LOS ATAQUES AL JUEZ CLARENCE THOMAS UTILIZANDO A SU MUJER COMO ARIETE: CRÍTICA A LA AUSENCIA DE MECANISMOS DE ABSTENCIÓN EN LA JUDICATURA ESTADOUNIDENSE.

En los últimos días ha tenido lugar en los Estados Unidos un acontecimiento que, lógicamente, ha pasado desapercibido debido a que la atención mediática está lógicamente focalizada en la situación bélica provocada por la invasión rusa de Ucrania. De no ser así, es totalmente seguro que los corresponsales estadounidenses no hubieran desaprovechado la ocasión para lanzarse como buitres a la carroña sin analizar un poco en profundidad los acontecimientos. El evento en cuestión al que nos referimos afecta a Virginia Lamp, abogada y activista de sólidas convicciones republicanas. La situación no tendría mayor importancia si la letrada en cuestión no fuese la mujer de Clarence Thomas, uno de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Todo comenzó cuando, hace apenas unos días, se hizo público que Virginia Lamp (popularmente conocida en los Estados Unidos como Ginny Thomas) formaba parte del equipo jurídico que asesoró a Donald Trump en cuanto a la estrategia a seguir para impugnar jurídicamente los resultados de las elecciones en diversos estados. A partir de tal hecho, en principio nada objetable, la prensa comenzó a elevar las acusaciones imputándole estar inmersa en el complot para “revertir” (sic) el resultado de las elecciones, a la vez que los más radicales pedían la destitución del su marido, el juez Thomas, a la vez que otros criticaban que éste no se hubiese abstenido en los asuntos relativos a Donald Trump.

Como siempre, vayamos por partes y tratemos de desmenuzar una por una las cuestiones.

Primero.- En primer lugar, conviene precisar que el simple hecho acudir a la vía judicial para impugnar los resultados electorales no supone en modo alguno “tratar de revertir” el resultado electoral, sino tan sólo hacer uso de un instrumento legal expresamente previsto en la normativa para tratar de garantizar precisamente que no se produce irregularidad en los comicios. La impugnación podrá estar más o menos justificada, estar o no avalada por material probatorio y tener más o menos viabilidad, pero desde luego acudir a un procedimiento judicial impugnando unas certificaciones electorales concretas no es algo novedoso, ni en la historia jurídica estadounidense ni en otros países, dado que en todos está prevista la posibilidad de impugnación de resultados. Así, por ejemplo, en nuestro país el artículo 70.2 de la Constitución prevé que: “La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.” Por su parte, los artículos 109 a 117 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral General, regula en detalle el llamado procedimiento “contencioso-electoral”.

Por tanto, primera precisión: la impugnación judicial de unos resultados no es un intento de “subvertir” el resultado electoral. Como mucho, podrá constituir un abuso de derecho, pero no un elemento de “subversión”.

Segundo.- No es criticable que la consorte de un juez o el consorte de una jueza ejerza profesionalmente como letrado, y ejemplos hay acá y acullá donde ilustrísimos magistrados y magistradas tienen por cónyuges a no menos eminentes profesionales de la abogacía. Podrá exigirse quizá prudencia en cuanto a sus intervenciones, pero lo cierto es que las palabras expresadas por un orador en principio tan sólo a él le comprometen, sin que puedan alcanzar a otros miembros de su familia.

El hecho de que una persona esté vinculada matrimonialmente a otra que tenga la condición de magistrado tampoco es óbice para que pueda llevar determinado tipo de casos, siempre y cuando se encuentre habilitada para ejercer profesionalmente como abogado. Cuando menos, no hay obstáculo legal alguno, aunque sí pueda en determinados asuntos oponer ciertas consideraciones de tipo moral.

Tercero.- En lo que respecta a Clarence Thomas, como persona directamente afectada, caben efectuar una distinción:

3.1.- Pedir que se inicie un procedimiento de impeachment es simple, lisa y llanamente un disparate. Para empezar, porque el elemento esencial para que se inicie un proceso de destitución es preciso que el cargo federal a quien se pretenda destituir haya cometido uno de los tres comportamientos que taxativamente enumera la sección cuarta del artículo II del texto constitucional estadounidense califica de: “traición, soborno o cualquier otro delito grave”. No consta que al juez Thomas se le pueda imputar uno de esos tres delitos; es más, ni tan siquiera la prensa más exaltada se lo atribuye.

3.2.- Obligación de abstenerse en casos donde directa o indirectamente su mujer hubiese participado. En este caso sí que cabría efectuar una crítica, ahora bien, la misma sería más bien moral que jurídica, y ello por lo que a continuación vamos a exponer.

En la normativa española, el artículo 219 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, orgánica del Poder Judicial, contempla hasta dieciséis supuestos de abstención o recusación, entre las cuales se contempla: “El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el letrado o el procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o causa.” La normativa ciñe la abstención tan sólo a las causas donde interviene directamente el consorte del magistrado, por lo que si la participación de éste no es directa sino tangencial o indirecta, la cuestión sería más dudosa, pues habría que orientar el deber de apartarse hacia otra de las causas (“tener interés directo o indirecto”).

El problema radica en que en los Estados Unidos tiene en este punto una carencia muy grave, dado que no existe una normativa que recoja las causas de abstención o recusación, de ahí que quede al albur de cada juez decidir si se aparta o no de un asunto.

Tradicionalmente, se consideró que tan sólo existía una causa de abstención cuando la resolución del asunto podía afectar al juez desde el punto de vista económico o patrimonial, pero la simple intervención de un juez en los hechos determinante e incluso el haber hecho pública una toma de posición previa respecto a los hechos no implicaba que el juez debiera abstenerse. Pueden rastrearse precedentes hasta en los propios orígenes de la judicatura federal. John Jay, por ejemplo, como Secretario de Asuntos Exteriores se había manifestado en contra de las leyes estatales que ponían impedimentos a los acreedores británicos para el cobro de deudas, lo que no le impidió participar como juez en asuntos de tal naturaleza; es más, uno de los asuntos que llegó al Tribunal Supremo cuando éste se encontraba presidido por Jay, en concreto el asunto Oswald v. Nueva York, no sólo afectaba tangencialmente a aquél (en cuanto se refería al abono de unas cantidades derivadas de un contrato de impresión encargado por el estado de Nueva York cuando Jay formaba parte del comité de gestión) sino que incluso tiene la particularidad de que cuenta con la declaración testifical (por escrito) del propio chief justice. Pero que la situación era muy ambigua lo explicita el caso de Oliver Ellsworth, sucesor de Jay al frente del Tribunal Supremo, quien declinó participar en la resolución del caso Fowler v. Miller justificando su proceder debido al “interés del estado de Connecticut [de donde procedía Ellsworth] en la causa”, lo que no fue óbice para que cuando el estado fue propiamente parte procesal en el asunto Nueva York v. Connecticut, Ellsworth sí participara.

Caso curioso fue el de Samuel Chase, quien al hacer pública su sentencia en el caso Ware v. Hylton dejó explícito en la misma que en principio había considerado abstenerse, dado que en su etapa como abogado había asumido la defensa de pleitos de naturaleza similar, aunque se abstuvo de hacerlo porque sus colegas le disuadieron de que lo hiciese. Es más, incluso debe recordarse que el caso más célebre de la historia, el asunto Marbury v. Madison, fue resuelto por el chief justice John Marshall cuando el fondo del asunto se refería a la obligación de remitir un nombramiento presidencial como juez, en el cual la firma del Secretario de Estado que certificó el nombramiento era precisamente la del propio Marshall. Por ir a fechas más cercanas, era un hecho público y notorio que el juez Abe Fortas asesoraba al presidente Lyndon B. Johnson, quien incluso provocó una vacante artificial en el Tribunal Supremo (incitando al juez Arthur Goldberg a que renunciara a su puesto con la promesa de nombrarle representante estadounidense ante las Naciones Unidas) para situar a su confidente Fortas en la más alta institución judicial. Curiosamente, apenas unos años después, Fortas se vio obligado a renunciar a su puesto al descubrirse que percibía emolumentos por asesorar jurídicamente a una institución particular.

Es verdad que se está ante una laguna que propicia las soluciones más dispares y que debiera ser objeto de regulación para asegurar que César (en este caso no su mujer) no sólo sea honrado, sino que lo parezca. Y cierto es que debe ser objeto de crítica la inexistencia de mecanismos legales que permitan apartar a un juez de una causa cuando existe un claro interés directo en el pleito. Ahora bien, no es menos cierto que tal carencia normativa propicia situaciones bochornosas en ambas direcciones. Vuelvo a traer el mismo ejemplo. Quienes ahora ponen el grito en el cielo por la actuación de Ginny Thomas, no vieron inconveniente alguno en que en la campaña presidencial de 2016, la juez Ruth Bader Gisburn se pronunciara de forma expresa, inequívoca y rotunda en contra del entonces candidato republicano Donald Trump, a quien no sólo calificó de “farsante” (faker) sino que fue más lejos al afirmar: “No puedo imaginar cómo sería éste lugar, no puedo imaginar qué sería este país con Donald Trump como nuestro presidente.” Gisburn no se abstuvo en ninguno de los pleitos relativos a Donald Trump, y nadie cuestionó su intervención en los mismos.

En el fondo de toda la controversia radica una circunstancia incuestionable. Por vez primera desde el segundo mandato de Franklin Delano Roosevelt (es decir, desde hace ochenta y seis años) existe una sólida mayoría “conservadora” en el Tribunal Supremo. Por tanto, las críticas al juez Thomas utilizando a su esposa como ariete no son jurídicas ni tan siquiera morales, sino estricta, lisa y llanamente políticas.

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