ENSEÑANZAS QUE NOS LEGA AL MUNDO DE HOY EL CASO CHISHOLM v. GEORGIA (1793)

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El 18 de febrero de 1793, se produjo un acontecimiento que cayó como una bomba en los distintos entes territoriales que integraban los Estados Unidos de América del Norte, que apenas habían estrenado su andadura bajo el nuevo texto constitucional aprobado en 1787, cuyo funcionamiento había comenzado en marzo de 1789. En la mencionada fecha, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública su sentencia en el caso Chisholm v. Georgia, en virtud del cual rechazaba las tesis esgrimidas por los defensores de la inmunidad estatal y resolvía que, a efectos procesales, los estados no eran soberanos a efectos de poder ser enjuiciados ante la jurisdicción federal.

El Tribunal Supremo había operado de forma muy prudente y garantista, pero firme. El attorney general, Edmund Randolph, que en el presente caso actuaba como abogado particular del demandante, había sido muy claro a la hora de plantear el asunto, mientras que el estado de Georgia había rehusado comparecer alegando la inmunidad que su soberanía le otorgaba. El Tribunal Supremo consideraba el asunto tan importante que, de forma harto excepcional, hizo saber a todos los miembros de la comunidad letrada habilitados para ejercer en dicho órgano que, dada la importancia de la causa, los magistrados facilitarían que si cualquier abogado quisiera defender las posiciones del estado de Georgia, le sería permitido hacerlo dada la importancia de la causa. Ningún letrado recogió el guante. Y el 18 de febrero, estalló el conflicto cuando los cinco integrantes del Tribunal Supremo hicieron público su parecer. Curiosamente, el primero en hacerlo fue el único discrepante, James Iredell, quien se mostró favorable a las tesis de inmunidad soberana de Georgia. Por el contrario, John Blair, James Wilson, William Cushing y el chief justice John Jay rechazaron de forma tajante dicha inmunidad y sostuvieron la posibilidad de que Georgia fuese demandada en la jurisdicción federal. Para ello se amparaban en la sección segunda del artículo tercero del texto constitucional, que extendía la jurisdicción de los órganos del poder judicial estadounidense a asuntos “entre un estado y los ciudadanos de otro estado”. James Wilson fue el más tajante, al afirmar que a los efectos de la Constitución de los Estados Unidos “Georgia NO es un estado soberano”, mientras que el chief justice Jay pronunció, según las palabras de un corresponsal, “una de las sentencias más brillantes y fundamentadas que se han visto jamás en un Tribunal de Justicia.”

Evidentemente, al estado de Georgia la resolución judicial le sentó como un tiro, pues es humanamente comprensible que quien pierda una batalla en un órgano jurisdiccional no se lo tome precisamente a bien. Y aunque en caliente se planteó aprobar una resolución del máximo órgano legislativo estatal acordando desobedecer la sentencia del Tribunal Supremo, finalmente optó por actuar de una forma mucho más racional y acertada. El Tribunal Supremo era la máxima institución judicial y no era cuestión de desautorizarlo a nivel de órganos federales o estatales, y la única posibilidad de hacerlo era modificando el texto constitucional. Así, pues, varios estados plantearon que, siguiendo estrictamente el procedimiento de reforma constitucional recogido en la sección quinta de la Constitución, se reformase ésta en el sentido de constitucionalizar las tesis de inmunidad estatal sostenidas por el estado de Georgia. Así, propuso una reforma constitucional que pasaría a ser la undécima enmienda, siendo ratificada ésta por una amplia mayoría en la Cámara de Representantes (81 votos a favor y nueve en contra) y en el Senado (23 votos a favor y tan sólo dos en contra), siendo ulteriormente ratificado por los distintos estados.

Así, siguiendo estrictamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en la sección quinta, el 7 de febrero de 1795 (es decir, tan sólo dos años después del fallo judicial) entró en vigor la undécima enmienda constitucional, con el siguiente texto:

El poder judicial de los Estados Unidos no podrá conocer de ningún pleito en derecho o equidad, iniciado o seguido frente a uno de los estados por ciudadanos de otro estado, o por ciudadanos o súbditos de un estado extranjero.

La plasmación de tal principio a mismo nivel constitucional hizo que el Tribunal Supremo aplicase la misma y, por tanto, dejase de conocer asuntos de ese tipo.

La única forma, pues, de dejar sin efecto la doctrina de la sentencia Chisholm v. Georgia fue una reforma constitucional, que se hizo siguiendo escrupulosamente el procedimiento fijado en la propia Constitución para su reforma.

La lección histórica que nos ofrece el supuesto anterior es muy ilustrativa. El estado de Georgia no optó por desobedecer al Tribunal Supremo (se lo planteó en caliente, pero reflexionó y dio marcha atrás), y ninguna de las instituciones federales manifestó que darían la palabra a los ciudadanos de Georgia para que se pronunciasen al respecto. Por el contrario, se utilizaron los instrumentos que el propio texto constitucional facilitaba para su reforma, que fue ratificada no sólo por el legislativo estatal, sino por todos y cada uno de los estados miembros.

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