LA EVOLUCIÓN DE LA EXCLUSIONARY RULE EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Exclusionary rule

El último número de la Harvard Law Review publica un largo e interesantísimo artículo titulado The due process exclusionary rule, debido a Richard M. Re, y que aborda la jurisprudencia actual acerca de la denominada exclusionary rule, que no es otra cosa que el principio básico en virtud del cual ha de excluirse del proceso toda prueba obtenida de forma ilícita. Es éste un principio que procede, como tantos otros, de la época en la que Earl Warren ocupó la presidencia del Tribunal Supremo. En concreto, la exclusionary rule procede del caso Mapp v. Ohio (367 US 634 [1961]), cuya sentencia se hace pública el 19 de junio de 1961 y en la cual el alto Tribunal, por seis votos frente a tres, estipuló que los Tribunales de Justicia debían excluir las pruebas obtenidas de forma ilícita (en concreto, la expresión utilizada es la de “unreasonable search and seizures”, lo cual más que ilícito debería traducirse en puridad como “injustificada” o “irracional”, concepto éste que no implica necesariamente la ilicitud), y lo hacía sobre la base de que utilizar las pruebas obtenidas de dicha forma vulneraría los derechos de la cuarta enmienda.

Pues bien, poco a poco el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue estableciendo restricciones o excepciones a dicha regla general, de forma que para que dicho principio desplegase todos sus efectos y, por tanto, determinadas pruebas (“evidences”) fuesen excluidas no sólo se precisaba que las mismas fuesen “injustificadas”, sino que concurriesen determinados requisitos muy concretos. En los últimos años el Tribunal Supremo, sin tocar el núcleo esencial del principio, sí que ha restringido notablemente su aplicación, siendo esta precisamente una de las tesis centrales del trabajo de Re, es decir, que prácticamente se ha reducido hasta el mínimo la virtualidad práctica de la exclusionary rule, sobre todo a raíz de dos recientes sentencias.

La primera, el caso Hudson v. Michigan (547 US 586 [2006]), hecha pública el 15 de junio de 2006, en la cual el Tribunal Supremo por cinco votos frente a cuatro establece que no vulnera la cuarta enmienda el uso de pruebas obtenidas vulnerando la denominada “knock and announce rule” (es decir, la obligación que tienen las fuerzas del orden de llamar a la puerta e identificarse como policías antes de penetrar en un domicilio particular, dando así la posibilidad a los residentes a que franqueen el paso voluntariamente). Es sumamente ilustrativa la primera frase que inicia el segundo párrafo de la letra A del punto III de la sentencia Hudson: “La exclusión de pruebas siempre ha sido utilizada como último recurso, y no como primer impulso. El principio de exclusión genera sustenciales costes sociales –United States v. Leon- que en algunas ocasiones incluyen la puesta en libertad de gente culpable y peligrosa” . Además, la sentencia trata de marcar distancias con Mapp, en el sentido que éste hacía referencia a pruebas obtenidas sin orden de registro, mientras que el caso enjuiciado afecta, por el contrario, a una entrada en principio lícita al amparo de la knock and announce rule. Pero otro de los argumentos en los que descansaba la sentencia era la profesionalización de las fuerzas del orden que ha tenido lugar desde que se dictara la sentencia Mapp: “Otro cambio que ha tenido lugar a lo largo del último medio siglo y que afecta a las alegaciones en cuanto a la infracción de derechos civiles es la creciente profesionalización de las fuerzas policiales, incluyendo un nuevo énfasis en la disciplina policial interna […] actualmente existen evidencias notables de que las fuerzas policiales a lo largo de la nación se toman muy en serio los derechos constitucionales de los ciudadanos […] Más aún, las fuerzas policiales están integradas por profesionales; no es creíble afirmar que la disciplina interna, que puede cercenar carreras exitosas, no tenga efectos disuasorios. Hay igualmente evidencias que el uso creciente de varias formas de actuación ciudadana pueden conllevar la responsabilidad de la policía”. Súmense, pues, esas dos consideraciones (costes que generaría la exclusionary rule y la creciente profesionalización de las fuerzas del orden) y ello conllevará necesariamente, según el Tribunal Supremo, una restricción del principio de exclusión.

El segundo caso al que hace referencia el trabajo indicado al principio de la entrada es el caso Herring v. United States (555 US 135 [2009]), donde en una sentencia de la que fue ponente el chief justice John Roberts se indica que “La jurisprudencia establece que tal supresión no es una consecuencia automática de una violación de la cuarta enmienda, sino que el tema se centra en la culpabilidad de la policía y en la potencial de exclusión para excluir actuaciones irregulares de ésta”. Es más, a la hora de iniciar los razonamientos jurídicos del caso, la sentencia recuerda que “Cuando existe una orden con base en una causa probable basada en presupuestos razonables pero equivocados, la persona frente a quien se emitió dicha orden no ha sido necesariamente sujeto pasivo de una violación constitucional. La misma redacción ´causa probable` confirma que la Cuarta Enmienda no exige una total precisión.“ En definitiva, que el razonamiento de la sentencia es claro: “Cuando la policía actúa en base a una orden que es inválida por no existir causa probable, no es aplicable el principio de exclusión cuando la policía actúa en la creencia objetiva y razonable en la validez de la orden; a efectos prácticos ello quiere decir que si la policía actúa en ejecución de una orden pero ésta es anulada ulteriormente a la práctica del registro efectuado con base a ella, no cabe invocar la exclusionary rule. Pero el Tribunal recuerda igualmente que “ulteriormente hemos ampliado tales consideraciones a las actuaciones practicadas sin orden judicial pero realizadas al amparo de una norma ulteriormente declarada inconstitucional”.

En otras palabras, que la evolución judicial desde el caso Mapp ha pasado de considerar la exclusionary rule como una consecuencia procesal inherente a la cuarta enmienda constitucional a desvincularse de la misma. La supresión de pruebas ya no descansaría en una violación de la cuarta enmienda, sino en la actuación de la policía, de manera que pruebas efectuadas en determinados casos sin orden judicial o con órdenes declaradas ulteriormente inválidas pueden ser aportadas en fase judicial. La evolución podría resumirse en la frase: de la cuarta enmienda a la buena fe policial.

No deja de ser cierto que existen numerosos casos en que personas cuya culpabilidad material estaba fuera de toda duda han sido puestas en libertad por unos rígidos principios formales que se han interpretado de forma excesivamente rigurosa. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no pudo dejar de tener en cuenta esa circunstancia, como no ha podido dejar de tener en cuenta que ni la sociedad ni la policía existente cuando se dictó la sentencia Mapp se parece en nada a la existente a la hora de resolver el caso Herring. Medio siglo de existencia les separa; y medio siglo no pasa en balde.

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