ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL: ANÁLISIS DE URGENCIA Y REFLEXIONES SOBRE EL PARTICULAR.

Proceso civil

El pasado viernes día tres de mayo de dos mil trece el Consejo de Ministros daba el visto bueno al Anteproyecto de Modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Esa reforma se ha vendido al público como una especie de glorificación de la figura del Procurador de los Tribunales, aumentando sus funciones procesales con la correlativa disminución de las que actualmente prestan los funcionarios de los Cuerpos Auxiliares. Ahora bien, cuando uno contempla tanto la Exposición de Motivos como el articulado verá que ello no es más que la versión actualizada de la vieja historia del palo y la zanahoria. Pues, en el fondo, la ley lo que persigue (bien es cierto que en esta ocasión se mitiga un tanto el rigor de la misma al establecer como potestativa o voluntaria para el interesado dicha posibilidad) es un incremento de las funciones del procurador pero a costa del bolsillo de su cliente, dado que ese aumento conlleva lógicamente el alza de sus derechos, pero que no podrán ser repercutidos en costas con lo cual es el representado por dicho profesional quien ha de sufragar unas funciones que, en otro caso, no tendrían coste alguno. Lo cual conlleva a una inevitable reflexión: todas y cada una de las reformas emprendidas por el actual titular de la cartera de Justicia (en opinión del titular del blog, uno de los más nefastos desde los oscuros tiempos de don Tadeo Calomarde) conllevan inevitablemente un ataque al bolsillo del ciudadano.

Si uno contempla la Exposición de Motivos del proyecto, contemplará que la misma es un canto a la figura del Procurador y a su condición de profesional cooperador de la Administración de Justicia. Esto es cierto e indudable, pese a que no siempre se le considere como tal precisamente por quienes forman parte de dicha Administración (ayer mismo, por ejemplo, quien suscribe fue testigo de cómo un funcionario de cierto juzgado gijonés que se deshacía en amabilidades y parabienes hacia un ciudadano mientras mantenía en la cola de espera a una procuradora, a la hora de atender a ésta le opuso toda clase de dificultades a la hora de facilitarle su acceso a los autos llegando incluso en algunas manifestaciones casi a la ofensa personal). Ahora bien, pese a que el autor del blog se honra con la amistad de muchos integrantes del gremio de Procuradores y le consta su altísima entrega, no puedo por menos que suscribir la tesis del abogado Javier Muñoz expuestas hace ya cuatro años en su blog, en concreto en la entrada El procurador, un oficio periclitado. Es más, en la propia Exposición de Motivos para justificar su mantenimiento se alude a la “gran raigambre histórica en nuestro Ordenamiento jurídico” de tal figura, hecho cierto e indudable; pero mantener una figura jurídica basada exclusivamente en la gran raigambre histórica y no en las necesidades de “espíritu del siglo” (por utilizar una expresión de un autor como Francisco Martínez de la Rosa, tan caro al responsable de este blog) nos llevaría a tener que reformar nuestra Constitución en el sentido de atribuir la potestad legislativa a las Cortes con el rey y conceder a éste no sólo la potestad reglamentaria sino incluso el veto regio de las leyes, pues si algo se encuentra arraigado en el constitucionalismo histórico español es el principio de soberanía compartida; ítem más, cuando a la hora de aumentar las funciones de los procuradores la propia norma se justifica manifestando que ello supone “situarles al nivel de corresponsabilidad procesal de otros profesionales con funciones similares en el ámbito europeo” no indica de qué profesionales se trata, quizá porque la figura del procurador es tan desconocida en el ámbito europeo como la de la contratación administrativa, que únicamente existe en muy contados países.  De todas formas, el proyecto deja en el aire la figura del procurador al establecer en su Disposición Adicional Segunda que la incompatibilidad entre la representación profesional y la defensa técnica queda supeditada a lo que disponga la normativa de servicios profesionales, cuyo Anteproyecto de Ley establece de forma expresa la compatibilidad entre las profesiones de Abogado y Procurador. Sobre este espinoso tema, desearía realizar una reflexión final antes de sumergirme en un breve análisis de las novedades que este Anteproyecto supone. En pleno siglo XXI, es decir, en la época de las telecomunicaciones, internet, el expediente judicial electrónico, las notificaciones telemáticas….¿Es necesario y justo impedir al particular que asuma su propia defensa y representación?. Permítame ofrecerle una alternativa, que es la que hace más de doscientos años ofrecía ya la Sección 35 de la An Act to establish de Judicial Courts of the United States (popularmente conocida como la Judiciary Act) aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 24 de septiembre de 1789. Ese precepto legal era auténticamente revolucionario para su época y mucho más acorde a los tiempos actuales que lo pretendido por el Ministerio de Justicia español bajo el disfraz de una presunta modernización. Porque dicho precepto establecía que “That in all the courts of the United States, the parties may plead and manage their own causes personally or by the assistance of such counsel or attorneys at law as by the rules ot the said courts respectively shal be permitted to magage and conduct causes therein”.

Centrando ya nuestro análisis en el Anteproyecto de Ley que modifica la normativa procesal civil fundamentalmente en tres aspectos, que pasamos a desglosar a continuación:

1.- Procurador como “agente de la autoridad”. En este sentido se modifican tanto la rúbrica del Capítulo V del Título I del Libro I (se añade al mismo la expresión “y otras funciones de colaboración con la Administración de Justicia”), y se modifican los artículos 23 a 30 y otros concordantes de la Ley 1/2000 para facultar al Procurador a realizar, bajo la autoridad del Secretario Judicial, la práctica de los actos procesales de comunicación, ejecución y tareas de auxilio y colaboración. El reforma del artículo 23.5 de la Ley 1/2000 les otorgará expresamente la condición de agentes de la autoridad, y las funciones que realicen en estas materias (fundamentalmente de notificación y ejecución, a cuyos efectos se retocan los artículos correspondientes para incluir la intervención de dicho profesional) serán impugnables en reposición ante el Secretario Judicial (por remisión que la propuesta de reforma hace a los artículos 452 y 453), y contra el Decreto del Secretario se podrá interponer recurso de revisión.

En concordancia con lo anterior una de las nuevas obligaciones que introduce la reforma es la obligación al inicio de todo procedimiento de indicar expresamente si interesa que las funciones de comunicación sean realizadas por el Procurador de la parte; si se omite tal circunstancia el Secretario otorgará el plazo de diez días para subsanar dicha omisión siendo así que, en caso de silencio, se entenderá que la parte opta porque las funciones sean asumidas por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial (artículo 152.1 en la nueva redacción propuesta).

Por tanto, estas nuevas funciones que se atribuyen a los Procuradores pueden caracterizarse por dos circunstancias_

A.- Ser de carácter voluntario o potestativo para la propia parte. Ello lo prueba no sólo el hecho de que en caso de silencio sobre el particular tales funciones continúen siendo desempeñadas por el Cuerpo de Auxilio Judicial.

B.- Ser de carácter oneroso e irrepercutible a tercero, dado que estas funciones del Procurador determinarán un sobrecoste para el representado (la Disposición Adicional Primera prevé que en el plazo de un año se revise el arancel para adecuarlo a las nuevas funciones), pero que no serán repercutibles en costas.

En definitiva, que como diría el inmortal bardo de Avon, Much ado about nothing.

2.- Modificaciones sustanciales del juicio verbal. En este sentido los juicios verbales mutan su faz de manera sustancial, por lo que los letrados y procuradores han de estar ojo avizor porque son muy importantes las alteraciones procedimentales. En concreto, las siguientes:

A.- Los requisitos de la demanda pasan a ser las mismas que el juicio ordinario, siendo igualmente de aplicación la preclusión de alegaciones y litispendencia. Se elimina, pues, la demanda sucinta, que queda limitada a partir de ahora a los casos en los que el demandante actúe en su propio nombre y representación, es decir, donde no sea preceptiva la representación y defensa técnica (nueva redacción propuesta para el artículo 437).

B.- Se introduce el trámite de contestación escrita de la demanda (nueva redacción propuesta para artículo 438).

C.- Posibilidad de los juicios verbales “sin vista” (nueva redacción propuesta al artículo 438.4). En realidad, esta modificación es coherente con la ya introducida en la Ley 29/1998 por la Ley 37/2011, que en el seno de los procedimientos abreviados contencioso-administrativos introduce la posibilidad de que las partes consideren innecesaria la celebración de vista. Ahora bien, en la propuesta de reforma de la Ley 1/2000, a diferencia de lo que ocurre con la Ley 29/1998, si las partes no manifiestan nada al respecto el tribunal puede dictar sentencia sin más trámites si “no considerase procedente su celebración”; es decir, que en caso de silencio de las partes el celebrar la vista queda en las libres manos de Su Señoría. Ahora bien, basta que una de las partes lo solicite para que dicho trámite sea obligado.

D.- Frente a la inadmisión de pruebas se introduce, al igual que en lo que ocurre para el juicio ordinario, el recurso de reposición y la protesta frente a la desestimación (nueva redacción propuesta al artículo 446).

E.- En cuanto a uno de los puntos más discutidos de la regulación del juicio verbal, las conclusiones, la reforma ha decidido mantenerse en una ambigüedad calculada: deja abierta tal posibilidad, pero el uso del condicional en la regulación supone que será el juez quien decida si otorgarlas o no (“el Tribunal podrá conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente conclusiones”).

3.- Modificación del artículo 815 de la Ley 1/2000. Se introduce un nuevo párrafo en dicho precepto que faculta al Secretario Judicial para que, si en el seno de un proceso monitorio aprecie el carácter abusivo de cualquier cláusula cuya aplicación sea determinante en todo o en parte de la cantidad que sirve de base a la reclamación objeto del procedimiento, lo ponga en conocimiento del Tribunal para que éste oiga a las partes por cinco días, no siendo preceptiva en estos casos la intervención de letrado y procurador.

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