QUITA LA PELUCA….JUEZ. DE PELOS, PELUCAS Y JUECES.

Peluca

Uno de los temas más jocosos e hilarantes de la Orquesta Mondragón es aquel titulado Ponte peluca, cuya frase inicial ya daba una pista sobre el tono y el motivo de la jácara: “A todos el pelo se nos caerá, más tarde o más temprano el otoño llegará.”

Pues bien, hubo una época donde tal adorno capilar adornaba las testas de Sus Señorías, algunos de los cuales podían disimular con el mismo el hecho de no tener ni un pelo….de tonto. En la mente de todos se encuentran las largas pelucas rizadas que lucían y lucen los jueces británicos, muy semejantes a las que adornaban la cabellera de Juan Sebastián Bach o Jean François Arouet, Voltaire, mientras que las de los barrister se asemejaban más a las que lucía el bonachón Carlos IV. Entonces, la peluca no era motivo alguno de burla, sino que, muy al contrario, prestaba cierto toque de distinción.

Es curioso que en estos días he leído dos anécdotas relativas al uso (o, hablando propiamente, desuso) de la peluca en el mundo judicial. Los dos hechos que a continuación voy a narrar tienen lugar en el siglo XVIII, y si geográficamente un vasto océano separa los lugares donde se produjeron, temporalmente son dos décadas la distancia que los separa.

1.- España, año 1768. Un bisoño jurista que aún no frisa el cuarto de siglo va a departir con una de las personalidades más importantes de la corte, Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, conde de Aranda. El joven, que va a tomar posesión como Alcalde del Crimen en la Audiencia de Sevilla, desea ofrecer sus respetos al conde antes de incorporarse a la ciudad bañada por el Guadalquivir. Aranda le aconseja al recién nombrado juez que no utilice la peluca propia del estamento judicial, sino que utilice su propia cabellera, sujetada en coleta con una cinta. Al incorporarse a su destino, el juez hizo caso de tal consejo y, en efecto, desterró personalmente el uso de la peluca. El juez en cuestión, como el lector habrá sin duda adivinado, no era otro que Gaspar Melchor de Jovellanos. La anécdota de la peluca aparece en la célebre Vida y obra de Jovellanos, debida a José Miguel Caso González. En el recentísimo esbozo biográfico Jovellanos: la moderación en la política, debido a Manuel Moreno Alonso (a cuya presentación tuve el inmenso privilegio de asistir) se pone en cuestión la entrevista, pero no el hecho que Jovellanos desterrase el uso de la peluca, dado que tal circunstancia se encuentra perfectamente documentada.

2.- Nueva York, 1 de febrero de 1790. William Cushing, uno de los seis jueces nombrados por George Washington para el Tribunal Supremo, abandona su casa y se dirige a la sede del Tribunal, vistiendo su toga escarlata y negra y adornando su testa con la peluca judicial característica de los jueces ingleses. Súbitamente, se apercibe que un grupo de niños le sigue disimulando la risa, sin que supiese el motivo de tal circunstancia. Es entonces cuando un marinero se acerca a Cushing y le dice: “Señor, menuda peluca!!” Aparentemente, Cushing quedó tan avergonzado que se desprendió de la misma, siendo éste el motivo por el que los jueces norteamericanos no mantienen dicho adorno en sus cabezas. O, cuando menos, eso nos cuenta Bernard Schwartz en el primer capítulo de su History of the Supreme Court of the United States.  Al igual que ocurre en el caso de Jovellanos, hay motivos para dudar de la certeza de este hecho. Cierto es que en el famosísimo retrato que Gilbert Stuart hiciera del chief justice John Jay éste aparece con toga rojinegra, pero dicha obra deja bien claro a ojos del espectador que la alopecia es un problema que no perdona ni a los jueces; en otras palabras, que por muy bien amueblada que estuviera la cabeza de Jay (que lo estaba, en efecto), a la hora de ejercer la alta magistratura su testa se encontraba desnuda de todo adorno que disimulase la calvicie. Por el contrario, en el retrato que se ha conservado de William Cushing, éste aparece tocado con peluca rizada, prueba de que el hecho narrado por Schwartz no es del todo cierto. ¿Se debería, quizá, oscuros complejos relacionados con la caída del cabello, complejos arraigados en Johnson y que en nada importaban a Jay? No podemos saberlo, pero lo que sí es un hecho incuestionable es que bajo John Marshall los jueces se desprenden de todo ornamento tanto capilar como colorista en la toga, que pasa a ser exclusivamente negra.

OVACIÓN Y VUELTA AL RUEDO DEL TRIBUNAL SUPREMO AL COGER EL “TORO” POR LOS CUERNOS.

mortadelo

Es curioso amén de divertido el asunto resuelto por la recentísima Sentencia 26/2017 de 18 de enero de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictada en recurso número 682/2015 donde el Tribunal Supremo ha tenido que salir al albero y tras varios pases en chicuelina, coger literalmente el toro por los cuernos. Y lo hace a cuenta de los recursos extraordinarios por infracción procesal interpuestos por las entidades Grupo Osborne S.A. y Jordi Nogués S.L, quienes se cruzaron varios puyazos a cuenta de los signos distintivos de sus respectivos productos. Porque, en efecto, es público y notorio para varias generaciones que el clásico “toro” cuya silueta aún adorna ciertos lugares de las carreteras españolas era la tradicional publicidad de las conocidas bodegas, pero su silueta de perfil en nada se parece al “badtoro” emblema utilizado por la otra empresa y cuya figura representa el primer plano del rostro de un toro con el ceño fruncido. Vamos, un toro con muy “mala leche”, de ahí quizá lo de “badtoro”. El grupo bodeguero entabla una demanda ante el juzgado de lo mercantil solicitando que la otra empresa se abstenga de utilizar el término “toro”, a lo que la demandada contesta oponiéndose y reconviniendo, solicitando idéntica pretensión frente al demandante. Total, que el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, expulsa a ambos contendientes fuera del ruedo al denegarles la razón a ambos. No contentos con la lección, ambos apelan la resolución judicial ante la Audiencia Provincial de Alicante, quien desestima los recursos presentados por las dos partes mandándoles nuevamente a paseo. Impasible el ademán e inasequibles al desaliento, ambas partes acuden al Tribunal Supremo. Y éste en efecto, les ha hecho a ambos una faena que, como dice el gran Mortadelo, “ríase usted del Gallo”. Aclaramos para los lectores jóvenes que el personaje inmortalizado por Ibáñez se está refiriéndose a Rafael Gómez “el Gallo”, quien se ha hecho un pequeño hueco en la historia al popularizar una frase pronunciada cuando le presentaron a Ortega y Gasset. Al decirle al matador que Ortega era un filósofo, aquél no entendió bien y repregunta “filo qué?” ante lo que recibe una respuesta mucho más detallada: “analiza el pensamiento de la gente”. La antológica respuesta de Rafael Gómez “el Gallo” ha pasado a los anales: “Hay gente pa tó.”

El Tribunal Supremo aborda el asunto exponiendo los antecedentes de hecho del asunto, que incomprensiblemente vuelve a reiterar, ampliándolos, en el fundamento jurídico primero, lo que acredita nuevamente que en la judicatura española la distinción entre hechos y derecho no está ciertamente bien clara, por lo cual es ciertamente un sarcasmo que el propio Tribunal, en el tercer párrafo del punto cuarto del fundamento jurídico cuarto acuse a una de las partes que al impugnar la valoración de la prueba “mezcla la relativa a los hechos y la propiamente jurídica”, es decir, consejos vendo que para mí no tengo. Así pues, ya el Tribunal se va acercando a las partes banderillas en mano para adentrarse en el fondo del asunto.

puntillas

Fondo que aborda con una frase antológica que resulta en extremo hilarante no por su contenido, sino por la forma en que se efectúa y máxime en una sentencia del Alto Tribunal. Porque éste se ve obligado a precisar literalmente que “El término “Toro, que constituye la denominación de las dos marcas cuestionadas, designa en castellano a un animal.” (sic). Ya puestos no hubiese estado de más que se hubiese redactado esa frase de otra manera algo más técnica, algo así como “La palabra Toro, en la primera de las acepciones que al término ofrece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, hace referencia al macho bovino adulto.” Pero tras la obviedad, el fondo del asunto, es decir, lo que constituye el núcleo del pronunciamiento, entrando “a matar” de la siguiente forma:

Es cierto que en nuestro país la tauromaquia (las corridas de toros), constituye una tradición y forma parte de nuestra cultura, como recientemente ha recordado el Tribunal Constitucional. La STC 177/2016, de 20 de octubre, con ocasión de la resolución de un recurso de inconstitucionalidad de una Ley del Parlament de Catalunya que prohibía las corridas de toros, hace una serie de consideraciones al respecto: después advertir que «la tauromaquia tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país» y que «las corridas de toros y espectáculos similares son una expresión más de carácter cultural», recuerda que el Estado español «ha declarado formalmente la tauromaquia como patrimonio cultural». También se refiere a las corridas de toros como un «fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial».

Pero que las corridas de toros, y en general la tauromaquia, formen parte del patrimonio cultural español no supone, como pretende el recurrente, que el toro, en cuanto animal, haya pasado a ser un icono de nuestro país que haya vaciado de carácter distintivo a la denominación «toro» y por lo tanto constituya un impedimento objetivo para su registro como marca.

Al respecto, conviene aclarar, como muy bien hizo el tribunal de apelación, que lo que constituye patrimonio cultural de España es la tauromaquia, no el animal toro. El toro no constituye ningún símbolo o icono oficial de España, sin perjuicio de que alguna concreta representación gráfica del toro de lidia haya resultado muy conocida y sea empleada por algunas personas junto con la bandera de España. Este uso social, que no consta se haya generalizado, aunque no pasa inadvertido, sobre todo en algunos eventos deportivos en los que interviene una representación española, lo único que pone en evidencia es que una determinada representación gráfica del toro de lidia (no el animal, ni mucho menos su denominación) ha sido empleada -por algunos- con una finalidad de reivindicación de lo español.

Es por ello que, en la actualidad, el vocablo «toro» no está privado de carácter distintivo, salvo para aquellos productos o servicios directamente relacionados con la realidad que designa.

Así pues, ambas partes debieron sentirse poco menos que como el Superintendente Vicente en la siguiente viñeta:

banderillas

En definitiva, y dicho sea ánimus iocandi: De haberse estimado alguna de las demandas ¿Qué hubiera sido del célebre “torito guapo” inmortalizado por El Fary? ¿O de “ese toro enamorado de la luna”? ¿Cómo referirnos al pacto de los Toros de Guisando? ¿Qué ocurriría si en un restaurante hubiésemos de pedir rabo de Toro?

Por fortuna, el Tribunal Supremo ha cogido, literalmente el “toro por los cuernos” y ha evitado, con ello tamañas complicaciones.

POST SCRIPTUM: Las viñetas que adornan la presente entrada corresponden al divertidísimo álbum La máquina de copiar gente, cuya adquisición recomendamos al amable público lector.

PIDEN LA RETIRADA DE “RIGOLETTO” Y “DELILAH” POR DENIGRAR LA IMAGEN DE LA MUJER.

rigoletto

Rigoletto puede tener los días contados, cuando menos en la capital del Principado de Asturias, y lo mismo ocurre con Delilah, el clásico tema de los sesenta que tantas veces ha sido tarareado y versionado. Y es que el Observatorio para la Prevención del Tratamiento Intolerable hacia la Mujer en Asturias (O.P.T.I.M.A) ha elevado un informe al consistorio ovetense instándole a adoptar las medidas necesarias para que la ópera no sea representada en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde en principio tenía previsto representarse en la próxima temporada operística, y para que en su próxima visita a Oviedo, el célebre intérprete galés Tom Jones excluya de su repertorio el tema que le ha hecho famoso. Ofelia Michelínez, presidenta del Observatorio, ha sido la encargada de presentar ante los medios el Informe, que fundamenta su pretensión en la “imagen profundamente denigratoria que para la imagen de la mujer transmiten dichas obras, todo ello sin contar con que ambas efectúan una indisimulada apología de la violencia de género absolutamente intolerable en una sociedad democrática avanzada.”

En lo que respecta a la ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi, el Observatorio razona en su informe que “el personaje del duque de Mantua representa sin intentar disimularlo el machismo más rancio”, algo que incluso se explicita en las dos arias más recordadas, el Questa o quella y, sobre todo, La donna è mobile. “Si en Questa o quella el duque se jacta ante los cortesanos de un total desprecio hacia las mujeres, que para él no son más que un mero objeto que puede ser desechado como un pañuelo una vez satisfecho el deseo sexual, sin duda alguna es mucho más grave la letra de La donna é móbile, cuyo simple enunciado ya revela la intolerable imagen del género femenino, a quien se considera integrado por seres volubles como pluma al viento y sin capacidad de raciocinio.” Incide igualmente en algo mucho más grave, como que “en mitad de la obra un grupo de cortesanos secuestra a una joven para entregarla al deseo sexual de su señor, y el clímax de la trama lo constituye nada menos que la violación de la protagonista femenina por el duque de Mantua, no es ya que se ofenda gravemente la sensibilidad del espectador, sino que incluso refleja un acto de agresión sexual absolutamente machista e intolerable”. Por ello, el Observatorio plantea abiertamente que se elimine esta obra del repertorio, y que se sustituya por otra menos nociva. El organismo autonómico sugiere abstenerse también de representar otra serie de títulos que transmiten una imagen denigratoria de la mujer, como Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Lucia di Lammermoor, e Il barbiere di Siviglia.

De esta crítica feroz no se libran ni temas aún más recientes y populares, como el célebre Delilah, uno de los temas más conocidos del intérprete galés Tom Jones. “Si en el caso de Rigoletto se representa ante el espectador nada menos que una violación, en Delilah se da un paso más en la denigración femenina para justificar nada menos que un crimen de género debido a la ruptura unilateral de una relación afectiva. Es evidente que el público de los años sesenta, gran parte del cual no dominaba el inglés, quedaba subyugado por la belleza de la música, aspecto éste, el musical, en el que el Observatorio no entra por ser ajeno a sus competencias. Pero una vez que gracias a la labor educativa emprendida por los distintos ejecutivos progresistas más del ochenta por ciento de la población entiende perfectamente dicho idioma, no puede tolerarse de forma alguna que una canción justifique el asesinato de una mujer porque ésta haya decidido poner fin a una relación sentimental. No es ya que el hombre hable de “su” mujer, sino que incluso se minimice su criminal acción con un “so before they come and break down the door, forgive me Delilah, I just couldn´t take anymore” simplemente porque la mujer contestase con risas al interrogante sobre los motivos del abandono. Por ello deviene en intolerable que se propalen, aun cuando sea en la aparentemente inocua letra de una canción melódica, comportamientos abiertamente delictivos.” Por tanto, el Observatorio solicita que se prohíba la interpretación de esta pieza ya clásica de la música de los sesenta

Desde el gobierno municipal se ha intentado de alguna forma dulcificar la situación para evitar la adopción de una medida tan drástica. Anastasia Corchea, portavoz del grupo municipal del Partido Unidos Fuimos Oviedo (P.U.F.O.), una de las formaciones que integra el ejecutivo local, ha recibido “con el máximo respeto y consideración” el informe de O.P.T.I.M.A, “que será debidamente estudiado, comprometiéndose este gobierno municipal a adoptar la decisión más equilibrada que permita cohonestar la representación de la obra con la difusión de una imagen de la mujer más acorde con la realidad social del siglo XXI.” Así, en lo que respecta a Delilah, según la edil ovetense “bastaría con modificar o sustituir la letra, algo relativamente sencillo, dado que existe, por ejemplo, una versión del Príncipe Gitano donde, respetando el núcleo esencial del argumento, no existe ningún tipo de ofensa ni de obra ni de palabra hacia la mujer. Ello permitiría, además, mostrar el afecto de la población municipal hacia el colectivo gitano, estrechando lazos y mostrando que no existe el más mínimo atisbo de discriminación racial en esta ciudad.” Dicha formación no ve en modo alguno que ese proceder sea inédito en nuestro país, puesto que recuerda la concejal: “en plena época franquista, el gran intérprete catalán Josep Guardiola (que por represión dictatorial hubo de utilizar su nombre castellanizado) alcanzó justa fama por su impecable versión de Mack el Navaja en la cual el personaje era un vaquero que caminaba sin rumbo por las distintas ciudades y poblados del oeste americano, mutando drásticamente la letra del Mack the Knife que en aquellos mismos años Bobby Darin interpretaba al otro lado del océano, y en el que el protagonista de la canción era un asesino en serie, puesto que en la letra se identificaba incluso a las víctimas del sanguinario y repulsivo personaje.” En lo que respecta a la ópera, la portavoz del P.U.F.O., reconoce que “la situación es bastante más difícil, pues no se trata de cambiar la letra a una simple canción, dado que la alteración más insignificante puede afectar a todo el libreto.” No obstante, no descartó la idea de seleccionar, mediante concurso público, “una nueva letra que, respetando el núcleo o espíritu central de la obra de Verdi, la adecúe a los valores que representa la sociedad plural y democrática en la que vivimos.

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

EL CASO DE LA SILUETA FEMININA “ILEGAL”.

Silueta femenina

La polémica suscitada en Gijón a raíz de la denuncia tramitada por el Instituto Asturiano de la Mujer, relativa al cartel anunciador de una empresa de reprografía, cartel que muestra a una mujer de imponentes formas, vuelta de espalda y con tan solo ropa interior (cartel reproducido en los medios y que encabeza la presente entrada) reabre la eterna cuestión relativa a dónde se ubica la frontera entre el legítimo ejercicio de un derecho y el mero abuso quizá debido a la conjunción de varios factores que pueden ser o no simultáneos, tales como el deseo de ganarse un minuto de gloria, el exceso de ociosidad y en no pocas ocasiones, por qué no decirlo, la envidia malsana. Pero también creo que debe reabrir el debate sobre ese tipo de organismos o entes públicos cuya utilidad es más que dudosa y que, siendo conscientes de ello, no dudan en superar en alguna que otra ocasión las barreras de la ridiculez para intentar justificar su existencia, demostrando así que no hacen otra cosa que ejercer las prerrogativas que le han sido encomendadas.

En este caso ha sido el Instituto Asturiano de la Mujer, organismo creado por Decreto 61/1999 de 10 de agosto y cuya organización y funciones las desarrolla el Decreto 137/1999 de 16 de septiembre. Pues bien, ese organismo ha sido el encargado de efectuar esta actuación concreta, en relación a un cartel publicitario que, además da la circunstancia de que llevaba años ubicado en el lugar donde se sitúa. El dueño de la empresa anunciada manifiesta que no retirará dicha imagen, mientras que la directora del Instituto Asturiano de la Mujer argumenta que: “no es unan cuestión de gustos ni subjetiva, sino que incumple la ley”, añadiendo esta afirmación que no tiene desperdicio: “estamos inmersos en cosas que parecían normales, pero que ahora no lo son” (sic). En cuanto a la primera afirmación es ciertamente más que discutible, porque habría que determinar qué norma legal se está vulnerando y, si como parece indicar la responsable de dicho organismo, lo que se está incumpliendo es la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la aseveración no deja de ser errónea, puesto que bastaría echar un vistazo a los numerosos carteles y anuncios televisivos donde aparecen gallardos mancebos en paños menores luciendo sus encantos masculinos sin que nadie haya cursado denuncia alguna porque los mismos sean ofensivos, indecentes o, lo que es más importante, ilícitos, por lo que no cabría sostener que la actuación en sí es discriminatoria, como tampoco puede sostenerse con un mínimo de rigor que el cartel anunciador mantenga, fomente o impulse una imagen denigratoria de la mujer. En cuanto a la segunda afirmación sí que es cierta, aunque cabe matizar que ello puede tener efectos positivos (por ejemplo, como el indicado en el artículo sobre la violencia ejercida sobre las mujeres normalmente en el ámbito familiar –hasta hace pocas fechas contemplada como algo privado- o la regulación jurídica de la incapacidad –hasta el año 1981 un tema que se delegaba en las propias familias) como negativos (la morosidad habitual antaño era objeto de reproche social, mientras que ahora poco menos que se llega a contemplar como algo no ya normal, sino incluso elogioso).

En su magnífica bitácora delajusticia.com, José Ramón Chaves abordó hace ya tiempo este problema, el de los organismos creados sin justificación alguna pero que, precisamente por ello, tienen que demostrar que son objetivamente necesarios y adecuados, y que su puesta en marcha no obedece al capricho de la autoridad política o al mero deseo de servir de cobijo a personas que carecen transitoriamente de lugar en otros órganos políticos o administrativos, sino que responden a una necesidad objetiva. Pues bien, en esta ocasión deseo solicitar a los amables lectores un ejercicio de imaginación y que compartan, animus iocandi, el ejercicio siguiente. Imaginen que en el seno del Gobierno del Principado de Asturias se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia. Imaginense, ya puestos, que su norma de creación tuviese el siguiente tenor literal:

Ley del Principado de Asturias 19234/2016 de 31 de septiembre por el que se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia.

 

La Constitución española proscribe en su artículo 14 toda discriminación basada en condiciones personales. Tanto el artículo 9.2 de la Constitución española como el artículo 9.d) del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias establecen que los poderes públicos velarán especialmente por procurar la adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sociales que se integran sean reales y efectivas.

 

Sin duda alguna, es evidente que entre los grupos de personas tradicionalmente objeto de discriminación y tratamiento no sólo injusto, sino moralmente reprobable se encuentra el del sector de la población, mayoritariamente del género masculino pero también con ejemplos en el femenino, de quienes padecen esa lacra física que es la alopecia. Durante generaciones, los científicos han tratado de encontrar la solución a la caída del cabello, sin que hasta el momento la ciencia haya logrado ofrecer una respuesta al mismo. Pero, cuestiones científicas aparte, es un hecho objetivo que quienes sufren en sus carnes el doloroso problema de la pérdida de cabellos no sólo padecen una enfermedad, sino que son objeto de tratamiento burlesco tanto en los medios de comunicación social como en los ámbitos laboral y administrativo. Por ello, mediante el presente Decreto se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia para tratar de paliar una lacra social que precisa de un tratamiento jurídico no sólo paliativo, sino preventivo.

 

Artículo 1.- Se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia como órgano desconcentrado con nivel orgánico de Dirección General adscrito a la Consejería de la Presidencia.

 

Artículo 2.- Son fines del Instituto Asturiano de la Alopecia:

 

  1. Las actividades relacionadas con las acciones y medidas necesarias para la hacer efectivo el principio de trato no discriminatorio a la población alopécica.
  2. Impulsar y promover la participación de los alopécicos en todos los ámbitos.
  3. Eliminar cualquier forma de discriminación o trato degradante a la población que sufre alopecia.

Artículo 3.- Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto Asturiano de la Alopecia desarrollará las siguientes funciones:

 

  1. Elaboración de programas integrales impulsando medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discriminación de los alopécicos.
  2. Impulsar la revisión de las disposiciones de carácter general, actos administrativos y proyectos de ley para eliminar de ellos las discriminaciones por razones capilares, velando por la correcta igualdad de trato entre las personas con independencia del tamaño de su cabellera.
  3. Impulsar medidas encaminadas a posibilitar el acceso de los alopécicos a los puestos de trabajo de los que hayan sido excluidos por motivos estéticos. A tal efecto, se ejercitarán las acciones, tanto en el ámbito administrativo como laboral, para velar por el correcto cumplimiento del principio de no discriminación por razón de pelo.
  4. Promover la ejecución de proyectos que incidan en una educación tendente a no discriminar ni contemplar de manera burlesca a los alopécicos.
  5. Realizar, fomentar y divulgar estudios sobre la situación de los alopécicos asturianos, con el fin de que sirvan para orientar la elaboración de las políticas de igualdad y sensibilización de la sociedad hacia la situación de los alopécicos.
  6. Velar por la difusión de una imagen de los alopécicos ajustada a su realidad.

 

Artículo 4.- Reglamentariamente se desarrollarán los aspectos orgánicos del Instituto Asturiano de la Alopecia así como los aspectos relativos a sus recursos humanos. En todo caso, será requisito indispensable para formar parte tanto de los órganos rectores como del personal adscrito al mismo acreditar la condición de alopécico.

Pues bien, imagínense que una norma legal con esa redacción se aprobara. Pues bien, estén seguros que no faltarían motivos para que dicho organismo comenzara a actuar y a emitir informes, requerimientos, citaciones, denuncias y similares. Y, si no, he aquí algunos ejemplos:

1.- ¿Por qué en las novelas de Agatha Chistie la señorita Marple aparece como una viejecita encantadora y sin embargo Hércules Poirot, célebre tanto por sus cualidades intelectuales como por su falta de cabello, sea caracterizado como una persona intratable?

2.- ¿Por qué se tiene como prototipo de galanes cinematográfico a personas como Cary Grant o David Niven y no a otros actores como, por ejemplo, Yul Brynner?

3.- En la serie de televisión Olmos y Robles, ¿Por qué el héroe de acción es una persona joven, alta, delgada, ágil, propensa al análisis y la acción directa mientras que el alopécico es presentado como alguien torpe y con dificultades para comunicarse?

4.- ¿Por qué existe una marca de atún que se denomina Calvo? ¿No es una auténtica ofensa a quienes sufren dicho problema?

5.- ¿No es una auténtica ofensa, por no decir una provocación en toda regla, que el líder de una de las formaciones políticas comparezca ostentando una larga cabellera? ¿No se ofende con ello a quienes no tienen esa posibilidad?

La presente entrada ha sido elaborada animus iocandi, como es manifiesto y evidente. Pero con ello se quiere incidir en un hecho fundamental: cuando un objetivo o fin legítimo se desvirtúa por el abuso o uso ilegítimo de las prerrogativas para matar moscas a cañonazos se corre el riesgo de caricaturizar un problema real. Y sobre todo, cuando para justificar su existencia un órgano administrativo ha de incurrir en actuaciones que desbordan con creces la frontera de lo ridículo, pues ello no evidencia otra cosa que lo superfluo del mismo.

EL “BREXIT” PROFETIZADO POR SIR HUMPHREY APPLEBY A MEDIADOS DE LOS SETENTA.

Sir Humphrey Appleby

En uno de los episodios de la magnífica serie británica Yes, minister, centrada en la vida interna del ficticio Ministerio de Asuntos Administrativos, sir Humphrey Appleby, secretario permanente del sufrido ministro James Hacker, explicaba a éste los entresijos de la política exterior británica en lo que se refiere a la Unión Europea. Cuando el ingenuo ministro pregunta a su secretario: “Sure the Foreign Office is pro-Europe, isn´t it?” (Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores no es pro-europeo?), el Secretario le contesta con un “Yes and no, if you forgive the expression” (Sí y no, si me perdona la expresión). Y a continuación tiene lugar esta larga explicación que, no por ser divertida y estar incluida en una serie de política-ficción deja de tener un evidente poso de realidad:

The Foreign Office is pro Europe because it is really anti Europe. The Civil Service was united in its desire that united market didn´t work. That´s why we went into it […] Minister, Britain has had the same foreign policy objective for at least the last five hundred years: to créate a disunited Europe. In that cause we had fought with the dutch against the spanish, with the germans against the french, with the french and italians against the germans and with the french against the germans and italians. Divide and rule, you see. Why would we change now, when it worked so well.  We had to brake the all thing up, so we had to get inside. We tried to brake up from outside, but it didn´t work. Now that we are inside we can make a complete big pig breakfast with the all thing. (El Ministerio de Asuntos Exteriores es proeuropeo porque en realidad es antieuropeo. El Civil Service está unido en el objetivo de hacer que el mercado común fracase. Por eso nos incorporamos. Señor ministro, Gran Bretaña ha tenido el mismo objetivo en su política exterior durante al menos los últimos quinientos años: crear una Europa dividida. Por ello luchamos con alemanes contra españoles, con alemanes contra franceses, con franceses e italianos contra alemanes y con franceses contra alemanes e italianos. Divide y vencerás. Por qué cambiar las cosas cuando han funcionado tan bien. Teníamos que romperlo todo, por eso teníamos que incorporarnos. Tratamos de hacerlo desde fuera, pero no funcionó. Ahora que estamos dentro, podemos hacer un estropicio)

He aquí el divertido momento de la serie:

En otra secuencia de la misma serie, se contiene el siguiente diálogo entre el Ministro y el Secretario Permanente, aunque en esta ocasión el núcleo de la controversia no es el papel de Gran Bretaña en la entonces aún denominada Comunidad Económica Europea, sino el motivo por la que ésta se ha instituido. Ante ello, tiene lugar el siguiente diálogo:

MINISTRO: To strenghen the brotherhood of free western nations (Para reforzar la hermandad de las naciones libres occidentales).

SECRETARIO: Really? We wanted to screw the french by splitting them off from the germans? (Usted cree? Queríamos fastidiar a los franceses apartándoles de los alemanes)

MINISTRO: Well, why did the french go into it then? (Entonces por qué se incorporaron los franceses)

SECRETARIO: To protect its inefficients farmers from comercial competition. (Para proteger a sus ineficaces granjeros de la competencia comercial)

MINISTRO: Well, sure that doesn´t apply to the germans. (Bien, pero eso seguro que no es predicable de los alemanes)

SECRETARIO: No, they wanted to claim themselves from the genocide and applied from readmision to the human race (No, quieren lavarse las culpas del genocidio y solicitar la readmisión al género humano)

De nuevo, ofrecemos al lector el momento concreto de este diálogo.

Lo cierto es que, como hemos indicado, tras esa puesta en escena subyace una idea esencial que informa la política exterior británica: su autonomía e individualidad frente al exterior. Téngase en cuenta que si, es cierto que Gran Bretaña se incorporó en la Unión Europea y que desde la European Communities Act de 17 de octubre de 1972 ha incorporado el derecho comunitario a su ordenamiento interno, por lo que ha tenido que efectuar profundos cambios incluso a nivel constitucional a resultas de exigencias normativas comunitarias, siendo una de las más visibles la creación del Tribunal Supremo del Reino Unidos, institución desconocida que ha pasado a ejercer las competencias judiciales que hasta su creación ejercía la Cámara de los Lores.

Con todo, deben hacerse algunas observaciones a la situación, máxime teniendo en cuenta que la prensa está silenciando un dato esencial: no es el primer referéndum celebrado en Gran Bretaña sobre la permanencia en la Unión Europea.

1.- En efecto, siendo Primer Ministro británico el laborista Harold Wilson se convocó el día 5 de junio de 1975 un referéndum en Gran Bretaña, para que el electorado manifestase su opinión de acuerdo con la siguiente pregunta: “El Gobierno ha anunciado los resultados de la renegociación de las condiciones del Reino Unido como miembro de la Comunidad Europea. Cree que el Reino Unido debe permanecer en la Comunidad Europea (Mercado Común).” Tanto el Primer Ministro como la líder de la oposición conservadora, Margaret Thatcher, abogaban por el voto al sí a la permanencia. Celebrada la votación, una amplia mayoría de votantes, en concreto 17.378.581 votos que suponían el 67,23% apoyaron la permanencia, mientras que 8.470.073 sufragios que representaban al 32,77% del electorado votaron por la salida. Ello debe llevar a la reflexión porque, en primer lugar, existía una amplia mayoría favorable a la permanencia en las instituciones comunitarias, pero si uno lo analiza fríamente verá que existe un sólido bloque de casi un tercio de la población reacia a la integración.

2.- Los noticiarios no paran de referirse “plazo mínimo” de dos años para la efectiva desconexión de los ingleses. Ahora bien, si uno echa un vistazo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea comprobará que el plazo de dos años no es un plazo mínimo, sino máximo, es decir, en defecto de acuerdo entre las partes. Porque, una vez que el estado comunique su intención de retirarse, la Unión deberá celebrar con dicho estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada y el marco de sus relaciones futuras, estableciendo en el apartado tercero de dicho precepto que: “Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado dos, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.” Por tanto, el plazo de dos años es el fijado como máximo con carácter subsidiario y, aunque cabe prorrogar el mismo, en la actual situación se hace muy difícil, pues la ampliación del mismo exige no sólo acuerdo con el Estado, sino unanimidad de los miembros que, a la vista de las declaraciones, no parece que los distintos Estados vayan a poner facilidades para ello.

Es evidente que la Unión Europea goza de un claro déficit de legitimidad. Su construcción se efectuó a impulso de las élites políticas nacionales, sin consulta alguna a la ciudadanía, y mucho menos sin explicaciones claras sobre el particular. Y de aquellos polvos, vienen estos lodos.

Con todo, no deja de ser paradójico que una serie británica rodada a mediados de la década de los setenta del siglo XX haya expresado de forma hilarante pero a la vez sin merma del rigor, los objetivos últimos de la política británica en relación a Europa.

EL ALMUERZO COMO INSTITUCIÓN DE DERECHO PÚBLICO.

Placa conmemoración

En el capítulo inicial de su libro Mis almuerzos con gente importante, don José María Pemán aborda in extenso una institución tan frecuente, indispensable y decisiva como desconocida en el derecho público. Esa institución no es otra que la del almuerzo. En efecto, en el capítulo inicial del libro, titulado significativamente Filosofía del almuerzo, el autor desarrolla las líneas maestras de su tesis: “He escrito alguna vez que el almuerzo es la institución de derecho público más vivaz y expresiva que se conserva en España […] los hombres de hoy han sacado la consecuencia de que el momento más propicio para los temas fundamentales políticos, mercantiles o administrativos, es el almuerzo. Porque está técnicamente demostrado que el personaje convidado a almorzar que viene de estar seis horas en su despacho gubernativo viene ya entregado y convertido en aprovechable chatarra. El ministro del almuerzo es la mitad del ministro del desayuno. Lo que queda de un cargo público a las tres de la tarde es como un gran deseo de complacer y decir que sí a todo para descansar una horita de siesta. El almuerzo produce benevolencia. Todos almuerzan con todos.
Aunque el texto de José María Pemán evidentemente está redactado con un claro y evidente animus iocandi, un análisis más profundo revela que en modo alguno es desacertada la tesis expuesta en el párrafo indicado. Si omitimos las exageraciones plasmadas al albur de una evidente licencia humorística, podremos comprobar que, en efecto, el almuerzo es una institución clave del Derecho público, y no en vano muchas normas, actos administrativos y regulaciones de derecho público han sido engendradas no en una oscura covachuela, sino al albur de una buena mesa. Quien tenga la curiosidad de asomarse a la segunda parte del excelente libro Balada de la Justicia y la ley, donde el sin par Alejandro Nieto aborda la construcción de una industria farmacéutica en Sant Cugat del Vallés orillando e infringiendo todas las normativas urbanísticas habidas y por haber, comprobará que el ilustre catedrático viene a coincidir, sin citarlo, con Pemán, al indicar que las decisiones fundamentales en materia de urbanismo no se deciden en los despachos, sino en reuniones privadas, a lo que yo añado que con total seguridad aderezadas con abundantes viandas y regadas con un buen vino. Pero no es sólo en urbanismo, sino que hoy en día se ha extendido a todos los sectores del ordenamiento el arte de cohonestar de forma envidiable la satisfacción del interés público a la vez que se sacia el estómago particular con deliciosos manjares. ¿Quién no ha visto a representantes de deportistas entablar negociaciones con directivos no en despachos, sino en restaurantes, mesones o paradores? ¿Se va a negar que cuando determinadas posturas se enconan hasta hacerse irreconciliables, sin duda alguna la tensión del momento se esfumará simplemente convirtiendo a los negociantes en comensales?

Quizá el ejemplo más claro y palpable de la existencia del almuerzo como institución de derecho público nos la ofrece el procedimiento de elaboración del texto constitucional. Es conocido que las siete personas que elaboraron el anteproyecto del texto constitucional lo hicieron no en unos despachos oficiales, sino en el parador de Gredos, es de suponer que no ajenos a la buena comida y bebida que el lugar depara. Pero la consagración definitiva del almuerzo tiene lugar cuando la noche del 22 de mayo de 1978 tiene lugar en el restaurante José Luis una reunión entre una delegación de tres miembros de la Unión de Centro Democrático (encabezados por Rafael Arias Salgado) y cuatro del Partido Socialista Obrero Español (liderados por Alfonso Guerra) pactan nada menos que veinticinco artículos de la Constitución. Tan es así que el acuerdo a que llegaron ambas formaciones políticas ha pasado a la historia como “pacto del mantel”, e incluso la efeméride se conmemora en el lugar nada menos que con una placa ubicada en el local donde tuvo lugar tan gastronómico evento, y cuyo texto es el siguiente: “En este comedor se reunieron largas noches hasta la madrugada para conciliar sus diferencias los que después de compartir pan y vino dieron la luz la Constitución Española de 1978. En recuerdo de aquellas históricas veladas y en homenaje a los que honraron esta casa.” Cualquier persona con un mínimo de sentido común sabe que lo de “pan y vino” no es más que una figura retórica, pues meridianamente claro es que la mesa que compartieron los siete diputados de las Cortes constituyentes sin duda alguna estaría bien abastecida.

Queda, pues, acreditada fehacientemente la importancia decisiva de esa institución, el almuerzo, tan desconocida e ignorada en las facultades de Derecho, en las Escuelas de Práctica Jurídica y en la jurisprudencia. Sirva la presente entrada como homenaje al autor que supo adentrarse en la importancia de la buena mesa: al insigne poeta gaditano, ensayista, dramaturgo, académico y hoy injustamente olvidado José María Pemán Pemartín, a quien en su patria chica han condenado a una injusta e injustificada damnatio memoriae por motivos radicalmente ajenos al mundo literario.

EL GOBIERNO PROPONE UN BONO ANUAL PARA EVITAR INSPECCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Ticket

El Presidente del Gobierno en funciones, don Mariano Rajoy Brey, anunció a través de una comparecencia pública que ha tenido lugar a primeras horas de hoy lunes día veintiocho de septiembre de dos mil quince una de las medidas esenciales para la próxima legislatura, y que consistirá en establecer lo que ha calificado jurídicamente de “pago anticipatorio de evitación de sanciones y expedientes administrativos sancionadores”. Según explicó el líder popular: “Todo español es infractor por naturaleza…..y lo sabe! De ahí que se le ofrezca la posibilidad de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas a la vez que se beneficia de una acción, o en este caso sería más propio decir de una inactividad administrativa. El fin de la medida consiste en que por el abono de una cantidad se garantiza a quien suscriba el servicio que los servicios de inspección y sanción administrativa no ejercerán sus potestades administrativas frente al administrado en cuestión durante todo el periodo contratado.” El Presidente no ha dudado en poner un ejemplo concreto en el ámbito del derecho de la circulación. “Imagínense que un conductor es sancionado habitualmente durante un año con dos o tres multas por exceso de velocidad que le costarán aproximadamente unos mil euros y la detracción de seis a ocho puntos. Pues bien, mediante un módico precio de cuatrocientos euros anuales el ciudadano puede garantizar que ni los agentes encargados de la circulación ni las autoridades encargadas de tramitar ese tipo de denuncias denunciarán comportamiento alguno contrario a las normas de la circulación. A fin de acreditar la autenticidad de ese servicio se expedirá un carnet acreditativo personal al solicitante.” Se ofrecerán sustanciosas rebajas cuanto mayor sea el periodo contratado. Eso sí, el Presidente se mostró firme al asegurar que “en ningún caso ello supondrá la abdicación del ejercicio de la actividad punitiva del Estado cuando el comportamiento sea calificado como ilícito penal.” El Presidente aseguró contar con un informe favorable de los Servicios Jurídicos del Estado que avalan esta novedosa manera de ejercitar las prerrogativas públicas que, según indicó el jefe del ejecutivo “beneficiarán tanto a la Administración como a los ciudadanos.” Está previsto que el calendario de implantación de esta medida se inicie en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en la Delegaciones de Tráfico, al ser los órganos que más expedientes sancionadores tramitan, pero ulteriormente el plan de implantación prevé ampliarlo a otras áreas tales como la Seguridad Social. En contestación a una pregunta planteada por Frank Marhuender, el presidente reconoció que la idea principal de esta medida le vino tras leer una viñeta clásica de José Escobar contenida en un álbum de Zipi y Zape “a los que tan aficionado era a leer en mi infancia. Al fin y al cabo, si a mi ilustre predecesor la idea de la Alianza de Civilizaciones le vino a la cabeza durante un paseo por los jardines de la Organización de las Naciones Unidas, no veo por qué he de ser yo objeto de crítica porque mi fuente de inspiración sea una historieta patria.

Desde las principales fuerzas parlamentarias no se ve con malos ojos la medida, si bien se incluyen matices. Así, por ejemplo, Susana Díez, líder en funciones del Partido Socialista Obrero Español tras la inesperada dimisión por carta de Pedro Sánchez a primeras horas de esta mañana, manifiesta que “el producto de la recaudación de tales pagos anticipatorios ha de contribuir a reforzar las instituciones del Estado del bienestar, para garantizar la prestación de servicios esenciales.” El líder máximo de Podemos, Pablo Iglesias, ha puntualizado que “lo único que exigirá la formación que presido es que se establezca una escala en función de los ingresos y la posición económica del solicitante, de tal manera que a quien menos tenga, la cantidad anual a abonar en concepto de pago anticipatorio le sea menos onerosa que a quien disponga de recursos suficientes.” Albert Rivera, cabeza visible de Ciudadanos, ha garantizado su apoyo a la medida “siempre y cuando ello no suponga una diferenciación de los españoles ni con ello se ponga en riesgo la unidad de España.”

Dado el amplio acuerdo existente entre las fuerzas en esta materia, el Presidente en funciones no descarta, en caso de ser investido, aprobar la medida por vía de Real Decreto-Ley, el primero de esta nueva legislatura.

En otro orden de cosas, ha trascendido un acuerdo no escrito de las formaciones políticas con representación parlamentaria en orden a la constitución de las mesas. En el Senado el Partido Popular, pese a ser la fuerza con mayor presencia y que goza de mayoría absoluta en la Cámara Alta, acepta que para eliminar todo asomo de sospecha la Mesa se constituya en base a criterios gerontológicos, de manera que la persona de más edad sea el Presidente, la segunda de más edad el Vicepresidente y así sucesivamente; “al fin y al cabo eso significaba en su origen la palabra Senado, ¿no?, consejo de ancianos”, comentó jocosamente un portavoz de Podemos, que es junto con Ciudadanos la fuerza más perjudicada por el uso de este novedoso sistema. En la Cámara Baja, vista la fragmentación de fuerzas y la práctica imposibilidad de lograr un mínimo consenso, se ha optado por un método científico que la Vicepresidenta en funciones informó en principio iba a ser “A la pajita más larga”; ulteriormente y a propuesta de los principales líderes políticos, para evitar chocarreras e hilarantes confusiones terminológicas, se mutó el sistema por “jugar a los chinos“, aunque tras la agria oposición de Izquierda Unida, que consideró ese medio una ofensa para la nación China, de la misma forma que el Partido Popular rechazó el medio del “tiro al blanco“. Finalmente, todas las formaciones políticas han acordado por unanimidad que la máxima representación del Congreso sea elegida en una edición especial de “Operación Triunfo

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

DEFENSA DE LA EXPRESIÓN “DIARREA LEGISLATIVA”. RÉPLICA ANIMUS IOCANDI AL PROFESOR LEOPOLDO TOLIVAR

Diarrea

Ayer día 14 de octubre de 2015, en el magnífico Blog Es.publico, se publicaba un artículo titulado ¿Se precisa un defensor del opositor?, del que es autor Leopoldo Tolivar Alas. En dicho trabajo se analizaban las consecuencias de la actual vorágine legislativa, que el autor prefería calificar como “alud legislativo” debido a que, cito textualmente, “lo de diarrea que algún colega utiliza me parece excesivo e irrespetuoso con el Parlamento”. Pues bien, pese a que suscribo prácticamente la totalidad de las tesis y de las opiniones del profesor Tolivar, mi única discrepancia radica precisamente en la frase que acabo de transcribir.

Leopoldo Tolivar Alas es un prestigioso catedrático de Derecho administrativo, un magnífico docente y, sobre todo y por encima de todo, un auténtico caballero en el más amplio sentido de la palabra. He tenido la inmensa suerte de tenerlo como profesor en mi tercer año de carrera, en el que me impartió la segunda parte del Derecho administrativo (el primer año, por el contrario, tuve la desgracia de padecer a un in-docente, actualmente trasmutado en especialista en accidentes de circulación, del que algún día hablaré largo y tendido), y por ello puedo aseverar todo lo anteriormente dicho por experiencia propia. Y conste que, aunque mis posiciones ideológicas no coinciden precisamente con las del profesor Tolivar, ello no me impele a reconocer su erudición, su inmensa valía como docente y su excelente carácter y bonhomía. Quizá por esto último, por su caballerosidad innata, ha preferido orillar el término “diarrea legislativa” al considerarlo irrespetuoso. No obstante, y desde el respeto inmenso que me merece Leopoldo Tolivar como jurista y como persona, permítase a un exalumno y jurista dedicado profesionalmente al derecho público discrepar de su afirmación y realizar desde esta entrada, siempre animus iocandi, una defensa del término “diarrea legislativa”.

Partamos de las reglas generales de interpretación contenida en el artículo 3.1 del Código Civil, según el cual ésta se efectuará “según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.”; precisemos que aunque el texto legal se refiere a la interpretación de normas, esos criterios pueden utilizarse igualmente a la hora de analizar cualquier tipo de expresión, oral o escrita. Pues bien, acudiendo al primero y fundamental de los criterios, es decir, el sentido propio de sus palabras, el Diccionario de la Real Academia Española contiene la siguiente definición del término diarrea: “Del lat. tardío diarrhoea, y este del gr. διάρροια diárroia. 1. f. Síntoma o fenómeno morboso que consiste en evacuaciones de vientre líquidas y frecuentes.” Evidentemente que ello, la expulsión humana o animal de heces fecales con dichas características, no ha de interpretarse en este caso en sentido literal (de la misma forma que cuando se dice a otra persona en un ataque de ira que “eres un mal nacido” no se está cuestionando su nacimiento lícito ni calificándole de “criatura abortiva”, término legal que hasta hace poco figuraba aún en el Código Civil), sino en sentido más que figurado en el que una evacuación se caracteriza por dos notas: liquidez y frecuencia. Delimitado, pues, el término diarrea en su sentido literal y figurado, conviene descender aún más y verificar si es apropiado hablar de “diarrea legislativa”, para lo cual es extremadamente útil acudir a la “realidad social del tiempo en el que ha de ser aplicada”.

Es un hecho público y notorio que el Boletín Oficial del Estado de los últimos años se caracteriza por un inmenso volumen de normativa, gran parte de ella de rango legal, que día sí y día también supone un auténtico terremoto para el ordenamiento jurídico. Si nos limitamos al periodo comprendido entre el mes de junio del presente año 2015 hasta el día de hoy, los textos legales publicados oficialmente son muchos y muy variados, y afectan de forma sustancial a todas las ramas, pues suponen modificaciones en el ordenamiento jurídico civil (reforma del Baremo), procesal civil (nueva ley de jurisdicción voluntaria y reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil), penal (reforma del Código Penal), procesal penal (modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y contencioso-administrativo (nuevas leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector público, de carreteras, del sector ferroviario). Creo que nadie en su sano juicio puede discutir que a la “evacuación” de textos normativos se le puede aplicar con creces el calificativo “frecuente”. Resta, pues, verificar si la emanación frecuente de textos legales es merecedora de ser calificada como “líquida”. Pues bien, creo, haciendo una interpretación sistemática, que entendido dicho término como “no sólido”, la actual proliferación de leyes y normas con rango de ley merece ser calificado como tal, pues en efecto, nada parece tan poco sólido hoy en día como un texto que aparece en el Boletín Oficial del Estado, que fluye rápidamente en estado líquido para ser diluido brevemente por el árido y extenso ordenamiento jurídico español que precisará de un nuevo “líquido” para sustituir al evaporado. Por tanto, el término “diarrea legislativa” entiendo que es absolutamente apropiado y es perfectamente lícito y oportuno.

Resta, pues, por analizar si el mismo es irrespetuoso. Entiendo que en modo alguno se está faltando al respeto a una persona si se dice que la misma tiene diarrea, de igual forma que tampoco se es poco respetuoso con una persona si se dice que la misma es “calva” o “alopécica”. Sí hubiera sido algo irreverente, que no irrespetuoso, utilizar una expresión que evocase en el receptor la imagen de expulsión de elementos en estado no líquido, sino gaseoso (por ejemplo, “flatulencia legislativa“). En todo caso, y aun admitiendo a efectos disgresivos que la expresión tuviese un cierto deje irónico-despectivo, habría que precisar que es el mismo Parlamento con su actividad y cotidiano quehacer quien se ha hecho acreedor, y con creces, a esa falta de reverencia, hecho al que contribuyen igualmente los padres de la patria con los vergonzosos espectáculos circenses que ofrecen.

Por todo lo anteriormente expuesto, entiendo que el término “diarrea legislativa” no sólo es apropiado, sino que en modo alguno es irrespetuoso, dicho sea todo ello en estrictos términos de defensa.

 

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

EL GOBIERNO ELIMINA LA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA Y SUPRIME EL ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el día 28 de diciembre del año 2014 ha acordado aprobar el siguiente

ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA INTEGRAL DEL PROCEDIMIENTO EN QUE ES PARTE DEMANDADA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE SUPRESIÓN DE PRIVILEGIOS PROCESALES ADMINISTRATIVOS.

Exposición de Motivos

I

El sistema de control de la actividad de las Administraciones públicas siguió en nuestro país la órbita del sistema francés, aunque con ciertas peculiaridades. Desde su creación por las Leyes de 2 de abril y 6 de julio de 1845, que respondían al sistema de control por la propia Administración; pasando por la Ley de 13 de septiembre de 1888 que dio paso al sistema armónico. La benemérita Ley de 27 de diciembre de 1956 judicializa plenamente el sistema, dotándolo de los rasgos que ostenta actualmente, es decir, jurisdicción especializada pero inserta en el Poder Judicial. La vigente Ley 29/1998 de 14 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pese a las numerosas reformas que ha sufrido, se inspira en los mismos principios y mantiene el mismo esquema que su venerable predecesora, sin mejorar las muchas cosas buenas que aquélla poseía e incluso empeorando algunas de sus lacras. Sin embargo, no deja de ser un hecho evidente y notorio que la ciudadanía percibe dicho orden jurisdiccional como un fuero privilegiado de la Administración. Y es que, en efecto, pueden observarse en la normativa numerosos privilegios que son incomprensibles desde un punto de vista procesal: la existencia de un trámite de “alegaciones previas” que permite a la Administración dilatar la contestación a la demanda, alargando artificialmente el plazo, lo que mal se compadece con criterios de justicia procesal y material; la existencia de un plazo sucesivo y no común para la contestación a la demanda de la Administración y los codemandados, lo que permite a éstos suplir posibles carencias en la defensa del ente público; la exención de depósitos, tasas y similares, que no se ve acompañada por la exención en el caso de ser beneficiaria en costas, creando así una situación de enriquecimiento injusto don de la Administración posee todas las ventajas procesales de su parte pero ninguno de sus inconvenientes. Con todo, el punto negro y la verdadera lacra del sistema lo constituye la ejecución de sentencias, no siendo exagerado calificar de auténtica vergüenza el sistema actual: miles de sentencias que no se ejecutan, incidentes de ejecución que únicamente esforzando el imaginario pueden calificarse de tales.

La situación anteriormente expuesta, que describe con tintes descarnados pero reales el actual estado de cosas, requiere una pronta solución, máxime en tiempos como los actuales donde el ciudadano demanda no sólo celeridad, sino una verdadera justicia material acorde con los principios que inspiran el Estado social y democrático de Derecho. Es inaceptable reducir el derecho a la tutela judicial efectiva a un simple derecho a las formas procedimentales que, además, en numerosas ocasiones ni tan siquiera se respetan. Por ello se precisan no meras reformas parciales, sino una auténtica nueva planta, es decir, no se trata de practicar en el actual ordenamiento jurídico-administrativo una labor de injerto, sino de poda. Es por ello que la presente reforma se revela como necesaria a los objetivos de dotar al ciudadano de un instrumento eficaz a la hora de tutelar sus derechos subjetivos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

II

La presente ley da un giro radical a posición de la Administración pública frente a la Justicia, al no regular un procedimiento ad hoc, sino a que se limita a establecer las mínimas e indispensables especialidades que los procesos judiciales en que es parte la Administración pública gozan respecto al procedimiento declarativo civil ordinario, que se configura como el modelo general a seguir. También ha de indicarse que mediante la presente ley se pone fin a una tradición bicentenaria que mantenía un orden jurisdiccional propio, de tal manera que a partir de su entrada en vigor serán los Juzgados de Primera Instancia los competentes para conocer de todas las reclamaciones que se presenten frente a las actuaciones de los entes públicos, consagrando así a nivel procesal una auténtica y verdadera situación procesal de las partes. Se opta así por acercarse al modelo anglosajón, donde el enjuiciamiento de la actuación de las Administraciones públicas se ventila ante los mismos órganos judiciales que han de conocer de las reclamaciones privadas, finalizando así una situación de privilegio insostenible en pleno siglo XXI. Se pone fin también a los privilegios competenciales y de defensa de las Administraciones públicas, que pasan de este modo a ser una simple parte procesal más, y no un sujeto privilegiado en el seno de un proceso creado históricamente como un traje a medida de los poderes públicos

III

Se establece un proceso simple, que se inicia por un mero escrito de interposición, tras el cual el juzgado reclamará el expediente, una vez recibido el cual se dará traslado al actor para que a la vista del mismo formule la correspondiente demanda, continuando a partir de entonces el procedimiento por los cauces del juicio declarativo ordinario civil. Se establecen medidas eficaces para evitar retrasos en la remisión del expediente, de tal manera que transcurridos los plazos sin que el mismo haya sido entregado en el órgano judicial correspondiente se entenderán automáticamente impuestas las multas coercitivas, eliminando la discrecionalidad del juez en este tema, dada la excesiva comprensión e indulgencia con que en la práctica se ha actuado en este tipo de casos.

La presente ley opta igualmente por no regular un procedimiento ejecutivo propio, sino remitirse directamente a la ejecución civil, evitando así la lamentable situación actual en el tema. Se pone fin igualmente a la penosa y lamentable inembargabilidad de los caudales públicos, auténtico privilegio inexcusable de las Administraciones públicas, que en numerosas ocasiones se situaban, voluntaria o involuntariamente en una práctica situación de concurso. También se establece el principio de que el beneficiario de una sentencia firme que se vea imposibilitado de ejecutar la misma por ausencia de caudales o de bienes de la Administración, pueda, en los casos de entes territoriales menores así como en los casos de Administraciones institucionales y corporativas, solicitar la declaración de concurso de dicho ente.

IV

En las disposiciones finales de la ley se contienen un conjunto heterogéneo de medidas tendentes a eliminar muchos de los privilegios que la Administración pública ostenta en la actualidad. Así, se suprime, por ejemplo, el principio de inembargabilidad de caudales públicos y el privilegio de autotutela ejecutiva, de tal manera que si la Administración pretende ejecutar sus actos deberá acudir necesariamente a la vía judicial. Y aunque no es objeto de la presente ley la regulación de la defensa del Estado y del resto de Administraciones públicas, sí que el legislador es consciente de que la situación precisa igualmente de una modificación sustancial al ser la situación actual muy diferente de la que existía cuando se crea y desarrolla el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Carece de sentido el mantenimiento del Cuerpo de Abogados del Estado con los privilegios que ostentan cuando en la actualidad todo el que desee ejercer la abogacía, por cuenta propia o ajena, ha de someterse a una prueba de acceso merced a la Ley 34/2006 de 30 de octubre, razón por la cual a partir de este momento la defensa del Estado podrá ejercerla bien un funcionario del cuerpo superior que ostente titulación jurídica o bien un abogado colegiado.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.- Es objeto de la presente Ley regular las especialidades procedimentales que regirán los procesos en que son parte las Administraciones públicas.

Artículo 2.- Serán impugnables judicialmente las disposiciones generales, las actuaciones expresas o presuntas, la inactividad o las vías de hecho de cualquiera de las Administraciones o entes públicos. A efectos procesales, se entenderán por Administraciones públicas las enumeradas en el artículo 2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TÍTULO PRIMERO – ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Artículo 3.- Son órganos competentes para conocer de las pretensiones frente a las Administraciones públicas los siguientes órganos jurisdiccionales:

A.- Juzgados de Primera Instancia. Serán competentes para conocer en primera instancia todas las pretensiones que se deduzcan frente a cualquiera de las Administraciones públicas.

B.- Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia. Conocerán de los recursos de apelación frente a las sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia.

C.- Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Conocerá del recurso de casación interpuesto frente a las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia.

Artículo 4.- La competencia territorial la ostentará el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del actor. En ningún caso existirá fuero territorial específico o privilegiado alguno por el mero hecho de que la parte demandada sea una Administración.

TÍTULO SEGUNDO –REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LAS PARTES

Artículo 5.-

1.- El demandante podrá conferir su representación a un Procurador y encomendar su defensa a un letrado o bien encomendar a este último profesional la representación y defensa.

2.- El particular podrá comparecer en juicio asumiendo su propia representación y defensa, si bien en este caso el juzgado o Tribunal deberá verificar si quien pretenda asumir su propia defensa está en condiciones de ejercerla sin ver vulnerado su derecho de defensa. En el caso que el órgano judicial entienda que el particular carezca de los conocimientos necesarios para ejercer de forma efectiva su propia defensa, podrá, mediante auto motivado, encargar a un abogado en ejercicio que supervise la defensa del particular. Frente a ésta decisión tanto el particular como el letrado designado podrán interponer recurso de apelación, que no impedirá la ejecución de la resolución impugnada. Si el particular recurre la decisión, el Tribunal estará obligado a estimar el recurso, si bien en este caso no se podrá invocar en adelante vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de defensa legal.

En caso que el recurso fuese estimado, los honorarios que hubiera devengado la actuación del letrado serán abonados directa y personalmente por el juez o magistrado que hubiese realizado el encargo, quien no podrá en ningún caso repercutirlos a las arcas públicas o solicitar de éstas el reembolso.

Artículo 6.- La defensa del Estado y demás entes públicos podrán realizarla bien funcionarios del grupo A que ostenten la titulación de licenciados en Derecho y que tengan la condición de funcionarios de carrera de la Administración actuante o bien abogados en ejercicio contratados expresamente al efecto.

Una Ley Orgánica regulará la defensa del Estado y los demás entes públicos, así como la forma y requisitos que deberán seguirse por la Administración para la contratación de abogados colegiados.

TÍTULO TERCERO – PROCEDIMIENTO EN QUE ES PARTE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Artículo 7.- El plazo para la interposición de un recurso en el que es parte una Administración pública será de tres meses en el caso de disposiciones de carácter general, actos expresos, inactividad administrativa y vías de hecho. Dicho plazo se computará desde la publicación de la disposición general, la notificación al interesado de la resolución o acto expreso así como desde la comisión de vía de hecho; para terceros interesados el plazo comenzará a contarse desde que tengan conocimiento de la actuación impugnada.

En el supuesto de que el recurso se interponga frente a una desestimación por silencio, no existirá límite de plazo.

Artículo 8.- El proceso se iniciará mediante escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso. Al mismo se acompañarán los siguientes documentos:

1.- Copia del poder en el caso de que el impugnante acuda mediante profesionales encargados de su representación y defensa. En caso que pretenda defenderse por sí mismo, hará constar dicha circunstancia de forma expresa y clara.

2.- La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicación del expediente en que haya recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la Administración o una vía de hecho, se mencionará el órgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso.

3.- Si el recurrente desea recibir el expediente en formato papel o digital.

Artículo 9.- Presentado el escrito de interposición, el Juzgado o Tribunal dará traslado del mismo a la Administración requiriéndola para que en el plazo inexcusable de diez días:

1.- Remita el expediente administrativo. En el caso de estar en formato papel, el mismo habrá de remitirse debidamente foliado, numerado y con un índice al principio del mismo. En caso de estar en formato digital, habrá de remitirse en formato PDF en un único archivo, debidamente ordenado y con un índice al principio del mismo.

2.- Emplace a terceros interesados comunicándoles la existencia del procedimiento y la posibilidad de personarse en el mismo en el plazo de diez días. Los emplazamientos y el justificante de notificación de los mismos a los interesados deberán incorporarse al expediente administrativo.

Artículo 10.- Si en dicho plazo de diez días no fuese remitido el expediente, el juzgado o tribunal requerirá en el plazo de una audiencia a la Administración para que identifique al responsable de remitir el expediente a fin de imponer multas coercitivas personalísimas entre 10 y 200 euros, reiteradas diariamente hasta que el expediente tenga entrada en el órgano judicial. En el caso de que la Administración no evacúe dicho trámite se entenderá que el responsable es el autor de la disposición general, actuación expresa o vía de hecho impugnada; quien debiera dictar el acto expreso en el caso de silencio o quien debiera llevar a cabo la actividad en el supuesto de vías de hecho.

La imposición de las multas a que se refiere el párrafo anterior será automática, no precisando declaración judicial de imposición, sin perjuicio de que por resolución judicial se concrete la cuantía de la multa. Será constitutiva de infracción muy grave la negativa del juez o tribunal a dar cumplimiento a este precepto.

Artículo 11.-

1.- Recibido el expediente, se dará traslado del mismo al actor para que formalice la demanda, que habrá de reunir los requisitos exigidos en la Ley 1/2000 de 1 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las demandas de los juicios declarativos ordinarios.

2.- En el caso de que el actor estimare que el expediente se encuentra incompleto, podrá solicitar dentro de los diez primeros días del plazo para formular la demanda que se reclamen los antecedentes para completarlo, quedando en suspenso el plazo correspondiente. Una vez completado el mismo, se reanudará el plazo para formalizar la demanda.

3.- La Administración demandada remisora del expediente no podrá en ningún caso hacer uso del trámite de completar el expediente, debiendo considerarse temerario todo intento del ente público de suspender plazos con base en esta causa.

Artículo 12.-

1.- El procedimiento seguirá en cuanto a su desarrollo y fallo los trámites previstos en el Título II del Libro II de la Ley 1/2000 de 1 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El plazo para contestar a la demanda será común para la Administración y los codemandados o terceros interesados que comparezcan en el pleito.

Las causas de inadmisibilidad del recurso se plantearán en la propia contestación a la demanda y se resolverán en la audiencia previa.

2.- Las sentencias dictadas en este tipo de procedimientos serán públicas, y deberán colgarse en la página web del órgano judicial, eliminando los datos personales o todos aquellos que sean precisos en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.

Artículo 13.- En materia de costas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley 1/2000 de 7 de enero.

No obstante, en el supuesto de que la Administración demandada hubiese encomendado su defensa a empleados públicos que tengan titulación jurídica o a personas que no se encuentren inscritas como abogados ejercientes en el colegio profesional, no podrán exigirse las costas aún en el supuesto en que se hubiese declarado la temeridad del condenado al abono de las mismas.

TÍTULO CUARTO – RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES

Artículo 14.- Los Autos y Sentencias de los Juzgados de Primera Instancia en asuntos en que sea parte demandada una Administración pública serán susceptibles de recurso de apelación en los casos y en la forma previstos en el Título IV del Libro II de la Ley 1/2000.

Artículo 15.- Las Sentencias dictadas por las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación en los siguientes supuestos:

1.- Infracción de preceptos constitucionales o de normas estatales con rango de ley.

2.- Infracción de jurisprudencia.

3.- Contradicción entre dos o más sentencias de las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia.

Artículo 16.-

1.- El recurso de casación se formalizará en los términos previstos en la Ley 1/2000 de 7 de enero.

2.- Los magistrados de la Sala o Sección correspondiente del Tribunal Supremo se reunirán cuando menos un día a la semana a fin de determinar si los recursos de casación son admisibles o no. Se entenderán automáticamente admitidos en los casos que dos quintas partes de los miembros de la Sala o Sección encargada de resolver estimen que ha de admitirse a trámite la casación.

De las reuniones a que se refiere el párrafo anterior se levantará la oportuna acta, que será accesible al público y será objeto de publicación en la página web del órgano judicial correspondiente, si bien eliminando los datos personales o todos aquellos que sean precisos en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.

TÍTULO QUINTO – EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 17.-

1.- La ejecución de sentencias se regirá en su integridad por lo dispuesto en los Títulos III a V del Libro III de la Ley 1/2000.

2.- En ningún caso podrá alegarse por la Administración condenada al abono de cantidad líquida la existencia de perjuicio para la Hacienda pública.

3.- En el caso de que la Administración condenada al abono de cantidad líquida sea una Administración local, institucional o corporativa, o cualquier ente de derecho público dependiente de ellas, y carezca de recursos económicos para hacer frente a la misma, el acreedor de dichas cantidades podrá instar la correspondiente declaración de concurso de conformidad con las previsiones específicas que para el caso de entes públicos establezca la Ley 22/2003 de 9 de julio, concursal.

Artículo 18- Las medidas cautelares se regirán por lo dispuesto en el Título VI del Libro III de la Ley 1/2000 de 13 de enero.

Disposición Adicional Primera.- Las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia se desdoblarán separando ambos órdenes jurisdiccionales. A dicho efecto, en el plazo de un mes el Gobierno habrá de remitir al Congreso, para su tramitación por la vía de urgencia, el correspondiente proyecto de Ley.

Disposición Adicional Segunda.- El dinero y bienes en metálico obrantes en cuentas corrientes e instrumentos bancarios no tendrán la consideración de bienes públicos a los efectos del artículo 132 de la Constitución. Dichos bienes podrán ser objeto de embargo en ejecución de sentencias o resoluciones judiciales.

Disposición Adicional Tercera.- Se modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los siguientes términos:

1.- El artículo 56 pasará a tener la siguiente redacción: “Las Administraciones Públicas precisarán la autorización judicial para llevar a cabo la ejecución de todo acto administrativo que afecte a la libertad y propiedad de las personas físicas y jurídicas. Idéntico régimen jurídico será aplicable se aplicará a cualquier tipo de requerimientos que Administraciones o entes públicos efectúen a los ciudadanos en los que se le imponga un deber de comparecencia o aporte de documentación. Será de aplicación a estos efectos lo dispuesto en el artículo 93 de la presente ley”.

2.- Se añade un nuevo párrafo, el sexto, al artículo 89, con la siguiente redacción: “Frente a toda resolución expresa dictada en un procedimiento administrativo no se dará recurso administrativo o gubernativo alguno, quedando abierta la vía judicial 

3.- El artículo 93 pasa a tener la siguiente redacción: “1.Las Administraciones Públicas no podrán instar judicialmente ninguna actuación tendente a la ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. 2. Cuando la Administración pretenda instar la ejecución de un acto administrativo se seguirán los trámites de la ejecución de resoluciones judiciales. En el escrito de oposición, el destinatario del mismo podrá oponer cuantos motivos de forma y fondo tenga frente al acto administrativo en cuestión. La oposición del destinatario del acto determinará que se suspendan las actuaciones de ejecución y el pleito siga el cauce del procedimiento declarativo ordinario, pudiendo en tal caso la Administración solicitar una vez tenga conocimiento del escrito de oposición cuantas medidas cautelares estime oportunas para garantizar la efectividad de la resolución”.

Disposición Adicional Cuarta.- En el plazo de un mes desde la publicación de la presente ley el Gobierno remitirá a las Cortes los siguientes proyectos de ley:

1.- Reforma de la Ley 22/2003 de 9 de julio, concursal, que regule el concurso de las Administraciones local, institucional y corporativa. Dicho procedimiento no podrá conllevar la petición de disolución de los entes.

2.- Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas en acorde con los principios jurídicos que la presente ley contiene.

3.- Ley de Asistencia Jurídica al Estado y entes públicos dependientes del mismo.

Disposición Adicional Quinta.- En el plazo máximo de dos años, el Gobierno podrá aprobar un Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil que aúne las disposiciones de la actual Ley 1/2000 de 7 de enero con las de la presente ley.

Disposición Derogatoria Única.- Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

1.- Ley 29/1998 de 14 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2.- Artículos 94 a 101 así como los Títulos VII y VIII de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.- Cuantas disposiciones se opongan o contradigan la presente ley.

Disposición Transitoria Única.- La presente ley se aplicará a los procedimientos que se inicien con posterioridad a su entrada en vigor. Los procesos existentes que se encuentren pendientes de resolución continuarán rigiéndose en todas sus fases y recursos por la normativa anterior.

Disposición Final.- La presente Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

ESPAÑA SE INCORPORA COMO NUEVO ESTADO A LA REPÚBLICA ALEMANA. VANESA ROMERO, HUGO SILVA, JORGE JAVIER VÁZQUEZ, BELÉN ESTEBAN Y CHIQUITO DE LA CALZADA MINISTROS.

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Hoy día 28 de diciembre de 2013 el Presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy Brey, ha convocado de urgencia y por sorpresa a los representantes de los distintos medios de comunicación para notificarles una serie de decisiones políticas fundamentales que ha tomado el gobierno español. Ha comenzado dibujando de forma realista y sin ningún tipo de concesiones el grave clima de desencanto que vive la población española derivada de la crisis política que vive nuestro país, con todas las instituciones cuestionadas, ante el reto de un nacionalismo catalán que se ha posicionado abiertamente por la secesión, y ante la crisis económica que asola nuestro país con más de seis millones y medio de parados. Ante diagnóstico tan realista, el presidente español ha manifestado que la solución pasa lisa y llanamente por unirse al estado alemán, pasando a ser España uno más de los länder alemanes. Rajoy, parafraseando a Suárez, manifestó que “hay que trasladar al nivel político lo que es real a nivel de calle”, y siendo así que los cuatro últimos años nuestro país ha tomado decisiones impuestas desde Berlín, lo lógico es que se proceda a reconocer a nivel de derecho esa sumisión de hecho. “No es de recibo que España goce de todos los inconvenientes de una situación y ninguna de las ventajas. Es evidente que pasando a formar parte de la nación alemana gozaríamos de los derechos inherentes a todo länder”, obteniendo además un beneficio adicional, pues las instituciones germanas gozan de muy buena salud y no han sufrido un desprestigio tal como las hispanas. “Si en su día tuvimos a un monarca español empuñando el cetro alemán [en clara referencia a Carlos I de España y V de Alemania] no debe resultar extraño a oídos españoles que hoy en día, y en justa contraprestación, sea un alemán marque la política española a nivel jurídico”, contestaba el todavía presidente español a preguntas de un periodista del diario La Nación. “Además, así me ahorro el tener que contarle a la canciller alemana las deliberaciones del Consejo de Ministros”, argumentó Rajoy. Tras manifestar que el monarca español “está informado y comparte totalmente las tesis del gobierno en este aspecto”, concluyendo su intervención en este punto tras informar que el Gobierno había encargado ya un informe jurídico a la Abogacía General del Estado y al Consejo de Estado para verificar los procedimientos necesarios para llevar a cabo la integración en la República alemana.

De igual manera, y para llevar a cabo la ordinaria gestión y despacho de asuntos hasta que se consume la anexión, anunció una remodelación del ejecutivo. Con la finalidad de descargar de trabajo a la Vicepresidenta del Gobierno, ha decidido nombrar ministros portavoces del gobierno Gobierno a Vanessa Romero y Hugo Silva, decisión que argumentó indicando que “Ya que no podemos llevar alegrías a los hogares y a los bolsillos de los españoles, cuando menos procedamos a alegrarles la vista cada viernes”. Por su parte, tres de los ministros más cuestionados abandonan el gobierno. Alberto Ruíz Gallardón abandona la cartera de Justicia y pasa a ser sustituido por Jorge Javier Vázquez; “quién mejor como cabeza de la justicia quien lleva años juzgando a todo el mundo desde la televisión”, manifestó Rajoy al comunicar esta decisión añadiendo que, además, Vázquez tiene experiencia en lo que desea todo justiciable: “No se extrañará cuando todos se dirijan a él diciendo: Sálvame”. José Ignacio Wert cesa como titular de educación para ser sustituido por Belén Esteban “cuyos acreditados conocimientos, erudición y cultura gozan de amplio reconocimiento en la comunidad académica y en la realidad social; no me cabe duda que su gestión conducirá la educación española a límites insospechados”, justificó el presidente. Por último, Cristobal Montoro y Luis de Guindos abandonan sus carteras ministeriales, que pasan a fusionarse en el que será conocido como Ministerio del Bolsillo Público, cuyo primer titular será Chiquito de la Calzada; “me impresionó su agudeza a la hora de percibir la gravísima situación en que nos encontramos” manifestó Rajoy quien, según desveló a los periodistas, al hablar con el interesado para ofrecerle el cargo ministerial y preguntarle por su percepción acerca de la crisis económica, recibió como respuesta “está la cosa mu mala; te da cuennnn?”.

Cuando, al finalizar su exposición, Francisco Marhuenda preguntó al presidente si se trataba de una inocentada, Mariano Rajoy respondió absolutamente serio “Sí, sí, sí…….o no. Vaya ushted a saber

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