ACCIONES COLECTIVAS EN EL DERECHO NORTEAMERICANO. BREVE APROXIMACIÓN.

Class Actions

Uno de los rasgos del sistema judicial americano es la frecuencia con que en el mismo se ejercitan acciones colectivas o class actions, institución ésta no demasiado frecuente en nuestro país porque, a diferencia de lo que ocurre en el otro lado del Atlántico, los integrantes del Poder Judicial español no suelen verlas con muy buenos ojos. El término consta expresamente definido en la normativa federal, entendiéndose por ella “cualquier acción civil presentada en un juzgado federal de los Estados Unidos al amparo de la norma 23 de las Normas Federales de Enjuiciamiento Civil, así como cualquier acción judicial originariamente presentada al amparo de normativa estatal o ley procesal que permita el ejercicio de acciones por unan o más personas como acción colectiva”. El ámbito más frecuente en el que se utilizan este tipo de acciones es en los procedimientos de responsabilidad civil, que constituyen una rama del derecho conocida como tort law. Con todo, y con ser Estados Unidos el país de las acciones colectivas por excelencia, no han dejado de alzarse voces que claman por una reforma del sistema para hacer más racional esta materia. Así, por ejemplo, bastaría con que cualquier persona se asomase a la obra de John Grisham, en concreto su novela The King of torts (traducida aquí como El rey de los pleitos de forma algo equívoca pues, como hemos dicho, el vocablo tort hace referencia a un tipo muy concreto de procesos) para contemplar que el autor (abogado ejerciente en sus primeros años antes de convertirse en el magnífico autor de best sellers que es en la actualidad) es bastante crítico no con las acciones colectivas en sí, sino con el abuso que de ellas puede hacerse.
El 18 de febrero de 2005 se aprueba la Act to amend the procedures that apply to consideration of interstate class actions to assure fairer outcomes for class members and defendants, and for other purposes, cuya denominación abreviada es Class Action Fairness Act. Destaca sobre todo la sección segunda de dicho texto legal, que contiene lo que podría ser la exposición de motivos o justificación de la promulgación. Reconoce dicha norma que las acciones colectivas son “una parte valiosa e importante del sistema legal que permite la resolución justa y eficiente de pretensiones legítimas interpuestas por varios demandantes permitiendo que las mismas sean agrupadas en un único pleito frente a un demandado que presumiblemente les ha causado un perjuicio” (es decir, que por utilizar la terminología procesal española, no se trataría más que de una acumulación inicial de pretensiones idénticas de varias partes articuladas en una misma demanda, al basarse en unos mismos hechos y frente a una misma persona). La ley reconoce que durante la década anterior a su promulgación se han producido abusos a la hora de utilizar mucho instrumento, y reconoce que las partes “con frecuencia reciben escaso o nulo beneficio de su uso, e incluso en ocasiones son perjudicados” enumerando entre esos perjuicios las “elevadas minutas de los letrados” así como el hecho de que algunos reclamantes tengan beneficios sobre otros. La competencia para el conocimiento de este tipo de asuntos se atribuye a los juzgados federales, siempre y cuando el valor económico de la pretensión exceda de 5 millones de dólares y se de el requisito de diversidad de residencia (es decir, que alguno de los demandantes sea ciudadano de un estado distinto del demandado o de alguno de los demandados), aunque también se prevé la posibilidad de que el órgano judicial pueda “en interés de la justicia y ponderando todas las circunstancias”, declinar su competencia para el conocimiento de la acción colectiva siempre y cuando un porcentaje de los demandantes que no sea inferior a un tercio ni superior a dos tercios, sean ciudadanos del estado donde se presentó originalmente la demanda, y siempre y cuando se den una serie de circunstancias.
El problema en este tipo de asuntos no es sólo material, sino jurisdiccional. Téngase en cuenta que los órganos competentes para su conocimiento son órganos de la federación y no de los Estados (siempre que algunos de los demandantes o demandados sean de diferentes estados), y ello puede dar lugar a interesantes cuestiones litigiosas en la práctica. Por ejemplo, en la actualidad pende ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el caso Chase Investment Services Corp. v. Baumann.

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