BREVES REFLEXIONES JURÍDICAS SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA: VUELTA A LA «LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA»

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En su imprescindible ensayo La primera democracia en España, libro que en 1995 publicara la editorial Paidós, el hispanista Stanley G. Payne narraba que en una de sus interpelaciones al gabinete republicano-socialista, el diputado conservador don José María Gil Robles preguntaba: “¿Tiene el gobierno una política para sus amigos y otra distinta para sus enemigos?”, a lo que el presidente del gobierno, don Manuel Azaña respondía: “¡Naturalmente!”. Y es que el gobierno tenía en sus manos un instrumento que le permitía, dentro de la más estricta legalidad, disuadir a sus adversarios políticos de realizar determinadas actividades de estricta y legal oposición política disfrazándolas como actos gravemente atentatorios contra el Estado. El instrumento legal en cuestión era la Ley de 21 de octubre de 1931 declarando actos de agresión a la República los que se mencionan (popularmente conocida como “Ley de defensa de la República”), publicada en la Gaceta de Madrid del día 22 de octubre. Se trataba de un texto muy breve que apenas ocupaba dos de las tres columnas en que por entonces se dividía las páginas de la Gaceta, el mismo aparece sancionado por Manuel Azaña (entonces presidente del gobierno provisional de la República tras la dimisión de Alcalá-Zamora) y Santiago Casares Quiroga como ministro de la Gobernación. Dicha norma consideraba como actos de agresión a la República hechos como la “difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz y el orden público” (artículo 1.III), “toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones y organismos del Estado” (1.V), “La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras” (artículo 1.VII), “la suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase sin justificación bastante” (artículo 1.VIII), e incluso “la falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones” (artículo 1.XI); el régimen sancionador se contenía en el artículo 2, en aplicación del cual “Podrán ser confinados o extrañados, por un periodo no superior al de vigencia de esta Ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o suspendiéndose según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización, los autores materiales o los inductores de hechos”. A lo anterior se unía que la norma legal en cuestión excluía de forma expresa el non bis in ídem, al declarar en su artículo 5 y último la compatibilidad de medidas administrativas y penales cuando disponía que “Las medidas gubernativas reguladas en los precedentes artículos no serán obstáculo para la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes penales”. Dicha norma estuvo vigente hasta el 30 de julio de 1933, cuando la Gaceta de Madrid publica la Ley de 28 de julio de 1933 de Orden Público y de sus órganos de conservación (y que, según su Disposición final tercera entraría en vigor el mismo día de su publicación oficial), aunque no se crea que el régimen jurídico era más benévolo que el de su predecesora, bastando para ello la mera consulta a los artículos 2 y 3 del nuevo texto legal. Bajo la Ley de defensa de la República (régimen que se autocalificaba como democrático) era ilícito portar una bandera monárquica, dar vivas al Rey e incluso una manifestación de mera protesta política podía considerarse una agresión a la República, pudiendo conllevar administrativamente pena de prisión, de hasta diez mil pesetas de la época y la supresión de medios, y no en vano el gobierno Azaña se jactaba, en aplicación de dicha norma, de haber suspendido gubernativamente los diarios ABC y El debate, principales órganos de difusión de la ideología monárquica y conservadora.

En los últimos días ha surgido la polémica en torno al draconiano anteproyecto de Ley Orgánica de la Protección de la Seguridad Ciudadana que tramita el Ministerio del Interior. Éste argumenta en su defensa que la norma se integra en una reforma en profundidad que elimina del Código Penal las faltas, de tal manera que las más graves pasen a considerarse como delitos y las menos graves a infracciones administrativas. Más allá de los aspectos puramente técnicos, a los que luego aludiremos y en los que se centrará este post, llama poderosamente la atención no las cuantías de las infracciones (dado que, al fin y al cabo, en poco se apartan de las previstas en la actual Ley 1/1992 de 21 de febrero, cuyo artículo 28.1 sanciona con multa de 30.050,62 euros a 601.012,1 euros las infracciones muy graves, de 300,52 a 30.050,61 las graves y hasta 300,52 euros las leves), ni incluso la propia tipificación de alguna que se presenta como novedad y no es tal (el actual artículo 23.h de la Ley Orgánica 1/1992 tipifica como infracción muy grave “la provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”). Lo que llama la atención es, de ser cierto lo que exponen los medios de comunicación, la falta de proporcionalidad a la hora de despenalizar las faltas y convertirlas en meros ilícitos administrativos; así, por ejemplo, el artículo 634 de la Ley Orgánica 10/1995 dispone que “Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de multa de diez a sesenta días”, lo cual en el peor de los casos no supondrá más que una multa económica que oscilaría, en el peor de los casos entre 700 y 1400 euros en función de la cuota diaria; no obstante, de ser calificado como infracción grave la Administración tendría una horquilla mucho más amplia, que oscilaría entre los 300 y los 30.000 euros, lo cual, dada la voracidad recaudatoria y la falta de liquidez que actualmente aqueja a las distintas Administraciones, es más que presumible que las denuncias se acercarán más al máximo que al mínimo.

Pero, a expensas de lo anterior, existen aspectos puramente técnicos que no deben escapar al jurista y que es donde realmente existe el peligro real de disminución de las garantías ciudadanas, algo que el actual gabinete parece que persigue con verdadero ahínco. Y es que las principales consecuencias jurídicas con tres, que podríamos sistematizar de la siguiente manera:

1.- Novedad Juan Palomo (yo me lo guiso, yo me lo como). En el caso de las faltas, quien ha de conocer y resolver de las mismas es el Juzgado de Instrucción, es decir, un órgano integrado en el Poder Judicial y, por tanto, independiente y teóricamente imparcial respecto a las partes en liza. En el caso de las infracciones administrativas, es una de las partes quien denuncia y sanciona, por lo que la independencia brilla por su ausencia incluso al mero nivel teórico.

2.- Novedad probatoria (todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario). En el caso de infracciones penales es la parte que denuncia quien debe acreditar los hechos en los que basa su pretensión de condena, y ello es así incluso en el caso de denuncias de agentes de la autoridad imputando una desobediencia. Veámoslo:

A.- En vía penal, rige constitucionalmente el principio de presunción de inocencia y los agentes de la autoridad denunciantes han de comparecer a la vista a ratificar sus denuncias, someterse a las preguntas que oralmente les realicen las partes y, aún así, queda a la libre valoración del juez dilucidar si dicha prueba ha de sustentar o no una condena sin que rija sobre la denuncia de un agente de la autoridad presunción de veracidad alguna; es sumamente ilustrativa a estos efectos la Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid 115/2009 de 31 de marzo establece que “El principio de presunción de inocencia constituye uno de los derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce a toda persona acusada, que se traduce en que son las partes acusadoras quienes tienen la carga de desvirtuar tal presunción, aportando la mínima actividad probatoria llevada a cabo con todas las garantías procesales y de la que resulte deducible la culpabilidad del acusado; cuya valoración compete al Tribunal de instancia a quien corresponde apreciar libremente su significado (arts. 24 y 117.3 C.E . y art. 741 LECr).Consiguientemente, se vulneraría aquél derecho fundamental cuando se condenara a una persona en méritos de una prueba absoluta y notoriamente insuficiente. En este sentido, el tribunal sólo puede controlar la existencia de ese -minimun- y si la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de instancia ha sido respetuosa con las exigencias de la lógica y las enseñanzas de la experiencia (STS 122/1999 de 2 de febrero y Auto de 19 de mayo de 2000). En el presente supuesto, el juez a quo ha contado con prueba de cargo apta para desvirtuar el referido principio constitucional, válida por cuanto fue aportada al acto de celebración del juicio y en el que ha sido sometida a contradicción entre las partes, y suficiente para sustentar el hecho por el que ha recaído condena. Dicha prueba está integrada por las declaraciones prestadas en el acto de celebración del juicio por los agentes de Policía que realizaron la intervención en el curso de la cual se produjeron los hechos enjuiciados en el presente procedimiento, estas declaraciones son recogidas en la sentencia como base para llegar a la conclusión condenatoria, por ello, la pretendida vulneración del derecho a la presunción de inocencia no puede ser acogida, como tampoco puede estimarse el pretendido error en la valoración de la prueba, pues examinada ha sido correcta y acertadamente valorada por el propio juez que la practicó bajo el principio de inmediación, y el mismo ha realizado un juicio de razonabilidad de esas pruebas personales ajustado a las exigencias de la lógica y la experiencia. Los agentes declararon en el acto del juicio oral acerca del comportamiento que mostró el denunciado durante la intervención, coincidiendo sus manifestaciones con las anteriormente prestadas en la comparecencia que da inicio al atestado, sin que quepa apreciar la existencia de móvil alguno que pudiera priva de verosimilitud a tales manifestaciones, que vienen además corroboradas por los partes de asistencia médica obrantes en las actuaciones”. Presunción de inocencia, igualdad de partes, inmediación, libre valoración de la prueba y decisión final por un órgano independiente.

B.- En el caso de las infracciones administrativas, el denunciado se encuentra en posición de inferioridad desde un principio, y ello porque habitualmente quien denuncia es un funcionario o personal dependiente de la autoridad que ha de resolver; funcionario que, sin perjuicio de que ha de respetar la presunción de inocencia sobre el papel, en la práctica goza del enorme privilegio de presunción de veracidad consagrado en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en virtud del cual “Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios interesados”, algo que ya había sido consagrado meses antes en la propia Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero de Seguridad Ciudadana, cuyo artículo 37 estipulaba que: “En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente Ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los inculpados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar en el expediente todos los elementos probatorios disponibles”. Funcionario denunciante inserto en el organismo encargado de sancionar, gozando además aquel de presunción de veracidad. Pero es que además en estos casos el control judicial es posterior y encargado única y exclusivamente de examinar la legalidad de la actuación administrativa; en otras palabras, que mientras en la falta penal el ciudadano denunciado se encuentra en una posición procesal de igualdad ante el denunciante, en el ámbito contencioso parte de una situación de inferioridad procesal en todos los aspectos.

3.- Novedad disuasoria: las tasas judiciales y la eliminación de la doble instancia. Este es, quizá, el aspecto más sangrante de la reforma, y que los Ministros de Interior y Justicia ocultan con una frialdad absolutamente mezquina.  En efecto, un denunciado por una falta contra el orden público se encuentra, además de mantener incólume su derecho a la presunción de inocencia y a ver sometida su decisión al juez ordinario predeterminado por la ley e independiente de las partes, a que no ha de abonar tasa o importe alguno por acceder a la jurisdicción e incluso se encuentra con que tiene garantizada, incluso para algo tan humilde como las faltas, la doble instancia en la vía penal, algo que no ocurre con otros órdenes.

Por el contrario, en el caso de las sanciones administrativas es el sancionado quien ha de impugnarlas en el orden contencioso-administrativo, para el cual ya se encuentra de mano, tras la aprobación de la draconiana Ley 10/2012 de 20 de noviembre con la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, por lo que ya de mano y en estricta aplicación del artículo 7 de dicho texto legal ha de desembolsar entre 200 y 350 euros de cuantía fija (dependiendo de que por la cuantía el asunto haya de dilucidarse por los cauces del procedimiento abreviado u ordinario respectivamente) y el 0,1% de la cuantía de la sanción, si bien tras la reforma operada por el Real Decreto Ley 3/2013 de 22 de febrero se estipula que en ningún caso el importe de la tasa podrá superar el 50% de la sanción impuesta; lo cual es magro consuelo para un ciudadano a quien, en aplicación de la nueva normativa, se le imponga una sanción de 20.000 euros, por ejemplo, dado que la tasa ascenderá a 220 euros. Pero es que, además, en este caso tendría vedada la apelación, dado que nuestro Tribunal Constitucional ha indicado que el derecho a la segunda instancia es de configuración estrictamente legal salvo en materia penal donde, pese a no venir expresamente consagrado a nivel máximo, sí que constituye un principio general que la legislación procesal penal no puede desconocer. Así pues, a diferencia de la vía penal gratuita y de doble instancia, la vía contenciosa es de pago y con instancia única en muchos casos.

 La reforma de la legislación que prepara el gobierno no es, pues, una reforma…..es una vergüenza. Una más de la que prepara este gobierno de incapaces que, so pena de una gestión estrictamente económica, recortan uno por uno los derechos más elementales de los ciudadanos sin que se atrevan a meter poda donde debe hacerse (por ejemplo, subvenciones a partidos políticos y sindicatos, que deberían ser reducidas a cero ab radice). Claro que, quizá con el anteproyecto que se avecina simplemente por manifestar esto se estaría incurriendo en un ilícito administrativo al constituir una infracción grave o muy grave, así que habrá que aprovechar los momentos en que la discrepancia aún es legal. Porque Rajoy y su panda de ineptos pretenden, como en su día pretendió Azaña, tener una doble política: zanahoria para sus amigos y palo para sus adversarios. Y es triste que alguien como el redactor de estas líneas, de profundo e inequívoco conservadurismo y del que nada se avergüenza, tenga que decir en voz alta esto, pero el conservadurismo no implica ceguera voluntaria. Y quien no vea que este gabinete pretende un intervencionismo en la esfera individual y una política de severa punibilidad para quien ose simplemente manifestar su discrepancia es que está ciego.

Por desgracia, como en tantas otras cosas, no avanzamos, sino que retrocedemos, incluso a nivel legislativo. Porque este Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no nos sitúa a la altura del siglo XXI, sino que nos retrotrae a los peores tiempos de la Ley de Defensa de la República, cuando Azaña, por ejemplo, suspendió varios periódicos y encarceló a Ramiro de Maeztu en agosto de 1932 al acusarles falsamente de apoyar y participar en la Sanjurjada; Maeztu fue puesto en libertad sin cargos y sin que se le instruyera proceso penal o gubernativo alguno. Ese, y no otro, es nuestro porvenir inmediato.

13 comentarios en “BREVES REFLEXIONES JURÍDICAS SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA: VUELTA A LA «LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA»

  1. El alemán

    Si digo que vivimos en una «puta» Republica Bananera con una Casa Real que nos roba y unos políticos inútiles….¿se me multarán en el peor caso con €600.000,-????

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  2. Monsieur de Villefort Autor

    Muy probablemente, aunque también es posible que en vía judicial se anularía la sanción. Tenga en cuenta, por ejemplo, que hoy en día salir con la bandera tricolor ni ahora ni con el anteproyecto es ilícito, mientras que en la muy «democrática» y ensalzada II República llevar una bandera bicolor o silbar la Marcha Real era considerado un «acto de agresión a la República» que incluso podía entrañar confinamiento y multas elevadísimas para la época………..No evolucionamos

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  3. SUSO

    BASTANTE DE ACUERDO EN EL FONDO, MONSIEUR; NO OBSTANTE, PARECE COMO SI LA LEY ELABORADOA POR LOS DEMOCRÁTAS BURGUESES PROGRES MÁS LOS SOCIATAS DE DERECHAS DE AQUELLA ÉPOCA, SÓLO SE HUBIERA APLICADO CONTRA LA VIRTUOSA E INTACHABLE DERECHA DE LA ÉPOCA. ¿CASAS VIEJAS, CASTILBLANCO, ETC. SON IMAGINACIONES Y/O ENSOÑACIONES DE LA SIEMPRE SANGUINARIA CHUSMA IZQUIERDISTA QUE SE EMPEÑÓ/EMPEÑA EN NO COMULGAR CON EL LIBERAL-CONSERVADURISMO (ÚNICA RELIGIÓN VERDADERA, [NO ME ATREVERÉ A DISCUTIR ESO CON UD, MONSIEUR])? ¿SÓLO SE SANCIONÓ Y SÓLO SE APLICÓ LA LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA A LA BONDADOSA, EXQUISITAMENTE DEMOCRÁTICA Y SIMPATIQUÍSIMA DERECHA DE GIL ROBLES, CALVO SOTELO , REQUETÉS Y A LOS ALEGRES Y ENCANTADORES MUCHACHOS DE FALANGE?.

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  4. Monsieur de Villefort Autor

    Suso, unas precisiones en cuanto a la referencia histórico-legislativa. Existían tipos infractores en la propia legislación de defensa de la república que estaban hechos expresamente contra un determinado sector (por ejemplo, la «La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras»), por lo que difícilmente podría incurrir en el mismo alguien ajeno a dicho sector; en cuanto a su aplicación, al amparo de la misma se suspendió el diario ABC, y no me consta (aunque puedo estar equivocado y agradecería si me pudiese dar una referencia concreta) que se suspendiese un medio no ya de izquierda revolucionaria, sino de izquierda burguesa. No sé a quien quiere referirse como «sociatas de derechas» (sic), pero entre los miembros del gobierno que aprobó la ley de defensa de la república se encontraba Francisco Largo Caballero, que pasó a la historia socialista y española en general como el «Lenin español». Respecto a Gil Robles y Calvo Sotelo, vaya por Dios, menciona a una persona asesinada por las fuerzas del orden bajo el gobierno del Frente Popular (Calvo Sotelo) y a otra a quien se iba a asesinar igualmente (el comando de las fuerzas del orden que iba a ejecutar a Gil Robles no lo encontró en su domicilio porque en esos momentos se encontraba en Biarritz); por cierto que en sus memorias el socialista Indalecio Prieto reconoce abiertamente que el conoció la identidad de la persona que encabezaba el comando ejecutor y no sólo no la denunció ni la entregó al juez, sino que la ocultó (lo que implícitamente supone reconocer un delito de encubrimiento). En cuanto a la Falange, un simple vistazo a la ingente obra de Stanley G. Payne (uno de los mayores expertos sobre el tema) le permitirá comprobar que a José Antonio le llegaron a llamar «Juan Simón» y al partido «Funeraria Española» por la tardanza en reaccionar ante la violencia sufrida; cuando la Falange perpetró su primer crimen, ya tenía entre sus filas muchos cadáveres. Por cierto, que el Frente Popular, ya con la Ley de Orden Público, ilegalizó en 1936 a Falange Española; no consta que ilegalizara, sin embargo, al PCE (por entonces bajo la órbita de Stalin, persona mucho más peligrosa que Mussolini) o a la CNT (esta última con un historial terrorista a sus espaldas que pondría los pelos de punta a cualquiera); y con esa misma ley el gobierno se había negado a ilegalizar al PSOE en 1935, aún cuando dicho partido había perpetrado un golpe de estado el año anterior.

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  5. SUSO

    ¡AY! ¡QUÉ RAZÓN TIENE UD,, MONSIEUR! LO QUE PASA ES QUE MI MENTE ESTÁ CORROMPIDA POR LOS FALSARIOS A SUELDO DE MOSCÚ, COMO, POR EJEMPLO, PRESTON, TUÑÓN DE LARA, Y TODOS AQUELLOS A LOS QUE EN LA MALVADA ED. CRÍTICA SE LES HA PUBLICADO ALGO RESPECTO A ESTE TEMA. IGNORANTES INDOCUMENTADOS, COMO TODO AQUEL QUE NO SEA UN LIBERAL-CONSERVADOR; PUES NADIE COMO EL GRAN STANLEY PAYNE, QUE SE INVENTA ESA GRACIOSÍSIMA TIPOLOGÍA ENTRE CONSERVADURISMO AUTORITARIO, DERECHA RADICAL Y FASCISMO, TODO PARA MANTENER AL MARTIR CALVO SOTELO (MINISTRO DE HACIENA CON EL MUY DEMÓCRATA GENERAL MIGUEL PRIMO DE RIVERA EN SU MUY DEMOCRÁTICO RÉGIMEN), Y AL MUY HONORABLE GIL ROBLES (EL QUE APLAUDIÓ EL BOMBARDEO DE LOS BARRIOS OBREROS DE VIENA POR SU AMIGO DOLLFUS Y CELEBRÓ EL MODELO DE APLASTAMIENTO DEL MOVIENTO OBRERO LLEVADO A CABO POR HITLER, CUANDO VOLVIÓ, ENTUSIASMADO, DEL MEGAMITIN NAZI DE NURENBERG,) DENTRO DE LA RESPETABLE DERECHA CONSERVADORA. ¡QUÉ INGENIO SIN IGUAL, QUÉ INSOSLAYABLE CONSTRUCTO ARGUMENTAL EL DE ESTE SEÑOR!

    NO, SI ES QUE AL FINAL LAS FUERZAS VIVAS Y SANAS DE LA NACIÓN NO TUVIERON MÁS REMEDIO QUE SUBLEVARSE PARA SALVAR LA DEMOCRACIA Y PONER FIN Y COTO A TODO TIPO DE DESMANES PERPETRADOS POR HORDAS BESTIALES QUE NO TENÍAN MEJOR EXCUSA QUE QUERER COMER, TENER ASISTENCIA MÉDICA, ETC. ¿¡ PERO DE DONDE HABRÁ SACADO LA CHUSMA QUE TIENEN ALGÚN DERECHO DIVINO A ESTAS COSAS!? ASÍ PUES, LA SANJURJADA NUNCA EXISTIÓ; LA EXQUISITAMENTE DEMOCRÁTICA DERECHA ESPAÑOLA NO CONSPIRÓ JAMÁS CONTRA LA REPÚBLICA; LO DEL 18 DE JULIO FUE TOTALMENTE FORZADO POR LA GENTUZA QUE IBA ASESINANDO A MILES POR LAS CALLES Y YAGÜE REPARTIÓ PESTIÑOS Y MANTECADOS EN BADAJOZ. LOS MISERABLES QUE INSISTEN EN QUE POR CADA PARACUELLOS HAY DIEZ BADAJOCES NO SON MÁS QUE RESENTIDOS MENTIROSOS Y ASESINOS DE BUENAS MONJITAS. POR EJEMPLO, QUE SABRÍA EL IGNORANTE DE MI ABUELO, UN ANALFABETO QUE NO APRENDIÓ A LEER Y A ESCRIBIR HASTA LOS 16 AÑOS, EN AQUEL MALDITO ATENEO. SI FUE FUSILADO EN 1941, SE LO TENÍA BIEN MERECIDO, POR HABER PARTICIPADO EN AQUELLAS HUELGAS Y HABER VESTIDO EL IGNOMINIOSO UNIFORME DEL EJÉRCITO POPULAR. MI ABUELA NO TIENE NI IDEA Y NO ES SINO OTRA RESENTIDA MENTIROSA Y ANALFABETA QUE NO HA LEIDO A POPPER.

    Y, A LO QUE ÍBAMOS AL PRINCIPIO: LA LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA JAMÁS SE UTILIZÓ PARA REPRIMIR AL MOVIMIENTO OBRERO, SÓLO SE APLICÓ A LOS NOBLES Y DIGNÍSIMOS HIJOS DE … ¡CÁNOVAS Y SAGSTA!.

    MONSIEUR: LE PROMETO A UD. QUE A PARTIR DE AHORA SERÉ BUENO Y REZARÉ PARA QUE EL BUEN DIOS EVITE LA DEBACLE DE ESE GRAN PAÍS DEL OTRO LADO DEL ATLÁNTICO QUE UD. TANTO ADMIRA, Y PUEDAN SEGUIR APLICANDO SUS DEMOCRÁTICAS LEYES EN SU SENCILLO, Y ASEQUIBLE PARA TODOS, SISTEMA JURÍDICO-POLÍTICO. ME HARÉ UN HOMBRE DE PROVECHO LIBERAL-CONSERVADOR Y NO LEERE MÁS QUE A PAYNE, DE LA CIERVA, Y, SOBRE TODO, AL SIMPÁTICO Y DICHARACHERO DUO LOSANTOS-VIDAL.

    GRACIAS ETERNAS POR ILUMINAR LAS TINIEBLAS DE MI IGNORANCIA Y HACERME VER LA LUZ DE LA VERDAD.

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  6. Monsieur de Villefort Autor

    Suso, en el «muy democrático régimen» de Miguel Primo de Rivera (a quien, por cierto, el nada sospechoso Indalecio Prieto calificó de «dictador sin muertos») figuraban como Consejeros de Estado por el Partido Socialista un tal Francisco Largo Caballero (el futuro «Lenin español») y Fernando de los Ríos. En cuanto a Stanley Payne, su autoridad en la materia es respetada incluso por Paul Preston, uno de los autores que usted cita, y esa distinción entre derecha conservadora, derecha autoritaria y fascismo no es suya, sino que la recoge de otros. Claro que hoy en día el término «fascista» está tan devaluado que igual vale para un roto que para un descosido (Carillo, por ejemplo, calificó de «fascistas» a su propio padre Wenceslao Carrillo y a Julián Besteiro)
    Manuel Tuñón de Lara era militante comunista de carnet, algo que, por cierto (y, por cierto, con una honestidad que le honra) no ocultaba. Y, por cierto, ¿Debo recordarle con qué palabras ensalzaban José Díaz y Dolores Ibárruri a Josif Stalin, que por entonces desataba la más cruel de sus purgas y que ha pasado a la historia como el mayor genocida de la humanidad, superando incluso al brutal dictador alemán? ¿Debo recordarle acaso que Santiago Carrillo calificaba en sus memorias (editorial planeta, 1993) su entrada en la Unión Soviética en el año 1940 (insisto, la URSS de Stalin, de las grandes purgas y del gulag) como «la entrada en el reino de la libertad» (sic)?
    Personalmente yo he leído a todos los autores que usted ha citado (Ricardo de la Cierva, Stanley Payne, Paul Preston, Manuel Tuñón de Lara) e incluso a otros que no cita (de perfil tan diferente como los hermanos Ramón y Jesús Salas Larrazábal, Alberto Reig Tapia -persona nada sospechosa que, aún discrepando de los anteriores, no duda en alabar su honestidad historiográfica-, Santos Juliá, Burnett Bolloten, Hugh Tomas o Gabriel Jackson). De todos ellos y de sus obras he extraido siempre datos valiosos que me han permitido formarme mi opinión personal al respecto.
    Una última precisión. En esta bitácora no se pretende que nadie vea la luz ni se caiga del caballo como Saulo de Tarso camino de Damasco, sino única y simplemente expresar la opinión personal del responsable del blog quien, como decía el senador Sibil Cooleig en la película «Advise and consent», «como soy como soy y pienso como pienso» emite su opinión clara al respecto «aunque a nadie pido que me siga en esto» y aunque, -añado yo- mis opiniones son firmes en este aspecto. Las referencias irónicas que en su última intervención hace a «iluminar las tinieblas de su ignorancia» me parecen fuera de lugar, pues ni en mi post ni en mi contestación hacía la más mínima alusión a sus condiciones intelectuales, primero porque no tengo el gusto de conocerle y, segundo, porque tampoco es mi estilo.
    Como usted habrá podido comprobar, quien suscribe predica con el ejemplo y ha permitido y permite toda intervención en este blog, sin censuras ni cortapisas, siempre y cuando no se incurran en descalificaciones personales ni en insultos. Siempre he dicho que la tolerancia no basta meramente con invocarla, sino que hay que predicarla. Por desgracia, a diestra y a siniestra se da más lo primero que lo segundo.
    Un saludo muy cordial

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  7. SUSO

    VAMOS A VER, MONSIEUR, CENTRÉMONOS EN EL MOTIVO DE MI INTERVENCIÓN INICIAL: ¿FUE O NO NO FUE APLICADA JAMÁS LA DICHOSA LEY CONTRA EL MOVIENTO OBRERO DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA? O SÓLO SE APLICÓ EN EXCLUSIVA A LA DERECHA. NO DIGO QUE SI SE APLICÓ MÁS A LA NADA CONSPIRATIVA, NADA REACCIONARIA Y GENÉTICAMENTE DEMOCRÁTICA DERECHA ESPAÑOLA,. DIGO QUE SÍ SÓLO Y EN EXCLUSIVA SE APLICÓ A ESA MODÉLICA DERECHA Y NUNCA JAMÁS SE APLICÓ PARA QEU LAS FUERZAS DEL ORDEN DISPARASEN CONTRA OBREROSO Y CAMPESINOS. ¿ES ESO LO QUE UD., MONSIEUR, DICE QUE PASÓ?.

    ¡¡¡ VIVAN LAS IDEAS DE DONOSO CORTÉS, LAS CAENAS Y NUESTROS GÜENOS CURAS !!!

    VIVAN BÁRCENAS, COSPEDAL Y TUTTI QUANTI. VIVA EL MAMONEO Y LA BURROCRACIA DE LOS SINDICALISTOS QUE TANTO HACEN POR NOSOTROS. SINDICALISTO. . MUERTE A LAS INSPECTORAS DE HACIENDA QUE INTENTAN APLICAR LA LEY.

    ¡¡¡¡ VIVA LA DERECHA ESPAÑOLA !!!!

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  8. Monsieur de Villefort Autor

    Suso, mezcla usted dos cuestiones absolutamente diferentes. No he negado en ningún momento que, en efecto, tuviesen lugar los sucesos de Castilblanco (resultado: un muerto civil y cuatro guardias civiles linchados) y Casas Viejas, a los que yo añado los de Arnedo; pero en todos esos casos no se trata de aplicaciones de la Ley de Defensa de la República, sino de extralimitaciones de las fuerzas del orden que, en su caso, pudieran dar lugar a la responsabilidad penal, no a la administrativa, que es la que regula expresamente la norma de 1931 (que, si lee atentamente, indica en su artículo 5 que las medidas «gubernativas» -léase, administrativas- son compatibles con las penales).
    No tengo conocimiento de ningún caso en que se aplicase la misma al movimiento obrero y, sin negar que ello hubiera tenido lugar, usted, a quien veo tan informado, no me indica ni un solo caso en que hubiera tenido lugar, mientras que yo sí le he mencionado (ya en la propia entrada) cuando menos un caso en el que Azaña lo aplicó. Ahora bien, me encuentro con un problema, y es que de creer en la bondad innata, en el republicanismo sincero y el absoluto respeto a la legalidad de las fuerzas obreras, ni uno solo de los tipos le sería de aplicación. Porque, vamos a ver, analicemos uno por uno: “difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz y el orden público” (¿acaso las fuerzas obreras no eran las más interesadas en la consolidación de la república y quienes defendían precisamente la paz?), “toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones y organismos del Estado” (¿acaso no ya algún líder, sino algún obrero de base profirió alguna vez palabras de menosprecio a alguna de las instituciones republicanas?), “La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras” (¿Pero, vamos a ver, aclarémonos, acaso las masas obreras no eran republicanas; y si lo eran, cómo va a imputárseles una apología del régimen monárquico?), “la suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase sin justificación bastante” (este es el único punto donde podrían incurrir, en la suspensión de «labores» -si entendemos por esta el desempeño del trabajo por cuenta ajena, dado que difícilmente un obrero -si como tal se entiende un trabajador por cuenta ajena- puede suspender una «industria»); respecto a “la falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones” parece evidente que si las masas obreras carecían de estudios y apenas sabían leer y escribir mal podrían desempeñar empleos públicos y, por tanto, mal podría aplicárseles tal precepto. Insisto, de todas las infracciones administrativas indicadas en la Ley de Defensa de la República sólo una podría, por su propia naturaleza, ser aplicada a las fuerzas obreras; aunque, insisto, sin negar que ese uno por ciento de la ley que pudiera serles de aplicación se les hubiera, en efecto, esgrimido en su contra, no conozco ningún caso en que ello hubiera tenido lugar, por lo que si tiene algún dato al respecto, le agradecería me lo dijese. Eso sí, siempre y cuando se trate de aplicaciones efectivas de la Ley de Defensa de la República, y no de leyes penales, que son cuestiones desde el punto de vista jurídico totalmente distintas y respecto a las últimas no discutiría su aplicación efectiva a las clases populares. No obstante, incurre usted en el mismo comportamiento que cierto comentarista deportivo cuando manifestaba que los árbitros se equivocan por igual con todos los equipos y cuando unas veces te dan otras te quitan, lo cual en términos absolutos es cierto, pero no es lo mismo otorgar diez y sustraer uno que recibir uno y sustraer diez. Pese a lo cual, insisto, ofrézcame ejemplos concretos de aplicación de la Ley de Defensa de la República a las clases populares y no tendré inconveniente en aceptarlo.
    Cita usted a don Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas, que es uno de los intelectuales más brillantes del siglo XIX, y no es que lo diga yo, sino que una persona tan poco sospechosa de conservadurismo y tan especialista en la materia como Joaquín Varela Suanzes-Carpegna lo reconoce abiertamente pese a discrepar de sus tesis (léase su trabajo «Tres cursos de derecho político en la primera mitad del siglo XIX: las lecciones de Donoso Cortés, Alcalá Galiano y Pacheco).
    Por otra parte, y siguiendo con su estilo irónico, no me cabe duda de que el movimiento obrero es impoluto y tiene una historia limpia de crímenes y atentados. Es evidente que la CNT jamás practicó el terrorismo callejero; es evidente que Angiolillo y Mateo Morral fueron unos angelitos a quienes las brutales fuerzas del orden imputaron falsamente crímenes de los que eran inocentes; es evidente que Pablo Iglesias nunca justificó el atentado personal contra Antonio Maura si éste regresaba al gobierno; es evidente que José Díaz jamás le dijo a Gil Robles «No sé cómo morirá Su Señoría, pero si se cumpliera la justicia del pueblo moriría con los zapatos puestos»; es evidente que Cánovas, Canalejas y Dato -este último el pionero en aprobar leyes de protección social para los sectores desfavorecidos, hecho éste que puede encontrar en cualquier manual sencillo de derecho del trabajo- fueron asesinados por fascistas emboscados y no por pistoleros de movimientos anarquistas; en fin, que habrá que rezar por que vuelva aquel régimen tan entrañable y respetuoso con los derechos humanos como la «gran democracia socialista», donde de las purgas, el gulag y Siberia, eran sólo fabulaciones de la propaganda fascista: Stalin jamás desencadenó purga alguna, ni mucho menos está detrás del asesinato de Trotsky y jamás envió asesores soviéticos a España ni ordenó la exterminación del POUM ni la tortura y muerte de Andrés Nin. Debe de ser que todo eso es igualmente propaganda «fascista».
    No tengo intención de prolongar indefinidamente esta polémica, porque es evidente, claro y manifiesto para cualquiera donde están las posiciones de cada uno y cuales son los fundamentos en que cada parte ampara sus tesis.
    Sin otro particular, reciba un cordial saludo

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  9. SUSO

    VAYA POR DELANTE UN MUY CORRECTO Y EDUCADÍSIMO SALUDO.

    VAMOS A VER, MONSIEUR, UD. SOSTIENE:

    “difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz y el orden público” (¿acaso las fuerzas obreras no eran las más interesadas en la consolidación de la república y quienes defendían precisamente la paz?), “toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones y organismos del Estado” (¿acaso no ya algún líder, sino algún obrero de base profirió alguna vez palabras de menosprecio a alguna de las instituciones republicanas?),”

    PUES LE DIRÉ QUE TAL Y COMO DICE GABRIEL JACKSON:

    “La República, con su Constitución todavía incompleta, estaba siendo violentamente atacada por carlistas y clericales en el Norte, y por los anarquistas en el Este y el Sur. Aun cuando los alborotadores eran detenidos, hubo muchos casos de complicidad entre ellos y los policías y jueces antirrepublicanos. Debemos admitir que era una contradicción que un régimen democrático tratara de procurarse poderes policíacos excepcionales; pero Azaña replicaba que lo contrario sería dejar un Gobierno escrupulosamente pacifista a merced de sus oponentes reaccionarios y revolucionarios”

    .LA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LA GUERRA CIVIL, 1931-1939. (The Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939. Princeton, 1965) (2ª edición). Barcelona: Crítica. 1976

    En los eufemísticamente llamados “sucesos” de Casas Viejas (en todos los demás), lo que ocurrió, precisamente, fue una bárbara salvajada asesina perpetrada por los cuerpos y fuerzas represivas del muy burgués Estado republicano en aplicación de esa normativa.

    Como otro ejemplo, Monsieur, tenemos a Manuel Ballbé, en su obra ORDEN PÚBLICO Y MILITARISMO EN LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL (1812-1983). Madrid: Alianza Editorial. 1983:

    Fueron suspendidos periódicos, cerrados locales de organizaciones políticas y sindicales, y realizadas incontables detenciones gubernativas. En caso de imposición de multas, se establecía “en defecto de pago, el arresto supletorio”. Asimismo, al amparo de la Ley, cientos de personas fueron deportadas a Guinea Ecuatorial y al Sáhara (éste fue el caso de 104 trabajadores, con ocasión de las alteraciones ocurridas en el Alto Llobregat [en enero de 1932]). Se aplicó incluso a miembros de la Administración de Justicia. Un caso conocido fue la sanción impuesta por el ministro de la Gobernación Santiago Casares Quiroga al juez Luis Amado, consistente en la suspensión por dos meses de empleo y sueldo, el 26 de abril de 1932, por haber decretado la libertad condicional de un procesado. Algunas de las sanciones impuestas rozaban el ridículo. Así, el 23 de diciembre de 1931… una resolución ministerial decía: “…por el hecho de haberse cantado la “marcha real” por las Hijas de María, he impuesto al cura párroco de referencia [de Mures, Navarra] la multa de 100 pesetas. (…) Muestra del interés del Gobierno en la aplicación de la Ley es el telegrama oficial de 14 de enero de 1932 a diversos gobiernos civiles, solicitando informes de las personas más extremistas, “expresándome sus nombres y el concepto por el cual puedan producir perturbaciones de orden público, a fin de aplicar si fura posible la Ley de Defensa de la República”.

    ¿LOCALES DE SINDICATOS CERRADOS? ¿TRABAJADORES DEPORTADOS A GUINEA ECUATORIAL? UY, EL TAL BALLBÉ ESTÁ CLARO QUE ES OTRO FALSARIO A SUELDO DE MOSCÚ.

    Y, concretamente, en cuanto a que: » acaso no ya algún líder, sino algún obrero de base profirió alguna vez palabras de menosprecio a alguna de las instituciones republicanas?),”, AQUÍ, DADO LO BREVE DEL TIEMPO DE QUE DISPONGO, PUES YO, COMO NO SOY UN LIBERAL-CONSERVADOR HE DE GANARME EL PAN CON MI TRABAJO, SIMPLEMENTE, COMO BOTÓN DE MUESTRA, LE REMITIRÉ A:

    Escritos revolucionarios. José Miguel Pérez. Ediciones Idea. ISBN: 84-96570-14-2.

    · José Miguel Pérez, el maestro comunista. Ignacio Reyes García. La Laguna: Consejo de Estudios Científicos. ISBN: 84-932787-0-X.

    · José Miguel Pérez y el movimiento obrero canario, 1930-1936. Miguel Ángel Cabrera Acosta. Editorial Benchomo. ISBN: 84-85896-28-9.

    EN CUANTO A DONOSO CORTÉS, POS MIRE USTÉ: SERVIDOR, QUE YA HABRÁ SU SEÑORÍA COMPROBADO QUE SABE LEER Y ESCRIBIR, SE HA LEÍDO ESE ABOMINABLE ENGENDRO QUE ES “Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo” , Y NO ME QUEDA LA MENOR DUDA, NI A MI NI NADIE QUE CREA LO MÁS MÍNIMO EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ES EL CARÁCTER Y NATURALEZA EXTRAORDINARIMENTE REACCIONARIA DE ESE ARISTOCRATA TERRATENIENTE EXTREMEÑO (¿quiere el Monsieur alguna lección de antropología social respecto a la condición del campesinado extremeño mientras el señorito perpetraba su obra? PUES BIEN: PARA EL GRAN INTELECTUAL (lo será para Ud. y el Cardenal Herrera Oria), ESE ESTADO DE EMBRUTECIMIENTO ABSOLUTO ES EL ORDEN QUERIDO POR DIOS, COMO NOS DAMOS PERFECTA CUENTA EN EL LIBRO SEGUNDO, CUANDO EL BRILLANTE INTELECTUAL ABORDA LA FILOSOFÍA POLÍTICA, ATENDIENDO A LOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES RELATIVOS AL ORDEN GENERAL, AL LIBRE ALBEDRÍO DEL HOMBRE AL QUE NO DUDA EN CALIFICAR COMO «MANIQUEISMO PROUDHONIANO. ¡¡¡ TOMA LIBERTAD !!! !!! TOMA DEMOCRACIA !!!. Y LO QUE MÁS LLAMA LA ATENCIÓN ES QUE ESE ORDEN GENERAL «QUERIDO POR DIOS», CURIOSAMENTE COINCIDE CON SUS INTERESES DE CLASE. Y CON LOS SUYOS TAMBIÉN, MONSIEUR, QUE SON LOS MISMOS, COMO UD. RECONOCE, PERO MEDIANTE CIRCUNLOQUIOS DEL TIPO DE EXPRESAR DE LA EVIDENCIA DE DONDE ESTÁN LAS POSICIONES DE CADA UNO. LE DIRÉ QUE MI FUNDAMENTO NO SE BASA EN LA ASIMILACIÓN POR INTERÉS CLASISTA, SINO EN EL CONVENCIMIENTO MEDIANTE EL MÉTODO CIENTÍFICO; LA SUYA NO ES SINO PURO CONSTRUCTO IDEOLÓGICO QUE PERMITA ALGÚN TIPO DE JUSTIFICACIÓN PARA QUE LAS CLASES SUBALTERNAS SIGAMOS ESTANDO DONDE ESTAMOS Y QUE LOS BOTÍN, GONZALEZ, ALIERTA, KOPLOWITZ, GRANDES DE EJPAÑIA Y DEMÁS CONTINUEN DONDE ESTÁN. POR LO MENOS TENGA LA GALLARDÍA DE RECONOCERLO, MONSIEUR: LIBERAL-CONSERVADOR REACCIONARIO SÍ: PERO NO COBARDE. ¡ HOMBRE, POR DIOS!

    En fin, Monsieur, no soy un rentista ni alto funcionario público, ni medio, ni jerifalte de empresa. Soy un profesional liberal (único apartdo «liberal» de mi persona) extraordinariamente ocupado, y además tengo familia que atender y mantener (familia a la que amo, a pesar de que Ud. me imagine con cuernos y rabo y lanzando bombas en el Teatro Real); y de momento lo dejo aquí, dado que tengo que procurar mi sustento y el de mi familia.

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  10. Monsieur de Villefort Autor

    Un par de aclaraciones respecto al último párrafo que, como verá, siguiendo la filosofía de este blog no ha sido objeto de censura ni cortapisa alguna:
    1.- Respecto a Juan Donoso Cortés, si usted lee atentamente mi intervención en ningún momento manifesté que mis creencias coincidieran totalmente con las suyas (mas que nada porque no soy una persona que conceda excesiva importancia a la religión, ni a nivel político ni individualmente), sino que era y reproduzco textualmente mis plabras, «uno de los intelectuales más brillantes», e incluso me remitía a la autoridad del profesor Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, a quien no si algo no podrá acusar es de derechismo ni de no saber de los temas que escribe. El profesor Varela al igual que usted no comparte las tesis de Donoso, pero reconoce sin tapujos su cultura y su nivel de erudición. El discrepar con una persona, Suso, no implica descalificarla sin más, como veo que hace usted sibilinamente, lo que me lleva al segundo punto de esta que, por mi parte, será ya la última y definitiva réplica.
    2.- De la discusión puramente histórica pasa usted a calificaciones o consideraciones personales que lanza atribuyéndolas falsamente al redactor de estas líneas, pues en ningún momento de ninguna de las intervenciones se puede no ya constatar, sino ni tan siquiera extraer que me lo imagine a usted con «cuernos y rabo y lanzando bombas en el teatro real» (sic, en su última intervención) lo tengo simplemente por un usuario más que ha tenido la amabilidad de entrar en este blog y discrepar de las tesis en el vertidas, y sobre cuyas circunstancias personales no me había pronunciado ni me pronuncio por dos potísimas razones: la primera, porque las desconozco y la segunda, porque aun conociéndolas me parecen irrelevantes a los efectos de una discusión puramente histórica. Por otra parte, es usted exclusivamente quien incurre en ese comportamiento al incluirme implícitamente en la élite económica al hablar de mis «intereses de clase» (sic) cuando las pocas personas que conocen mi verdadera identidad saben que soy también un profesional liberal con las mismas dificultades que cualquier otro autónomo para sacar su pequeño despacho adelante. En todo momento mis intervenciones (acertadas o desacertadas, eso es el lector quien ha de dilucidarlo) se han limitado al campo estrictamente histórico, y en ningún momento lo he deslizado hacia referencias ni personales ni sociales como ha hecho usted respeto a mí, consideraciones que, además, respecto a mi «clase» son absolutamente falsas y que únicamente disculpo por el hecho de que usted no me conoce personalmente. Esto es quizá la única diferencia entre usted y yo, ideologías aparte, pues le desafío honestamente a que busque en cualquiera de mis intervenciones la más mínima alusión hacia sus condiciones personales.
    Despidiéndome definitiva y afectuosamente de usted, reciba un cordial saludo

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  11. SUSO

    QUIÉN HA HECHO A REFERENCIAS A CONDICIONES PERSONALES SOY YO, NO UD. SI QUIERE, NOS INTERCAMBIAMOS COPIAS DE NUESTRAS RESPECTIVAS DECLARACIONES DE HACIENDA. POR MI NO HAY NO PROBLEMA ALGUNO.

    LE AGRADEZCO QUE NO ME HAYA CENSURADO Y, EN TODO CASO, HE DE CONFESARLE QUE MI INTERVENCIÓN EN ESTE BLOG SE DEBIÓ ÚNICAMENTE A QUE UD., SE HA ATREVIDO A , CUANDO MENOS, SUGERIR QUE ESE CANALLESCO ENGENDRO NORMATIVO CONOCIDO COMO LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA SÓLO FUE APLICADA A LA POBRECITA Y BONDADOSA DERECHA Y JAMÁS AL MALVADO MOVIMIENTO OBRERO. LO CUAL FALTA A LA REALIDAD HISTÓRICA. ¿QUÉ EL RESENTIMIENTO IDEALISTA DEL LIBERAL-PROGRESISTA AZAÑA LLEVÓ A QUE EN LA PRÁCTICA SE APLICASE EN MAYOR NÚMERO DE OCASIONES A ELEMENTOS REACCIONARIOS? ESO NO SE LO NIEGO. PERO NO ME DIGA UD. QUE AZAÑA, O INDALECIO PRIETO (quien sostenía que Marx no era sino «un judío con ladillas por toda la barba») PREFERÍAN EL BOLCHEVISMO O LA FAI ANTES QUE A DON MANUEL GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, PORQUE ESO, PARA CUALQUIERA QUE SE HAYA MOLESTADO EN ESTUDIAR UN POCO ESA ETAPA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA Y A SUS PERSONAJES EN PROFUNDIDAD, Y TENGA UN MÍNIMO DE CRITERIO, ES ALGO ABSOLUTAMENTE INTEGER INCREDIBILIS (seguro que aquí la he cagado, porque mi latín está totalmete oxidado).

    MIENTRAS, PARA SU HORROR Y PESAR, SEGUIREMOS CONTEMPLANDO COMO EL MUNDO DE LA ESCUELA DE CHICAGO SE DESMORONA. Y LO PEOR DE TODO ES QUE LO QUE VENDRÁ DESPUÉS, QUE DESDE LUEGO NO SERÁ LA UTOPÍA LIBERAL DEL CRECIMIENTO CONTINUO INDEFINIDO EN EL QUE EL DIOS MERCADO LO CORREGIRÁ TODO, TODO Y TODO; PERO, PARA MI DISGUSTO, TAMPOCO SERÁ LA SOCIEDAD DE LIBRES E IGUALES DE VERDAD (que para mí, pese a lo que Ud. le guste creer para su propio solaz y autoafirmación como «héroe por la libertad», no es ni el estalinismo, ni Pol-pot, ni la Revolución Cultural). A MEDIDA QUE EL CAPITALISMO REALMENTE EXISTENTE, IDEOLÓGICAMENTE BASADO EN EXCLUSIVA EN EL LIBERAL-PINOCHETISMO VAYA DEMOSTRANDO QUE LE ES IMPOSIBLE ALIMENTAR A 7 MIL MILLONES DE SERES HUMANOS, NOS IREMOS ADENTRANDO EN UNA NUEVA ERA DE OSCURIDAD. PERO QUIZÁS UD. COMO EL GABACHO AQUEL CUYO NOMBRE ME NIEGO A PRONUNCIAR O ESCRIBIR -Y QUE NO ES EL AUTOR DEL BOLERO- PREFERIRÁ ESO A UN MUNDO QUE NO SE BASE EN EL ORDENO Y MANDO DE POTENTADOS ESCUDADOS TRAS SUS SIERVOS INSTITUCIONALES TANTO DE DERECHAS COMO DE «IZQUIERDAS».

    ASÍ PUES, MONSIEUR, «Á BIENTÒT»,»AU REVOIR» O ¨»ADIEU», COMO UD. PREFIERA. EN TODO CASO, SEGURO QUE NO «SALUT».

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  12. Zakrin

    Monsieur, aunque discrepo de usted porque creo que parte de hechos objetivos pero los saca de contexto o extrae conclusiones equivocadas le felicito por su talante que ha demostrado. Yo estoy más de acuerdo con Suso en lo que dice, pero no en cómo lo dice, porque sus formas le hacen perder la razón puesto que sus salidas de pata de banco pasando a ofender sin necesidad alguna a alguien que no conoce y que no le ha faltado al respeto, con una agresividad inaudita que es de esperar se limite solo en los escritos le deja en evidencia. Dice mucho en favor de Monsieur que haya colgado los comentarios sin alterar nada, y dice mucho más que no entrase en el juego descalificatorio de Suso, que si algo me ha demostrado es que una persona culta no es necesariamente una persona educada.

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    1. SUSO

      MIRE USTED, ZAKRIN, NO SIN ANTES SALUDARLO CON TODA EDUCACION, LE VOY A APUNTAR DOS COSITAS:

      1ª: YO NO DESCALIFICO; CALIFICO OBJETIVAMENTE, Y EL QUE SE PICA, PUES SERÁ POR LA CAUSA QUE LO MOTIVA. SIN DUDA ALGUNA.
      AL MONSIEUR LO HE CALIFICADO DE LIBERAL-CONSERVADOR. PORQUE ES UN SEÑOR QUE ESTÁ POR MANTENER EL STATU QUO DE LA SOCIEDAD CLASISTA ACTUAL, PESE A QUE SU BIENINTENCIONADO IDEALISMO LE POSICIONE POR PURA NOBLEZA CONTRA UNA SALVAJADA FASCISTOIDE COMO ES LA PRÓXMA LEY «DE LA PATADA EN LA BOCA». PERO SU IDEALISMO QUEDA PATENTE EN SU PROPIO POSICIONAMIENTO (QUE LE HONRA Y LE DESCUBRE COMO UN HOMBRE NOBLE, SIN ASOMO DE DUDA), DADO QUE, SU CREENCIA IDEOLÓGICA, NO LE PERMITE COMPRENDER QUE, AL CAPITALISMO ESPAÑOL, EN SU ACTUAL ESTADO DE DESARROLLO, LE RESULTA IMPRESCINDIBLE CONTAR CON TAL LEGISLACIÓN ULTRA REPRESIVA.

      2ª: DESCALIFIQUEME A MÍ COMO A UD. LE DE LA GANA. ¡¡ PARA EL DAÑO QUE ME VA A HACER Y LO QUE ME VA A IMPORTAR !! PERO YO, DESDE LUEGO, ME NIEGO A QUE LA AGRESIVIDAD Y LA ROTUNDIDAD SEAN EXCLUSIVO PATRIMONIO DE LA CAVERNA MEDIÁTICA. NO VEO MOTIVO PARA CEDERLE TAL TERRENO EN EXCLUSIVA A ESA GENTE. ADEMÁS, LA VIDA YA ES BASTANTE DURA, ESTRESANTE Y DESAGRADABLE COMO PARA TENER QUE IR DANDO BESITOS A TODO EL MUNDO POR AHÍ. SI QUIERE UD. EMULAR AL POVERELLO DE ASIS, PUEDE HACERLO, YO NO, PARA NADA, EN ABSOLUTO. Y, ADEMÁS, SEPA UD. QUE ESTOY EN MI PLENO Y LEGÍTIMO DERECHO A NO SERLO, COMO UD. LO ESTÁ A SERLO. SI UD. ES DE LOS/AS QUE VENDAN AL ACÉRRIMO Y MORTAL ENEMIGO HERIDO, YO, AL CONTRARIO, SOY PARTIDARIO DE REMATARLO PARA QUE NUNCA MÁS VUELVA A HACER DAÑO A NADIE. YA VE LO MALO QUE SOY Y LO RECONOZCO.PERO NO ES MENOS LEGÍTIMO QUE LO SUYO O LO DEL MONSIEUR.

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