APROBADA LA ORDEN EJECUTIVA CREANDO LA COMISIÓN PARA LA REFORMA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Ayer viernes día 9 de abril de 2021 la Casa Blanca hacía público a través de su página web que el presidente Joseph Biden aprobará ese mismo día una orden ejecutiva creando una Comisión encargada del estudio de la reforma del Tribunal Supremo. En concreto, el texto del anuncio es el siguiente:

“El Presidente Biden aprobará hoy una orden ejecutiva creando la Comisión Presidencial sobre el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que creará un grupo integrado por miembros de ambos partidos expertos en el Tribunal y en el debate sobre la reforma del Tribunal. Además de juristas y otros expertos, sus miembros incluirán antiguos jueces federales y abogados que han ejercido ante el Tribunal Supremo, así como defensores para la reforma de las instituciones democráticas y la administración de justicia. Los expertos representados en la Comisión incluyen expertos en derecho constitucional, historia y ciencia política.

El objetivo de la comisión es ofrecer un análisis de los principales argumentos en el debate público contemporáneo a favor y en contra de la reforma del Tribunal Supremo, incluyendo un acercamiento a los fundamentos y legalidad de las reformas concretas propuestas. Los asuntos que se examinarán incluyen la génesis del debate sobre la reforma; el papel del Tribunal Supremo en el sistema constitucional; la duración del mandado y número de jueces en el Tribunal; los miembros y composición del Tribunal, así como la selección de asuntos, normas y funcionamiento del mismo.

Para asegurar que el informe de la comisión es completo e integrado por diversos puntos de vista, celebrará reuniones públicas para escuchar los puntos de vista de otros expertos, y grupos e individuos interesados con diversas perspectivas en los asuntos que examinarán. La Orden Ejecutiva ordena que la Comisión complete su informe dentro de los 180 días siguientes a su primera reunión pública. Esta actuación es parte del compromiso de la Administración para estudiar atentamente medidas para mejorar el sistema federal, incluyendo aquéllas que ampliarán el acceso al sistema judicial.”

La Orden Ejecutiva, por tanto, no supone per se el inicio de una reforma legislativa, sino tan sólo la creación de un organismo encargado recoger opiniones de juristas y técnicos acerca de la necesidad de reformar el Tribunal Supremo (aunque se alude vagamente a extender la modificación a la jurisdicción federal en sentido amplio) y la orientación que debería tener dicha reforma. Aun cuando se enuncian varios asuntos donde el legislador tiene constitucionalmente un amplio abanico de posibilidades, hay un asunto enunciado (“duración del mandato” de los jueces) que se da de bruces con el texto constitucional, pues este no deja margen alguno de maniobra al imponer el carácter vitalicio de los jueces “mientras mantengan buen comportamiento”, por lo que en ese punto nada habría que rascar sin que previamente tenga lugar una reforma constitucional al efecto. 

En cuanto a la creación del organismo en sí, nada hay que objetar ni en cuanto a su contenido (se trata de estudiar aquéllos aspectos de la jurisdicción federal que precisen de reforma), en cuanto a su composición (no se trata de políticos, sino de expertos jurídicos que, además, son de tendencias ideológicas distintas para garantizar la pluralidad) ni en cuanto a sus actuaciones (públicas y abiertas, además, a todos los interesados). No obstante, es la oportunidad de la reforma la que lleva a pensar que existe una intencionalidad que no es la declarada. Téngase en cuenta que aun cuando el debate sobre la reforma del Tribunal Supremo lleva tiempo planteándose, ningún mandatario (ni republicano ni demócrata) ha considerado necesario la misma, puesto que tampoco desde el poder judicial federal en general se ha estimado tal necesidad. La comisión se crea justo cuando por vez primera en medio siglo, los demócratas consideran que el Tribunal Supremo tiene una composición que puede ser contraria a sus objetivos.

Desde la Act to establish the judicial courts of the United States, aprobada el 24 de septiembre de 1789, han existido a lo largo de la historia constitucional estadounidense diversas reformas legislativas, algunas para modificar aspectos técnicos de la regulación, y otras para incrementar el número de miembros del Tribunal Supremo a medida que el territorio estadounidense se extendía progresivamente desde la franja costera del Atlántico hasta el Pacífico, llegando el Tribunal Supremo incluso a estar integrado por diez jueces, si bien desde 1869 su estructura quedó definitivamente fijada en nueve. Tan sólo en una ocasión la reforma tenía una intencionalidad claramente política, y fue precisamente el court-packing plan auspiciado por Franklin D. Roosevelt y muñido en las covachuelas de la Casa Blanca sin que ni tan siquiera miembros de su propio partido estuviesen al tanto de la iniciativa presidencial. El hecho evidente y claro hasta para la propia formación que sustentaba a Roosevelt que éste deseaba fabricarse un Tribunal Supremo a su medida llevó al fracaso de la iniciativa, como expone Jeff Shesol en su excelente y amplio estudio Supreme Power: Franklin Roosevelt v. the Supreme Court.

No obstante, una reforma que puede ser técnicamente sin tacha e incluso solicitada por la propia judicatura puede desvirtuarse si su intencionalidad es partidista. Tal ocurrió con la reforma de la Judiciary Act llevada a cabo en enero de 1801, donde se creaban Tribunales de Circuito integrados por jueces ad hoc poniendo así fin a la práctica del riding circuit, donde eran los jueces del Tribunal Supremo quienes formaban parte de dichos órganos. Nada menos que desde 1790 los juees del Tribunal Supremo se habían dirigido por escrito tanto al Presidente como al Congreso suplicando se les liberase de tarea tan poco grata y de cuya constitucionalidad, además, dudaban y así lo reflejaron en un borrador de carta a Washington que redactó en septiembre de 1790 el chief justice Jay recogiendo el sentir unánime de sus colegas. Por tanto, la reforma de 1801 respondía a una petición de la propia judicatura. No obstante, el haber sido aprobada por un legislativo en funciones a punto de dar paso a otra legislatura donde el Congreso estaría en manos de otra mayoría distinta, provocó que esa reforma se dejase sin efecto en 1802, regresando al sistema anterior.

Habrá que ver cómo desarrolla su trabajo la Comisión y, sobre todo, cuáles son sus conclusiones. Pero, evidentemente, el clima actual no es el adecuado para efectuar una reforma que el propio poder judicial federal demanda o necesita.

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