta de valor y renuncia a enviar inspectores que examinen, literalmente, los contenedores de basura, como en cierta ocasión hicieron los empleados públicos de uno de los estados que integran la federación para intentar demostrar la falsedad del domicilio fiscal indicado por el sufrido contribuyente, que veía menoscabado así el aspecto menos limpio de su intimidad.

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

EL GOBIERNO OPTA POR LOS “TRIBUNALES POPULARES” COMO SOLUCIÓN PARA EVITAR RESOLUCIONES JUDICIALES CONTROVERTIDAS.

JURADO POPULAR

Hemos tenido conocimiento que, en reunión extraordinaria celebrada hoy domingo día 29 de abril del 2018, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al siguiente

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
CREACIÓN DEL TRIBUNAL POPULAR Y DEL
JURADO POPULAR

I

Los acontecimientos vividos en los últimos tiempos acreditan un distanciamiento entre la Administración de Justicia y la opinión pública que no sólo amenazan con socavar los cimientos del propio Estado de Derecho, sino la misma convivencia ciudadana. Un recto enjuiciamiento debe estar incuestionablemente ligado a la percepción ciudadana de la justicia, de tal manera que las resoluciones judiciales puedan ser calificadas no sólo como ajustadas a Derecho, sino verdaderamente populares.

El artículo 117 de la Constitución establece que la Justicia emana del pueblo, y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Cierto es que hasta el momento el Poder Judicial lo han integrado jueces y magistrados de carrera, seleccionados en base a la capacitación profesional demostrada en la superación de unas pruebas selectivas. Pero la experiencia práctica ha demostrado que precisamente esa preparación para las pruebas ha contribuido a aislar a la judicatura de su elemento natural, el pueblo, lo que ha de ser corregido de alguna forma, mediante la incorporación de miembros que se demuestre se encuentran más cercanos al sentir del pueblo.

La presente Ley Orgánica tiene por objeto suplir esas carencias incorporando una serie de mecanismos legales tendentes a conectar las resoluciones judiciales con el sentir mayoritario de la población.

II

En primer lugar, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial a los efectos de crear el Tribunal Popular, como órgano de enjuiciamiento de determinados asuntos que tengan una indudable trascendencia. Con ello se pretende evitar el penoso espectáculo de los juicios mediáticos, lo cual se hace no sólo incorporando a destacados miembros del sector audiovisual como integrantes del mismo, sino habilitando los platós de televisión como salas de vistas y garantizando en todo caso la mayor publicidad mediante la difusión radiofónica, televisiva y virtual del procedimiento.

En segundo lugar, se modifica la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para ampliar su ámbito objetivo y para alterar su composición, garantizando en todo caso una pluralidad interna del mismo.

Título I
Del Tribunal Popular

Artículo 1.- Modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio, Orgánica del Poder Judicial.

1.1.- Dentro del Título IV, se crea el Capítulo II bis, con la rúbrica “Del Tribunal Popular”.

1.2.- Se crea un nuevo artículo 69.bis integrado en el Capítulo II bis del Título IV, con la siguiente redacción:

“1. Se crea, con jurisdicción en toda España, un Tribunal Popular.

2. El Tribunal Popular estará integrado por tres personas, elegidas por un periodo de cinco años mediante sorteo de entre los profesionales de la radiodifusión con reconocido prestigio que tengan una antigüedad mínima de dos años en la presentación de magazines que aborden el análisis de la actualidad política, social o del corazón, y que tengan, cuando menos, un cinco por ciento de share.

El cese o dimisión del profesional del espacio televisivo que estuviera conduciendo o presentando supondrá de forma automática el cese como integrante del Tribunal Popular.

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento que ha de regir la elección por sorteo y las garantías del mismo.

3. El Tribunal Popular conocerá del enjuiciamiento de todas aquéllas causas que tengan notoria relevancia mediática, social o popular. Mediante ley se establecerán las características que ha de tener una causa para ser calificada como de notoria relevancia.

4. En el momento que cualquier órgano judicial esté conociendo de un asunto que pase a tener las características establecidas en el párrafo anterior, transferirá de forma automática la causa al Tribunal Popular.”

1.3.- Se crea un nuevo artículo 69.ter integrado en el Capítulo II bis del Título IV, con la siguiente redacción:

“1. Las actuaciones del Tribunal Popular serán públicas, sin que ningún caso podrá declararse el secreto de sumario o las actuaciones a puerta cerrada.

2. La sede del Tribunal Popular será la del plató de mayor extensión de cada una de las televisiones en abierto que emitan en el país, estableciéndose una rotación por turnos en cada una de ellas.

3. Todos los juicios que conozca el Tribunal Popular serán televisados en abierto, con la excepción de las deliberaciones del jurado, que serán a puerta cerrada.”

Título II
Del Jurado Popular

Artículo 2.- Modificación del artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo.

Se añade una nueva letra g) al apartado 1, con la siguiente redacción: “Delitos que sean calificados de notoria relevancia”.

Se añade una nueva letra i) al apartado 2, con la siguiente redacción: “Delitos que sean calificados de notoria relevancia”

Se modifica el apartado 3, que pasa a tener la siguiente redacción: “El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial y del Tribunal Popular. En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional, salvo que éstos sean transferidos al Tribunal Popular por ser calificados de notoria relevancia.”

Se añade un apartado 4, con la siguiente redacción: “Los asuntos que sean conocidos por el Tribunal Popular serán enjuiciados por el Jurado Popular.”

Artículo 3.- Modificación del artículo 2 de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo.

Se añade un párrafo tercero al apartado uno, con la siguiente redacción: “El jurado popular se compondrá de doce miembros. Se elegirá de entre ellos un presidente, que ejercerá las funciones especificadas en el artículo 4”

Artículo 4.- Modificación del artículo 3 de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo.

Se añade un nuevo apartado 5, con la siguiente redacción: “El jurado popular será competente en todos los casos de los que conozca el Tribunal Popular.”

Artículo 5.- Se añade una nueva sección cuarta al capitulo II, con la rúbrica “Del jurado popular.”

Artículo 6.- Se crea un nuevo artículo 23.bis, dentro de la sección cuarta del capítulo II, con la siguiente redacción:

“1. Seis de los miembros del jurado popular se elegirán de entre españoles que tengan la condición de contertulios en magazines o programas de análisis político, social o sentimental, y los seis restantes entre representantes de organizaciones representativas de intereses políticos y sociales.

2. Los candidatos procedentes de los magacines o programas de análisis político, social o sentimental serán elegidos mediante votación popular efectuada por medios telemáticos en el seno del propio programa, donde deberá anunciarse el resultado. No podrán formar parte del jurado más de dos representantes de un mismo programa

Por Real Decreto se establecerán los procedimientos de elección y las garantías para asegurar la transparencia de la elección y del resultado.

3. Los seis miembros procedentes de las organizaciones políticas y sociales serán elegidas por cada uno de los partidos, asociaciones o entidades del sector.”

Disposición Adicional.- El Gobierno, en el plazo de un año, elaborará un proyecto de ley que regule la apellatio ad populum de las resoluciones emanadas del Tribunal Popular.

Disposición Final.- La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación oficial.

Según afirma la agencia JOTA, fuentes del Gobierno han barajado los nombres de Antonio García Ferreras, Carlos Herrera, Juan Ramón Lucas, Julia Otero, Ana Rosa Quintana, Federico Jiménez Losantos, Jorge Javier Vázquez y Susana Griso como potenciales candidatos a integrar el Tribunal Popular. El ministro portavoz, al ser preguntado al respecto, se limitó a sonreir e indicar que su preferida es Susana Griso, aunque manifiesta encontrarse abierto a otras opciones, puesto que nada está decidido aún. Confía, eso sí, en que esta pionera experiencia conduzca el éxito y pueda eliminar, de una vez por todas, la barrera que existe entre Administración de Justicia y ciudadanía. “Es hora de dar la voz al pueblo y que sea éste el auténtico señor de sus destinos”, manifestó públicamente el titular de la cartera de Justicia, quien, evocando sus orígenes y parafraseando a Forrest Gump, indicó que: “La Justicia es como una máquina tragaperras. Nunca sabes cuándo te va a salir el premio gordo.” El presidente del Gobierno rehusó hacer cualquier tipo de comentario limitándose a un escueto: “jo, que tropa!

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

EL GOBIERNO CREA UN NUEVO IMPUESTO QUE GRAVA A PEATONES Y VEHÍCULOS POR EL USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS.

Vía pública

El responsable de este blog, gracias a los impagables esfuerzos realizados por su gran amigo A.J. Raffles, ha tenido acceso a este impresionante documento, que no es otro que el borrador del Anteproyecto de Ley elaborado por los servicios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para crear una nueva figura impositiva. Dado su notable interés, faltaríamos a nuestra responsabilidad si no lo compartiésemos con nuestros lectores.

 

ANTEPROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE UTILIZACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS POR DESPLAZAMIENTOS PERIPATÉTICOS O VEHICULARES

 

I

 

Es evidente que hoy en día el uso de las vías públicas es habitual y frecuente, ya sea en su vertiente individual mediante el paseo físico del caminante que, por trabajo u ocio, efectúa desplazamientos continuos por las vías públicas –bien sin otro soporte que el de sus extremidades inferiores, bien mediante uso de vehículos de tracción pedestre o mecánica- ya sea en la vertiente colectiva a través de los medios de transporte.

Lo cierto es que ese aspecto cotidiano, por lo frecuente y habitual del mismo, oculta un hecho determinante, cual es el desgaste de las vías públicas debido al constante uso del mismo. A tales efectos, es indiferente cual sea el motivo que ocasiona el desplazamiento, o que el mismo sea voluntario o forzoso, por ocio o por trabajo, pero sin duda lo esencial en este punto es el progresivo desgaste de las vías públicas, ya sean calles, caminos, plazas, autopistas, autovías o cualquier otra vía de comunicación terrestre, con las inevitables consecuencias que ello acarrea en cuanto el desgaste disminuye la seguridad de tales vías y, en consecuencia, se constituye en un potencial foco de peligro para los usuarios del mismo.

Es evidente que el necesario mantenimiento de dichas vías no puede recaer, en justicia, en la misma proporción en todos los ciudadanos, por cuanto repugna al sentido común que quien apenas utilice las vías se vea obligado a satisfacer los gastos de reparación y mantenimiento en la misma cuantía que quien lo utiliza con mayor frecuencia. De ahí que el Gobierno haya considerado prudente articular un sistema equitativo y eficaz a través de la política impositiva, articulando el Impuesto por el uso de las vías públicas, cuya recaudación podrá vincularse al mantenimiento y reparación de dichas vías.

II

El Impuesto sobre Utilización de las Vías Públicas por Desplazamientos Peripatéticos o Vehiculares (IUVPDPV) se constituye en una nueva figura tributaria, de naturaleza personal, objetiva y directa cuyo hecho imponible consiste en el uso de las vías públicas por personas físicas así como a las personas jurídicas dedicadas al transporte de particulares. En este sentido, el tributo tiene vocación de permanencia y estabilidad, limitándose a gravar el uso de los caminos terrestres, dejando para un ulterior momento la posibilidad de establecer un gravamen análogo para el supuesto de vías marítimas y aéreas.

CAPÍTULO PRIMERO

Artículo 1.- El Impuesto sobre Utilización de las Vías Públicas por Desplazamientos Peripatéticos y Vehiculares es un impuesto personal, de naturaleza directa y objetiva, que grava la utilización de las vías públicas por particulares y empresas, en los términos previstos en la presente ley.

Artículo 2.- El Impuesto sobre Utilización de las Vías Públicas por Desplazamientos Peripatéticos y Vehiculares se exigirá en todo el territorio nacional.

 

CAPÍTULO SEGUNDO

Artículo 3.- Constituye el hecho imponible del impuesto el uso, por cualquier medio y debido a cualquier motivo, de todo tipo de vías públicas, ya sean éstas autopistas, autovías, carreteras (ya sean nacionales, provinciales, comarcales o locales), caminos, sendas, vías, aceras o similares.

No se encuentra sujeto al presente impuesto el uso de vías de titularidad privada, ni la utilización de vías acuáticas o aéreas.

Artículo 4.-

  1. Son obligados tributarios del presente impuesto, en su condición de contribuyentes:

A.- Las personas físicas que utilicen las vías públicas.

B.- Las personas jurídicas cuyo objeto social sea el transporte terrestre de mercancías y viajeros. En el caso de las personas jurídicas cuyo objeto social sea distinto del anterior, los obligados tributarios serán las personas físicas que efectúen el transporte ocasional, sin perjuicio de que puedan repercutir el mismo a la empresa o entidad por cuenta de la cual efectúan el desplazamiento.

2.- Se encuentran exentos del presente impuesto:

A.- Los transportes públicos de viajeros, cuando el mismo sea gestionado por una entidad pública, bien directamente o bien mediante sociedad mercantil de capital total o mayoritariamente en manos de la entidad pública.

B.- Los servicios de ambulancia, bomberos y policía.

C.- El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, los Consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas y los Concejales de Hacienda de las entidades locales, así como sus familiares hasta el sexto grado de cosanguinidad o afinidad

Artículo 5.- Constituye la base imponible del impuesto el número de kilómetros que durante el año natural se hayan efectuado en todo tipo de vías públicas. En el supuesto de las empresas dedicadas al transporte terrestre de mercancías y viajeros la base imponible estará integrada por la suma total de los kilómetros efectuados por todos los vehículos que constituyen su flota de transporte.

A efectos del cálculo de la base imponible se estará a lo dispuesto en las normas de gestión del tributo reguladas en el capítulo siguiente.

Artículo 6.-  La cuota tributaria es el resultado de aplicar en la base imponible el siguiente porcentaje:

A.- Personas físicas: 0,5

B.- Personas jurídicas: 0,05

CAPÍTULO TERCERO

Artículo 7.- El Impuesto se devenga el 1 de enero, siendo el periodo impositivo el año natural. El mismo será exigible y, en consecuencia, deberá ser ingresado entre los días 1 y 30 de agosto del año siguiente al del periodo impositivo, mediante autoliquidación. A tal efecto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas elaborará, mediante la correspondiente Orden Ministerial, el impreso correspondiente, que necesariamente llevará la denominación 666/HAC/IDP-UT/A.

 

Artículo 8.- Las empresas encargadas de la Inspección Técnica de Vehículos efectuarán en cada revisión el cálculo de kilómetros que se han efectuado en el vehículo examinado. Se presume que dicha cantidad de kilómetros se corresponde con desplazamientos efectuados en las vías públicas, correspondiendo al particular la carga de la prueba de que todo o parte de la misma se corresponde a desplazamientos efectuados en vías de titularidad privada.

Artículo 9.- Las personas físicas estarán obligadas a implantar por vía intraepidérmica un chip encargado de  calcular las distancias recorridas por el individuo. Reglamentariamente se establecerán los requisitos de homologación y verificación periódica de dicho chip, que deberá activarse automáticamente una vez que el individuo salga de su domicilio.

La negativa de un individuo a implantar el chip regulado en el párrafo anterior será considerada como delito de rebelión.

 

Disposición Adicional Primera.- Se autoriza al Ministro de Hacienda, mediante Orden Ministerial, a actualizar los porcentajes regulados en el artículo sexto.

 

Disposición  Adicional Segunda.- La presente Ley entrará en vigor el día 29 de febrero de 2018.

Disposición Adicional Tercera.- Se añade un nuevo artículo 472 bis a la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, con la siguiente redacción: “Serán igualmente reos del delito de rebelión las personas físicas que, tras haber sido formalmente requeridas para ello por la autoridad pública, rehúsen implantar en su cuerpo el chip regulado en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre Utilización de las Vías Públicas por Desplazamientos Peripatéticos o Vehiculares así como su normativa de desarrollo.

Disposición Adicional Cuarta.- Las cantidades que se recauden con el presente impuesto estarán íntegramente vinculadas al mantenimiento, conservación y reparación de las vías públicas terrestres, salvo que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas disponga otra cosa. A estos efectos, será válido y suficiente la simple comunicación verbal del Ministro de Hacienda para anular la vinculación establecida en la presente Disposición.

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

EL “MINISTERIO DEL TIEMPO” VISTO DESDE EL DERECHO ADMINISTRATIVO.

Ministerio del Tiempo

En mi condición de espectador confeso de la serie El Ministerio del Tiempo, y como jurista práctico que maneja diariamente el ordenamiento jurídico-administrativo, he decidido seguir los divertidos planteamientos con los que mi admirado José Ramón Chaves nos obsequia en su blog, de tal forma que reflexiono en voz alta sobre diversos aspectos que dicha serie plantea desde el punto de vista del Derecho público.

I.- ¿Es el Ministerio del Tiempo un auténtico “Ministerio”?

Los Ministerios son aquellos departamentos encargados de la gestión de una o varias áreas del Gobierno. Corresponde al Presidente del Gobierno, mediante Real Decreto, la creación, modificación y supresión de los departamentos ministeriales (artículo 2.2.j de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno). Los mismos tienen naturaleza tanto política, correspondiendo a sus titulares fundamentalmente desarrollar la acción del gobierno en el ámbito de su Departamento (artículo 4 de la Ley del Gobierno), como administrativa, donde la cabeza de dicho órgano tiene atribuidas ex lege una serie de competencias centradas en la gestión cotidiana del departamento (artículo 61 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

Dado que a lo largo de la serie en ningún momento se indica que exista una cartera en el seno del gobierno con tal denominación, ni se constata que el citado organismo tenga la categoría ministerial o conste en los correspondientes Reales Decretos de reestructuración de los Departamentos ministeriales, no podemos concluir que, cuando menos desde el punto de vista jurídico-administrativo, nos encontremos ante un Departamento ministerial stricto sensu, aunque oficiosamente se le denomine como tal.

Aunque a lo largo de la serie queda bien claro que existe cierta vinculación jerárquica respecto de Presidencia del Gobierno, lo que implica que ha de tener cierta naturaleza pública. Aunque para abordar este punto mejor hacerlo al contestar a la siguiente pregunta

II.- ¿Es Salvador Martí un auténtico “subsecretario” delMinisterio”?

Habiendo superado la barrera de los treinta episodios y en pleno camino hacia el cuadragésimo, cualquier persona que haya visto alguno de ellos sabe que al frente del Ministerio del Tiempo se encuentra Salvador Martí, a quien se le identifica como “Subsecretario del Ministerio”.

Los Subsecretarios son, en efecto, órganos directivos de los Ministerios, que se crean, modifican y extinguen por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (artículos 55.3.b.1 y 59.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). Como tales, los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes y ejercen las competencias relativas a los mismos (artículo 63.1.a de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público).

Ahora bien, pese a ser calificado como “subsecretario”, Salvador Martí en modo alguno ejerce la representación ordinaria del Ministerio, por cuanto aun cuando vinculado a Presidencia, no ejerce la representación ordinaria de dicha cartera ni gestiona los servicios comunes de la misma. Por tanto, ni estamos ante un “Ministerio” del Tiempo, ni Salvador Martí es propiamente un “subsecretario”. Máxime cuando es público y notorio que cualquier relevo en la Presidencia del Gobierno acarrea la sustitución de los órganos superiores y directivos, siendo así que Martí fue puesto en el cargo que ostenta por Adolfo Suárez, permaneciendo durante más de tres décadas el mismo, salvo un fugaz periodo en el que fue relevado por Susana Torres merced a un coup d´etat interno facilitado por Irene Larra, pero todo ello sin mediar acto de cese y relevo y mucho menos publicación oficial del mismo.

En definitiva, que nos encontramos ante un organismo similar al Impossible Mission Force, es decir, un ente no ya traslúcido, sino “opaco” situado no extramuros del sistema, pero sí oculto a la generalidad de la población e incluso de los propios poderes públicos.

III.- ¿Cómo se estructura orgánicamente el “Ministerio del Tiempo”?

En este punto, la opacidad es absoluta. Sabemos que al frente del mismo se encuentra Salvador Martí, a quien ya hemos visto se identifica como “subsecretario”, y a quien todo el personal se encuentra subordinado. Pero salvo el caso de Angustias, la secretaria personal de Martí, desconocemos el rango y jerarquía del resto de personas que lo integran y las posibles dependencias, vínculos o relaciones jurídicas que existen entre ellos.

IV.- ¿Cuáles son las competencias que ostenta el “Ministerio”?

Parece claro que el Ministerio se constituye en una especie de “policía de la historia”, evitando que puedan ser alterados hechos o eventos ocurridos en el pasado.

Prescindimos en este apretado análisis aspectos que podrían ser abordado desde otras disciplinas técnicas, como, por ejemplo, la consideración del tiempo (incluso el pasado) como algo continuo susceptible de ser modificado en cualquier instante. Lo único que interesa en este momento es verificar si esas competencias implican el ejercicio de autoridad o el uso de prerrogativas públicas. Todo parece indicar que no, dado que en ningún momento los integrantes de tan peculiar cuerpo de vigilancia se identifican como tales, ni invocan autoridad alguna, sino que, por el contrario, siempre actúan de incógnito o bajo disfraz.

V.- ¿Cuál es la naturaleza jurídica de su personal?

Es muy frecuente escuchar a los diversos protagonistas referirse a los “funcionarios del ministerio.” Ahora bien, desgraciadamente no podemos dar por válida dicha afirmación, cuando menos si contrastamos la expresión “funcionario” con la regulación legal contenida en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, hoy sustituida por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, así como por la normativa de desarrollo.

En efecto, no consta que exista Relación de Puestos de Trabajo, tampoco que se hayan convocado las oportunas bases para la convocatoria, ni que el personal se haya reclutado conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad o superado prueba alguna tendente a validar sus aptitudes. Más bien al contrario, la entrada al servicio del Ministerio se caracteriza por la más absoluta arbitrariedad, debido al nepotismo más absoluto o al simple azar. Tal es el caso de Julián Martínez, a quien se recluta simplemente por ser testigo incómodo de la aparición inesperada de dos soldados napoleónicos, que llegan al siglo XXI por una de las puertas ocultas cuya existencia desconocía el Ministerio.

VI- ¿Cuál es la vía de financiación del Ministerio?

Parece claro que la pública, en cuanto en numerosas ocasiones se refieren a la “escasez del presupuesto” y se pide a las autoridades públicas un “aumento del mismo”. Ahora bien, dado el carácter oculto y secreto de esta entidad, el importe de las cantidades con que se dota al mismo no constan incorporadas en los Presupuestos Generales del Estado.

A todo lo anteriormente indicado cabe añadir que el incorrectamente denominado Ministerio del Tiempo supone, a efectos jurídicos, una auténtica bofetada a la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno. Lo cual no impediría a cualquier ciudadano solicitar la información precisa sobre el mismo, su funcionamiento y su personal, dado que el artículo 17 de dicho texto legal otorga una legitimación activa prácticamente universal para tal solicitud.

 Dicho sea todo lo anterior respetuosamente y en estricto ejercicio del animus iocandi.

 

 

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

QUITA LA PELUCA….JUEZ. DE PELOS, PELUCAS Y JUECES.

Peluca

Uno de los temas más jocosos e hilarantes de la Orquesta Mondragón es aquel titulado Ponte peluca, cuya frase inicial ya daba una pista sobre el tono y el motivo de la jácara: “A todos el pelo se nos caerá, más tarde o más temprano el otoño llegará.”

Pues bien, hubo una época donde tal adorno capilar adornaba las testas de Sus Señorías, algunos de los cuales podían disimular con el mismo el hecho de no tener ni un pelo….de tonto. En la mente de todos se encuentran las largas pelucas rizadas que lucían y lucen los jueces británicos, muy semejantes a las que adornaban la cabellera de Juan Sebastián Bach o Jean François Arouet, Voltaire, mientras que las de los barrister se asemejaban más a las que lucía el bonachón Carlos IV. Entonces, la peluca no era motivo alguno de burla, sino que, muy al contrario, prestaba cierto toque de distinción.

Es curioso que en estos días he leído dos anécdotas relativas al uso (o, hablando propiamente, desuso) de la peluca en el mundo judicial. Los dos hechos que a continuación voy a narrar tienen lugar en el siglo XVIII, y si geográficamente un vasto océano separa los lugares donde se produjeron, temporalmente son dos décadas la distancia que los separa.

1.- España, año 1768. Un bisoño jurista que aún no frisa el cuarto de siglo va a departir con una de las personalidades más importantes de la corte, Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, conde de Aranda. El joven, que va a tomar posesión como Alcalde del Crimen en la Audiencia de Sevilla, desea ofrecer sus respetos al conde antes de incorporarse a la ciudad bañada por el Guadalquivir. Aranda le aconseja al recién nombrado juez que no utilice la peluca propia del estamento judicial, sino que utilice su propia cabellera, sujetada en coleta con una cinta. Al incorporarse a su destino, el juez hizo caso de tal consejo y, en efecto, desterró personalmente el uso de la peluca. El juez en cuestión, como el lector habrá sin duda adivinado, no era otro que Gaspar Melchor de Jovellanos. La anécdota de la peluca aparece en la célebre Vida y obra de Jovellanos, debida a José Miguel Caso González. En el recentísimo esbozo biográfico Jovellanos: la moderación en la política, debido a Manuel Moreno Alonso (a cuya presentación tuve el inmenso privilegio de asistir) se pone en cuestión la entrevista, pero no el hecho que Jovellanos desterrase el uso de la peluca, dado que tal circunstancia se encuentra perfectamente documentada.

2.- Nueva York, 1 de febrero de 1790. William Cushing, uno de los seis jueces nombrados por George Washington para el Tribunal Supremo, abandona su casa y se dirige a la sede del Tribunal, vistiendo su toga escarlata y negra y adornando su testa con la peluca judicial característica de los jueces ingleses. Súbitamente, se apercibe que un grupo de niños le sigue disimulando la risa, sin que supiese el motivo de tal circunstancia. Es entonces cuando un marinero se acerca a Cushing y le dice: “Señor, menuda peluca!!” Aparentemente, Cushing quedó tan avergonzado que se desprendió de la misma, siendo éste el motivo por el que los jueces norteamericanos no mantienen dicho adorno en sus cabezas. O, cuando menos, eso nos cuenta Bernard Schwartz en el primer capítulo de su History of the Supreme Court of the United States.  Al igual que ocurre en el caso de Jovellanos, hay motivos para dudar de la certeza de este hecho. Cierto es que en el famosísimo retrato que Gilbert Stuart hiciera del chief justice John Jay éste aparece con toga rojinegra, pero dicha obra deja bien claro a ojos del espectador que la alopecia es un problema que no perdona ni a los jueces; en otras palabras, que por muy bien amueblada que estuviera la cabeza de Jay (que lo estaba, en efecto), a la hora de ejercer la alta magistratura su testa se encontraba desnuda de todo adorno que disimulase la calvicie. Por el contrario, en el retrato que se ha conservado de William Cushing, éste aparece tocado con peluca rizada, prueba de que el hecho narrado por Schwartz no es del todo cierto. ¿Se debería, quizá, oscuros complejos relacionados con la caída del cabello, complejos arraigados en Johnson y que en nada importaban a Jay? No podemos saberlo, pero lo que sí es un hecho incuestionable es que bajo John Marshall los jueces se desprenden de todo ornamento tanto capilar como colorista en la toga, que pasa a ser exclusivamente negra.

OVACIÓN Y VUELTA AL RUEDO DEL TRIBUNAL SUPREMO AL COGER EL “TORO” POR LOS CUERNOS.

mortadelo

Es curioso amén de divertido el asunto resuelto por la recentísima Sentencia 26/2017 de 18 de enero de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictada en recurso número 682/2015 donde el Tribunal Supremo ha tenido que salir al albero y tras varios pases en chicuelina, coger literalmente el toro por los cuernos. Y lo hace a cuenta de los recursos extraordinarios por infracción procesal interpuestos por las entidades Grupo Osborne S.A. y Jordi Nogués S.L, quienes se cruzaron varios puyazos a cuenta de los signos distintivos de sus respectivos productos. Porque, en efecto, es público y notorio para varias generaciones que el clásico “toro” cuya silueta aún adorna ciertos lugares de las carreteras españolas era la tradicional publicidad de las conocidas bodegas, pero su silueta de perfil en nada se parece al “badtoro” emblema utilizado por la otra empresa y cuya figura representa el primer plano del rostro de un toro con el ceño fruncido. Vamos, un toro con muy “mala leche”, de ahí quizá lo de “badtoro”. El grupo bodeguero entabla una demanda ante el juzgado de lo mercantil solicitando que la otra empresa se abstenga de utilizar el término “toro”, a lo que la demandada contesta oponiéndose y reconviniendo, solicitando idéntica pretensión frente al demandante. Total, que el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, expulsa a ambos contendientes fuera del ruedo al denegarles la razón a ambos. No contentos con la lección, ambos apelan la resolución judicial ante la Audiencia Provincial de Alicante, quien desestima los recursos presentados por las dos partes mandándoles nuevamente a paseo. Impasible el ademán e inasequibles al desaliento, ambas partes acuden al Tribunal Supremo. Y éste en efecto, les ha hecho a ambos una faena que, como dice el gran Mortadelo, “ríase usted del Gallo”. Aclaramos para los lectores jóvenes que el personaje inmortalizado por Ibáñez se está refiriéndose a Rafael Gómez “el Gallo”, quien se ha hecho un pequeño hueco en la historia al popularizar una frase pronunciada cuando le presentaron a Ortega y Gasset. Al decirle al matador que Ortega era un filósofo, aquél no entendió bien y repregunta “filo qué?” ante lo que recibe una respuesta mucho más detallada: “analiza el pensamiento de la gente”. La antológica respuesta de Rafael Gómez “el Gallo” ha pasado a los anales: “Hay gente pa tó.”

El Tribunal Supremo aborda el asunto exponiendo los antecedentes de hecho del asunto, que incomprensiblemente vuelve a reiterar, ampliándolos, en el fundamento jurídico primero, lo que acredita nuevamente que en la judicatura española la distinción entre hechos y derecho no está ciertamente bien clara, por lo cual es ciertamente un sarcasmo que el propio Tribunal, en el tercer párrafo del punto cuarto del fundamento jurídico cuarto acuse a una de las partes que al impugnar la valoración de la prueba “mezcla la relativa a los hechos y la propiamente jurídica”, es decir, consejos vendo que para mí no tengo. Así pues, ya el Tribunal se va acercando a las partes banderillas en mano para adentrarse en el fondo del asunto.

puntillas

Fondo que aborda con una frase antológica que resulta en extremo hilarante no por su contenido, sino por la forma en que se efectúa y máxime en una sentencia del Alto Tribunal. Porque éste se ve obligado a precisar literalmente que “El término “Toro, que constituye la denominación de las dos marcas cuestionadas, designa en castellano a un animal.” (sic). Ya puestos no hubiese estado de más que se hubiese redactado esa frase de otra manera algo más técnica, algo así como “La palabra Toro, en la primera de las acepciones que al término ofrece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, hace referencia al macho bovino adulto.” Pero tras la obviedad, el fondo del asunto, es decir, lo que constituye el núcleo del pronunciamiento, entrando “a matar” de la siguiente forma:

Es cierto que en nuestro país la tauromaquia (las corridas de toros), constituye una tradición y forma parte de nuestra cultura, como recientemente ha recordado el Tribunal Constitucional. La STC 177/2016, de 20 de octubre, con ocasión de la resolución de un recurso de inconstitucionalidad de una Ley del Parlament de Catalunya que prohibía las corridas de toros, hace una serie de consideraciones al respecto: después advertir que «la tauromaquia tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país» y que «las corridas de toros y espectáculos similares son una expresión más de carácter cultural», recuerda que el Estado español «ha declarado formalmente la tauromaquia como patrimonio cultural». También se refiere a las corridas de toros como un «fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial».

Pero que las corridas de toros, y en general la tauromaquia, formen parte del patrimonio cultural español no supone, como pretende el recurrente, que el toro, en cuanto animal, haya pasado a ser un icono de nuestro país que haya vaciado de carácter distintivo a la denominación «toro» y por lo tanto constituya un impedimento objetivo para su registro como marca.

Al respecto, conviene aclarar, como muy bien hizo el tribunal de apelación, que lo que constituye patrimonio cultural de España es la tauromaquia, no el animal toro. El toro no constituye ningún símbolo o icono oficial de España, sin perjuicio de que alguna concreta representación gráfica del toro de lidia haya resultado muy conocida y sea empleada por algunas personas junto con la bandera de España. Este uso social, que no consta se haya generalizado, aunque no pasa inadvertido, sobre todo en algunos eventos deportivos en los que interviene una representación española, lo único que pone en evidencia es que una determinada representación gráfica del toro de lidia (no el animal, ni mucho menos su denominación) ha sido empleada -por algunos- con una finalidad de reivindicación de lo español.

Es por ello que, en la actualidad, el vocablo «toro» no está privado de carácter distintivo, salvo para aquellos productos o servicios directamente relacionados con la realidad que designa.

Así pues, ambas partes debieron sentirse poco menos que como el Superintendente Vicente en la siguiente viñeta:

banderillas

En definitiva, y dicho sea ánimus iocandi: De haberse estimado alguna de las demandas ¿Qué hubiera sido del célebre “torito guapo” inmortalizado por El Fary? ¿O de “ese toro enamorado de la luna”? ¿Cómo referirnos al pacto de los Toros de Guisando? ¿Qué ocurriría si en un restaurante hubiésemos de pedir rabo de Toro?

Por fortuna, el Tribunal Supremo ha cogido, literalmente el “toro por los cuernos” y ha evitado, con ello tamañas complicaciones.

POST SCRIPTUM: Las viñetas que adornan la presente entrada corresponden al divertidísimo álbum La máquina de copiar gente, cuya adquisición recomendamos al amable público lector.

PIDEN LA RETIRADA DE “RIGOLETTO” Y “DELILAH” POR DENIGRAR LA IMAGEN DE LA MUJER.

rigoletto

Rigoletto puede tener los días contados, cuando menos en la capital del Principado de Asturias, y lo mismo ocurre con Delilah, el clásico tema de los sesenta que tantas veces ha sido tarareado y versionado. Y es que el Observatorio para la Prevención del Tratamiento Intolerable hacia la Mujer en Asturias (O.P.T.I.M.A) ha elevado un informe al consistorio ovetense instándole a adoptar las medidas necesarias para que la ópera no sea representada en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde en principio tenía previsto representarse en la próxima temporada operística, y para que en su próxima visita a Oviedo, el célebre intérprete galés Tom Jones excluya de su repertorio el tema que le ha hecho famoso. Ofelia Michelínez, presidenta del Observatorio, ha sido la encargada de presentar ante los medios el Informe, que fundamenta su pretensión en la “imagen profundamente denigratoria que para la imagen de la mujer transmiten dichas obras, todo ello sin contar con que ambas efectúan una indisimulada apología de la violencia de género absolutamente intolerable en una sociedad democrática avanzada.”

En lo que respecta a la ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi, el Observatorio razona en su informe que “el personaje del duque de Mantua representa sin intentar disimularlo el machismo más rancio”, algo que incluso se explicita en las dos arias más recordadas, el Questa o quella y, sobre todo, La donna è mobile. “Si en Questa o quella el duque se jacta ante los cortesanos de un total desprecio hacia las mujeres, que para él no son más que un mero objeto que puede ser desechado como un pañuelo una vez satisfecho el deseo sexual, sin duda alguna es mucho más grave la letra de La donna é móbile, cuyo simple enunciado ya revela la intolerable imagen del género femenino, a quien se considera integrado por seres volubles como pluma al viento y sin capacidad de raciocinio.” Incide igualmente en algo mucho más grave, como que “en mitad de la obra un grupo de cortesanos secuestra a una joven para entregarla al deseo sexual de su señor, y el clímax de la trama lo constituye nada menos que la violación de la protagonista femenina por el duque de Mantua, no es ya que se ofenda gravemente la sensibilidad del espectador, sino que incluso refleja un acto de agresión sexual absolutamente machista e intolerable”. Por ello, el Observatorio plantea abiertamente que se elimine esta obra del repertorio, y que se sustituya por otra menos nociva. El organismo autonómico sugiere abstenerse también de representar otra serie de títulos que transmiten una imagen denigratoria de la mujer, como Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Lucia di Lammermoor, e Il barbiere di Siviglia.

De esta crítica feroz no se libran ni temas aún más recientes y populares, como el célebre Delilah, uno de los temas más conocidos del intérprete galés Tom Jones. “Si en el caso de Rigoletto se representa ante el espectador nada menos que una violación, en Delilah se da un paso más en la denigración femenina para justificar nada menos que un crimen de género debido a la ruptura unilateral de una relación afectiva. Es evidente que el público de los años sesenta, gran parte del cual no dominaba el inglés, quedaba subyugado por la belleza de la música, aspecto éste, el musical, en el que el Observatorio no entra por ser ajeno a sus competencias. Pero una vez que gracias a la labor educativa emprendida por los distintos ejecutivos progresistas más del ochenta por ciento de la población entiende perfectamente dicho idioma, no puede tolerarse de forma alguna que una canción justifique el asesinato de una mujer porque ésta haya decidido poner fin a una relación sentimental. No es ya que el hombre hable de “su” mujer, sino que incluso se minimice su criminal acción con un “so before they come and break down the door, forgive me Delilah, I just couldn´t take anymore” simplemente porque la mujer contestase con risas al interrogante sobre los motivos del abandono. Por ello deviene en intolerable que se propalen, aun cuando sea en la aparentemente inocua letra de una canción melódica, comportamientos abiertamente delictivos.” Por tanto, el Observatorio solicita que se prohíba la interpretación de esta pieza ya clásica de la música de los sesenta

Desde el gobierno municipal se ha intentado de alguna forma dulcificar la situación para evitar la adopción de una medida tan drástica. Anastasia Corchea, portavoz del grupo municipal del Partido Unidos Fuimos Oviedo (P.U.F.O.), una de las formaciones que integra el ejecutivo local, ha recibido “con el máximo respeto y consideración” el informe de O.P.T.I.M.A, “que será debidamente estudiado, comprometiéndose este gobierno municipal a adoptar la decisión más equilibrada que permita cohonestar la representación de la obra con la difusión de una imagen de la mujer más acorde con la realidad social del siglo XXI.” Así, en lo que respecta a Delilah, según la edil ovetense “bastaría con modificar o sustituir la letra, algo relativamente sencillo, dado que existe, por ejemplo, una versión del Príncipe Gitano donde, respetando el núcleo esencial del argumento, no existe ningún tipo de ofensa ni de obra ni de palabra hacia la mujer. Ello permitiría, además, mostrar el afecto de la población municipal hacia el colectivo gitano, estrechando lazos y mostrando que no existe el más mínimo atisbo de discriminación racial en esta ciudad.” Dicha formación no ve en modo alguno que ese proceder sea inédito en nuestro país, puesto que recuerda la concejal: “en plena época franquista, el gran intérprete catalán Josep Guardiola (que por represión dictatorial hubo de utilizar su nombre castellanizado) alcanzó justa fama por su impecable versión de Mack el Navaja en la cual el personaje era un vaquero que caminaba sin rumbo por las distintas ciudades y poblados del oeste americano, mutando drásticamente la letra del Mack the Knife que en aquellos mismos años Bobby Darin interpretaba al otro lado del océano, y en el que el protagonista de la canción era un asesino en serie, puesto que en la letra se identificaba incluso a las víctimas del sanguinario y repulsivo personaje.” En lo que respecta a la ópera, la portavoz del P.U.F.O., reconoce que “la situación es bastante más difícil, pues no se trata de cambiar la letra a una simple canción, dado que la alteración más insignificante puede afectar a todo el libreto.” No obstante, no descartó la idea de seleccionar, mediante concurso público, “una nueva letra que, respetando el núcleo o espíritu central de la obra de Verdi, la adecúe a los valores que representa la sociedad plural y democrática en la que vivimos.

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

EL CASO DE LA SILUETA FEMININA “ILEGAL”.

Silueta femenina

La polémica suscitada en Gijón a raíz de la denuncia tramitada por el Instituto Asturiano de la Mujer, relativa al cartel anunciador de una empresa de reprografía, cartel que muestra a una mujer de imponentes formas, vuelta de espalda y con tan solo ropa interior (cartel reproducido en los medios y que encabeza la presente entrada) reabre la eterna cuestión relativa a dónde se ubica la frontera entre el legítimo ejercicio de un derecho y el mero abuso quizá debido a la conjunción de varios factores que pueden ser o no simultáneos, tales como el deseo de ganarse un minuto de gloria, el exceso de ociosidad y en no pocas ocasiones, por qué no decirlo, la envidia malsana. Pero también creo que debe reabrir el debate sobre ese tipo de organismos o entes públicos cuya utilidad es más que dudosa y que, siendo conscientes de ello, no dudan en superar en alguna que otra ocasión las barreras de la ridiculez para intentar justificar su existencia, demostrando así que no hacen otra cosa que ejercer las prerrogativas que le han sido encomendadas.

En este caso ha sido el Instituto Asturiano de la Mujer, organismo creado por Decreto 61/1999 de 10 de agosto y cuya organización y funciones las desarrolla el Decreto 137/1999 de 16 de septiembre. Pues bien, ese organismo ha sido el encargado de efectuar esta actuación concreta, en relación a un cartel publicitario que, además da la circunstancia de que llevaba años ubicado en el lugar donde se sitúa. El dueño de la empresa anunciada manifiesta que no retirará dicha imagen, mientras que la directora del Instituto Asturiano de la Mujer argumenta que: “no es unan cuestión de gustos ni subjetiva, sino que incumple la ley”, añadiendo esta afirmación que no tiene desperdicio: “estamos inmersos en cosas que parecían normales, pero que ahora no lo son” (sic). En cuanto a la primera afirmación es ciertamente más que discutible, porque habría que determinar qué norma legal se está vulnerando y, si como parece indicar la responsable de dicho organismo, lo que se está incumpliendo es la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la aseveración no deja de ser errónea, puesto que bastaría echar un vistazo a los numerosos carteles y anuncios televisivos donde aparecen gallardos mancebos en paños menores luciendo sus encantos masculinos sin que nadie haya cursado denuncia alguna porque los mismos sean ofensivos, indecentes o, lo que es más importante, ilícitos, por lo que no cabría sostener que la actuación en sí es discriminatoria, como tampoco puede sostenerse con un mínimo de rigor que el cartel anunciador mantenga, fomente o impulse una imagen denigratoria de la mujer. En cuanto a la segunda afirmación sí que es cierta, aunque cabe matizar que ello puede tener efectos positivos (por ejemplo, como el indicado en el artículo sobre la violencia ejercida sobre las mujeres normalmente en el ámbito familiar –hasta hace pocas fechas contemplada como algo privado- o la regulación jurídica de la incapacidad –hasta el año 1981 un tema que se delegaba en las propias familias) como negativos (la morosidad habitual antaño era objeto de reproche social, mientras que ahora poco menos que se llega a contemplar como algo no ya normal, sino incluso elogioso).

En su magnífica bitácora delajusticia.com, José Ramón Chaves abordó hace ya tiempo este problema, el de los organismos creados sin justificación alguna pero que, precisamente por ello, tienen que demostrar que son objetivamente necesarios y adecuados, y que su puesta en marcha no obedece al capricho de la autoridad política o al mero deseo de servir de cobijo a personas que carecen transitoriamente de lugar en otros órganos políticos o administrativos, sino que responden a una necesidad objetiva. Pues bien, en esta ocasión deseo solicitar a los amables lectores un ejercicio de imaginación y que compartan, animus iocandi, el ejercicio siguiente. Imaginen que en el seno del Gobierno del Principado de Asturias se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia. Imaginense, ya puestos, que su norma de creación tuviese el siguiente tenor literal:

Ley del Principado de Asturias 19234/2016 de 31 de septiembre por el que se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia.

 

La Constitución española proscribe en su artículo 14 toda discriminación basada en condiciones personales. Tanto el artículo 9.2 de la Constitución española como el artículo 9.d) del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias establecen que los poderes públicos velarán especialmente por procurar la adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sociales que se integran sean reales y efectivas.

 

Sin duda alguna, es evidente que entre los grupos de personas tradicionalmente objeto de discriminación y tratamiento no sólo injusto, sino moralmente reprobable se encuentra el del sector de la población, mayoritariamente del género masculino pero también con ejemplos en el femenino, de quienes padecen esa lacra física que es la alopecia. Durante generaciones, los científicos han tratado de encontrar la solución a la caída del cabello, sin que hasta el momento la ciencia haya logrado ofrecer una respuesta al mismo. Pero, cuestiones científicas aparte, es un hecho objetivo que quienes sufren en sus carnes el doloroso problema de la pérdida de cabellos no sólo padecen una enfermedad, sino que son objeto de tratamiento burlesco tanto en los medios de comunicación social como en los ámbitos laboral y administrativo. Por ello, mediante el presente Decreto se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia para tratar de paliar una lacra social que precisa de un tratamiento jurídico no sólo paliativo, sino preventivo.

 

Artículo 1.- Se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia como órgano desconcentrado con nivel orgánico de Dirección General adscrito a la Consejería de la Presidencia.

 

Artículo 2.- Son fines del Instituto Asturiano de la Alopecia:

 

  1. Las actividades relacionadas con las acciones y medidas necesarias para la hacer efectivo el principio de trato no discriminatorio a la población alopécica.
  2. Impulsar y promover la participación de los alopécicos en todos los ámbitos.
  3. Eliminar cualquier forma de discriminación o trato degradante a la población que sufre alopecia.

Artículo 3.- Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto Asturiano de la Alopecia desarrollará las siguientes funciones:

 

  1. Elaboración de programas integrales impulsando medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discriminación de los alopécicos.
  2. Impulsar la revisión de las disposiciones de carácter general, actos administrativos y proyectos de ley para eliminar de ellos las discriminaciones por razones capilares, velando por la correcta igualdad de trato entre las personas con independencia del tamaño de su cabellera.
  3. Impulsar medidas encaminadas a posibilitar el acceso de los alopécicos a los puestos de trabajo de los que hayan sido excluidos por motivos estéticos. A tal efecto, se ejercitarán las acciones, tanto en el ámbito administrativo como laboral, para velar por el correcto cumplimiento del principio de no discriminación por razón de pelo.
  4. Promover la ejecución de proyectos que incidan en una educación tendente a no discriminar ni contemplar de manera burlesca a los alopécicos.
  5. Realizar, fomentar y divulgar estudios sobre la situación de los alopécicos asturianos, con el fin de que sirvan para orientar la elaboración de las políticas de igualdad y sensibilización de la sociedad hacia la situación de los alopécicos.
  6. Velar por la difusión de una imagen de los alopécicos ajustada a su realidad.

 

Artículo 4.- Reglamentariamente se desarrollarán los aspectos orgánicos del Instituto Asturiano de la Alopecia así como los aspectos relativos a sus recursos humanos. En todo caso, será requisito indispensable para formar parte tanto de los órganos rectores como del personal adscrito al mismo acreditar la condición de alopécico.

Pues bien, imagínense que una norma legal con esa redacción se aprobara. Pues bien, estén seguros que no faltarían motivos para que dicho organismo comenzara a actuar y a emitir informes, requerimientos, citaciones, denuncias y similares. Y, si no, he aquí algunos ejemplos:

1.- ¿Por qué en las novelas de Agatha Chistie la señorita Marple aparece como una viejecita encantadora y sin embargo Hércules Poirot, célebre tanto por sus cualidades intelectuales como por su falta de cabello, sea caracterizado como una persona intratable?

2.- ¿Por qué se tiene como prototipo de galanes cinematográfico a personas como Cary Grant o David Niven y no a otros actores como, por ejemplo, Yul Brynner?

3.- En la serie de televisión Olmos y Robles, ¿Por qué el héroe de acción es una persona joven, alta, delgada, ágil, propensa al análisis y la acción directa mientras que el alopécico es presentado como alguien torpe y con dificultades para comunicarse?

4.- ¿Por qué existe una marca de atún que se denomina Calvo? ¿No es una auténtica ofensa a quienes sufren dicho problema?

5.- ¿No es una auténtica ofensa, por no decir una provocación en toda regla, que el líder de una de las formaciones políticas comparezca ostentando una larga cabellera? ¿No se ofende con ello a quienes no tienen esa posibilidad?

La presente entrada ha sido elaborada animus iocandi, como es manifiesto y evidente. Pero con ello se quiere incidir en un hecho fundamental: cuando un objetivo o fin legítimo se desvirtúa por el abuso o uso ilegítimo de las prerrogativas para matar moscas a cañonazos se corre el riesgo de caricaturizar un problema real. Y sobre todo, cuando para justificar su existencia un órgano administrativo ha de incurrir en actuaciones que desbordan con creces la frontera de lo ridículo, pues ello no evidencia otra cosa que lo superfluo del mismo.