BAKER BOTTS LLP et al v. ASARCO LLC: LAS MINUTAS DE ABOGADOS EN LOS PLEITOS CONCURSALES.

American Rule

Hace dos días el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública su sentencia Baker Botts LLP et al. v. Asarco LLC, en la cual aborda el espinoso asunto de los honorarios profesionales de los abogados en pleitos concursales. Si bien no me sorprendió la doctrina jurisprudencial, dado que conozco, aunque de forma muy somera, el entorno jurídico norteamericano así como la filiación doctrinal de los magistrados que integran el alto Tribunal estadounidense, sí que tuve la humorada de plantearme como mero ejercicio intelectual el fabular qué hubiese ocurrido en el supuesto de plantearse dicha situación en suelo español, dada la actitud auténticamente cicatera de buena parte de los jueces españoles a la hora de fijar los honorarios de los letrados cuando son objeto de impugnación, objeto a veces de una reducción tan brutal que uno se siente tentado preguntar si Sus Señorías piensan que los tengan que pagar de su bolsillo.
Resumamos al lector español los hechos del caso y los que fueron objeto de debate. Hemos de remontarnos al año 2005, cuando Asarco LLC, una compañía minera, debido a varias dificultades (unas de tipo económico, otras de tipo jurídico debido a varios procedimientos administrativos derivados de daños al medio ambiente) solicita en el correspondiente juzgado la declaración de concurso voluntario. La normativa vigente (en concreto la letra a del el 11 USC 327) permite a la empresa, con la autorización del juzgado, contratar a profesionales que la ayuden o representen durante la situación de concurso, y a su amparo Asarco, con autorización del juzgado, contrató los servicios de dos bufetes para que representaran a la empresa durante la situación concursal. Los dos bufetes lograron con éxito impugnar varias reclamaciones fraudulentas contra la empresa, logrando para ella un total de entre 7 y 10 billones de dólares, lo que permitió al juzgado efectuar una liquidación de deudas tras la cual la entidad mercantil pudo salir de la situación de concurso con 1,4 billones de euros de efectivo disponible, sin apenas deudas y resueltos sus problemas en cuanto a los procedimientos por responsabilidad ambiental. Un éxito, pues, la gestión de los letrados.
Pero llega la hora de que la empresa tenga que satisfacer los honorarios de sus abogados, pues la normativa vigente estipula que el juzgado otorgará una “adecuada retribución de los servicios prestados por los profesionales contratados al amparo del artículo 327 letra a”. Los dos bufetes contratados presentaron sus minutas al juzgado, minutas que fueron cuestionadas por la empresa. El juzgado rechazó la impugnación empresarial y otorgó a ambos despachos la cantidad de 120 millones de dólares por su trabajo en el pleito concursal, 4.1 millones adicionales por el “excepcional trabajo desarrollado” y otros 5 millones más por el “tiempo consumido en defensa judicial de sus minutas”. La empresa impugnó ante el juzgado de distrito esa resolución, aunque el único punto de controversia que llegó al Tribunal Supremo no fue el importe de los honorarios por el trabajo desarrollado durante la etapa concursal, sino los cinco millones de dólares otorgados por la defensa judicial de los honorarios. En este punto, el Juzgado de Distrito mantuvo esa partida, pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito la revocó al entender que el principio general en el derecho americano (la conocida como “American rule”) es que cada parte ha de soportar sus propios gastos y, por tanto, estimó el recurso únicamente en lo que se refiere a esos cinco millones de dólares derivados de la defensa en la impugnación de sus minutas.
El Tribunal Supremo avala el criterio del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. De hecho, comienza con una cita de un asunto reciente, Hardt v. Reliance Standard Life Ins Co., resuelto en el año 2010: “El punto de partida a la hora de abordar el tema de los honorarios profesionales es el principio esencial conocido como American Rule. Cada litigante, gane o pierda el asunto, retribuye a sus propios abogados, a no ser que por ley o contrato se disponga otra cosa”. Se reconoce que dicho principio esencial, que tiene hondas raíces en el derecho americano hasta el punto de remontarse al siglo XVIII, puede ser excepcionado en casos puntuales, cuando así lo establezca una norma. La sentencia ofrece un ejemplo con la Ley de Igualdad de Acceso a la Justicia (Equal Access to Justice Act), y en concreto el precepto contenido en el 28 USC 2412 letra D punto 1 letra A, que viene a establecer un principio similar al que actualmente contienen los artículos 394.1 de la Ley 1/2000 y 139.1 de la Ley 29/1998, estableciendo que en los pleitos contenciosos el órgano judicial puede establecer que la parte que ha visto estimadas sus pretensiones pueda ser compensada por los gastos de defensa jurídica, salvo en los casos que se aprecie que la posición mantenida por la Administración federal fuese justificada o las circunstancias del caso lo hiciesen injusto; pero, a diferencia de nuestra legislación, establece una excepción subjetiva a ese criterio especial de vencimiento objetivo, y es que la Administración federal en ningún caso podrá ser beneficiaria deesa compensación, es decir, que de esa especie de “costas” procesales norteamericanas  de carácter especial se excluye a los Estados Unidos como potencial beneficiario.
Tras ese análisis jurídico inicial, la sentencia se dedica a resolver el caso concreto haciendo una interpretación literal de la normativa aplicable (no en vano el ponente, Clarence Thomas, es un partidario de la interpretación originalista de las leyes). Dicha normativa, como hemos indicado, permite al Tribunal del concurso compensar a los letrados que representaron a la empresa concursada por las actuaciones realizadas “durante el concurso”. Por tanto, esos cinco millones que el juzgado otorgó por la defensa de las minutas no pueden comprenderse en actuación realizada en la fase concursal, no encontrándose dicha fase concreta exceptuada del principio general de que cada parte abone sus propias costas. Por cierto, una curiosidad: los Estados Unidos, que intervinieron con el pleito como amicus curiae (es decir, que intervienen sin ser propiamente parte recurrida) se alinearon con las tesis de los despachos de abogados, entendiendo que la normativa sí podía interpretarse en el sentido de que autorizaba el cargo de los costes de los gastos judiciales en defensa de los honorarios, pues su tesis (asumida por el magistrado Stephen Breyer en un voto particular discrepante) sostiene que si no se compensa a los letrados por los gastos derivados en la defensa de sus minutas se estaría disminuyendo su compensación.
Un jurista español acostumbrado a recorrer nuestros distintos órganos judiciales seguramente se verá sorprendido por cómo actuó el juez de concurso en este caso. No sólo otorga una compensación de 120 millones de dólares a los despachos profesionales que desarrollaron magníficamente su labor en defensa de la empresa concursada (recordemos que, tras la liquidación de deudas, dicha entidad salió del concurso con un disponible de 1,4 billones) así como otros 4,1 por la calidad del trabajo realizado. Reconocimiento que en nuestro país es muy infrecuente que se realice de forma expresa en una resolución judicial, pero mucho menos que se traduzca en tan alta retribución. De haberse producido dicha situación en España seguramente el juez hubiera ponderado a la baja, muy muy a la baja la minuta acudiendo a conceptos jurídicos indeterminados como “tiempo dedicado” o “complejidad del asunto”, aunque en realidad la motivación subyacente fuese otra muy distinta.

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