ABOGACÍA DEL ESTADO v ABOGACÍA DEL ESTADO: EL CURIOSO ASUNTO DE LA SENTENCIA DE 9 DE OCTUBRE DE 2014.

Lucha

La reciente Sentencia de 9 de octubre de 2014 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 497/2013 estima el recurso interpuesto por la Administración del Estado frente al Acuerdo del Pleno General del Poder Judicial de 19 de septiembre de 2013 por el que se eleva a definitiva la aprobación del Modelo de Medición de Cargas de Trabajo de Juzgados y Tribunales, aprobado provisionalmente en el Pleno de 24 de enero de 2013, a la vista del informe de seguimiento de los indicadores de la carga de trabajo durante el primer trimestre de 2013. La impugnación no se extendía al contenido sino a cuestiones procedimentales, a saber, que dada la materia objeto del mismo era necesaria la preceptiva audiencia del Ministerio de Justicia. La Sentencia reconoce expresamente la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial, pero entiende que, en dicho asunto: “debió ser oído el Ministerio de Justicia (en lo que aquí interesa) en tanto que afecta a sus competencias sobre el personal de la Administración de Justicia ajeno al Consejo General del Poder Judicial, y en tanto Administración que provee de medios humanos y materiales a dichos órganos.”
Con todo, lo más curioso del asunto es el desdoblamiento de personalidad que ha tenido lugar en el seno de los Servicios Jurídicos del Estado en el presente asunto. Porque si uno lee con atención la demanda puede observar en su antecedente de hecho primero que: “Por escrito recibido en el Registro General de este Tribunal Supremo el 5 de diciembre de 2013, el Sr. Abogado del Estado, en representación de la Administración del Estado, interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 19 de septiembre de 2013”; y en el antecedente de hecho cuarto relata que, una vez remitido el expediente: “el Sr. Abogado del Estado presentó escrito registrado en este Tribunal el 13 de junio de 2014, en el que, después de exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes, solicitó se dicte sentencia “por la que se declare la nulidad del Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 19 de septiembre de 2013, por el que se eleva a definitiva la aprobación del Modelo de Medición de Cargas de Trabajo de Juzgados y Tribunales, aprobado provisionalmente en el Pleno de 24 de enero de2013 e imponga las costas a la parte recurrida conforme al art. 139 LJ”. Hasta aquí, nada extraño, dado que el Abogado del Estado se limita a ejercer una acción judicial en defensa de la Administración. Pero a uno se le empieza a torcer algo el gesto cuando lee el quinto antecedente de hecho de la demanda, que se refiere a la personación y contestación del Consejo General del Poder Judicial, donde se puede leer lo siguiente: “El Sr. Abogado del Estado, en la representación del C.G.P.J., contestó a la demanda por escrito registrado en este Tribunal el 11 de julio de 2014, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó que se dictara sentencia desestimando el recurso”.
A estas alturas, uno pregunta ¿Cómo es posible que demandante y demandado en un pleito contencioso (entendido el término no como sinónimo de proceso contencioso-administrativo, sino como algo opuesto a un pleito de mutuo acuerdo) comparezcan representados por el mismo letrado? Porque la Sentencia no ofrece los nombres concretos de los profesionales, y en pocos casos como en este hubiera sido más deseable que lo hiciera. Pero dejando de lado ese aspecto quizá anecdótico, lo realmente preocupante es el clarísimo y eventual conflicto de intereses que se produce en este caso, que sería inconcebible en otras ramas, donde que un mismo despacho llevase la representación y defensa de ambas partes en conflicto sería contrario a las más elementales normas de la deontología profesional. No obstante, se demuestra una vez más las peculiaridades del orden contencioso, y que lo que en el resto de los órdenes jurisdiccionales no es permisible, aquí se tolera: dos poderes del Estado (el ejecutivo y el judicial) en conflicto sosteniendo posturas antagónicas y siendo defendidos por los mismos profesionales. Y no se trata de cuestionar la valía de las dos personas que han llevado la defensa de las partes en el caso, sino de cuestionar la imagen que ello traslada, pues téngase en cuenta que “las distintas Abogacías del Estado, cualquiera que sea su ubicación, dependerán jerárquica y funcionalmente de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado” (artículo 3.5 de la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas), Dirección esta última que se encuadra orgánicamente en el Ministerio de Justicia (artículo 1.3.c del Real Decreto 453/2012 de 5 de marzo por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia). Cierto es que el artículo 5 de la Ley 53/1997 regula la denominada “contraposición de intereses”, pero lo cierto es que la misma se limita a casos de intereses contrapuestos entre la “Administraciones y organismos públicos cuya representación legal o convencional ostente el Abogado del Estado” (por lo que en puridad no sería aplicable al presente asunto, dado que el Consejo General del Poder Judicial ni es Administración ni tampoco organismo público de los regulados en el Título III de la LOFAGE) pero, en todo caso, la resolución última depende del Ministerio de Justicia, que es precisamente una de las partes en este caso. Quizá lo más adecuado y pudoroso hubiese sido designar a un abogado particular para la defensa del Consejo, o habilitar en el caso del Consejo General del Poder Judicial a un empleado público que ostentase la titulación de Licenciado en Derecho para la defensa de los intereses de dicho órgano constitucional. Pero en modo alguno la imagen ofrecida ha sido la más decorosa.
Conviene indicar que otro de los poderes del Estado, el legislativo, tiene un cuerpo general de empleados públicos, los denominados Letrados de las Cortes Generales, entre cuyas funciones se encuentra “la representación y defensa de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del Senado, de la Junta Electoral Central y de los órganos e instituciones vinculados o dependientes de aquéllas, ante los órganos jurisdiccionales y ante el Tribunal Constitucional” (artículo 8 Acuerdo de 27 de marzo de 2006 adoptado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta, por el que se aprueba el Estatuto del Personal de las Cortes Generales); en el seno de la propia Administración del Estado existen cuerpos separados encargados de la defensa de la misma en determinadas materias (el Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social, al que expresamente se refiere el artículo 1.2 de la Ley 53/1997). Por su parte, el artículo 621 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio, Orgánica del Poder Judicial en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 4/2013 de 26 de julio habla de la existencia de un “Cuerpo de Letrados” en el Consejo General del Poder Judicial, pero no enumera sus funciones.
Si uno repasa la jurisprudencia y repasa la única sentencia que hasta la fecha resuelve un conflicto entre órganos constitucionales del Estado, verá que la situación fue totalmente distinta. En efecto, la Sentencia 45/1986 de 17 de abril del Pleno del Tribunal Constitucional resuelve el conflicto planteado el 30 de mayo de 1985 por el Consejo General del Poder Judicial frente a la decisión del Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 28 de marzo de 1985, por la que se aprobó el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial en el particular relativo al art. 119 y a la Disposición adicional 1.2, inciso primero, de dicho Proyecto. En dicha ocasión la representación del Consejo la ostentó el por entonces presidente, don Federico Carlos Sainz de Robles (por cierto, hijo del magnífico historiador del mismo nombre, entre cuyo haber se encuentran la preparación y los luminosos estudios preliminares que preceden a la edición de las obras completas de Lope de Vega o Alejandro Casona, publicadas en su día por la editorial Aguilar), mientras que la del legislativo corrió a cargo del Letrado de las Cortes Generales.

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