LISTAS ELECTORALES Y CANDIDATOS INELEGIBLES: SOBRE LA SENTENCIA 127/2021 DE 10 DE ABRIL DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 5 DE MADRID.

Ayer se hacía pública la Sentencia 127/2021 de 11 de abril del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cinco de Madrid dictada en autos de Procedimiento Electoral 180/2021, y en virtud de la cual se anula parcialmente la lista de la candidatura electoral del Partido Popular de Madrid al incluir en la misma a dos personas que carecen de la condición de elegibles por incumplimiento de la normativa electoral.

Indicar que en esta ocasión sólo cabe elogiar la celeridad y, sobre todo, la previsión del órgano judicial puesto que el asunto se resolvió en apenas dos días, los que transcurren entre la presentación de la demanda por vía telemática “a las 21:27 horas del día 9 de abril de 2021” (es decir, ya en la tarde-noche de un viernes) y que fue repartido “a primera hora de la mañana del día 10 de abril de 2021” (sábado). Ha de incidirse en que el titular del juzgado, en previsión de que pudiera corresponderle por turno de reparto algún asunto de dicha naturaleza, había adoptado un acuerdo gubernativo “habilitando, entre otros, los días 10 y 11 de abril [sábado y domingo] para la tramitación y resolución de los recursos contencioso-electorales que pudieran corresponderle, respecto del presente proceso electoral”, lo que acredita que el juzgador es un hombre prevenido que, como bien indica el refrán, “vale por dos” y así lo ha demostrado.

Como siempre, han de verificarse los hechos determinantes, la normativa aplicable y su aplicación al presente asunto para verificar cómo se ha llegado al fallo concreto y los argumentos expuestos.

Primero.- Antecedentes de hecho.

Los hechos determinantes, en realidad, son incontrovertidos, pues no consta (o, cuando menos, de la redacción de la sentencia no se desprende) que exista discrepancia en cuanto a los mismos. Y las circunstancias de naturaleza fáctica son las siguientes:

1.1.- Mediante Decreto 15/2021 de 10 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se acuerda la disolución de la Asamblea autonómica y la convocatoria de elecciones. Según el artículo sexto del citado Decreto, precepto que lleva por rúbrica: “régimen jurídico”, se establece que: “Las elecciones convocadas por el presente decreto se regirán por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid; la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid; el Decreto 17/1987, de 9 de abril, por el que se regulan las condiciones materiales y aquellos otros aspectos necesarios para la celebración de elecciones a la Asamblea de Madrid, y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y sus disposiciones de desarrollo.”

Frente al citado Decreto, la Asamblea de la Comunidad de Madrid interpuso solicitud de medida cautelarísima de suspensión, que fue rechazada mediante Auto 48/2021 de 14 de marzo de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, si bien limitado a denegar la medida, predeterminaba en cuanto al fondo (fundamento jurídico décimo) .el asunto al avalar la licitud de la convocatoria electoral. Ante ello, la Asamblea autonómica decidió no interponer recurso.

1.2.- Iniciado el procedimiento administrativo electoral, las distintas formaciones procedieron a elaboras las correspondientes listas para el órgano legislativo autonómico. En la lista electoral del Partido Popular se incluyeron dos personas que, según datos facilitados por la propia formación política, se empadronaron en Madrid los días 22 y 26 de marzo de 2021, es decir, con posterioridad a la convocatoria electoral.

1.3.- La lista electoral del Partido Popular fue impugnada por el Partido Socialista, única y exclusivamente en lo relativo a la inclusión de los dos candidatos citados. Mediante Acuerdo de 7 de abril de 2021, la Junta Electoral desestima la impugnación y acepta la inclusión de las dos personas citadas como candidatas a diputado autonómico. La Junta Electoral justifica su postura argumentando que: “ha optado por una interpretación amplia y flexible, lo más favorable posible al derecho fundamental de participación en los asuntos públicos (artículo 23.1 de la Constitución) de modo que en virtud de la norma especial de la Comunidad de Madrid pueden ser candidatos a las elecciones de la Asamblea todas las personas que a la presentación de la candidatura reúnan las condiciones para poder estar inscritas en el Censo Electoral de la Comunidad de Madrid, y no necesariamente en el censo electoral vigente para estas elecciones, y desde luego los que a esa fecha de la presentación de la candidatura justifiquen hallarse inscritos en el Censo Electoral.”

1.4.- Visto lo anterior, el Partido Socialista opta por impugnar judicialmente el Acuerdo de la Junta Electoral, circunscribiendo la impugnación a la inclusión de las dos personas en cuestión al entender no concurren en ellas las condiciones establecidas en la normativa electoral aplicable para tener el derecho de sufragio pasivo.

Segundo.- Fundamentación jurídica.

2.1.- Cuestión jurídica a resolver

Dado que no existe controversia en cuanto a los hechos determinantes (fecha de convocatoria electoral, elaboración de listas electorales, empadronamiento en Madrid de las dos personas afectadas efectuada en fechas posteriores a la convocatoria electoral) la controversia se circunscribe a una cuestión netamente jurídica, que podría quedar planteada en los siguientes términos:

Si dos personas que se empadronan en la comunidad autónoma en fechas posteriores a la convocatoria electoral a la que optan son titulares del derecho de sufragio pasivo contemplado en el artículo 23.2 de la Constitución.

2.2.- Normativa aplicable.

2.2.1.- Constitución española.

Evidentemente, está en juego el derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución, según el cual: “AsImismo [los ciudadanos] tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.” Nos encontramos, por tanto, ante un derecho constitucional reconocido (el derecho de sufragio pasivo o capacidad para ser elegido a un cargo público) si bien el propio precepto constitucional determina que ese derecho quedará condicionado al cumplimiento de los requisitos que se establezca en la legislación de desarrollo.

2.2.2.- Legislación electoral.

2.2.2.1.- Determinación de la normativa aplicable.

En este caso, al encontrarnos ante unos comicios de carácter autonómico, hemos de verificar cuál es la legislación aplicable, dado que coexisten dos normas distintas, una de carácter estatal (la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General -LOREG-) y otra autonómica (Ley 11/1986 de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid -LECM-).

En este sentido, el artículo 10.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (antiguo artículo 11.3), al referirse a las elecciones a la Asamblea de la Comunidad, dispone que; “Una ley de la Asamblea regulará las elecciones, que se convocarán por el Presidente de la Comunidad, de conformidad con lo dispuesto en este estatuto.” Es decir, que el Estatuto de Autonomía apodera a la Asamblea para regular su propio procedimiento electoral, autorización en base a la cual se aprobó la LECM, cuya Disposición Adicional Segunda prevé que: “En lo no previsto en esta Ley será de aplicación lo dispuesto en el título I de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con las adaptaciones que sean precisas, derivadas del carácter y ámbito de las Elecciones a la Asamblea de Madrid”.

Por otro lado, la LOREG distingue en su artículo primero dos supuestos: aquéllos en los cuales la aplicación de la misma es absoluta o íntegra (elecciones estatales, locales y europeas) y aquéllas en las cuales es de aplicación supletoria (los comicios autonómicos). No obstante, la Disposición Adicional Segunda de la citada LOREG, enumera una serie de preceptos en los cuales “en aplicación de las competencias que la Constitución se reserva al Estado, se aplican también a las elecciones a Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas convocadas por éstas.”

Por tanto, a la hora de determinar la legislación aplicable es evidente que en este caso concreto se aplica prioritariamente la LECM, sin perjuicio de que los preceptos enumerados en el apartado segundo de la Disposición Adicional Primera LOREG son también de aplicación a los comicios autonómicos.

2.2.2.2.- Requisitos para ostentar el derecho de sufragio pasivo.

El artículo 2.2 LECM estipula que para el ejercicio del derecho de sufragio, “es indispensable la inscripción en el Censo Electoral vigente”, mientras que el artículo 3.1 LECM dispone que: “son elegibles los ciudadanos que poseyendo la condición de elector de conformidad con el artículo anterior, no se encuentren incursos en alguna de las siguientes causas de inelegibilidad”. Es decir, que el punto clave para ser tanto elector como elegible es la inscripción censal.

La controversia en la presente causa radica en determinar la aplicabilidad de la limitación contenida el artículo 39.1 LOREG, según el cual: “Para cada elección el Censo Electoral vigente será el cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria”. La interpretación literal del mismo no arroja duda, pues si las elecciones han sido convocadas mediante Decreto de 10 de marzo de 2021, es pacífico que el censo electoral vigente sería el cerrado a 1 de enero de ese año (día 1 del segundo mes anterior a la convocatoria).

Pues bien, en este caso el precepto en cuestión entendemos que es aplicable por el juego de lo dispuesto tanto en la Disposición Adicional Segunda LECM como el apartado segundo de la Disposición Adicional Primera LOREG, al encontrarse en el Título I de la misma y entre los artículos 1-44, tal y como claramente estipula la citada disposición. Hemos de tener, además, en cuenta que la redacción vigente de la Disposición Adicional Primera de la LOREG procede de la reforma efectuada a través de la Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero, que explicita el motivo básico de la modificación, indicando lo siguiente en el apartado segundo de su exposición de motivos:

“De otro lado, hay que reforzar las garantías para impedir que los denominados empadronamientos fraudulentos o de conveniencia con fines electorales consigan su objetivo. A tal efecto, parece conveniente anticipar un mes la definición de censo cerrado para cada elección, así como excluir la posibilidad de solicitar la rectificación del censo por cambio de residencia de una circunscripción a otra producido en los dos meses anteriores a la convocatoria electoral, plazo que será de un año para los españoles que residen en el exterior. Además, a fin de evitar que las posibles irregularidades por empadronamientos fraudulentos o de conveniencia tengan efectos electorales, se incorpora un recurso específico unificando en la jurisdicción contencioso-administrativa la revisión de los actos censales.”

Es decir, que en este caso tanto la interpretación textual como la finalista coinciden.

2.3.- Razonamiento de la sentencia.

A juicio de quien suscribe, los razonamientos de la sentencia son totalmente ajustados a Derecho y plenamente aplicables, por lo que nada cabe objetar a la misma.

Es más, la resolución judicial está no sólo muy bien argumentada, sino redactada en un lenguaje claramente comprensible, aunando legislación aplicable con jurisprudencia interpretativa.

En este sentido, como bien se indica en la sentencia, tanto demandante como demandada se amparan en la Sentencia 86/2003 de 8 de mayo de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, que estima la demanda de amparo del miembro de una lista electoral que había sido excluido de la misma. Ahora bien, cabe indicar respecto a la misma varias cuestiones:

2.3.1.- En primer lugar, tal resolución judicial es anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero, de reforma de la LOREG, que forzosamente ha de incidir en cuanto al fondo.

2.3.2.- En segundo lugar, el propio fundamento jurídico cuarto de la sentencia reconoce la plena constitucionalidad de la necesaria inscripción censal para ser elegible, recordando que: “el propio art. 23.2 CE condiciona el derecho fundamental que garantiza a «los requisitos que señalen las leyes», lo que ha dado lugar a la reiterada calificación del mismo por la doctrina de este Tribunal de derecho de configuración legal (por todas, STC 287/1994, de 27 de octubre, FJ 3 y las en ella citadas). En virtud de ello, solamente si el legislador impone requisitos que vulneren el contenido esencial de dicho derecho, resultarían éstos inconstitucionales ex art. 53.1 CE, lo que no parece que ocurra precisamente con la exigencia de la inscripción en el censo, que este Tribunal ha considerado esencial en alguno de sus pronunciamientos (así, la propia STC 73/1987, de 23 de mayo, FJ 3, citada por la resolución contencioso-administrativa aquí impugnada, o la STC 154/1988, de 21 de julio, FJ 3)”. Es más, el propio Tribunal Constitucional afirma más adelante (fundamento jurídico quinto) que “el requisito de la inscripción censal a los candidatos a las elecciones autonómicas puede no resultar, en principio, constitucional, sino además útil […] El problema deviene de la exigencia de la misma a los ciudadanos españoles en el concreto supuesto de las elecciones autonómicas […] que tal exigencia puede ser impuesta como un requisito del ejercicio del derecho de sufragio pasivo no presenta dudas, habida cuenta de la naturaleza de derecho de configuración legal que ésta tiene, como se acaba de recordad. Ahora bien, tal exigencia, cuando es dotada de un carácter tan inexorable que no permita su subsanación o cumplimiento alternativo, por fuerza ha de estar muy seriamente fundamentada…”

En otras palabras, que el requisito de la inscripción censal no sólo no es inconstitucional, sino que expresamente se ha visto avalada por el máximo intérprete de la Constitución.

2.3.3.- Por último, el caso concreto enjuiciado en 2003 difiere del resuelto en 2021. En aquél, la persona excluida de la lista electoral se encontraba empadronado en un municipio castellano-leonés (ámbito autonómico a cuyas elecciones concurría) y el motivo de exclusión fue su ausencia (por motivos desconocidos) en del censo electoral. Es decir, que el excluido residía (desde 1953 nada menos) en el municipio de Burgos y lo podía acreditar con el volante de empadronamiento, y el motivo por el que se otorgó el amparo fue precisamente ese, es decir, que el requisito de inscripción censal no puede interpretarse de forma rigurosa cuando su omisión puede deberse a errores que podían ser subsanados. Es más, el propio Tribunal Constitucional aun cuando reconoció que “no cabe calificar la conducta del candidato excluido por la Junta Electoral Provincial de modélica desde la perspectiva de la preocupación que debe inspirar el cumplimiento de los requisitos electorales legales”, reconoce específicamente que: “aportó en el plazo que le fue concedido para subsanar la falta de certificación de la inscripción censal, la documentación acreditativa de que reúne los requisitos necesarios para acreditar la condición de elegible…”   

En el caso enjuiciado en 2021 y aquí comentado, nos encontramos claramente ante lo que la Ley Orgánica 2/2011 calificó en su exposición de motivos como “empadronamiento fraudulento”, donde un candidato se traslada del censo de una comunidad autónoma a otra distinta en fechas posteriores a la convocatoria electoral a la que concurre.

Es por ello que la decisión adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cinco de Madrid es absolutamente correcta desde el punto de vista jurídico.

Conclusión.-

El fallo es absolutamente impecable, y si bien la legislación electoral pretende evitar los “empadronamientos fraudulentos”, aun así, continúa manteniendo numerosas carencias. En comicios autonómicos y locales debería exigirse un periodo de vinculación mínima con el territorio, que debería contarse en años, no en meses. Sólo así se evitarían maniobras que suponen un auténtico fraude y que se utilizan tanto a diestra como a siniestra. Como, por ejemplo, que una vicepresidenta se empadrone en un municipio donde nadie la conoce para ser incluida en las listas al Congreso en las próximas elecciones generales, o que un aspirante a diputado que ve frustrada su intención por no sacar escaño en la circunscripción por la que se presenta se empadrone de inmediato en el municipio de otra comunidad autónoma para que la Asamblea legislativa de ésta pueda nombrarle senador autonómico. Bastaría simplemente con exigir un mínimo de cuatro años de empadronamiento para poner coto a dichos comportamientos.

1 comentario en “LISTAS ELECTORALES Y CANDIDATOS INELEGIBLES: SOBRE LA SENTENCIA 127/2021 DE 10 DE ABRIL DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 5 DE MADRID.

  1. Marcelo

    Buenos días:

    Gracias por el didáctico análisis jurídico, muy esclarecedor para aquellos que no estamos imbuidos en estos temas y para los votantes en general, ya que el ruido de los partidos políticos de uno y otro signo, como los medios de comunicación que apoyan a unos y otros, sólo mencionan lo que les interesa.

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