LA TRANSPARENCIA: UN ÍDOLO CON PIES DE BARRO.

Si existe un concepto que las distintas entidades del sector público han tratado de vender machaconamente a la población española, ese no es otro que el de “transparencia”. Como suele ser habitual en nuestro país, la normativa patria llegó, tarde mal y nunca, si la comparamos con otros países. Sin necesidad de ir al modelo sueco (cuya norma legal data nada menos que del siglo XVIII), en Estados Unidos, por ejemplo, la denominada Freedom of information Act entró en vigor el 5 de julio de 1967. En España, sin embargo, hubo que esperar hasta la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno (LTBG) para que se diese cumplimiento a un principio esencial, cual es el de responsabilidad de los poderes públicos ante la sociedad, como expresamente se reflejó en el Preámbulo de dicho texto legal al afirmar que: 

“Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.”

Al texto estatal le siguieron una pléyade de normas autonómicas y reglamentaciones locales. Así, por ejemplo, casi un lustro después de aprobarse la ley estatal, en el ámbito del Principado de Asturias entró en vigor la Ley 8/2018 de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. A medias entre ambos, el Ayuntamiento de Gijón aprobó su propia Ordenanza Municipal de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y buen Gobierno, publicada oficialmente el 28 de noviembre de 2016. Todas ellas, además, son teóricamente bastante avanzadas: se otorga una legitimación amplísima (casi general) y se es extremadamente generoso en cuanto a la información a suministrar, restringiendo notablemente las excepciones al acceso que, más que impedimentos propiamente dichos, son limitaciones muy puntuales.

Ahora bien, como saben perfectamente los familiarizados con la obra de Alejandro Nieto, lo normal y habitual (sobre todo en el ámbito de las normas administrativas) es que el derecho positivo vaya en una dirección y los poderes públicos en otra totalmente opuesta. Por ello no debería sorprender al jurista español la noticia publicada en el diario El Comercio del pasado día 20 de diciembre de 2020, cuyo titular ya es harto significativo: “El Ayuntamiento incumple la ordenanza de Transparencia 4 años después de aprobarla.” Algunos de los párrafos de la noticia, a la que se dedicó nada menos que doble página, demuestran hasta qué punto la Transparencia, tan encomiada a diestra y siniestra, constituye, en muchos casos, un ídolo con los pies de barro:

“El Ayuntamiento está tropeando con su propia ordenanza y quizás uno de los ejemplos más elocuentes es el apartado de “Transparencia” de su web. En él se invita al ciudadano a “consultar los indicadores de Transparencia” en un portal llamado Observa Gijón. A quien tenga interés en seguirlo se le muestran unos datos muy didácticos sobre en qué se va a utilizar el presupuesto. Pero el de 2017.

La información desfasada abunda en la web oficial, induce al equívoco y no es su único tropiezo.”

Lo que es ciertamente ilustrativo son los datos que no constan publicados y que (¡oh, casualidad, casualidad!) se refieren a cuestiones económicas que afectan a grupos políticos y personal electo de la Corporación. Compruebe el lector el gráfico que se elabora en la meritada noticia acerca de las informaciones omitidas

Pero, además, existe información que cabría denominar con toda propiedad como “aparición fantasmal”, porque una vez publicada desaparece a la mayor brevedad. Veamos el ejemplo que se ofrece:

“Una anécdota elocuente. Ocurrió en el Pleno del 11de noviembre. Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos, recriminaba a la alcaldesa Ana González que no estuviera intermediando ante el Principado para pedir ayudas a la hostelería. La regidora la calificó de mentiroso, pues eran varias las reuniones que había tenido con el consejero. El edil se revolvió aduciendo que no tenía noticia de ellas porque no se estaba publicando la agenda de la alcaldesa, en contra de lo dictado por la ordenanza. Hubo presión y desde entonces el Ayuntamiento publica los actos, pero sólo los del día siguiente: una vez pasada la fecha, desaparecen, lo que impide todo análisis de quién tiene acceso a la alcaldesa y a los concejales. Para evitarlo, la propia ordenanza especificó que esa información “se mantendrá publicada al menos cinco años”

Hecho este último (publicación limitada y retirada al día siguiente) que no puede describirse como negligente o culposo, sino como un acto voluntario o doloso contrario al ordenamiento jurídico vigente, lo que tiene una denominación jurídica concreta desde el punto de vista penal.

Lo preocupante no es ya el consciente y deliberado incumplimiento de la normativa, sino que incluso se intente justificar dicho proceder mediante una frase del Consejo de Transparencia emitida pensando en otro tipo de entidades, pues alude a:

“La falta de recursos para gestionar las obligaciones derivadas de la Transparencia a la que se están enfrentando las entidades locales de reducida estructura.” 

Ahora bien, sería un sarcasmo, cuando no una bufonada siniestra, calificar al Ayuntamiento de Gijón (el primero en recursos económicos y en población del Principado de Asturias) como un ente local “de reducida estructura”. 

Otro dato curioso: en dos años y medio (los transcurridos entre 2017 y mediados de 2019) el Ayuntamiento de Gijón recibió 49 solicitudes al amparo de la legislación de transparencia. Es lógico que ante un volumen tan abrumador y cercano al colapso, dicha entidad local tan sólo haya respondido dentro del plazo del mes a sólo 27 de ellas.

¿Qué puede hacer el probo ciudadano ante tamaña burla administrativa? ¿Acaso reclamar de la Administración el cumplimiento de la normativa? Desde luego que no, porque chocaría con el obstáculo de la falta de legitimación activa, que se alzaría como escudo protector frente a todo intento de exigir de los entes públicos que cumpliesen escrupulosamente sus obligaciones. Como recuerda, entre otros, el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia 915/2016 de 26 de abril de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso 3733/2014 (ES:TS:2016:1864):

“salvo en los supuestos en que el ordenamiento reconoce legitimación para ejercer la acción pública, no basta como elemento legitimador bastante el genérico deseo ciudadano de la legalidad, pues es necesaria una determinada relación con la cuestión debatida ya que como señaló la sentencia de esta Sala de 26 de noviembre de 1994 , la legitimación «ad causam» conlleva la necesidad de constatar la interrelación existente entre el interés legítimo invocado y el objeto de la pretensión o como dijo la sentencia de 21 de abril de 1997 , se parte del concepto de legitimación «ad causam» tal cual ha sido recogido por la más moderna doctrina como atribución a un determinado sujeto de un derecho subjetivo reaccional, que le permite impugnar una actuación administrativa que él considera ilegal, y que ha incidido en su esfera vital de intereses.”

Lo cual implica que la tan cacareada, publicitada y esgrimida transparencia no deja de ser como el traje nuevo del emperador: un auténtico camelo. Sin que quepa esgrimir la “falta de recursos” que, orillando su falta de veracidad, al igual que el COVID (en el que se ampara el Estado para ciscarse diariamente en la transparencia) se ha convertido en una especie de comodín administrativo para excusar el cumplimiento de las obligaciones legales.

Un ejemplo demuestra cómo los dirigentes políticos norteamericanos de finales del siglo XVIII eran mucho más transparentes que los españoles del siglo XXI. El día 24 de septiembre de 1787, la Asamblea del Estado de Pennsylvania recibió la propuesta de uno de sus integrantes, William Findley, para que dicha Cámara sufragase la impresión de mil copias en inglés y quinientas en alemán del proyecto de constitución aprobado siete días antes por la Convención Constitucional, sobre la cual deberían pronunciarse los estados. Al día siguiente, 25 de septiembre, Hugh Brackenridge se opuso a tal propuesta basándose, precisamente, en los recursos económicos que ello supondría, y que el texto ya habría gozado de suficiente difusión, pues “ha sido publicado en todas las gacetas y en ejemplares de bolsillo” y, por tanto, era partidario de “conservar el dinero en el Tesoro”. Robert Whitehill efectuó la siguiente afirmación que los dirigentes políticos y administrativos españoles deberían grabarse a fuego en sus cerebros:

“Soy partidario de conservar el dinero público, tanto como cualquier otro miembro de esta cámara; pero deseo otorgar al pueblo la oportunidad de pensar por sí mismos en esta importante materia. Mantener el dinero en el Tesoro no ofrece información al pueblo, lo cual, en ese momento, es extremadamente necesario.”

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