Ya habíamos dedicado un post anterior a la interesantísima sentencia Al-Kidd v. Ashcroft dictada por el Tribunal de Apelaciones del noveno circuito, que rechazaba la excepción de inmunidad esgrimida por el antiguo Attorney General en un procedimiento de reclamación por daños que frente a él dirigía un ciudadano norteamericano de religión musulmana que había sido retenido en prisiones para su comparecencia como testigo en un procedimiento penal sin que posteriormente fuese llamado para deponer en el proceso. Pues bien, el asunto ha llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien ha decidido aceptar el asunto Ashcroft v. Al-Kidd planteando como una de las cuestiones jurídicas a debatir si un funcionario público puede esgrimir como excepción procesal frente a un proceso judicial la inmunidad absoluta cuando la pretensión del reclamante se fundamenta en un uso abusivo de la legislación sobre testigos materiales con la finalidad de detener preventivamente a sospechosos terroristas. Lo cierto es que desde los ataques terroristas del once de septiembre y, sobre todo, desde la aprobación de la draconiana Patriot Act de dicho año han sido numerosas las ocasiones en que el Tribunal Supremo ha tenido la ocasión de abordar temas relacionados con la lucha frente al terrorismo. Quizá uno de los asuntos más sonados y más conocidos por el público español sea el Boumediene v. Bush, donde el Tribunal Supremo invalidó parte de una legislación federal que excluía a los detenidos en Guantánamo de sus derechos de habeas corpus ante Tribunales Federales sustituyéndolos en su lugar por sucedáneos de Tribunales militares.
De todas maneras, insisto en que es digno de admiración que nada menos que un antiguo fiscal general tenga que sentarse en el banquillo y hacer frente a una reclamación patrimonial por imputarle abusos en el cargo.
MONSIEUR DE VILLEFORT 