EL GOBIERNO CREA UN NUEVO IMPUESTO QUE GRAVA A PEATONES Y VEHÍCULOS POR EL USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS.

Vía pública

El responsable de este blog, gracias a los impagables esfuerzos realizados por su gran amigo A.J. Raffles, ha tenido acceso a este impresionante documento, que no es otro que el borrador del Anteproyecto de Ley elaborado por los servicios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para crear una nueva figura impositiva. Dado su notable interés, faltaríamos a nuestra responsabilidad si no lo compartiésemos con nuestros lectores.

 

ANTEPROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE UTILIZACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS POR DESPLAZAMIENTOS PERIPATÉTICOS O VEHICULARES

 

I

 

Es evidente que hoy en día el uso de las vías públicas es habitual y frecuente, ya sea en su vertiente individual mediante el paseo físico del caminante que, por trabajo u ocio, efectúa desplazamientos continuos por las vías públicas –bien sin otro soporte que el de sus extremidades inferiores, bien mediante uso de vehículos de tracción pedestre o mecánica- ya sea en la vertiente colectiva a través de los medios de transporte.

Lo cierto es que ese aspecto cotidiano, por lo frecuente y habitual del mismo, oculta un hecho determinante, cual es el desgaste de las vías públicas debido al constante uso del mismo. A tales efectos, es indiferente cual sea el motivo que ocasiona el desplazamiento, o que el mismo sea voluntario o forzoso, por ocio o por trabajo, pero sin duda lo esencial en este punto es el progresivo desgaste de las vías públicas, ya sean calles, caminos, plazas, autopistas, autovías o cualquier otra vía de comunicación terrestre, con las inevitables consecuencias que ello acarrea en cuanto el desgaste disminuye la seguridad de tales vías y, en consecuencia, se constituye en un potencial foco de peligro para los usuarios del mismo.

Es evidente que el necesario mantenimiento de dichas vías no puede recaer, en justicia, en la misma proporción en todos los ciudadanos, por cuanto repugna al sentido común que quien apenas utilice las vías se vea obligado a satisfacer los gastos de reparación y mantenimiento en la misma cuantía que quien lo utiliza con mayor frecuencia. De ahí que el Gobierno haya considerado prudente articular un sistema equitativo y eficaz a través de la política impositiva, articulando el Impuesto por el uso de las vías públicas, cuya recaudación podrá vincularse al mantenimiento y reparación de dichas vías.

II

El Impuesto sobre Utilización de las Vías Públicas por Desplazamientos Peripatéticos o Vehiculares (IUVPDPV) se constituye en una nueva figura tributaria, de naturaleza personal, objetiva y directa cuyo hecho imponible consiste en el uso de las vías públicas por personas físicas así como a las personas jurídicas dedicadas al transporte de particulares. En este sentido, el tributo tiene vocación de permanencia y estabilidad, limitándose a gravar el uso de los caminos terrestres, dejando para un ulterior momento la posibilidad de establecer un gravamen análogo para el supuesto de vías marítimas y aéreas.

CAPÍTULO PRIMERO

Artículo 1.- El Impuesto sobre Utilización de las Vías Públicas por Desplazamientos Peripatéticos y Vehiculares es un impuesto personal, de naturaleza directa y objetiva, que grava la utilización de las vías públicas por particulares y empresas, en los términos previstos en la presente ley.

Artículo 2.- El Impuesto sobre Utilización de las Vías Públicas por Desplazamientos Peripatéticos y Vehiculares se exigirá en todo el territorio nacional.

 

CAPÍTULO SEGUNDO

Artículo 3.- Constituye el hecho imponible del impuesto el uso, por cualquier medio y debido a cualquier motivo, de todo tipo de vías públicas, ya sean éstas autopistas, autovías, carreteras (ya sean nacionales, provinciales, comarcales o locales), caminos, sendas, vías, aceras o similares.

No se encuentra sujeto al presente impuesto el uso de vías de titularidad privada, ni la utilización de vías acuáticas o aéreas.

Artículo 4.-

  1. Son obligados tributarios del presente impuesto, en su condición de contribuyentes:

A.- Las personas físicas que utilicen las vías públicas.

B.- Las personas jurídicas cuyo objeto social sea el transporte terrestre de mercancías y viajeros. En el caso de las personas jurídicas cuyo objeto social sea distinto del anterior, los obligados tributarios serán las personas físicas que efectúen el transporte ocasional, sin perjuicio de que puedan repercutir el mismo a la empresa o entidad por cuenta de la cual efectúan el desplazamiento.

2.- Se encuentran exentos del presente impuesto:

A.- Los transportes públicos de viajeros, cuando el mismo sea gestionado por una entidad pública, bien directamente o bien mediante sociedad mercantil de capital total o mayoritariamente en manos de la entidad pública.

B.- Los servicios de ambulancia, bomberos y policía.

C.- El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, los Consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas y los Concejales de Hacienda de las entidades locales, así como sus familiares hasta el sexto grado de cosanguinidad o afinidad

Artículo 5.- Constituye la base imponible del impuesto el número de kilómetros que durante el año natural se hayan efectuado en todo tipo de vías públicas. En el supuesto de las empresas dedicadas al transporte terrestre de mercancías y viajeros la base imponible estará integrada por la suma total de los kilómetros efectuados por todos los vehículos que constituyen su flota de transporte.

A efectos del cálculo de la base imponible se estará a lo dispuesto en las normas de gestión del tributo reguladas en el capítulo siguiente.

Artículo 6.-  La cuota tributaria es el resultado de aplicar en la base imponible el siguiente porcentaje:

A.- Personas físicas: 0,5

B.- Personas jurídicas: 0,05

CAPÍTULO TERCERO

Artículo 7.- El Impuesto se devenga el 1 de enero, siendo el periodo impositivo el año natural. El mismo será exigible y, en consecuencia, deberá ser ingresado entre los días 1 y 30 de agosto del año siguiente al del periodo impositivo, mediante autoliquidación. A tal efecto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas elaborará, mediante la correspondiente Orden Ministerial, el impreso correspondiente, que necesariamente llevará la denominación 666/HAC/IDP-UT/A.

 

Artículo 8.- Las empresas encargadas de la Inspección Técnica de Vehículos efectuarán en cada revisión el cálculo de kilómetros que se han efectuado en el vehículo examinado. Se presume que dicha cantidad de kilómetros se corresponde con desplazamientos efectuados en las vías públicas, correspondiendo al particular la carga de la prueba de que todo o parte de la misma se corresponde a desplazamientos efectuados en vías de titularidad privada.

Artículo 9.- Las personas físicas estarán obligadas a implantar por vía intraepidérmica un chip encargado de  calcular las distancias recorridas por el individuo. Reglamentariamente se establecerán los requisitos de homologación y verificación periódica de dicho chip, que deberá activarse automáticamente una vez que el individuo salga de su domicilio.

La negativa de un individuo a implantar el chip regulado en el párrafo anterior será considerada como delito de rebelión.

 

Disposición Adicional Primera.- Se autoriza al Ministro de Hacienda, mediante Orden Ministerial, a actualizar los porcentajes regulados en el artículo sexto.

 

Disposición  Adicional Segunda.- La presente Ley entrará en vigor el día 29 de febrero de 2018.

Disposición Adicional Tercera.- Se añade un nuevo artículo 472 bis a la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, con la siguiente redacción: “Serán igualmente reos del delito de rebelión las personas físicas que, tras haber sido formalmente requeridas para ello por la autoridad pública, rehúsen implantar en su cuerpo el chip regulado en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre Utilización de las Vías Públicas por Desplazamientos Peripatéticos o Vehiculares así como su normativa de desarrollo.

Disposición Adicional Cuarta.- Las cantidades que se recauden con el presente impuesto estarán íntegramente vinculadas al mantenimiento, conservación y reparación de las vías públicas terrestres, salvo que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas disponga otra cosa. A estos efectos, será válido y suficiente la simple comunicación verbal del Ministro de Hacienda para anular la vinculación establecida en la presente Disposición.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

EL “MINISTERIO DEL TIEMPO” VISTO DESDE EL DERECHO ADMINISTRATIVO.

Ministerio del Tiempo

En mi condición de espectador confeso de la serie El Ministerio del Tiempo, y como jurista práctico que maneja diariamente el ordenamiento jurídico-administrativo, he decidido seguir los divertidos planteamientos con los que mi admirado José Ramón Chaves nos obsequia en su blog, de tal forma que reflexiono en voz alta sobre diversos aspectos que dicha serie plantea desde el punto de vista del Derecho público.

I.- ¿Es el Ministerio del Tiempo un auténtico “Ministerio”?

Los Ministerios son aquellos departamentos encargados de la gestión de una o varias áreas del Gobierno. Corresponde al Presidente del Gobierno, mediante Real Decreto, la creación, modificación y supresión de los departamentos ministeriales (artículo 2.2.j de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno). Los mismos tienen naturaleza tanto política, correspondiendo a sus titulares fundamentalmente desarrollar la acción del gobierno en el ámbito de su Departamento (artículo 4 de la Ley del Gobierno), como administrativa, donde la cabeza de dicho órgano tiene atribuidas ex lege una serie de competencias centradas en la gestión cotidiana del departamento (artículo 61 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

Dado que a lo largo de la serie en ningún momento se indica que exista una cartera en el seno del gobierno con tal denominación, ni se constata que el citado organismo tenga la categoría ministerial o conste en los correspondientes Reales Decretos de reestructuración de los Departamentos ministeriales, no podemos concluir que, cuando menos desde el punto de vista jurídico-administrativo, nos encontremos ante un Departamento ministerial stricto sensu, aunque oficiosamente se le denomine como tal.

Aunque a lo largo de la serie queda bien claro que existe cierta vinculación jerárquica respecto de Presidencia del Gobierno, lo que implica que ha de tener cierta naturaleza pública. Aunque para abordar este punto mejor hacerlo al contestar a la siguiente pregunta

II.- ¿Es Salvador Martí un auténtico “subsecretario” delMinisterio”?

Habiendo superado la barrera de los treinta episodios y en pleno camino hacia el cuadragésimo, cualquier persona que haya visto alguno de ellos sabe que al frente del Ministerio del Tiempo se encuentra Salvador Martí, a quien se le identifica como “Subsecretario del Ministerio”.

Los Subsecretarios son, en efecto, órganos directivos de los Ministerios, que se crean, modifican y extinguen por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (artículos 55.3.b.1 y 59.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). Como tales, los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes y ejercen las competencias relativas a los mismos (artículo 63.1.a de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público).

Ahora bien, pese a ser calificado como “subsecretario”, Salvador Martí en modo alguno ejerce la representación ordinaria del Ministerio, por cuanto aun cuando vinculado a Presidencia, no ejerce la representación ordinaria de dicha cartera ni gestiona los servicios comunes de la misma. Por tanto, ni estamos ante un “Ministerio” del Tiempo, ni Salvador Martí es propiamente un “subsecretario”. Máxime cuando es público y notorio que cualquier relevo en la Presidencia del Gobierno acarrea la sustitución de los órganos superiores y directivos, siendo así que Martí fue puesto en el cargo que ostenta por Adolfo Suárez, permaneciendo durante más de tres décadas el mismo, salvo un fugaz periodo en el que fue relevado por Susana Torres merced a un coup d´etat interno facilitado por Irene Larra, pero todo ello sin mediar acto de cese y relevo y mucho menos publicación oficial del mismo.

En definitiva, que nos encontramos ante un organismo similar al Impossible Mission Force, es decir, un ente no ya traslúcido, sino “opaco” situado no extramuros del sistema, pero sí oculto a la generalidad de la población e incluso de los propios poderes públicos.

III.- ¿Cómo se estructura orgánicamente el “Ministerio del Tiempo”?

En este punto, la opacidad es absoluta. Sabemos que al frente del mismo se encuentra Salvador Martí, a quien ya hemos visto se identifica como “subsecretario”, y a quien todo el personal se encuentra subordinado. Pero salvo el caso de Angustias, la secretaria personal de Martí, desconocemos el rango y jerarquía del resto de personas que lo integran y las posibles dependencias, vínculos o relaciones jurídicas que existen entre ellos.

IV.- ¿Cuáles son las competencias que ostenta el “Ministerio”?

Parece claro que el Ministerio se constituye en una especie de “policía de la historia”, evitando que puedan ser alterados hechos o eventos ocurridos en el pasado.

Prescindimos en este apretado análisis aspectos que podrían ser abordado desde otras disciplinas técnicas, como, por ejemplo, la consideración del tiempo (incluso el pasado) como algo continuo susceptible de ser modificado en cualquier instante. Lo único que interesa en este momento es verificar si esas competencias implican el ejercicio de autoridad o el uso de prerrogativas públicas. Todo parece indicar que no, dado que en ningún momento los integrantes de tan peculiar cuerpo de vigilancia se identifican como tales, ni invocan autoridad alguna, sino que, por el contrario, siempre actúan de incógnito o bajo disfraz.

V.- ¿Cuál es la naturaleza jurídica de su personal?

Es muy frecuente escuchar a los diversos protagonistas referirse a los “funcionarios del ministerio.” Ahora bien, desgraciadamente no podemos dar por válida dicha afirmación, cuando menos si contrastamos la expresión “funcionario” con la regulación legal contenida en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, hoy sustituida por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, así como por la normativa de desarrollo.

En efecto, no consta que exista Relación de Puestos de Trabajo, tampoco que se hayan convocado las oportunas bases para la convocatoria, ni que el personal se haya reclutado conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad o superado prueba alguna tendente a validar sus aptitudes. Más bien al contrario, la entrada al servicio del Ministerio se caracteriza por la más absoluta arbitrariedad, debido al nepotismo más absoluto o al simple azar. Tal es el caso de Julián Martínez, a quien se recluta simplemente por ser testigo incómodo de la aparición inesperada de dos soldados napoleónicos, que llegan al siglo XXI por una de las puertas ocultas cuya existencia desconocía el Ministerio.

VI- ¿Cuál es la vía de financiación del Ministerio?

Parece claro que la pública, en cuanto en numerosas ocasiones se refieren a la “escasez del presupuesto” y se pide a las autoridades públicas un “aumento del mismo”. Ahora bien, dado el carácter oculto y secreto de esta entidad, el importe de las cantidades con que se dota al mismo no constan incorporadas en los Presupuestos Generales del Estado.

A todo lo anteriormente indicado cabe añadir que el incorrectamente denominado Ministerio del Tiempo supone, a efectos jurídicos, una auténtica bofetada a la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno. Lo cual no impediría a cualquier ciudadano solicitar la información precisa sobre el mismo, su funcionamiento y su personal, dado que el artículo 17 de dicho texto legal otorga una legitimación activa prácticamente universal para tal solicitud.

 Dicho sea todo lo anterior respetuosamente y en estricto ejercicio del animus iocandi.

 

 

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

QUITA LA PELUCA….JUEZ. DE PELOS, PELUCAS Y JUECES.

Peluca

Uno de los temas más jocosos e hilarantes de la Orquesta Mondragón es aquel titulado Ponte peluca, cuya frase inicial ya daba una pista sobre el tono y el motivo de la jácara: “A todos el pelo se nos caerá, más tarde o más temprano el otoño llegará.”

Pues bien, hubo una época donde tal adorno capilar adornaba las testas de Sus Señorías, algunos de los cuales podían disimular con el mismo el hecho de no tener ni un pelo….de tonto. En la mente de todos se encuentran las largas pelucas rizadas que lucían y lucen los jueces británicos, muy semejantes a las que adornaban la cabellera de Juan Sebastián Bach o Jean François Arouet, Voltaire, mientras que las de los barrister se asemejaban más a las que lucía el bonachón Carlos IV. Entonces, la peluca no era motivo alguno de burla, sino que, muy al contrario, prestaba cierto toque de distinción.

Es curioso que en estos días he leído dos anécdotas relativas al uso (o, hablando propiamente, desuso) de la peluca en el mundo judicial. Los dos hechos que a continuación voy a narrar tienen lugar en el siglo XVIII, y si geográficamente un vasto océano separa los lugares donde se produjeron, temporalmente son dos décadas la distancia que los separa.

1.- España, año 1768. Un bisoño jurista que aún no frisa el cuarto de siglo va a departir con una de las personalidades más importantes de la corte, Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, conde de Aranda. El joven, que va a tomar posesión como Alcalde del Crimen en la Audiencia de Sevilla, desea ofrecer sus respetos al conde antes de incorporarse a la ciudad bañada por el Guadalquivir. Aranda le aconseja al recién nombrado juez que no utilice la peluca propia del estamento judicial, sino que utilice su propia cabellera, sujetada en coleta con una cinta. Al incorporarse a su destino, el juez hizo caso de tal consejo y, en efecto, desterró personalmente el uso de la peluca. El juez en cuestión, como el lector habrá sin duda adivinado, no era otro que Gaspar Melchor de Jovellanos. La anécdota de la peluca aparece en la célebre Vida y obra de Jovellanos, debida a José Miguel Caso González. En el recentísimo esbozo biográfico Jovellanos: la moderación en la política, debido a Manuel Moreno Alonso (a cuya presentación tuve el inmenso privilegio de asistir) se pone en cuestión la entrevista, pero no el hecho que Jovellanos desterrase el uso de la peluca, dado que tal circunstancia se encuentra perfectamente documentada.

2.- Nueva York, 1 de febrero de 1790. William Cushing, uno de los seis jueces nombrados por George Washington para el Tribunal Supremo, abandona su casa y se dirige a la sede del Tribunal, vistiendo su toga escarlata y negra y adornando su testa con la peluca judicial característica de los jueces ingleses. Súbitamente, se apercibe que un grupo de niños le sigue disimulando la risa, sin que supiese el motivo de tal circunstancia. Es entonces cuando un marinero se acerca a Cushing y le dice: “Señor, menuda peluca!!” Aparentemente, Cushing quedó tan avergonzado que se desprendió de la misma, siendo éste el motivo por el que los jueces norteamericanos no mantienen dicho adorno en sus cabezas. O, cuando menos, eso nos cuenta Bernard Schwartz en el primer capítulo de su History of the Supreme Court of the United States.  Al igual que ocurre en el caso de Jovellanos, hay motivos para dudar de la certeza de este hecho. Cierto es que en el famosísimo retrato que Gilbert Stuart hiciera del chief justice John Jay éste aparece con toga rojinegra, pero dicha obra deja bien claro a ojos del espectador que la alopecia es un problema que no perdona ni a los jueces; en otras palabras, que por muy bien amueblada que estuviera la cabeza de Jay (que lo estaba, en efecto), a la hora de ejercer la alta magistratura su testa se encontraba desnuda de todo adorno que disimulase la calvicie. Por el contrario, en el retrato que se ha conservado de William Cushing, éste aparece tocado con peluca rizada, prueba de que el hecho narrado por Schwartz no es del todo cierto. ¿Se debería, quizá, oscuros complejos relacionados con la caída del cabello, complejos arraigados en Johnson y que en nada importaban a Jay? No podemos saberlo, pero lo que sí es un hecho incuestionable es que bajo John Marshall los jueces se desprenden de todo ornamento tanto capilar como colorista en la toga, que pasa a ser exclusivamente negra.

OVACIÓN Y VUELTA AL RUEDO DEL TRIBUNAL SUPREMO AL COGER EL “TORO” POR LOS CUERNOS.

mortadelo

Es curioso amén de divertido el asunto resuelto por la recentísima Sentencia 26/2017 de 18 de enero de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictada en recurso número 682/2015 donde el Tribunal Supremo ha tenido que salir al albero y tras varios pases en chicuelina, coger literalmente el toro por los cuernos. Y lo hace a cuenta de los recursos extraordinarios por infracción procesal interpuestos por las entidades Grupo Osborne S.A. y Jordi Nogués S.L, quienes se cruzaron varios puyazos a cuenta de los signos distintivos de sus respectivos productos. Porque, en efecto, es público y notorio para varias generaciones que el clásico “toro” cuya silueta aún adorna ciertos lugares de las carreteras españolas era la tradicional publicidad de las conocidas bodegas, pero su silueta de perfil en nada se parece al “badtoro” emblema utilizado por la otra empresa y cuya figura representa el primer plano del rostro de un toro con el ceño fruncido. Vamos, un toro con muy “mala leche”, de ahí quizá lo de “badtoro”. El grupo bodeguero entabla una demanda ante el juzgado de lo mercantil solicitando que la otra empresa se abstenga de utilizar el término “toro”, a lo que la demandada contesta oponiéndose y reconviniendo, solicitando idéntica pretensión frente al demandante. Total, que el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, expulsa a ambos contendientes fuera del ruedo al denegarles la razón a ambos. No contentos con la lección, ambos apelan la resolución judicial ante la Audiencia Provincial de Alicante, quien desestima los recursos presentados por las dos partes mandándoles nuevamente a paseo. Impasible el ademán e inasequibles al desaliento, ambas partes acuden al Tribunal Supremo. Y éste en efecto, les ha hecho a ambos una faena que, como dice el gran Mortadelo, “ríase usted del Gallo”. Aclaramos para los lectores jóvenes que el personaje inmortalizado por Ibáñez se está refiriéndose a Rafael Gómez “el Gallo”, quien se ha hecho un pequeño hueco en la historia al popularizar una frase pronunciada cuando le presentaron a Ortega y Gasset. Al decirle al matador que Ortega era un filósofo, aquél no entendió bien y repregunta “filo qué?” ante lo que recibe una respuesta mucho más detallada: “analiza el pensamiento de la gente”. La antológica respuesta de Rafael Gómez “el Gallo” ha pasado a los anales: “Hay gente pa tó.”

El Tribunal Supremo aborda el asunto exponiendo los antecedentes de hecho del asunto, que incomprensiblemente vuelve a reiterar, ampliándolos, en el fundamento jurídico primero, lo que acredita nuevamente que en la judicatura española la distinción entre hechos y derecho no está ciertamente bien clara, por lo cual es ciertamente un sarcasmo que el propio Tribunal, en el tercer párrafo del punto cuarto del fundamento jurídico cuarto acuse a una de las partes que al impugnar la valoración de la prueba “mezcla la relativa a los hechos y la propiamente jurídica”, es decir, consejos vendo que para mí no tengo. Así pues, ya el Tribunal se va acercando a las partes banderillas en mano para adentrarse en el fondo del asunto.

puntillas

Fondo que aborda con una frase antológica que resulta en extremo hilarante no por su contenido, sino por la forma en que se efectúa y máxime en una sentencia del Alto Tribunal. Porque éste se ve obligado a precisar literalmente que “El término “Toro, que constituye la denominación de las dos marcas cuestionadas, designa en castellano a un animal.” (sic). Ya puestos no hubiese estado de más que se hubiese redactado esa frase de otra manera algo más técnica, algo así como “La palabra Toro, en la primera de las acepciones que al término ofrece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, hace referencia al macho bovino adulto.” Pero tras la obviedad, el fondo del asunto, es decir, lo que constituye el núcleo del pronunciamiento, entrando “a matar” de la siguiente forma:

Es cierto que en nuestro país la tauromaquia (las corridas de toros), constituye una tradición y forma parte de nuestra cultura, como recientemente ha recordado el Tribunal Constitucional. La STC 177/2016, de 20 de octubre, con ocasión de la resolución de un recurso de inconstitucionalidad de una Ley del Parlament de Catalunya que prohibía las corridas de toros, hace una serie de consideraciones al respecto: después advertir que «la tauromaquia tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país» y que «las corridas de toros y espectáculos similares son una expresión más de carácter cultural», recuerda que el Estado español «ha declarado formalmente la tauromaquia como patrimonio cultural». También se refiere a las corridas de toros como un «fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial».

Pero que las corridas de toros, y en general la tauromaquia, formen parte del patrimonio cultural español no supone, como pretende el recurrente, que el toro, en cuanto animal, haya pasado a ser un icono de nuestro país que haya vaciado de carácter distintivo a la denominación «toro» y por lo tanto constituya un impedimento objetivo para su registro como marca.

Al respecto, conviene aclarar, como muy bien hizo el tribunal de apelación, que lo que constituye patrimonio cultural de España es la tauromaquia, no el animal toro. El toro no constituye ningún símbolo o icono oficial de España, sin perjuicio de que alguna concreta representación gráfica del toro de lidia haya resultado muy conocida y sea empleada por algunas personas junto con la bandera de España. Este uso social, que no consta se haya generalizado, aunque no pasa inadvertido, sobre todo en algunos eventos deportivos en los que interviene una representación española, lo único que pone en evidencia es que una determinada representación gráfica del toro de lidia (no el animal, ni mucho menos su denominación) ha sido empleada -por algunos- con una finalidad de reivindicación de lo español.

Es por ello que, en la actualidad, el vocablo «toro» no está privado de carácter distintivo, salvo para aquellos productos o servicios directamente relacionados con la realidad que designa.

Así pues, ambas partes debieron sentirse poco menos que como el Superintendente Vicente en la siguiente viñeta:

banderillas

En definitiva, y dicho sea ánimus iocandi: De haberse estimado alguna de las demandas ¿Qué hubiera sido del célebre “torito guapo” inmortalizado por El Fary? ¿O de “ese toro enamorado de la luna”? ¿Cómo referirnos al pacto de los Toros de Guisando? ¿Qué ocurriría si en un restaurante hubiésemos de pedir rabo de Toro?

Por fortuna, el Tribunal Supremo ha cogido, literalmente el “toro por los cuernos” y ha evitado, con ello tamañas complicaciones.

POST SCRIPTUM: Las viñetas que adornan la presente entrada corresponden al divertidísimo álbum La máquina de copiar gente, cuya adquisición recomendamos al amable público lector.

PIDEN LA RETIRADA DE “RIGOLETTO” Y “DELILAH” POR DENIGRAR LA IMAGEN DE LA MUJER.

rigoletto

Rigoletto puede tener los días contados, cuando menos en la capital del Principado de Asturias, y lo mismo ocurre con Delilah, el clásico tema de los sesenta que tantas veces ha sido tarareado y versionado. Y es que el Observatorio para la Prevención del Tratamiento Intolerable hacia la Mujer en Asturias (O.P.T.I.M.A) ha elevado un informe al consistorio ovetense instándole a adoptar las medidas necesarias para que la ópera no sea representada en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde en principio tenía previsto representarse en la próxima temporada operística, y para que en su próxima visita a Oviedo, el célebre intérprete galés Tom Jones excluya de su repertorio el tema que le ha hecho famoso. Ofelia Michelínez, presidenta del Observatorio, ha sido la encargada de presentar ante los medios el Informe, que fundamenta su pretensión en la “imagen profundamente denigratoria que para la imagen de la mujer transmiten dichas obras, todo ello sin contar con que ambas efectúan una indisimulada apología de la violencia de género absolutamente intolerable en una sociedad democrática avanzada.”

En lo que respecta a la ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi, el Observatorio razona en su informe que “el personaje del duque de Mantua representa sin intentar disimularlo el machismo más rancio”, algo que incluso se explicita en las dos arias más recordadas, el Questa o quella y, sobre todo, La donna è mobile. “Si en Questa o quella el duque se jacta ante los cortesanos de un total desprecio hacia las mujeres, que para él no son más que un mero objeto que puede ser desechado como un pañuelo una vez satisfecho el deseo sexual, sin duda alguna es mucho más grave la letra de La donna é móbile, cuyo simple enunciado ya revela la intolerable imagen del género femenino, a quien se considera integrado por seres volubles como pluma al viento y sin capacidad de raciocinio.” Incide igualmente en algo mucho más grave, como que “en mitad de la obra un grupo de cortesanos secuestra a una joven para entregarla al deseo sexual de su señor, y el clímax de la trama lo constituye nada menos que la violación de la protagonista femenina por el duque de Mantua, no es ya que se ofenda gravemente la sensibilidad del espectador, sino que incluso refleja un acto de agresión sexual absolutamente machista e intolerable”. Por ello, el Observatorio plantea abiertamente que se elimine esta obra del repertorio, y que se sustituya por otra menos nociva. El organismo autonómico sugiere abstenerse también de representar otra serie de títulos que transmiten una imagen denigratoria de la mujer, como Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Lucia di Lammermoor, e Il barbiere di Siviglia.

De esta crítica feroz no se libran ni temas aún más recientes y populares, como el célebre Delilah, uno de los temas más conocidos del intérprete galés Tom Jones. “Si en el caso de Rigoletto se representa ante el espectador nada menos que una violación, en Delilah se da un paso más en la denigración femenina para justificar nada menos que un crimen de género debido a la ruptura unilateral de una relación afectiva. Es evidente que el público de los años sesenta, gran parte del cual no dominaba el inglés, quedaba subyugado por la belleza de la música, aspecto éste, el musical, en el que el Observatorio no entra por ser ajeno a sus competencias. Pero una vez que gracias a la labor educativa emprendida por los distintos ejecutivos progresistas más del ochenta por ciento de la población entiende perfectamente dicho idioma, no puede tolerarse de forma alguna que una canción justifique el asesinato de una mujer porque ésta haya decidido poner fin a una relación sentimental. No es ya que el hombre hable de “su” mujer, sino que incluso se minimice su criminal acción con un “so before they come and break down the door, forgive me Delilah, I just couldn´t take anymore” simplemente porque la mujer contestase con risas al interrogante sobre los motivos del abandono. Por ello deviene en intolerable que se propalen, aun cuando sea en la aparentemente inocua letra de una canción melódica, comportamientos abiertamente delictivos.” Por tanto, el Observatorio solicita que se prohíba la interpretación de esta pieza ya clásica de la música de los sesenta

Desde el gobierno municipal se ha intentado de alguna forma dulcificar la situación para evitar la adopción de una medida tan drástica. Anastasia Corchea, portavoz del grupo municipal del Partido Unidos Fuimos Oviedo (P.U.F.O.), una de las formaciones que integra el ejecutivo local, ha recibido “con el máximo respeto y consideración” el informe de O.P.T.I.M.A, “que será debidamente estudiado, comprometiéndose este gobierno municipal a adoptar la decisión más equilibrada que permita cohonestar la representación de la obra con la difusión de una imagen de la mujer más acorde con la realidad social del siglo XXI.” Así, en lo que respecta a Delilah, según la edil ovetense “bastaría con modificar o sustituir la letra, algo relativamente sencillo, dado que existe, por ejemplo, una versión del Príncipe Gitano donde, respetando el núcleo esencial del argumento, no existe ningún tipo de ofensa ni de obra ni de palabra hacia la mujer. Ello permitiría, además, mostrar el afecto de la población municipal hacia el colectivo gitano, estrechando lazos y mostrando que no existe el más mínimo atisbo de discriminación racial en esta ciudad.” Dicha formación no ve en modo alguno que ese proceder sea inédito en nuestro país, puesto que recuerda la concejal: “en plena época franquista, el gran intérprete catalán Josep Guardiola (que por represión dictatorial hubo de utilizar su nombre castellanizado) alcanzó justa fama por su impecable versión de Mack el Navaja en la cual el personaje era un vaquero que caminaba sin rumbo por las distintas ciudades y poblados del oeste americano, mutando drásticamente la letra del Mack the Knife que en aquellos mismos años Bobby Darin interpretaba al otro lado del océano, y en el que el protagonista de la canción era un asesino en serie, puesto que en la letra se identificaba incluso a las víctimas del sanguinario y repulsivo personaje.” En lo que respecta a la ópera, la portavoz del P.U.F.O., reconoce que “la situación es bastante más difícil, pues no se trata de cambiar la letra a una simple canción, dado que la alteración más insignificante puede afectar a todo el libreto.” No obstante, no descartó la idea de seleccionar, mediante concurso público, “una nueva letra que, respetando el núcleo o espíritu central de la obra de Verdi, la adecúe a los valores que representa la sociedad plural y democrática en la que vivimos.

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

EL CASO DE LA SILUETA FEMININA “ILEGAL”.

Silueta femenina

La polémica suscitada en Gijón a raíz de la denuncia tramitada por el Instituto Asturiano de la Mujer, relativa al cartel anunciador de una empresa de reprografía, cartel que muestra a una mujer de imponentes formas, vuelta de espalda y con tan solo ropa interior (cartel reproducido en los medios y que encabeza la presente entrada) reabre la eterna cuestión relativa a dónde se ubica la frontera entre el legítimo ejercicio de un derecho y el mero abuso quizá debido a la conjunción de varios factores que pueden ser o no simultáneos, tales como el deseo de ganarse un minuto de gloria, el exceso de ociosidad y en no pocas ocasiones, por qué no decirlo, la envidia malsana. Pero también creo que debe reabrir el debate sobre ese tipo de organismos o entes públicos cuya utilidad es más que dudosa y que, siendo conscientes de ello, no dudan en superar en alguna que otra ocasión las barreras de la ridiculez para intentar justificar su existencia, demostrando así que no hacen otra cosa que ejercer las prerrogativas que le han sido encomendadas.

En este caso ha sido el Instituto Asturiano de la Mujer, organismo creado por Decreto 61/1999 de 10 de agosto y cuya organización y funciones las desarrolla el Decreto 137/1999 de 16 de septiembre. Pues bien, ese organismo ha sido el encargado de efectuar esta actuación concreta, en relación a un cartel publicitario que, además da la circunstancia de que llevaba años ubicado en el lugar donde se sitúa. El dueño de la empresa anunciada manifiesta que no retirará dicha imagen, mientras que la directora del Instituto Asturiano de la Mujer argumenta que: “no es unan cuestión de gustos ni subjetiva, sino que incumple la ley”, añadiendo esta afirmación que no tiene desperdicio: “estamos inmersos en cosas que parecían normales, pero que ahora no lo son” (sic). En cuanto a la primera afirmación es ciertamente más que discutible, porque habría que determinar qué norma legal se está vulnerando y, si como parece indicar la responsable de dicho organismo, lo que se está incumpliendo es la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la aseveración no deja de ser errónea, puesto que bastaría echar un vistazo a los numerosos carteles y anuncios televisivos donde aparecen gallardos mancebos en paños menores luciendo sus encantos masculinos sin que nadie haya cursado denuncia alguna porque los mismos sean ofensivos, indecentes o, lo que es más importante, ilícitos, por lo que no cabría sostener que la actuación en sí es discriminatoria, como tampoco puede sostenerse con un mínimo de rigor que el cartel anunciador mantenga, fomente o impulse una imagen denigratoria de la mujer. En cuanto a la segunda afirmación sí que es cierta, aunque cabe matizar que ello puede tener efectos positivos (por ejemplo, como el indicado en el artículo sobre la violencia ejercida sobre las mujeres normalmente en el ámbito familiar –hasta hace pocas fechas contemplada como algo privado- o la regulación jurídica de la incapacidad –hasta el año 1981 un tema que se delegaba en las propias familias) como negativos (la morosidad habitual antaño era objeto de reproche social, mientras que ahora poco menos que se llega a contemplar como algo no ya normal, sino incluso elogioso).

En su magnífica bitácora delajusticia.com, José Ramón Chaves abordó hace ya tiempo este problema, el de los organismos creados sin justificación alguna pero que, precisamente por ello, tienen que demostrar que son objetivamente necesarios y adecuados, y que su puesta en marcha no obedece al capricho de la autoridad política o al mero deseo de servir de cobijo a personas que carecen transitoriamente de lugar en otros órganos políticos o administrativos, sino que responden a una necesidad objetiva. Pues bien, en esta ocasión deseo solicitar a los amables lectores un ejercicio de imaginación y que compartan, animus iocandi, el ejercicio siguiente. Imaginen que en el seno del Gobierno del Principado de Asturias se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia. Imaginense, ya puestos, que su norma de creación tuviese el siguiente tenor literal:

Ley del Principado de Asturias 19234/2016 de 31 de septiembre por el que se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia.

 

La Constitución española proscribe en su artículo 14 toda discriminación basada en condiciones personales. Tanto el artículo 9.2 de la Constitución española como el artículo 9.d) del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias establecen que los poderes públicos velarán especialmente por procurar la adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sociales que se integran sean reales y efectivas.

 

Sin duda alguna, es evidente que entre los grupos de personas tradicionalmente objeto de discriminación y tratamiento no sólo injusto, sino moralmente reprobable se encuentra el del sector de la población, mayoritariamente del género masculino pero también con ejemplos en el femenino, de quienes padecen esa lacra física que es la alopecia. Durante generaciones, los científicos han tratado de encontrar la solución a la caída del cabello, sin que hasta el momento la ciencia haya logrado ofrecer una respuesta al mismo. Pero, cuestiones científicas aparte, es un hecho objetivo que quienes sufren en sus carnes el doloroso problema de la pérdida de cabellos no sólo padecen una enfermedad, sino que son objeto de tratamiento burlesco tanto en los medios de comunicación social como en los ámbitos laboral y administrativo. Por ello, mediante el presente Decreto se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia para tratar de paliar una lacra social que precisa de un tratamiento jurídico no sólo paliativo, sino preventivo.

 

Artículo 1.- Se crea el Instituto Asturiano de la Alopecia como órgano desconcentrado con nivel orgánico de Dirección General adscrito a la Consejería de la Presidencia.

 

Artículo 2.- Son fines del Instituto Asturiano de la Alopecia:

 

  1. Las actividades relacionadas con las acciones y medidas necesarias para la hacer efectivo el principio de trato no discriminatorio a la población alopécica.
  2. Impulsar y promover la participación de los alopécicos en todos los ámbitos.
  3. Eliminar cualquier forma de discriminación o trato degradante a la población que sufre alopecia.

Artículo 3.- Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto Asturiano de la Alopecia desarrollará las siguientes funciones:

 

  1. Elaboración de programas integrales impulsando medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discriminación de los alopécicos.
  2. Impulsar la revisión de las disposiciones de carácter general, actos administrativos y proyectos de ley para eliminar de ellos las discriminaciones por razones capilares, velando por la correcta igualdad de trato entre las personas con independencia del tamaño de su cabellera.
  3. Impulsar medidas encaminadas a posibilitar el acceso de los alopécicos a los puestos de trabajo de los que hayan sido excluidos por motivos estéticos. A tal efecto, se ejercitarán las acciones, tanto en el ámbito administrativo como laboral, para velar por el correcto cumplimiento del principio de no discriminación por razón de pelo.
  4. Promover la ejecución de proyectos que incidan en una educación tendente a no discriminar ni contemplar de manera burlesca a los alopécicos.
  5. Realizar, fomentar y divulgar estudios sobre la situación de los alopécicos asturianos, con el fin de que sirvan para orientar la elaboración de las políticas de igualdad y sensibilización de la sociedad hacia la situación de los alopécicos.
  6. Velar por la difusión de una imagen de los alopécicos ajustada a su realidad.

 

Artículo 4.- Reglamentariamente se desarrollarán los aspectos orgánicos del Instituto Asturiano de la Alopecia así como los aspectos relativos a sus recursos humanos. En todo caso, será requisito indispensable para formar parte tanto de los órganos rectores como del personal adscrito al mismo acreditar la condición de alopécico.

Pues bien, imagínense que una norma legal con esa redacción se aprobara. Pues bien, estén seguros que no faltarían motivos para que dicho organismo comenzara a actuar y a emitir informes, requerimientos, citaciones, denuncias y similares. Y, si no, he aquí algunos ejemplos:

1.- ¿Por qué en las novelas de Agatha Chistie la señorita Marple aparece como una viejecita encantadora y sin embargo Hércules Poirot, célebre tanto por sus cualidades intelectuales como por su falta de cabello, sea caracterizado como una persona intratable?

2.- ¿Por qué se tiene como prototipo de galanes cinematográfico a personas como Cary Grant o David Niven y no a otros actores como, por ejemplo, Yul Brynner?

3.- En la serie de televisión Olmos y Robles, ¿Por qué el héroe de acción es una persona joven, alta, delgada, ágil, propensa al análisis y la acción directa mientras que el alopécico es presentado como alguien torpe y con dificultades para comunicarse?

4.- ¿Por qué existe una marca de atún que se denomina Calvo? ¿No es una auténtica ofensa a quienes sufren dicho problema?

5.- ¿No es una auténtica ofensa, por no decir una provocación en toda regla, que el líder de una de las formaciones políticas comparezca ostentando una larga cabellera? ¿No se ofende con ello a quienes no tienen esa posibilidad?

La presente entrada ha sido elaborada animus iocandi, como es manifiesto y evidente. Pero con ello se quiere incidir en un hecho fundamental: cuando un objetivo o fin legítimo se desvirtúa por el abuso o uso ilegítimo de las prerrogativas para matar moscas a cañonazos se corre el riesgo de caricaturizar un problema real. Y sobre todo, cuando para justificar su existencia un órgano administrativo ha de incurrir en actuaciones que desbordan con creces la frontera de lo ridículo, pues ello no evidencia otra cosa que lo superfluo del mismo.

EL “BREXIT” PROFETIZADO POR SIR HUMPHREY APPLEBY A MEDIADOS DE LOS SETENTA.

Sir Humphrey Appleby

En uno de los episodios de la magnífica serie británica Yes, minister, centrada en la vida interna del ficticio Ministerio de Asuntos Administrativos, sir Humphrey Appleby, secretario permanente del sufrido ministro James Hacker, explicaba a éste los entresijos de la política exterior británica en lo que se refiere a la Unión Europea. Cuando el ingenuo ministro pregunta a su secretario: “Sure the Foreign Office is pro-Europe, isn´t it?” (Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores no es pro-europeo?), el Secretario le contesta con un “Yes and no, if you forgive the expression” (Sí y no, si me perdona la expresión). Y a continuación tiene lugar esta larga explicación que, no por ser divertida y estar incluida en una serie de política-ficción deja de tener un evidente poso de realidad:

The Foreign Office is pro Europe because it is really anti Europe. The Civil Service was united in its desire that united market didn´t work. That´s why we went into it […] Minister, Britain has had the same foreign policy objective for at least the last five hundred years: to créate a disunited Europe. In that cause we had fought with the dutch against the spanish, with the germans against the french, with the french and italians against the germans and with the french against the germans and italians. Divide and rule, you see. Why would we change now, when it worked so well.  We had to brake the all thing up, so we had to get inside. We tried to brake up from outside, but it didn´t work. Now that we are inside we can make a complete big pig breakfast with the all thing. (El Ministerio de Asuntos Exteriores es proeuropeo porque en realidad es antieuropeo. El Civil Service está unido en el objetivo de hacer que el mercado común fracase. Por eso nos incorporamos. Señor ministro, Gran Bretaña ha tenido el mismo objetivo en su política exterior durante al menos los últimos quinientos años: crear una Europa dividida. Por ello luchamos con alemanes contra españoles, con alemanes contra franceses, con franceses e italianos contra alemanes y con franceses contra alemanes e italianos. Divide y vencerás. Por qué cambiar las cosas cuando han funcionado tan bien. Teníamos que romperlo todo, por eso teníamos que incorporarnos. Tratamos de hacerlo desde fuera, pero no funcionó. Ahora que estamos dentro, podemos hacer un estropicio)

He aquí el divertido momento de la serie:

En otra secuencia de la misma serie, se contiene el siguiente diálogo entre el Ministro y el Secretario Permanente, aunque en esta ocasión el núcleo de la controversia no es el papel de Gran Bretaña en la entonces aún denominada Comunidad Económica Europea, sino el motivo por la que ésta se ha instituido. Ante ello, tiene lugar el siguiente diálogo:

MINISTRO: To strenghen the brotherhood of free western nations (Para reforzar la hermandad de las naciones libres occidentales).

SECRETARIO: Really? We wanted to screw the french by splitting them off from the germans? (Usted cree? Queríamos fastidiar a los franceses apartándoles de los alemanes)

MINISTRO: Well, why did the french go into it then? (Entonces por qué se incorporaron los franceses)

SECRETARIO: To protect its inefficients farmers from comercial competition. (Para proteger a sus ineficaces granjeros de la competencia comercial)

MINISTRO: Well, sure that doesn´t apply to the germans. (Bien, pero eso seguro que no es predicable de los alemanes)

SECRETARIO: No, they wanted to claim themselves from the genocide and applied from readmision to the human race (No, quieren lavarse las culpas del genocidio y solicitar la readmisión al género humano)

De nuevo, ofrecemos al lector el momento concreto de este diálogo.

Lo cierto es que, como hemos indicado, tras esa puesta en escena subyace una idea esencial que informa la política exterior británica: su autonomía e individualidad frente al exterior. Téngase en cuenta que si, es cierto que Gran Bretaña se incorporó en la Unión Europea y que desde la European Communities Act de 17 de octubre de 1972 ha incorporado el derecho comunitario a su ordenamiento interno, por lo que ha tenido que efectuar profundos cambios incluso a nivel constitucional a resultas de exigencias normativas comunitarias, siendo una de las más visibles la creación del Tribunal Supremo del Reino Unidos, institución desconocida que ha pasado a ejercer las competencias judiciales que hasta su creación ejercía la Cámara de los Lores.

Con todo, deben hacerse algunas observaciones a la situación, máxime teniendo en cuenta que la prensa está silenciando un dato esencial: no es el primer referéndum celebrado en Gran Bretaña sobre la permanencia en la Unión Europea.

1.- En efecto, siendo Primer Ministro británico el laborista Harold Wilson se convocó el día 5 de junio de 1975 un referéndum en Gran Bretaña, para que el electorado manifestase su opinión de acuerdo con la siguiente pregunta: “El Gobierno ha anunciado los resultados de la renegociación de las condiciones del Reino Unido como miembro de la Comunidad Europea. Cree que el Reino Unido debe permanecer en la Comunidad Europea (Mercado Común).” Tanto el Primer Ministro como la líder de la oposición conservadora, Margaret Thatcher, abogaban por el voto al sí a la permanencia. Celebrada la votación, una amplia mayoría de votantes, en concreto 17.378.581 votos que suponían el 67,23% apoyaron la permanencia, mientras que 8.470.073 sufragios que representaban al 32,77% del electorado votaron por la salida. Ello debe llevar a la reflexión porque, en primer lugar, existía una amplia mayoría favorable a la permanencia en las instituciones comunitarias, pero si uno lo analiza fríamente verá que existe un sólido bloque de casi un tercio de la población reacia a la integración.

2.- Los noticiarios no paran de referirse “plazo mínimo” de dos años para la efectiva desconexión de los ingleses. Ahora bien, si uno echa un vistazo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea comprobará que el plazo de dos años no es un plazo mínimo, sino máximo, es decir, en defecto de acuerdo entre las partes. Porque, una vez que el estado comunique su intención de retirarse, la Unión deberá celebrar con dicho estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada y el marco de sus relaciones futuras, estableciendo en el apartado tercero de dicho precepto que: “Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado dos, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.” Por tanto, el plazo de dos años es el fijado como máximo con carácter subsidiario y, aunque cabe prorrogar el mismo, en la actual situación se hace muy difícil, pues la ampliación del mismo exige no sólo acuerdo con el Estado, sino unanimidad de los miembros que, a la vista de las declaraciones, no parece que los distintos Estados vayan a poner facilidades para ello.

Es evidente que la Unión Europea goza de un claro déficit de legitimidad. Su construcción se efectuó a impulso de las élites políticas nacionales, sin consulta alguna a la ciudadanía, y mucho menos sin explicaciones claras sobre el particular. Y de aquellos polvos, vienen estos lodos.

Con todo, no deja de ser paradójico que una serie británica rodada a mediados de la década de los setenta del siglo XX haya expresado de forma hilarante pero a la vez sin merma del rigor, los objetivos últimos de la política británica en relación a Europa.

EL ALMUERZO COMO INSTITUCIÓN DE DERECHO PÚBLICO.

Placa conmemoración

En el capítulo inicial de su libro Mis almuerzos con gente importante, don José María Pemán aborda in extenso una institución tan frecuente, indispensable y decisiva como desconocida en el derecho público. Esa institución no es otra que la del almuerzo. En efecto, en el capítulo inicial del libro, titulado significativamente Filosofía del almuerzo, el autor desarrolla las líneas maestras de su tesis: “He escrito alguna vez que el almuerzo es la institución de derecho público más vivaz y expresiva que se conserva en España […] los hombres de hoy han sacado la consecuencia de que el momento más propicio para los temas fundamentales políticos, mercantiles o administrativos, es el almuerzo. Porque está técnicamente demostrado que el personaje convidado a almorzar que viene de estar seis horas en su despacho gubernativo viene ya entregado y convertido en aprovechable chatarra. El ministro del almuerzo es la mitad del ministro del desayuno. Lo que queda de un cargo público a las tres de la tarde es como un gran deseo de complacer y decir que sí a todo para descansar una horita de siesta. El almuerzo produce benevolencia. Todos almuerzan con todos.
Aunque el texto de José María Pemán evidentemente está redactado con un claro y evidente animus iocandi, un análisis más profundo revela que en modo alguno es desacertada la tesis expuesta en el párrafo indicado. Si omitimos las exageraciones plasmadas al albur de una evidente licencia humorística, podremos comprobar que, en efecto, el almuerzo es una institución clave del Derecho público, y no en vano muchas normas, actos administrativos y regulaciones de derecho público han sido engendradas no en una oscura covachuela, sino al albur de una buena mesa. Quien tenga la curiosidad de asomarse a la segunda parte del excelente libro Balada de la Justicia y la ley, donde el sin par Alejandro Nieto aborda la construcción de una industria farmacéutica en Sant Cugat del Vallés orillando e infringiendo todas las normativas urbanísticas habidas y por haber, comprobará que el ilustre catedrático viene a coincidir, sin citarlo, con Pemán, al indicar que las decisiones fundamentales en materia de urbanismo no se deciden en los despachos, sino en reuniones privadas, a lo que yo añado que con total seguridad aderezadas con abundantes viandas y regadas con un buen vino. Pero no es sólo en urbanismo, sino que hoy en día se ha extendido a todos los sectores del ordenamiento el arte de cohonestar de forma envidiable la satisfacción del interés público a la vez que se sacia el estómago particular con deliciosos manjares. ¿Quién no ha visto a representantes de deportistas entablar negociaciones con directivos no en despachos, sino en restaurantes, mesones o paradores? ¿Se va a negar que cuando determinadas posturas se enconan hasta hacerse irreconciliables, sin duda alguna la tensión del momento se esfumará simplemente convirtiendo a los negociantes en comensales?

Quizá el ejemplo más claro y palpable de la existencia del almuerzo como institución de derecho público nos la ofrece el procedimiento de elaboración del texto constitucional. Es conocido que las siete personas que elaboraron el anteproyecto del texto constitucional lo hicieron no en unos despachos oficiales, sino en el parador de Gredos, es de suponer que no ajenos a la buena comida y bebida que el lugar depara. Pero la consagración definitiva del almuerzo tiene lugar cuando la noche del 22 de mayo de 1978 tiene lugar en el restaurante José Luis una reunión entre una delegación de tres miembros de la Unión de Centro Democrático (encabezados por Rafael Arias Salgado) y cuatro del Partido Socialista Obrero Español (liderados por Alfonso Guerra) pactan nada menos que veinticinco artículos de la Constitución. Tan es así que el acuerdo a que llegaron ambas formaciones políticas ha pasado a la historia como “pacto del mantel”, e incluso la efeméride se conmemora en el lugar nada menos que con una placa ubicada en el local donde tuvo lugar tan gastronómico evento, y cuyo texto es el siguiente: “En este comedor se reunieron largas noches hasta la madrugada para conciliar sus diferencias los que después de compartir pan y vino dieron la luz la Constitución Española de 1978. En recuerdo de aquellas históricas veladas y en homenaje a los que honraron esta casa.” Cualquier persona con un mínimo de sentido común sabe que lo de “pan y vino” no es más que una figura retórica, pues meridianamente claro es que la mesa que compartieron los siete diputados de las Cortes constituyentes sin duda alguna estaría bien abastecida.

Queda, pues, acreditada fehacientemente la importancia decisiva de esa institución, el almuerzo, tan desconocida e ignorada en las facultades de Derecho, en las Escuelas de Práctica Jurídica y en la jurisprudencia. Sirva la presente entrada como homenaje al autor que supo adentrarse en la importancia de la buena mesa: al insigne poeta gaditano, ensayista, dramaturgo, académico y hoy injustamente olvidado José María Pemán Pemartín, a quien en su patria chica han condenado a una injusta e injustificada damnatio memoriae por motivos radicalmente ajenos al mundo literario.

EL GOBIERNO PROPONE UN BONO ANUAL PARA EVITAR INSPECCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Ticket

El Presidente del Gobierno en funciones, don Mariano Rajoy Brey, anunció a través de una comparecencia pública que ha tenido lugar a primeras horas de hoy lunes día veintiocho de septiembre de dos mil quince una de las medidas esenciales para la próxima legislatura, y que consistirá en establecer lo que ha calificado jurídicamente de “pago anticipatorio de evitación de sanciones y expedientes administrativos sancionadores”. Según explicó el líder popular: “Todo español es infractor por naturaleza…..y lo sabe! De ahí que se le ofrezca la posibilidad de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas a la vez que se beneficia de una acción, o en este caso sería más propio decir de una inactividad administrativa. El fin de la medida consiste en que por el abono de una cantidad se garantiza a quien suscriba el servicio que los servicios de inspección y sanción administrativa no ejercerán sus potestades administrativas frente al administrado en cuestión durante todo el periodo contratado.” El Presidente no ha dudado en poner un ejemplo concreto en el ámbito del derecho de la circulación. “Imagínense que un conductor es sancionado habitualmente durante un año con dos o tres multas por exceso de velocidad que le costarán aproximadamente unos mil euros y la detracción de seis a ocho puntos. Pues bien, mediante un módico precio de cuatrocientos euros anuales el ciudadano puede garantizar que ni los agentes encargados de la circulación ni las autoridades encargadas de tramitar ese tipo de denuncias denunciarán comportamiento alguno contrario a las normas de la circulación. A fin de acreditar la autenticidad de ese servicio se expedirá un carnet acreditativo personal al solicitante.” Se ofrecerán sustanciosas rebajas cuanto mayor sea el periodo contratado. Eso sí, el Presidente se mostró firme al asegurar que “en ningún caso ello supondrá la abdicación del ejercicio de la actividad punitiva del Estado cuando el comportamiento sea calificado como ilícito penal.” El Presidente aseguró contar con un informe favorable de los Servicios Jurídicos del Estado que avalan esta novedosa manera de ejercitar las prerrogativas públicas que, según indicó el jefe del ejecutivo “beneficiarán tanto a la Administración como a los ciudadanos.” Está previsto que el calendario de implantación de esta medida se inicie en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en la Delegaciones de Tráfico, al ser los órganos que más expedientes sancionadores tramitan, pero ulteriormente el plan de implantación prevé ampliarlo a otras áreas tales como la Seguridad Social. En contestación a una pregunta planteada por Frank Marhuender, el presidente reconoció que la idea principal de esta medida le vino tras leer una viñeta clásica de José Escobar contenida en un álbum de Zipi y Zape “a los que tan aficionado era a leer en mi infancia. Al fin y al cabo, si a mi ilustre predecesor la idea de la Alianza de Civilizaciones le vino a la cabeza durante un paseo por los jardines de la Organización de las Naciones Unidas, no veo por qué he de ser yo objeto de crítica porque mi fuente de inspiración sea una historieta patria.

Desde las principales fuerzas parlamentarias no se ve con malos ojos la medida, si bien se incluyen matices. Así, por ejemplo, Susana Díez, líder en funciones del Partido Socialista Obrero Español tras la inesperada dimisión por carta de Pedro Sánchez a primeras horas de esta mañana, manifiesta que “el producto de la recaudación de tales pagos anticipatorios ha de contribuir a reforzar las instituciones del Estado del bienestar, para garantizar la prestación de servicios esenciales.” El líder máximo de Podemos, Pablo Iglesias, ha puntualizado que “lo único que exigirá la formación que presido es que se establezca una escala en función de los ingresos y la posición económica del solicitante, de tal manera que a quien menos tenga, la cantidad anual a abonar en concepto de pago anticipatorio le sea menos onerosa que a quien disponga de recursos suficientes.” Albert Rivera, cabeza visible de Ciudadanos, ha garantizado su apoyo a la medida “siempre y cuando ello no suponga una diferenciación de los españoles ni con ello se ponga en riesgo la unidad de España.”

Dado el amplio acuerdo existente entre las fuerzas en esta materia, el Presidente en funciones no descarta, en caso de ser investido, aprobar la medida por vía de Real Decreto-Ley, el primero de esta nueva legislatura.

En otro orden de cosas, ha trascendido un acuerdo no escrito de las formaciones políticas con representación parlamentaria en orden a la constitución de las mesas. En el Senado el Partido Popular, pese a ser la fuerza con mayor presencia y que goza de mayoría absoluta en la Cámara Alta, acepta que para eliminar todo asomo de sospecha la Mesa se constituya en base a criterios gerontológicos, de manera que la persona de más edad sea el Presidente, la segunda de más edad el Vicepresidente y así sucesivamente; “al fin y al cabo eso significaba en su origen la palabra Senado, ¿no?, consejo de ancianos”, comentó jocosamente un portavoz de Podemos, que es junto con Ciudadanos la fuerza más perjudicada por el uso de este novedoso sistema. En la Cámara Baja, vista la fragmentación de fuerzas y la práctica imposibilidad de lograr un mínimo consenso, se ha optado por un método científico que la Vicepresidenta en funciones informó en principio iba a ser “A la pajita más larga”; ulteriormente y a propuesta de los principales líderes políticos, para evitar chocarreras e hilarantes confusiones terminológicas, se mutó el sistema por “jugar a los chinos“, aunque tras la agria oposición de Izquierda Unida, que consideró ese medio una ofensa para la nación China, de la misma forma que el Partido Popular rechazó el medio del “tiro al blanco“. Finalmente, todas las formaciones políticas han acordado por unanimidad que la máxima representación del Congreso sea elegida en una edición especial de “Operación Triunfo

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor

DEFENSA DE LA EXPRESIÓN “DIARREA LEGISLATIVA”. RÉPLICA ANIMUS IOCANDI AL PROFESOR LEOPOLDO TOLIVAR

Diarrea

Ayer día 14 de octubre de 2015, en el magnífico Blog Es.publico, se publicaba un artículo titulado ¿Se precisa un defensor del opositor?, del que es autor Leopoldo Tolivar Alas. En dicho trabajo se analizaban las consecuencias de la actual vorágine legislativa, que el autor prefería calificar como “alud legislativo” debido a que, cito textualmente, “lo de diarrea que algún colega utiliza me parece excesivo e irrespetuoso con el Parlamento”. Pues bien, pese a que suscribo prácticamente la totalidad de las tesis y de las opiniones del profesor Tolivar, mi única discrepancia radica precisamente en la frase que acabo de transcribir.

Leopoldo Tolivar Alas es un prestigioso catedrático de Derecho administrativo, un magnífico docente y, sobre todo y por encima de todo, un auténtico caballero en el más amplio sentido de la palabra. He tenido la inmensa suerte de tenerlo como profesor en mi tercer año de carrera, en el que me impartió la segunda parte del Derecho administrativo (el primer año, por el contrario, tuve la desgracia de padecer a un in-docente, actualmente trasmutado en especialista en accidentes de circulación, del que algún día hablaré largo y tendido), y por ello puedo aseverar todo lo anteriormente dicho por experiencia propia. Y conste que, aunque mis posiciones ideológicas no coinciden precisamente con las del profesor Tolivar, ello no me impele a reconocer su erudición, su inmensa valía como docente y su excelente carácter y bonhomía. Quizá por esto último, por su caballerosidad innata, ha preferido orillar el término “diarrea legislativa” al considerarlo irrespetuoso. No obstante, y desde el respeto inmenso que me merece Leopoldo Tolivar como jurista y como persona, permítase a un exalumno y jurista dedicado profesionalmente al derecho público discrepar de su afirmación y realizar desde esta entrada, siempre animus iocandi, una defensa del término “diarrea legislativa”.

Partamos de las reglas generales de interpretación contenida en el artículo 3.1 del Código Civil, según el cual ésta se efectuará “según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.”; precisemos que aunque el texto legal se refiere a la interpretación de normas, esos criterios pueden utilizarse igualmente a la hora de analizar cualquier tipo de expresión, oral o escrita. Pues bien, acudiendo al primero y fundamental de los criterios, es decir, el sentido propio de sus palabras, el Diccionario de la Real Academia Española contiene la siguiente definición del término diarrea: “Del lat. tardío diarrhoea, y este del gr. διάρροια diárroia. 1. f. Síntoma o fenómeno morboso que consiste en evacuaciones de vientre líquidas y frecuentes.” Evidentemente que ello, la expulsión humana o animal de heces fecales con dichas características, no ha de interpretarse en este caso en sentido literal (de la misma forma que cuando se dice a otra persona en un ataque de ira que “eres un mal nacido” no se está cuestionando su nacimiento lícito ni calificándole de “criatura abortiva”, término legal que hasta hace poco figuraba aún en el Código Civil), sino en sentido más que figurado en el que una evacuación se caracteriza por dos notas: liquidez y frecuencia. Delimitado, pues, el término diarrea en su sentido literal y figurado, conviene descender aún más y verificar si es apropiado hablar de “diarrea legislativa”, para lo cual es extremadamente útil acudir a la “realidad social del tiempo en el que ha de ser aplicada”.

Es un hecho público y notorio que el Boletín Oficial del Estado de los últimos años se caracteriza por un inmenso volumen de normativa, gran parte de ella de rango legal, que día sí y día también supone un auténtico terremoto para el ordenamiento jurídico. Si nos limitamos al periodo comprendido entre el mes de junio del presente año 2015 hasta el día de hoy, los textos legales publicados oficialmente son muchos y muy variados, y afectan de forma sustancial a todas las ramas, pues suponen modificaciones en el ordenamiento jurídico civil (reforma del Baremo), procesal civil (nueva ley de jurisdicción voluntaria y reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil), penal (reforma del Código Penal), procesal penal (modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y contencioso-administrativo (nuevas leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector público, de carreteras, del sector ferroviario). Creo que nadie en su sano juicio puede discutir que a la “evacuación” de textos normativos se le puede aplicar con creces el calificativo “frecuente”. Resta, pues, verificar si la emanación frecuente de textos legales es merecedora de ser calificada como “líquida”. Pues bien, creo, haciendo una interpretación sistemática, que entendido dicho término como “no sólido”, la actual proliferación de leyes y normas con rango de ley merece ser calificado como tal, pues en efecto, nada parece tan poco sólido hoy en día como un texto que aparece en el Boletín Oficial del Estado, que fluye rápidamente en estado líquido para ser diluido brevemente por el árido y extenso ordenamiento jurídico español que precisará de un nuevo “líquido” para sustituir al evaporado. Por tanto, el término “diarrea legislativa” entiendo que es absolutamente apropiado y es perfectamente lícito y oportuno.

Resta, pues, por analizar si el mismo es irrespetuoso. Entiendo que en modo alguno se está faltando al respeto a una persona si se dice que la misma tiene diarrea, de igual forma que tampoco se es poco respetuoso con una persona si se dice que la misma es “calva” o “alopécica”. Sí hubiera sido algo irreverente, que no irrespetuoso, utilizar una expresión que evocase en el receptor la imagen de expulsión de elementos en estado no líquido, sino gaseoso (por ejemplo, “flatulencia legislativa“). En todo caso, y aun admitiendo a efectos disgresivos que la expresión tuviese un cierto deje irónico-despectivo, habría que precisar que es el mismo Parlamento con su actividad y cotidiano quehacer quien se ha hecho acreedor, y con creces, a esa falta de reverencia, hecho al que contribuyen igualmente los padres de la patria con los vergonzosos espectáculos circenses que ofrecen.

Por todo lo anteriormente expuesto, entiendo que el término “diarrea legislativa” no sólo es apropiado, sino que en modo alguno es irrespetuoso, dicho sea todo ello en estrictos términos de defensa.

 

de Monsieur de Villefort Publicado en Humor