DUNN v. SMITH Y TUTELA CAUTELAR: CUANDO LA AUSENCIA DE UN SACERDOTE PUEDE SER CAUSA DE RETRASAR UNA EJECUCIÓN.

El pasado jueves día 11 de febrero, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acordaba en el asunto Jefferson S. Dunn v. Willie B. Smith III rechazar la impugnación que el estado de Alabama efectuó de una resolución judicial del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, que a su vez suspendía la ejecución de un recluso condenado a la pena capital. Los motivos no dejan de ser, ciertamente curiosos e incluso si no fuera por lo trágico de los hechos, diríamos que hasta chuscos.

El angelito por el cual seguramente alzarán su voz todos los que esgrimen el derecho a la vida, tenía en tanta consideración la vida que en 1991 asaltó y asesinó a una joven de veintidós años, motivo por el cual fue juzgado y condenado a la pena capital, fijándose como momento para la ejecución el mediodía del 11 de febrero de 2021. Pero hete aquí que, en vísperas de pasar a mejor vida, el condenado ve la luz y solicita la presencia de un sacerdote durante toda la ejecución para, citamos textualmente, “le facilite la transición entre el mundo de los vivos y de los muertos” (sic) puesto que el ministro de culto no sólo “aliviaría su lucha durante el tránsito” sino que le ayudaría a “expresar adecuadamente su arrepentimiento ante Dios” (sic). El estado de Alabama, el encargado de llevar a efecto la pena capital, no puso en duda o cuestionó la petición, al reconocer que la misma “se basaba en creencias religiosas y no en cualquier otra motivación.” No obstante, rechazó facilitar la presencia del sacerdote esgrimiendo motivos de seguridad, en concreto la necesidad de blindar la cámara de ejecución a todas aquellas personas a quienes el guardián no considere fiables.

Pues bien, el convicto presenta una solicitud de medida cautelar al amparo de la Religious Land Use and Institutionalided Persons Act, normativa de carácter federal que entró en vigor el 22 de septiembre de 2000. Según la sección tercera letra a) de dicha ley, se establece como principio general que: 

Ninguna autoridad pondrá impedimentos sustanciales al ejercicio de la religión en personas confinadas en una institución, incluso aunque el impedimento derive de una norma general aplicable, a no ser que la autoridad acredite que la imposición sobre la persona en concreto: 1) se toma en atención a un interés público prioritario; 2) es el medio menos restrictivo para lograr dicho interés público prioritario.”

Así pues, el solicitante se amparaba en el principio general de libertad religiosa tutelado a través de dicho precepto legal, mientras que el estado de Alabama se acogía a las excepciones contempladas en el mismo, incidiendo en que la seguridad en el corredor de la muerte era un interés público prevalente sobre el individual. El Tribunal de Apelaciones dio la razón al demandante y adoptó la medida cautelar, si bien el estado de Alabama interpuso ante el Tribunal Supremo una solicitud para que se alzase la misma.

Pues bien, el Tribunal Supremo rechaza la pretensión de Alabama y mantiene incólume la medida cautelar. He aquí cómo razona el Tribunal Supremo, apuntando a que es el Estado, y no el ciudadano, quien debe justificar motivadamente su actuación sin que quepa invocar genéricamente un interés público:

“La seguridad de la prisión es, por supuesto, un motivo convincente. Pero la práctica anterior, en Alabama y en cualquier lugar, demuestra que una prisión puede mantener la seguridad sin proscribir la presencia de clérigos en la cámara de ejecución. Hasta hace dos años, Alabama imponía la presencia del capellán de la prisión junto al recluso (abandonó tal práctica sólo cuando este Tribunal proscribió a los estados ofrecer auxilios espirituales de sólo una confesión religiosa). Más relevante aún, otros estados han permitido a miembros del clero sin conexión con el estado permanecer junto al recluso durante la ejecución […]

Alabama puede tomar un amplio conjunto de medidas para asegurar que cualquier miembro del clero pueda actuar de forma responsable durante la ejecución. El estado puede efectuar una investigación preliminar al clérigo, entrevistarse con él y con sus asociados, puede incluso imponer sanciones en caso de desobediencia. Pero lo que el estado no puede hacer, de conformidad con las previsiones legales, es simplemente presumir que todo miembro del clero no es fiable o, dicho en otras palabras, que tan sólo cabe adoptar la restricción más dura.” 

Dicho en otras palabras, no cabe invocar genéricamente un interés público con la finalidad de imponerlo sobre un derecho individual, sino que ha de justificarse, en primer lugar, el interés concreto en juego y, en segundo lugar, que no puede sin más acudirse a la medida restrictiva más amplia, sino que han de barajarse otras opciones menos restrictivas. 

¿Les suena de algo este conflicto entre restricciones a los derechos individuales y la adopción sin más de medidas extremas argumentando que son las únicas que válidamente cabe adoptar?

No obstante, sin duda alguna que los órganos judiciales españoles se hubieran alineado sin duda alguna con el voto particular formulado por Brett Kavanaugh, al que se adhirió el chief justice Roberts. Y digo esto porque esos dos jueces norteamericanos actuaron como lo hubiera hecho la gran mayoría de los órganos contencioso-administrativos españoles: dando manga ancha a las autoridades y limitándose a píos consejos sobre cómo evitar futuros pleitos, consejos que, por supuesto, debido a ello a nada y a nadie obligan. Y es que Kavanaugh afirma lo siguiente:

“Puesto que la actuación del estado no es discriminatoria y, en mi opinión, atiende al interés prioritario de garantizar la seguridad y solemnidad del lugar de ejecución, yo habría estimado la solicitud del estado para levantar la medida cautelar […] Dada la suspensión de ejecuciones tanto en este caso como en otros, parece claro que los estados que deseen evitar meses o años de dilaciones judiciales con base en estos argumentos deberían encontrar una manera de permitir consejeros espirituales en el lugar de ejecución, como el Gobierno Federal y otros estados han hecho. Al hacerlo no sólo satisfarán los deseos de los reclusos, sino que evitarán mayores dilaciones y facilitarán un cierre largamente debido a las familias de las víctimas.”

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