SOBRE MONARCAS, ENFERMEDADES E INHABILITACIONES.

Juan Carlos I

Corría el año 1244 cuando las Coronas de Castilla y Aragón decidieron finalizar sus disputas relativas a los territorios que, conquistados a los musulmanes, debían pertenecer o integrarse en cada uno de los reinos. Así, en virtud del tratado de Almizra, se fijó definitivamente la frontera castellano-aragonesa tomando como referencia la ciudad de Bíar, al norte de la cual se situarían los dominios aragoneses quedando reservados a la Corona de Castilla los territorios sitos al sur de la misma. Por la Corona de Aragón suscribió el tratado su rey, el célebre monarca Jaime I “el conquistador”, mas por el reino de Castilla compareció el infante don Alfonso, primogénito del rey castellano Fernando III “el santo” y heredero al trono (faltaba aún casi siglo y medio para que los herederos al trono recibiesen en Castilla la dignidad de príncipes de Asturias, título que se instituyó en 1388 por el rey Juan I). La razón de que el tratado no fuese ratificado en el caso del reino castellano por el monarca reinante, sino por su primogénito y heredero radicó en que el monarca se hallaba temporalmente retirado de sus funciones a causa de una grave enfermedad, asumiendo en consecuencia el heredero al trono las funciones inherentes al monarca. En fechas aún más recientes, en concreto el 11 de junio de 1823, las Cortes españolas del trienio constitucional adoptaron, en aplicación del artículo 187 de la Constitución de 1812 (“Lo será igualmente [gobernado el reino por una Regencia] quando el Rey se halle imposibilitado de exercer su autoridad por qualquiera causa física o moral”) la decisión de “considerar a S.M. en el impedimento moral señalado en el artículo 187 de la Constitución”, aunque en este caso se trató de una decisión no derivada de una enfermedad o impedimento real del monarca, sino de una medida estrictamente política ocasionada por la negativa del rey a trasladarse a Cádiz con el Gobierno, traslado que tenía su fundamento en el imparable avance que las tropas del duque de Angulema efectuaban por el territorio español, recibiendo entonces el grueso del ejército francés un sonoro y afectuoso recibimiento popular.

La reciente enfermedad del monarca, unido a lo avanzado de su edad y al evidente deterioro de su salud, ha hecho surgir el debate no sólo sobre la abdicación, sino sobre la asunción por el Príncipe de Asturias de funciones que constitucionalmente corresponden al monarca en los casos de incapacidad temporal de éste. Si echamos un vistazo al texto constitucional, veremos que el único precepto que aborda esta materia es el artículo 59.2, al establecer que “Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuese reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad”. En los Comentarios a la Constitución que en su día se elaboraran bajo la coordinación de Fernando Garrido Falla, a la hora de comentar este precepto el profesor Entrena Cuesta indicaba que “hay que entender que la inhabilitación a que el precepto se refiere es la física o mental”, a lo cual (añado yo) del tenor del precepto parece desprenderse que los constituyentes pensaban en una inhabilitación definitiva y no estrictamente temporal; algo semejante, por poner un ejemplo, a lo que ocurrió con el rey Jorge III de Inglaterra, cuyo larguísimo reinado de sesenta años (1760-1820) se caracterizó por el hecho de que el monarca, aquejado de una enfermedad mental, pese a ser mantenido formalmente como rey fue privado de sus funciones ostentando la regencia el Príncipe de Gales, hasta el punto de que el que pasó a la historia como Jorge IV de Inglaterra es también conocido como Príncipe Regente.  Pero, volviendo al caso que nos ocupa, que el constituyente estaba pensando en algo más que una mera incapacidad temporal sino en una inhabilitación con visos de ser definitiva lo prueba el hecho de que se haga intervenir a las Cortes Generales y que el príncipe heredero pase a ostentar la “Regencia”, una institución prevista para los casos de minoría de edad del rey o supuestos en que el monarca se halle irremisiblemente abocado a un fallecimiento inmediato o a una privación total de sus funciones. Ello ha provocado que los constitucionalistas se hayan pronunciado sobre la necesidad de elaborar un texto legislativo que regule la inhabilitación del rey, como lo prueba el artículo aparecido el pasado domingo día 22 de septiembre en el diario La Nueva España y donde Francisco Bastida y Ramón Punset abogaban por dicha medida.

Curiosamente, en este aspecto la Ley Orgánica del Estado 1/1967 de 10 de enero era mucho más sencilla y práctica sobre esta particular, de tal manera que cuando el general Franco fue operado de flebitis en el verano de 1974 y, ya en los umbrales de su muerte, el 30 de octubre de 1975 únicamente tuvo que invocar el artículo once de la misma para que el entonces Príncipe de España asumiera inmediatamente las funciones inherentes a la Jefatura del Estado. El artículo once de la Ley Orgánica del Estado decía lo siguiente: “Durante las ausencias del Jefe del Estado del territorio nacional, o en caso de enfermedad, asumirá sus funciones el heredero de la Corona si lo hubiere y fuese mayor de treinta años o, en su defecto, el Consejo de Regencia. En todo caso, el Presidente del Gobierno dará cuenta a las Cortes”. En otras palabras, que en caso de ausencia o enfermedad las funciones de la jefatura del Estado pasaban ex lege al heredero de la Corona (algo peculiar teniendo en cuenta que el franquismo no era de iure una monarquía) incluso sin necesidad de declaración formal al respecto, sin más que la obligación impuesta al Presidente del Gobierno de dar cuenta a las Cortes, es decir, de un simple deber de información.

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