SUPRESIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES PARA PERSONAS FÍSICAS (REAL DECRETO LEY 1/2015 DE 27 DE FEBRERO). DOS MITOS Y UNA CONSTATACIÓN RELATIVA A LA LEY 10/2012 DE 20 DE NOVIEMBRE.

Tasas

Hoy sábado día 28 de febrero de 2015 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Entre esas “otras medidas”, se encuentra la eliminación de las tasas judiciales para las personas físicas, supresión que, además, tiene carácter inmediato, pues la Disposición Final Tercera dispone que el Real Decreto Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación, en otras palabras, el día 1 de marzo de 2015 (por lo que los procesos iniciados el día 2 de marzo de 2015 ya no devengarán la tasa para las personas físicas). José Ramón Chaves se ha hecho eco hoy mismo de esta importante novedad en su bitácora contencioso.es en un post titulado Entierro de las tasas judiciales para las personas físicas, donde no sólo recoge la novedad sino que aprovecha para recordar en la misma una tesis suya expuesta en un post anterior (tesis que el redactor de estas líneas hace suya, no corregida pero sí aumentada) en lo relativo a que en el orden contencioso-administrativo el elemento “disuasorio” no estaba únicamente en las tasas, sino en la introducción del vencimiento objetivo a la hora de imponer las costas, criterio que algunos órganos judiciales están modulando, pero otros están aplicando de forma taxativa y draconiana, olvidando que en el contencioso, por mucho que se justifique la medida en aras a una presunta igualdad de partes, no cabe predicar tal igualdad, no sólo por los privilegios que tiene la Administración como parte, sino la que tienen sus propios defensores, privilegios que incluso la propia norma que los regula de forma expresa reconoce.

Pero, centrándonos en la importante novedad que comentamos, conviene tener muy en cuenta la justificación del legislador, y para ello nada mejor que acudir a la Exposición de Motivos de la norma: “transcurrido un plazo razonable desde la adopción del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, en materia de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, se ha podido constatar que resulta inaplazable atender a la situación económica desfavorable de un importante número de ciudadanos que, no siendo beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, debe ser objeto de atención en cuanto al impacto que sobre ellos está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. En este sentido, la conexión entre la situación de necesidad expuesta y las medidas que se adoptan en este real decreto-ley es clara, pues las modificaciones que se introducen conllevan un efecto favorable inmediato dado que la entrada en vigor de esta norma supondrá la exención del pago de la tasa por parte de las personas físicas […] La utilización del real decreto-ley responde, por tanto, a la urgencia detectada, otorgando inmediatez a la consecución de un doble objetivo: poner fin a una situación que había generado un enorme rechazo social y, al tiempo, eliminar un elemento de retraimiento en el acceso a los Tribunales en un contexto de previsible aumento de movimientos económicos entre los distintos operadores jurídicos”. Es elogiable que el propio legislador reconozca tanto el amplio rechazo social que la medida conllevó (que acompañó a la nefasta Ley 10/2012 de 20 de noviembre no sólo tras su aprobación y entrada en vigor, sino desde que se conoció el Proyecto de Ley) como el hecho de que las introducción de las mismas suponía un elemento disuasorio en el acceso a los Tribunales, hecho éste de una importancia vital y que seguramente traerá efectos importantes (dado que, además, la jurisprudencia reconoce a las Exposiciones de Motivos de las normas el carácter de interpretación auténtica de las mismas): el propio legislador con toda su crudeza vincula la eliminación de la tasa a una situación de vulneración de un derecho constitucional, cual es el de la tutela judicial efectiva (pues eso y no otra cosa supone el calificarla como “elemento de retraimiento en el acceso a los Tribunales”). En consecuencia, el artículo 11 del Real Decreto Ley 1/2015 modifica el artículo 4 de la Ley 10/2012 retocando levemente punto primero (para eliminar dos supuestos, los de las hasta ahora vigentes letras a) –procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores- y d) –funcionarios públicos en defensa de intereses estatutarios, que al tratar de supuestos en los que la demanda la inician personas físicas pasan a carecer de sentido) y el párrafo 2, para introducir entre las exenciones subjetivas las personas físicas. Además, se añade un nuevo párrafo al artículo 8.1 de tal manera que las personas y entidades subjetivamente exentas no tendrán que presentar impreso de autoliquidación.

Quisiera aprovechar además este post para deshacer un par de “mitos” y ratificar una tesis personal del responsable de este blog.

1.- MITO PRIMERO: LAS TASAS SON UNA INICIATIVA DEL EXMINISTRO DE JUSTICIA, ALBERTO RUÍZ GALLARDÓN. Esta es la tesis que apuntan claramente algunos diarios, como La Voz de Galicia, que se hacía eco de la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas con el siguiente titular: “Rajoy entierra la era Gallardón con la supresión de las tasas judiciales”; el diario digital El Confidencial lo hacía de forma similar: “El fin de la era Gallardón”. Ello parece querer vincular las tasas a un ministro en particular. Nada más erróneo. Ignoro si la iniciativa última de la redacción fue obra del entonces Ministro de Justicia o partió de una instancia más alta, pero una vez que el Consejo de Ministros da el visto bueno al texto Gallardón deja de ser el responsable último. Porque, hasta donde yo se, corresponde al Consejo de Ministros, y no al Ministro, la aprobación de los Proyectos de Ley y su remisión al Congreso o, en su caso, al Senado (artículo 5.1.a de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno), y la responsabilidad última de la aprobación de la ley la tienen Congreso y Senado, y no Gallardón, que dejó de ser personalmente responsable de la iniciativa desde el momento en el que el Consejo de Ministros dio el placet a la iniciativa ministerial. Por tanto, Rajoy no “entierra” la era Gallardón, ni ésta llega a su fin; lo correcto sería decir que el Presidente se rectifica a sí mismo.

2.- MITO SEGUNDO: LAS TASAS SERVIRÍAN PARA FINANCIAR LA JUSTICIA GRATUITA. Así vendió el ejecutivo la instauración de las tasas judiciales; valga, por todos, el titular del diario económico Expansión del día 30 de marzo de 2012 donde, al hacerse eco de la aprobación por el Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de Tasas judiciales, lo hace de la siguiente manera: “El gobierno sube las tasas judiciales para financiar la justicia gratuita”; así parecía indicarlo igualmente el artículo 11 de la Ley 10/2012 al establecer que “La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.” Pero, como ya indicamos en este mismo blog en una entrada anterior, el propio Gobierno reconoció, a través del propio Gabinete del Ministerio de Justicia, que se había convertido en un Pinocho político. En efecto, en una nota hecha pública el 7 de octubre de 2013 (bajo el inquietante título: “Justicia mantiene su compromiso con la justicia gratuita a pesar de la reducción general del presupuesto para 2014”), el avispado lector se podía encontrar la siguiente afirmación: “el Ministerio de Justicia prevé que durante el primer semestre de 2014 pueda alcanzarse un acuerdo entre todas las Comunidades y los Ministerios de Justicia y Hacienda y Administraciones Públicas sobre la vinculación entre tasas y justicia gratuita en el marco de las previsiones del artículo 11 de la ley de tasas, de tal forma que los presupuestos del año 2015 puedan hacer efectiva la previsión del legislador”. Vinculación que continuó sin darse en todo el año 2014. A ello se une que este mismo mes de febrero de 2015, el actual Ministro de Justicia contestaba a una pregunta específica sobre las tasas manifestando que desconocía el destino de las cantidades recaudadas en concepto de tasas judiciales, y lo hacía además en los siguientes términos, tal y como nos informaba el diario ABC: “Así las cosas, no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa”. En fin, que dada la “vinculación” del actual titular de la cartera de Justicia al peculiar mundo del juego, podríamos decir que sea como fuere y por lo que fuere “gana la Banca”, entendiendo aquí por “Banca” el ejecutivo. Bromas aparte, lo que queda meridianamente claro es que se mintió al decir que la recaudación de las tasas judiciales iría para financiar la justicia gratuita.

3.- CONSTATACIÓN EVIDENTE: AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO LE INTERESA EN NADA EL TEMA DE LAS TASAS. No es ningún secreto que quien suscribe tiene por verdad revelada que el Tribunal Constitucional es un auténtico peligro, el verdadero cáncer del sistema jurídico español, y que debería hacerse con dicha institución lo mismo que el rey Felipe II hizo con las tierras del renegado Lope de Aguirre. Pues bien, ha demostrado poco interés en el asunto de las tasas judiciales, como lo prueba el hecho de que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente a los artículos 1 a 11 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre duerme el sueño de los justos en dicha institución pese a estar admitido a trámite mediante Providencia de 12 de marzo de 2013 (publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 23 de marzo). Desinterés explicable desde el punto de vista estrictamente político, y que contrasta con la celeridad inaudita con que este simulacro de Tribunal ha actuado en el caso de la reforma de la ley electoral castellano-manchega donde, al afectar a la clase política, de tortuga se trasmuta en Aquiles. Porque, en efecto, si el amable lector ojea la Sentencia de 5 de febrero de 2015 del Pleno del Tribunal Constitucional dictada en recurso de inconstitucionalidad número 6408/2014 (promovido frente a la Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha) podrá comprobar que, según consta en el antecedente de hecho primero, el recurso tiene entrada en el Registro del Tribunal Constitucional el día 27 de octubre de 2014 (¡un año y siete meses después de la Providencia admitiendo a trámite el recurso contra la ley de tasas!), y apenas tres meses y medio después el Pleno ya tiene dictada Sentencia. Una buena prueba más para acreditar la naturaleza estrictamente política de este nefasto organismo que, en una eventual reforma constitucional, debería ser enviado al tenebroso Tártaro del que jamás debió salir.

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Un comentario el “SUPRESIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES PARA PERSONAS FÍSICAS (REAL DECRETO LEY 1/2015 DE 27 DE FEBRERO). DOS MITOS Y UNA CONSTATACIÓN RELATIVA A LA LEY 10/2012 DE 20 DE NOVIEMBRE.

  1. De enterradas, no del todo. Si una persona jurídica demanda a una física y la condenan en costas, la persona física pagará las tasas como parte de las costas.

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