CIVIL SERVANTS SUITS: CUANDO LOS EMPLEADOS PÚBLICOS CUESTIONAN JUDICIALMENTE LA CONSTITUCIONALIDAD O LEGALIDAD DE LA NORMATIVA

Justice

El volumen 128 número 3 (correspondiente al mes de diciembre de 2014) de la prestigiosa Revista de Derecho de Yale, publica un extenso (46 folios) pero interesantísimo artículo debido a Alex Hammer y que, con el título Civil servants suits, analiza los procesos judiciales en los cuales son empleados públicos quienes acuden a los tribunales impugnando no una actuación pública que les afecte, sino precisamente cuestionando la legalidad de normativa que, en su trabajo cotidiano, se ven obligados a aplicar. Es interesante su lectura, sobre todo si lo contrastamos con la situación vigente en nuestro país.
El artículo parte de una situación real: “Es evidente que muchos conflictos entre los poderes ejecutivo y legislativo jamás llegarán a los Tribunales por una razón muy simple: no existe particular que se vea afectado por las alegaciones del ejecutivo en cuanto a su competencia”. Para entender esta afirmación, ha de partirse de la diferencia real entre el sistema presidencial americano y el parlamentario continental: en aquel, el Presidente goza de legitimación directa al ser elegido por el pueblo (aunque constitucionalmente sea elegido por los compromisarios, que a su vez son elegidos “oficialmente” por los estados) y se sitúa en pie de igualdad con el Congreso, de tal forma que ni el legislativo nombra ni puede orientar políticamente al Presidente ni éste puede disolver o suspender aquél; por el contrario, en el sistema parlamentario es el legislativo el centro o nervio del sistema, al ser las Cortes quienes eligen al Presidente del Gobierno, pueden cesarle y en cierta forma orientar la acción política de éste, que a su vez goza de la prerrogativa de disolución parlamentaria. Por ello, pese a que inicialmente el Tribunal Supremo pudo admitir reclamaciones de particulares en casos de conflictos entre el ejecutivo y el legislativo, sobre todo a raíz de la sentencia Allen v. Wright [468 U.S. 737 (1984)] hecha pública el 3 de julio de 1984, donde el Tribunal Supremo, en una sentencia redactada por Sandra Day O´Connor y que contó con el apoyo de otros cuatro jueces (el chief justice Warren Burger y los jueces Byron White, Lewis Powell y William Rehnquist) sostuvo que un particular no puede cuestionar la legalidad de una acción administrativa general si no alega un daño efectivo, no bastando una mera legitimación general invocando posibles daños por la ilegalidad de una acción por mucho que esta pueda afectar a terceras personas. En otras palabras, restringe la legitimación activa exigiendo lo que en nuestro lenguaje jurídico se denomina “daño efectivo”. El resultado es, según el autor del artículo “una doctrina que opera asimétricamente a favor del ejecutivo: mientras que casi siempre está disponible el mecanismo de control de constitucionalidad de nuevas leyes, por el contrario casi siempre estará vedado el control judicial de la forma en que dicha legislación se ejecuta”. El autor cita para reforzar su tesis el caso Heckler v. Chaney [470 US 821 (1985)] hecha pública el 20 de marzo de 1985, donde el Tribunal Supremo, en una sentencia redactada por William Rehnquist y apoyada unánimemente por todos sus colegas, sostuvo que: “cuando una agencia rehúsa actuar con carácter general, no ejercita su poder de coerción sobre los derechos de libertad y propiedad del individuo, y por lo tanto no existe daño individual sobre el cual sostener una acción judicial” y por lo tanto, dado que esa decisión política no tiene “afectados” concretos, no puede ser impugnada en los Tribunales. Esta doctrina, según Hammer, puede ocasionar disfunciones, como se pone de manifiesto en el segundo mandato de Obama, donde éste ha comenzado a actuar bajo su propia autoridad en materias donde el legislativo no lo ha hecho o donde ha legislado de forma contraria a los deseos presidenciales (tenemos un ejemplo reciente en la “amenaza” de Obama de actuar por simples órdenes ejecutivas en materia de inmigración, pero existen otros ejemplos que este artículo nos facilita). Hasta aquí, la melodía puede ser más o menos conocida en nuestro país, salvo en lo referente al acceso al control de constitucionalidad de las leyes, vedado aquí a los particulares y donde la legitimación activa se encuentra monopolizado por órganos políticos (con la reserva de la cuestión de constitucionalidad, cuyo objeto es mucho más limitado que el recurso). Pero lo cierto es que la decisión administrativa de no ejercitar sus competencias no justifica en nuestro ordenamiento de por sí una acción judicial.
Pero es entonces cuando nuestro autor da un giro copernicano para sostener la tesis central o principio general que subyace en el trabajo: el empleado no posee un daño meramente potencial, sino real, porque “puede ser despedido, expedientado o castigado por desobediencia”, motivo por el cual si entiende que la orden o mandato presidencial puede ser contraria a la ley, puede impugnarla ante los Tribunales. Así, existen en la actualidad numerosos procesos de este tipo, centrándose el artículo en el el asunto Crane v. Napolitano. Caso que surge a raíz de la decisión del Presidente Obama, al fracasar la reforma de la legislación sobre extranjería, de frenar la deportación de determinados inmigrantes que residen ilegalmente en el país. El caso Crane fue interpuesto por un funcionario encargado de hacer cumplir la legislación inmigratoria y, sin embargo, una orden directa de la Secretaria del Departamento de Seguridad Interior les ordenaba no cumplir. En este caso el empleado público se enfrenta a un dilema: bien obedecer a su superior e incumplir la ley o bien hacer cumplir ésta y correr el riesgo de perder su trabajo. El artículo es sumamente interesante e intenta ofrecer una vertiente inusual, cual es la defensa de la legitimación activa de empleados públicos para cuestionar judicialmente no sólo legislación considerada inconstitucional, sino disposiciones administrativas e incluso meras ordenes internas sobre la base de que las mismas con ilícitas.
En nuestro país no es infrecuente que empleados públicos cuestionen judicialmente determinadas disposiciones generales o actos administrativos que les afectan, pero normalmente se limitan a condiciones de trabajo de empleados públicos (Relaciones de Puestos de Trabajo, Acuerdos sobre condiciones de personal funcionario). Ahora bien, el trabajo comentado no aborda este tipo de asuntos, sino de actos o disposiciones generales que los empleados públicos deben aplicar y que consideran son ilegales. Sin duda alguna, un planteamiento interesante y novedoso, pero que chocaría con el importante escollo de la legitimación activa del empleado público.

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Un comentario el “CIVIL SERVANTS SUITS: CUANDO LOS EMPLEADOS PÚBLICOS CUESTIONAN JUDICIALMENTE LA CONSTITUCIONALIDAD O LEGALIDAD DE LA NORMATIVA

  1. Estimado Monsieur de Villefort, yo diría que más que interesante lo expuesto.

    Durante más de 24 años en los que he sido funcionario me he encontrado en innumerables ocasiones con el dilema de mi homologo de EEUU. Siempre pierde el Derecho, ante las posibles consecuencias de denunciar que la orden es contraria al ordenamiento jurídico, el funcionario optar por hacer lo que hacen los demás, ampararse en una “obediencia debida”, que ha fecha de hoy no se donde aparece como tal, mirar a otro lado y mañana será otro día. Y todo ello para evitar las posible consecuencias que afecten a su carrera profesional, así como, que sus propios compañeros le hagan la vida imposible.

    Si este país es está como unos “zorros” es debido a que los funcionarios no han tenido el valor de denunciar todo lo que veían en los juzgados de guardia.

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