ÓRGANOS JUDICIALES Y DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL SISTEMA AMERICANO.

Bureaucracy

Brett Kavanaugh, el candidato que Trump ha elegido para cubrir el puesto de Anthony Kennedy, ha devuelto cumplimentado el cuestionario que le ha remitido el Senado a efectos de su consideración y examen en el Comité Judicial de la Cámara. Son nada menos que ciento diez páginas (que el lector interesado puede consultar aquí), donde el jurista efectúa un auténtico desnudo profesional, pues toda su trayectoria pública (e incluso algunos aspectos de la privada) quedan expuestos y públicos de tal forma que ni tan siquiera se ha respetado la tradicional y pudorosa hoja de parra que cubría las partes íntimas de la anatomía humana. El lector que haya tenido la curiosidad de ojear siquiera el documento, compare la exhaustiva información y publicidad que el mismo ofrece con la situación de nuestro país, caracterizado por la opacidad mas absoluta y, en casos extremos donde no queda más remedio que aportar cierta información, cuanto lo más raquítica mejor.

Hay, no obstante, un hecho indubitado que no puede negarse a Brett Kavanaugh, al igual que a todos los jueces que proceden del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia: un manejo cotidiano de las normas constitucionales y administrativas. En otras palabras, que a diferencia de otros órganos judiciales estadounidenses, más orientados hacia el derecho privado o penal, en el caso del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia mas del ochenta por ciento de su actividad se concentra en normativa de Derecho público.

Cabe recordar que el actual chief justice, John G. Roberts, procedía igualmente del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, y también en su momento elaboró un breve trabajo exponiendo las peculiares características de dicho órgano que lo distinguen sobremanera del resto de los que integran la judicatura federal. Pues bien, Kavanaugh ha emulado a Roberts, narrando narrando su experiencia como juez de dicho órgano judicial en un artículo publicado en el año 2014 con el significativo título The Courts and the Administrative State (Los Tribunales y el Estado Administrativo), versión escrita de una ponencia que ofreció el autor en una facultad de Derecho. Tras desgranar la especificidad del Distrito de Columbia, que se puede resumir en una frase: “realmente el día a día de nuestra agenda la ocupan temas de Derecho administrativo.” A partir de ahí, Kavanaugh desgrana los principales asuntos de naturaleza administrativa que han de afrontar:

Primero.- Problemas de interpretación legal.

En este caso, se trata de verificar si las agencias administrativas encargadas de aplicar y llevar a efecto las previsiones de la norma legal cuya ejecución tienen encomendada han efectuado una interpretación correcta de la ley que deben aplicar: “El factor más importante a la hora de resolver este tipo de asuntos administrativos normalmente es la redacción concreta del texto legal.” En definitiva: normativa pública y criterios interpretativos. Apunta Kavanaugh las dos tesis principales a la hora de interpretar un texto normativo, la textualista (ceñida a la redacción concreta de la norma y a una interpretación literal o concordada de la misma) y la finalista (que apunta al propósito u objetivo que persigue). El autor del trabajo no oculta la importancia decisiva o primordial del texto, pero sin cerrar la puerta a otros criterios, que en todo caso son secundarios o subordinados al criterio interpretativo principal: “Deseo recalcar que el texto no es el único medio de interpretación legal. Pero el texto normativo es muy importante a la hora de resolver si la agencia ha vulnerado los límites legalmente impuestos.”

Segundo.- Separación de poderes.

Seguramente si se preguntara a un juez español que preste sus servicios en un órgano especializado en asuntos contencioso-administrativos el volumen de asuntos que impliquen abordar para su resolución normativa de división de poderes, obsequiaría a su interlocutor con una expresión de sorpresa. Y es que, en efecto, siendo generoso, en pocas ocasiones se presentarán asuntos de esta naturaleza. Es frecuente, eso sí, que surjan temas de competencia entre distintos órganos administrativos (por ejemplo, en las Corporaciones locales entre el Pleno y el Alcalde; entre dos departamentos de una Administración autonómica o de la estatal). Pero ello en modo alguno es equiparable al tema que estamos abordando. Y es que este tipo de conflictos: “se refieren a los poderes de la rama legislativa y ejecutiva bajo nuestro sistema constitucional.”

No debe sorprendernos la ausencia de este tipo de asuntos en los órganos españoles. Y ello porque en realidad, el núcleo central de la controversia de los asuntos relativos a la separación de poderes implica en último caso pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma legal. En España, el enjuiciamiento de tales asuntos lo tiene prácticamente monopolizado el Tribunal Constitucional, ese nefando órgano extramuros del Poder Judicial que tanto daño ha hecho a éste, y que maneja su agenda con los ágiles y nada gráciles pasos de una tortuga. Sin embargo, en los Estados Unidos cualquier órgano judicial puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de un texto legal, ya sea para afirmarla o para rechazar la ley por contraria a la norma suprema.

Al igual que en el caso de la interpretación legislativa, a la hora de abordar un análisis de la Constitución existen los denominados living constitucionalists (que defienden una interpretación de la norma fundamental teniendo en cuenta la realidad social en que ha de ser aplicada) y los enduring constitucionalist (abogan por una interpretación rígida del texto constitucional), es decir, el eterno conflicto entre interpretación rígida y flexible de la Constitución.

Asuntos como el alcance de las prerrogativas presidenciales (nombramientos temporales de determinados cargos, veto sobre la legislación, poderes inherentes a su condición de comandante en jefe) así como el propio alcance de las facultades del Congreso integran esta clase de procesos.

Un subconjunto importante de casos es el relativo a los denominados War Powers, es decir, a las facultades que ostenta el ejecutivo en asuntos bélicos, que adquieren suma importancia dados los números conflictos abiertos a raíz de los atentados del 11-S.

En definitiva, que se trata de que el peso de la Administración sea el justo, respetando la separación de poderes y, sobre todo, la libertad individual, al que toda organización política debe estar subordinada. Porque conviene retener un dato que en muchas ocasiones se olvida en el viejo continente: el poder político está para servir al ciudadano, y no a la inversa.

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