SE PUBLICA EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL PARLAMENTO BRITÁNICO.

41-parliament-corbis

Ayer día 13 de septiembre, tal y como indicábamos en nuestra última entrada, la Sala de Apelación del Tribunal de Sesiones de Escocia ha hecho pública la Sentencia Joanna Cherry and others v. The Advocate General, que resuelve la impugnación efectuada por setenta y cinco personas (casi la totalidad de los cuales eran miembros del Parlamento de Westminster) frente a la decisión del Primer Ministro Boris Johnson de aconsejar a la Reina la suspensión del Parlamento británico. En realidad, la nota de prensa hecha pública dos días antes (y que ofrecimos traducida en la anterior entrada) resume a la perfección el grueso del razonamiento de la sentencia, de sesenta y ocho páginas de extensión. Eso sí, en el grueso de la sentencia, a la que cualquier interesado puede acceder a través de la página web de los tribunales escoceses, se efectúan algunas afirmaciones que considero no han de pasar sin el debido comentario.

Llama la atención, por ejemplo, que los propios demandantes al referirse al Gobierno distinguiesen claramente la responsabilidad política de la penal. En efecto, se trata de dos tipos de responsabilidad totalmente distintas que, sin embargo, en nuestro país se han entremezclado debido, fundamentalmente, a que en los años noventa el entonces Presidente del Gobierno, Felipe González, pretendió ligarlas indisolublemente. Obsérvese lo que los propios demandantes en la causa comentada manifiestan en lo que se refiere a la responsabilidad del Gabinete:

“El Gobierno es políticamente responsable ante el Parlamento por el ejercicio de sus poderes. El Gobierno estaría actuando ilícitamente si restringe la responsabilidad política. La adecuada relación constitucional adecuada entre el ejecutivo y los tribunales era una de respeto. La responsabilidad política del Gobierno ante el Parlamento y su responsabilidad legal ante los tribunales no se excluyen mutualmente. Pueden superponerse. El Gobierno ha de obedecer la ley tal y como es interpretada por los tribunales. Éstos protegen a los individuos frente a un gobierno arbitrario. El estado de derecho, garantizado por los tribunales, es el último control sobre el que se basa la constitución. El tribunal debe otorgar un remedio efectivo contra las vulneraciones a la Constitución.”

En definitiva, que los propios actores deslindan una responsabilidad política ante el Parlamento de la responsabilidad jurídica ante los órganos judiciales, no siendo ambas necesariamente coincidentes, de tal manera que la existencia de la primera no necesariamente implica la de la segunda. Pero, lo que es más importante, se considera a los tribunales no sólo como garantes últimos de los derechos individuales frente al “gobierno arbitrario”, sino como el “último control” sobre el que descansa el edificio constitucional.

En su sentencia, el Tribunal hila muy fino, pues reconoce que las decisiones de carácter político no son controlables judicialmente, aunque en ese principio general introduce un pequeño resquicio por el que introducirse:

“Una decisión de prerrogativa puede estar sujeta a control judicial. Si el asunto entra o no dentro de la competencia de los tribunales depende de la materia que trate. Con carácter general, las decisiones que se efectúan sobre la base de legítimas consideraciones políticas no son judicialmente controlables. No es posible aplicar a tales decisiones los test de derecho público sobre razonabilidad, imparcialidad y abuso de discrecionalidad. En este caso, sin la impugnación estuviera basada en estas consideraciones o en otras similares, no sería impugnable judicialmente. Si las razones de la decisión estuvieran basadas en legítimas consideraciones políticas, incluyendo un deseo de que se produjera el Brexit, no sería judicialmente impugnable.”

Sin embargo, el Tribunal, como hemos podido comprobar por la nota de prensa, entra en el fondo. Y los motivos por los que lo hace son los siguientes:

“La cuestión es que las razones proferidas por el PM en público (preparar un nuevo programa legislativo y cubrir el periodo de las conferencias de partido) no eran ciertos. El motivo real, se dice, fue bloquear el escrutinio Parlamentario de la acción de gobierno. Dado que tal escrutinio es un pilar central del principio de buen gobierno consagrado en la Constitución, no puede verse como una materia de alta política o políticas. Es una que trata de minar dicho pilar. Y como tal, si demuestra ser verdadero, sería ilícito.”

En otras palabras, que el Tribunal no cuestiona la posibilidad de que se pueda lícitamente suspender el Parlamento, y no niega que se puede tratar de una decisión de carácter político y, como tal, excluida del ámbito de conocimiento de los Tribunales. Pero he ahí el truco del almendruco para saltar de una cuestión política a una judicial: el control del fin o, dicho en otras palabras, lo que se persigue con la suspensión.

El propio Tribunal es consciente de lo peliagudo de su razonamiento cuando se adelanta a remover una de las objeciones que se pueden esgrimir en su contra, aunque, a mi entender, creo que los jueces tienen que echar mano paradójicamente de consideraciones políticas para justificar su decisión:

“Hay alguna base en el argumento según el cual el tribunal debería dejar al Parlamento decidir acerca de cuestionar la suspensión. El Parlamento podía, si hubiera tiempo para hacerlo, aprobar legislación que hubiera tenido el efecto de dejar sin efecto la suspensión antes de que se iniciase. No lo hizo en los días de los que dispuso. En términos prácticos, no fue sorprendente dada la intensidad de los debates políticos en tiempos recientes; en particular los movimientos de los partidos de la oposición y algunos miembros del partido conservador para aprobar un proyecto de ley destinado a evitar un Brexit sin acuerdo. Esto requeriría al PM a buscar una extensión de la fecha de salida prevista en el artículo 50 durante cuatro meses hasta el 31 de enero de 2020 si no se asegura un acuerdo para el 19 de octubre de 2019. Dado que la suspensión va a las raíces de la posibilidad de reunión del Parlamento, e impide a éste desarrollar su papel central de controlar la acción del Gobierno, el tribunal debe poseer jurisdicción”

Analicemos atentamente este párrafo, que no tiene desperdicio, porque confieso que su lectura me ha dejado perplejo.

1.- La sentencia reconoce que el Parlamento podía haber evitado su propia suspensión aprobando una ley que lo evitara, pero que si no lo hizo fue debido a la “intensidad de los debates políticos en tiempos recientes”. En definitiva, que el Poder Judicial entra a conocer una decisión que el Poder Legislativo pudo haber dejado sin efecto y que si no lo hizo fue debido a esa “intensidad de los debates políticos”. En definitiva, que mediante un simple silogismo cabría concluir que la actuación del tribunal se fundamenta en la inactividad del poder legislativo….¡debido a causas políticas!. Sorprendente.

2.- Sobre el Brexit sin acuerdo, convendría tener en cuenta (algo que a los británicos parece habérseles olvidado) que la decisión de otorgar una nueva ampliación del plazo de salida (y van ya tres) no puede ser decidida unilateralmente por el Parlamento británico, sino que habría de estar consensuada con Bruselas. En caso contrario, ya puede el órgano soberano del Reino Unido aprobar todas las leyes que desee que materialmente serían inaplicables por no vincular a Estrasburgo.

3.- Como ya indicamos en nuestro anterior post, decir que la medida pretende cercenar las facultades del Parlamento inglés sobre el Gabinete, es un argumento que sólo provoca risión. Nos remitimos a los propios hechos probados, recogidos en el apartado “contexto” (background) los epígrafes cuarto y quinto de la sentencia:

“(4) El 29 de marzo de 2017, en base a la autorización otorgada por la sección 1 de la Ley de la Union Europea (Notificación de Salida) de 2017, la anterior Primer Ministra (la Rt Hon Theresa May) escribió al Presidente del Consejo Europeo notificando a la UE que, en los términos del Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, el RU pretendía retirarse de la UE. En los términos del artículo, ello tendría efecto el 29 de marzo de 2019. La Ley de la Unión Europea (Salida) de 2018 establece que en el “día de la retirada”, la Ley de las Comunidades Europeas de 1972 dejaría de aplicarse, pero el derecho de la UE debería preservarse en el régimen interno.

 

(5) El 21 de marzo de 2019, tras dos rechazos de la Cámara de los Comunes a un acuerdo de salida en los términos del artículo 50, el Gobierno y el Consejo de Europa acordaron ampliar la permanencia del RU hasta el 22 de mayo, si el acuerdo de salida se aprobase por el Parlamento. En caso contrario, el RU dejaría de ser miembro el 13 de abril de 2019. El 29 de marzo, el acuerdo de salida fue rechazado de nuevo. El 10 de abril, se acordó una nueva ampliación hasta el 31 de octubre. El 24 de mayo, la entonces PM dimitió. El 24 de julio, el Rt Hon Boris Johnson fue nombrado en su lugar.”

Recapitulemos lo que se establece en los dos párrafos anteriores: tres votaciones de rechazo del acuerdo por la Cámara de los Comunes; dos ampliaciones del plazo de salida de la Unión Europea. Y recordemos lo que se oculta: que la Cámara Baja rechazó igualmente un segundo referéndum y ahora pretende impedir un Brexit sin acuerdo. La pregunta, por tanto, es obvia ¿Qué es lo que desea el Parlamento británico? ¿Estar en una especie de limbo o purgatorio? Emulando a San Pedro, la Cámara de los Comunes negó hasta tres veces el acuerdo negociado por Theresa May, si bien le llevó bastante más tiempo que el canto de un gallo. Pero también ha negado un segundo referéndum (que sería ridículo, porque daría la impresión que si el resultado de una consulta popular no es del agrado de las élites habría que convocar nuevos comicios hasta que la opción deseada recibiese el beneplácito popular), y en fechas recientes ha mostrado su oposición tanto a la celebración de unas nuevas elecciones como de un Brexit sin acuerdo. Obviando, insistimos, que llegado el 31 de octubre la permanencia en la Unión Europea no depende de Londres, sino de Estrasburgo, pues de no acordar este último una nueva prórroga (lo que sería una auténtica tomadura de pelo, convirtiendo este enojoso asunto en el cuento de nunca acabar) la salida del Reino Unido sería automática.

En definitiva, que los Tribunales han intentado en esta ocasión echar un capote a la (¿leal?) oposición de Su Majestad y han tomado la iniciativa que los ilustres miembros de la Cámara de los Comunes, debido a la “intensidad de los debates políticos” no han adoptado.

Finalizamos esta quizá demasiado larga entrada con una sencilla explicación que Sir Humphrey Appleby (uno de los personajes de la inolvidable serie británica Yes, Minister, ambientada precisamente en la alta política, en concreto en las oficinas del ficticio Ministerio de Asuntos Administrativos) ofrecía al ministro James Hacker: “La política ingresa durante los últimos quinientos años sólo ha tenido un objetivo: crear una Europa desunida.”

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s