INTERESANTES REFLEXIONES DE STEPHEN BREYER SOBRE EL TRIBUNAL SUPREMO Y LA DEMOCRACIA.

El último número de la Yale law Journal publica unas interesantísimas reflexiones de Stephen Breyer, juez del Tribunal Supremo nombrado en 1994 por Bill Clinton, sobre la democracia y el papel de los jueces en la misma. El núcleo de su artículo (en realidad, el texto de dos ponencias efectuadas en dicha Universidad el mes de febrero de 2011) constituye un resumen de su reciente ensayo Making our democracy work: a judge´s view, publicado el pasado año 2010. Todo se centra en dar respuesta a un interrogante que el propio Breyer reconoce le plantean muchos de sus colegas de otras naciones: ¿Por qué el pueblo de los Estados Unidos tiene un alto grado de confianza en el Tribunal Supremo y de donde deriva su autoridad? Es significativo que las líneas iniciales del artículo constaten este hecho (la confianza del público en tal institución judicial) por vía de contraste con la desconfianza del pueblo en las instituciones gubernamentales. Hasta en eso diferimos en nuestra España: el poder judicial es una de las instituciones peor valoradas en todas las encuestas.

Stephen Breyer intenta aproximarse a la cuestión no por vía legal, sino histórica. Breyer sostiene que la Constitución norteamericana fue concebida para articular una democracia y salvaguardar los derechos individuales frente a las injerencias del poder; creo que se equivoca en lo primero y estoy totalmente de acuerdo con él en lo segundo. Es cierto que el fin primordial del texto constitucional fue articular un sistema que garantizase de alguna manera una actuación coherente de los trece estados, construyendo una autoridad suprema con poderes limitados, pero en modo alguno los padres fundadores tenían en mente construir una democracia, sistema que fue objeto de condena expresa por los constituyentes, al igual que se abominó de la idea de partidos políticos; de hecho, el electoral college no fue sino un intento de evitar una elección directa del presidente por los ciudadanos.

En lo que al Tribunal Supremo se refiere, se ofrecen en el trabajo cuatro ejemplos (bastante notorios, además) de casos que excedían del ámbito jurídico dado que en los mismos subyacía una clara intención política. Caso del Marbury v. Madison (donde Jefferson –un personaje ambicioso, hipócrita y vengativo donde los haya- esperaba un resbalón del chief justice Marshall para declarar la guerra abierta a la institución presentándose a sí mismo algo así como la encarnación de la voluntad popular), el Worcester v. Georgia (el encarcelamiento de un misionero de Nueva Inglaterra por negarse a prestar juramento de lealtad al estado de Georgia, juramento exigido en virtud de una legislación que tenía como objetivo presionar a la comunidad Cherokee que residía en dicho estado –y en cuyas tierras se había descubierto oro- para forzarles a abandonar el mismo) o Brown v. Board of Education (que, al derogar la doctrina “iguales, pero separados” consagrada en 1896 por la sentencia Plessy v. Fergusson, abrió camino a la integración de la población negra). Lo más curioso del asunto es que, en contraste con nuestro país (donde poseemos una legislación procesal que atribuye a los órganos judiciales amplias facultades para la ejecución de sentencias –que algunos juzgados y tribunales, sobre todo del orden contencioso-administrativo, convierten en papel mojado al negarse a ejecutar sus propias resoluciones esperando que sea la Administración quien cumpla voluntariamente-) en Estados Unidos no existe norma que atribuya tales facultades a los órganos judiciales. De hecho, cuando Jefferson esperaba ansioso la decisión del caso Marbury, había decidido incumplir abiertamente la sentencia en caso de verse desautorizado, para demostrar que el poder judicial era (palabras de Hamilton, el gran rival ideológico de Jefferson) el más débil de los tres poderes.

Pero la lección más brillante, sobre todo para un lector del otro lado del Atlántico, la ofrece Breyer al referirse al caso Bush v. Gore. Breyer fue uno de los cuatro magistrados que discreparon del fallo (en realidad, su discrepancia era parcial: sí consideró que existía una violación de las normas constitucionales en el recuento de votos, pero estimaba que el asunto debía remitirse al Tribunal Supremo de Florida para que fijase unos criterios o bases que fuesen de aplicación en todo el estado sureño para evitar posibles discriminaciones a la hora del recuento). Y, sin embargo, manifiesta que la grandeza de la sociedad Americana fue precisamente que, a pesar de la fuerte oposición que la sentencia produjo en parte de la población, y pese a que la resolución judicial quizá pudo haber sido incorrecta (muy pudorosamente Breyer utiliza la expresión condicional “it might be”) ni hubo manifestaciones ni alborotos en las calles ni se apeló a la violencia, y, lo que es más significativo, el propio derrotado Al Gore fue el primero en manifestar su respeto a la decisión (“despite the strong opposition to the decisión, and despite the fact that it might well have been wrong, Americans did not riot in the streets, they did not resort to violence, they reacted peacefully and then followed the Court. Ineed, the losing candidate, Vice President Gore, when he told his staff ´Don´t trash the Court´in effect told the American people to do just that”).

Unos interesantísimos apuntes históricos, legales y sociológicos los de Stephen Breyer. Conviene no perderlos de vista y analizarlos muy detenidamente.

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